Los políticos
del Partido Popular y los medios de
comunicación afines al gobierno han preparado el ambiente para justificar un descenso de los impuestos pagados en España a todas las
administraciones públicas. En las entrevistas que los sábados a mediodía suele
hacer RNE a los alcaldes de la Comunidad de Madrid el locutor pregunta directamente que impuestos va a
bajar en el próximo presupuesto. De este modo, desde un medio público de
comunicación se intenta provocar en el ciudadano la impresión de que bajar impuestos es una
obligación de los gobiernos de las administraciones públicas españolas.
Dicha campaña ha
culminado en el proyecto de ley de reforma fiscal aprobado en reciente Consejo de
Ministros, reforma que va reducir la recaudación estatal en unos 9.000 millones
de euros entre los ejercicios de 2015 y 2016, básicamente en los ingresos
derivados de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de
sociedades. Por otra parte, en el documento “Actualización del Programa de Estabilidad
2014-2017”, enviado por el gobierno a la
Comisión Europea y acordado con la misma, se preveía reducir el déficit de las administraciones públicas desde el 5,5% del PIB de 2014 hasta el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.
La rebaja citada
de impuestos provocaría que los déficits públicos previstos para 2015-16 aumentasen,
en promedio, en unos 4.500 millones de euros cada año, lo que les situaría en niveles del 4,6% y del 3,2%,
respectivamente. Si era preciso reducir
más el déficit público y encima se menguan los ingresos públicos, el ajuste vendrá
de la mano de nuevas reducciones del gasto público, lo que anticipa nuevos
recortes en las prestaciones sociales o en la inversión pública.
España es uno de
los países de la Union Europea y
Eurozona con menor presión fiscal (impuestos más cotizaciones sociales
obligatorias). Según Eurostat, en 2012 la presión fiscal del conjunto de los 18
países de la Eurozona era del 40,4% del PIB, mientras que en España dicha
proporción bajaba hasta el 32,5%. A la vista de la elevada propensión a
importar de la economía española, una parte sustancial de los mayores niveles
de gasto a que puede dar lugar la rebaja fiscal se cubrirá con artículos
producidos fuera de España.
De este modo, el supuesto impacto positivo de la
medida adoptada sobre la actividad y el empleo puede resultar reducido, incluso
negativo. La reforma en cuestión aumentará la renta disponible de algunos
hogares, pero superará dicha elevación el efecto negativo derivado de la paralela
reducción que tendrá lugar del gasto
público, puesto que los hogares ahorraran una parte del ahorro fiscal.
La citada reforma
fiscal se pone en marcha poco después de que la OCDE publicase un trabajo que actualiza las estimaciones disponibles sobre la desigualdad
en la distribución de la renta (OCDE, “Rising
inequality. Income inequality update”, Junio 2014). Del mismo se deriva que
España es el país de la OCDE con el mayor aumento de la desigualdad entre 2007
y 2012. Según dicho trabajo, el 10% de los hogares con rentas más elevadas en
España disfrutaba del 24,6% de la renta disponible de los hogares, mientras que
el 10% de hogares con rentas más reducidas solo obtenía el 1,8% de dicha
magnitud.
Un descenso en la
progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como supone
la reforma proyectada, acompañado de un
nuevo descenso del gasto publico redistributivo, no contribuirá precisamente a
mejorar la equidad en el reparto de la renta en España, sino que se puede
convertir en un nuevo factor de aumento de la desigualdad..
Para los
dirigentes del Partido Popular, especialmente para los de la Comunidad de Madrid, el dinero “hace
milagros” en los bolsillos privados, al
margen de la necesidad de todo tipo de servicios públicos, como son la
educación, la sanidad y las pensiones.
La
campaña ideológica para la reducción de impuestos como una especie de
curalotodo o bálsamo de Fierabrás se inició en el ámbito del PP de Madrid, de
la mano de Esperanza Aguirre. El gobierno de España ha sido un celoso continuador
de tal campaña. La copla de las rebajas fiscales ha llegado a Andalucía, donde
el nuevo líder del PP de dicha autonomía, José M. Moreno Bonilla, provoca hilaridad cuando pide bajar impuestos
a unos ayuntamientos cargados de deudas y agobiados por el brutal ajuste en la
construcción de viviendas, actividad en la que descansa pesadamente la economía
de aquella comunidad autónoma.
La reforma fiscal que se anuncia para el próximo año tiene,
pues, un substrato ideológico
conservador que lleva a implantar dicha medida cuando España todavía no ha
terminado el proceso de consolidación fiscal
a que ha conducido la crisis. La aplicación de la reforma equivale a frenar el alcance de un importante
factor reductor de la desigual distribución de la renta en España. Se trata,
pues, de una política poco responsable.