11 junio 2010

Medidas urgentes, plan de estabilización

Julio Rodríguez López

La política económica anunciada por el presidente del gobierno en su intervención en el Congreso de los Diputados el miercoles 12 de mayo de 2010 equivale a un plan de estabilización para la economía española. Las medidas anunciadas pretenden reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en España en unos 15.000 millones de euros (5.000 en 2010 y 10.000 en 2011), el -1,5% del PIB. El resultado final dependerá asimismo de las actuaciones que acompañen al proceso deflacionario inicial que provocará la adopción de dicha estrategia.
Las medidas avanzadas se limitan a reducciones del gasto público. Las de mayor ahorro fiscal son las correspondientes a la reducción de los salarios de los empleados del sector público y de la inversión pública en 6.045 millones de euros en 2010-2011. Los salarios públicos descenderían un -5% en promedio desde el 1º de junio de 2010 y permanecerían congelados en 2011. Dicho descenso supondría unos 6.000 millones menos de gasto público en 2010.
La eliminación del denominado “cheque-bebé” se realizaría en 2011 y su alcance sobre el gasto público sería de un ahorro de 1.249 millones de euros. Autonomías y ayuntamientos deberán reducir el gasto para crear un “ahorro adicional” de 1.200 millones de euros. Se ha anunciado la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007 (-215 millones de euros). Las pensiones se congelarían en 2011, excluidas las no contributivas y las mínimas. Las restantes medidas son la reducción de la ayuda oficial al desarrollo (-600 millones), la supresión de la retroactividad del pago por prestaciones de dependencia y la disminución del gasto farmacéutico.
En el conjunto del gasto público en España (46,1% del PIB en 2009) corresponde un 36% a las comunidades autónomas, un 29% a la seguridad social, un 22% a la administración general del Estado y un 13% a las corporaciones locales. Los asalariados del sector público, 3,1 millones en el primer trimestre de 2010, según la Encuesta de Población Activa del INE, suponían en dicho periodo el 20,2% del empleo asalariado de España. De los nueve millones de pensionistas de España a 31 de diciembre de 2009, alrededor de cinco millones resultarían afectados por la “no revalorización” anunciada para 2011.
Con las medidas previstas se intentaría situar el déficit público en el 6,5% del PIB en 2011. Ello ayudaría a lograr el difícil objetivo de llevar el déficit citado al 3% del PIB en 2013. Esta última magnitud era el objetivo previsto en la revisión del Plan de Estabilidad 2009-2013 enviado desde el gobierno de España a la Unión Europea (UE) en febrero de 2010.
Las medidas se sitúan en el contexto que ha supuesto la crisis del euro en 2010. En el fin de semana del 8-9 de mayo la UE puso en marcha varias decisiones importantes, como el mecanismo para asegurar la estabilidad financiera del euro con un fondo de 750.000 millones, el anuncio por Portugal y España de medidas de ajuste presupuestario, la posibilidad de intervención directa del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados de deuda pública y la propuesta de una estrategia de coordinación económica en la Eurozona. La ampliación del papel del BCE puede resultar trascendente, ante los resultados obtenidos en Estados Unidos por dicha vía en cuanto a dinamización de la economía se refiere.
En los años que siguen a las crisis financieras la deuda pública suele crecer de forma espectacular. La carga de la deuda puede conducir a la quiebra financiera de algunos estados. En 2010 el nivel alcanzado por la deuda pública puede situarse en el 90 por ciento del PIB en los países desarrollados. Dicho nivel de deuda puede afectar a la baja al ritmo previsto de crecimiento económico (C. Reinhard y K. Rogoff, “Why we should expect low growth amid debt”, Financial Times, 28.1.2010).
El problema de España es esencialmente un problema de competitividad. El saldo presupuestario negativo en 2008-2009 es un síntoma del problema citado. Con un mayor volumen de gasto público el gobierno pretendió compensar la caída de la demanda privada. El descenso de los ingresos fiscales ha resultado ser muy superior a lo previsto, ante el enorme vacío ocasionado por la debacle de la construcción. El déficit fiscal ha crecido así a un ritmo muy rápido en 2008-2009, en un contexto de intenso endeudamiento del sector privado (215% del PIB), que equivale a más de cuatro veces la deuda pública en 2010. El aumento del diferencial de la deuda española con la deuda alemana a 10 años (Ver Gráfico) ha sido la mejor prueba de la desconfianza de los mercados ante la nueva situación fiscal española.
El fuerte endeudamiento del sector privado no aumentó la competitividad de la economía española. El sobredimensionamiento del mercado de vivienda y la elevada exposición al riesgo inmobiliario de bancos y cajas de ahorros suponen “un monumento a una estrategia económica estéril” (Financial Times, “Zapatero finally wields the axe”, 13.5.2010). La burbuja del sector privado ha pinchado y ha ocasionado un descenso de más de dos millones de empleos (el 50% en el sector de la construcción) desde el inicio de la crisis.
En este contexto, el momento actual de la economía española exige una activa consolidación fiscal y asegurar a los mercados que en 2013 el déficit público se habrá reducido seriamente. Se trata de recuperar la confianza de los agentes económicos, indicándose desde el gobierno lo que se pretende conseguir con las medidas adoptadas. La estrategia debe de ser estabilizadora por un lado y dinamizadora de la economía española por otra parte. Las medidas definitivas, que deberán incluir otras actuaciones que tendrían que comunicarse con prontitud, tienen que procurar que el ajuste no recaiga en exceso sobre los hogares económicamente más vulnerables. Además, la reducción del déficit no deberá frenar el crecimiento potencial de la economía española.
Las actuaciones anunciadas deben de acompañarse de cambios trascendentes en el sistema económico. En este sentido, además de las frecuentemente citadas reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero, se debe de empezar por lograr una mayor operatividad del denominado “Estado de las Autonomías”. La contribución de las autonomías a la reducción del déficit es relevante, puesto que suponen el mayor componente del gasto público. Dicha reducción no debe quedar al albur del talante de cada gobierno autónomo. El logro de un nuevo modelo productivo se quedará en el aire si las autonomías no colaboran a dicho objetivo desde su política territorial.
Junto a la racionalización funcional del estado autonómico, la reforma fiscal debería, entre otros aspectos, recuperar el impuesto sobre el patrimonio, mejorar la progresividad del impuesto sobre la Renta de las personas físicas, mantener los impuestos de sucesiones y donaciones y reconsiderar la normativa sobre las sicav.
Las series estadísticas mensuales disponibles de recaudación y de gasto público permitían anticipar el rápido aumento del déficit y de la deuda pública desde el inicio de 2009. Resulta manifiesta la tardanza en reaccionar desde el gobierno. Pero las cosas podrían mejorar de completarse el “paquete” de medidas previsto en el sentido comentado y si se explica claramente a los españoles donde está la economía y a donde se la quiere llevar con las medidas en cuestión.