29 mayo 2018

ESPAÑA. CICLO ECONOMICO Y POBLACION. RETORNAN LOS INMIGRANTES Julio Rodríguez López


 A fines de  abril el INE publicó un avance del Padrón Continuo de Población a 1º de enero de 2018. El aumento de población  registrado sobre la misma fecha del año precedente descansó  por completo en el crecimiento de los extranjeros empadronados. El comportamiento alcista  de la población en 2017 confirmó  la presencia de la etapa de expansión en la economía española. En dicha evolución destacó el descenso del número de españoles residentes  y el incremento de la población extranjera.

  El Padrón Continuo de Población del INE  sintetiza el conjunto de padrones realizados en los 8.124 municipios existentes en España, desarrollados por los ayuntamientos  con la metodología y apoyo del INE. La población empadronada equivale a la población residente. En los padrones no se incluyen los españoles no residentes en España, mientras sí que entran los  extranjeros empadronados.

 Población y ciclo económico van de la mano, desempeñando un importante papel de ajuste la población extranjera. Tras la etapa de recesión comprendida entre 2008 y 2013, el PIB de la economía española ha registrado un significativo crecimiento en el periodo 2014-2017. En la expansión de la economía española  en  2016 y, sobre todo, en 2017, se ha reforzado el papel de la construcción residencial. Esto es importante porque la construcción, junto con la agricultura intensiva y la hostelería, es uno de los principales destinos de los inmigrantes que vienen a España en búsqueda de empleo.

 En 2017 la población empadronada creció en un 0,3% (126.437 personas), alcanzando  los 46,7 millones de habitantes a 1º de enero de 2018. Esta variación sucedió al estancamiento sufrido en 2016 y a los descensos registrados en 2014-15 por dicha magnitud. En 2017 disminuyó el número neto de españoles residentes  en 20.174 personas (-0,05%) y creció el número de  extranjeros residentes en 146.611 (3,2%). Fue muy superior el crecimiento de los extranjeros no comunitarios (5,1%)  que el de los comunitarios (0,2%).  

  La pasada recesión provocó que el número de extranjeros residentes  disminuyese entre 2011 y 2016. La cifra más elevada se había  registrado en 2010, cuando se alcanzó una  población extranjera de 5,8 millones, equivalente al 12,2% del conjunto de la población española .

  Tras la  recesión y la recuperación posterior, a 1º de enero de 2018 dicha población extranjera ascendió a 4,7 millones, el 10,1% de la población española. Baleares, con el 17,1%, Cataluña, con el 14,2% y Murcia, con el 13,7%, fueron las autonomías con mayor presencia de la población extranjera, mientras que Extremadura registró la proporción más reducida, con el 2,9%.

  En la Encuesta de Población Activa del INE  destaca también el mayor dinamismo del empleo de extranjeros. En el primer trimestre de 2018 había en España 2,1 millones de empleos ocupados por extranjeros, el 11,1% del empleo total. La tasa de actividad de los extranjeros residentes (71,8%) es más elevada que la de la población española  (57%). De forma paralela, en 2016-17 ha crecido a fuerte ritmo el número de viviendas iniciadas, que superaron las 80.000 en 2017 (35.000 en 2014) y se aproximarán a las 100.0000 en 2018.

 La tendencia al descenso de la población extranjera residente en España ha  cambiado, pues,  de signo en 2017. Dicha evolución ha coincidido con una recuperación en la nueva construcción residencial. La construcción de nuevas viviendas “tira” de inmigrantes, lo que también supone un aumento de la demanda de alojamiento. De forma simultánea, se ha producido una significativa emigración neta de españoles al resto del mundo. Los movimientos migratorios citados confirman que  se intensifica de nuevo el viejo modelo productivo de “sol y playa”, evolución que se advierte  en el débil aumento de la productividad en los últimos años.

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa de 18 de mayo de 2018.


[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística del INE  y miembro de Economistas Frente a la Crisis

04 mayo 2018

LOS PRESUPUESTOS DE 2018 Y LA POLITICA DE VIVIENDA Julio Rodríguez López


   El contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE 2018) relativo a vivienda confirma algunas de las críticas realizadas con motivo de la presentación  del Plan Estatal de Vivienda 2018-21. En principio llama la atención la escasa relevancia del  gasto público destinado a vivienda en el citado proyecto de Presupuestos. En una coyuntura de incremento rápido en los precios de los alquileres,  la reacción del gobierno recogida en tales presupuestos resulta muy débil. Además,  se  retrasa en exceso el momento de  puesta en marcha de las medidas  que de alguna forma podrían ayudar a los hogares a acceder con menos esfuerzo a la vivienda en alquiler.

  El conjunto de partidas destinadas al gasto público en vivienda en los PGE 2018 asciende a 473,8 millones de euros. De dicho total, unos 350 millones de euros se destinan a  apoyar la aplicación del Plan 2018-21 (subvenciones a alquileres y a la construcción de viviendas destinadas al alquiler). Junto a lo anterior, 76,3 millones se destinan a  ayudas directas a las familias. Una parte de esta última partida corresponde a subsidios de intereses asociados con planes de viviendas precedentes.

  Dentro de los PGE 2018 destaca el alcance de las partidas destinadas a desgravar fiscalmente el acceso a la vivienda. Entre los componentes de dichas ayudas fiscales, destacan las destinadas a  subsidiar  la compra de vivienda habitual (suprimido para nuevos adquirentes desde 2013) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas-IRPF (1.035 millones de euros).

 También son importantes las desgravaciones a los  particulares que destinan viviendas al alquiler. El alcance de tales desgravaciones asciende a 341 millones  de euros, que se deducen en la base imponible del IRPF.  Por último, es relevante    la práctica de tipos fiscales reducidos en  el IVA que grava las compras de vivienda, lo que supone  unas ayudas aproximadas  de 508 millones de euros.

  El conjunto de las ayudas a la vivienda, en forma de gasto (473,8 millones de euros) y de ayudas fiscales  (2.171,8 millones de euros) equivalen al 0,22% del PIB. Las ayudas al gasto equivalen solo al 0,04% del PIB. Dicha proporción queda muy por debajo del promedio que en 2014 suponía el gasto público en vivienda en los países de la Unión Europea (0,6% del PIB) y es de las más reducidas dentro de la UE.

  Por otra parte, la participación de las viviendas sociales de alquiler  dentro del parque de viviendas supone solo el 1,5%. Esta proporción es  una de las más bajas de toda Europa (Holanda es el país donde dicho  tipo de viviendas tiene el mayor peso, el 30%)
La escasez de viviendas de alquiler es otro rasgo  del mercado de vivienda en España. Según Eurostat, en 2015 España era el segundo país de Europa en lo relativo al porcentaje del coste del alquiler  sobre el total de ingresos disponibles del hogar. En la actual coyuntura de España, dicha escasez se traduce en unas elevaciones más que significativas  de los alquileres. Esto acentúa aún más  el esfuerzo de acceso a la vivienda.

 La promoción y venta de viviendas de protección oficial ha sido el instrumento tradicional de política de vivienda en España. Los niveles  de nueva vivienda protegida y de gasto público en vivienda  han alcanzado en estos años los niveles mínimos históricos. Los PGE 2018  no contribuyen, pues, a eliminar las dudas que plantea la desaparición de lo que fue el pilar de la política de vivienda desde los años cincuenta del siglo pasado (Carme Trilla y Jordi Bosch, “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo”, Fundación Alternativas, 2018).   


Este artículo se publicó en el semanario digital El Siglo


[1] JRL es Vocal del  Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis