31 marzo 2009

ECONOMIA ESPAÑOLA: entre las exigencias de coyuntura y el cambio de modelo

Julio Rodríguez López

“Incluso si la economía comienza a recuperarse a fin de año, como ha previsto el Banco de Inglaterra, no se espera que el desempleo deje de crecer hasta bien avanzado el año 2010” (The Economist, “A flood of misery”, 21.3.2009). Los británicos llegaron en febrero de 2009 a la cifra de 2 millones de parados en el Reino Unido, el 6,5% de los activos, la tasa mayor de paro en aquel país desde 1997.

En España, en el mismo mes de febrero pasado, se alcanzó la cifra de 3.482.000 parados registrados, equivalente al 15% de los activos. La afiliación a la Seguridad Social descendió en un año en 1.100.400, un -5,7% sobre el total de afiliados en el mismo mes del pasado año. Los mayores retrocesos interanuales tuvieron lugar en la construcción (-21,4%) y en la industria (-8%). Esta vez el aumento del paro, aunque se inició en el segmento de la construcción residencial, no se está limitando a algún sector específico o a algún territorio determinado, sino que está afectando por igual a todas las ramas de actividad y a todo el territorio nacional.

En una recesión generada sobre todo por la restricción crediticia el daño se ha extendido a todo el sector privado de la economía y también se va a dejar sentir en numerosos gobiernos locales. Estos últimos no podrán mantener en muchos casos las plantillas de las que se han dotado en los generosos años que terminaron en 2007. Se trata ahora , en primer lugar, de frenar el deterioro de la situación del empleo y, después, resulta preciso impulsar el tan traído y llevado cambio de modelo productivo.

La actual política económica, además de mantener intactas las prestaciones sociales y dejar que actúen los estabilizadores automáticos de la economía, se está apoyando, entre otros aspectos, en las ayudas a las entidades de crédito para mejorar su liquidez, en las abundantes líneas de liquidez abiertas en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y en el plan de inversiones locales, además de mantener elevado el ritmo general de inversiones publicas.

El aumento de la morosidad y la necesidad de reforzar la solvencia puede impulsar procesos de fusión en el sistema financiero. Costará más de un disgusto a los gobiernos autonómicos el renunciar a las sedes de las cajas de ahorros resultantes. Sin embargo, carece de sentido mantener sin fusionar a entidades necesitadas posiblemente de refuerzos de liquidez y de solvencia, como si la imagen de la autonomía respectiva dependiese del futuro de las cajas de ahorros con sede en las mismas.

Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de las líneas de créditos del ICO se desarrollen necesariamente a través de las restantes entidades del sistema financiero es posible que reduzca la agresividad de dichas líneas en tiempos de crisis. Al menos las líneas relativas a Pymes y a vivienda protegida deberían desarrollarse directamente entre el ICO y las empresas. En este tipo de préstamos existe la amplia experiencia histórica del pasado Crédito Oficial hasta 1991, que con una reducida red de oficinas llevó sus préstamos hasta la isla del Hierro, que ya es decir. En las inversiones públicas se deben de priorizar las que más contribuyan a mejorar la competitividad de la economía.

Y de paso habrá que “ir sembrando” para que cambie el modelo productivo en una línea de mayor diversificación y mas capacidad de competir. El enorme déficit de la balanza de pagos corriente viene a recordar la falta de competitividad de la economía española y la profunda dependencia del ahorro exterior para financiar la inversión en España. Entre 1997 y 2007 el sector de la construcción vio crecer en unos seis puntos porcentuales su participación en el PIB y en el empleo total de España.

La suma de agricultura e industria, incluida energía, suponía en 1997 el 25% del PIB, mientras que en 2007 dicha participación había retrocedido hasta el 18,3%. En 1997 la balanza corriente de España con el resto del mundo arrojaba un superávit del 2,1% del PIB, mientras que en 2007 el saldo de dicha balanza era del -10,1% del PIB. Se había crecido a un alto ritmo, pero se había perdido competitividad a todas luces.

Los negativos resultados de 2008 revelan que el ajuste se ha iniciado en la economía española y que la caída de la demanda interna se está compensando con un comportamiento más dinámico de las exportaciones. Pero el ajuste es todavía lento y hay que atender al candente problema que supone el deteriorado mercado de trabajo. De persistir la situación es posible que no quede más remedio que pactar un nuevo impulso interno a la política económica con la oposición. Esta última, aparte de jalear las cifras de desempleo no parece tener demasiadas ideas para mejorar la situación y de paso cambiar la composición de la oferta productiva de España.

17 marzo 2009

EL VULNERABLE SECRETO DE LA VPO


Julio Rodríguez López

La vivienda protegida, denominada popularmente como VPO, es el instrumento más conocido, aunque no el de mayor coste, de los que integran la política de vivienda en España. Los restantes instrumentos son la política de suelo, el sistema de regulación de los alquileres, la fiscalidad y la financiación crediticia. Las condiciones de esta última dependen de las características del sistema financiero y de la normativa sobre el mercado hipotecario.

La vivienda protegida se desarrolla a través de los planes plurianuales, cuyo contenido lo establece el gobierno de España, previo consenso con las comunidades autónomas. Estas últimas tienen transferida la competencia en materia de política de vivienda, por lo que son las ejecutoras del contenido de los planes citados. En este momento está en vigor el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, regulado por el R.D. 2066/2008 (BOE de 24 de diciembre de 2008).

En tanto se remata la negociación con las entidades de crédito, el mecanismo de las VPO no se ha paralizado en 2009. Para ello el gobierno ha aumentado, a través de una Orden Ministerial (BOE de 27.2.2009), el alcance de los programas 2007 y 2008 correspondientes al pasado Plan 2005-2008. La citada negociación del gobierno con bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito tiene la mayor relevancia, puesto que los planes plurianuales dependen estrechamente de que dichas entidades concedan créditos para financiar la promoción y venta de VPO.

Además de las nuevas VPO para venta y alquiler, hay otras actuaciones protegidas, entre las que el PEVR 2009-12 pretende fomentar la rehabilitación del parque de viviendas existente. A fines de 2008 dicho parque debía superar los 25,5 millones de viviendas, lo que implica alrededor de 1,5 viviendas por hogar en España, muy por encima de las 1,1 viviendas por hogar a que asciende la media de la Eurozona. Las viviendas protegidas suponen el componente más redistributivo de la política de vivienda. La información estadística disponible sobre el alcance de dicho componente de la política de vivienda resulta evidentemente mejorable.

Entre los dispersos datos disponibles sobre la construcción y venta de viviendas protegidas destacan los 44.721 proyectos visados por los Colegios de Arquitectos en 2008. Dicha cifra no incluye los proyectos visados en la provincia de Sevilla, según la publicación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Ello implica que el total citado puede estar en torno a los 46.000 proyectos visados en el pasado ejercicio, el 17,7% del conjunto de proyectos de viviendas visados en 2008 y un 9,3% más que en 2007. La significativa proporción de VPO, la más elevada en muchos años, refleja sobre todo el abrupto descenso sufrido en el pasado año por la vivienda libre (-62,4%).

Las compraventas registradas de viviendas protegidas en 2008 ascendieron a 49.935, el 8,9% del total. Las transmisiones de VPO intervenidas por los notarios se aproximaron a las 55.000, casi el 10% del total correspondiente. El saldo vivo de los préstamos para compra de vivienda protegida supuso el 4,9% del conjunto de los créditos a comprador de vivienda (unos 646.800 millones de euros, según el Boletín Estadístico del Banco de España) el pasado año, lo que implica que dichos créditos para compra de VPO debían suponer alrededor de unos 32.000 millones de euros a 30 de septiembre de 2008.

El aspecto más trascendente de las viviendas protegidas es su precio de venta, casi 1.132 euros por metro cuadrado en el 4º trimestre de 2008. Esto implica que una vivienda protegida de 90 metros cuadrados construidos se vendió en dicho periodo de tiempo a un precio de alrededor de 17 millones de antiguas pesetas, en torno al 56% del precio de venta medio de las viviendas libres.

El precio medio de venta de una vivienda protegida en 2008 de dicha superficie equivalía a unos 4,8 salarios medios anuales, mientras que el precio de la vivienda libre se aproximó a los nueve salarios anuales. Para el hogar monosalarial que gane el salario medio (unos 21.000 euros brutos en 2008), el esfuerzo de acceso a la vivienda libre en 2008 ascendió al 53% de los ingresos, mientras que el caso de las viviendas protegidas dicho esfuerzo fue del 32%, que está dentro de los cánones. En la vivienda protegida el acceso a la misma supone un esfuerzo razonable para el hogar de nueva creación. En las viviendas libres, a precios de mercado, el esfuerzo de acceso resulta muy por encima de lo razonable. Ese es el secreto de las VPO.