El 17 de septiembre de 2012 dimitió la presidenta de la Comunidad de Madrid. El
nuevo presidente, Ignacio González, anunció en su discurso de investidura su
propósito de eliminar el Consejo Económico y Social (CES) de esta autonomía. La
ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2013 (ley de Medidas Fiscales y
Administrativas) materializó dicha extinción.
Desde el 1º de enero de 2013 dejó, pues, de existir el CES,
presidido en el momento de la disolución por
el profesor Pedro Schwarz.
El organismo en cuestión tenía carácter
consultivo y debía de emitir informes preceptivos y no vinculantes sobre los
proyectos de leyes y decretos de carácter socioeconómico emanados del Consejo
de Gobierno de esta autonomía. Además, el CES elaboraba y publicaba un informe
anual sobre la situación socioeconómica de la Comunidad de Madrid. Entre la
representación empresarial y los “expertos”, estaba garantizado que los informes del CES fuesen favorables a los proyectos normativos citados.
La oposición al perfil “oficialista”
de los dictámenes emanados de la mayoría del CES correspondió a la minoría sindical de
consejeros, en este caso procedentes todos ellos de los sindicatos CC. OO y
UGT. Los
votos “particulares” de estos últimos
alcanzaban el “quórum” preciso como para que las opiniones emitidas por dicho grupo
sindical acompañasen a los proyectos de ley que llegaban a la Asamblea
de Madrid. Los sindicatos aprovecharon, además, el conocimiento previo de la normativa en
cuestión que les permitía su presencia en el CES para organizar campañas de opinión opuestas a los cambios normativos de mayor perfil ultraliberal y antisocial del gobierno de la
Comunidad citada.
El mayor éxito en dicha línea de
actuación correspondió a la oposición sindical al proyecto de ley del suelo del gobierno de
Esperanza Aguirre. Dicho proyecto, que reforzaba los derechos de los
propietarios del suelo en los nuevos desarrollos urbanos y limitaba de hecho la
construcción de nuevas viviendas protegidas,
pretendía modificar la ley del
suelo vigente desde los tiempos de la presidencia en el gobierno de la
Comunidad de Madrid del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El Grupo Sindical consiguió inquietar a la
opinión pública y a los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid
sobre el contenido de dicho proyecto de ley,
que resultó finalmente retirado. Sin embargo, numerosos cambios pretendidos con el mismo de hecho se introdujeron con posterioridad dentro de
normas de amplio contenido, como las leyes de acompañamiento anuales de los presupuestos.
La
Comunidad de Madrid, a pesar de su reducida superficie, equivalente a la de la
provincia de Málaga (1,6% de la superficie de España), aporta el 17,9% del PIB
de España, solo superada por Cataluña. Su población, 6,5 millones de
habitantes, supone el 13,7% del total nacional.
Los casi tres millones de viviendas suponen el 11,5% del total de viviendas
familiares de España.
El PIB por habitante de Madrid ascendió en
2012 a 29.400 euros, el 129% de la media
nacional de España. La Comunidad de Madrid efectúa la mayor aportación relativa
al equilibrio de rentas entre las diferentes autonomías de España. Es
notable la diferencia negativa entre
el PIB por habitante (129,9% en 2010) y la Renta Familiar Disponible por hogar
(el 119,5% de la media nacional en el caso de Madrid en este último año).
En Madrid tienen el mayor peso en el PIB actividades de servicios como “Información y
Comunicaciones” y “Actividades Profesionales y Administrativas”. Es menor la presencia
de “Industria y Energía” en Madrid que en España, puesto que dicha actividad se
ha visto expulsada por unos planes de urbanismo locales en los que el ladrillo ha echado empleos
desde Madrid a las autonomías vecinas. Dichos planes de urbanismo han sido
también alentados por el urbanismo autonómico, a todas luces más proclive a la especulación inmobiliaria que a
los empleos industriales.
El descenso sufrido por el PIB de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2012ha sido menor que el del
conjunto de la economía española, el -0,9% frente al -1,3%. Pero el ejecutivo autonómico, además de no
favorecer el desarrollo de un tejido productivo menos primario que el actual, viene desarrollando una política social ampliamente regresiva. De ahí que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con menos recursos están sufriendo más las consecuencias de la crisis que los de
autonomías en las que el impacto económico de la crisis es mayor que en Madrid.
La renuncia a la recaudación de
tributos que afectan a los hogares de rentas más elevadas (Patrimonio,
Sucesiones y Donaciones), las ayudas fiscales a los hogares que lleven a los
hijos a colegios privados cuando se recortan de forma drástica los recursos de
la enseñanza primaria pública, el intento obstinado de privatizar la gestión
de los hospitales públicos de Madrid, la
renuncia a disponer de mecanismos de
apoyo a las empresas madrileñas (eliminación del Imade) son ejemplos de dicha
política.
A pesar de sus limitaciones, el CES de
Madrid valía para anticipar acontecimientos y poder sacar los colores ala política socioeconómica aquí
descrita. No ha sido, pues, de extrañar la eliminación de este organismo, que fue el más
claro anticipo de la fuertemente ideologizada (hacia la derecha) política económica
del nuevo presidente.
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