21 julio 2010

Una cifra relevante: el stock de viviendas nuevas no vendidas

Julio Rodríguez López

En los análisis de la situación económica española hay una cifra que surge con frecuencia. Se trata del total de viviendas de nueva construcción no vendidas. El total estimado incide en principio sobre la situación de las entidades de crédito. La mayoría de las promociones de nuevas viviendas se han construido con recursos aportados mediante créditos bancarios. El que las viviendas no se vendan hace que la empresa promotora aparezca como morosa ante la entidad que la financió. Esta realidad incide sobre la calidad del balance del banco o caja de ahorros que financió la promoción, afectando a sus resultados.

En segundo lugar, la realidad de un stock importante de viviendas de nueva construcción no vendidas influye en el mercado de viviendas. Dicha situación revela que hay un exceso de oferta en dicho mercado, lo que provoca que los promotores no inicien nuevas viviendas. Además, la presencia de un stock importante de viviendas nuevas sin vender mueve a la baja a los precios. En las siete provincias españolas en las que han tenido lugar descensos de precios mas significativos (-16%) desde el inicio de la crisis en 2008 (Guadalajara, Toledo, Huesca, Alicante, Málaga, Las Palmas y Murcia) el stock de viviendas registró los mayores aumentos entre 2001 y 2008 (30%). Dichas provincias presentaron unos niveles de stocks de viviendas nuevas no vendidas por habitante por encima de la media de España.

Las estimaciones del stock citado en España se han realizado hasta el momento de forma indirecta, pues no se ha efectuado ninguna estimación directa que confirme dicha realidad. El método mas utilizado ha consistido en restar de las viviendas terminadas en un periodo de tiempo, como es el caso del transcurrido entre 2005 y 2009, las viviendas de nueva construcción vendidas. Las primeras diferencias entre las estimaciones surgen según los indicadores empleados, puesto que dichas magnitudes se pueden aproximar en España según distintos indicadores.

Una segunda fuente de discrepancia aparece con la cuestión de la autoconstrucción, efectuada por promotores individuales o por cooperativas. Se han realizado estimaciones del stock citado en las que se ha considerado que dichas viviendas se han vendido, supuesto que resulta discutible como mínimo. A partir de dicho supuesto los resultados obtenidos reducen el alcance del stock en cuestión.

Entre 2005 y 2009 se terminaron en España 2.753.600 viviendas, según las certificaciones de fin de obras de los aparejadores. Los datos de origen los publica cada mes el Ministerio de Fomento. En el mismo periodo de tiempo las viviendas de nueva construcción vendidas ascendieron a 1.647.300, según la estadística mensual de compraventas de viviendas registradas del INE. De lo anterior se deriva que a fines de 2009 habia en España un stock de viviendas no vendidas que ascendía a 1.106.300, unas 24,3 viviendas por cada mil habitantes. Dicho total equivalía al 4,5% del parque de viviendas de España, situado en 25,5 millones de viviendas en la misma fecha.

Si el total de viviendas no vendidas se relaciona con el número de habitantes, Castilla-La Mancha aparece como la autonomía relativamente mas cargada de viviendas sin vender, con 52,9 viviendas no vendidas por cada mil habitantes, seguida de Murcia (46,5) y Valencia (41,2). Los menores niveles relativos del stock de viviendas nuevas no vendidas serían los de Extremadura (2,1), Canarias (3,7) y Baleares (8,1).

Los datos anteriores confirman que los mayores excesos de construcción residencial tuvieron lugar en el denominado “arco mediterráneo” (Valencia y Murcia), junto a alguna provincia andaluza como Málaga, y en la periferia de Madrid, donde los mayores excesos han sido los de Toledo y Guadalajara. Otras estimaciones alternativas han deducido del total citado todas las viviendas terminadas procedentes de autopromociones y de cooperativas, con lo que el stock en cuestión se situaría en algo menos de 700.000 viviendas.

En todo caso se trataría de una estimación de mínimos. No se exagera al decir que en España, a fines de 2009, habia un número de viviendas nuevas sin vender cuyo total oscilaba entre 700.000 y 1.200.000 (entre el 2,7% y el 4,5% del parque de viviendas).

2007 y 2008 fueron los años en los que se efectuaron las mayores aportaciones al stock citado de viviendas no vendidas, con una media anual de “excedentes” de alrededor de 320.000 viviendas. En 2010 la mejoría del ritmo de ventas de viviendas, que han crecido en un 11,5% sobre el año anterior en el periodo enero-mayo, unida al fuerte descenso de la nueva construcción en 2008 y 2009 va a frenar el aumento del total de viviendas no vendidas. Dicho total podría llegar a retroceder en este ejercicio a la vista de las estimaciones más conservadoras antes mencionadas y si persiste la tendencia apuntada en el resto del año.

El modelo de crecimiento, que no de desarrollo, seguido en España entre 1997 y 2007 no parece haber cambiado. Son mas que numerosos los ayuntamientos que estan esperando la “resurrección del ladrillo” para volver a las andadas en cuanto se disponga de financiación crediticia abundante. El cambio de modelo productivo no deja de ser todavía una abstracción, por más que se le eche la culpa de los excesos al mercado de trabajo.

(El siglo, 19.7.2010)

16 julio 2010

Sobre el futuro de los precios de la vivienda en España

Julio Rodríguez López

Los precios son el indicador más representativo de la situación de cualquier mercado. Sin embargo, en el caso de la vivienda en España el ajuste de la fase de recesión ha descansado en el descenso de las ventas y en la abrupta caída de las viviendas iniciadas. El retroceso de los precios de la vivienda parece haber sido muy moderado en este caso, si se le compara con lo sucedido en países en los que dicho mercado ha sufrido un ajuste equivalente al de España. En 2010 subsiste la duda acerca de si los precios de la vivienda en España van a retroceder mas respecto de los niveles alcanzados o si van a volver a aumentar en breve plazo.

Entre 2007 y 2009 las ventas de viviendas descendieron en España en un 47,6%, las viviendas iniciadas retrocedieron en un 83%, mientras que los precios de las viviendas (cuarto trimestre) disminuyeron en un 9,3%. El ajuste derivado del descenso de la demanda se ha concentrado sobre todo en la disminución de la nueva oferta de viviendas, lo que ha afectado de forma muy negativa a la situación del empleo en España. Los precios de las viviendas han continuado descendiendo en 2010. El dato relevante es el de la variación registrada entre el punto más alto de dicho indicador (primer trimestre de 2008) y el más reducido (primer trimestre de 2010), que ha sido del -11,2%.

El recorrido ha sido el mismo para el indicador trimestral de precios de vivienda del INE. En cambio, fue más acusado para el indicador de la importante empresa tasadora Tinsa, en la que el descenso en cuestión ha sido del -16,6%. En todo caso las imperfecciones habituales de las estadísticas de precios de viviendas (el continuo cambio en las viviendas que se venden es el problema metodológico mas serio) dejan dudas sobre la intensidad real del descenso de viviendas en España en la fase de recesión de dicho mercado.

Las ventas de viviendas crecieron en España en un 11,4% entre enero y abril de 2010 sobre el mismo periodo del año precedente. A dicho aumento contribuyeron la recuperación de los préstamos a comprador de viviendas y los bajos tipos de interés vigentes en los préstamos a comprador. Estos últimos han alcanzado los niveles mas reducidos de la historia económica de España, un 2,67% en mayo de 2010. Una vez “controladas” las promociones no vendidas por las entidades financiadoras, parece haber sido mas fluido el ritmo de los nuevos préstamos.

De continuar dicha recuperación en el resto de 2010, el mercado de la vivienda en España habría dejado atrás una fase de postración de algo más de dos años. Entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2010 los descensos de los precios de la vivienda han variado entre los distintos territorios. El “arco mediterráneo” (Murcia y Valencia), las islas, junto a Madrid y Castilla-La Mancha, han registrado los mayores descensos. Los territorios más distantes de Madrid y de las costas están sufriendo los menores descensos de precios.

En el alcance del retroceso de los precios de la vivienda han desempeñado un papel trascendente la evolución del empleo y la intensidad con la que creció el parque de viviendas en la fase de auge. Esto es coherente con el nivel del stock de viviendas de nueva construcción no vendidas. La dimensión de dicho stock oscila en España entre algo menos de 700.000 viviendas y 1.100.000, según los supuestos que se establezcan para su estimación.

En las siete provincias (Guadalajara, Toledo, Huesca, Alicante, Málaga, Las Palmas y Murcia) con mayor caída de los precios (-16,1% en promedio) el parque de viviendas habia aumentado en un 30% entre 2001 y 2008, segun las estimaciones publicadas por el Ministerio de Vivienda. El descenso del empleo en dichas provincias (-10,1%) solo fue ligeramente superior a la media de España (-9,8%). La sobreoferta local de viviendas es el factor que más “tira “pará abajo de los precios, mientras que las caídas del empleo parecen haber ejercido una incidencia menos acusada. Se construyó masivamente para inversores, al margen de la situación de la demanda en los lugares de construcción.

La tendencia mundial en 2010 ha sido de recuperación del mercado y de los precios de la vivienda. En Europa dicha tendencia ha sido menos clara, destacando los notables aumentos nominales de Finlandia, Noruega, Suecia y Reino Unido, países en los que no habia tenido lugar una sobreoferta comparable con el caso de España durante la fase de auge. En Europa Occidental, Irlanda es el país que presenta una situación mas deprimida, a la vista del descenso interanual del primer trimestre (-18,9%).

Los bajos tipos de interés, la recuperación gradual del ritmo de concesión de nuevos préstamos, la mejora de la accesibilidad para los hogares con empleo y el fin de la desgravación fiscal para los hogares con ingresos superiores a 24.000 euros desde 1.1.2011 pueden contribuir a una elevación moderada de la demanda y de los precios de la vivienda en España en la segunda mitad de 2010. Sin embargo, los cambios en la regulación de los activos inmobiliarios en poder de las entidades de crédito pueden acrecentar la propensión a la venta de dichos activos por parte de dichas entidades. Junto a ello, el poco entonado clima económico general y la existencia de un amplio stock de viviendas sin vender pueden provocar nuevos descensos en los precios de las viviendas.

(Público, 16.7.2010)


07 julio 2010

Política económica y empleo

Julio Rodríguez López
Tras las medidas de ajuste del gasto público de mayo de 2010, en junio llegó la primera fase de la reforma del mercado de trabajo. La segunda se desarrollará en el verano, cuando el Real Decreto –ley 10/2010 "de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo" (BOE de 17 de junio de 2010) pase por el Parlamento. Todo apunta a que su contenido puede ser objeto de endurecimientos adicionales en la reforma iniciada del mercado de trabajo en España. Antes de que se negocie en el marco del Pacto de Toledo la reforma propuesta del sistema de pensiones, alargando la edad de jubilación, han surgido nuevos nubarrones sobre la normalización del desenvolvimiento de la economía española.
Los ajustes presupuestarios a la baja se han acumulado entre los países de la Unión Europea. Dicha circunstancia recortará la demanda global de la economía. Las persistentes dificultades de financiación externa de las entidades de crédito de dicha área económica, entre ellas las españolas, no facilitarán el logro de un ritmo más dinámico de aumento del crédito bancario.
La Comisión de la Unión Europea ha exigido al Gobierno español la garantía de que el déficit de todas las administraciones públicas no pasará del 6 por ciento del PIB en 2011. Esto implica un recorte del gasto muy superior al contemplado en la previsión de déficit del 7,5 por ciento recogida en el Plan de Estabilidad del gobierno de febrero de este año. El contexto general de la economía europea es, pues, de ajuste fiscal. Ahora dominan los halcones del déficit. Ante el perfil restrictivo de las políticas económicas las exportaciones a países de fuera de la UE son la principal válvula de escape de la de-manda, lo que exige mejorar la competitividad con carácter urgente. La crisis fue primero financiera y provocó un fuerte racionamiento del crédito. En principio pinchó la burbuja inmobiliaria y después pasó a otros sectores productivos, como fue el caso de la industria. Después, en 2010, llegó la crisis de la deuda, en la que en España domina la deuda privada. Pero el ascenso del déficit público hasta el 11,2 por ciento del PIB en 2009 ha complicado la posición global de la economía española ante los mercados de capitales.
Una actualización de la normativa laboral, aproximándola más a los modelos dominantes en los países del norte de Europa, parecía conveniente para facilitar la mejora de la competitividad y contribuir a la salida de la crisis. Llama la atención que en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 10/2010 los males de la economía española parezcan descansar en el vigente modelo de relaciones laborales. Primero se alude a la influencia negativa sobre el empleo de la "estructura productiva del crecimiento económico", concepto no demasiado claro. En un párrafo posterior dicho texto legal declara sin reservas que el modelo de relaciones laborales "ha generado la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo".
Desde el inicio de la crisis, a partir del último trimestre de 2007, el empleo en España, medido por la estadística de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, ha descendido en 1.847.900, casi un 10 por ciento del total inicial. Los descensos más acusados han tenido lugar en los sectores de la construcción (-1.038.300, el 56,2 por ciento del descenso total) y de la industria (-489.700, el 26,5 porciento). Llama la atención el aumento neto registrado en los empleos de los "servicios no de mercado", que crecieron en más de 89.000, correspondientes sobre todo al incremento del empleo público en las comunidades autónomas.
Como los servicios inmobiliarios tienen un peso sensible dentro del sector de los servicios, se puede aproximar que el 65 por ciento de la caída del empleo en España, desde el inicio de la crisis, se deriva del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y del retroceso del resto de la construcción. La sobreoferta de viviendas, que llevó a construir en 1997-2007 más de dos millones de viviendas por encima de la creación de hogares, no la provocó el citado modelo de relaciones laborales. Además, dicho exceso de oferta tiene bastante relación, no sólo con el empleo destruido, sino también con el origen de las presentes dificultades de refinanciación de las entidades de crédito españolas en los mercados de capitales.
Un trabajo de José María Zufiaur (Sin Permiso, revista digital, 28 de junio de 2010) subraya cómo las reformas laborales impuestas desvían la atención de las cuestiones reales que lastran la productividad española, "especialmente la creencia de que se puede separar radicalmente el modelo laboral del modelo productivo y del modelo social". Fn 2009 la construcción supuso el 10,7 por ciento del valor añadido total de España, más de cuatro puntos por encima de la proporción correspondiente a la Eurozona. Cabe preguntarse si el modelo económico subyacente a la citada exposición de motivos tuvo en cuenta dicha circunstancia a la hora de analizar las causas de la caída del empleo en España.
Publicado en El Siglo Julio de 2010

06 julio 2010

Zapatero ya tiene su reforma laboral



José María Zufiaur

Durante seis años Zapatero ha dado la impresión de que quería que una de las señas de identidad de su paso por la Presidencia del Gobierno fuera la de diferenciarse de sus predecesores González y Aznar Él no iba a imponer ninguna reforma laboral sin el consenso de los interlocutores sociales y, por tanto, tampoco a él le iban a declarar los sindicatos una huelga general. Al final ha entrado a formar parte del mismo club. Ahora sí que se puede decir que Zapatero no está sólo. Le arropan quienes en el PSOE hicieron las anteriores reformas laborales y recibe los parabienes de Obama, del Fondo Monetario Internacional, del Consejo Europeo. De tal manera que, muy acorde con su tendencia a ser el campeón mundial de lo que emprenda, parece decidido a llegar más allá que nadie en la reforma laboral, en la de la negociación colectiva, en la del desempleo y en la de las pensiones.

Esta reforma, aprobada ya por Real Decreto Ley, tendrá, más allá de sus contenidos concretos (que seguramente acentuarán su carácter regresivo en el trámite del decreto como proyecto de Ley), cinco características comunes con las anteriores que se han venido sucediendo desde 1984. Tampoco en esto Zapatero se va a diferenciar de sus predecesores.

La primera, que los ultraliberales la van a considerar insuficiente. Los demandantes de la “verdadera reforma laboral” en España no van a cejar en su empeño. Nunca van a estar satisfechos con nada que no sea el despido cuasi gratis y sin justificación, la reducción del derecho laboral a su mínima expresión y la individualización de las relaciones laborales. Se mostrarán insatisfechos con esta reforma – aunque sean sus inspiradores – e insistirán en que no hay que llegar a una próxima crisis para volver a la carga. No ha hecho falta esperar mucho para comprobarlo: el Gobernador del Banco de España, tras haberse erigido durante meses en el adalid de los trabajadores temporales y de haber justificado la reforma en la necesidad de acabar con la dualidad de nuestro mercado laboral, critica ahora la más mínima modificación de la actual regulación de los contratos temporales. No le preocupa, pese a los cuatro millones seiscientos mil parados, abaratar y facilitar el despido pero descalifica con dureza que se establezca un plazo de cuatro años para los contratos de obra o servicio y se amplíe - ¡a lo largo de cinco años! – de 8 a 12 días la indemnización de los temporales.

Como en otras ocasiones, esta reforma se va a añadir y a superponer a las anteriores y no va a arreglar los defectos que las mismas tenían. Ni, por supuesto, va a arreglar los males que arrastra nuestro modelo laboral. No hay más que ver cómo tras las sucesivas reformas, recortes y abaratamientos, en cada crisis son más graves nuestros problemas. Una vez más, lo que conseguirá es abaratar y facilitar más el despido y precarizar más las relaciones de trabajo.

Tampoco espero, por lo tanto, que esta reforma colme los objetivos que proclama. El resultado de todas las grandes reformas anteriores – en 1984, en 1994, en 2002 – fue totalmente distinto al que expresaban sus exposiciones de motivos. La de 1984, fundamentada en el demoledor principio de que “es mejor un empleo precario que ninguno” pretendía ser coyuntural y, sin embargo, la precariedad laboral se ha convertido en un cáncer estructural. La del 94, inspirada en un modelo italiano que ya había periclitado en Italia diez años antes, quería debilitar la ley para fortalecer la negociación colectiva y someter la temporalidad al principio de causalidad. Pero la ley se debilitó sin apenas fortalecer la negociación colectiva y la temporalidad siguió campando por encima del 30%. El Decretazo de Aznar, en 2002, decía buscar una modernización del mercado de trabajo, evitar la segmentación laboral y reducir la temporalidad. Auque, en realidad, lo que consiguió fue propiciar los despidos improcedentes y lograr (mediante el llamado “despido exprés”, facilitado por la eliminación de los salarios de tramitación) que el volumen de despidos de los trabajadores fijos se acercara al de las finalizaciones de contrato de los eventuales. No sólo los trabajadores españoles son más precarios que antes y el desempleo, en momentos de crisis, crece más que en ningún lado. Además, y a título de ejemplo, el 11% de los trabajadores españoles (tres puntos más que la media europea) tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza y el 60% no llega a ser “mileurista”; el nuestro, es uno de los países europeos en los que más ha aumentado la jornada real de trabajo; y la temporalidad entre los jóvenes menores de 30 años ha alcanzado porcentajes del 53% antes del inicio de la crisis y la tasa de paro de este colectivo alcanza actualmente el 40%.

En cuarto lugar, todas las reformas, incluida la actual, tienen en común que responden más a la exigencia de un apriorismo ideológico que al resultado de un análisis reposado, documentado, contrastado y compartido de la realidad de nuestro mercado laboral. Sobre todo, son fruto de esquemas teóricos que, contra lo que mantienen sus autores, desconocen y son ajenos a la realidad de nuestro mercado de trabajo. Se parte de premisas apriorísticas que son, cuando menos, muy discutibles. A título de ejemplo, la idea de que España ha mantenido durante los años de expansión una mayor tasa de paro, como consecuencia del modelo laboral. No se repara en otras causas, como la fuerte incorporación de personas a nuestra población activa, muy superior a la de cualquiera de los países de nuestro entorno. O la afirmación de que nuestro mercado de trabajo es muy rígido, cuando el último informe sobre el Empleo en Europa, de 2009, señala que somos los primeros en tasas de contratación, los terceros en tasa de despidos y los segundos en tasa de rotación del empleo. En la misma línea se enmarca la idea de que las empresas están absolutamente encorsetadas y condicionadas por los ámbitos de negociación superiores a los de la empresa. Cuando, en realidad, en muchos sectores no existe convenio estatal y los contenidos de los convenios supraempresariales son absolutamente exiguos (una tabla de salarios mínimos muy alejados de los que pagan las empresas, delimitación de la jornada máxima anual y un corto repertorio de cuestiones que, por genéricas, no condicionan apenas la gestión empresarial).

En fin, el problema de todas las reformas laborales, sobre todo de las impuestas, ha sido que, obsesionados por el coste monetario del despido, desvían la atención de las cuestiones reales que lastran nuestra productividad: la insuficiente formación de nuestros trabajadores; la escasa capitalización de nuestras empresas; la deficiente modernización en los procesos productivos; la falta de una política de innovación, sobre todo en el sector privado; la ausencia de política industrial; la inflación de precios en el sector de servicios, inflación que también hay que achacar a los incomparables márgenes de beneficios de nuestras empresas; el raquitismo de nuestras políticas activas de empleo; el propio carácter precario, mal retribuido, segmentado de nuestro modelo laboral. Y, especialmente, la creencia de que se puede separar radicalmente el modelo laboral del modelo productivo y del modelo social. Si los países escandinavos tienen un modelo productivo más competitivo y un modelo social más cohesionado es porque la presencia de sindicatos realmente fuertes conllevó desde el inicio la apuesta por un modelo laboral más estable, igualitario y con poder en la empresa y en la sociedad. La práctica inmutabilidad de ese modelo laboral facilitó una poderosa negociación cooperativa entre empresas y trabajadores y un gran esfuerzo de ambas partes para conseguir un alto grado de competitividad. Una vez más, la mayor equivocación de esta reforma laboral va a consistir en creer que es posible desarrollar una economía sostenible, competitiva y de primera división con un modelo laboral cada vez más precario y tercermundista. Considerar que el modelo laboral y el modelo productivo no se interrelacionan mutuamente es un grave y oneroso error que nos persigue a lo largo de muchas décadas.

Tres son, de momento, los grandes apartados de la reforma que se acaba de aprobar: 1) rebaja drásticamente el precio del despido, en sus distintas formulaciones; 2) modifica de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción; 3) se permite la entrada de las Empresas de trabajo temporal (ETT) en sectores sensibles y de riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y se liberalizan las agencias privadas de colocación.

El despido/los despidos, se abaratan. El coste para las empresas de las distintas modalidades de despido de los contratos fijos se reducirá en 8 días. Esa rebaja la pagará el Fondo de Garantía Salarial. Nominalmente los trabajadores seguirán cobrando las mismas indemnizaciones que antes. Pero, al generalizarse los contratos de fomento de la contratación indefinida, todos los nuevos contratados percibirán en el futuro una indemnización por despido improcedente muy inferior a la actual.

Los improcedentes de 45 días por año y un tope de 42 mensualidades – que con la generalización de los improcedentes con un coste de 25 días se irán amortizando con el tiempo o, simplemente, en la siguiente reforma se eliminarán – costarán 8 días menos. Los contratos de fomento de la contratación indefinida, de 33 días de indemnización, costarán 25 días, con un tope de 24 mensualidades. El “despido exprés” – es decir, la aceptación por el empresario de la improcedencia del despido y el adelanto del montante de la indemnización, evitando los salarios de tramitación y convirtiendo en superflua la intervención judicial – se mantiene. Los despidos objetivos del art. 52 c del Estatuto de los Trabajadores pasarán a costarle al empresario 12 días por año. También en los despidos colectivos se reduce la indemnización de 20 a 12 días. Conclusiones: el abaratamiento del despido para las empresas favorecerá que haya más despidos; y aunque, formalmente, el trabajador seguirá cobrando 45, 33 o 20 días, al menos para un 40% del mercado de trabajo la indemnización por despido será en el futuro mucho menor.

Además, se modifican las causas del despido, recogidas en el art. 51 del ET, para todos los trabajadores, tanto antiguos como nuevos. No se llega a establecer, como demandan algunos, que “las causas de la extinción del contrato por causas objetivas sean las que determine el empresario”. Pero se avanza en esa vía. En las causas económicas a la “situación negativa” se añade la doctrina de la “mínima razonabilidad”. Lo que, probablemente, reducirá el margen de interpretación de los jueces para impedir que tengan en consideración situaciones continuadas de pérdidas, volumen de los despidos, etc. Este mismo principio de la “mínima razonabilidad” se aplica en los supuestos de despidos objetivos por causas tecnológicas, organizativas o de producción. Aunque los medios de comunicación no se han centrado en ello, las modificaciones en este tipo de despidos – ya no se van a vincular estos supuestos a la situación económica negativa de las empresas y bastará con que se produzcan en esos conceptos simplemente “cambios” muy indeterminados - pueden tener consecuencias más devastadoras que en el caso de los despidos por causas económicas.

En este apartado – en realidad adelantando aspectos muy vinculados con la reforma de la negociación colectiva que se reclama – hay que señalar la posibilidad añadida de que, por acuerdo a nivel de empresa, se pueda producir el descuelgue del convenio de ámbito superior. En la reforma del 94 se estableció que fuera el convenio sectorial el que estableciera los requisitos para un descuelgue de las condiciones salariales pactadas. Ahora se posibilita hacerlo, por acuerdo, en el ámbito de la empresa, donde la intervención sindical será mucho más problemática. Esta desvinculación podrá ahora afectar a prácticamente todas las materias relevantes del convenio sectorial (horarios y distribución de la jornada, trabajo a turnos, sistemas de remuneración y sistemas de trabajo y rendimiento). Afortunadamente, el precedente de algunas sentencias del Tribunal Constitucional ha echado por tierra la idea del arbitraje obligatorio, que hubiera debilitado aún más la negociación colectiva.

El tercer bloque de la reforma afecta a las Empresas de Trabajo Temporal y a las Agencias de colocación. Se permite la actuación de ETT en sectores sensibles, tanto para la salud como para los principios que rigen las administraciones públicas, liberalizando por completo su actividad. Y se introduce el ánimo de lucro y, tal y como se ha hecho, la “selección adversa” de los trabajadores en la intermediación laboral: el que tenga menos posibilidades de colocación será rotundamente rechazado por estas empresas.

En suma, la reforma no va a eliminar la precariedad, la temporalidad y la segmentación del mercado de trabajo: las va a aumentar. En efecto, no es nada convincente que las medidas adoptadas sobre la contratación temporal vayan a reducir sensiblemente el porcentaje de temporalidad laboral en nuestro país. La segmentación se pretende “solucionar” haciendo a todos los trabajadores más precarios. En cinco años, el coste del despido de los fijos y de la finalización del contrato de los temporales será el mismo: 12 días. Y las diferencias para extinguir un contrato o para finalizarlo no serán muy grandes. Se llega, así, al “contrato único” por vía de aproximación.

Además, con la reforma se van a crear otras formas de segmentación. Al menos tres. La segmentación entre los viejos contratos indefinidos ordinarios (en torno al 60% del conjunto, y decreciendo por amortización de la figura) y los nuevos contratos indefinidos de fomento (en torno a un 40%; el ministro de trabajo ha hablado de 12 millones y de 8 millones, para diferenciar uno y otro colectivo). La segunda segmentación se producirá entre aquellas empresas que despiden poco y tienen poca temporalidad pero que cotizan para subvencionar el despido y el desempleo y aquellas otras que, cotizando lo mismo, despiden mucho y tienen alta temporalidad y generan, por tanto, más gasto en prestaciones por desempleo, aprovechándose del mayor esfuerzo de las primeras. Y, tercero, la segmentación entre los trabajadores “empleables”, intermediados por las agencias privadas, y los trabajadores “poco empleables”, gestionados por los servicios públicos de empleo.

La reforma tiene algunos aspectos positivos, como las ayudas al empleo de los jóvenes, y la implementación del llamado “modelo alemán”. Aunque en este caso, se tendría que haber adoptado antes y, en todo caso, tendrá menos efectos positivos que en Alemania. Por dos razones: por la propia estructura de nuestro modelo productivo, con un mayor número de empresas pequeñas; y, sobre todo, porque en Alemania es mucho más difícil despedir que en España y la cultura de las empresas es allí mucho más proclive a mantener el saber hacer de los trabajadores en las empresas. La reforma española no va precisamente a reforzar esos factores, sino que irá en sentido totalmente opuesto. Desde este punto de vista habría que preguntarse por la coherencia de una reforma que impulsa al mismo tiempo medidas que favorecen despedir más y medidas para reducir los despidos.

En fin, la reforma (mucho más si a ella sigue el rosario de reformas y ajustes a los que se ha comprometido Zapatero) tiene todos los ingredientes para un enorme desgaste político del Gobierno. Primero porque es muy dura, la más dura, en sí misma, de la democracia, sin contar con el hecho de que se añade a las anteriores. Además, porque es inverosímil, y muy desacreditable, que el Gobierno diga todo lo contrario de lo que ha dicho durante los últimos tres años. No es tampoco impensable que los mercados sigan acorralando a España por la enorme deuda privada que acumula, con lo que quedará al descubierto el nulo valor de la reforma como pararrayos contra el ataque de los especuladores. Así mismo, la recuperación del empleo va a tomar bastante tiempo, entre otras cosas gracias a las medidas de ajuste, lo que evidenciará la nula relación positiva – seguramente puede tener alguna negativa – entre la reforma y la reducción de las tasas de paro. A mayor abundamiento, no es en absoluto creíble esta repentina fe inquebrantable del Gobierno en las virtudes, la conveniencia y la urgencia de esta reforma. Si uno se cree los argumentos con que el Ejecutivo está defendiendo la reforma tiene que llegar, lógicamente, a la conclusión de que si hubiera sido el PP quien la hubiera realizado desde el Gobierno, el PSOE la estaría apoyando sin objeción ninguna desde la oposición. Conclusión que puede resultar demoledora para lo que los franceses llaman “el pueblo de izquierdas”. Finalmente, para sacar adelante la reforma, el Gobierno va a tener que conciliar con una oposición que puede, al mismo tiempo, exigir más, seguir desgastando al Gobierno y dejar que se consolide la nueva regulación con su opinión en contra, aunque con su absentismo o voto a favor. Un panorama, en suma, ruinoso

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