01 septiembre 2011

Las diputaciones, a examen


Julio Rodríguez López
La propuesta del candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba,  de eliminar o de reformar las diputaciones provinciales, ha convertido a estas últimas en un   tema  de  debate a lo largo del mes de  agosto. El que se abra una discusión  sobre la reforma de las administraciones públicas en España resulta positivo. La situación concreta  de las diputaciones es posible no sea el problema más relevante  en cuestión  de reforma de dichas administraciones,  pero puede suponer  el inicio de un proceso de racionalización  que debe   de  extenderse  al conjunto de las mismas 
Las diputaciones provinciales, junto a los ayuntamientos,  integran  las  administraciones o corporaciones locales. La participación de dichas administraciones en el gasto público total en España se sitúa en torno al 13%. El resto corresponde a la Administración General del Estado. que incluye asimismo  a la Seguridad Social, y a las comunidades autónomas. Estas últimas han registrado los mayores aumentos de participación en el conjunto del gasto público en los últimos años, de forma coherente con el fuerte peso político alcanzado por las mismas en la escena política española
 Una crisis tan prolongada como la sufrida por la economía española desde 2007 obliga  a introducir reformas trascendentes  en numerosos terrenos, entre los que destacan el sistema económico y  todo el contexto de las administraciones publicas.  La importante reducción de los ingresos fiscales  provocó un déficit público intenso en 2009. Dicho déficit  se ha reducido en 2011 a nivel de  Administración General del Estado, pero  ha continuado creciendo  en los casos de  las comunidades autónomas y de los  ayuntamientos. 
 Los cambios políticos derivados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 han contribuido a subrayar el alcance de los déficits citados. En algunos casos las nuevas autoridades electas parecen  poner  más interés en exhibir  los déficits heredados que en hacer frente a los mismos. 
Las diputaciones provinciales, que  simbolizan la realidad política provincial, prestan unos servicios relevantes en material  de apoyo a los municipios, en especial a los de menor población y recursos.  Con el apoyo de la correspondiente diputación provincial son muchos los municipios que  pueden desarrollar algunos servicios que por si solos no podrían llevar a cabo. Lo anterior no obsta para subrayar que es posible que las plantillas de personal de alguna que otra diputación resulten excesivas y que las remuneraciones percibidas por los políticos y cargos de confianza  de las mismas sean un tanto elevadas respecto de lo que permite la realidad económica española actual. 
Lo anterior no es un defecto exclusivo de las diputaciones. Las autonomías han sido las administraciones públicas que han registrado un mayor aumento de plantillas en los últimos años. Los ayuntamientos no se han quedado cortos a la hora de presupuestar unos niveles de  gastos  propios solo de  etapas excepcionales en lo económico, gastos que ahora deben de reducir de forma en muchos casos dramática. 
 La reforma de las diputaciones debe de hacerse dentro de un proyecto general de racionalización de las administraciones territoriales, local y autonómica. Debe de procurarse que las tareas de apoyo a los municipios que ahora prestan las diputaciones,  con una sobrada experiencia,  no se resientan. Los defectos que ahora se atribuyen a las diputaciones no son, pues, algo exclusivo de estas instituciones. La reforma debe de llegar a todos los niveles de la administración pública, sin convertir en  un chivo expiatorio a ninguna de las mismas. 
  La posible  fijación de un nivel de déficit público máximo en la Constitución Española, otra de las novedades de agosto de 2011, es también otro hito importante,  que deberá de acompañarse de un reformismo racionalizador  de todo lo público. España carece de una base productiva  y empresarial  sólida como para poner excesivos cotos al papel de lo público. Sorprende la  alta disposición a aplicar  a España las recomendaciones de la Sra. Merkel.
Publicado en Motril Digital