El
continuo descenso del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social ha
provocado un déficit creciente en las cuentas de la Seguridad Social. Ante el
avance del desequilibrio en cuestión, una Comisión de expertos ha preparado un
informe del que emanan propuestas de reformas profundas en materia de
pensiones. Estas últimas son el mayor componente de las prestaciones sociales
en España, desempeñan un evidente papel equilibrador en lo social y su
evolución incide sobre el comportamiento del consumo privado.
En 2012 el número medio de pensionistas en
España ascendió a 8,9 millones, de los
que el 60% (5,3 millones) correspondió a
jubilados. El importe de la pensión media fue de 830 euros/mes, cuantía
que en el caso de las pensiones por jubilación se elevó a 946 euros. En este
último caso el importe equivale al 50,2% del salario medio nominal recibido en
España en 2012 por los trabajadores asalariados
(1.884 euros/mes), según la encuesta trimestral de coste laboral del
INE.
El gasto público en pensiones en 2012 ascendió
en España a unos 104.000 millones de
euros, equivalentes al 10% del PIB del pasado año. Las pensiones suponen el
27,5% de todas las prestaciones sociales y transferencias corrientes a los
hogares en 2012. El consumo privado,
principal componente de la demanda, depende sobre todo de la evolución de la renta
disponible de los hogares. Esta última ha descendido en más de un 6% en los últimos
tres años por la pérdida de empleos y por el retroceso salarial. Los menores
salarios se han dejado sentir sobre todo en el último ejercicio anual.
El sistema español de financiación de las
pensiones, denominado como “de reparto”, descansa en las cotizaciones anuales aportadas
en función de los trabajadores afiliados
en alta en la Seguridad Social. La evolución de las cotizaciones
depende, a corto plazo y si se mantienen las cotizaciones de los afiliados, del número de estos últimos,
que no ha dejado de descender en España desde que se inició la crisis allá por
el ya lejano verano de 2007.
El total de afiliados a 31 de diciembre
de 2007 se elevaba a 19,2 millones,
incluidos los del régimen general y los
autónomos. En la misma fecha de 2012 dicho número había caído hasta 16,3
millones, casi un 15%, equivalente a
cerca de tres millones de afiliados. Se
comprueba así el carácter “sistémico” que presenta en España el proceso de
destrucción de empleos y la necesidad de que dicho proceso se frene o deje de
actuar. Antes de crearse la comisión de expertos
citada sonaban ya las voces que denunciaban que las pensiones habían mantenido
el poder de compra a lo largo de la crisis.Tras la sangría producida en el
mercado de trabajo a través de una reforma que ha acentuado de momento la caída del empleo, ahora le toca el turno a
las pensiones, la partida más fuerte del denominado “estado bienestar”.
A la hora de reformar el vigente sistema de
pensiones, la estrategia política del
gobierno se ha canalizado hacia el gasto, prescindiéndose del lado de los ingresos.
Los más de 105.000 millones de euros que supone el gasto en pensiones equivalen al 13% de la renta disponible de
los hogares. Esta última, como ya se ha indicado, s ha resultado afectada a la baja por la caída del empleo y, más
recientemente, por el descenso salarial, que es una pieza clave de la
estrategia actual de política económica del gobierno. Dicha política pretende
efectuar una especie de devaluación interna que supuestamente permitiría a la
economía ganar en competitividad aplanando
los costes salariales, principal variable instrumental de la política económica
del actual gobierno de España.
La situación
la complica el que las nuevas entradas
en el sistema suponen pensiones superiores a las de las bajas. El estancamiento practicado en las
pensiones máximas en los últimos años ha implicado una reforma del sistema. Este
último viene realizando una reducción fuerte del abanico salarial, puesto que
los salarios más altos se transforman con la jubilación en un nivel máximo de
pensión al que acceden cada vez más los
nuevas altas en el sistema. Diferencias salariales importantes se convierten en
diferencias reducidas entre los niveles
de pensión, y ello por el estancamiento de las pensiones máximas.
Las
reformas que se anuncian tras la publicación del informe de la comisión de Expertos
supondrán el fin de la actualización de las pensiones con el índice de precios
de consumo. Se reducirán las pensiones futuras al alargarse el tiempo de
cotización empleado para calcular la nueva pensión. Y hasta podrían disminuirse
las pensiones nominales actuales, según se filtra “desde arriba”. Un nuevo factor de retroceso en la renta
disponible de los hogares afectaría sin duda a la baja al consumo privado,
profundizando mas la recesión que se sufre. Los ajustes del gasto público tendrían
que considerar su impacto sobre la
demanda efectiva, a la que rara vez se refieren los responsables de la política
económica. Y esta última deberá hacer
más por frenar la constante sangría del empleo, cuya marcha negativa amenaza
con arrasarlo todo a su paso, incluidas las pensiones.
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