19 junio 2017

ADIOS AL BANCO POPULAR. UNA DECISION DE MADRUGADA Julio Rodríguez López

El  sistema bancario español sufrió una importante sacudida en la segunda semana de junio de 2017. Una vez confirmado que el Banco Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio, los acontecimientos se precipitaron en la noche del martes   al miércoles. El Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) actuó de forma  contundente tras  haber sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) de que el Banco Popular corría riesgo de quiebra. Se amortizaron  las acciones, así como toda la  deuda subordinada y los  bonos convertibles del Banco Popular. La intervención del BCE fue breve, duró el tiempo necesario para traspasar el saldo restante del Popular  al Banco de Santander, único oferente en firme,  a cambio de un euro.

 El Banco de Santander informó  que durante el mes de julio de 2017  efectuaría una ampliación de capital por importe de 7.000 millones de euros para hacer frente a la absorción del Popular. También  avisó a los clientes  del Popular que podían seguir operando con dicho banco desde el mismo día 7 de junio.

 El último presidente del Popular, Emilio Saracho, había comentado en público  que había que volver a estimar el alcance de las provisiones necesarias respecto de los activos problemáticos de dicha entidad (créditos morosos y activos reales del balance). Esta declaración  no supuso precisamente  un estímulo a posibles compradores bancarios de la entidad. En una semana el valor de las acciones del Popular se redujo en un 50%. Los días pasaban y el proceso de descapitalización parecía no tener fin. Se intensificó  a la vez la retirada de dinero de las cuentas corrientes, operación ahora facilitada por la banca informática. .

 En todo caso,  sorprendió la velocidad a la que sucedieron los pasos que llevaron a la extinción del Banco Popular  y de su simbólica compra  por el Santander. La operación descrita ha reforzado  la concentración existente en el sistema bancario español. Tras los ajustes de 2012-13, quedaban en España unos 13 grupos bancarios: dos de carácter internacional (Santander y  BBVA), tres de tamaño intermedio (Popular, Bankinter y Sabadell) y otros siete resultantes del proceso de consolidación de las  anteriores cajas de ahorros (Caixabank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN y Liberbank).

 Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran el 76% de los activos  (Santander, BVBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell), destacando la cuota del 27% correspondiente al Santander. La operación del Popular  se ha presentado como una actuación perfecta, por aquello de no haber supuesto gasto público. Pero la realización de la misma implica la realidad de fuertes pérdidas de capital para un número importante de accionistas y  de propietarios de deuda “junior”, por no hablar del destino incierto de los 15.000 empleados del Popular.

En junio de 2016 el Banco Popular había realizado una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Al realizar  dicha operación el Popular debió aportar información a los nuevos suscriptores, contenida en el correspondiente folleto, que no debió ser muy exacta.  El auditor había enviado señales de que  algo no iba bien,  con motivo de las cuentas de 2016. Por otra parte llama la atención el aviso del Popular de que no disponía de  liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio (¿Para qué están los supervisores?). 

Además, el Popular había superado los últimos  “stress-tests”” realizados por  la Autoridad Bancaria Europea, lo que pone en cuestión la calidad de tales pruebas. Sorprende que la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, hubiese advertido públicamente en fechas recientes  de la probable resolución del Popular en el caso de no encontrar comprador. Dicho  aviso no era  una invitación a compradores.

No fueron, pues, solo las cajas de ahorros las entidades que cometieron excesos en la etapa de la burbuja. También  hubo excesos en la banca, donde el Popular entró en el negocio inmobiliario cuando los restantes bancos huían del mismo. La relativa tranquilidad por la que ha atravesado el sistema bancario español después de 2013  ha sufrido un cierto “shock” con la reciente quiebra del Popular.

 Es posible que a partir de ahora los accionistas bancarios serán más cautos.  De momento se  ha complicado la vida a Liberbank, cuyas acciones han descendido abruptamente de precio en la última semana.  Está por ver si el citado Mecanismo de Resolución emplea una dureza equivalente con alguna que otra entidad bancaria  problemática de las que todavía quedan en Italia y Portugal.

Artículo publicado en la revista El Siglo de Europa el 16.6.2017




[1] JRL es vocal del consejo superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

08 junio 2017

LA ECONOMIA EN EL PROGRAMA DEL GANADOR DE LAS PRIMARIAS DEL PSOE Julio Rodríguez López

 Pedro Sánchez,  claro ganador de las elecciones  primarias del PSOE a la secretaria general  recientemente celebradas, se presentó a las mismas con  un documento denominado  “Por una nueva socialdemocracia”, en el que la economía tiene un peso destacado. La atención prestada al mercado de trabajo, la defensa de una política presupuestaria expansiva, la necesaria realización de una amplia reforma fiscal,  son  aspectos relevantes del apartado económico de dicho documento.

  El capítulo dedicado de forma más específica a la economía  es el denominado “Los grandes retos estratégicos sociales y económicos”. Dentro del mismo la cuestión del empleo resulta ampliamente tratada. Junto a la apuesta por el pleno empleo y  por la necesidad de crear empleos de calidad, con remuneración apropiada, el documento propone  derogar la reforma laboral del Partido Popular, reforma que tiene una clara incidencia  en la situación económica española actual.

  Se pretende preservar la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Se propone  elevar el salario mínimo interprofesional desde los 707,6 euros/mes (14 mensualidades) a 1.000 euros en  el año 2020. El documento defiende  la realización de políticas  activas de empleo, llevándolas hasta el nivel local. Se  defiende la aproximación a una “Renta Básica Universal”, arrancando del Ingreso Mínimo Vital. Por medio de un Impuesto Negativo sobre la Renta se pretende aproximar de forma gradual  a un mínimo  garantizado para cada persona,  dirigiéndolo  hacia  un plan efectivo de choque contra la pobreza.


.La enérgica defensa del Estado Bienestar por el documento exige el desarrollo de políticas económicas generales que impulsen el progreso económico. Se subraya el fracaso de las políticas de austeridad promovidas desde la Union Europea, donde subsiste una  cierta tensión entre países acreedores y deudores. Se  destaca la conveniencia de realizar en dicha área económica un impulso fiscal que complemente la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo,  a la que le queda un recorrido de poco más de un  año. Por cierto, no parece que  el descenso que en su día se hará del fuertemente aumentado balance de dicho banco central  vaya a tener lugar de una forma abrupta.

El documento critica la defensa que se hace de “rebajas fiscales extensivas” si se quiere efectuar una mejora sustancial de las prestaciones sociales comprendidas en el Estado Bienestar. De ahí que se defienda una fuerte reorientación de la política fiscal, impulsando la realización de reformas sustanciales en algunos impuestos.

 En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se trata de lograr un tratamiento más homogéneo de las rentas del trabajo y del capital. Se habla de redefinir el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la riqueza, que está siendo objeto de controversias  crecientes por las profundas disparidades de los tipos impositivos empleados en este tributo, así como en el de Sucesiones, entre las Comunidades Autónomas. También se defiende la reforma del Impuesto sobre Sociedades, eliminando  los distintos tratamientos especiales de que es objeto este tributo. Se pretende acabar  asimismo con las amnistías fiscales.

 La política expansiva que se configura en el documento se pretende situarla  dentro de la esfera comunitaria, defendiéndose niveles de inversión más elevados que los ahora comprendidos en el “Plan Juncker”. La mejoría que está teniendo lugar en las tasas de crecimiento de la Unión  favorecería la realización de una política economica más ambiciosa. El Banco Europeo de Inversiones sería una pieza básica de dicha estrategia inversora.

El documento mantiene una estrategia expansiva respecto de la inversión y  apuesta por los cambios precisos en el modelo  productivo favorables a la industrialización. Sin embargo subraya  su preocupación por  el nivel elevado de la deuda, tanto pública como de empresa y  de los hogares. Se muestra hostil ante una tendencia de continuo crecimiento de la deuda, puesto que ello “afecta a la economía global en general y a España en particular”.

 Se alude, sin precisión, a la creación de un sector de Banca Pública y otro de Banca Cooperativa y Social. Aquí se echa en falta algo más de conexión del texto  con la situación española presente en el tema bancario, situación que se ha hecho más complicada con la crisis del Banco Popular.

La defensa de una política fiscal expansiva, la ubicación de la política económica dentro de un proyecto europeísta, la atención al equilibrio presupuestario, la realización de una amplia reforma fiscal, la abolición de la reforma laboral del gobierno Popular, y el deseo de frenar el aumento continuado de la deuda son algunos de los rasgos más destacados del documento. Este se sitúa, sin duda, en un  terreno de socialdemocracia avanzada, muy oportuno tras el duro quinquenio de gobierno Popular.

Una versión de este trabajo se publicó en la revista digital ·El Siglo de Europa” el 2 de junio de 2017.






[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis