04 julio 2011

El informe del Fondo insiste en el ajuste

Julio Rodríguez López

    El último Informe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España, de fecha 21 de junio de 2011, ha sido objeto de abundantes citas y referencias desde que se conoció su  contenido. El  documento citado valora positivamente las reformas de política económica adoptadas por el gobierno de España  desde mayo de 2010.  Lo más importante del mismo es el catálogo  de medidas a implantar o a reforzar.

  El Informe del FMI reconoce el  alcance de las medidas adoptadas por el gobierno de España desde mayo de 2010. Desde el tercer trimestre de 2010 la economía española ha pasado a registrar tasas positivas de crecimiento anual. Este  se ha apoyado en la  importante expansión de las exportaciones, que  ha reducido  el desequilibrio exterior. Se subraya la recuperación  del ahorro de hogares y de empresas.

    A medio plazo la economía española podría situarse en una senda de crecimiento  del PIB situada entre el 1,5 y el 2%, una vez que la demanda interna deje de disminuir y los precios de las viviendas hayan completado el necesario ajuste a la baja. Esto último  permitiría que la construcción residencial dejase de ejercer el importante drenaje negativo del crecimiento que viene efectuando desde 2007.

 Al llegar el segundo semestre de 2011, en la economía española dominan los riesgos bajistas, destacando  las difíciles condiciones de financiación derivadas de la crisis de la deuda en la eurozona. Las incertidumbres sobre la capacidad de la economía griega para hacer frente a sus obligaciones han provocado un importante aumento del diferencial de la deuda española con la alemana a 10 años, que en la semana del  19  al 26 de junio de 2011 se ha movido en torno al 2,8%.

  Otros riesgos negativos son la lenta recuperación del crecimiento, el elevado desempleo, los precios decrecientes de la vivienda, la reestructuración pendiente de los balances bancarios y el rápido desapalancamiento de hogares y de empresas. Ante dicha situación, resulta  trascendente el cumplimiento de los principales puntos de la agenda de política económica sugeridos por el FMI.

 En el apartado de la consolidación fiscal, el Informe subraya que la reducción del déficit de las administraciones públicas (-11,3% del PIB en 2009, -9,2% en 2010 y  -6% previsto para 2011) es el objetivo central al que deben de supeditarse todas  las administraciones públicas. La Administración General del Estado (AGE) ha cumplido sobradamente los objetivos de reducción del déficit, pero la mitad de las administraciones “subnacionales” (autonomías) han quedado lejos de cumplir el objetivo de déficit. Esta situación  complica el cumplimiento del objetivo central citado para el conjunto de las administraciones públicas.

 El Informe insiste en que las autonomías deberán mejorar la transparencia de su situación presupuestaria. Dichas administraciones deberían de informar con el mismo detalle y periodicidad sobre  la ejecución presupuestaria que ahora lo hace la AGE. Esta última deberá de aplicar estrictamente los instrumentos necesarios para lograr que dichas administraciones cumplan los objetivos previstos de déficit.

 En cuanto al sistema financiero, el Informe indica que deberá de implementarse la estrategia emprendida para la reestructuración del mismo. Los bancos “débiles” deberán de reestructurase o desaparecer, quedando el FROB como el instrumento a utilizar  con dicho fin en ultima instancia. Se debe de reducir el peso de las cajas  de ahorros en el capital de  las entidades  bancarias resultantes de la reestructuración.

 Las recomendaciones sobre la  reforma de la normativa laboral son las que mas han trascendido. Ante  el elevado desempleo, las reformas citadas deberán ser más radicales que graduales.  Se subraya la trascendencia de la reforma en materia de negociación colectiva, en el sentido de descentralizar las negociaciones hasta un  nivel lo mas próximo posible  al de empresa.

 El Informe insiste en el abandono del automatismo de la actualización salarial con la inflación. Se sugiere como  alternativa deseable emplear como referencia a la productividad y a las ganancias de competitividad con los principales competidores. El coste del despido deberá de reducirse aun más, pues se considera que dicho coste sigue siendo elevado, lo que disuade la nueva contratación.   No parece existir el desempleo keynesiano (de demanda) en el texto del FMI, que  no entra en la cuestión de la reestructuración de la oferta productiva.

Por último, el Informe considera necesaria la aplicación en España de la directiva comunitaria sobre servicios,  la implantación plena de la ley de Economía Sostenible y una mayor flexibilización de los horarios comerciales.  El FMI  considera necesario continuar  reforzando el subdesarrollado mercado de alquileres de España, Dicha  sugerencia es importante, pues confirma que la política de vivienda no debe de limitarse  a la venta de pisos por Europa.    
(El Siglo, 4 de julio de 2011)