09 julio 2016

UN PROGRAMA DE REFORMAS PARA EL NUEVO GOBIERNO Julio Rodríguez López

  En julio de 2016 España ha vivido unos nueve meses con un gobierno en funciones y ha celebrado dos elecciones generales con resultados no muy diferentes. Se subraya, en general, la necesidad de evitar la celebración de unas terceras elecciones generales. Pero no parece vaya a ser fácil  que uno de los cuatro partidos con mayor representación logre la investidura y pueda formar un gobierno dotado de una mínima estabilidad política. No es imposible haya nuevas elecciones en 2016. Sobre el contenido del programa de gobierno, hay acuerdo sobre los problemas económicos más trascendentes, pero existen diferencias sustanciales en lo relativo a las políticas necesarias para superarlos.

  La economía española ha mantenido una tónica de clara recuperación del crecimiento y del empleo en el primer semestre de 2016. El PIB ha crecido en un 3,3% sobre el mismo periodo del año precedente y la variación del empleo ha presentado una evolución equivalente, generándose más de 500.000 nuevos puestos de trabajo. En estos últimos destaca la elevada temporalidad, la baja remuneración y la presencia de  contratos a tiempo parcial, que encubren con frecuencia jornadas normales de trabajo.

  Los precios de consumo han registrado una variación anual del -1% en el primer semestre, impulsados sobre todo por los más bajos precios de la energía. La balanza de pagos por cuenta corriente mejorará en 2016 el superávit de 2015 (1,5% del PIB). El lunar negro de la coyuntura económica española es el nuevo aumento del déficit de las administraciones públicas registrado en el periodo enero-abril de 2016. El mayor déficit  es consecuencia sobre todo de la caída de ingresos derivada de las reformas (rebajas) introducidas en el sistema fiscal en 2015, que están teniendo  plenas consecuencias en 2016.

 En  el documento del gobierno remitido a la Comisión de la  UE   de abril de 2016  “Adaptación del Programa de Estabilidad, 2016-2019” se anticipaban unos déficits públicos  del 3,6% y del 2,9% del PIB para 2016 y 2017, respectivamente. La evolución de los ingresos fiscales y del  gasto público en el primer cuatrimestre de 2016 hace imposible el cumplimiento de  dichos objetivos. En  2017 no se conseguirá situar el déficit citado por debajo del 3% del PIB.  La Comisión aguarda el momento oportuno para anunciar la imposición de una multa  a España por incumplir ampliamente el objetivo de déficit público en 2015 (-5,1% del PIB frente al  -4,2% anticipado).La continua apelación de Guindos a que España está creciendo más que la media no exime de nada, casi da más argumentos a la crítica de la Comisión.

  El nuevo gobierno de España  tendrá que mantener el ritmo de crecimiento como factor decisivo para la reducción del desempleo (21% de los activos  era la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2016, según la EPA).  Deberá equilibrar las cuentas de las administraciones públicas, estableciendo un escenario creíble para situar el déficit por debajo del 3% del PIB. Resulta imprescindible, además,  reducir las crecientes  e irritantes desigualdades que la política económica seguida entre 2011 y 2015 ha provocado entre los hogares españoles.

  Las  propuestas políticas a seguir difieren de forma sustancial entre las principales fuerzas políticas. El nuevo gobierno, sea o no de coalición, deberá apoyarse en acuerdos sobre las que van a ser las principales palancas de actuación de la política económica.

-Una reforma fiscal que permita  elevar la recaudación eliminando sobre todo las numerosas exenciones y deducciones propias del sistema fiscal español. Solo así será posible mantener un estado bienestar de nivel europeo. Los ingresos fiscales deberán superar el tope del 38% del PIB  autoimpuesto por el actual gobierno.

-Una política de pensiones que refuerce los ingresos sin dejarlos al albur de la evolución del empleo y de los salarios. Una parte de las actuales pensiones deberá cubrirse con impuestos. La solución no está en la reducción de las pensiones, que es a lo que lleva  la política actual.

-Una corrección de los excesos introducidos por la reforma del mercado de trabajo. Debe de devolverse  el papel central a la negociación colectiva y no debe de resultar tan barato despedir a los asalariados. Los cambios a introducir  deben de contribuir sobre todo a reducir la elevada temporalidad  de los nuevos empleos. El ajuste salarial requiere una seria corrección, que debe de visualizarse en una actualización significativa y rápida del salario mínimo interprofesional.

-Reforma  del sector energético, simplificando y reduciendo  la pesada  factura  eléctrica actual  y recuperando el apoyo a las energías renovables. No se  aumentará, sino al contrario, el parque de centrales nucleares.

- Reforzamiento de las políticas activas de empleo, sobre las cuales  debe de ejercer una mayor coordinación el gobierno central.

-Reforma del sistema de financiación autonómica, aumentando la responsabilidad de las autonomías en la obtención de ingresos fiscales e impidiendo a la vez una fragmentación mayor de la fiscalidad en España.

-Mejora de la productividad, impulsando que las empresas exporten, innoven o gasten en formación como condición indispensable para conseguir el cambio de modelo productivo (Rafael Myro, “Sector Exterior, apuesta por la internacionalización”, Temas para el debate, Junio 2016).

Atender a los problemas generales de las ciudades, desarrollando un urbanismo que n sea cómplice del creciente carácter difuso de las mismas. Debe de resucitar la olvidada política de vivienda y hay que equiparar la normativa sobre desahucios a la realidad más frecuente en Europa Occidental.

 El interés general debe de ser  la condición necesaria para lograr que las reformas logren los objetivos perseguidos, anteponiéndolo a objetivos personales o de partido. (J. Ignacio Conde-Ruiz, “Reformar para crecer: no es el que, es el cómo “, Ahora, 24.6.2016).

Una versión de este trabajo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 11.7.2016





[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

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