25 junio 2010

El mercado de vivienda en 2010: demasiadas incógnitas para la recuperación

Julio Rodríguez López

El mercado de vivienda alcanzó en 2009 los niveles mínimos de la fase de recesión iniciada en 2007 en algunas variables representativas. En dicho ejercicio las ventas de viviendas registradas se situaron en torno a las 415.000, los precios descendieron en un 6,3% y las viviendas iniciadas retrocedieron hasta las 110.800. Una estimación del stock de viviendas de nueva construcción no vendidas situó dicha magnitud en el entorno de 1.049.000 a fin de año. El flujo de nuevos créditos destinados a la compra de viviendas descendió en 2009 un 16 por ciento. Dicha magnitud alcanzó un nivel de 73.154 millones de euros, según la encuesta de crédito del Banco de España.

La caída del empleo en 2009 (6,1 por ciento según la EPA, correspondiente a un retroceso de 1.211.000 puestos de trabajo), la persistencia de un flujo de concesión de nuevos créditos no del todo normalizado en el conjunto del año, y la realidad de unos precios de venta de las viviendas todavía elevados respecto del nivel de ingresos de los hogares fueron las principales variables explicativas del comportamiento negativo del mercado de vivienda. A pesar de dicha evolución, los niveles alcanzados por las principales magnitudes del mercado de vivienda estuvieron lejos de ser una magnitud intrascendente en la evolución de la economía española en el pasado ejercicio anual.

Los datos del mercado de vivienda correspondientes a los primeros meses de 2010 han señalado la presencia de una recuperación de las ventas de viviendas. Los descensos de precios han sido más moderados y han vuelto a retroceder las viviendas iniciadas. El continuado retroceso dela nueva construcción residencial ejerce una influencia negativa sobre el conjunto de la actividad productiva en España y contribuirá a reducir el amplio stock de viviendas de nueva construcción no vendidas.

Entre enero y abril de 2010 el total de compraventas registradas de viviendas, según el INE, creció en un 11,4 por ciento sobre el mismo periodo de 2009. Destacó el modesto aumento experimentado por las compraventas de viviendas de nueva construcción (3,3 por ciento) y el importante incremento de las ventas de viviendas usadas (21,1 por ciento). El papel desempeñado en la recuperación de las ventas por parte de las entidades de crédito ha debido ser decisivo. Es posible que una parte de las viviendas que el INE ha considerado como usadas corresponda a viviendas de nueva construcción que se vendieron a los bancos sin haber sido usadas.
De mantenerse en 2010 el ritmo de ventas del primer cuatrimestre, el total anual se situaría en el entorno de las 465.000. Los mayores aumentos interanuales correspondieron a Cataluña, Comunidad de Madrid y Navarra. Los precios de las viviendas descendieron en un 4,7 por ciento en el primer trimestre, según la estadística de tasaciones del Ministerio de Vivienda. El descenso sufrido en la recesión del mercado de vivienda entre el punto más elevado alcanzado por los precios y el nivel más reducido (pico-valle) fue del 16,6 por ciento según la estadística de precios de vivienda de Tinsa y del 11,2 por ciento según la estadística del Ministerio de Vivienda, muy por debajo de los sufridos en otros países que también registraron un auge importante del mercado de vivienda.

El gran retroceso de los tipos de interés y la recuperación de los flujos de nuevos créditos a comprador de vivienda han sido decisivos para explicar la moderada recuperación apuntada en las ventas de viviendas. Sin embargo, tales flujos crediticios han descendido después de marzo de 2010, a la vez que también han disminuido las ventas de viviendas sobre los niveles alcanzados al comienzo del año. El empleo ha seguido cayendo en 2010, aunque a un ritmo mucho más lento al de los ejercicios precedentes. La creación de nuevos hogares también se ha situado en el primer trimestre de 2010 en un nivel sustancialmente reducido, en torno a los 110.000 nuevos hogares al año, lo que sin duda afecta a la baja a la demanda de vivienda.

La persistencia del descenso de la construcción de nuevas viviendas en el primer trimestre de 2010 ha aproximado el volumen de las viviendas terminadas al de ventas de viviendas de nueva construcción. Ello indica que es posible que en 2010 se reduzca algo el nivel del stock de viviendas no vendidas de nueva construcción. Dicha magnitud tiene una clara influencia sobre la situación de las entidades de crédito españolas. El comportamiento definitivo del mercado de vivienda en España en 2010 dependerá sobre todo de la persistencia de un flujo normalizado de préstamos a comprador de vivienda y también evolucionará en línea con el comportamiento del empleo. Son, pues, demasiadas las incógnitas que subsisten como para considerar que la recuperación ha llegado de forma definitiva al mercado de vivienda en España en 2010.
Publicado en el Siglo

17 junio 2010

Mesa redonda sobre la actividad económica española (parte 1)


Mesa redonda sobre la actualidad económica (parte 1) from gregorio gil on Vimeo.


Temática básica discutida en la mesa redonda: reforma laboral, conveniencia de un paquete global de medidas de política económica, fiscalidad e impuesto sobre el patrimonio, no a los ajustes salariales como vía unica de mejorar en competitividad, existen otras como: mejora de la calidad en producción y servicios, inversión en Capital humano, e inversión en I+D+i.

Mesa redonda sobre la actividad económica española (parte 2)


Mesa redonda sobre la actividad económica (parte 2) from gregorio gil on Vimeo.

12 junio 2010

Las viviendas residenciales en España



Entrevista celebrada el pasado 1 de Diciembre de 2009 y en la que se realiza un breve recorrido global por el sector de la vivienda en España, analizándose asimismo la gestación de una burbuja inmobiliaria, comentándose además las causas que han llevado a ella y las previsiones futuras en el sector. Se consideran, asimismo, las políticas económicas relacionadas de los distintos niveles de gobierno: nacional, autonómicos y locales; así como las de los Bancos Centrales que han empujado a ello.

11 junio 2010

Medidas urgentes, plan de estabilización

Julio Rodríguez López

La política económica anunciada por el presidente del gobierno en su intervención en el Congreso de los Diputados el miercoles 12 de mayo de 2010 equivale a un plan de estabilización para la economía española. Las medidas anunciadas pretenden reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en España en unos 15.000 millones de euros (5.000 en 2010 y 10.000 en 2011), el -1,5% del PIB. El resultado final dependerá asimismo de las actuaciones que acompañen al proceso deflacionario inicial que provocará la adopción de dicha estrategia.
Las medidas avanzadas se limitan a reducciones del gasto público. Las de mayor ahorro fiscal son las correspondientes a la reducción de los salarios de los empleados del sector público y de la inversión pública en 6.045 millones de euros en 2010-2011. Los salarios públicos descenderían un -5% en promedio desde el 1º de junio de 2010 y permanecerían congelados en 2011. Dicho descenso supondría unos 6.000 millones menos de gasto público en 2010.
La eliminación del denominado “cheque-bebé” se realizaría en 2011 y su alcance sobre el gasto público sería de un ahorro de 1.249 millones de euros. Autonomías y ayuntamientos deberán reducir el gasto para crear un “ahorro adicional” de 1.200 millones de euros. Se ha anunciado la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007 (-215 millones de euros). Las pensiones se congelarían en 2011, excluidas las no contributivas y las mínimas. Las restantes medidas son la reducción de la ayuda oficial al desarrollo (-600 millones), la supresión de la retroactividad del pago por prestaciones de dependencia y la disminución del gasto farmacéutico.
En el conjunto del gasto público en España (46,1% del PIB en 2009) corresponde un 36% a las comunidades autónomas, un 29% a la seguridad social, un 22% a la administración general del Estado y un 13% a las corporaciones locales. Los asalariados del sector público, 3,1 millones en el primer trimestre de 2010, según la Encuesta de Población Activa del INE, suponían en dicho periodo el 20,2% del empleo asalariado de España. De los nueve millones de pensionistas de España a 31 de diciembre de 2009, alrededor de cinco millones resultarían afectados por la “no revalorización” anunciada para 2011.
Con las medidas previstas se intentaría situar el déficit público en el 6,5% del PIB en 2011. Ello ayudaría a lograr el difícil objetivo de llevar el déficit citado al 3% del PIB en 2013. Esta última magnitud era el objetivo previsto en la revisión del Plan de Estabilidad 2009-2013 enviado desde el gobierno de España a la Unión Europea (UE) en febrero de 2010.
Las medidas se sitúan en el contexto que ha supuesto la crisis del euro en 2010. En el fin de semana del 8-9 de mayo la UE puso en marcha varias decisiones importantes, como el mecanismo para asegurar la estabilidad financiera del euro con un fondo de 750.000 millones, el anuncio por Portugal y España de medidas de ajuste presupuestario, la posibilidad de intervención directa del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados de deuda pública y la propuesta de una estrategia de coordinación económica en la Eurozona. La ampliación del papel del BCE puede resultar trascendente, ante los resultados obtenidos en Estados Unidos por dicha vía en cuanto a dinamización de la economía se refiere.
En los años que siguen a las crisis financieras la deuda pública suele crecer de forma espectacular. La carga de la deuda puede conducir a la quiebra financiera de algunos estados. En 2010 el nivel alcanzado por la deuda pública puede situarse en el 90 por ciento del PIB en los países desarrollados. Dicho nivel de deuda puede afectar a la baja al ritmo previsto de crecimiento económico (C. Reinhard y K. Rogoff, “Why we should expect low growth amid debt”, Financial Times, 28.1.2010).
El problema de España es esencialmente un problema de competitividad. El saldo presupuestario negativo en 2008-2009 es un síntoma del problema citado. Con un mayor volumen de gasto público el gobierno pretendió compensar la caída de la demanda privada. El descenso de los ingresos fiscales ha resultado ser muy superior a lo previsto, ante el enorme vacío ocasionado por la debacle de la construcción. El déficit fiscal ha crecido así a un ritmo muy rápido en 2008-2009, en un contexto de intenso endeudamiento del sector privado (215% del PIB), que equivale a más de cuatro veces la deuda pública en 2010. El aumento del diferencial de la deuda española con la deuda alemana a 10 años (Ver Gráfico) ha sido la mejor prueba de la desconfianza de los mercados ante la nueva situación fiscal española.
El fuerte endeudamiento del sector privado no aumentó la competitividad de la economía española. El sobredimensionamiento del mercado de vivienda y la elevada exposición al riesgo inmobiliario de bancos y cajas de ahorros suponen “un monumento a una estrategia económica estéril” (Financial Times, “Zapatero finally wields the axe”, 13.5.2010). La burbuja del sector privado ha pinchado y ha ocasionado un descenso de más de dos millones de empleos (el 50% en el sector de la construcción) desde el inicio de la crisis.
En este contexto, el momento actual de la economía española exige una activa consolidación fiscal y asegurar a los mercados que en 2013 el déficit público se habrá reducido seriamente. Se trata de recuperar la confianza de los agentes económicos, indicándose desde el gobierno lo que se pretende conseguir con las medidas adoptadas. La estrategia debe de ser estabilizadora por un lado y dinamizadora de la economía española por otra parte. Las medidas definitivas, que deberán incluir otras actuaciones que tendrían que comunicarse con prontitud, tienen que procurar que el ajuste no recaiga en exceso sobre los hogares económicamente más vulnerables. Además, la reducción del déficit no deberá frenar el crecimiento potencial de la economía española.
Las actuaciones anunciadas deben de acompañarse de cambios trascendentes en el sistema económico. En este sentido, además de las frecuentemente citadas reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero, se debe de empezar por lograr una mayor operatividad del denominado “Estado de las Autonomías”. La contribución de las autonomías a la reducción del déficit es relevante, puesto que suponen el mayor componente del gasto público. Dicha reducción no debe quedar al albur del talante de cada gobierno autónomo. El logro de un nuevo modelo productivo se quedará en el aire si las autonomías no colaboran a dicho objetivo desde su política territorial.
Junto a la racionalización funcional del estado autonómico, la reforma fiscal debería, entre otros aspectos, recuperar el impuesto sobre el patrimonio, mejorar la progresividad del impuesto sobre la Renta de las personas físicas, mantener los impuestos de sucesiones y donaciones y reconsiderar la normativa sobre las sicav.
Las series estadísticas mensuales disponibles de recaudación y de gasto público permitían anticipar el rápido aumento del déficit y de la deuda pública desde el inicio de 2009. Resulta manifiesta la tardanza en reaccionar desde el gobierno. Pero las cosas podrían mejorar de completarse el “paquete” de medidas previsto en el sentido comentado y si se explica claramente a los españoles donde está la economía y a donde se la quiere llevar con las medidas en cuestión.

07 junio 2010

España: una política económica controlada

Julio Rodríguez López*

El Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE de 24 de mayo de 2010) ha recogido el paquete de medidas aprobado por los pelos por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de mayo. El Gobierno pretende acentuar la disminución prevista del déficit público de España actuando sobre el gasto público. Ello afecta, sobre todo, al gasto correspondiente a la Administración General del Estado, en especial a la partida de sueldos y salarios públicos y a la inversión pública.

Tras la implantación del contenido de dicho Real Decreto Ley, el Gobierno ha actualizado a la baja las previsiones de crecimiento de la economía para el periodo 2011-2013, así como las correspondientes al déficit público en cada uno de los años de dicho periodo. El logro de un déficit del 3 por ciento del PIB en 2013 sigue siendo el objetivo final. Por los días del debate parlamentario se conoció un anticipo de tres páginas del Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española.

El contenido de dicho resumen, junto a los comentarios que han acompañado la menor valoración de la deuda pública española establecida por la agencia FitchRating, se ha convertido en una especie de catecismo de la política económica española. Dicha política parece haber entrado en una senda de ortodoxia, celosamente vigilada por las valoraciones que sobre la misma realicen los organismos internacionales y dichas agencias de valoración.

Las medidas citadas han llegado en un momento de amplia incertidumbre sobre la capacidad de la eurozona para resolver los problemas de los elevados niveles de déficit y deuda pública de algunos de los países miembros de dicha área económica. Grecia concentra los máximos problemas de iliquidez (déficit fiscal), insolvencia (deuda pública), falta de competitividad (déficit comercial) y vulnerabilidad (deuda externa), mientras que Irlanda, Portugal y España vendrían detrás en cuanto a intensidad de dichos problemas (Nouriel Roubini, Back to the future? The shape of reforms to come, RGE, 1.6.2010).

La inestable cotización del euro frente al dólar refleja el clima de incertidumbre sobre el futuro del euro y de la Eurozona. Las fluctuaciones de dicha moneda están afectando a las cotizaciones bursátiles. Noticias tales como la intervención de Caja Sur por parte del Banco de España o los anuncios de fusiones de cajas de ahorros en España se interpretan en los mercados internacionales como reveladores de debilidades adicionales de la economía española. El eco de las medidas de política económica de España no puede ser, pues, más elevado.

El Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2010 conoció los cambios en las previsiones para el periodo de ajuste 2010-2013. Se ha acelerado el ritmo de reducción del déficit público previsto en febrero de 2010 en el Programa de Estabilidad. Así, en 2011, dicho déficit no deberá pasar del 6 por ciento del PIB, frente al 7,5 por ciento hasta ahora previsto. Como consecuencia de las medidas de ajuste citadas, se ha previsto una reducción de cuatro décimas porcentuales en el ritmo de crecimiento de la economía española, que sería del 2,2 por ciento entre 2011 y 2013, frente al 2,6 por ciento inicial. El menor crecimiento del PIB afectará negativamente al empleo, cuyo aumento medio anual no llegará a medio punto porcentual en 2010-2013, frente al 0,7 por ciento previsto al comienzo de este año.

Tras la aprobación del primer pa quete de medidas de política econó mica está a la espera de las reformas adicionales a introducir por el Gobierno en algunos elementos básicos de dicha política (mercado de trabajo, fiscalidad, sistema financiero). El FMI ha insistido en recetas que ya eran tradicionales en sus informes. Así, en el de 2010 destaca la insistencia en actuaciones tales como la flexibilización del mercado de trabajo, la reforma de las pensiones, la despolitización de las cajas de ahorros y su posible conversión en sociedades de capital por acciones.

Supone una cierta novedad la sugerencia introducida en 2010 por el FMI de asegurar que el gasto de la comunidades autónomas experimente el necesario ajuste, por corresponder a dichas administraciones el mayor componente del gasto público el España. En este sentido dicho informe coincide con el de FitchRating agencia que dice tener algunas dudas sobre la viabilidad de los recortes que necesitan realizar las comunidades autónomas, que pueden sufrir alguna reducción en las transferencias procedentes del presupuesto estatal.

En el pasado, las recomendaciones del FMI y de otros organismos internacionales se comentaban y se olvidaban más bien pronto. La crisis financiera y económica de 2007-2009 ha dejado a la economía española a los responsables de la política económica en una posición sumamente debilitada. Como indicó el director gerente del FMI, Strauss-Khan, en un reciente entrevista (ABC, 31.5.2010 "es el Gobierno el que debe decidir qué medidas tomar... Nosotros apenas elaboramos estudios sobre los diferentes sectores y recomendamos las medidas en cada area". •

*Publicado en El Siglo