LA CRÓNICA CRISIS DEL EURO.  LOS INÚTILES RECORTES


Julio Rodriguez López
11.7.2012

Una semana después del último Consejo Europeo de fines de junio de 2012 la situación general de la Eurozona no ha cambiado de forma sustancial. Las reacciones negativas a los acuerdos en Alemania, Holanda y Finlandia (“Luterania” que diría E. Juliana en La Vanguardia) arrojaron dudas sobre el alcance real de lo acordado. La deuda pública española ha vuelto a cotizar por encima del 7% en el mercado secundario. El anuncio de un nuevo “paquete” de medidas de ajuste suena a medicina sin resultados y con dolorosos y desiguales efectos secundarios.

Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el objetivo del déficit del 5,3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en España en 2012 resultaba cada vez más problemático. La factura de los intereses de la deuda y el impacto negativo sobre los ingresos fiscales del retroceso de la actividad productiva dieron lugar a un nivel de déficit incompatible con el objetivo anual en los cinco primeros meses de 2012. El acuerdo del Eurogrupo de la madrugada del 9 al 10 de julio ha aplazado a 2014 el objetivo del 3% hasta ahora fijado para España en 2013. Esto supondrá un moderado alivio de 10.000 millones de euros para el actual ejercicio, a pesar de lo cual al final del año se estará lejos del nuevo objetivo de déficit de las administraciones públicas del 6,3% en 2012.

Del Consejo Europeo de junio surgió el acuerdo de que los procesos de capitalización de los bancos los cubrirían los fondos de rescate de la UE, pero solo a partir del momento en el que hubiese un supervisor único (inspección bancaria) para la Eurozona. La Merkel contestó a la fuerte crítica de 150 economistas alemanes “ortodoxos” acerca de este acuerdo minimizando el alcance de la Unión Bancaria, a la que limitó a la supervisión unica. La líder alemana concibe dicha unión sin incluir un seguro común de depósitos ni un fondo común de reestructuración bancaria (W. Munchau, FT, 9.7.2012). Tampoco se redefine el papel del Banco Central Europeo, que seguirá sin actuar como un banco central, como se oye un dia tras otro en España.

En la citada reunión del Eurogrupo se ha acordado anticipar a España 30.000 millones de euros a cuenta de la facilidad de 100.000 millones aprobada a principios del mes de junio. La situación de los bancos problemáticos (Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) hacia conveniente dicho adelanto, en especial en el caso de Bankia. Las condiciones anunciadas del anticipo, que vendría a ser un prestamo al Frob, serian de un tipo del 4% y de un plazo de 15 años.

El prestamo se convertiría en una participación en capital por parte del fondo de rescate una vez establecido el supervisor único en la Eurozona. Se anuncia una exigencia de capital del 9% para todo el sistema financiero español. Se prevé la fórmula del “banco malo” como mecanismo a emplear en la reestructuración de las entidades de crédito con problemas. Este se quedaría con los activos tóxicos, básicamente suelo y promociones inmobiliarias en curso y terminadas sin vender, para su venta posterior. A cambio se cerraría la reestructuración de las entidades de crédito españolas, golpeadas de lleno por las consecuencias negativas del exceso de construcción residencial financiado a crédito con recursos tomados del resto del mundo.

A pesar del alivio por el acuerdo del Eurogrupo, el gobierno realizará un nuevo ajuste. Este se apoyará en el aumento del IVA y en la reducción de algunas partidas presupuestarias. Ello reforzará la caída del PIB en 2012 mas allá del -1,7% previsto. De paso el gobierno reducirá mas los componentes del gasto menos compatibles con su ideología, véase determinadas prestaciones sociales (educación, sanidad, ley de dependencia) e investigación. La presidenta de la Comunidad de Madrid deleitará de nuevo a su parroquia con descripciones pintorescas de los nuevos recortes.

El panorama no deja, pues, de ser sombrío. La economía puede entrar en un círculo vicioso de recortes presupuestarios que producen caídas del PIB. Estas reducen los ingresos fiscales, provocan más déficit y vuelta a empezar con nuevos ajustes. “El ajuste apoyado en el esfuerzo de los países deudores plasmado en planes de austeridad ni ha reducido la deuda pública ni ha estimulado el crecimiento… No se puede aumentar la deuda pública y crecer sin una ayuda importante de los países acreedores” (Joaquin Muns, “Merkel conserva todas las bazas”, La Vanguardia, 8.7.2012). Además, la reforma laboral permite que haya 4,5 millones de trabajadores sin renovar sus convenios en un año, lo que sin duda frena más el consumo.

Quitando el poco edificante instrumento que es Eurovegas, apenas se encuentra nada en el panorama de la politica económica que implique ayuda al crecimiento y a la dinamización de la economía española. Sería deseable que los achaques no alcancen los extremos de Grecia.

CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA. QUEDA MUCHO POR HACER

Julio Rodríguez López

  En la semana del 3 al 6 de junio, todavia bajo el impacto del ajuste preciso para sanear a Bankia,  se conoció el Informe sobre la Estabilidad del Sistema Financiero Español,  preparado por el Fondo Monetario Internacional  (FMI) con fecha de 30.5.2012. El sábado 9 se conoció el  apoyo del Eurogrupo  a la petición de asistencia financiera del gobierno español. Dicha asistencia podrá ser aportada por  cualquiera de los dos instrumentos (la Facilidad y/o el Mecanismo) de la Unión Europea y se destinará  a recapitalizar a los bancos españoles, tras el informe de las dos agencias que están realizando una nueva prueba de tensión a los bancos.

  La petición citada sucede a una sugerencia recogida en el Informe del FMI. Este último subraya los progresos realizados en cuanto a reforma del sistema financiero en España, como el cambio de naturaleza de casi todas las  cajas de ahorros y los apoyos a los  bancos más vulnerables a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). A continuación  señala que “una reestructuración adicional y una recapitalización de algunos de los bancos más débiles pueden ser necesarias como consecuencia del deterioro de las condiciones económicas”.

  En el pasado mes de mayo el gobierno español, a través del Frob, había pasado  a disponer de una posición de control en el grupo bancario BFA/Bankia, procedente de la fusión de siete cajas de ahorros capitaneadas en su día por Caja Madrid y Bancaja. Se realizó una renovación completa del Consejo de Administración de Bankia, anunciándose que  la reestructuración y saneamiento de dicha entidad requería de unos apoyos públicos de 19.000 millones de euros,  adicionales a  los 4.300 millones de préstamos del Frob transformados en capital.

La necesidad de aportar recursos a Bankia exigía un volumen importante de nuevas emisiones de deuda pública española, lo que debilitaba la situación de esta última en los mercados de bonos públicos. La solución anunciada para Bankia convirtió, pues, en imprescindible la petición de apoyo financiero desde España  a la eurozona, por más que dicha posibilidad se  hubiese rechazado  repetidamente desde el gobierno.

 Según el FMI, la crisis del sistema financiero español ha presentado una intensidad sin precedentes. El origen estaría tanto en  las perturbaciones internacionales posteriores a 2007 como en  factores internos específicos de la economía española.  El violento ciclo sufrido por el mercado de vivienda es el primer factor  interno citado. A dicho factor se añadió la debilidad de las cajas de ahorros, las carencias de la política y  la estructura regulatoria de las entidades crediticias  y la excesiva confianza de las mismas en la financiación  mayorista.

  El  FMI subraya que la estrategia seguida al  inicio  de la crisis consistió en repartir el esfuerzo  entre los sectores privado y público. El apoyo público ha acabado por resultar indispensable  y decisivo, como en otros países occidentales, entre los que destacan los casos de Estados Unidos y  Reino Unido después de la quiebra del banco  Lehman Brothers en el otoño de 2008.

   La capitalización de los bancos españoles es imprescindible  para que estos puedan acudir a los mercados internacionales a conseguir financiación privada. Dichos bancos deben de hacer frente a fuertes vencimientos de la deuda que emitieron para financiar la burbuja inmobiliaria desarrollada en la etapa 1997-2007. La capitalización vendrá de la mano del Frob, que transformará los 100.000 millones de euros del prestamo de la Eurozona en capital de los bancos,  adquiriendo para ello acciones u otros instrumentos emitidos por los mismos.

 Nunca ha estado tan claro en España como ahora la transformación de deuda privada en deuda pública.  Los errores de gestión de bancos y de  administraciones públicas competentes en el gobierno del suelo los van a pagar todos los españoles. Y todavía queda mucha deuda privada española por el mundo.

  El Informe del FMI destaca la consolidación bancaria que  la crisis  ha ocasionado en España. En 2009 el número de entidades de crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios  ascendía a cincuenta, de los que siete eran bancos y 43 eran cajas de ahorros.  Después de tres años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del Frob, en 2012 son catorce las entidades que controlan el 88% de dichos activos. Cinco entidades proceden de bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), que controlan el 47% de los activos, y las nueve restantes  tienen su origen en cajas de ahorros que se han fusionado o que han sido absorbidas por las de mayor dimensión.

  Al llegar el verano de 2012 no ha llegado todavia el momento de mirar hacia atrás en lo que se refiere al sistema financiero español. La tarea de fortalecer a las entidades más débiles,  de rematar el inacabable proceso de fusiones (no se entiende porque  tiene todavia que reducirse mas el mapa bancario español)  y de conseguir que se normalice el flujo de crédito resulta todavia excepcional. 

DEMASIADO CREDITO PARA EL PROMOTOR

Julio Rodríguez López[1]              El País Digital,  9 de junio de 2012

  La reunión del Eurogrupo de la tarde del sábado 9 de junio puede ser uno de los hitos básicos de la profunda crisis económica y bancaria española que se inició en el ya lejano verano de 2007.  Dicha reunión puede  formalizar el hecho de que el Reino de España tiene necesidad de acudir al Fondo Europeo de Estabilización  Financiera para realizar la necesaria capitalización  de una parte del sistema bancario español. Tal necesidad tiene su origen en la crisis del mercado de vivienda, en el que el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria provocó amplios excedentes de viviendas  y de créditos impagados entre las entidades de crédito españolas.

  Desde los años sesenta del pasado siglo los ciclos del mercado de vivienda han desempeñado un papel relevante en el comportamiento de la economía española. El prolongado periodo de aumento de los precios de la vivienda de fines de los años noventa  atrajo a dicho mercado a un amplio segmento de inversores. En el proceso de creación de una burbuja  en el mercado de vivienda hubo una amplia complicidad social. Promotores, asalariados, ayuntamientos, autonomías, gobierno de España y, sobre todo, bancos y cajas de ahorros,  participaron plenamente de un proceso que  redujo la base productiva española y que  disminuyó su capacidad de competir.

   El  desarrollo de la burbuja inmobiliaria se realizó sobre todo a partir del crédito bancario a promotores y constructores de viviendas. Dichos  créditos se han diseñado de forma que permiten  la subrogación posterior de los compradores finales de las viviendas en  las condiciones de los mismos (tipo de interés, relación préstamo/valor, plazo). El crédito a promotor no debe de superar en su duración los dos años del periodo medio de construcción de las viviendas, mientras que el crédito a comprador tiene un plazo medio más prolongado,  que ahora oscila en torno a los 25 años.

 En 1997 el  saldo vivo del conjunto del crédito inmobiliario de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito  suponía en España el 39,9% del crédito al sector privado de la economía y el 28.4% del PIB. En el momento del pinchazo de la burbuja, a fines de 2007,  la participación citada en el crédito privado era del 60,4% y su valor equivalía al 102,6% del PIB. El crédito a promotor y constructor  ha llegado  a equivaler al 43,4% del PIB y el crédito a comprador se ha situado en torno al 60%.

  Después de 2007   la restricción crediticia frenó el aumento del crédito inmobiliario y se inició un aumento dramático de la morosidad de dichos préstamos.  A 31 de diciembre de 2011 la tasa de morosidad (saldo de créditos morosos dividido por la suma de los saldos de créditos “normales” y morosos) de los préstamos a promotor se elevaba al 20,9%, la del crédito a constructor ascendía al 17,7% y la de los créditos  a comprador de vivienda era solo del 2,8%. Sin embargo,  la tendencia al alza de estos últimos es una realidad derivada del descenso del empleo y de la recesión de la economía española. El conjunto de la morosidad del crédito inmobiliario ascendía a 31 de diciembre pasado a cerca de 100.000 millones de euros, más del 9% del PIB de España del pasado ejercicio.

Se advirtió pronto que  el ahorro español era insuficiente para alimentar un aumento tan intenso del crédito inmobiliario. La apelación a los mercados exteriores y a los bancos europeos, sobre todo alemanes, resultó imprescindible para financiar  un aumento tan intenso del crédito inmobiliario (el 22,6% de media anual  entre 1997 y 2007, mientras que el PIB nominal  lo hacía por debajo del 9%). Dicha apelación se hizo  sobre todo en el euromercado mediante  emisiones garantizadas con  las carteras de créditos hipotecarios de las entidades de crédito.

 Una parte sustancial de la deuda privada española, que ahora se está convirtiendo en gran parte en deuda pública de todos los españoles, se originó en dicho proceso. La amortización de las emisiones de títulos efectuada para financiar el ladrillo ha pesado de forma restrictiva sobre la actividad de las entidades de crédito españolas después de 2008. El fuerte endeudamiento mencionado no  financió precisamente una ampliación de la base industrial de España, sino que  creó una pirámide improductiva de  alrededor de un millón de viviendas  de nueva construcción no vendidas.

 Dicho excedente de viviendas  ha debilitado  la calidad de los balances de las entidades de crédito y está en el origen de los problemas que acucian en la tarde del segundo sábado de junio de 2012. El proceso citado  ha pesado más en el caso de las cajas de ahorros, cuyo negocio bancario estaba menos diversificado y que se habían convertido  en el brazo armado financiero de los poderes autonómicos y locales, que encontraron en el ladrillo una vía holgada de financiación fiscal.

 La crisis bancaria española, que está obligando a realizar cuantiosas operaciones de reflotamiento bancario, ha resultado ser una crisis bancaria “clásica” y previsible. Detrás de dicha crisis  no ha habido ni productos derivados, ni CDO, ni paquetes de créditos basura titulizados, sino solo un volumen excesivo de créditos a promotor, mucho más peligroso que el crédito a comprador de vivienda. Al contrario de lo que se llegó a pensar, la banca al por menor no es una actividad de bajo riesgo. La práctica desaparición de las cajas de ahorros del mapa bancario español, del que no hace mucho tenían más de la mitad de participación, es la mejor prueba de que dicho riesgo nunca debió de banalizarse.  

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[1] JRL es miembro del colectivo Economistas Frente a la crisis