26 febrero 2018

BANKIA: ¿DEBE DE DESAPARECER EL ULTIMO SEGMENTO DE BANCA PUBLICA?



Julio Rodríguez López[1]
 Una vez materializada la absorción del Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia en diciembre de 2017, solo queda este último como residuo accidental de lo que fue un importante segmento de banca  pública en España. De forma paralela, se ha acrecentado la concentración bancaria en España, de forma que unos cinco bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), reúnen  más del 80% de los activos bancarios en el sistema crediticio español. Se trata de analizar,  si tiene interés para el propio sistema financiero y para la economía española el que Bankia siga siendo un banco controlado por el gobierno del Estado.

La banca pública propiamente dicha, esto es,  las cuatro entidades oficiales de crédito -BC Agrícola, BC Industrial, BC Local y Banco Hipotecario-más el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros  fueron privatizados en un proceso que se  inició en mayo de 1991. Todo ese segmento del sistema crediticio se integró en Argentaría, que después fue absorbida por el Banco Bilbao Vizcaya, para desembocar en el actual BBVA.

 La privatización, decidida por el gobierno socialista  a propuesta del entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afectó incluso a las estafetas existentes en las oficinas de Correos. Las pymes, los ayuntamientos y los promotores de viviendas protegidas echaron de menos una buena temporada a los bancos públicos absorbidos por el segundo banco privado español.

 Las cajas de ahorros se crearon en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria. Estas entidades eran fundaciones de carácter privado, con una fuerte presencia pública  y sindical en sus  órganos de gobierno. Con la creación del estado autonómico, apoyado en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía, la tutela de las cajas pasó a las comunidades autónomas. Estas administraciones  actuaron con las cajas como si fuesen  bancos al servicio de sus objetivos políticos, lo que afectó de forma negativa a los resultados de dichas entidades.

El empujón de actividad aportado a las cajas desde las autonomías fue evidente. Sin embargo,  la desprofesionalización de los gestores y la concentración crediticia excesiva en el segmento inmobiliario llevó a numerosas cajas a situaciones de insolvencia. La salida de la situación fueron las fusiones frías, los SIP, que terminaron convirtiéndose en bancos, no encajas de ahorros de mayor dimensión.  

 En el proceso de saneamiento bancario, ha subsistido Bankia, banco resultante de integrar a unas once cajas de ahorros, con mayoría estatal en su accionariado. El tope formal  para su privatización acaba en diciembre de 2019. Bankia  podría permanecer bajo control público de decidirlo así el gobierno de España. La cuestión radica en cómo  Bankia (balance de 214.000 millones de euros a 31.12.2017 y cartera de crédito de 128.800 millones) puede aportar más a la economía, bien como banco público o bien privatizarlo buscando recuperar  una parte de lo aportado.

La contribución real a una mayor competencia en el sistema crediticio, la actuación  clara en contra de la exclusión financiera, el freno a un más acusado oligopolio bancario, la financiación de  la creación de un parque público de viviendas de alquiler social, la actuación como banca de proximidad, podrían ser  objetivos de Bankia como banco público, atento a su cuenta de resultados y a su solvencia.

 La gerencia de Bankia debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno. El  modelo de gestión debería estar  bastante más próximo  a lo que fueron las extintas entidades oficiales de crédito que a lo que fueron las también desaparecidas cajas de ahorros.

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo el viernes 23 de febrero de 2018



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

17 febrero 2018

LOS ALQUILERES SE HACEN INACCESIBLES Julio Rodríguez López[


 El mercado de vivienda ha presentado una recuperación  paralela al mayor crecimiento de la economía  en el periodo 2014-2017. Las ventas de viviendas han crecido a un ritmo medio anual del 15,7%, pasando de unas ventas de 300.600 viviendas en 2013 a unas  535.000 en 2017. El 91% de las ventas realizadas en el periodo analizado han correspondido a viviendas usadas. Las viviendas protegidas suponen solo el 4% de las viviendas vendidas.

  El que más del 30% de las ventas de viviendas se hayan efectuado sin necesidad de un préstamo hipotecario revela la presencia de una amplia proporción de inversores entre los adquirentes. La mayor demanda de vivienda se ha visto favorecida, pues, por el aumento del empleo y por  los bajos tipos de interés, que han estimulado las compras de vivienda como inversión. 

Las mayores ventas de viviendas han provocado un aumento de los precios de las viviendas y de los alquileres y una recuperación de la nueva construcción residencial. El aumento acumulado de los precios de las viviendas entre 2013 y 2017 ha superado el 18%, proporción equivalente al crecimiento de los alquileres. La nueva construcción se ha recuperado, pasando las viviendas iniciadas desde las 34.300 en 2013 a las 82.000 de 2017.  

 El salario medio por persona ocupada creció a un ritmo medio anual del 0,4%, muy lejos de los aumentos de los precios de las viviendas y de los alquileres. En los salarios más reducidos, frecuentes en los nuevos empleos, la dificultad de acceso es mayor. Así, para los asalariados del decil 3 (los que ganan entre el 20 y el 30% del salario medio, 1.118 euros/mes), el esfuerzo de acceso ha crecido desde el 56,3% de los ingresos en 2013 hasta el  65,6% en 2017. Alrededor del 40% de los asalariados no pueden acceder a una vivienda en propiedad, por su escasa solvencia, pero tampoco pueden acceder a una vivienda de alquiler privado.

 Las dificultades de acceso las confirma el que los lanzamientos judiciales derivados de impagos de alquileres han alcanzado en los tres primeros trimestres de 2017 el 58% del  total de lanzamientos,unos 35.000 anuales. Los niveles de los alquileres en 2017 implican que son muy numerosas las familias  que no pueden hacer frente a las nuevas rentas (Carme Trilla, “...llegará un momento, no muy lejano, en el que las familias no podrán hacer frente a estas rentas”. La Vanguardia, 28.1.2018).
La demanda de viviendas de alquiler se ha visto impulsada, pues, por los nuevos empleos con salarios reducidos, que no tienen solvencia para adquirir una vivienda con un préstamo hipotecario También han influido las subvenciones a los inquilinos administradas por las autonomías y las desgravaciones fiscales al alquiler introducidas en estas administraciones públicas. 

La oferta de viviendas de alquiler se ha visto disminuida por la importante proporción de viviendas destinadas a alquileres turísticos y por las mayores ventas derivadas de precios más atractivos. Demanda creciente de alquileres y oferta reducida explican los aumentos sufridos por los niveles de los alquileres conforme mejora el ritmo de crecimiento de la economía. Es frecuente el que se alquilen habitaciones a precios notables o a que varios hogares compartan una vivienda.

  Resulta necesario, pues, aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Ello exige programar un amplio conjunto de medidas y, sobre todo, que exista política de vivienda a nivel estatal, aunque la ejecución de la misma corresponda a autonomías y ayuntamientos. También resulta imprescindible mejorar las estadísticas de las que se dispone acerca del mercado de alquiler, puesto que en la situación presente la única información semirregular disponible es la procedente de portales privados, que son parte interesada en el funcionamiento de dicho mercado.

Este artículo se publicó el 9 de febrero de 2018 en la revista digital El Siglo de Europa.




JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis