06 septiembre 2011

Un agosto para recordar

Julio Rodríguez López
  Agosto de 2011 ha sido  un mes por completo atípico.  En España se inició bajo las incertidumbres derivadas del difícil acuerdo logrado en Estados Unidos para ampliar el tope de deuda pública. Pero el mes terminó nada menos que con un trascendente acuerdo entre los dos principales partidos del espectro político sobre la reforma de la Constitución, acuerdo destinado a consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.
 El acuerdo logrado en Estados Unidos entre los partidos demócrata y republicano a fines de julio de 2011   implica reducciones importantes de los niveles de gasto público federal en dicho país. Las dificultades que ello plantea a la política económica son más que evidentes. A los mercados de capitales llegaron a principios de agosto  las tensiones  renovadas tanto por las implicaciones de dicho acuerdo como por  la confirmación de la acusada desaceleración sufrida en el ritmo de crecimiento de la economía mundial en la primera mitad de 2011.
  Los mercados de capitales volvieron a castigar de forma acusada a la deuda de España y de Italia en las dos primeras semanas de agosto.    El diferencial de la deuda de dichos países  respecto de la alemana a diez años llegó a situarse  por encima de los 400 puntos básicos el lunes 8 de agosto. La intervención del Banco Central Europeo (BCE) ha aportado algo de normalidad a dichos mercados. Ello fue así  cuando se comprobó que las actuaciones de dicha entidad alcanzaron  niveles significativos como para incidir en mercados tan profundos como los de la deuda pública de los países mencionados. 
   En el Consejo del BCE las compras del BCE de deuda española e italiana provocaron las previsibles reservas por parte sobre todo de la representación alemana.  La divulgación de tales tensiones internas dentro del BCE planteó nuevas dudas acerca de si las  intervenciones   de dicha entidad en los mercados iban a  mantener la fuerza necesaria para estabilizar la situación de la deuda de los países sometidos a presión.
 En España el gobierno aprobó en Consejo de Ministros de 19 de agosto un paquete de medidas de política económica en el que hubo una sorpresa respecto del contenido inicialmente previsto. Al anticipo de 2.500 millones de euros del Impuesto sobre Sociedades de 2011 se unió una reducción en cuatro puntos  porcentuales en el tipo impositivo correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava las primeras transacciones de viviendas de nueva construcción.  Dicha reducción se aplicaría entre la última semana de septiembre y el 31 de diciembre de 2011, poco más de cuatro meses.
 La persistente línea de actuación del Ministerio de Fomento, ahora titular de las competencias estatales en materia de política de vivienda, en lo relativo a lograr reducir el stock existente de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas, en poder de promotores y de entidades de crédito, consiguió apuntarse un tanto significativo.  A los “roads-shows” por Europa  organizados por dicho ministerio ofreciendo las ventajas de las viviendas españolas vacías,  situadas sobre todo en costas y puntos turísticos,  se ha unido ahora una reducción importante de la fiscalidad que grava las ventas de las viviendas nuevas.
  Dicha medida, que discrimina claramente a las viviendas de segunda mano,  ha sido recibida con alborozo por los dirigentes del Partido Popular, que han anunciado su posible prórroga  a un año, en caso de que dicho partido  ganase las elecciones generales del 20N.  Con la medida en cuestión se pretende estimular las ventas de viviendas de nueva construcción, que habían retrocedido en casi un 40% respecto de 2010 durante la primera mitad de 2011.  El fuerte descenso del tipo impositivo  dará lugar a un seguro descenso de los ingresos fiscales derivados del IVA que grava las ventas de dichas viviendas. Ello no parece importar  con tal de conseguir reactivar la pesada maquinaria de la construcción residencial, que por sí sola explica más de un millón de empleos perdidos  entre 2007 y 2011. Casi la mitad del stock de viviendas no vendidas está  en poder de las entidades de crédito, lo que supone un serio estorbo para lograr llegar a buen puerto en la reforma en marcha del sistema financiero.
 En la presentación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que contenía las medidas citadas el presidente del gobierno, de forma no prevista,  anunció su propósito, consensuado con el Partido Popular, de llevar a cabo una importante reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978.  La reforma en cuestión consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos), introduce el concepto de déficit estructural  a topar y  también poner  un tope al endeudamiento de  dichas Administraciones.
  Una Ley Orgánica, prevista en el nuevo Articulo135 de la Constitución, a aprobar antes del 30 de junio de 2012, definirá el concepto de déficit  estructural (algo así como el déficit corregido de ingresos y gastos públicos derivados del ciclo de la economía) e incluirá los mecanismos precisos para cumplir el límite de deuda pública prevista en el nuevo articulo135-3º.  No está prevista, en principio, la celebración de un referéndum popular para ratificar el acuerdo en cuestión, que está previsto sea aprobado  con  la mayoría suficiente en el pleno del Congreso de 2 de septiembre de 2011.
Agosto termina con las playas ocupadas a tope, lo que no implica un mayor dinamismo económico.  Las pequeñas neveras ubicadas dentro de las toldillas son ya de numerosos colores, no necesariamente azules. Se va a la playa  procurando realizar el menor gasto posible. Las brisas marinas del final del verano vienen llenas del eco de las consecuencias que traerán los idus de agosto de 2011, un mes a no olvidar en la vida de España.
(Publicado en El Siglo, 5 de septiembre de 2011)