27 septiembre 2013

Inversores y extranjeros animan el mercado de la vivienda. Julio Rodríguez López



En  el mercado de vivienda de España  en 2013 ha dominado una pauta general caracterizada por el descenso de precios, por la nueva caída de las ventas totales y  por retrocesos del ya reducido número de viviendas iniciadas. Sin embargo, en dicho  contexto  se ha reforzado la presencia de  las ventas a extranjeros, han caído más las hipotecas que las ventas y han retornado los inversores a la búsqueda de colocación  del ahorro.
Los descensos de los precios de las viviendas han persistido en 2013, pero  se han hecho más moderados desde el segundo trimestre de este ejercicio. Según los datos de los registradores, los precios de la vivienda han acumulado seis trimestres consecutivos  con descensos interanuales de dos dígitos, “el periodo de ajuste de precios más intenso de los últimos 20 años” (Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, 2º trimestre de 2013).
hipotecas registradas
De acuerdo con las estimaciones de Tinsa,  el descenso acumulado de los precios de la vivienda desde el inicio de la crisis se ha aproximado al 39%, mientras que la caída de los alquileres fue del 30,3%, según Fotocasa. Se advierten las huellas de los “Decretos Guindos” de 2012 y de las compras de Sareb a los bancos del Frob a precios radicalmente rebajados a fines del pasado año. 
En las estadísticas  de los notarios destaca la caída de las ventas de viviendas  en torno al 12% en los siete primeros meses del año respecto de 2012.  Mientras que las ventas  a españoles descendieron en un 16%, las efectuadas por extranjeros aumentaron en casi un 19%. Las viviendas compradas por extranjeros se han situado en torno al 17% del total de las ventas, previéndose superen las 52.000 en 2013. Las proporciones alcanzadas por dichas ventas  sobre el total han sido más altas en las zonas turísticas y también   donde había un amplio excedente de viviendas de nueva construcción no vendidas.
En las autonomías de Baleares, Canarias y  Valencia las ventas a extranjeros han oscilado entre el 35 y el 39% del total, destacando asimismo el nivel elevado de las provincias andaluzas de Málaga y Almería. La presencia en dichas ventas de Fondos de Inversión Extranjeros se ha dejado sentir, reforzados por la inundación de liquidez que a nivel mundial han supuesto las políticas de expansión de la base monetaria de los bancos centrales de Estados Unidos y Japón.
Las compras de dichos adquirentes no requieren precisamente de préstamos hipotecarios de los bancos españoles. Los inversores hispanos han acudido asimismo al señuelo de los descensos de precios de la costa mediterránea. De este modo, la presencia de inversores españoles y extranjeros ha dado lugar a que, por segundo año consecutivo,   el número de hipotecas registradas en 2013 se haya situado muy por debajo de las compraventas (60% en el primer semestre de 2013).
Las viviendas iniciadas volvieron a bajar sobre 2012 en el primer semestre, destacando que solo aumentaron en la autonomía de Murcia, así como en las provincias de Alicante, Almería y Málaga. Ello indica que,  por esos parajes,  el discurso de cambio de modelo productivo no parece  haber calado demasiado..
Julio Rodríguez López es miembro de Economistas Frente a la Crisis voto:






16 septiembre 2013

ANDALUCIA Y LOS CAMBIOS DE SEPTIEMBRE Julio Rodríguez López


     
  Andalucía   cambió  de presidente de gobierno  en la primera semana de septiembre, a menos de la mitad de la legislatura. Atrás quedan unas explicaciones a medias convincentes del cambio en cuestión. Lo importante ahora es el contenido de la política que la nueva presidenta va a desarrollar.

La crisis económica ha golpeado con fuerza a Andalucía, una autonomía con más que notable  presencia en la población  y en la superficie de España, pero que adolece de un menor nivel de desarrollo económico que la media nacional. El PIB por habitante de Andalucía no llegó en 2012 al 75% de la media de España,  según la Contabilidad Regional del INE. El impacto sobre la población andaluza de una  recesion tan prolongada como la que afecta a la economía española desde 2008 ha sido contundente. Se han perdido unos 650.000 puestos de trabajo desde dicho año  y la tasa de desempleo de Andalucía supera en casi diez puntos a la de España.

Desde el inicio de la crisis  el ejecutivo andaluz ha tratado de mantener  el nivel de las prestaciones sociales de esta autonomía, esto es, se ha intentado salvar el alcance del denominado “estado bienestar”. Pero el fuerte retroceso del empleo sufrido con la crisis ha generado un significativo descenso del nivel de vida medio. La emigración ha vuelto  a aparecer como la única salida posible para numerosos hogares andaluces.

 La política socioeconómica del ejecutivo autonómico  resulta coherente con lo que seria una estrategia socialdemócrata ante la crisis. Sin embargo cabe esperar más de dicho gobierno  en materia de política económica. Se trata sobre todo de actuar sobre el modelo productivo de esta autonomía. Los países en los que el impacto de la crisis ha sido mayor son aquellos que, al inicio de la crisis,  adolecían de una estructura productiva excesivamente concentrada en determinadas ramas de actividad.

En Andalucía, la concentración de la producción en la construcción y en el turismo ha sido manifiesta. En la etapa de la burbuja, 1997-2007, en Andalucía se llegaron a iniciar unas 150.000 viviendas al año, por encima, por ejemplo,  del ritmo de construcción absoluto del Reino Unido en el mismo periodo de tiempo. Los sectores productivos en los que se apoya la economía  de Andalucía se caracterizan por su baja productividad, lo que reduce la capacidad de competir de esta comunidad autónoma. El discurso económico andaluz, sobre todo a nivel municipal,  está dominado por una continua exaltación del turismo  como el “clímax” de la actividad productiva. Dicha visión del mundo  provoca que cualquier exceso urbanístico o medioambiental se justifique alegando que favorece al turismo, lo que  no es cierto en la mayoría de los casos.

Andalucía dispone de amplios recursos productivos como para no seguir manteniendo  un nivel medio de ingresos inferior en un 25% a la media nacional. Esta autonomía tiene claras potencialidades en materia de industrias de transformación agraria que no han sido plenamente desarrolladas, así como en energías alternativas, además del turismo. Se puede  mantener  la calidad medioambiental  y diversificar más la actividad productiva. Lograr dicha diversificación de la oferta productiva andaluza es el verdadero interés general de Andalucía.

Cuando desde la Junta de Andalucía se pretende racionalizar el proceso de desarrollo urbano, los ayuntamientos protestan porque  se les fija un tope al aumento del parque de viviendas. Dicho tope en ocasiones supone  en torno  a la  tercera parte del parque de viviendas existente. Las protestas en cuestión  revelan que  no se ha entendido que el futuro no puede descansar en confiarlo todo  a la construcción residencial.

 Los excesos del ladrillo no solo han aumentado de forma escandalosa el desempleo andaluz después de 2007, sino que tienen que ver con la desaparición de la mayoría  de las cajas de ahorros de Andalucía. Solo ha subsistido, convertida en banco, una de  entre las cajas de ahorros de esta autonomía.  Sería conveniente la creación de un Instituto Andaluz de Crédito, que contribuyese a financiar el necesario cambio de estructura productiva en  esta autonomía. El funcionamiento de dicho ente debería de ser objeto de un seguimiento estrecho desde el parlamento andaluz y se debería  de exigir la máxima calidad  profesional a los dirigentes del mismo.

La política económica de Andalucía debe de aspirar no solo a mantener el nivel de las prestaciones sociales, sino también a lograr  una base económica menos elemental  que la actual.  Además de redistribuir,  primero hay  que producir y estar en condiciones de competir en un contexto económico tan globalizado como el presente, como ha  subrayado la nueva presidenta en el discurso de presentación.  El consenso es un método, no un fin ultimo,  y la continua referencia al mismo revela ausencia de ideas. El acierto en la gestión económica  de la nueva presidenta de Andalucía resulta más que necesario para el porvenir de esta tierra.



[1] JRL es miembro del colectivo “Economistas frente a la crisis”.

07 septiembre 2013

UN MERCADO DE VIVIENDA DOMINADO POR INVERSORES Y EXTRANJEROS Julio Rodríguez López


  En el mercado de vivienda en España en el primer semestre de 2013 destacó la presencia de las compras de inversores y de extranjeros. En la oferta ha dominado la realizada por los bancos, a la que se ha añadido la de Sareb, el “banco malo”,  con 51.000 millones de euros en activos inmobiliarios a revender. Los resultados del Censo de Vivienda de 2011, divulgados  en dicho periodo, se revelaron  como  no coherentes con  los del Censo anterior de 2001 y  con los datos de flujos de viviendas terminadas durante el periodo intercensal.

   Los precios de la vivienda y  los alquileres volvieron a descender en España  en el primer semestre de 2013. El recorrido a la baja de los precios (-36,2%, INE) desde el inicio de la crisis hasta 2013  ha sido casi siete puntos más intenso que el de los alquileres (-29,6%, Fotocasa). Según la OCDE, España está situada en el grupo de países con precios de la vivienda sobrevalorados y que en 2013 siguen registrando nuevos descensos (Reino Unido, Bélgica, Holanda y Australia). Lo destacable del caso español ha sido la tardanza de los precios en reaccionar a la baja en los cuatro primeros años de la recesión del mercado de vivienda, coincidiendo con el retraso en la salida de la crisis bancaria.

Por el lado de la demanda en 2013 ha continuado la recuperación de las  ventas de viviendas a extranjeros, cuyo peso en el total de ventas de viviendas fue del 17% en el primer trimestre. Dicha  proporción alcanzó niveles especialmente elevados en   Baleares, Canarias y Valencia, junto a las provincias andaluzas de Málaga y Almería. Al igual que en la evolución actual de la economía española es la demanda exterior la que “tira” de la economía frente a  una deprimida demanda interna, en el caso del mercado de vivienda contrasta en 2013  el aumento de las ventas a extranjeros (7,3%) con el persistente y acusado descenso de las ventas a españoles residentes (-25,4).

   La caída del empleo, el débil ritmo de creación de nuevos hogares, el retroceso salarial  y las menores  prestaciones sociales, junto a la restricción crediticia,  mantienen en niveles bajos las compras de viviendas por residentes españoles. Junto al dinamismo de  los compradores extranjeros en lugares de “sol y playa” (en el norte y en el interior las compras por parte de extranjeros apenas cuentan), en el mercado español  destaca la presencia de inversores  a la búsqueda de oportunidades en tiempos de bajos precios, que suponen una proporción del 30% al 40% de las ventas.

  La presencia de inversores individuales e  institucionales, sobre todo Fondos de Inversión, del resto del mundo, ha provocado que desde 2010 las ventas de viviendas  en España superen ampliamente al número de préstamos hipotecarios concedidos. En 2013  los préstamos hipotecarios para compra de viviendas  suponen  en torno al 55% de las ventas (por encima del 100% hasta 2007). En dicha situación,  y con una oferta creciente de viviendas de alquiler alimentada por las viviendas de nueva  construcción no vendidas, el peso del alquiler debe de estar aumentando, sobre todo entre los hogares que acceden a una vivienda por primera vez. Los nuevos  hogares que ahora optan por el alquiler algo deben de haber aprendido sobre lo que le espera al deudor moroso en España,  tras el amplio rosario de noticias de desahucios  de  viviendas por ejecuciones hipotecarias en los últimos años.

  La mayor oferta de viviendas procede de los bancos, más dispuestos a financiar si los préstamos nuevos que conceden  valen para comprar viviendas de su amplio stock. Sareb, que tiene en su activo 107.000 activos inmobiliarios adjudicados y 90.000 préstamos,  supone una cuota importante en la oferta del mercado.  El FMI ha criticado la visión relativamente optimista de dicha entidad acerca de los precios del mercado de vivienda, que todavía deben de bajar más. Promotores que no vendieron las nuevas viviendas construidas acuden a Sareb a comprar con amplias rebajas las promociones  que en su día cedieron a los bancos financiadores (bajo control del Frob) como dación en pago.

Las pérdidas privadas  o diferencia entre la cuantía de los préstamos en cuestión y el valor al cual los compró Sareb a los bancos se han socializado en forma de más deuda pública o en el aval público a la deuda con la que Sareb ha adquirido tales activos.   Algún Código de Conducta de Sareb debería  impedir la fuerte rebaja que tales ventas podrían suponer  para promotores que construyeron  al margen de la demanda del mercado. El comportamiento de promotores y ayuntamientos en la fase de la burbuja fue la versión hispánica de la ley de Say, esto es, que la oferta  de viviendas crea su propia demanda. Dicha  ley fue   refutada  a conciencia por  Keynes en su día, como también supuso un rechazo de la misma el amplio excedente de viviendas producido en España..

  Los bancos están ahora en España en los dos lados del mercado de la vivienda. Por un lado ofertan viviendas que no lograron vender los promotores financiados. Además, se han convertido en promotores de nuevas viviendas, aprovechando los  mejores suelos adquiridos por la misma vía que las viviendas.  Por el lado de la demanda aparecen como financiadores de quienes se atreven  a comprar una vivienda a préstamo.  Para poder vender las viviendas adquiridas a los bancos, Sareb está firmando convenios con bancos a fin de asegurar financiación a los adquirentes. Todo indica que los bancos supervivivientes de la crisis serán más poderosos que antes de la misma.

El Ministerio de Fomento estimó en 676.038 el stock de viviendas nuevas no vendidas a fines de  2011, pero  no ha publicado las estimaciones de dicho stock a fines de 2012. En la exposición de motivos de la ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE de 27 de junio de 2013),  se dice que hay 723.043 viviendas nuevas vacías, lo que confirma que el elevado stock de viviendas no vendidas, cerca del 3% del parque de viviendas de España,  se mantenía a fines de 2012.

 En 2013 la nueva oferta de viviendas en España volverá a registrar mínimos en el número de viviendas iniciadas. La construcción residencial efectuará de nuevo en  este año una aportación negativa de medio punto porcentual al crecimiento del PIB. El significativo descenso previsto   de las viviendas terminadas en 2013 (unas 72.000)  puede impedir que este año crezca  de nuevo el stock de viviendas terminadas y no vendidas.

Publicado en El Pais de los Negocios, 24.8.2013



[1] Julio Rodríguez López es miembro de Economistas frente a la Crisis. Fue presidente del BHE y de Caja Granada.

28 julio 2013

EL FINAL PREVISIBLE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN 2013 Julio Rodríguez López


  El 17 de septiembre de 2012 dimitió  la presidenta de la Comunidad de Madrid. El nuevo presidente, Ignacio González, anunció en su discurso de investidura su propósito de eliminar el Consejo Económico y Social (CES) de esta autonomía. La ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2013 (ley de Medidas Fiscales y Administrativas) materializó dicha extinción.   Desde el 1º de  enero de 2013 dejó, pues, de existir el CES, presidido en el momento de la disolución por  el profesor Pedro Schwarz.

 El organismo en cuestión tenía carácter consultivo y debía de emitir informes preceptivos y no vinculantes sobre los proyectos de leyes y decretos de carácter socioeconómico emanados del Consejo de Gobierno de esta autonomía. Además, el CES elaboraba y publicaba un informe anual sobre la situación socioeconómica de la Comunidad de Madrid. Entre la representación empresarial y los “expertos”, estaba  garantizado  que los informes del CES  fuesen favorables  a los proyectos normativos citados.
   La oposición  al perfil “oficialista” de los dictámenes emanados de la mayoría del CES  correspondió a la minoría sindical de consejeros, en este caso procedentes todos ellos de los sindicatos CC. OO y UGT.  Los  votos “particulares” de estos últimos  alcanzaban el “quórum” preciso como para que  las opiniones emitidas por dicho grupo sindical   acompañasen a los  proyectos de ley que llegaban a la Asamblea de Madrid. Los sindicatos aprovecharon, además,   el conocimiento previo de la normativa en cuestión que les permitía su presencia en el CES  para  organizar campañas de opinión opuestas  a los cambios normativos de mayor perfil  ultraliberal y antisocial del gobierno de la Comunidad citada.

El mayor éxito en dicha línea de actuación correspondió a la oposición sindical al  proyecto de ley del suelo del gobierno de Esperanza Aguirre. Dicho proyecto, que reforzaba los derechos de los propietarios del suelo en los nuevos desarrollos urbanos y limitaba de hecho la construcción de nuevas viviendas protegidas,  pretendía  modificar la ley del suelo vigente desde los tiempos de la presidencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

 El Grupo Sindical consiguió inquietar a la opinión pública y a los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid sobre el contenido de dicho proyecto de ley,  que resultó finalmente retirado. Sin embargo,  numerosos cambios pretendidos con el mismo  de hecho se  introdujeron con posterioridad dentro de normas de amplio contenido, como las leyes  de acompañamiento anuales de los presupuestos.

  La Comunidad de Madrid, a pesar de su reducida superficie, equivalente a la de la provincia de Málaga (1,6% de la superficie de España), aporta el 17,9% del PIB de España, solo superada por Cataluña. Su población, 6,5 millones de habitantes,  supone el 13,7% del total nacional. Los casi tres millones de viviendas suponen el 11,5% del total de viviendas familiares de España.

 El PIB por habitante de Madrid ascendió en 2012  a 29.400 euros, el 129% de la media nacional de España. La Comunidad de Madrid efectúa la mayor aportación relativa al equilibrio de rentas entre las diferentes autonomías de España.  Es  notable la diferencia  negativa entre el PIB por habitante (129,9% en 2010) y la Renta Familiar Disponible por hogar (el 119,5% de la media nacional en el caso de Madrid en este último año).

  En Madrid tienen el mayor peso en el PIB   actividades de servicios como “Información y Comunicaciones” y “Actividades Profesionales y Administrativas”. Es menor la presencia de “Industria y Energía” en Madrid que en España, puesto que dicha actividad se ha visto expulsada por unos planes de urbanismo locales  en los que el ladrillo ha echado empleos desde Madrid a las autonomías vecinas. Dichos planes de urbanismo han sido también alentados por el urbanismo autonómico, a todas luces más  proclive a la especulación inmobiliaria que a los empleos industriales.  

El descenso sufrido por  el PIB de la Comunidad de Madrid   entre 2008 y 2012ha sido menor que el del conjunto de la economía española, el -0,9% frente al -1,3%.  Pero el ejecutivo autonómico, además de no favorecer el desarrollo de un tejido productivo menos primario que el actual,  viene desarrollando una política social  ampliamente regresiva. De ahí que  los ciudadanos de la Comunidad de Madrid  con menos recursos están sufriendo más  las consecuencias de la crisis que los de autonomías en las que el impacto económico de la crisis  es mayor que en Madrid. 

  La renuncia a la recaudación  de tributos que afectan a los hogares de rentas más elevadas (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), las ayudas fiscales a los hogares que lleven a los hijos a colegios privados cuando se recortan de forma drástica los recursos de la enseñanza primaria pública, el intento obstinado de privatizar la gestión de  los hospitales públicos de Madrid, la renuncia  a disponer de mecanismos de apoyo a las empresas madrileñas (eliminación del Imade) son ejemplos de dicha política.

A pesar de sus limitaciones, el CES de Madrid  valía para  anticipar acontecimientos y poder  sacar los colores ala política socioeconómica aquí descrita. No ha sido, pues, de extrañar la  eliminación de este organismo, que fue el más claro anticipo de la fuertemente  ideologizada (hacia la derecha) política económica del nuevo presidente.

27 julio 2013

UN CAMBIO DE INDICE DE REFERENCIA DE LOS PRESTAMOS A COMPRADOR DE VIVIENDA EN UNA LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Julio Rodríguez López[1]


   En el Congreso de los Diputados se ha aprobado una Disposición Adicional al “Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”. Dicho proyecto de ley ha pasado al Senado. Del contenido de dicha Disposición se deriva un régimen de transición para los préstamos hipotecarios  indiciados con un índice de referencia que va a  desaparecer en breve plazo. Es el caso de los prestamos indiciados con el “tipo activo de referencia de las cajas de ahorros” (TAR), indicador cuya publicación está previsto desaparezca desde octubre de 2013.
En lugar del indicador en cuestión está previsto que pase a emplearse el denominado índice de referencia de los préstamos hipotecarios a mas de 3 años (IRPH), al que se le añadirá una cifra equivalente a la diferencia histórica con el TAR.
El IRPH, tipo medio de interés de los préstamos a comprador de vivienda de todas las entidades de crédito, es el tipo resultante de aplicar una  diferencia fija a un  autentico indicador de referencia (el euribor a 12 meses) .




Dicha diferencia ha subido hasta  casi tres puntos porcentuales en 2012-13,  con lo que los bancos han compensado el descenso del euribor a 12 meses, y han evitado una clara fluctuación a la baja de los tipos de interés a comprador de vivienda.  
El TAR ha estado situado unos dos puntos por encima  sobre el IRPH en los últimos años , circunstancia que no ha tenido que ser necesariamente así en la larga historia de estos indicadores. Con el cambio previsto en la Disposición Adicional a la Ley de Emprendedores,  el IRPH, al que se le añadiría dicha diferencia,   pasaría a ser  un indicador de referencia para los préstamos hasta ahora indiciados con el TAR.


  Un posible cambio más  coherente hubiese sido usar no el IRPH más la diferencia media observada entre TAR  e IRPH,  sino el euribor a doce meses más la diferencia media observada entre dicho indicador y el  TAR en los últimos años. Dicha  diferencia  sería mayor que la que se le va sumar al IRPH , pero así habría un mayor paralelismo entre los préstamos que hasta ahora han estado indiciados con el TAR y los que han seguido un camino más convencional, que son los indiciados con el euribor a doce meses.

 En el cambio que el gobierno pretende hacer, será de la mayor importancia el periodo transcurrido para obtener la diferencia entre el tipo nuevo y el tipo sustituido. La historia pasada de los tipos sustituidos y el sustituyente puede responder a variables que no deben de ser relevantes para el contrato. En dicho periodo pueden mezclarse etapas con tipos de interés de dos dígitos y periodos con tipos de interés reducidos.

 El gobierno debió de proponer el cambio acompañando la propuesta de un historial estadístico de las diferencias entre  el TAR y el IRPH. Algún prestatario podría encontrarse con una subida significativa del interés a pagar. De ahí que sería más razonable que el cambio de escala del índice de referencia debería de hacerse no con el diferencial histórico, sino  con el de la media del último trimestre.

En todo caso, se debería de reconocer el derecho del prestatario a solicitar al Banco de España información sobre el diferencial histórico  de su préstamo (TAR menos IRPH).  Si de dicho cálculo se derivase un diferencial superior a  los dos puntos porcentuales por los que  se ha situado recientemente, el prestatario podría no aceptar el cambio de escala en cuestión. El prestatario no debería quedar así en manos del banco prestamista.

Por último, sorprende que un cambio que afecta a numerosos adquirentes de vivienda se incluya en un proyecto de ley  “de apoyo a los emprendedores”. Los adquirentes de vivienda para  uso habitual  actúan por definición como consumidores de un bien duradero, como es la vivienda. La confusión legal que esto implica parece haberse instalado en la práctica reciente del gobierno, como  ha sucedido con la inclusión en la nueva ley de arrendamientos urbanos de otra  disposición adicional por la que se eliminan determinadas ayudas públicas al acceso a la vivienda.   







[1] Miembro de Economistas frente a la Crisis. El autor agradece los comentarios de Raimundo Poveda

15 julio 2013

ECONOMIA ESPAÑOLA. LA ACTIVIDAD TOCA FONDO. PERSISTEN LOS PROBLEMAS. Julio Rodríguez López


 Los indicadores de coyuntura económica han presentado  en España un perfil  diferente en el segundo trimestre de 2013 respecto de  los dos años precedentes. Las previsiones de los organismos internacionales respecto de los países más avanzados apuntan hacia una recuperación general de la actividad en la segunda parte de 2013 y también hacia una tasa de variación positiva en 2014 para dicho conjunto de países. Dicho perfil coyuntural lo va a seguir asimismo la economía española, donde la actividad económica   podría registrar variaciones  positivas en la segunda parte del año.  Dicho cambio coyuntural no  implica  que hayan desaparecido de la noche a la mañana los serios problemas de dicha economía, especialmente el del elevado desempleo.

   En 2013 se ha acentuado la reestructuración de la composición de la demanda de la economía española  en favor de la procedente del resto del mundo. La demanda interna persistió en el perfil negativo. El aumento real de las exportaciones, que  puede superar el  3% en 2013,  junto al notable descenso de las importaciones (-4,2% es la previsión para 2013),  explican que las exportaciones netas de la economía hayan aportado en 2012-13 unos 2,5 puntos porcentuales al crecimiento.  La mayor  tensión de la demanda exterior puede aportar algún dinamismo a la economía española.
 Entre 2013 y 2014 puede resultar menos negativo el papel de la demanda interna, sobre todo por parte de la inversión productiva de las empresas. De este modo  el conjunto de la economía española podría registrar una variación positiva de la actividad en 2014.  La recuperación de las exportaciones y la caída de las importaciones  han reducido de forma sustancial el déficit exterior de la economía española. La balanza por cuenta corriente  va  a registrar un saldo positivo en 2013, por primera vez desde 1997.

 El cambio de signo del saldo exterior de la economía española tiene su origen en el fuerte descenso del déficit comercial, que en enero-abril de 2013 disminuyó en un 71,1% sobre el mismo periodo del pasado ejercicio. El saldo del resto de los componentes de la balanza de pagos, servicios, rentas y transferencias, ha mejorado también   en el mismo periodo. Destaca el fuerte aumento experimentado por las entradas de capital  en el periodo en cuestión. El endeudamiento de la economía española frente al resto del mundo no aumentará, pues, en 2013.

  La mejoría del saldo de la balanza comercial ha sido importante en el caso de las transacciones españolas con el resto de la Unión Europea. Sigue siendo elevado el déficit frente a China y frente a los países de la OPEP, por las elevaciones de los precios del petróleo.  La evolución de la actividad y del empleo  entre 2008 y 2013 (las caídas del empleo han sido tres veces superiores en España a las del PIB)   implican un aumento aparente de la productividad del factor trabajo en un 14,2%. Esta  mejoría se debe a la fuerte expulsión de empleos en los sectores  que fueron más dinámicos en la burbuja.  Los salarios nominales están sufriendo variaciones negativas en 2012-2013. El coste unitario del trabajo (coste salarial por persona ocupada dividido por la productividad del trabajo) sufrirá una importante disminución en 2013, lo que debe de favorecer la competitividad de los productos españoles.

 El Informe Anual del Banco de Pagos Internacionales de Basilea de 2013 ha subrayado que el impacto negativo de la crisis ha sido más acusado en los países  en los que se habían producido mayores desequilibrios sectoriales en la fase previa a la crisis (“Productividad y empleo después de la Gran  Recesión”, Capitulo 2, BPI, 83º Informe Anual). Tales desequilibrios se miden a partir de los cambios producidos en la composición del empleo. Así,  las variaciones a la baja en el empleo han sido muy acusadas en las actividades correspondientes a la construcción,  sistema financiero, seguros y servicios inmobiliarios.

  Unos dos tercios de los retrocesos de la actividad productiva se han concentrado en los sectores citados, destacando los del sector de la construcción en España  e Irlanda. El trabajo del Banco de Pagos de Basilea atribuye, pues, especial relevancia a los desequilibrios sectoriales sobre el mayor o menor alcance de la recesión. En los países donde tales desequilibrios fueron menos acusados, el crecimiento de la economía sufrió menos que en España e Irlanda. Para recuperar el crecimiento, “empleo y capital necesitarán desplazarse desde actividades que se sobreexpandieron en la fase de auge hacia sectores más productivos”.

 Si la economía española ha tocado fondo en 2013 y vuelve a dinamizarse la actividad productiva, hasta ahora solo de la mano de las exportaciones, será más que necesario no repetir los errores del pasado. El  gobierno y el resto de las administraciones públicas deberán de apostar  de verdad por  la necesaria diversificación de la oferta productiva de dicha economía.
 
 


  

30 junio 2013

EL RIESGO SISTEMICO DEL DESEMPLEO Y LA MOROSIDAD Julio Rodríguez López


  En el análisis de la morosidad de los bancos españoles los créditos a los hogares para la compra de vivienda han supuesto hasta ahora un alivio dentro del conjunto de la cartera de préstamos. Frente a unas tasas de morosidad espectaculares en los créditos destinados a la promoción y construcción de viviendas, la morosidad de los correspondientes a la compra y rehabilitación de vivienda  se ha mantenido en unos niveles sustancialmente inferiores a la media. Sin embargo, la elevada cifra absoluta de créditos morosos que esconde la baja tasa citada y el importante aumento en los dos últimos años obliga a prestar atención  a la evolución  de dichos préstamos.

  A 31 de diciembre de 2007, según  las estadísticas del Banco de España,  el saldo vivo de los préstamos morosos para la compra y la rehabilitación de viviendas ascendía a 4.495 millones de euros, equivalentes al 0,72% del saldo total de dicho tipo de préstamos, hipotecarios en su gran mayoría. Por la misma fecha, la tasa de morosidad del conjunto de los préstamos bancarios en España era del 0,92%. Cinco años y un trimestre después de dicha fecha, a 31 de marzo de 2013,  la tasa total de morosidad del conjunto de la cartera de créditos al sector privado de la economía se elevaba  al 10,87%, correspondiente a una cifra absoluta de 167.087 millones de euros. En esta misma fecha la tasa de morosidad de los préstamos a comprador de vivienda se había situado en el 4,16%.

  Entre 2007 y 2013 se disparó la morosidad en  los préstamos a promotor inmobiliario y a constructor de viviendas. A pesar de las elevadas ventas de activos problemáticos  (suelo, promociones en curso y promociones de viviendas terminadas) realizadas al “banco malo”, Sareb, a fines de 2012 y primer trimestre de 2013, todavía la tasa de morosidad de los créditos mayoristas citados se situaba a fines de marzo de 2013  en torno al 29%.

  Parece evidente que un volumen  significativo de los créditos a promotor-constructor han sido objeto de abundantes renovaciones. Así, durante bastante tiempo tales créditos aparecieron como “normales” en los balances bancarios y fue tras los “decretos Guindos” de 2012 cuando los balances bancarios se aproximaron de forma abrupta a la realidad de las carteras de crédito de los bancos españoles.

 Al obligar el Memorándum (Mou) firmado  por España con el Eurogrupo en 2012  a vender los activos bancarios problemáticos  a Sareb a precios de mercado, se materializaron  de golpe buena parte de las pérdidas de dichas carteras bancarias. En ese momento apareció de forma más nítida el descenso sufrido por los precios de las viviendas en España tras la crisis. Así, según el índice de precios de viviendas del INE, apoyado en los valores y superficies declarados en las escrituras de compraventa formalizadas ante notario,  el descenso acumulado de tales precios entre el tercer  trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2012 superó  el 36 %.

 En 2012 el problema de las ejecuciones hipotecarias de préstamos a comprador de vivienda alcanzó una clara notoriedad. Desde los bancos se subrayó que la tasa de morosidad de este último tipo de préstamos era reducida. Pero en marzo de 2013  el saldo vivo de dichos  créditos morosos  alcanzó los  26.032 millones de euros. Aunque la tasa de morosidad de los préstamos en cuestión está muy por debajo de la media general,  resulta, pues,  preocupante tanto el nivel absoluto alcanzado como el aumento de dicha cifra absoluta, superior al 30% anual.  

   Los préstamos a comprador de vivienda concedidos en los últimos años  encierran otro problema. Dichos préstamos  se están  formalizando  en su mayor parte a interés  variable,  referenciados con el euribor a doce meses.  El diferencial aplicado a dichos préstamos sobre el euribor se ha aproximado al 3%, con lo que en caso de subir los tipos de interés, como puede suceder tras  la actual tormenta de los mercados monetarios, podrían producirse elevaciones sustanciales en los tipos de interés  a pagar por los compradores. Dicha evolución afectaría al alza a  la cifra absoluta  de morosidad citada.

 Pero el principal motor del ascenso  de la morosidad en la importante cartera de créditos bancarios a   comprador es la situación del mercado de trabajo.  La pérdida de empleos ha continuado siendo muy elevada en 2013. La cuestión de las pensiones ha aparecido cuando se ha acentuado la caída de los afiliados a la seguridad social, cuyas cotizaciones financian  en la práctica las pensiones en España.

Como señalan en su libro”La torre de la arrogancia”  (Ariel, 2012) Xose Carlos Arias y Antón Costa, el desempleo masivo tiene naturaleza de riesgo sistémico, resultando un mal no solo para quien lo sufre sino para la economía en su conjunto. La pérdida de empleos está detrás de la  peligrosa evolución de la morosidad en el segmento hasta ahora más protegido de la cartera de créditos  bancarios. Ello afecta no solo a los morosos, sino al conjunto de los bancos y a toda la economía. 

    

19 junio 2013

LA NUEVA POLITICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO RAJOY Julio Rodríguez López


  Se  han puesto en marcha en el primer semestre de 2013   los primeros cambios introducidos por el actual gobierno del Partido Popular  en el marco estatal de la política de vivienda. Destaca la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 (RD 233/2013, BOE de 10.4.2013), y de un conjunto de  correcciones  sustanciales a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 4/2013, BOE de  5.6.2013)  

Junto a lo anterior, todo indica que en  el Senado apenas se corregirá el texto del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana aprobado en el Congreso de los Diputados.
 Dicho proyecto de  ley es la tercera pieza legal rectificada entre las que integran las la política de vivienda. Se modifica en el mismo la normativa correspondiente a la rehabilitación, se sustituye al actual ITE (inspección técnica de edificios) por el Informe  de  Evaluación de Edificios (IEE). Además, se  cambian las leyes vigentes de suelo y de propiedad horizontal, reforzando de nuevo los derechos del propietario. Se abren las puertas a la figura del agente urbanizador, en este caso aplicado a la rehabilitación y a la  regeneración urbana.

  Una enmienda a última hora del Grupo Popular del Congreso ha incorporado a dicho proyecto de ley  una vieja aspiración  de los promotores inmobiliarios, la suspensión de  la reserva de suelo  (30% de la edificabilidad) para  la construcción de vivienda protegida o equivalente en los nuevos desarrollos urbanos. Dicha suspensión duraría  cuatro años y deberán aceptarla  las comunidades autónomas.

  El argumento que justifica tal enmienda  es que no hay demanda para dicho tipo de vivienda, como viene a decir la alcaldesa de Madrid para cerrar la empresa municipal de vivienda.  En la presente situación de España la gente necesita viviendas caras según los diputados populares, a pesar de la destrucción de empleos, del descenso confirmado del número de hogares, de la emigración y del descenso de los salarios. Ello recuerda el dicho  que se atribuyó a la reina María Antonieta poco antes de la revolución francesa, de que a falta de pan que  la gente coma pasteles.

  Los diputados populares deben de ignorar que la restricción crediticia está afectando más  a las ventas de viviendas protegidas que a las viviendas libres en las nuevas promociones de viviendas. En el último trimestre de 2012, según  el Banco de España,  la tasa interanual del saldo de  crédito para la compra de vivienda protegida descendió en un 4,5%, descenso más acusado que el del 3,5% correspondiente al crédito total para compra de vivienda. En tiempos de restricción crediticia  los bancos desconfían mas de los hogares con menores niveles de ingresos, a  los que están destinadas tales viviendas protegidas.  

 Sorprende la defensa del alquiler en boca de la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Se dice ahora  que en Europa hay una proporción bastante mayor que en España de dicho tipo de viviendas y que en España hay un 17% de hogares viviendo de alquiler. En la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativa a 2011 solo un 12,1% de los  hogares viven bajo dicha forma de tenencia, dato que también recoge en sus indicadores el Banco de España. 

En el Ministerio de Fomento suman a los hogares de alquiler los que residen en viviendas cedidas en uso gratuito (5,1%) para llegar a dicha proporción. No es lo mismo vivir de alquiler bajo un contrato a cumplir que hacerlo en una vivienda cedida gratis a un familiar, por ejemplo.
Las reformas de  la vigente ley de arrendamientos urbanos (Ley 25/1994) tienen un sesgo favorable al propietario: se rebaja de cinco a tres años el plazo máximo del alquiler, se puede despachar al inquilino con solo un año de contrato aduciendo la necesidad de la vivienda,  retornando al “Decreto Boyer” de 1985  que admiran los populares. 

Se deja libertad entre arrendador y arrendatario para elegir el indicador con el que se va actualizar el alquiler, y no el IPC como hasta ahora. Los inquilinos  deberán pasar  previamente por un curso de estadística descriptiva para ejercer la libertad de elección entre índices de precios.

 El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el décimo plan plurianual  de vivienda de la democracia (el primero fue el de 1981-83, imperantes Suarez y Calvo-Sotelo) busca  reactivar el deprimido sector de la construcción. Recupera las ayudas directas,  de hasta 200 euros al mes,  a los inquilinos que  no paguen más de 600 euros al mes de alquiler. Establece las ayudas directas  a la construcción de viviendas de alquiler, que solo podrán edificarse sobre suelo o edificaciones  de titularidad pública. Desaparece por el momento cualquier ayuda a  la vivienda protegida en propiedad.


  La nueva política de vivienda impulsa algo el alquiler y la rehabilitación, modifica la ley del suelo para hacer rentable la rehabilitación a los agentes privados,  echa una mano a los arrendadores y despide sin más ceremonias a la vivienda protegida en propiedad. 

Publicado en El siglo, 17.6.2013

09 junio 2013

PENSIONES: SE ACERCA EL RECORTE Julio Rodríguez López


  El continuo descenso del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social ha provocado un déficit creciente en las cuentas de la Seguridad Social. Ante el avance del desequilibrio en cuestión, una Comisión de expertos ha preparado un informe del que emanan propuestas de reformas profundas en materia de pensiones. Estas últimas son el mayor componente de las prestaciones sociales en España, desempeñan un evidente papel equilibrador en lo social y su evolución incide sobre el comportamiento del consumo privado.

  En 2012 el número medio de pensionistas en España ascendió a  8,9 millones, de los que el 60% (5,3 millones) correspondió a  jubilados. El importe de la pensión media fue de 830 euros/mes, cuantía que en el caso de las pensiones por jubilación se elevó a 946 euros. En este último caso el importe equivale al 50,2% del salario medio nominal recibido en España en 2012 por los trabajadores asalariados  (1.884 euros/mes), según la encuesta trimestral de coste laboral del INE.

 El gasto público en pensiones en 2012 ascendió en  España a unos 104.000 millones de euros, equivalentes al 10% del PIB del pasado año. Las pensiones suponen el 27,5% de todas las prestaciones sociales y transferencias corrientes a los hogares en 2012.  El consumo privado, principal componente de la demanda,  depende sobre todo de la evolución de la renta disponible de los hogares. Esta  última  ha descendido en más de un 6% en los últimos tres años por la pérdida de empleos y por el retroceso salarial. Los menores salarios se han dejado sentir sobre todo en el último ejercicio anual.

  El sistema español de financiación de las pensiones, denominado como “de reparto”, descansa en las cotizaciones anuales aportadas en función de los trabajadores afiliados  en alta en la Seguridad Social. La evolución de las cotizaciones depende, a corto plazo y si se mantienen las cotizaciones  de los afiliados, del número de estos últimos, que no ha dejado de descender en España desde que se inició la crisis allá por el ya lejano verano de 2007. 

  El total de afiliados a 31 de diciembre de  2007 se elevaba a 19,2 millones, incluidos los del régimen general y  los autónomos. En la misma fecha de 2012 dicho número había caído hasta 16,3 millones, casi un  15%, equivalente a cerca de tres millones de afiliados.  Se comprueba así el carácter “sistémico” que presenta en España el proceso de destrucción de empleos y la necesidad de que dicho proceso se frene o deje de actuar.  Antes de crearse la comisión de expertos citada sonaban ya las voces que denunciaban que las pensiones habían mantenido el poder de compra a lo largo de la crisis.Tras la sangría producida en el mercado de trabajo a través de una reforma que ha acentuado de momento  la caída del empleo, ahora le toca el turno a las pensiones, la partida más fuerte del denominado “estado bienestar”.

 A la hora de reformar el vigente sistema de pensiones, la estrategia  política del gobierno se ha canalizado hacia el gasto, prescindiéndose del lado de los ingresos. Los más de 105.000 millones de euros que supone el gasto en pensiones  equivalen al 13% de la renta disponible de los hogares. Esta última, como ya se ha indicado, s ha resultado afectada   a la baja por la caída del empleo y, más recientemente, por el descenso salarial, que es una pieza clave de la estrategia actual de política económica del gobierno. Dicha política pretende efectuar una especie de devaluación interna que supuestamente permitiría a la economía ganar  en competitividad aplanando los costes salariales, principal variable instrumental de la política económica  del  actual gobierno de España.

La situación la complica el que las nuevas entradas  en el sistema suponen pensiones superiores a las de las  bajas. El estancamiento practicado en las pensiones máximas en los últimos años ha implicado una reforma del sistema. Este último viene realizando una reducción fuerte del abanico salarial, puesto que los salarios más altos se transforman con la jubilación en un nivel máximo de pensión al que acceden  cada vez más los nuevas altas en el sistema. Diferencias salariales importantes se convierten en diferencias reducidas entre  los niveles de pensión, y ello por el estancamiento de las pensiones máximas. 


Las reformas que se anuncian tras la publicación del informe de la comisión de Expertos supondrán el fin de la actualización de las pensiones con el índice de precios de consumo. Se reducirán las pensiones futuras al alargarse el tiempo de cotización empleado para calcular la nueva pensión. Y hasta podrían disminuirse las pensiones nominales actuales, según se filtra “desde arriba”.  Un nuevo factor de retroceso en la renta disponible de los hogares afectaría sin duda a la baja al consumo privado, profundizando mas la recesión que se sufre. Los ajustes del gasto público tendrían que considerar su  impacto sobre la demanda efectiva, a la que rara vez se refieren los responsables de la política económica.  Y esta última deberá hacer más por frenar la constante sangría del empleo, cuya marcha negativa amenaza con arrasarlo todo a su paso, incluidas las pensiones.