30 noviembre 2015

LAS ESTADISTICAS DE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA Julio Rodríguez López

  La publicación digital “RdL Revista de Libros” incluyó recientemente un trabajo del economista y estadístico Rafael Álvarez Blanco, “Estadísticas de renta, riqueza  y condiciones de vida: la medición de la desigualdad”. El autor ha trabajado durante etapas prolongadas en el Instituto Nacional de Estadística (INE)  y en el Servicio de Estudios del Banco de España. El artículo en cuestión aproxima  la situación de la medida estadística de la desigualdad de la renta y riqueza en España.  

 En el artículo mencionado se  resumen las iniciativas  efectuadas por el sistema estadístico europeo y por  el Sistema Europeo de Bancos Centrales en cuanto a la medida de la desigualdad. En España destaca, en primer lugar,  la Encuesta de Condiciones de Vida, anual, obtenida por el INE  desde 2004, con datos referidos al año  anterior, en el marco de la Encuesta Europea sobre Renta y Condiciones de Vida. Se realiza  a partir de 13.000 hogares y aporta información sobre datos básicos para el periodo 2009-2014.

  La segunda estadística básica para aproximarse a la cuestión de la desigualdad  es la Encuesta Financiera de las Familias, que obtiene y publica el Banco de España, y de la que se dispone de información para los ejercicios anuales de 2002, 2005, 2008 y 2011. Esta encuesta incluye  información sobre variables  tales como riqueza, deuda, renta,  consumo y  carga de deuda de los  hogares., y se sitúa  en  el marco coordinado por el Banco Central Europeo. La información la obtiene a partir de 7.000 hogares. En el diseño de la misma se ha utilizado información procedente del impuesto sobre el patrimonio.

  Rafael Álvarez señala que existen abundantes estadísticas en España  sobre los hogares, relativas a variables tales como  renta y riqueza, desigualdad de la distribución, tasa de pobreza, “pero los usuarios valorarían una síntesis y una cierta edición de una información que facilitara su consulta”. A la vista de los resultados obtenidos, puede decirse que en el periodo cubierto por las últimas encuestas del INE (hasta 2014) y del Banco de España (hasta 2011)  se han acentuado en España  las desigualdades internas y frente a  terceros. Destacan asimismo  algunas tendencias que se recogen a continuación.

Primero: El 20% de la población con mayores ingresos percibe alrededor de siete u ocho veces más  renta que el 20% de la población  con menores rentas. La crisis ha acentuado la distancia entre los hogares con rentas mayores   y medianas. La  disminución de la diferencia existente entre estos últimos y los niveles de renta más bajos  se podría interpretar como prueba del declive de la clase media.

Segundo: El umbral de pobreza se define como el 60% de la renta mediana. La tasa de riesgo de pobreza  es el porcentaje de población situado por debajo de dicho  umbral. Las tasas de pobreza de los menores de 16 años y de los jóvenes entre 16 y 29  son mayores en España  que la media nacional (22,2%). La peor situación es la de los extranjeros originarios de fuera de la Unión Europea. La posición de las mujeres  es peor en este aspecto que la de los hombres.

Tercero: Por autonomías, la renta mediana equivalente por unidad de consumo  de los hogares españoles alcanza los mayores niveles en Navarra y el País Vasco, que presentan además  las menores tasas de pobreza y de desigualdad. En el otro extremo, Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias tienen las rentas medianas  más reducidas  y las  tasas de pobreza más elevadas. La diferencia Norte-Sur todavía desempeña un cierto  papel en España.

Cuarto: Dentro de la Eurozona, los países escandinavos, sobre todo Noruega, tienen las mejores  tasas de renta mediana, pobreza y desigualdad. En cuanto a España, en la mayoría de los ratios,  solo son positivas las diferencias respecto de Grecia y de Portugal.
Quinto: En lo relativo a riqueza, los activos reales suponen  el  84,4% del patrimonio de los hogares españoles.  Dentro de estos  últimos, el  90% corresponde a la vivienda principal y  a activos inmobiliarios. El  87,1% de la deuda de los hogares también está vinculada a los activos inmobiliarios, casi  toda con garantía hipotecaria.

Sexto: La riqueza está peor distribuida en España  que la renta: El 25% de los hogares con mayor riqueza mediana  posee 21,5 veces más riqueza  que el 25% con menor riqueza. La diferencia de valor de la vivienda principal desempeña un papel importante en este desnivel.

 Por  último, destaca el papel de las prestaciones sociales (pensiones, prestaciones por desempleo), el 25% de la renta disponible de los hogares. El mantenimiento de tales prestaciones es decisivo para la estabilidad de los niveles de vida de los hogares. Las prestaciones  en especie,  educación y sanidad, elevan en un 16% el nivel de la renta disponible.

 Desigualdades crecientes, elevada concentración de la riqueza en activos inmobiliarios, asfixia de la clase media, reparto menos justo  del patrimonio que de la renta, diferencias Norte-Sur.  El artículo de Rafael Álvarez  es un útil primer paso en la síntesis de las diferentes fuentes estadísticas disponibles sobre la desigualdad.


Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 30 de noviembre de 2015





[1] JRL es  vocal del Consejo Superior de Estadística en representación del sindicato UGT y miembro de Economistas frente a la Crisis

22 noviembre 2015

CIUDADES, URBANISMO, VIVIENDA Julio Rodríguez López


  El mercado y los precios de la vivienda  están registrando en 2015 una nueva etapa de crecimiento en España y en la mayoría de los países de la Eurozona. Las fluctuaciones del mercado de vivienda han provocado los ciclos más acentuados de la economía española en la etapa histórica comprendida entre la segunda mitad del pasado siglo y la primera década del siglo actual. En ese tiempo  España ha sido escenario  de  cambios sustanciales en el  diseño y en la estructura de las ciudades, en las formas de acometer el gobierno del suelo, en la financiación inmobiliaria y en los problemas que plantea el acceso a la vivienda.

 Desde los años setenta  del pasado siglo se han modificado los mecanismos que rigen la evolución de las ciudades. El mercado ha impuesto sus criterios en las decisiones más relevantes. Los mecanismos tradicionales de planificación, de ordenación del territorio, han perdido peso en favor de la lógica financiera. El  bloque de intereses inmobiliarios ha determinado  el diseño y el futuro de las ciudades, imponiendo sus objetivos a los de una política pública que atienda al interés general.

El paso desde  la ciudad compacta a la ciudad dispersa ha sido una de las consecuencias más evidentes. Dicha evolución  ha tenido serias consecuencias económicas (la ciudad dispersa resulta más cara de gestionar y para vivir), medioambientales (el consumo de suelo ha sido a todas luces excesivo),  y  también sociales. Las ciudades han perdido bastante de su condición de comunidad y las calles,  más  lugar de encuentro, son vías para el tráfico. 

 El urbanismo tiene en España un marco competencial complejo. Sobre el gobierno del suelo  inciden  normativas estatales y legislaciones autonómicas. Corresponde a los ayuntamientos el desarrollo y la gestión  de los planes de urbanismo, y la vigilancia de la disciplina urbanística. Se trata, pues, de una competencia muy descentralizada, donde con frecuencia unas débiles administraciones locales  deben de adoptar decisiones en las que confluyen potentes intereses.

El  intenso crecimiento demográfico registrado en España en los años del salto del campo a la ciudad  contemplaba la calificación masiva de suelo como urbanizable residencial para la construcción ilimitada del máximo número de viviendas. En aquellos planes iniciales el alquiler era una opción por completo dejada de lado.

   Con el desarrollo del crédito hipotecario desde los años ochenta se pasó desde  las letras de cambio a las hipotecas como forma de financiación de la compra de vivienda. La burbuja inmobiliaria de la etapa 1997-2007, más prolongada e intensa que las precedentes, estuvo alimentada desde los mercados de capitales, produciéndose una sobredemanda de vivienda. La reacción de la oferta no se hizo esperar y se construyó alrededor de un millón de viviendas más que lo que justificaba la demanda.

En los últimos años las ventas de viviendas de segunda mano han superado ampliamente a las de viviendas de nueva construcción. Si  la demanda de vivienda, atenuada por el menor crecimiento demográfico, se puede satisfacer en buena medida con el amplio parque de viviendas existente en España, e incluso con una creciente oferta de viviendas de alquiler, los planes locales de urbanismo deberán recurrir menos a la calificación  masiva de  suelo urbanizable. Los ayuntamientos deben de tener en cuenta no solo los ingresos derivados del planeamiento, sino los mayores costes que les provoca la ciudad dispersa.

  En la evolución del mercado de vivienda en España destacan  los abundantes desahucios de viviendas registrados después de 2007, una vez “pinchada” la burbuja inmobiliaria. Según los datos del Banco de España y los del poder judicial, se puede estimar que más de 200.000 viviendas habituales  han sido entregadas a los bancos entre 2008 y 2014.

  Además del carácter socialmente regresivo de dicha  evolución, lo sucedido simboliza el fracaso de la política de vivienda en España. Numerosos desahucios  han afectado a familias que deberían de haber accedido a una vivienda de alquiler, y no a una vivienda adquirida con un préstamo hipotecario.

  Del amplio conjunto de instrumentos que integran la política de vivienda (fiscalidad, regulación financiera, suelo, regulación del alquiler, viviendas protegidas, regulación de la ejecución hipotecaria), se puede decir que en España la figura de la vivienda protegida requiere de una actualización en profundidad. Dicha actuación ayuda ahora a acceder a la vivienda  a hogares con recursos suficientes para  comprar una vivienda en el mercado.

El mecanismo de ejecución hipotecaria seguido en España se ha revelado como extremadamente riguroso. El deudor que no puede hacer frente al pago del préstamo no solo pierde la vivienda, sino que además continúa endeudado con el banco que le concedió el préstamo. La política de vivienda tradicional ha visto complicada su actuación con la presencia de desahucios que proceden no solo del impago de préstamos hipotecarios, sino también del impago del alquiler de la vivienda arrendada.

  El exceso de financiación aportado  por bancos y cajas de ahorros a promotores inmobiliarios en la última etapa de expansión del mercado de vivienda, al inundar los balances bancarios de préstamos de difícil cobro y de activos inmobiliarios sobrevalorados, afectó al sistema financiero, y de forma especial a las cajas de ahorros.

 Estas entidades suponían el 50% del sistema crediticio español en 2008. En 2015 solo quedan dos cajas  de ahorros minúsculas. La desaparición de las cajas acabó  con  la “banca alternativa” en España, y ha ocasionado una mayor concentración del sistema crediticio.  Fue sobre todo la última burbuja inmobiliaria la que se llevó por delante a dichas entidades de crédito.

El contexto de crisis ha dinamizado el mercado de alquiler. Esta evolución  adelanta  la emancipación de los jóvenes, aumenta  las posibilidades de oferta, permite acceder a la vivienda a hogares con ingresos reducidos y refuerza  la movilidad laboral.  La normativa sobre alquileres se ha modificado recientemente de forma favorable al arrendador y se ha eliminado la discriminación en el tratamiento fiscal a la vivienda en propiedad  y en alquiler.

La política económica y territorial debe de atender, pues, a abundantes objetivos. Destacan entre los mismos la defensa de la ciudad compacta y de la calidad medioambiental. Los planes locales de urbanismo se deben apoyar menos en la calificación de nuevo suelo urbanizable. Una mayor  coordinación competencial en materia de urbanismo resulta imprescindible. No resulta positivo que el Estado carezca de competencias en materia de planeamiento, debiendo recuperar una parte selectiva de las mismas.

  Sigue pendiente la cuestión de la financiación local, que descansa en exceso sobre algunos tributos,  lo que impulsa a los ayuntamientos a desarrollar políticas urbanísticas proclives a la nueva construcción residencial. La política de vivienda debe de apoyarse en el alquiler y en la creación de parques de viviendas sociales. La política de construcción de nuevas  viviendas de protección oficial debe de reformarse.

 Dicha política debe de ser menos un  instrumento de desarrollo del parque de viviendas y bastante más una actuación que favorezca a los hogares de rentas reducidas. Por último, el procedimiento de ejecución hipotecaria  debe de  atender a crear una auténtica “segunda oportunidad” para quienes no han podido hacer frente a los pagos precisos  para acceder a la vivienda.


Este artículo se publicó en la revista mensual Temas para el Debate de noviembre de 2015

16 noviembre 2015

LAS INCERTIDUMBRES DE LAS PREVISIONES DE OTOÑO Julio Rodríguez López

  Las Previsiones Económicas Europeas,  elaboradas por la Comisión de la Unión Europea para el otoño de 2015, terminan sus pronosticos dejando atrás  un amplio panorama  de incertidumbres. El escaso crecimiento previsto para los países emergentes, los abundantes riesgos geopolíticos existentes a nivel mundial, la prolongada  debilidad de la inversión, convierten en ampliamente problemáticas las previsiones recogidas en dicho informe otoñal.

 La economía española no es inmune a tales incertidumbres. A pesar de  recogerse en dicho informe unas previsiones para España  mejores que las del conjunto de la Eurozona, tales previsiones  también tienen importantes riesgos políticos por delante.

   Los “vientos de cola” han ayudado a la modesta recuperación de la Eurozona en 2014-15. Los bajos precios de la energía, la devaluación del euro frente al dólar, el apoyo de la política económica, visible sobre todo en una política monetaria muy expansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE),  han ayudado a que la recuperación sea un hecho. Sin embargo, resulta evidente la debilidad de la recuperación respecto de etapas similares precedentes. Se arranca de unos descensos acusados  de la actividad y del empleo consecuentes a  la crisis, por lo que resulta insatisfactoria una recuperación tan moderada.

   La desaceleración del crecimiento de las economías emergentes es el principal elemento de incertidumbre. La Comisión ha previsto para la Eurozona un crecimiento del 1,6% para 2015 y del 1,8% para 2016. Dicho  crecimiento puede reducirse si se acentúa la recesión de los países emergentes, situación  que plantearía serios problemas a los responsables de la política económica en los países desarrollados. Unas mayores dosis de inyecciones de liquidez a través de la fórmula del “alivio cuantitativo” no parecen puedan contribuir a paliar la debilidad de la demanda.

 El bajo crecimiento del PIB de la Eurozona en el tercer trimestre de 2015, el 0,3%, ha contribuido a acentuar el pesimismo. A esta situación no le ayuda nada el nuevo golpe terrorista registrado en Francia la noche del viernes 13 de noviembre.

  Las previsiones de la Comisión para España son de un crecimiento del 3,1% en 2015 y del 2,7% en 2016. Los aumentos del empleo serian del 2,6% y del 2,5%, respectivamente. La Comisión considera que habrá que esperar hasta 2017 para que España alcance los niveles de actividad  de 2008, año en el que empezaron  a declinar  actividad y empleo. En el tercer trimestre de 2015 el PIB de la economía española es inferior al del segundo trimestre de 2008 en un 4,6%, mientras que el empleo es un 12,6% menor. En el trimestre citado de 2015 hay 2,6 millones de empleos EPA  menos que en el punto más elevado del pasado ciclo. 

 Para la Comisión el consumo privado y las exportaciones son los principales factores explicativos del buen ritmo de crecimiento español  de 2015.  El consumo se ha beneficiado del aumento del empleo, de la ausencia de inflación, del descenso de la fiscalidad directa  que han disfrutado algunos hogares. La Comisión prevé  que España registrará una nueva aceleración de las exportaciones en 2016, frente a la desaceleración prevista para la Eurozona. 

  Las previsiones de déficit  y de deuda pública   de la Comisión sobre la economía española son más pesimistas que las del gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado incluyeron unas previsiones de déficit del 4,2% y del 2,8% del PIB para 2015 y 2016, respectivamente. La Comisión ha mantenido unas previsiones de déficit público de la economía española en el Informe de Otoño del 4,7% y del 3,6%, respectivamente.

  Según la Comisión,  en 2015 España  alcanzará un nivel de deuda pública del 100,8% del PIB. Superan a España en la Eurozona en nivel de deuda publica Grecia  (133%), Italia (194,8%),  Portugal (128,2%)  y Bélgica (106,7%). La media de la Eurozona es del 94% del PIB. Según el gobierno,  en 2017 España  estará por debajo del nivel fatídico del 3% de déficit sobre el PIB, con un 1,4% (2,6%, según la Comisión).

Para la Comisión el gobierno  hace regalos fiscales cuando  se está lejos de cumplir los compromisos de déficit asumidos y, sobre todo, cuando surge el problema de las pensiones. El déficit entre cotizaciones sociales (ingresos) y pensiones (gastos) puede alcanzar los 17.000 millones de euros en 2015. La cuestión es el impuesto o impuestos  a utilizar o a crear para cubrir el déficit citado, si no se quieren recortar  las pensiones.

  España tiene riesgos e incertidumbres políticas. Primero está la cuestión catalana. La declaración unilateral de independencia aprobada por el parlamento catalán el lunes 9.11.2015, ha sido ilegalizada por el Tribunal Constitucional, pero  ya han anunciado los independentistas que pasaran de la previsible suspensión por parte de dicho Tribunal.  

  La segunda incertidumbre será la composición del gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre próximo. Todo indica que no habrá mayoría absoluta para ninguna fuerza política. Las dudas citadas no ayudaran a la economía española, que acumula así alguna incertidumbre más a las que la Comisión ha señalado para la Eurozona en el Informe de otoño de 2015. 


Una versión este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 16 de noviembre de 2015





[1] JRL es miembro de Economistas frente a la Crisis y Vocal del Consejo Superior  de Estadística

09 noviembre 2015

LA POLITICA DE VIVIENDA Y LOS NUEVOS RETOS DERIVADOS DE LOS DESAHUCIOS Julio Rodríguez López

  La presencia de un volumen elevado de desahucios judiciales de hogares de sus viviendas habituales ha supuesto un problema adicional a los que tradicionalmente debe de responder la política de vivienda. En este trabajo se repasa la problemática global de dicha política y se resumen los componentes más relevantes de la misma en España.

1.    La política de vivienda. Nuevos y viejos problemas

 Desde la segunda mitad de 2013 la actividad productiva y el empleo han iniciado una recuperación moderada  en España, que ha tomado más vigor en 2015. El final de la recesión no implica que se hayan superado las negativas consecuencias de la pasada  crisis económica. El número de empleos existente en el tercer trimestre de 2015, 18,1 millones según la EPA, es inferior en un 12,6% al nivel  máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008.Hay 2,6 millones de empleos menos que en el momento más elevado de la fase de expansión previa  a la recesión de 2008-2013

La fuerte caída del empleo posterior a 2007 explica que la creación de puestos de trabajo haya sido el objetivo principal de la política económica después de 2008. La política de vivienda tradicional, cuyo objetivo  es el de facilitar el acceso a la vivienda a los hogares con menos recursos,  ha perdido protagonismo en este periodo de tiempo. Pero la cuestión de la difícil  accesibilidad  a la vivienda reaparecerá en cuanto  se consolide la recuperación.

Una nueva circunstancia derivada de la crisis ha aumentado los problemas de la política de vivienda. Desde 2008 han crecido las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de hogares de sus viviendas  habituales, consecuencias de  los impagos de préstamos hipotecarios. La tasa de morosidad de los créditos a comprador de vivienda (compra y rehabilitación)  se elevó desde el 0,43% de diciembre de 2006 hasta el 6,3% en marzo de 2014, descendiendo hasta el 5,93% en  junio de 2015

El  saldo vivo de los créditos para compra de vivienda morosos ascendía a 29.606 millones de euros a 30.6.2015. Dicha  cifra  supone un volumen susceptible de provocar abundantes conflictos  adicionales derivados de posibles nuevos desahucios.

En España, entre 2008 y 2014 se presentaron en los juzgados  unos 579.000 procedimientos de ejecución hipotecaria  y se recibieron  379.000 lanzamientos. Según el Banco de España, en el periodo 2012-2014 se entregó una media anual de  36.700 viviendas habituales, de las que la mitad fueron voluntarias y el resto correspondió a entregas judiciales. Aplicando proporciones, resulta un  total de 203.800 viviendas entregadas entre 2008 y 2014. Las  estadísticas del Poder Judicial indican que existe, además, un volumen importante de lanzamientos provocados por el impago del alquiler, una media anual de 37.000 en 2013-2014.

Las abundantes expulsiones de hogares de su vivienda habitual  han evidenciado  la dureza del procedimiento de ejecución hipotecario español. Dicho procedimiento provoca que el deudor pierde la vivienda y continúa endeudado con el banco. Esta deuda la componen  los intereses de demora y el sumando adicional derivado del  hecho de que el valor de la vivienda se pueda reducir hasta el 50%  del precio de compra,  si en el momento de la subasta no hay oferentes. Además,  la entidad prestamista puede embargar buena parte del salario del deudor.

Desde 2015 se vienen produciendo aumentos significativos  de los  precios de la vivienda en la nueva etapa de expansión. Junto  a los bajos niveles salariales de los nuevos empleos, lo anterior anticipa que se va a endurecer el acceso a la vivienda. Un hogar no debe destinar al pago de la vivienda más de la tercera parte de sus ingresos. En julio de 2015 el alquiler medio de una vivienda en España, según Fotocasa, era de 7,10 euros por metro cuadrado y mes. Para una familia cuyos ingresos equivaliesen al salario medio, estimado por el INE en unos 1.831,7 euros/mes en el primer trimestre de 2015, el esfuerzo de acceso a una vivienda de 90 m2 alquilada sería del 34,9% de los ingresos.

Los  actuales precios de los alquileres en España  implican que si un mileurista pretende acceder a una vivienda la superficie de la misma deberá ser inferior a los 50 m2  si va a destinar al pago del alquiler la tercera parte de los ingresos. La consecución de un crédito bancario para compra de una vivienda no resulta posible para los hogares de nueva creación. El alquiler se ha convertido así  en la única vía para acceder a una vivienda para un amplio conjunto de hogares. Ello se advierte en indicadores como la Encuesta Continua de Hogares del INE, según la cual  en 2014  la proporción de hogares que vivía de alquiler  era del 16,6%, proporción más próxima  a los niveles propios de los países de Europa Occidental.

La política de vivienda tradicional, la que pretende ayudar a  hogares de rentas reducidas  a acceder a una vivienda con un esfuerzo razonable, volverá a ser necesaria en la nueva etapa que se inicia. El importante volumen de  desahucios y de lanzamientos adicionales de las viviendas habituales provocado por la crisis y la morosidad implican, pues, nuevas tareas para dicha política.

Frente a dicha situación, en la práctica no hay en España política estatal de vivienda en  2015. No hay objetivos cuantitativos anuales ni mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el Plan 2013-16, regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril,  del Ministerio de Fomento.  En la presentación del oscuro Plan citado se aludió  a un total de 200.000 ayudas al alquiler y a 50.000 viviendas rehabilitadas. No se han divulgado objetivos desagregados para cada autonomía. El gobierno ha firmado convenios en 2014 con las comunidades autónomas para subvencionar, de forma genérica,  las actuaciones recogidas en el Plan en el periodo de vigencia del mismo. Han transcurrido tres  años del periodo de duración previsto  y no se conocen los resultados.


2.    Rasgos destacados de la regulación de los mercados de vivienda e hipotecario en España

  La política de vivienda está integrada por un  amplio conjunto de normativas, que responden  a diferentes objetivos  y se aplican por  parte  de distintas administraciones. En la Unión Europea, el último ciclo de la vivienda  tuvo consecuencias diferentes  en los estados miembros, reflejo de  las distintas estructuras institucionales que inciden sobre el mercado de vivienda[2]. Las áreas por  las que la regulación afecta al comportamiento del mercado de vivienda son las correspondientes a la fiscalidad,  a la regulación financiera macroprudencial, a la normativa sobre suelo y a la regulación de  los alquileres.

En cuanto a la fiscalidad,  en la Unión Europea han predominado los incentivos al acceso a la vivienda en propiedad, corregidos a la baja después de 2008. En España, ha desaparecido  la diferencia  tradicional de tratamiento fiscal existente entre la propiedad y el alquiler. Un IVA (estatal) que grava las ventas de nuevas viviendas con un tipo del 10%, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que fiscaliza la venta de viviendas de segunda mano  y cuyo tipo impositivo varía en cada comunidad autónoma,  un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (local) cuya base imponible procede de unos valores catastrales que se actualizan con retraso, son las piezas más destacadas del marco fiscal.

  La regulación macroprudencial pretende aumentar la capacidad de los bancos para hacer frente a situaciones de crisis. En España el plazo medio de los préstamos para compra de vivienda se sitúa en torno a los 25 años y predominan los préstamos a interés variable. La relación préstamo/valor (LTV) está situada en el 80%, aunque hay cierta flexibilidad en el uso de este instrumento. No se ha empleado la restricción de obligar a los prestamistas a que la cuota a pagar no supere un determinado nivel de ingresos de los prestatarios.

 La normativa sobre suelo está muy descentralizada en España (hay 17 leyes de suelo) y es limitado el papel estatal en este terreno. La iniciativa urbanística descansa, por lo general, en los ayuntamientos, que establecen Planes de Ordenación Urbana. Corresponde a las autonomías la aprobación definitiva de dichos planes. El control autonómico es más de legalidad que de contenido. La actuación de los ayuntamientos favorece la maximización de ingresos derivados del planeamiento, es proclive a un urbanismo difuso y no facilita la diversificación del modelo productivo.

 La normativa sobre alquileres incide sobre la forma de tenencia de la vivienda. En España ha destacado mucho tiempo la baja presencia del alquiler. Los últimos cambios normativos han fortalecido el papel del propietario, que puede fijar el nivel del alquiler con toda libertad y que  solo está obligado a efectuar dos prórrogas de contrato. La mayor presencia del alquiler en España tiene que ver con las duras condiciones de los nuevos contratos de trabajo.

  Las viviendas de protección oficial (VPO) han reducido su presencia  tras la restricción crediticia asociada con la crisis. El sistema tiene un elevado componente de política de fomento de la construcción residencial y  suele favorecer a hogares que pueden acceder a una vivienda en el mercado. Para ser útil a una política social de vivienda  el sistema requiere de una actualización radical, tarea que el gobierno de España debería  de acometer.

 En materia de desahucios, las reformas de 2011-2015 no han sido ambiciosas. Las suspensiones temporales  de los lanzamientos para hogares vulnerables tienen un ámbito limitado y suponen solo un paliativo. Son  tímidas las limitaciones introducidas para los intereses de demora. Se  impide al deudor optar entre un procedimiento judicial o extrajudicial. No se estimula la mediación entre deudor y la entidad. El Código de Buenas Prácticas debería de ser obligatorio para la banca.

 La última novedad, el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, “de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social “ (BOE de 28.2.2015) pretende, según la Exposición de Motivos, “que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”
.
  La norma citada se inspira en el modelo germánico, amplia el acceso a la dación en pago, pero no establece un sistema universal para tratar la cuestión de la insolvencia particular en España, pues se basa en la “responsabilidad moral de la persona que contrae la deuda. La posible dación en pago y remisión de deuda está vinculada a una serie de “condicionantes” y “requisitos” que el legislador considera “merecedores” para negociar una reestructuración de deuda. La nueva normativa, deja, pues, un amplio margen para la persistencia de un volumen elevado de nuevos desahucios, lo que plantea importantes retos a la política de vivienda.

Una versión de este artículo se publicó en la revista mensual “Temas para el debate”, de noviembre de 2015










[1] JRL es doctor en CC. Económicas,  miembro de Economistas frente a la Crisis y Vocal del Consejo Superior de Estadística
[2] “Institutional features and regulation of housing and mortgage markets”, Quaterly Report  on the Euro Area, Volume 13, No 2, 2014

02 noviembre 2015

ANTE LA DEBIL DEMANDA, DRAGHI ANUNCIA MAS DE LO MISMO. Julio Rodríguez López

  En la Eurozona, la tasa de inflación sigue lejos del objetivo del 2% y la demanda interna muestra más signos de agotamiento que de recuperación. El programa de “alivio cuantitativo” presentado por Draghi en marzo de este año no ha producido resultados apreciables en el conjunto de dicha área económica. Ante dicha situación Draghi  ha anunciado la  prolongación del programa en cuestión  más tiempo del previsto.

 En marzo de 2015 Mario Draghi presentó  la implantación de un programa de inyección de liquidez a las entidades de crédito (“quantitative easing”) por una cuantía aproximada de 1,1 billones de euros, que se aportarían durante  unos 18 meses, hasta septiembre de 2016. Ello implica lanzar liquidez a la economía, mediante la  compra de  deuda pública,  a un ritmo de 60.000 millones de euros durante dieciocho meses.

 El objetivo perseguido era impedir que tuviese lugar una situación de deflación en la Eurozona. En términos cuantitativos se trataba que la inflación, medida por el índice armonizado de precios de consumo, se aproximase al objetivo de una variación  interanual  del 2%. El objetivo intermedio era conseguir una recuperación de la demanda efectiva que alejase  el fantasma de la deflación,  en la que el crecimiento de la economía puede llegar a detenerse.  

 En el verano de 2015 se puso de manifiesto que la economía china pasaba por apuros y que no iba a contribuir a que se fortaleciese el crecimiento de la economía mundial. El impacto negativo de la menor demanda china de materias primas sobre el crecimiento de los países emergentes hizo que  los precios de las primeras materias  no dejasen de caer a lo largo de 2015,  destacando sobre todo el fuerte descenso del precio del petróleo.

  En las previsiones de otoño de 2015 del Fondo Monetario Internacional se ha advertido que el diferencial de crecimiento de Estados Unidos con la Eurozona se  va a acrecentar en este año respecto del relativo a 2014. La tasa de desempleo de la Eurozona (11%)  es casi seis puntos superior  a la de Estados Unidos. El distinto comportamiento de la demanda  entre dichas áreas es también espectacular. Mientras que en Estados Unidos la previsión es de un déficit exterior del 2,9% del PIB en este ejercicio, en la Eurozona la previsión es de un  el superávit exterior  del 3% del PIB.

La tasa de inflación de la Eurozona en septiembre de 2015 volvió a ser negativa. El crecimiento del PIB   puede ser inferior al previsto. Ante la ausencia de una política fiscal expansiva, Draghi  hizo el anuncio de que podría extender hasta un año más la política de inyecciones de liquidez mediante compras de títulos en los mercados secundarios y que podría reducir más los tipos de interés practicados.

Con la política de “alivio cuantitativo”,  las compras de activos por los bancos centrales vienen a ser una forma de  hacer más   efectiva la política monetaria cuando los tipos de interés están próximos a cero, que es su más bajo nivel. Al reducir al disponibilidad de activos por las compras que realiza, dicha política hace que los inversores  se desplacen hacia otro tipo de activos. Esto  eleva sus precios y hace bajar  la rentabilidad (Martin Wolf, “Monetary Policy: An unconventional tool”, FT, 5.10.2014).Dicho desplazamiento hace que la economía presente a lavez  signos de debilidad mientras que  suben los precios de la bolsa y  de los activos inmobiliarios.

 En 2015 conviven en la Eurozona una política monetaria muy expansiva, unos tipos de interés muy reducidos y una ausencia de inflación.  Para superar dicha situación es preciso lograr un fuerte estimulo de la demanda. No parece que la política de inyecciones de liquidez desarrollada desde marzo haya dado resultados significativos.

Dicha  política equivale a un medicamento con efectos secundarios no insignificantes. Si para lograr que los precios se aproximen al objetivo de un aumento anual del  2% hay que inundar de liquidez los mercados y los bancos, estos  últimos apenas pagarán por los depósitos. La crisis de la vivienda, derivada de fuertes compras especulativas,  ha visto a cientos de miles de personas en Londres luchar contra los crecientes alquileres y los mayores precios de las viviendas (The Guardian 26.10.2015). En España ha bastado con una mayor presencia de inversores en el mercado, para que los precios de las viviendas vuelvan a subir, por más que haya una abundante oferta de  viviendas de segunda mano  a la venta.

 Una política fiscal más expansiva, junto a una extensión de las compras de títulos a bonos de empresas  y también a deuda publica destinada a financiar obras públicas,  podrían producir efectos estimulantes de la demanda. Esto puede ser más efectivo que la prolongación temporal del uso de  un instrumento que ahora  contribuye más a fomentar la especulación que a reactivar  la demanda de la economía. 

Una versión de ste articulo se publicó en la revista ElSiglo el 2 de noviembre de 2011



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis