28 noviembre 2011

Una pesada resaca postelectoral

Julio Rodríguez López
   Los resultados de las elecciones generales celebradas en España el 20 de noviembre no han contribuido a aclarar, en un primer momento, la difícil situación de la economía española. El partido ganador ha conseguido un moderado aumento del voto popular respecto de 2008, el 4,7%, correspondiente a unos 570.000 votos.  La victoria del Partido Popular y el ascenso de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno se deben sobre todo al abrupto retroceso de los votos obtenidos por el  PSOE. Este ha sufrido un descenso del 15% en el número de votos, correspondiente  a unos 4,3 millones de votos.
  Un aumento modesto del voto propio y un hundimiento del contrario implican que la opinión pública puede mantener, en principio,  un perfil más crítico hacia la  gestión de los ganadores que en el caso de haberse registrado un más amplio deslizamiento de votos en favor del Partido Popular. El voto socialista viene retrocediendo desde las elecciones autonómicas de Cataluña del otoño de 2010. En las últimas elecciones,  dicho voto,  próximo a los siete millones,  apenas mejora el correspondiente a  las elecciones municipales de mayo de 2011. Nada garantiza que se detenga la tendencia a la baja de dicho voto, cambio que exige casi una refundación del PSOE y una puesta al dia del proyecto, que ha perdido ideas y frescura intelectual desde 2004.  
 Por otra parte, desde el verano de 2011 la situación de la Eurozona se ha complicado de forma sustancial. La especulación de los mercados  contra la deuda pública se extendió  a la deuda de Italia y España. Dicha situación, unida a la evidencia de que el gobierno italiano apenas había puesto en marcha las reformas necesarias para hacer frente a la situación, provocó  la creación en Italia de un gobierno tecnocrático apoyado por la mayor parte del  espectro político de dicho país, cuya duración no debe de pasar de 2013.
  En Grecia también ha cambiado el gobierno hacia una fórmula similar a la italiana. Además, desde 2010 han cambiado, tras las derrotas electorales de los partidos en el poder,  los gobiernos de  Irlanda y de Portugal, a los que ahora  se  ha unido España. Los resultados de las cumbres del Consejo Europeo no han podido ser más insatisfactorios. “La velocidad de la crisis ha excedido a la de la respuesta política. El punto de inflexión corresponde a la reunión del Consejo Europeo en diciembre, que necesitará decidir algo más sustancial que en las crisis precedentes” (W. Munchau, “Austerity  alone can’t stop the  root and save the euro”, FT, 21.11.2011). La “quita” del 50% de la deuda griega decidida en octubre afectó de forma muy negativa a  los mercados de deuda. El Fondo de Estabilización previsto parece  insuficiente para   la eventualidad de extender las ayudas a Italia y España.
  El gobierno alemán insiste en que la crisis de la deuda pública  de la Eurozona es un problema de ajuste presupuestario de los países más afectados, una cuestión de escasa voluntad política de los gobiernos para hacer las reformas imprescindibles. Pero  dichos programas de ajuste presupuestario,  establecidos de forma más o menos simultánea en un conjunto significativo de países,  pueden conducir  al estancamiento de la economía,   haciendo  imposible  la reducción de los niveles de déficit y de deuda.
  La  situación de deuda de España  y de su posición de déficit no es peor  que la del Reino Unido. Este último está pagando solo un 2,2% de tipo de interés por la deuda a diez años,  frente al casi 7% de España. Dicha realidad  puede implicar  que la ausencia en la Eurozona  de un banco central que actúe de prestamista en última instancia condena a la postración económica  a una parte sustancial de dicha área económica. Conseguir un compromiso del Banco Central Europeo resulta más trascendente que estabilizar los mercados de deuda de forma prolongada. El riesgo de iliquidez puede conducir al fallido de algunos  países  miembros y  a la  posible salida del euro.  El anuncio de la actuación compradora del BCE, aunque se condicione a la implantación de políticas de ajuste relevantes,  puede hacer  innecesario realizar fuertes  compras de deuda por dicha entidad.  
  La celebración de las elecciones generales en España en el contexto citado de crisis de la deuda soberana  de la Eurozona no podía favorecer  al gobierno en el poder. Sin embargo,  son abundantes  las razones que han conducido al pésimo resultado electoral de los socialistas españoles en  2011. Para hacer frente al futuro, para frenar la citada hemorragia de votos, para contribuir al mejor gobierno de España, el PSOE debe de embarcarse en algo más que en un simple cambio de líder. El nuevo liderazgo deberá de llevar consigo un programa  político sustancialmente actualizado.  Se trata, sobre todo, de que los socialistas establezcan canales más fluidos de comunicación con la sociedad, de que el proyecto socialdemócrata permanezca incorporado a un  amplio movimiento político y no se convierta en  un simple referente  vacío de contenido.  

14 noviembre 2011

Crítica de la nueva ortodoxia

Julio Rodríguez López
De las elecciones generales de 2011 se recordará el debate entre los candidatos de los dos más importantes partidos políticos en la noche del 7 de noviembre. En la primera parte de dicho debate, posiblemente la más áspera, Rajoy y Rubalcaba expusieron las estrategias respectivas de política económica para reducir el desempleo.
El candidato socialista presentó una estrategia activista de recuperación, con ligero aroma keynesiano. Rajoy situó a la reforma del mercado de trabajo como el principal instrumento para lograr la recuperación del empleo y de la actividad. El candidato del PP utilizó argumentos familiares a la opinión pública, divulgados sobre todo por economistas académicos, algunos de ellos ubicados en la Fundación Fedea.
En el debate citado volvió a destacar el uso intenso que el Partido Popular ha realizado de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Concretamente,  dicho partido y su candidato a la presidencia del Gobierno han empleado como argumento más demoledor contra el gobierno socialista las cifras de desempleo. Dicha magnitud se ha utilizado de forma intensa por los políticos de la oposición, en cifras absolutas y en proporción de la población activa, junto a su evolución desde 2007.
La encuesta citada del INE, de carácter trimestral, se obtiene a partir de la información obtenida de una muestra de unos 60.000 hogares (hay unos 18 millones de hogares en España). De los datos obtenidos tras dicha investigación se obtienen los resultados de la encuesta empleando los denominados “factores de elevación” procedentes de las previsiones de población del INE. En dichas previsiones de población los padrones municipales desempeñan un importante papel.
Existen otras estadísticas laborales de interés, como los resultados del paro registrado, procedentes de las oficinas de empleo, y los de la afiliación en alta a la Seguridad Social. Dichas estadísticas, publicadas por el Ministerio de Trabajo, ofrecen resultados parciales del mercado de trabajo, mientras que la EPA presenta una descripción completa de dicho mercado. Lo importante es que, una vez pasadas las elecciones del  20-N, se siga disponiendo de los resultados de dicha fuente estadística con la misma normalidad con que han sido publicados hasta ahora, sin dejar de lado a las otras dos fuentes citadas, que también tienen utilidad.
Según los resultados de la EPA, entre el tercer trimestre de 2007, al inicio de la presente crisis económica, y el mismo periodo de 2011, el número de parados pasó en España desde 1,8 millones hasta 5,0 millones. En cuatro años de crisis el número de parados ha crecido en 3,2 millones. La tasa de desempleo ha pasado desde el 8,0% de los activos en el verano de 2007 hasta el 21,5% en el tercer trimestre de 2011.
Del citado aumento del paro, 2,4 millones de parados proceden del descenso del empleo y 0,8 millones se derivan de los aumentos de la población activa.
La caída del empleo es, pues, el principal responsable del paro elevado existente en España tras cuatro años de crisis. La crisis ha puesto de manifiesto las principales debilidades de cada economía. Los países nórdicos europeos y Alemania están resistiendo mejor la crisis, a la vista de la capacidad  de exportar y de mantener la competitividad de sus economías. En los países del sur de Europa integrados en la Eurozona, la crisis ha subrayado las dificultades crónicas para competir de dichos países. Los elevados déficits externos alcanzados revelaron mejor que cualquier otro indicador la fuerte debilidad de la base productiva de Grecia, Portugal y España.
En el caso de España el sector de la construcción ha destruido 1,3 millones de empleos en los cuatro años de crisis. A la vista del papel de las industrias y de los servicios auxiliares, más del 60% del empleo perdido y el 42,3% del aumento del paro se debe al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Dicho descenso del empleo no tiene su origen, pues, en la normativa laboral vigente en España, sino en la excesiva dependencia de su economía de un sector que, además, ha expulsado a otras actividades productivas con empleos más estables y menos contingentes.
Quienes atribuyen al poco eficiente mercado de trabajo español la culpa del grave problema de desempleo deberían advertir que el retroceso del empleo en la construcción es cosa aparte de las supuestas rigideces de dicho mercado. Lo preocupante de la posición de Rajoy es que concentre la prioridad en la reforma del mercado de trabajo y no en la mejora general de la competitividad. “Lo importante para la reactivación es la producción: ser competitivos y así mejorar la demanda externa (exportaciones) y la interna (haciendo atractivos los bienes producidos en casa por encima de los importados)” (Guillem L. Casanovas, “Economía y economistas”, La Vanguardia, 8.11.2011). 
Publicado en El Siglo

01 noviembre 2011

Las elecciones resucitan el problema de la vivienda

Julio Rodriguez López
  La proximidad de las elecciones generales   y la necesidad de elaborar programas electorales más o menos visibles por parte de los partidos políticos concurrentes obligan a tener en cuenta aspectos políticos importantes un tanto dejados de lado. En lo económico resulta evidente que el elevado desempleo existente en España,  el nivel de deuda pública y de déficit, junto a la “prima de riesgo” y las cotizaciones bursátiles ocupan el primer plano de actualidad.
Entre los temas postergados destaca   la vuelta a la actualidad de  algunos componentes de la política de vivienda, aunque  el conjunto de la misma no sea  objeto de referencia alguna. El Ministerio de Fomento  ha anunciado la aprobación de un reglamento de la ley de suelo estatal de 2007 en  octubre de 2011,  más de cuatro años después de su aprobación por el Congreso de los Diputados. Vale aquí lo de “más vale tarde que nunca”, pero no hace falta ser un lince para anticiparle una corta vida a dicho reglamento, que regula concretamente el justiprecio de un solar expropiado.
   La  citada ley de suelo, que se refiere  a las pocas competencias estatales en materia de suelo,  pretendía racionalizar algo tan poco exportable como el urbanismo practicado en España. Solo la autonomía de Aragón ha cumplido el precepto previsto en la ley de adaptar la correspondiente ley autonómica al contenido de dicha ley. La incidencia de la ley del suelo socialista, ha sido, pues,  limitada y todo indica que la suprimirá el PP a las primeras de cambio,  de  cumplirse  los vaticinios  el próximo 20N.
  Junto al reglamento de la ley del suelo se habla de la  posible eliminación de una de las ayudas más directas para el acceso a la vivienda en alquiler. El Real Decreto Ley 1477/2007, BOE de 7.11.2007, estableció la denominada “Renta Básica de Emancipación” (RBE), consistente en abonar 210 euros mensuales a las personas que vivan de alquiler con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros (1.833 euros/mes) y con edades comprendidas entre 22 y 30 años. Dicha ayuda, que se complementa con  120 euros para los gastos de aval y con un prestamo reintegrable  de 600 euros a emplear para la fianza, se abona durante un plazo máximo de cuatro años. Tales ayudas   las aporta el gobierno de España y la distribuyen las comunidades autónomas. Hasta la fecha, unas 290.000 personas se han beneficiado de las mismas, que la han “lucido” políticamente más las autonomías que  la Administración General del Estado.  
  En la Disposición Adicional 1ª del  Real Decreto citado  se estableció  un plazo de implantación de la RBE de cuatro años, al final del cual el gobierno de España evaluaría  los resultados de la aplicación de la medida para  su mantenimiento, reforma o eliminación.  El plazo citado termina el 1º de enero de  2012.
La  última Encuesta de Condiciones de Vida del INE de  2010, indica que solo el 11,8% de los hogares españoles  residía en viviendas de alquiler. Las autonomías con mayor presencia del alquiler eran las de Baleares (19,1%), Cataluña (18,2%) y Madrid (16,8%). La menor proporción  de hogares residiendo en viviendas de alquiler la tenían el País Vasco (7,7), Valencia (7,5%) y Extremadura (7,4%). Desde 2007, tras el inicio de  la crisis, se ha observado un gradual aumento de los hogares que viven de alquiler, superando el 11,4%  del Censo de Viviendas de 2001
 No es positiva una proporción tan reducida de hogares en alquiler. Supone una  rigidización excesiva  en numerosos terrenos sociales, en especial en cuanto a menor  flexibilidad del mercado de trabajo.  España sigue siendo el país de Europa Occidental con la menor proporción de viviendas de alquiler, en claro contraste, por ejemplo,  con Alemania, donde dicha proporción es del 50%. Dicho país  no ha sufrido la burbuja inmobiliaria y no se puede decir que le vaya mal en lo económico.
Una persona con ingresos de 22.000 euros al año, de pretender acceder a una vivienda en propiedad al precio de mercado (156.080 euros), necesita disponer de un pago de entrada del 20% de dicho precio (31.216 euros)   De encontrar financiación crediticia, tendria que destinar el 42% de sus ingresos al pago de la cuota del prestamo a 25 años. Con los mismos  ingresos,  gracias a la RBE,  se podría acceder a una vivienda con una renta de 650 euros/mes  con un esfuerzo del 24% de sus ingresos durante cuatro años, sin pago de entrada.
Si se pretende reforzar el alquiler en el mercado de  vivienda, deberá mantenerse  entre las actuaciones a  la RBE en la coyuntura actual. Con  un millón de viviendas sin vender, cuando los  nuevos hogares no pueden acceder en mucho tiempo a la vivienda en propiedad, no hay alternativas a la ayuda directa a  los arrendatarios  de bajos ingresos.  La OCDE (“The role of structural policies in housing markets”, 2010) señala que “numerosos países tienen alguna forma de ayuda al acceso al alquiler privado”, lo que es coherente con el objetivo supuestamente perseguido de fomentar el alquiler.
(El Siglo 31.10.2011)