30 diciembre 2006

2006, un año de profundos cambios institucionales


Julio Rodríguez López
Un año de nuevos estatutos y de nuevas realidades nacionales

El año 2006 ha sido un periodo en cuyo perfil han incidido especialmente los importantes cambios institucionales acaecidos en España, entre los que destaca el avance hacia un modelo territorial profundamente descentralizado. Los cambios en cuestión apuntan más hacia un futuro esquema confederal, en el que destaca la presencia de abundantes bilateralidades en las relaciones entre el Estado y determinadas comunidades autónomas. La tradicional división política izquierda-derecha ha dado paso a un nuevo tipo de debate, en el que los temas de carácter territorial han primado sobre los que habitualmente han inspirado la tensión entre los dos lados tradicionales del espectro político.

La economía española ha mantenido un importante ritmo de crecimiento, más de un punto superior al de la eurozona. Dicho crecimiento se ha apoyado, un año más y de forma decisiva, en el carácter expansivo del sector de la construcción y en el tirón del consumo derivado de los altos precios alcanzados por las viviendas. De los 519.800 empleos en que creció, el número de ocupados en España entre el tercer trimestre de 2006 y el mismo periodo de 2005, unos 200.000, el 38,5% del total, correspondieron al sector de la construcción. El intenso endeudamiento de los hogares ha mantenido muy dinámico el consumo, a costa de provocar significativos descensos en los niveles de ahorro familiar.

El año 2006 ha terminado con una inacabable saga de denuncias sobre corruptelas urbanísticas en un amplio número de ayuntamientos de España. De acuerdo con la información aportada, numerosas operaciones de desarrollo inmobiliario, apoyadas en bastantes casos en convenios urbanísticos de contenido bastante poco transparente, se habrían visto favorecidas por la presión de determinados intereses privados frente al teórico interés general. Se considera que la escasez de recursos económicos de los ayuntamientos ha facilitado un excesivo sesgo de dichas administraciones en favor de la construcción residencial.

La relativa frecuencia de las irregularidades y de unos desarrollos inmobiliarios a todas luces excesivos ha arrojado algunas dudas sobre la bondad de un modelo en el que el Estado apenas tiene competencias en materia de urbanismo. Este último, ha quedado prácticamente en manos de los ayuntamientos y de los gobiernos autónomos. Estos últimos, no parecen haber contribuido a racionalizar de forma clara la acción de los municipios, destacando el hecho de que algunas de las irregularidades más notables han sido favorecidas desde algún gobierno autónomo. No parece, pues, tan claro y diáfano eso de que sea conveniente quitar cuantas más competencias mejor al Estado, para traspasarlas a las autonomías. El urbanismo no es un ejemplo brillante de las consecuencias de la descentralización.

Motril, en la cresta de la ola

Los datos disponibles apuntan hacia el mantenimiento de un relativo dinamismo en la evolución socioeconómica de Motril en 2006. Sin embargo, en los últimos meses del año han asomado algunas sombras sobre un panorama que en los últimos años ha presentado un carácter acusadamente optimista Motril (56.605 habitantes en el Padrón Municipal de Población de 2005), debe ser la ciudad 23ª en cuanto a volumen de población dentro de Andalucía, una vez que Roquetas de Mar, que era la ciudad situada inmediatamente detrás de Motril en el Censo de 2001, superara ampliamente los 65.000 habitantes en 2005. En los siete años transcurridos entre 1998 y 2005, la población de Motril aumentó a un ritmo medio anual del 1,75%, alcanzando en este último año el 48,7% de la población de la comarca de la Costa de Granada. Según el citado Padrón de 2005, el 7,3% de la población de Motril corresponde a inmigrantes, porcentaje muy superior al de la media de la provincia (4,2%), aunque inferior a los de Almuñecar (14,3%) y Salobreña (8,4%). El crecimiento demográfico de Motril supera al de España, Andalucía y la provincia de Granada. Dentro de esta última, los ritmos más intensos de expansión demográfica corresponden a las ciudades del Área Metropolitana de la capital, excluida Granada, que sigue perdiendo población a un ritmo significativo.

Los resultados del Censo de Viviendas de 2001 pusieron de manifiesto que en dicho año había en Motril 12.437 viviendas secundarias y vacías, el 43,1% del parque de viviendas familiares, una de las proporciones más elevadas de entre las ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes. Entre dichas ciudades Marbella se aproximaba en la misma fecha a una proporción de más del 53% de dicho tipo de viviendas. La estadística de las transmisiones inmobiliarias intervenidas por los notarios, publicadas por el Ministerio de Vivienda, revelan que en los tres últimos años (2004-2006) las viviendas vendidas en Motril se han debido aproximar a las 1.700 al año, de las que el 45% serian viviendas de nueva construcción (en torno a las 700 al año). El precio medio de las viviendas tasadas en Motril en el tercer trimestre de 2006 fue de 1.640 euros/metro cuadrado. Esto implica que el precio de venta de una vivienda de 90 metros cuadrados construidos se aproximó en esta ciudad a los 25 millones de antiguas pesetas en dicho periodo de tiempo. Un joven que tratase de acceder al disfrute de una vivienda de dicho precio, debería destinar casi el 45% de sus ingresos a cubrir el servicio de la deuda derivada de un préstamo, a 25 años, que cubriese el 80% del precio de venta citado, al tipo de interés de mercado en octubre de 2006 (el 4,5% anual). Se supone que dicho joven gana el salario medio de Andalucía (unos 1.455 euros/mes). De ganar solo unos mil euros al mes, dicho esfuerzo de acceso ascendería hasta el 65% de los ingresos familiares, circunstancia que complica sustancialmente el acceso al disfrute de una vivienda. La construcción de viviendas protegidas para la venta y para el alquiler es una necesidad latente a todas luces en Motril y ello no es posible sin una participación aun mas decidida desde el ayuntamiento local, por más que se considere que el suelo de la ex -vega no tiene filosofía como para que sobre el mismo se construyan viviendas protegidas.

El Plan de Urbanismo vigente en Motril apunta por la recalificación de un volumen más que considerable de nuevas viviendas, al margen del crecimiento demográfico de la ciudad. La agricultura tiene todavía peso en la comarca, aunque parece presa fácil de la recalificación a ladrillos en los próximos años. Habrá que preguntarse en qué van a trabajar los jóvenes motrileños en el futuro.

El año 2006 termina en España con indicios abundantes de una cierta saturación de la oferta inmobiliaria en numerosos mercados locales, en especial en los más especializados en la vivienda de temporada. Por más que la demanda presente indicios de menor presión, ante la realidad de unos tipos de interés más elevados, la oferta inmobiliaria no parece retroceder. La morosidad bancaria, por primera vez en mucho tiempo, empieza a crecer de forma significativa y el aumento de los precios de venta de las viviendas se desacelera a todas luces. Es de esperar, que los responsables del gobierno local de Motril tomen buena nota de estos datos y, que 2007 traiga consigo un cierto retorno los caminos de la racionalidad en materia de gobierno del suelo.

Economista. Gerente de la Universidad de Alcalá (Madrid)

11 diciembre 2006

Implicaciones de los más altos tipos de interés

especulación inmobiliaria en España

Julio Rodríguez López
Economista y estadístico

El cambio en el comportamiento de los tipos de interés

En 2006 los tipos de interés han modificado su comportamiento respecto de años anteriores, tras un prolongado periodo de descensos casi ininterrumpidos. Los indicios de una mayor inflación y la firmeza de un ritmo de crecimiento superior en la economía mundial, han llevado a elevar los tipos de interés de intervención por parte de los bancos centrales de países tales como Australia, Reino Unido, Estados Unidos y los de la eurozona.

En informes previos, el Fondo Monetario Internacional advirtió de que el mercado inmobiliario se estaba convirtiendo en un factor de riesgo destacado en las previsiones económicas. La burbuja o sobrevaloración inmobiliaria contiene el riesgo de un ajuste a la baja en los precios de venta de las viviendas y del consumo de los hogares, riesgos que en 2006 aparecen como algo probable.

Los mercados de suelo y de vivienda se caracterizan por su opacidad y por la heterogeneidad de los productos vendidos en los mismos. Estas características impiden que se produzcan movimientos uniformes a la baja en los precios en casos de excesos de oferta. El ajuste suele tener lugar no tanto por la vía de que los precios de venta se aminoren, sino a través de descensos en el número de transacciones efectuadas. Los vendedores, tanto de vivienda nueva como usada, prefieren aguantar antes que aceptar descensos en los precios de venta.

Frente a un discurso reiterado en España que atribuye a supuestas restricciones en las políticas locales de urbanismo la mayor responsabilidad en las intensas subidas de los precios de las viviendas, los organismos internacionales (OCDE, 2005) han concedido bastante más relevancia a los bajos tipos de interés y a las restantes óptimas condiciones de financiación (prolongados plazos de amortización de los préstamos y alta relación préstamo/valor). La permisiva política monetaria desarrollada en los últimos años, visible sobre todo en los bajos tipos de interés practicados, habría sido, pues, el factor desencadenante de las intensas elevaciones de los precios inmobiliarios entre 1997 y 2006.

Las restricciones de oferta derivadas de políticas urbanísticas restrictivas han tenido relevancia en países como el Reino Unido, donde se prefiere mantener una mayor superficie de zonas verdes antes que calificar como urbanizable una mayor proporción del suelo disponible. Aun a costa de mantener en dicho país un parque de viviendas de peor calidad media que en los países europeos continentales. El grado de descentralización de la política urbanística británica es muy inferior al que existe en España.

Si los bajos tipos de interés han sido el principal motor del auge inmobiliario registrado en un conjunto amplio de países occidentales, las elevaciones moderadas de los tipos registradas en 2005-2006 en algunos de dichos países ejercerán una clara influencia bajista sobre el nivel de demanda de vivienda.

Los bajos tipos de interés y el modelo de crecimiento español

El gráfico 1 subraya la estrecha conexión existente entre los bajos niveles alcanzados en España por los tipos de interés de los préstamos para compra de vivienda y los intensos volúmenes de viviendas iniciadas y de construcción residencial derivada. A lo largo del presente decenio los citados tipos de interés han sido inferiores en España a la tasa de inflación.

El Banco Central Europeo, autoridad monetaria del conjunto de la eurozona desde la implantación del euro, ha fijado desde su creación los tipos de interés a corto plazo teniendo en cuenta la situación del conjunto de países de dicha área económica. Los tipos de interés reales establecidos por dicha institución resultan reducidos en el caso de España; y, en cambio, son normales para países de escasa tradición inflacionista, como sucede en Alemania. Los bajos tipos de interés han estimulado en España la sustitución de ahorro bancario por vivienda, por parte de numerosos hogares; impulsando la presencia de inversores en el mercado de la vivienda.

Sin embargo, pasado algún tiempo, el bajo coste de la financiación y la amplia disponibilidad de las entidades de crédito a financiar la promoción y compra de viviendas han contribuido a los aumentos espectaculares de los precios de las viviendas. Dicho precios implican que en 2006 sea necesario destinar más de nueve años de salarios para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados; que en el caso de la Comunidad de Madrid se eleva a doce años. Las consecuencias de los bajos tipos de interés han sido de signo contrario.

Por una parte, los reducidos tipos de interés, junto a la amplia disponibilidad de financiación hipotecaria a largo plazo, han contribuido a elevar sustancialmente los precios de las viviendas. Complicando así el problema de acceso a la vivienda, en especial para el segmento de jóvenes hogares; y se ha retrasado el proceso de emancipación de los jóvenes.

Por otro lado, el impulso aportado a la construcción residencial y al consumo por las citadas condiciones excepcionales de financiación ha permitido un ritmo de crecimiento económico en España ampliamente superior al del resto de la eurozona (gráfico 2). El aumento del consumo se ha efectuado a partir de un crecimiento excepcional del endeudamiento de los hogares, realizado sobre todo en forma de créditos a tipos de interés variables. Esta circunstancia acrecienta la vulnerabilidad de las familias de ingresos más reducidos ante posibles elevaciones de los tipos de interés.

La estructura productiva de España se ha reorganizado en el mismo periodo de tiempo en contra de los sectores productores de mercancías (agricultura e industria) y a favor de la construcción, sobre todo de la residencial, y de servicios tales como hostelería, promoción y venta de viviendas, transportes...

El papel desempeñado por los Ayuntamientos en dicha reorganización ha sido decisivo. Es patente la escasa disponibilidad de la mayoría de los gobiernos locales al desarrollo de actividades agroindustriales y la evidente propensión de los mismos a impulsar la construcción residencial mediante la calificación previa de la mayor superficie posible de suelo como urbanizable.

El espectacular déficit exterior es la expresión más visible de los cambios efectuados en la composición de la oferta productiva española tras la prolongada etapa de expansión del mercado de la vivienda 1997-2006. Los cambios introducidos plantean algunas dudas acerca de la sostenibilidad del crecimiento cuando el mercado de la vivienda se haya normalizado y descienda sustancialmente el volumen de la nueva construcción residencial.

Los más altos tipos de interés provocarán, en primer lugar, un aumento no inferior al 10% en la cuota media mensual de las cantidades a pagar por los hogares a las entidades de crédito. Esto último será la factura a pagar por los créditos empleados en el inmediato pasado para financiar el acceso a la vivienda y un mayor nivel de gasto de consumo duradero y corriente. En segundo lugar, se complicará aún más el acceso a la vivienda a los jóvenes hogares; puesto que los precios de venta de las viviendas se resistirán a reducirse, al menos en una primera fase. Y en tercer lugar, si llegase a descender la oferta de nuevas viviendas y se frenara el consumo, se desaceleraría el crecimiento del PIB y del empleo.

Este panorama no es el de 2006, pero podría aproximarse a la realidad en 2007 si continuasen subiendo los tipos de interés. Afortunadamente, el notable descenso de los precios del petróleo en la segunda mitad de 2006 permitirá que las subidas de los tipos de interés resulten más reducidas que lo previsto (figura 3, Crooks, 2006). En esta situación, lo que suceda en el mercado de la vivienda puede ser decisivo tanto en Estados Unidos como en España para el comportamiento del conjunto de la economía.

El encarecimiento de los intereses originará, pues, un retroceso aún mayor del ahorro financiero de los hogares, esto es, del ahorro remanente tras el pago de las cuotas de los préstamos “vivos” para compra de vivienda. Los más altos tipos, en presencia de unos precios de la vivienda rígidos, no tendentes a la baja, expulsarán de los mercados de vivienda a los jóvenes hogares, que verán así aún más dificultado el acceso a la vivienda. Todo indica que los cambios anunciados en la normativa de mercado hipotecario en España irán en el sentido de abaratar el coste total (comisiones y fiscalidad) de la novación de los préstamos; novación encaminada a alargar el plazo de los préstamos y también a facilitar el desplazamiento desde los préstamos a tipo variable hacia los préstamos a tipo fijo.

Referencias

Crooks, Ed (2006), “Falling oil prices come to rescue of world economy”. Financial Times, 27 de septiembre.

OCDE (2005), “Recent house developments: the role of fundamentals”. Economic Outlook, nº 78, diciembre.

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29 septiembre 2006

Unas gotas de psicoanálisis


Alvaro Delgado-Gal
... Los hijos y nietos del 68, en fin, han abordado los dos problemas máximos de la España actual, que son el territorio y la inmigración, en un estado de confusión mental absoluto, y esta confusión ha dimanado de una fuente común: no darse cuenta de lo que es una nación moderna...
Todo el mundo ha oído, allá por los ochenta o noventa, en un taxi camino del aeropuerto o como música de fondo en unos grandes almacenes, una canción que a cuatro voces entonaban Ana Belén, Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel. En la pieza se hablaba de barbukas, mezquitas, y otras bellezas transfronterizas. Y luego se repetía el estribillo que sigue: “Contamíname, mézclate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo”.
La canción no es azarosa. Resume, eficazmente, las nociones dominantes que a la sazón cultivaba la izquierda sobre el fenómeno migratorio, muy incipiente todavía. El segundo verso insinúa que el tamaño de España es infinito: no hay muchedumbre, no hay suma de gentes, que el país no pueda acoger bajo su fronda generosa. El hemistiquio final del primer verso exalta las virtudes del mestizaje. Y el anterior lo mismo, aunque en términos más bien desafiantes. Las connotaciones de contaminar son, de hecho, negativas. Contaminar, según el D.R.A.E., equivale a alterar, dañar alguna sustancia la pureza o el estado de alguna cosa. En el medio en que se movían los cuatros bardos, el verbo encerraba, sin embargo, un matiz positivo.
Retrocedamos cuatro siglos y volvamos a los tiempos de Cervantes. En el capítulo LXV de la Segunda Parte de Don Quijote, declara el Morisco Ricote, víctima anuente del decreto de expulsión de Felipe III: (...) Con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio Su Majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas; porque aunque es verdad que él mezcla la Misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado (cursivas mías) y podrido, usa con él antes el cauterio que abrasa....
No creo que Ana Belén o Miguel Ríos estuvieran polemizando con Cervantes. Pero sí con la España católica y una que se asociaba a Franco, y por simpatía o contigüidad, a la derecha. Esa España, o mejor, su caricatura, concentró sobre sí las fobias de la izquierda. Urgía diluir en ácido lustral el pesado bloque de granito español, la dura materia con que se había edificado el monasterio de El Escorial o tallado el rodillo que serviría para aplastar, a lo largo de centurias ingratas, a los disidentes y marginales y a los espíritus libres en general. La España reivindicada por don Marcelino Menéndez Pelayo, calificada despectivamente de eterna o reaccionaria, constituyó el punto de referencia por el que se definieron, por antífrasis, los muchachos del 68. Una muchachada que no tuvo oportunidad, conviene señalarlo, de celebrar el 68. La resistencia al régimen, por esas calendas, corría a cargo del Partido Comunista, sujeto a una disciplina militar. No, no tuvimos nuestro 68 hasta diez años más adelante. Pero ésta es otra historia. La canción, devuelta a su contexto, se preña de sentido y ayuda a explicarse retrospectivamente cosas misteriosas o irregulares. Por ejemplo: que el anhelo de un Pentescostés cultural y étnico, todavía presente, por inercia, en muchos discursos estrictamente contemporáneos, no excluyera, en ambientes de izquierda, el compadreo sentimental con los nacionalistas, volcados hacia el pulimentado y acrisolamiento de sus rodales respectivos. Detrás de la contradicción está quizá el hecho de que en el inconsciente colectivo -y asimismo en la gramática- dos negaciones operan como una afirmación. El no a la España una, se convirtió en un sí a la España múltiple, por las bravas y de corrido.
żSe han acabado las contradicciones? Pas encore, que diría un afrancesado.La España una, trabajada primero por la Monarquía absoluta y promovida más tarde por el Estado liberal, no suprimió sólo fueros y privilegios, sino que echó las bases de la ciudadanía universal y de los sistemas de redistribución que le son anejos. Hizo posible, en una palabra, el Estado social, inseparable de cualquier concepción de izquierdas reconocible como tal. La izquierda no reparó en el detalle, o ha comenzado a hacerlo demasiado tarde. Y en su afán por enmendarle la plana, no sólo al déspota, sino a los jirones de historia que el déspota había recibido, y que no eran invento suyo sino herencia de todos los españoles, dio un salto hacia atrás que pasaba por encima de los siglos modernos y nos retrotraía, más allá incluso del austracismo, a los tiempos medievales. Se aprecia en la visión que del multiculturalismo todavía cultivaban los biempensantes hace tres o cuatro años. ¡Tres o cuatro años nada más!
El multiculturalismo a la española consistió en rehabilitar el Toledo de las tres culturas. O sea, la España en figura de losanges en que convivían cristianos, árabes y judíos. żConvivían felizmente cristianos, árabes y judíos? No muy felizmente. Pero sí, convivían. No lo hicieron sin embargo, y aquí reside lo decisivo, en igualdad de derechos. La propia noción de igualdad de derechos era aún ininteligible, lo mismo en Toledo que en Córdoba o en Roma. La confesión religiosa determinaba profesiones, estilos suntuarios, y grados de participación en el poder. Confundir la diversidad medieval con la heterogeneidad de costumbres y códigos que la inmigración trae consigo, implica no haber comprendido nada. La diversidad, en el siglo XI, conformaba a la sociedad desde dentro, como lo siguió haciendo en el Imperio Otomano hasta el advenimiento del XX. No constituía un factor de desorden sino de orden, puesto que las sociedades estaban basadas en la desigualdad. Esa misma diversidad, instilada en sociedades democráticas e igualitarias, entraña por el contrario un reto que sólo últimamente, y con dificultades, empezamos a comprender.
Los hijos y nietos del 68, en fin, han abordado los dos problemas máximos de la España actual, que son el territorio y la inmigración, en un estado de confusión mental absoluto. Y esta confusión ha dimanado de una fuente común: no darse cuenta de lo que es una nación moderna. Se constata, con amargura, el daño enorme que no sólo mientras duran, sino también luego, en diferido, infligen las dictaduras. Los que oprimen no piensan, y los oprimidos pierden la noción de la realidad. Dio la sensación en los setenta de que habíamos logrado los españoles superar el síndrome fatal. Pudo haber sido, sin embargo, un espejismo.
No quiere ello decir que la izquierda haya sido la causante del Problema migratorio. La izquierda no es culpable del gradiente de pobreza que atrae a muchos necesitados hacia nuestras fronteras. Ni de nuestra bajísima tasa de natalidad. La emigración, además, empezó a adquirir proporciones desmesuradas cuando los populares estaban en el poder. El PSOE se dedicó a decir sobre todo tonterías, bien es cierto. Pero la demagogia es relativamente disculpable cuando se está en la oposición. Lo que no es discutible, es que el gobierno Zapatero tomó el timón en las manos con la cabeza convertida en una leonera. Y que Caldera añadió, a la oscuridad de ideas, dosis notables de oportunismo. Mejorar las cifras de la S.S. bien vale una misa... durante un rato. Luego se pide ayuda a la policía, o sea, al ministro de Interior. Descontamíname, al guardia de la porra: para dar ese salto, se necesita pértiga.

Publicado en ABC 28 Sep 2006.

04 septiembre 2006

Motril debe ir más allá del ladrillo



Julio Rodríguez López

En nueve años de auge inmobiliario se han construido más de cinco millones y medio de viviendas en España, casi el doble que lo que ha crecido el número de hogares. Sólo Andalucía construyó en 2005 más viviendas que el Reino Unido, unas 150.000. Los españoles han sustituido masivamente ahorro bancario por viviendas, adquiridas en una alta proporción como forma de colocación del ahorro.

Se advierte una tendencia en los municipios a estimular la construcción residencial, en detrimento de otro tipo de desarrollos alternativos. Se confunde el aumento del parque de viviendas con el de la población, que crece a un ritmo muy inferior. Son elevados los riesgos de cambio en la coyuntura inmobiliaria, ante la debilidad del tejido productivo que subsistirá al aluvión de la construcción de nuevas viviendas.

En enero de 2005, un cartel colocado a la entrada del puerto motrileño calificaba como de "basurero municipal" a la instalación de una determinada fábrica en el área de expansión del Puerto, en cuyo desarrollo está teniendo un cierto papel la Junta. Dicha fábrica podría haber generado unos cien nuevos puestos de trabajo. Cada empleo industrial viene a crear unos cuatro puestos de trabajo adicionales en el sector de los servicios. En abril de 2006, otro cartel descalificaba el desarrollo empresarial de dicha área con el agresivo rótulo de "quieren poner un polígono industrial", cosa que ¿por lo visto� debe ser una desgracia para los autores de dicho comentario. La trascendencia del contenido de dichos carteles resulta mayor cuando se advierte el amplio eco de los mismos en el discurso político local.

El Puerto de Motril se construyó por el Estado en las dos primeras décadas del siglo XX para favorecer el desarrollo de toda la provincia de Granada y ha sido objeto de una importante ampliación en los últimos años, que puede reforzar su papel en la economía de la provincia y de Andalucía. El área de expansión del Puerto podría contribuir a que en Motril se generasen nuevos empleos estables, que subsistirían cuando amaine el ritmo de construcción de nuevas viviendas.

Según el Censo de Población de 2001, los empleos ligados a la agricultura (unos 4.700) se aproximaban en dicho año a la cuarta parte del empleo total de Motril. La caída de rentabilidad de la horticultura en los últimos años, derivada sobre todo de la fuerte oferta de dichos productos procedente del norte de África, provocará posiblemente la desaparición de numerosas explotaciones y empleos agrícolas en la Costa.

El ritmo de construcción residencial de los últimos años no va a continuar ni tampoco serán un foco de creación de puestos de trabajo permanentes los 'bosques' de viviendas que se están construyendo en las vegas, vieja y nueva, de Motril, como tampoco lo serán los nuevos campos de golf que van a proliferar como reclamos publicitarios de las nuevas viviendas.

En estas condiciones, el Puerto de Motril es el principal activo de futuro de esta ciudad, el mayor foco económico potencial de la misma en cuanto a creación de actividad y de nuevos empleos estables. Dicha circunstancia justifica compatibilizar la actividad de tráfico de mercancías de dicho puerto con cualquier posible uso adicional del mismo derivado de la expansión inmobiliaria residencial que está teniendo lugar en la zona oeste de la antigua vega de Motril.

El tipo de interés de los préstamos para compra de vivienda ha crecido en un punto en un año, pasando desde el 3,20% de julio de 2005 al 4,23% en julio de 2006. Se prevé que el tipo de interés citado se situará en las proximidades del 4,50% en diciembre de 2006. Esta evolución supone un incremento próximo al 13% en la cuota a pagar por un préstamo a 25 años de la misma cuantía, lo que debilitará la demanda de vivienda en los próximos meses.

En tales circunstancias, resulta conveniente redimensionar el tamaño de las promociones. Si se quiere disponer de un puerto deportivo para impulsar la venta de un 'paquete' importante de nuevas viviendas en tiempos menos boyantes que los de los años anteriores no se debe de sacrificar el alcance real y potencial de la dársena motrileña, de la que tanto depende el futuro de Motril. Un posible parque empresarial en el área de expansión del Puerto es una fuente potencial de creación de actividades empresariales y de empleos y no precisamente un basurero.

La fábrica de papel construida en plena vega en los años 60 del pasado siglo aportará más a Motril que las urbanizaciones que están ocupando dicha vega, sobre todo cuando haya terminado la construcción de las mismas. Cualquier rebaja de capacidad o de categoría que se efectúe del Puerto de Motril no supondrá para esta ciudad un camino de progreso, sino de estancamiento o decadencia, además de constituir un derroche de la fuerte inversión realizada en el mismo en los últimos años



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18 agosto 2006

Diálogos para después de la violencia

José Ramón Recaldea b

Malo es que el Partido Nacionalista Vasco pretenda cambios en el Estatuto, obviando el procedimiento legal previsto; es algo que no se puede aceptar sin que quede negada la Constitución. Y es malo, porque manifiesta el soberanismo desde el que pretende entrar en el diálogo político. La petición es extravagante, pues discurre fuera de la legalidad, Sin embargo, aún así, provoca, como si fuera una vacuna, una reacción positiva: nos conmina a que los interlocutores en ese diálogo tengamos cautela, comportamiento que se debe mantener siempre pero más en los momentos que preceden y que siguen a la proclamación oficial del cese de la violencia de ETA.

¿Por qué se reproduce ahora el soberanismo que estaba en el fondo de la traición de Lizarra (pacto del bloque que nacionalista, perpetrado entre nacionalistas democráticos y los no democráticos, mas confabulaciones clandestinas con ETA) y que constituía el antecedente directo del Plan Ibarretxe? La vía anticonstitucional en la que de nuevo se insiste es la pacífica correspondiente a la que ETA pretendía conseguir con la violencia.

La sustitución de la violencia por la política supone, desde luego, un cambio radical; no sólo en los actores, pues no es lo mismo a que el interlocutor sea ETA (o Batasuna), aún después de su derrota, a que lo sea el PNV, que ha planteado, y plantea, sus objetivos, negando la violencia; cambio también en el contenido de esas pretensiones, que dejan de ser las fundamentalistas del irredentismo sobre Navarra y el País vasco francés. Pero, de todos modos, el procedimiento ilegal que reitera el PNV busca cobrar réditos por la recuperación de la paz ciudadana. Para el PNV se trata de recoger las nueces caídas del nogal agitado por los violentos. Para el Partido Socialista. Aceptar el pago de estos réditos sería, no pagar un precio político a ETA derrotada, pero sí al nacionalismo, como albacea de la derrota.

El PNV propone que el eventual pacto entre los partidarios democráticos de Euskadi se convierta inmediatamente en derecho positivo, sin pasar por la aprobación de las Cortes. Esto supondría abonar al nacionalismo un precio político por la derrota de ETA. Pero no se acaba aquí el problema: El Partido Socialista, el PSE en Euskadi, no debe solamente plantear objeciones fundamentales al procedimiento; pues, aunque este fuera constitucionalmente depurado, los socialistas tendrían que oponer otros reparos básicos a la oferta nacionalista.

El PSE tendrá que buscar el acuerdo político con una idea clara: la aceptación básica del sistema político autonómico; esto supone que ni las competencias centrales ni las autonómicas se justifican por sí mismas.

A la regla del nacionalismo se le opone otra: el máximo de autonomía no es el óptimo de autonomía. El óptimo supondrá siempre una distribución de competencias, unas centrales y otras autonómicas. La construcción, consolidación y modificación del sistema autonómico es un proyecto que se planteará en dos niveles: el primero la reivindicación del propio programa de distribución óptima de competencias; el segundo, la aceptación, en busca del consenso con las otras fuerzas políticas, de un acuerdo que suponga cesiones parciales de todas ellas, desde el óptimo hasta el mejor posible. Pero composición de fuerzas es algo muy distinto a claudicación ante las fuerzas de nuestros interlocutores.

El modelo con el que el Partido Socialista tiene que plantearse el diálogo entre partidos permanece abierto, incluso a distintas opciones dentro del mismo socialismo. En efecto, el sistema autonómico permite propuestas menos o más autonómicas que yo calificaría según el quantum de federalización (la “federación” es una cualificación que nunca ha asustado a los socialistas). Pero, en todo caso si es un modelo federal o federalizante, no es un modelo confederal: es opuesto a entender la autonomía como una relación bilateral entre el poder central y la comunidad autónoma, salvo en casos muy particulares. Si el modelo socialista busca la división óptima entre competencias centrales y autonómicas, busca también el fortalecimiento de la multilateralidad o relación entre las distintas autonomías, frente a la bilateralidad o relación entre el poder central y el autónomo.

También el modelo que los socialistas presenten para el diálogo político debe enfrentarse a los símbolos de identificación nacionalista: el estatuto vigente y las leyes que lo desarrollaron supusieron una claudicación de los no nacionalistas en aras de la concordia. Ante una modificación estatutaria habría que modificar esta actitud: no se trata de que los símbolos nacionalistas disminuyan (algo difícil de conseguir, por ahora, aunque ¡sería tan bien recibido el cambio del himno nacional vasco!), sino que se compensen con símbolos que fortalezcan, frente a valores insolidarios, los de colaboración entre los pueblos de España, los que propongan una comunidad española y la profundización en los valores ciudadanos comunes.

Queda, como campo abierto para una construcción común un proyecto de Estatuto en el que los socialistas dejen oír sus reivindicaciones: una idea social, solidaria y común de la educación, de la cultura y de los servicios; la construcción de los servicios públicos y de una sociedad laica, precisamente como garantía de la igualdad ciudadana. En resumen, que la reforma del estatuto no puede verse con la óptica nacionalista de que la autonomía supone una base ya consolidada, sobre la que hayan de plantearse mas reivindicaciones nacionalistas, sino, por el contrario, un nuevo debate sobre el bien común.

A este debate es muy importante que se incorporen otras fuerzas políticas, principalmente el Partido Popular, al que corresponde una importante función de vigilante de una eventual deriva nacionalista del proceso. Pero también el resto de partidos, con una salvedad: por no cumplir con el mínimo exigible que es la renuncia a la violencia y la aceptación de la democracia constitucional, con Batasuna no se puede establecer todavía ningún acuerdo.

El punto de partida para el diálogo político quedará señalado, en consecuencia, con los siguientes rasgos: aceptación por todos del sistema constitucional; negación de una base común nacionalista; entrada en el diálogo en condiciones de igualdad, lo que excluye tanto una presidencia institucional del lehendakari como otro pacto de Ajuria-Enea.

El campo del debate es el de la confrontación entre todos los dialogantes que plantean sus distintos modelos de convivencia democrática entre los vascos, esto es, entre los nacionalistas vascos, pero también los nacionalistas españoles y los que no somos nacionalistas (pido perdían a los nacionalistas de uno y otro signo que no comprenden que algunos no les acompañemos en su ideología y nos atribuyen el nacionalismo opuesto al suyo: los no nacionalistas somos aquellos que, si caemos en esa tentación, por lo menos pensamos que es un vicio que hay que dominar, en lugar de una virtud). Debe quedar claro, en todo caso, que quienes quedan fuera del debate son quienes plantean su modelo desde la violencia o desde fuera de la democracia (ETA y Batasuna).

El lugar de encuentro es el que saldrá, si sale, de un debate libre sobre el sistema autonómico y el bien común, a librar con la razón y con la fuerza de los votos y en el que, como hemos partido de un anterior acuerdo democrático, Constitución y Estatuto, y como este anterior acuerdo ayudaba a la convivencia en una sociedad como la vasca, difícilmente vertebrada, no es razonable que se modifique si no hay consenso mejor que el que ya teníamos. Que nadie pretenda, en todo caso, imponer sus propias tesis de partida, sino modificarlas en busca de un acuerdo ampliamente consensuado.

a Publicado en El País 17 Agosto de 2006

b José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno Vasco y víctima de un atentado terrorista de ETA del que, afortunadamente, pudo salvar su vida.



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08 agosto 2006

Subida del tipo de interés

Sr. Director de El Pais
Madrid

En su interesante articulo del 4 de agosto, El BCE y el futuro, Angel Laborda ha puesto de manifiesto que no le convence demasiado la nueva subida del tipo de interés de intervención efectuada por el Banco Central Europeo el jueves 3 de agosto.

Laborda dice que la inflación permanece estable, pero lo hace medio punto por encima del objetivo establecido para 2006. La inflación subyacente empieza a dar indicios generalizados de que una "segunda vuelta" puede tener lugar.

Pero sobre todo conviene destacar lo que recientemente subrayó Leon Brittan en un artículo publicado en el Financial Times: si los bancos centrales sólo se interesan por las burbujas provocadas en los mercados de activos (por ejemplo, vivienda) en función de su incidencia sobre el índice de precios de consumo, entonces harán demasiado poco y también lo harán demasiado tarde.

Una subida moderada de los tipos de interés puede contribuir a desacelerar (que no a reducir) con mas intensidad la subida de los precios de la vivienda y tambien contribuirá, de paso, a colaborar al necesario proceso de diversificacion de la actividad productiva en Espanha. Esto último es una condicion necesaria para facilitar un mayor aumento de la productividad y de paso reforzará la tasa de ahorro familiar.

Atentamente,

Julio Rodriguez López


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31 julio 2006

La economía española y el mal holandés

Julio Rodríguez López

El desarrollo del turismo en España ha podido ocasionar manifestaciones del llamado 'mal holandés', según el autor. En su opinión, la sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y del 'ladrillo'

El descubrimiento, durante los años sesenta, de yacimientos de gas natural en Holanda dio lugar, tras un periodo de intenso crecimiento, a que el país sufriese una profunda desindustrialización y a que su economía resultase en exceso vulnerable a las oscilaciones del precio de exportación de ese recurso energético. Un trabajo publicado en noviembre de 2005 (J. Capó, A. Riera y J. Roselló, El desarrollo turístico como manifestación de la 'dutch disease'. El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría extenderse al conjunto de la economía española.

El desarrollo del turismo balear, sector emergente en su día, ocasionó notables revalorizaciones de la propiedad de determinados recursos naturales y también generó crecimientos destacados de la productividad en el subsector de la hostelería y la restauración. La mayor productividad, empleo y salarios pagados en dicha rama de actividad estimularon la demanda de productos de sectores menos abiertos a la competencia, como los servicios y la construcción. Estos últimos, a su vez, experimentaron importantes aumentos de precios y generaron demandas adicionales de trabajo.

El sector agroindustrial, más abierto a la competencia, sufrió un aumento de los costes de producción que no pudo trasladar a los precios de venta. Dicha circunstancia, unida a la revalorización del tipo de cambio en algunos periodos, provocó reducciones sustanciales de la actividad productiva de dichas ramas de actividad.

Las consecuencias para Baleares fueron, junto al intenso crecimiento real del PIB por habitante, un fuerte desplazamiento de la producción en favor de la actividad hotelera y de la construcción conectada con el turismo. La creciente desaparición, con la reducción de la base industrial, de una fuente importante de desarrollo del capital humano y de ganancias de productividad podría desacelerar los aumentos del PIB por habitante de la economía. La especialización productiva en actividades poco cualificadas y no sensibles al progreso técnico, junto al agotamiento de los recursos naturales y a la fuerte dependencia del turismo, pueden generar en el futuro ritmos de crecimiento mediocres.

El prolongado descenso de los tipos de interés y las constantes mejoras de las condiciones de financiación han revalorizado en España las propiedades inmobiliarias entre 1997 y 2005. Se ha mantenido un crecimiento constante, pero moderado, de la demanda de los servicios derivados del subsector de la hostelería. Los beneficios de la promoción han desplazado el ahorro hacia la inversión inmobiliaria, lo que no ha contribuido a mejorar la competitividad de los sectores productores de mercancías. Destaca un urbanismo agresivamente favorable a la construcción residencial, que no sólo no permite crear suelo para actividades productivas, sino que llega con frecuencia a desviar terrenos antes calificados como industriales hacia fines residenciales. Si a lo anterior se une la creciente competencia de los países emergentes y las intensas revalorizaciones del euro al comienzo de esta década se comprende la escasa competitividad de las exportaciones, en especial de mercancías, y la agresividad de las importaciones. El urbanismo practicado ahora en España es una fuente continua de déficit comercial.

Entre 1997 y 2005 el PIB de la economía española creció a un ritmo medio del 3,6%, punto y medio por encima de la eurozona. El PIB por habitante de España ascendía en 1997 al 80% de la UE y en 2005 se ha aproximado al 94%. La tasa de desempleo de España en el último trimestre de 1997 se elevaba al 20,1% de los activos y en el mismo periodo de 2005 había descendido hasta el 8,7%. La expansión ha estado acompañada de una continua ganancia de presencia de la inversión en construcción en el PIB, desde el 11,5% de 1997 hasta el 17,3% en 2005. La producción de mercancías (agricultura, ganadería, pesca, industria y energía) ha visto descender su participación desde el 25% de 1997 hasta el 19,3% en 2005.

En 2005 destacó el crecimiento en un 4,5% del deflactor del PIB de España, que refleja la inflación interna, y el que el deflactor de la construcción duplicase ese aumento (10,2%). La reestructuración hacia la construcción se ha advertido no sólo en la producción, sino sobre todo en la composición del crédito. La financiación inmobiliaria (promoción, compra y construcción de viviendas), que suponía en 1997 menos del 40% de la financiación al sector privado, ha subido hasta el 58% en 2005.

La sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desagrarizado y desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y de la construcción de viviendas para inversores. Se ha reforzado su proclividad a mayores ritmos de inflación, a la vista del abrigo ante la competencia de los sectores productivos ahora dominantes. Los problemas derivados del llamado mal holandés pueden llevar a que el crecimiento sea trascendente en tanto se construyan nuevas viviendas. No cabe esperar nuevos impulsos decisivos de un sector como el turístico, en el que el progreso técnico no brilla por su presencia.

Diversificar la actividad productiva, mejorar las dotaciones de servicios públicos, administrar con racionalidad y con respeto generacional los recursos naturales todavía disponibles, prestar mayor atención al equilibrio medioambiental y practicar un urbanismo en el que el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y no la maximización de los ingresos derivados del planeamiento, superando la tiranía del instante, son algunos de los retos de futuro de la economía española.



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30 julio 2006

¿España invertebrada?

Gabriel Tortellá

Se compara frecuentemente la economía de la Unión Europea con la de Estados Unidos y se trata de explicar por qué crece aquella más lentamente que ésta. Generalmente se aduce que tanto la Unión Europea como los Estados de los países que la componen, practican una política económica excesivamente intervencionista y tienen una red de protección demasiado tupida. Ambos factores, inhibirían la iniciativa empresarial, disuadirían a los empresarios de asumir riesgos y responsabilidades, premiarían la pasividad y el desinterés de los trabajadores y generarían altas tasas de paro. Frente a estas críticas, otros autores ponen de manifiesto que tales diferencias no entrañan una superioridad de la economía estadounidense, sino, simplemente, un conjunto diferente de preferencias. En la tradicional disyuntiva entre crecimiento y equidad los estadounidenses parecen haberse inclinado por el primero, y los europeos, por la segunda. Porque, en efecto, según estudios recogidos por The Economist, no sólo son mayores las desigualdades en la distribución de la renta en Estados Unidos, sino que, contra lo que muchos piensan, los inmigrantes se integran mejor económicamente en Europa que en América del Norte.

Pero esto no zanja la cuestión, porque el sacrificar el crecimiento económico en aras de la equidad, plantea problemas muy graves a largo plazo: en efecto, si en el país no igualitario que crece rápidamente a corto plazo los desfavorecidos quedan en mala condición, a largo plazo su condición será mejor que la de los pobres más asimilados del país igualitario. Porque, a largo plazo, el crecimiento económico más rápido beneficiará a todos en el país próspero, y sus pobres acabarán siéndolo menos que los del país igualitario. Exagerando un poco y cargando las tintas, seguridad e igualdad traerán consigo estancamiento, mientras que desigualdad y dinamismo traerán riqueza para todos.

Existe, además, una cuestión complementaria y es que la economía dinámica, si no es tan injusta que produzca tensiones, la estadounidense superó ya sus crisis sociales de los años sesenta del siglo pasado, se convierte en el líder económico, y por ende político y militar, del mundo, mientras que la economía igualitaria y conservadora se ve relegada a un segundo plano en todos estos terrenos. Por añadidura, la economía estadounidense tiene otra gran ventaja sobre la europea: está mucho más integrada, por lo que se acerca mucho más que esta última a la condición de “área monetaria óptima”; es decir, en Estados Unidos los mecanismos del mercado funcionan mucho mejor que en la Unión Europea, porque aquí, pese a la desaparición de las barreras arancelarias, sigue habiendo serios obstáculos a la movilidad de los factores, en especial, por supuesto, el trabajo y el capital. Ello se debe, por un lado, a la fragmentación política: cada Estado nacional piensa más en sus propios ciudadanos, que son sus electores, que en los “otros europeos”, de los que depende muy poco. Consecuencia de esto es la dificultad para armonizar políticas y, por tanto, para derribar barreras y convertir a la Unión en un verdadero mercado único: esto lo hemos visto recientemente con las dificultades para unificar el mercado de servicios, para lograr una política monetaria que no produzca serias distorsiones, para armonizar las políticas fiscales etc. Pero si la fragmentación política entraña un gran problema, la social es una barrera aún mayor y más difícil de superar: la movilidad de la mano de obra y de los servicios se ve obstaculizada, más aún que por la legislación, por la fragmentación lingüística y cultural. Mientras en Estados Unidos, pese a la estridente retórica multiculturalista, el inglés es un aglutinante cultural y económico, en Europa, pese a la hegemonía de este idioma, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo poderosísimas. El coste de estas barreras para la economía europea es muy alto; las estimaciones son discutibles, pero las que más comúnmente se manejan las cifran entre uno y dos puntos del crecimiento del producto interior bruto..

Resulta cuando menos desconcertante, en vista de todo esto, que en España nos estamos inclinando por la fragmentación en lugar de por la integración. La erección de barreras lingüísticas y culturales allí donde no las había, la descoordinación de las políticas fiscales y sociales, no pueden sino ser una rémora económica en el futuro por la misma razón que lo son en la Unión Europea. En lugar de aprender de los errores o dificultades de nuestros vecinos y socios, parece que hemos decidido sumarnos al pelotón de los torpes. Por desgracia, la mayoría se muestra indiferente a las consecuencias de este serio error porque pueden no ser inmediatas. Unos amigos míos, economistas y afines al Gobierno, me decían hace poco con alivio: “La gente no va a notar inmediatamente las consecuencias del Estatut”. No confiaban en la bondad de la operación, sino en la de la anestesia. Como al Don Juan de Tirso, no les importaban las consecuencias si eran a largo plazo. Aparte de recapacitar sobre el déficit ético que tal actitud comporta, los que así piensan deben recordar las presentes dificultades de la Unión Europea y la sorpresa que fue para tantos el fracaso de la tan cacareada Constitución. El malestar público tiene a veces consecuencias inesperadas. Algunos piensan, “después de mí, el diluvio” y terminan ahogados.



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29 julio 2006

Tan largo me lo fiáis....

Gabriel Tortellá

Se compara frecuentemente la economía de la Unión Europea con la de Estados Unidos y se trata de explicar por qué crece aquella más lentamente que ésta. Generalmente se aduce que tanto la Unión Europea como los Estados de los países que la componen, practican una política económica excesivamente intervencionista y tienen una red de protección demasiado tupida. Ambos factores, inhibirían la iniciativa empresarial, disuadirían a los empresarios de asumir riesgos y responsabilidades, premiarían la pasividad y el desinterés de los trabajadores y generarían altas tasas de paro. Frente a estas críticas, otros autores ponen de manifiesto que tales diferencias no entrañan una superioridad de la economía estadounidense, sino, simplemente, un conjunto diferente de preferencias. En la tradicional disyuntiva entre crecimiento y equidad los estadounidenses parecen haberse inclinado por el primero, y los europeos, por la segunda. Porque, en efecto, según estudios recogidos por The Economist, no sólo son mayores las desigualdades en la distribución de la renta en Estados Unidos, sino que, contra lo que muchos piensan, los inmigrantes se integran mejor económicamente en Europa que en América del Norte.

Pero esto no zanja la cuestión, porque el sacrificar el crecimiento económico en aras de la equidad, plantea problemas muy graves a largo plazo: en efecto, si en el país no igualitario que crece rápidamente a corto plazo los desfavorecidos quedan en mala condición, a largo plazo su condición será mejor que la de los pobres más asimilados del país igualitario. Porque, a largo plazo, el crecimiento económico más rápido beneficiará a todos en el país próspero, y sus pobres acabarán siéndolo menos que los del país igualitario. Exagerando un poco y cargando las tintas, seguridad e igualdad traerán consigo estancamiento, mientras que desigualdad y dinamismo traerán riqueza para todos.

Existe, además, una cuestión complementaria y es que la economía dinámica, si no es tan injusta que produzca tensiones, la estadounidense superó ya sus crisis sociales de los años sesenta del siglo pasado, se convierte en el líder económico, y por ende político y militar, del mundo, mientras que la economía igualitaria y conservadora se ve relegada a un segundo plano en todos estos terrenos. Por añadidura, la economía estadounidense tiene otra gran ventaja sobre la europea: está mucho más integrada, por lo que se acerca mucho más que esta última a la condición de “área monetaria óptima”; es decir, en Estados Unidos los mecanismos del mercado funcionan mucho mejor que en la Unión Europea, porque aquí, pese a la desaparición de las barreras arancelarias, sigue habiendo serios obstáculos a la movilidad de los factores, en especial, por supuesto, el trabajo y el capital. Ello se debe, por un lado, a la fragmentación política: cada Estado nacional piensa más en sus propios ciudadanos, que son sus electores, que en los “otros europeos”, de los que depende muy poco. Consecuencia de esto es la dificultad para armonizar políticas y, por tanto, para derribar barreras y convertir a la Unión en un verdadero mercado único: esto lo hemos visto recientemente con las dificultades para unificar el mercado de servicios, para lograr una política monetaria que no produzca serias distorsiones, para armonizar las políticas fiscales etc. Pero si la fragmentación política entraña un gran problema, la social es una barrera aún mayor y más difícil de superar: la movilidad de la mano de obra y de los servicios se ve obstaculizada, más aún que por la legislación, por la fragmentación lingüística y cultural. Mientras en Estados Unidos, pese a la estridente retórica multiculturalista, el inglés es un aglutinante cultural y económico, en Europa, pese a la hegemonía de este idioma, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo poderosísimas. El coste de estas barreras para la economía europea es muy alto; las estimaciones son discutibles, pero las que más comúnmente se manejan las cifran entre uno y dos puntos del crecimiento del producto interior bruto..

Resulta cuando menos desconcertante, en vista de todo esto, que en España nos estamos inclinando por la fragmentación en lugar de por la integración. La erección de barreras lingüísticas y culturales allí donde no las había, la descoordinación de las políticas fiscales y sociales, no pueden sino ser una rémora económica en el futuro por la misma razón que lo son en la Unión Europea. En lugar de aprender de los errores o dificultades de nuestros vecinos y socios, parece que hemos decidido sumarnos al pelotón de los torpes. Por desgracia, la mayoría se muestra indiferente a las consecuencias de este serio error porque pueden no ser inmediatas. Unos amigos míos, economistas y afines al Gobierno, me decían hace poco con alivio: “La gente no va a notar inmediatamente las consecuencias del Estatut”. No confiaban en la bondad de la operación, sino en la de la anestesia. Como al Don Juan de Tirso, no les importaban las consecuencias si eran a largo plazo. Aparte de recapacitar sobre el déficit ético que tal actitud comporta, los que así piensan deben recordar las presentes dificultades de la Unión Europea y la sorpresa que fue para tantos el fracaso de la tan cacareada Constitución. El malestar público tiene a veces consecuencias inesperadas. Algunos piensan, “después de mí, el diluvio” y terminan ahogados.

El auge inmobiliario cumple ocho años

Julio Rodríguez López[1]

  1. El auge persiste. La nueva oferta de viviendas crece mas que la demanda
En el verano de 2005 se mantienen los elementos básicos del mercado de la vivienda que han dominado el perfil del mismo desde hace ya casi ocho años. Las variables más trascendentes en cuanto a estímulo de la demanda inmobiliaria siguen presionando en este ejercicio. Lo anterior lo confirma el nuevo, aunque muy moderado, descenso de los tipos de interés de los créditos para compra de vivienda en 2005. La cuota a pagar por un crédito a 25 años al tipo medio de interés de 2005 está casi un 30% por debajo de la correspondiente a un préstamo de la misma cuantía concedido en 1997. El tipo medio de interés de los préstamos para compra de vivienda en 2005, expresado en términos reales, es nulo o negativo según los meses.
El aumento interanual de los precios de las viviendas en el segundo trimestre de 2005, el 13,9%, supone una desaceleración notable respecto del 17,2% de 2004. En cambio, el aumento anualizado de dichos precios en el primer semestre de 2005 fue del 17,4%. Este es todavía un aumento severo, tras el 141% de crecimiento de los precios experimentado en los casi ocho años de “boom” inmobiliario. Las autonomías en las que el problema de acceso alcanzaba niveles mas elevados eran las del País Vasco (los precios de mercado de las viviendas de 90 m2 superaban allí al salario medio anual correspondiente en 10,7 veces), Madrid (10,6) y Baleares (10,2).
Las estadísticas de viviendas iniciadas han registrado aumentos sustanciales en los primeros meses de 2005. Los visados de dirección de obra de los aparejadores han crecido en un 6,4% en enero-mayo sobre el mismo periodo de 2004, las viviendas a iniciar según las licencias municipales de obras crecían a un ritmo del 14,8% en los dos primeros meses de 2005, mientras que las viviendas iniciadas, estimadas por el Ministerio de Vivienda, aumentaron en un 9% en el primer trimestre del año.
De persistir tal evolución, las viviendas iniciadas ascenderían a más de 760.000 en 2005. Solo Andalucía construiría unas 160.000, el 21% de dicho total. Según la evolución de las viviendas terminadas y de las previsiones sobre demoliciones, el parque de viviendas familiares a fines de 2004 debía de ascender a 22,6 millones de viviendas, un 7,7% más que en noviembre de 2001, fecha de referencia del Censo de Viviendas de 2001, un ritmo muy superior al de los periodos intercensales previos a los Censos de 1991 y de 2001.
Las escasas estadísticas sobre ventas de viviendas en España han experimentado, por el contrario, una evolución menos dinámica en dicho periodo. Las tasaciones de viviendas efectuadas por las empresas integradas en Atasa (alrededor del 65% del total de tasaciones en 2004) descendieron en el primer semestre en un -0,3% sobre 2004. Las transmisiones inmobiliarias intervenidas por los notarios en el primer trimestre de 2005 habían crecido en un 3,3% sobre 2004, lo que implica un ritmo de unas 820.000 ventas de viviendas, nuevas y usadas, en el conjunto del presente año. Autonomías muy dinámicas en estos últimos años de auge presentaron descensos de las transmisiones en 2005, como fue el caso de Murcia (-12%), Comunidad de Madrid (-8,9%) y Andalucía (-4,2%).
De los datos anteriores parece derivarse la presencia de unos aumentos más intensos en la oferta de nuevas viviendas que en la demanda. Esta circunstancia la confirma en parte el descenso registrado en enero-abril de 2005 sobre el año precedente en las inversiones extranjeras en inmuebles, cuyo valor retrocedió en dicho periodo en más de un 16%.

  1. Algunas evidencias : son intensas las ventas para inversión y se expulsa del mercado a los jóvenes hogares
En el análisis del presente episodio inmobiliario, que se ha desarrollado no solo en España sino también en un amplio número de países occidentales, destaca la evidencia de que las compras de viviendas con fines de inversión han alcanzado unos elevados niveles. Así, en el caso de España, mientras que en el Censo de 2001, el total de viviendas no destinadas a residencia habitual (secundarias, vacías y otras), suponía el 32% del total de viviendas familiares, las estimaciones efectuadas a partir de los datos del Ministerio de Vivienda acerca de la evolución del stock de viviendas entre 2001 y 2004 revelan que la proporción citada debe superar el 35% al final de 2004. Las viviendas no principales alcanzan proporciones próximas al 50% en las autonomías de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Se han construido desde 2001 viviendas principales a un ritmo inferior al de las viviendas de temporada o destinadas a inversión.
Una segunda observación de interés consiste en que los altos precios de venta de las viviendas han expulsado a los jóvenes hogares o adquirentes por primera vez del acceso a la vivienda (Reino Unido, Estados Unidos y Francia). Si los adquirentes son en gran parte inversores, los precios de venta de mercado se pueden situar en niveles que poco tienen que ver con los ingresos habituales en los jóvenes hogares. Se ha observado en Francia que los ingresos de los nuevos adquirentes de vivienda para uso de las mismas están muy por encima de la media de los hogares (M. Mouillart y V. Vaillant, “Un marché plus selectif des particuliers plus endettés”, Banquemagazine, diciembre 2004)
En el caso actual de España, unos niveles de producción de viviendas situados en torno a unas 300.000 al año por encima de las demandas derivadas de la creación de nuevos hogares, no puede por menos de generar consecuencias medioambientales negativas. Lo anterior provoca desviaciones nada deseables del ahorro hacia destinos escasamente generadores de empleos sostenibles, de mejoras de eficiencia y de ganancias de competitividad para la economía española.
La economía española se han instalado en un déficit exterior que se financia mediante aportaciones importantes de ahorro del resto del mundo, que en gran parte se destina a cubrir las necesidades de financiación derivadas de un largo y prolongado proceso de construcción de viviendas. Como sucede en Estados Unidos, la economía española se ha hecho profundamente dependiente del negocio inmobiliario. La recuperación económica posterior a 2001 no habría tenido lugar sin el creciente gasto en vivienda, junto a un aumento del consumo privado apoyado en una financiación hipotecaria facilitada por los más altos precios de las viviendas. (P. Krugman, “That hissing sound”, The New York Times, 8.Agosto.2005).

3. Sugerencias de estadística y de política económica
Los datos anteriores revelan que la producción de viviendas en España puede estar creciendo a ritmos por encima de la demanda, al menos a nivel agregado. Apenas existen, como se ha indicado, estadísticas de ventas y de transacciones de viviendas. De disponerse de este tipo de estadísticas, a nivel nacional y desagregado por autonomías, provincias y ciudades, como sucede en otros países occidentales, es posible que las decisiones de promoción de nuevas viviendas y de compra de tales viviendas, en especial de las realizadas con fines de inversión, se adoptasen con más rigor. El mercado inmobiliario adolece así de una dosis excesiva de opacidad, lo que facilita la creación de desequilibrios duraderos oferta-demanda que no ayudan para nada a la economía española en este momento.
Es evidente el papel decisivo de los gobiernos locales en el estimulo de la nueva oferta de viviendas, ante la relevancia de los ingresos fiscales susceptibles de obtenerse mediante desarrollos inmobiliarios masivos al margen de la demanda de vivienda derivada de la evolución demográfica. Las autonomías podrían corregir en parte dicha deriva, a la vista de las competencias de que disponen en este terreno, sobre todo tras las Sentencias del Tribunal Constitucional decisivamente favorables a sus intereses. No parece seguro que tales administraciones públicas estén desempeñando en este campo un papel racionalizador.
Desde 2004 el gobierno británico ha pasado a incidir en las decisiones locales en materia de gobierno del suelo a través de presencia de representantes de la administración central en los consejos regionales en los que se adoptan las decisiones mas relevantes en materia de urbanismo, compatible todo ello con la “devolución” de competencias a Escocia y con la creación del gobierno regional de Gales.
Si desde el gobierno de la nación se pretende desarrollar estrategias que contribuyan a conseguir los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa de 2002 y a mejorar la competitividad de la economía española, la Administración Central no puede estar al margen de lo que está sucediendo con un factor productivo tan decisivo como es el suelo. Si no hay suelo no pueden instalarse bastantes tipos de empresas. El descenso de las ramas agroindustriales en el PIB de España algo tiene que ver con un urbanismo que expulsa actividades productivas en favor de una sobrecalificación de suelo como urbanizable residencial.
Si se invoca al Art. 149.1.13 de la Constitución Española de 1978 en la exposición de motivos del Plan de Viviendas 2005-2008, ¿no podría aprovecharse asimismo dicha norma para que la administración central participase, directa o indirectamente, en el desarrollo de una política de suelo mas proclive a un crecimiento económico mas sostenible y menos dependiente de la construcción residencial que la política que ahora está marcando el destino de las ciudades y hasta de la propia economía española?
[1] Economista y Estadístico

28 julio 2006

Un verano con un septiembre que nos inquieta

Julio Rodríguez López[1]
Se han dejado para septiembre bastantes asuntos de interés en agosto de 2005. La cuestión territorial está muy en el aire, a la vista del contenido que podría llegar a tener el nuevo Estatuto de Cataluña que aprobase el Parlamento de aquella autonomía y que llegaría como proyecto de ley a las Cortes Españolas. Aunque los políticos de Cataluña y de otras latitudes suelen situar al modelo federal para España como objetivo final, la realidad es que lo que puede salir de los “ríos desbordados” de las ambiciones de poder suena mucho mas a confederación inestable y no a algo equivalente a los modelos federales ahora vigentes en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Suiza y Alemania.
De camino, el debate sobre la reforma del estatuto andaluz de autonomía debería dotarse de más elementos de funcionalidad, con la vista puesta en lograr lo mejor para Andalucía. Entre dichos elementos la cuestión de si Andalucía es o no una nación no parece sea de los temas más prometedores.

El Estatuto de Cataluña, ¿una reforma constitucional implícita?
En materia de financiación, los aspectos básicos de la propuesta de reforma emanada del gobierno tripartito catalán son los relativos a la creación de una Agencia Tributaria propia, que gestionaría e inspeccionaría cuantos tributos se obtengan en Cataluña. La Generalitat catalana tendría competencias sobre todos los tributos y no aportaría el Estado mas del 50% de los impuestos compartidos (IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades, basicamente). Cataluña aportaría el Estado en función del esfuerzo fiscal de las restantes autonomías, esto es, se decidiría desde Cataluña si otras autonomías hacen o no el esfuerzo fiscal adecuado a la hora de decidir cuanto se aporta desde allí al resto de España. El nuevo Estatuto reformaría así de forma fáctica y unilateral el sistema de financiación autonómica ahora vigente en España.
La apelación a los derechos históricos para justificar las competencias exclusivas en dicho Estatuto abre la vía a cualquier tipo de reclamación inviable tras siglos de realidades políticas consolidadas. El blindaje que se pretende de tales competencias exclusivas haría imposible para la administración central desarrollar actuaciones de coordinación previstas en los decretos de traspaso de competencias. Las limitaciones de tales Decretos se han puesto de manifiesto cuando algún titular ministerial ha declarado que poco mas se puede hacer que recomendar a las autonomías que actúen en determinada dirección para evitar ineficiencias, como las que en el verano de 2005 se han puesto de manifiesto en materia de lucha contra incendios y de control sanitario.
Los problemas económicos de Cataluña no son distintos de los del resto de España. Si algo los complica es el mayor peso de la industria en su economía, que es un sector bastante mas susceptible de competencia externa que gran parte de las actividades incluidas en los servicios. La búsqueda de la mayor competitividad por parte de Cataluña no debe llevar a romper de forma unilateral el sistema de financiación. Las empresas deben buscar su propio camino de supervivencia solo con las ayudas públicas justas.
Las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía considerando que el Estatuto que salga del parlamento catalán es un proyecto de ley que debe ser objeto de debate y de posible modificación a su paso por el Congreso de los-Diputados no han podido ser más afortunadas ni más ajustadas al momento. Debe de procurarse que la administración central resultante de dichas reformas estatutarias sea funcional y no un conjunto de recortes competenciales faltos de hilazón, a merced de nuevas acometidas por parte de los nacionalistas mas al borde de la secesión.

Andalucía y su Estatuto
En 2004 el PIB por habitante de Andalucía equivalía al 76,5% de la media de España, según el INE. En términos de Renta Disponible por habitante dicho nivel ascendía hasta el 80,5% de la media nacional. La mejora en cuestión se deriva de la acción de la administración central, a través de las prestaciones sociales y de la fiscalidad directa progresiva. Cuando se pasa desde el PIB hasta la Renta disponible citada, las autonomías de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha , Extremadura y Galicia son objeto de una actuación estatal de mayor alcance relativo que en el caso de Andalucía. La aportación de Madrid al resto de España supera con mucho a la de Cataluña.
Entre 1999 y 2004 el crecimiento medio de la economía andaluza superó ampliamente al de la media de España (3,6% fue el crecimiento medio anual frente al 2,9% de España). Andalucía ha convergido a buen ritmo con la media española, aunque parece más que necesario que su economía dependa menos del subsector inmobiliario. El que en 2004 se iniciasen en Andalucía mas viviendas que en todo el Reino Unido (145.000, frente a una creación neta de 77.000 hogares) y el que de las primeras actualizaciones del Censo de Viviendas se derive que en la presente década el parque de viviendas habrá crecido en Andalucía en mas de un millón (no llegó a 700.000 el aumento registrado entre 1991 y 2001) confirma la necesidad de que el desarrollo andaluz se diversifique y no esté a remolque de unos ayuntamientos empeñados en calificar como de urbanizable residencial cuanto suelo se pone a tiro.
La reforma del estatuto andaluz debe de permitir que Andalucía mantenga en términos relativos su marco competencial respecto del resto de España. También debe de contribuir en su redacción a que se den los pasos necesarios para que la creciente globalización pueda acometerse de frente desde Andalucía, donde muchas de cuyas actividades productivas no tienen porque desaparecer en aras de una modernidad más tendencial que real.

27 julio 2006

2005 y Motril, uno más de los años bárbaros

Julio Rodriguez López[1]

En 2005 Motril superó los 56.000 habitantes, según el Padrón Municipal. Este dato implica un importante ritmo de aumento de la población, superior al de España y al de la provincia granadina. En 2005 Motril apareció como cabecera de una de las 82 áreas establecidas en el “Atlas Estadístico de las Areas Urbanas de España” editado por el Ministerio de Vivienda. En este ejercicio se profundizó la crisis iniciada en años anteriores en el subsector agrícola, mientras que mantuvo un intenso ritmo la construcción de nuevas viviendas destinadas a residencia secundaria o simplemente a inversión. El puerto de Motril aparece como el factor potencialmente más importante para el futuro desarrollo socioeconómico de esta área urbana. La zona empresarial próxima al puerto podría resultar decisiva conforme se vaya reduciendo el ritmo de construcción residencial de los últimos años.

1. Motril, Area Urbana
En un trabajo publicado en 2005 por el Ministerio de Vivienda Motril aparece como la cabecera del territorio que ocupa el puesto 75 entre las 82 áreas urbanas de España. Estas últimas, con mas de 50.000 habitantes cada una de ellas, concentran el 67% de la población nacional. Entre los rasgos mas destacados del Area de Motril destacan, según el citado estudio, la alta densidad de población existente (488,5 habitantes por kilometro cuadrado), el menor nivel de formación de su población respecto de la media nacional (menos titulados superiores y más personas sin estudios) y la alta proporción de la población de Motril que vive en el lugar de nacimiento (62,5%).
La presencia de población trabajadora es sensiblemente superior a la de España y el porcentaje de “pequeña burguesía” es muy inferior en Motril a la media nacional[2]. En el parque de viviendas destaca la alta proporción de las secundarias o de temporada en Motril (30,5% del total), casi el doble que la de España (16%). Los empleos en la agricultura (el 24,3% del empleo total), y en la construcción (15%), tienen una presencia sustancialmente mas elevada en Motril que en España.

2. Una población que crece a fuerte ritmo
Según el Padrón Municipal de Población de 2005 la población motrileña ascendía a 56.605 habitantes al comienzo de este año, un 2,8% mas que en el año precedente. El ritmo de aumento citado superó al de la provincia de Granada, aunque fue menor que el de las vecinas Almuñecar y Salobreña. En el periodo comprendido entre el Censo de Población de 2001 y 2005 el aumento acumulado de población de Motril ha sido del 10,4%. De mantenerse el ritmo de aumento citado, la población motrileña podría alcanzar los 65.000 habitantes en 2011.
Los mayores aumentos de población en España están teniendo lugar sobre todo en las provincias mediterráneas. En 2005 destacaron los aumentos interanuales de población de las provincias de Almería (5,6%), Tarragona y Alicante (4,6% en ambos casos). Existe una visible correlación entre el aumento poblacional y el ritmo de construcción y venta de viviendas, en especial de temporada. Los campos de golf y los puertos deportivos se han convertido en auténticos señuelos comerciales que facilitan la venta de las nuevas viviendas construidas en su entorno inmediato. La escasez de agua se va a compensar en el Mediterráneo español acudiendo a la desalación masiva del agua marina.

3. Crisis de la agricultura, auge del negocio inmobiliario
En los últimos años se están repitiendo en la Costa de Granada los bajos precios de venta de los productos hortofruticolas. Esta evolución ha reducido de forma espectacular la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Su origen descansa en varios factores, como son la proliferación de invernaderos, la cada vez mayor oferta agrícola que viene del norte de Africa a precios reducidos y el estancamiento de la demanda de consumo de los países de la Unión Europea, cuyas economías han crecido poco en los últimos años.
La difícil situación de la hortofruticultura ha evidenciado las crónicas insuficiencias del sistema de comercialización agrario vigente y el casi nulo papel de las administraciones públicas en el proceso descrito. Se ha comentado antes la trascendencia de la agricultura en el empleo total en el área urbana de Motril. Los puestos de trabajo ligados a dicho subsector se aproximan a los 5.000. De profundizarse aun más la crisis agrícola dichos empleos disminuirán y no podrán absorberse por la construcción residencial de viviendas de temporada.
Las fuertes plusvalías inmobiliarias, obtenidas sobre todo a partir de la recalificación de los terrenos, no favorecen precisamente ni al desarrollo sostenido ni a la creación de nuevos empleos una vez pasada la fase de la construcción. Los grupos empresariales hoteleros más destacados de España han subrayado como la construcción excesiva de viviendas de temporada perjudica al desarrollo turístico. El denominado “turismo residencial” produce muy escasos puestos de trabajo, realidad que en Motril se puede comprobar solo con observar la casi nula animación, fuera de temporada, de las nuevas áreas residenciales. Pero los desarrollos urbanísticos previstos en los sucesivos planes locales de urbanismo no se han diseñado en Motril, ni en casi ninguna ciudad costera, con la vista puesta en el desarrollo económico.

4. El puerto de Motril y el futuro
El futuro parece anticipar una constante reducción de la oferta agrícola y un continuo crecimiento del parque de viviendas secundarias en Motril. Una alta proporción de dichas viviendas servirá como colocación del ahorro familiar y será objeto de una escasa utilización. En el cada vez menor volumen de suelo no previsto como urbanizable residencial se debe de optar por una utilización del mismo que garantice empleos estables y no de los que solo duran el tiempo de la construcción. La superficie de Vega ya destinada a vivienda de temporada es más que suficiente. El urbanismo no debe diseñarse en exclusiva en función de los ingresos fiscales municipales derivados de la construcción de nuevas viviendas. De camino se ayuda con dicha estrategia alternativa a la reducción del déficit comercial de España y a la mejora de su capacidad de competir.
Motril deberá de optar entre el modelo inercial de las ciudades ya colmatadas de residencias secundarias, tan desacreditadas como Torrevieja, a titulo de ejemplo, o entre un modelo que compagine una cuota significativa de suelo agrícola, de hoteles y viviendas secundarias y de suelo destinado a actividades empresariales. En este sentido el polígono próximo al ampliado puerto de Motril, con 780.000 metros cuadrados de extensión, debe de ser un motor de desarrollo sostenido. El futuro de este último depende de la gestión que del mismo va a realizar la autoridad autonómica y también de que desde el gobierno local se potencie y amplie el papel del mismo. Los motrileños del presente y las futuras generaciones necesitan que se reserve suelo para desarrollar actividades productivas y que se valore al mismo como algo escaso y no renovable.
Y de camino, se debe de procurar que Motril sea una ciudad más habitable, más acogedora, mas dotada de actividades culturales y de zonas verdes. El suelo público disponible debe servir para reforzar los equipamientos y no tanto para que sobre el mismo se desarrollen nuevas grandes superficies comerciales. No se trata solo de lograr que se pueda seguir divisando al Cerro de la Virgen desde la playa, se trata también de que el suelo público tenga utilidad para los ciudadanos y que las grandes operaciones ludico-comerciales no tengan que instalarse necesariamente sobre dicho tipo de suelo.

[1] Doctor en CC Económicas. Vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
[2] El Atlas Estadístico citado distingue entre “burguesía”, “pequeña burguesía” y “clase trabajadora”.