En julio
de 2016 España ha vivido unos nueve meses con un gobierno en funciones y ha
celebrado dos elecciones generales con resultados no muy diferentes. Se subraya,
en general, la necesidad de evitar la celebración de unas terceras elecciones
generales. Pero no parece vaya a ser fácil
que uno de los cuatro partidos con mayor representación logre la
investidura y pueda formar un gobierno dotado de una mínima estabilidad
política. No es imposible haya nuevas elecciones en 2016. Sobre el contenido
del programa de gobierno, hay acuerdo sobre los problemas económicos más
trascendentes, pero existen diferencias sustanciales en lo relativo a las
políticas necesarias para superarlos.
La economía española ha mantenido una tónica
de clara recuperación del crecimiento y del empleo en el primer semestre de
2016. El PIB ha crecido en un 3,3% sobre el mismo periodo del año precedente y
la variación del empleo ha presentado una evolución equivalente, generándose más
de 500.000 nuevos puestos de trabajo. En estos últimos destaca la elevada
temporalidad, la baja remuneración y la presencia de contratos a tiempo parcial, que encubren con
frecuencia jornadas normales de trabajo.
Los precios de consumo han registrado una
variación anual del -1% en el primer semestre, impulsados sobre todo por los
más bajos precios de la energía. La balanza de pagos por cuenta corriente
mejorará en 2016 el superávit de 2015 (1,5% del PIB). El lunar negro de la coyuntura
económica española es el nuevo aumento del déficit de las administraciones
públicas registrado en el periodo enero-abril de 2016. El mayor déficit es consecuencia sobre todo de la caída de
ingresos derivada de las reformas (rebajas) introducidas en el sistema fiscal
en 2015, que están teniendo plenas
consecuencias en 2016.
En el
documento del gobierno remitido a la Comisión de la UE de abril de 2016 “Adaptación del Programa de Estabilidad,
2016-2019” se anticipaban unos déficits públicos del 3,6% y del 2,9% del PIB para 2016 y 2017,
respectivamente. La evolución de los ingresos fiscales y del gasto público en el primer cuatrimestre de
2016 hace imposible el cumplimiento de dichos objetivos. En 2017 no se conseguirá situar el déficit citado
por debajo del 3% del PIB. La Comisión
aguarda el momento oportuno para anunciar la imposición de una multa a España por incumplir ampliamente el
objetivo de déficit público en 2015 (-5,1% del PIB frente al -4,2% anticipado).La continua apelación de
Guindos a que España está creciendo más que la media no exime de nada, casi da
más argumentos a la crítica de la Comisión.
El nuevo gobierno de España tendrá que mantener el ritmo de crecimiento
como factor decisivo para la reducción del desempleo (21% de los activos era la tasa de desempleo en el primer
trimestre de 2016, según la EPA). Deberá
equilibrar las cuentas de las administraciones públicas, estableciendo un
escenario creíble para situar el déficit por debajo del 3% del PIB. Resulta
imprescindible, además, reducir las
crecientes e irritantes desigualdades
que la política económica seguida entre 2011 y 2015 ha provocado entre los
hogares españoles.
Las propuestas políticas a seguir difieren de
forma sustancial entre las principales fuerzas políticas. El nuevo gobierno,
sea o no de coalición, deberá apoyarse en acuerdos sobre las que van a ser las
principales palancas de actuación de la política económica.
-Una reforma
fiscal que permita elevar la recaudación
eliminando sobre todo las numerosas exenciones y deducciones propias del sistema
fiscal español. Solo así será posible mantener un estado bienestar de nivel
europeo. Los ingresos fiscales deberán superar el tope del 38% del PIB autoimpuesto por el actual gobierno.
-Una política
de pensiones que refuerce los ingresos sin dejarlos al albur de la evolución del
empleo y de los salarios. Una parte de las actuales pensiones deberá cubrirse
con impuestos. La solución no está en la reducción de las pensiones, que es a
lo que lleva la política actual.
-Una corrección
de los excesos introducidos por la reforma del mercado de trabajo. Debe de
devolverse el papel central a la
negociación colectiva y no debe de resultar tan barato despedir a los
asalariados. Los cambios a introducir deben
de contribuir sobre todo a reducir la elevada temporalidad de los nuevos empleos. El ajuste salarial
requiere una seria corrección, que debe de visualizarse en una actualización
significativa y rápida del salario mínimo interprofesional.
-Reforma del sector energético, simplificando y
reduciendo la pesada factura
eléctrica actual y recuperando el
apoyo a las energías renovables. No se
aumentará, sino al contrario, el parque de centrales nucleares.
- Reforzamiento
de las políticas activas de empleo, sobre las cuales debe de ejercer una mayor coordinación el
gobierno central.
-Reforma del
sistema de financiación autonómica, aumentando la responsabilidad de las
autonomías en la obtención de ingresos fiscales e impidiendo a la vez una
fragmentación mayor de la fiscalidad en España.
-Mejora de la
productividad, impulsando que las empresas exporten, innoven o gasten en
formación como condición indispensable para conseguir el cambio de modelo
productivo (Rafael Myro, “Sector Exterior, apuesta por la
internacionalización”, Temas para el debate, Junio 2016).
Atender a los
problemas generales de las ciudades, desarrollando un urbanismo que n sea
cómplice del creciente carácter difuso de las mismas. Debe de resucitar la
olvidada política de vivienda y hay que equiparar la normativa sobre desahucios
a la realidad más frecuente en Europa Occidental.
El interés general debe de ser la condición necesaria para lograr que las
reformas logren los objetivos perseguidos, anteponiéndolo a objetivos
personales o de partido. (J. Ignacio Conde-Ruiz, “Reformar para crecer: no es el
que, es el cómo “, Ahora, 24.6.2016).
Una versión de este trabajo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 11.7.2016
