06 noviembre 2016

DEL GOBIERNO EN FUNCIONES A UN GOBIERNO CON SERIOS PROBLEMAS Julio Rodríguez López

 La última semana de octubre de 2016 concluyó con la elección por el congreso de los Diputados  del presidente del gobierno de España, tras casi un año de gobierno en funciones. Dicha elección fue posible por la abstención mayoritaria del Grupo Parlamentario socialista del Congreso.

Tras la oferta genérica  de dialogo  del candidato en el primer intento de investidura del 27 de octubre, el tono y contenido del discurso  del nuevo presidente cambió el sábado 29: “No quiero dirigir un gobierno al que le falten apoyos y le sobren obstáculos. Toda negociación tendrá límites. No aceptaré el derribo de las reformas”. El cambio debió suponer un latigazo entre las filas del grupo socialista, que había pasado por un doloroso proceso previo antes de decidirse por la abstención.

En el debate del jueves 27  el portavoz socialista incluyó una larga relación de objetivos a conseguir desde la actuación parlamentaria.  Entre los mismos destacaron el cambio en la reforma laboral, la nueva regulación de la negociación colectiva, la mejora del salario mínimo interprofesional, el fin del copago sanitario, el cambio en la financiación autonómica y la reforma del sistema de pensiones para garantizar el mantenimiento de las mismas.

 Dicha relación refleja la preocupación de los socialistas por frenar el aumento de las desigualdades que viene produciéndose en la etapa actual de recuperación económica. Esto se refleja sobre todo en el creciente peso de los empleos temporales dentro del conjunto de los asalariados y el importante número de hogares sin ningún ocupado entre sus integrantes, según los resultados de la  Encuesta de Población Activa.

  El nuevo gobierno deberá trabajar desde el inicio de su actividad  para lograr la aprobación   de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2017. La carta del Comisario Moscovici  de 25 de octubre señala que  tan pronto tome posesión el nuevo gobierno deberá  remitir un proyecto de presupuesto actualizado, respecto del borrador enviado,  a la Comisión y al Eurogrupo, que asegure el cumplimiento de los objetivos previstos. Estos implican que el déficit presupuestario previsto para 2017 deberá ser del 3,1% del PIB (unos 35.800 millones de euros), en lugar del 3,6% que aparece en el primer borrador remitido a la Comisión por el gobierno en funciones.

 La reducción del déficit implica efectuar un ajuste equivalente a unos 5.500 millones de euros, bajo el supuesto de un crecimiento del PIB real del 2,3% en 2017 (3,2% en 2016). El ajuste  citado podrá realizarse por medio de un aumento de los ingresos fiscales y/o por una reducción de los gastos del primer borrador. Los  electoralistas descensos de impuestos establecidos por el gobierno de Rajoy en 2015   han debilitado la base fiscal de la economía española y van a complicar la gestión  del gobierno que viene.

 La modificación del presupuesto y los posibles cambios  fiscales y en materia de gasto  no harán fácil el acuerdo entre el gobierno y los restantes grupos parlamentarios. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos tienen entusiasmo por la elevación de la presión fiscal. Dentro de la Eurozona, España tiene uno de los niveles más reducidos de ingresos fiscales (38,2% del PIB frente a un 46,6% de la media), mientras que el nivel de gasto público resulta más próximo a la media de dicha área económica (43,3% del PIB frente al  48,6%). Hay en España un “gap” estructural entre gasto público e ingresos públicos  que no debe de prolongarse, sino reducirse.

  El problema del creciente déficit de la seguridad social asociado con la cuestión de las pensiones requerirá a corto plazo destinar recursos presupuestarios a la cobertura del mismo. En un trabajo reciente Manuel Lagares (El Mundo, 31.10.16)  defendía el establecimiento de un “recargo de solidaridad” sobre algunos impuestos, previsiblemente sobre el IVA,  para financiar dicho déficit. El confirmado ministro Guindos avisaba en La Vanguardia de 23.10.16 de la vulnerabilidad de la economía española ante un aumento de los tipos de interés. 

Sobran temas en los cuales la confrontación gobierno-oposición de izquierdas está garantizada. Las palabras de Rajoy en la investidura no dan pie al optimismo sobre el futuro del nuevo gobierno. Y esa confrontación no tardará mucho en ponerse de manifiesto


Una versión de este artículo se publicó en la revista  semanal “El Siglo de Europa” de 7 de noviembre de 2016



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis