30 junio 2013

EL RIESGO SISTEMICO DEL DESEMPLEO Y LA MOROSIDAD Julio Rodríguez López


  En el análisis de la morosidad de los bancos españoles los créditos a los hogares para la compra de vivienda han supuesto hasta ahora un alivio dentro del conjunto de la cartera de préstamos. Frente a unas tasas de morosidad espectaculares en los créditos destinados a la promoción y construcción de viviendas, la morosidad de los correspondientes a la compra y rehabilitación de vivienda  se ha mantenido en unos niveles sustancialmente inferiores a la media. Sin embargo, la elevada cifra absoluta de créditos morosos que esconde la baja tasa citada y el importante aumento en los dos últimos años obliga a prestar atención  a la evolución  de dichos préstamos.

  A 31 de diciembre de 2007, según  las estadísticas del Banco de España,  el saldo vivo de los préstamos morosos para la compra y la rehabilitación de viviendas ascendía a 4.495 millones de euros, equivalentes al 0,72% del saldo total de dicho tipo de préstamos, hipotecarios en su gran mayoría. Por la misma fecha, la tasa de morosidad del conjunto de los préstamos bancarios en España era del 0,92%. Cinco años y un trimestre después de dicha fecha, a 31 de marzo de 2013,  la tasa total de morosidad del conjunto de la cartera de créditos al sector privado de la economía se elevaba  al 10,87%, correspondiente a una cifra absoluta de 167.087 millones de euros. En esta misma fecha la tasa de morosidad de los préstamos a comprador de vivienda se había situado en el 4,16%.

  Entre 2007 y 2013 se disparó la morosidad en  los préstamos a promotor inmobiliario y a constructor de viviendas. A pesar de las elevadas ventas de activos problemáticos  (suelo, promociones en curso y promociones de viviendas terminadas) realizadas al “banco malo”, Sareb, a fines de 2012 y primer trimestre de 2013, todavía la tasa de morosidad de los créditos mayoristas citados se situaba a fines de marzo de 2013  en torno al 29%.

  Parece evidente que un volumen  significativo de los créditos a promotor-constructor han sido objeto de abundantes renovaciones. Así, durante bastante tiempo tales créditos aparecieron como “normales” en los balances bancarios y fue tras los “decretos Guindos” de 2012 cuando los balances bancarios se aproximaron de forma abrupta a la realidad de las carteras de crédito de los bancos españoles.

 Al obligar el Memorándum (Mou) firmado  por España con el Eurogrupo en 2012  a vender los activos bancarios problemáticos  a Sareb a precios de mercado, se materializaron  de golpe buena parte de las pérdidas de dichas carteras bancarias. En ese momento apareció de forma más nítida el descenso sufrido por los precios de las viviendas en España tras la crisis. Así, según el índice de precios de viviendas del INE, apoyado en los valores y superficies declarados en las escrituras de compraventa formalizadas ante notario,  el descenso acumulado de tales precios entre el tercer  trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2012 superó  el 36 %.

 En 2012 el problema de las ejecuciones hipotecarias de préstamos a comprador de vivienda alcanzó una clara notoriedad. Desde los bancos se subrayó que la tasa de morosidad de este último tipo de préstamos era reducida. Pero en marzo de 2013  el saldo vivo de dichos  créditos morosos  alcanzó los  26.032 millones de euros. Aunque la tasa de morosidad de los préstamos en cuestión está muy por debajo de la media general,  resulta, pues,  preocupante tanto el nivel absoluto alcanzado como el aumento de dicha cifra absoluta, superior al 30% anual.  

   Los préstamos a comprador de vivienda concedidos en los últimos años  encierran otro problema. Dichos préstamos  se están  formalizando  en su mayor parte a interés  variable,  referenciados con el euribor a doce meses.  El diferencial aplicado a dichos préstamos sobre el euribor se ha aproximado al 3%, con lo que en caso de subir los tipos de interés, como puede suceder tras  la actual tormenta de los mercados monetarios, podrían producirse elevaciones sustanciales en los tipos de interés  a pagar por los compradores. Dicha evolución afectaría al alza a  la cifra absoluta  de morosidad citada.

 Pero el principal motor del ascenso  de la morosidad en la importante cartera de créditos bancarios a   comprador es la situación del mercado de trabajo.  La pérdida de empleos ha continuado siendo muy elevada en 2013. La cuestión de las pensiones ha aparecido cuando se ha acentuado la caída de los afiliados a la seguridad social, cuyas cotizaciones financian  en la práctica las pensiones en España.

Como señalan en su libro”La torre de la arrogancia”  (Ariel, 2012) Xose Carlos Arias y Antón Costa, el desempleo masivo tiene naturaleza de riesgo sistémico, resultando un mal no solo para quien lo sufre sino para la economía en su conjunto. La pérdida de empleos está detrás de la  peligrosa evolución de la morosidad en el segmento hasta ahora más protegido de la cartera de créditos  bancarios. Ello afecta no solo a los morosos, sino al conjunto de los bancos y a toda la economía. 

    

19 junio 2013

LA NUEVA POLITICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO RAJOY Julio Rodríguez López


  Se  han puesto en marcha en el primer semestre de 2013   los primeros cambios introducidos por el actual gobierno del Partido Popular  en el marco estatal de la política de vivienda. Destaca la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 (RD 233/2013, BOE de 10.4.2013), y de un conjunto de  correcciones  sustanciales a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 4/2013, BOE de  5.6.2013)  

Junto a lo anterior, todo indica que en  el Senado apenas se corregirá el texto del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana aprobado en el Congreso de los Diputados.
 Dicho proyecto de  ley es la tercera pieza legal rectificada entre las que integran las la política de vivienda. Se modifica en el mismo la normativa correspondiente a la rehabilitación, se sustituye al actual ITE (inspección técnica de edificios) por el Informe  de  Evaluación de Edificios (IEE). Además, se  cambian las leyes vigentes de suelo y de propiedad horizontal, reforzando de nuevo los derechos del propietario. Se abren las puertas a la figura del agente urbanizador, en este caso aplicado a la rehabilitación y a la  regeneración urbana.

  Una enmienda a última hora del Grupo Popular del Congreso ha incorporado a dicho proyecto de ley  una vieja aspiración  de los promotores inmobiliarios, la suspensión de  la reserva de suelo  (30% de la edificabilidad) para  la construcción de vivienda protegida o equivalente en los nuevos desarrollos urbanos. Dicha suspensión duraría  cuatro años y deberán aceptarla  las comunidades autónomas.

  El argumento que justifica tal enmienda  es que no hay demanda para dicho tipo de vivienda, como viene a decir la alcaldesa de Madrid para cerrar la empresa municipal de vivienda.  En la presente situación de España la gente necesita viviendas caras según los diputados populares, a pesar de la destrucción de empleos, del descenso confirmado del número de hogares, de la emigración y del descenso de los salarios. Ello recuerda el dicho  que se atribuyó a la reina María Antonieta poco antes de la revolución francesa, de que a falta de pan que  la gente coma pasteles.

  Los diputados populares deben de ignorar que la restricción crediticia está afectando más  a las ventas de viviendas protegidas que a las viviendas libres en las nuevas promociones de viviendas. En el último trimestre de 2012, según  el Banco de España,  la tasa interanual del saldo de  crédito para la compra de vivienda protegida descendió en un 4,5%, descenso más acusado que el del 3,5% correspondiente al crédito total para compra de vivienda. En tiempos de restricción crediticia  los bancos desconfían mas de los hogares con menores niveles de ingresos, a  los que están destinadas tales viviendas protegidas.  

 Sorprende la defensa del alquiler en boca de la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Se dice ahora  que en Europa hay una proporción bastante mayor que en España de dicho tipo de viviendas y que en España hay un 17% de hogares viviendo de alquiler. En la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativa a 2011 solo un 12,1% de los  hogares viven bajo dicha forma de tenencia, dato que también recoge en sus indicadores el Banco de España. 

En el Ministerio de Fomento suman a los hogares de alquiler los que residen en viviendas cedidas en uso gratuito (5,1%) para llegar a dicha proporción. No es lo mismo vivir de alquiler bajo un contrato a cumplir que hacerlo en una vivienda cedida gratis a un familiar, por ejemplo.
Las reformas de  la vigente ley de arrendamientos urbanos (Ley 25/1994) tienen un sesgo favorable al propietario: se rebaja de cinco a tres años el plazo máximo del alquiler, se puede despachar al inquilino con solo un año de contrato aduciendo la necesidad de la vivienda,  retornando al “Decreto Boyer” de 1985  que admiran los populares. 

Se deja libertad entre arrendador y arrendatario para elegir el indicador con el que se va actualizar el alquiler, y no el IPC como hasta ahora. Los inquilinos  deberán pasar  previamente por un curso de estadística descriptiva para ejercer la libertad de elección entre índices de precios.

 El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el décimo plan plurianual  de vivienda de la democracia (el primero fue el de 1981-83, imperantes Suarez y Calvo-Sotelo) busca  reactivar el deprimido sector de la construcción. Recupera las ayudas directas,  de hasta 200 euros al mes,  a los inquilinos que  no paguen más de 600 euros al mes de alquiler. Establece las ayudas directas  a la construcción de viviendas de alquiler, que solo podrán edificarse sobre suelo o edificaciones  de titularidad pública. Desaparece por el momento cualquier ayuda a  la vivienda protegida en propiedad.


  La nueva política de vivienda impulsa algo el alquiler y la rehabilitación, modifica la ley del suelo para hacer rentable la rehabilitación a los agentes privados,  echa una mano a los arrendadores y despide sin más ceremonias a la vivienda protegida en propiedad. 

Publicado en El siglo, 17.6.2013

09 junio 2013

PENSIONES: SE ACERCA EL RECORTE Julio Rodríguez López


  El continuo descenso del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social ha provocado un déficit creciente en las cuentas de la Seguridad Social. Ante el avance del desequilibrio en cuestión, una Comisión de expertos ha preparado un informe del que emanan propuestas de reformas profundas en materia de pensiones. Estas últimas son el mayor componente de las prestaciones sociales en España, desempeñan un evidente papel equilibrador en lo social y su evolución incide sobre el comportamiento del consumo privado.

  En 2012 el número medio de pensionistas en España ascendió a  8,9 millones, de los que el 60% (5,3 millones) correspondió a  jubilados. El importe de la pensión media fue de 830 euros/mes, cuantía que en el caso de las pensiones por jubilación se elevó a 946 euros. En este último caso el importe equivale al 50,2% del salario medio nominal recibido en España en 2012 por los trabajadores asalariados  (1.884 euros/mes), según la encuesta trimestral de coste laboral del INE.

 El gasto público en pensiones en 2012 ascendió en  España a unos 104.000 millones de euros, equivalentes al 10% del PIB del pasado año. Las pensiones suponen el 27,5% de todas las prestaciones sociales y transferencias corrientes a los hogares en 2012.  El consumo privado, principal componente de la demanda,  depende sobre todo de la evolución de la renta disponible de los hogares. Esta  última  ha descendido en más de un 6% en los últimos tres años por la pérdida de empleos y por el retroceso salarial. Los menores salarios se han dejado sentir sobre todo en el último ejercicio anual.

  El sistema español de financiación de las pensiones, denominado como “de reparto”, descansa en las cotizaciones anuales aportadas en función de los trabajadores afiliados  en alta en la Seguridad Social. La evolución de las cotizaciones depende, a corto plazo y si se mantienen las cotizaciones  de los afiliados, del número de estos últimos, que no ha dejado de descender en España desde que se inició la crisis allá por el ya lejano verano de 2007. 

  El total de afiliados a 31 de diciembre de  2007 se elevaba a 19,2 millones, incluidos los del régimen general y  los autónomos. En la misma fecha de 2012 dicho número había caído hasta 16,3 millones, casi un  15%, equivalente a cerca de tres millones de afiliados.  Se comprueba así el carácter “sistémico” que presenta en España el proceso de destrucción de empleos y la necesidad de que dicho proceso se frene o deje de actuar.  Antes de crearse la comisión de expertos citada sonaban ya las voces que denunciaban que las pensiones habían mantenido el poder de compra a lo largo de la crisis.Tras la sangría producida en el mercado de trabajo a través de una reforma que ha acentuado de momento  la caída del empleo, ahora le toca el turno a las pensiones, la partida más fuerte del denominado “estado bienestar”.

 A la hora de reformar el vigente sistema de pensiones, la estrategia  política del gobierno se ha canalizado hacia el gasto, prescindiéndose del lado de los ingresos. Los más de 105.000 millones de euros que supone el gasto en pensiones  equivalen al 13% de la renta disponible de los hogares. Esta última, como ya se ha indicado, s ha resultado afectada   a la baja por la caída del empleo y, más recientemente, por el descenso salarial, que es una pieza clave de la estrategia actual de política económica del gobierno. Dicha política pretende efectuar una especie de devaluación interna que supuestamente permitiría a la economía ganar  en competitividad aplanando los costes salariales, principal variable instrumental de la política económica  del  actual gobierno de España.

La situación la complica el que las nuevas entradas  en el sistema suponen pensiones superiores a las de las  bajas. El estancamiento practicado en las pensiones máximas en los últimos años ha implicado una reforma del sistema. Este último viene realizando una reducción fuerte del abanico salarial, puesto que los salarios más altos se transforman con la jubilación en un nivel máximo de pensión al que acceden  cada vez más los nuevas altas en el sistema. Diferencias salariales importantes se convierten en diferencias reducidas entre  los niveles de pensión, y ello por el estancamiento de las pensiones máximas. 


Las reformas que se anuncian tras la publicación del informe de la comisión de Expertos supondrán el fin de la actualización de las pensiones con el índice de precios de consumo. Se reducirán las pensiones futuras al alargarse el tiempo de cotización empleado para calcular la nueva pensión. Y hasta podrían disminuirse las pensiones nominales actuales, según se filtra “desde arriba”.  Un nuevo factor de retroceso en la renta disponible de los hogares afectaría sin duda a la baja al consumo privado, profundizando mas la recesión que se sufre. Los ajustes del gasto público tendrían que considerar su  impacto sobre la demanda efectiva, a la que rara vez se refieren los responsables de la política económica.  Y esta última deberá hacer más por frenar la constante sangría del empleo, cuya marcha negativa amenaza con arrasarlo todo a su paso, incluidas las pensiones. 

05 junio 2013

MERCADO DE VIVIENDA, 2013. DIFICULTADES ESTADISTICAS PARA EL ANALISIS Julio Rodríguez López


La información sobre el mercado de vivienda en España señala que en 2013 se mantienen las constantes básicas de los ejercicios posteriores al inicio de la crisis en 2007. Los retrocesos del empleo han dado paso a un descenso del número de hogares en el primer trimestre de 2013. La caída de los ocupados  y de los salarios ha hecho descender la renta disponible familiar.

La restricción crediticia  sigue pesando sobre las ventas de viviendas. Del  análisis de los fundamentos de la demanda se deriva, pues,  que en 2013 continuarán bajando las ventas a residentes y volverán a disminuir los precios de venta. En este sentido, el Anuario 2012 de los Registradores indica que una proporción creciente de las ventas  de viviendas (el 18,7% en 2012) se realizan a personas jurídicas, por lo que están apareciendo como ventas unas transmisiones que no responden a las características de una transacción “normal”.

En el contexto citado,  las ventas a extranjeros residentes y  a no residentes llevan camino de alcanzar en 2013 un peso equivalente al 17% de las ventas. Esa proporción no se había logrado ni en los años de la “burbuja”, aunque el bajo nivel de las ventas totales de viviendas  ha contribuido a acentuar el alcance de dichas ventas a extranjeros.

Los descensos de precios de las viviendas en las costas  han sido los más acusados desde el inicio de la crisis. Según Tinsa, entre diciembre de 2007 y abril de 2013 los precios de las viviendas han disminuido en España en un 37,2%, el 45,1% en la Costa Mediterránea. Tales descensos pueden favorecen las compras de viviendas por inversores extranjeros. Una proporción significativa de las viviendas vendidas a extranjeros   pueden volver  al mercado  pasado algún tiempo.

   El mercado de vivienda de alguna forma se verá afectado por los cambios normativos producidos  o en curso en 2013. Las modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos  pueden animar a los propietarios a alquilar una vivienda, pero reducen la estabilidad en la vivienda a los arrendatarios. No queda, pues, claro que la nueva normativa aporte un impulso importante al alquiler.

  Los planes plurianuales de vivienda anunciados no van a ser un motor de nuevas construcciones. La anunciada suspensión de la obligación de clasificar suelo para la construcción de viviendas con algún tipo de protección en los planes de urbanismo  no contribuirá a crear  parques de viviendas sociales de alquiler, donde España está muy por debajo de la media de los restantes países de Europa Occidental.

Desde el Ministerio de Fomento se insiste en que la proporción de hogares que vive de alquiler en España es el 18%.  La fuente estadística de la que procede dicho dato, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, señala que en 2011 solo el 12,1% de los hogares  vivía de alquiler. En Eurostat y en el Ministerio citado  le suman a  dicha proporción  la correspondiente a las viviendas cedidas en uso de forma gratuita (5,9%), que es una forma de tenencia que no corresponde precisamente a  un contrato de alquiler.

En abril de 2013 el INE publicó los primeros resultados del Censo de Viviendas de España correspondientes a la fecha de referencia del 1º de noviembre de 2011. Según dicha estadística, había en España 25,2 millones de viviendas familiares, 4,3 millones más que en  2001. El aumento intercensal del número de viviendas es inferior  a  que  resulta de sumar a las viviendas de 2001 las terminadas entre este año  y 2011,  según la estadística de certificados de fin de obra publicada por el  por el Ministerio de Fomento.

 Dicho resultado  resulta  contrario a lo sucedido en los censos de vivienda precedentes, en los que siempre aparecía que lo construido superaba a las previsiones.   En  los resultados del Censo de 2011 destaca el estancamiento de las  viviendas secundarias o de temporada, que solo habrían crecido en el periodo intercensal 2001-2011 en unas 37.000, un 8%. También ha resultado inferior a lo previsto el número de viviendas vacías, que habrían aumentado en 337.000 (10,8%) sobre el resultado del Censo de 2001.

 De este modo, el total de viviendas no principales (secundarias mas vacías) supondría en 2011 el 28,2% del total de viviendas familiares, por debajo del  32,2% de 2001. Los resultados del Censo de Viviendas de 2011 no resultan compatibles con  los del Censo de 2001 y con lo sucedido en el periodo intercensal, ante la evolución de los indicadores del mercado de vivienda. Debería de profundizarse en el análisis de tales resultados, para así avanzar en un mejor conocimiento de la realidad del mercado de vivienda en España.  

Publicado en El País digital, 2 de junio de 2013




04 junio 2013

EL SEXTO AÑO DE LA CRISIS EN LA COSTA DE GRANADA Julio Rodríguez López


   En el verano de 2013 se cumplirán seis años desde el inicio de la crisis económica. La  incidencia de esta última  desborda en España el marco económico. Las situaciones de conflicto social  se han multiplicado y se resiente el marco político creado en España en la transición. La comarca de la Costa de Granada y su principal núcleo de población, Motril, están sufriendo de lleno las consecuencias de la crisis, a pesar de disponer de unos recursos productivos importantes.

Costa de Granada. El impacto de la crisis
   En los 70 kilómetros de costa de la provincia de Granada, Motril es la ciudad de mayor dimensión. Con 110 kilómetros cuadrados de superficie municipal, 15 kilómetros de costa y 60.460 habitantes, según el censo de 2011 (61.200 en el Padrón Municipal de 2012), esta ciudad, que ocupa una posición céntrica en la comarca costera,  tenía en 2011 una edad media (37,7 años) más reducida que España (41,5) y que el conjunto de la provincia de Granada (40,3).

 Un rasgo destacado del mercado de trabajo en Motril es que de los 17.411 afiliados a la Seguridad Social en alta a  31 de marzo de 2013,  el 23,1% correspondía al régimen especial agrario (5% en España) y el 21,4% eran autónomos (18,5% en España). Lo anterior implica que la proporción de asalariados del Régimen General de la Seguridad Social está en Motril muy  por debajo de la media nacional.

  La  Costa de Granada  ha sufrido de lleno el impacto de la crisis. Ello lo evidencia, en primer lugar,  la evolución de la población de Motril, que pasó de aumentar en una media anual de 1.098 entre 2001  y 2007 (2,4%) a hacerlo solo  en un promedio de 534 entre 2007 y 2012 (0,9%). En segundo lugar, si el nivel de empleo se mide por el número de afiliados, entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2012, Motril habría perdido en los cinco primeros años de la crisis 4.023 puestos de trabajo, casi el 19% del empleo existente. En cuarto lugar, las ventas de viviendas se han reducido en el mismo periodo en un 70%, según las transmisiones inmobiliarias intervenidas por los notarios. Por último, como consecuencia de lo anterior, el paro  registrado  ha crecido hasta unos niveles elevados, situándose a 31 de marzo de 2013 en 7.816 en la Oficina de  Empleo de Motril.

  Antes de la crisis la Costa de Granada  se vio afectada de forma negativa por circunstancias tales como la ausencia de alternativas al cultivo tradicional, la caña de azúcar, así como por  la fuerte competencia de los productos agrícolas del norte de África y  por  el desvío de recursos (suelo y empleo) hacia viviendas de temporada en la etapa de la “burbuja”. Lo anterior provocó que en la etapa de la “burbuja” desapareciesen actividades sostenibles desde el punto de vista económico, que ahora podrían dar ocupación  a algunos de los actuales parados. 

Ideas sueltas para hacer frente  a la crisis
    Ante la evidencia citada, se impone reflexionar acerca de cómo hacer frente a una crisis tan acusada en un marco relativamente dotado de recursos naturales como la Costa granadina. Así, la población joven tiene más peso que en el  resto de la provincia de Granada. Además, el agua no escasea,  por las condiciones naturales de proximidad a la vertiente sur de Sierra Nevada. Las infraestructuras no ayudan,  sin embargo, pero no llegan al punto de  impedir un mayor desarrollo de la zona. En la Costa  no se  deben  de atribuir todos  los males a las evidentes carencias existentes, tanto  en materia de carreteras como en el aprovechamiento del agua de la vecina presa de Rules. Esta última,  de momento no pasa de ser un monumento paisajista.

  En los últimos años destaca el serio esfuerzo del sector agrícola por sobrevivir, ante la intensa competencia del norte de África en la mayoría de las producciones. Se  arrastra  un problema crónico de comercialización poco eficiente  de los productos del campo. En un momento de potenciación de la agricultura puede ser excesiva la proporción de suelo de la vega ahora calificado para fines de construcción de unas viviendas que hoy por hoy carecen de demanda. Cuando no exista una licencia  municipal de obras algunos terrenos podrían recalificarse a fines alternativos a la construcción residencial. Esta última no  va a ser el motor  básico de la recuperación del crecimiento de la Costa, aunque puede reforzarlo en su caso.
Deben de construirse las conducciones que permitan el aprovechamiento de la presa de Rules, que tiene una dimensión considerable. Cuando  terminó la construcción de la misma  resultó que  no interesaba  demasiado el objetivo de promoción agrícola que justificó su construcción en su día.

  El Puerto mercantil de Motril, ampliado de forma notable, debería ser objeto de un mayor aprovechamiento. Habría que impulsar y estimular la instalación de empresas en su entorno. La introducción de los  “ferrys” en los últimos años es positiva pero insuficiente. El que podría ser un parque empresarial próximo  al puerto no ha pasado de la fase de proyecto,  que debería de reactivarse entre el ayuntamiento y la empresa EPSA de la Junta de Andalucía. Esto es necesario si se antepone el interés general a cualquier otro interés particular. El débil tejido industrial existente se debe de proteger, por la incidencia positiva que los puestos de trabajo industriales tienen sobre el resto de actividades y el empleo, además del mayor valor añadido que generan tales empleos.

Para aprovechar el turismo se debe de mantener la calidad ambiental  de las playas, sin colmatar  las salidas al mar. Al paso al que se ocupa la primera línea de playa a veces hay que dar muchas vueltas para llegar al mar.  Al turismo se le debe de considerar como una actividad productiva más. Nunca deberían de sacrificarse actividades sostenibles con el pretexto de desarrollos turísticos que solo existen sobre el papel.

 En cuanto al comercio, las ventajas de Motril son claras por su centralidad en la comarca, aunque se debe de huir de la sobreoferta en materia de grandes superficies. En lo relativo a la construcción residencial, el ritmo de edificación de nuevas viviendas se debe de adaptar al de  las ventas: la oferta no crea la demanda. Habría que rehabilitar barrios enteros de Motril, como el de las Explanadas, para lo cual sería más que necesaria la colaboración de todas las administraciones públicas, empezando por el ayuntamiento de Motril.

En materia de infraestructuras, junto a la cuestión de Rules, resulta más que  conveniente terminar las eternas obras de la autovía. La Costa de Granada no debió de quedarse descolgada del Corredor Mediterráneo, del que algo se podrá aprovechar.  Motril necesita una estación de autobuses más digna y  útil  que la actual, que resulta una referencia negativa de esta ciudad.


 Una reflexión final sobre el ayuntamiento de Motril y la economía. La influencia del gobierno local sobre la situación económica de Motril se ejerce mucho más a través de las decisiones respecto del destino del suelo que desde las modestas actuaciones de promoción económica de dicha corporación. El interés económico general debería de inspirar la actuación de la oficina de planeamiento municipal. Además, se debe de procurar no “espantar” a las empresas con la política tributaria local. Tendría que notarse algo más que hasta el momento que  al ayuntamiento de una ciudad que ha perdido 4.000 puestos de trabajo en la crisis tiene un interés real en la creación de empleos.