09 abril 2012


LOS ACTIVOS “TOXICOS” FOMENTAN LA CONCENTRACION BANCARIA


EL Pais, 2 de abril de 2012


Julio Rodríguez López

   El Real Decreto Ley 2/2012, de saneamiento del sistema financiero, es el paso más reciente en el camino hacia la consolidación del sistema bancario español. Se   pretende  reforzar dicho sistema con la nueva normativa, saneando los balances y clarificando  así la situación de las entidades integrantes. Dicho Real Decreto Ley   clasifica a los activos inmobiliarios que afectan a los balances bancarios en viviendas terminadas, promociones en curso y suelo. La excesiva exposición del sector bancario  a tales activos es el principal lastre que afecta al mismo al inicio de 2012, más de cuatro años después del inicio de la crisis.

  La reducción de los precios de venta de la vivienda,  la recuperación del   crédito bancario en general y   un nuevo avance en la consolidación del sector bancario son los principales objetivos.  Las mayores provisiones sobre los créditos y  los activos adjudicados  y una mayor exigencia de capital, son  los  instrumentos empleados  para lograr los objetivos citados. Frente al afloramiento inmediato en los balances del impacto sufrido en el mercado de vivienda seguido en los casos de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, en España se ha seguido una vía más lenta en lo que a actualización de los balances se refiere. Dicha vía se acelera con la nueva norma.

     Una parte sustancial de la financiación canalizada hacia el subsector inmobiliario en España se ha originado  a partir de créditos concedidos inicialmente a los promotores inmobiliarios.  Los compradores de las viviendas construidas se subrogan en tales créditos en el momento de la compra. La financiación al mercado de vivienda, el crédito inmobiliario, está compuesta, pues,  por el crédito a hogares para adquisición y compra de vivienda, por el crédito a constructores de edificios  y por el crédito destinado a los promotores inmobiliarios. Entre 1997 y 2007 el conjunto del crédito inmobiliario aumentó en España a un ritmo medio anual (22,3%) ampliamente superior al del  sector privado.

   Como consecuencia de lo anterior, la cuota del crédito inmobiliario dentro
del conjunto del crédito al sector privado aumentó desde el 39,7% del total
de dicha magnitud en 1997 hasta el 60% de 2007. La relación entre el crédito inmobiliario y el PIB  pasó desde el 27,9% de 1997 hasta el 100% de 2007.
 
    El fuerte aumento entre 1997  y 2007 del  crédito inmobiliario fue  la contrapartida financiera de la expansión de la construcción residencial y de su relevante presencia en la actividad productiva y en el empleo de la economía española.  El que el crédito a promotor creciese más  que el crédito a comprador  anticipaba en su momento la realidad de  un ritmo de construcción de nuevas viviendas superior al de las ventas.

  Las variables no financieras del mercado de vivienda  registraron aumentos importantes paralelos a la expansión crediticia mencionada.  La fuerte demanda  dio lugar a que las  ventas de viviendas ascendiesen a 955.200 en 2006, casi un 50% mas que en 1997.  Los precios de las viviendas aumentaron en la década 1998-2007 en un 200%, una media anual del 11,4%. Se reforzó asi  la entrada en el mercado del comprador inversor, atraído por las continuas elevaciones de precios de la vivienda.

 La nueva oferta de vivienda reaccionó iniciándose  unos seis millones de viviendas en los diez años del periodo citado, mientras que el aumento neto del número de hogares en dicha etapa no llegó a los cuatro millones. La inversión en vivienda, que mide el volumen de  construcción residencial en España,  creció desde el 4,7% del PIB en 1997 hasta el 12,2% en 2007. El parque de viviendas de España, tras alcanzar los 21 millones según los datos del Censo de 2001,  rozaba los 26 millones a fines de 2011. En España  hay 1,5 viviendas por hogar, muy por encima de los 1,1 de la Eurozona. El total de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas oscilaba  entre 700.000 y 1.100.000 a  fines de 2011.

  La realidad del euro evitó  las políticas restrictivas de  demanda ante el creciente déficit exterior, que llegó alcanzar el 10% del PIB en 2007. La  etapa de expansión 1997-2007    fue   bastante más prolongada  en España que las   fases similares de los precedentes ciclos del mercado de vivienda (1971-74, 1986-90). Un aumento tan intenso  del crédito fue posible porque el sector bancario realizó una apelación intensa al ahorro externo, y ello bajo la forma de colocaciones de deuda bancaria en los mercados de capitales.

 Cuando llegó la crisis financiera en 2007 el mercado de vivienda en España ya iniciaba un “aterrizaje suave” que en breve se hizo abrupto.  El racionamiento del crédito frenó en seco la demanda de vivienda en 2007-08. Las ventas de viviendas descendieron  hasta las 347.300 de 2011. El ajuste derivado de las menores ventas se concentró en la nueva oferta, donde las viviendas iniciadas retrocedieron hasta las 78.300 de 2011,  el nivel mas reducido desde que se dispone de series de visados de arquitectos y de aparejadores. La inversión en vivienda, segun la Contabilidad Nacional de España, vio bajar   su cuota del PIB  hasta el 6,9% en 2011. Dicho descenso de la construcción residencial explicó por si solo el 60% de la pérdida de empleo  sufrida en España entre 2007 y 2011.

   El descenso de los precios de vivienda en España, el 21,7% en cuatro años,   según la estadística del INE,  ha sido inferior al de países en los que  apareció un exceso de oferta de vivienda equivalente al registrado en España. Un descenso más acusado de los precios de la vivienda hubiese impedido un ajuste tan intenso de la actividad y del empleo en el subsector inmobiliario. Los créditos morosos y los activos adjudicados  procedentes del mercado inmobiliario se han convertido en una palanca para la consolidación y el adelgazamiento del sistema bancario español, en  el que las cajas de ahorros han desaparecido prácticamente como entidades de crédito.

  El saldo vivo de crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) equivalía en España  a fines de 2011 al 95,5% del PIB y al 57% de la cartera de créditos al sector privado del sistema bancario español. Dentro del mismo, los  riesgos asociados al crédito a promotor y a constructor (unos 400.000 millones de euros, a 30.9.2011) son sustancialmente superiores a los correspondientes al crédito a hogares para compra de vivienda (unos 630.000 millones).  Lo que el presidente del gobierno denominó como “activos tóxicos” llevan pesando demasiado tiempo de forma relevante en los balances de las entidades de crédito. La situación de dichos activos, en especial su antigüedad en el balance, varía entre banco y banco.  No es seguro que el mayor aprovisionamiento  fuerce a los bancos a vender tales activos, sobre todo si tienen  calidad y existen expectativas de revalorización de los mismos.  

   Los cambios en el mercado de  vivienda dependerán de cómo  evolucione la demanda.  Todo indica  que el alquiler puede aumentar en tanto persistan las actuales condiciones de incertidumbre generalizada. Será trascendente la disponibilidad de financiación crediticia desde los bancos, que aun necesitan  de aportaciones de liquidez adicionales  para  que “fluya” normalmente el crédito.  Entre las aportaciones del Banco Central Europeo, la concentración  bancaria que el Real Decreto Ley está favoreciendo y el paso del tiempo acabarán por ejercer alguna influencia, aunque es posible que el plazo resulte demasiado largo para la economía española.

02 abril 2012


UNA SEMANA INTENSA DE MARZO

Julio Rodríguez López   1.4.2012 

  En la última semana de marzo de 2012 se acumularon las novedades. Primero fueron  las  dos elecciones autonómicas celebradas el domingo 25 de marzo, en las que el resultado de Andalucía no  confirmó las previsiones.  En segundo lugar, el jueves 29 de marzo tuvo lugar una huelga general frente a la ley de Reforma Laboral del gobierno del Partido Popular, con impacto significativo en cuanto a seguimiento y presencia popular en las manifestaciones. 

  En la misma semana, el viernes 30 de marzo,  el gobierno de Rajoy aprobó el  Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El proyecto en cuestión recoge un fuerte recorte del  gasto público y apela  a una significativa amnistía fiscal para situar el déficit en el nivel fijado por la comisión de la UE (-5,3% del PIB).

  Del resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía se deriva que puede gobernar  en Andalucía una coalición PSOE-IU, frente a los abundantes sondeos de opinión que daban mayoría absoluta al Partido Popular.  La distancia en que ha quedado este partido respecto de la mayoría absoluta  puede  indicar el recelo de la opinión pública respecto de la política social de los primeros cien días de gobierno  del PP. Las formas políticas del actual gobierno, un tanto sobrado de  arrogancia y de dogmatismo liberal en su política económica,  han frenado sin duda el trasvase de votos desde el PSOE hacia el PP. 

  Una parte del voto de izquierda se ha pasado en Andalucía desde el PSOE   a Izquierda Unida (11,3% del voto y 12 escaños).  El castigo al PSOE se ha reflejado en el fuerte descenso del voto popular a dicho partido (un 30% menos) respecto de 2008. No solo hay cansancio popular en la valoración que se hace de la gestión de los socialistas en el ejecutivo andaluz,  sino que también  se han ido hacia IU anteriores votantes del PSOE,  para los cuales los socialistas han abandonado buena parte del reformismo socialdemócrata que debió  de impregnar mucho más su gestión pasada.

  Del resultado electoral se deriva que  el próximo gobierno de Andalucía  deberá  introducir reformas sustanciales en los cuatro próximos años. Izquierda Unida, que debería entrar en el nuevo gobierno, tendría que contribuir a reforzar el reformismo del gobierno andaluz. Este debería de fortalecer los instrumentos de control del gasto público y tendría que  actuar para que esta autonomía refuerce y diversifique su base productiva.  Andalucía necesita fomentar la presencia de actividades productivas con mayor posibilidad de competir en el marco globalizado actual.

  La convocatoria de huelga general del jueves 29 de marzo fue objeto de un seguimiento desigual, según las diferentes ramas de actividad. En contra de la convocatoria influyó   el clima de miedo a las represalias empresariales a que ha dado lugar el contenido de la reforma laboral del  gobierno popular. Las manifestaciones de la tarde del  jueves 29 contaron con una abundante presencia de participantes. Lo anterior indica que la opinión pública  parece no estar  conforme con  que la reforma laboral en cuestión sea  el eje central de la lucha contra el desempleo en España.

  La mayor parte del empleo perdido en España desde el inicio de la crisis se debe al fuerte descenso de la actividad de la construcción y  a la debilidad de la base productiva española, que cada vez tiene más difícil el  competir.  Asimismo, la reforma laboral “significará una alteración singular de la distribución funcional de la renta, en detrimento de las rentas del trabajo sin que ello signifique...la incorporación de estímulos a la creación de empleo neto” (Santos Ruesga,”Una reforma fuertemente desequilibrada”, Diario Progresista, 1 de abril de 2012).

   El tercer evento de la última semana de marzo fue la  aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El gobierno popular  ha estado atento a la imposición fijada por Unión Europea de que en este ejercicio el déficit de las administraciones publicas no supere en España el 5,3% del PIB (8.5% en 2011), del que el 3,5% correspondería al Estado y a la Seguridad Social. 

  En 2012 deberá descender, pues,  el déficit del Estado más Seguridad Social en 27.300 millones de euros. Ello exigirá realizar descensos del gasto, que serán importantes sobre todo  en la inversión pública, que caerá en casi un 20% sobre 2011. En cuanto al necesario aumento de ingresos, destaca la amnistía fiscal establecida para la repatriación de capitales españoles no declarados a Hacienda, que deberán tributar entre un 8% y un 10%,  con los que se espera recaudar unos 2500 millones de  euros.

  El gobierno no ha estimado la incidencia de dichos presupuestos sobre el crecimiento y el empleo  de la economía. La restricción aprobada del gasto implica un impacto negativo de más de un cuarto de punto sobre la variación del PIB en este ejercicio, lo que sin duda contribuirá  a  deprimir  aun más el crecimiento de la economía en este ejercicio.

26 marzo 2012


LA SORPRESA ELECTORAL DEL DIA DE LA ENCARNACIÓN

Julio Rodríguez López   (25 a 26 de marzo de 2012)

  El resultado de las elecciones regionales de Andalucía del domingo 25 de marzo  ha sido, antes que nada, sorprendente. Las previsiones de las encuestas  y el desarrollo del juicio de los ERE  en pleno periodo electoral  apuntaban hacia una victoria clara del Partido Popular y de su candidato eterno, Javier Arenas.

  El resultado en cuestión, del que se deriva que puede gobernar  en Andalucía una coalición PSOE-IU,  podría indicar que una parte significativa de la opinión pública recela de la política social del gobierno del PP. También pueden provocar reservas las formas políticas que está evidenciando el actual gobierno, en el que andan sobrados de ideología liberal  y de descalificaciones a cuanto se mueva  en contra de sus planteamientos socioeconómicos.  Las reservas europeas a la política presupuestaria de Rajoy son ya más que evidentes.

El que una parte del voto de izquierda se haya pasado en Andalucía  a Izquierda Unida también  puede revelar que hay ciudadanos que opinan que los socialistas se han escorado en exceso hacia posiciones  en exceso posibilistas, renunciando en buena medida al reformismo que debió  de impregnar mucho más su gestión pasada.

  El resultado electoral también puede implicar que el próximo gobierno de Andalucía  no tiene porque resultar marcadamente continuista con lo que ha sido  la gestión de los socialistas en tiempos de mayorías absolutas ya  pasados. Izquierda Unida, que debería entrar en el nuevo gobierno, tendría que contribuir a reforzar el reformismo del gobierno andaluz. Se debe de  trabajar sobre todo para que esta autonomía llegue a tener una base productiva más solida, luchando para que tengan un mayor peso actividades productivas con mayor posibilidad de competir en el marco globalizado actual.

  La idea repetida de Arenas de que  Andalucía vale como una inmensa ciudad dormitorio de europeos resulta a todas luces empobrecedora del potencial de la economía andaluza. El aprovechamiento pleno de las posibilidades turísticas de Andalucía no está reñido con la necesaria potenciación de otras actividades.

Una advertencia a la política socioeconómica del PP, un recordatorio al PSOE de que un partido socialdemócrata debe de ser,  antes que nada,  reformista,  y un  rechazo al anuncio de Arenas de centrar su política económica y urbanística solo  en el “turismo residencial” son algunas de las lecciones de la noche electoral del día de la Encarnación de 2012. 

22 marzo 2012


HACIA EL QUINTO AÑO DE RECESION EN EL MERCADO DE VIVIENDA

(El País de las Propiedades, 22.3.2012)

Julio Rodriguez López

  2011 fue el 4º ejercicio anual  de recesión del mercado de vivienda en España,  tras el máximo cíclico alcanzado en la primera mitad de 2007. La mejoría de las ventas de viviendas en 2010 no dejó de ser una consecuencia inmediata de los atractivos fiscales introducidos en dicho ejercicio. Al no  encontrar continuidad  tales estímulos en  el primer semestre de 2011, el declive del mercado  se agudizó de nuevo. La rebaja del IVA hasta el 4%, que afecta a las viviendas de nueva construcción y que se introdujo muy avanzado el verano, apenas se advirtió en el mercado.

  La desaceleración y retroceso de la actividad en el segundo semestre de 2011 ejerció  una negativa incidencia sobre las ventas de viviendas. El descenso de la renta disponible derivado de la nueva caída  del empleo y el persistente endurecimiento crediticio frenaron de nuevo la demanda en 2011. En este año se aceleró el descenso de los precios de la vivienda (-6,8% frente al -5% del año anterior). El descenso acumulado  desde el primer trimestre de 2011 ha sido del 19 % en el caso de la estadística del Ministerio de Fomento, el  21,7% en el caso de la estadística del INE.

El ajuste del mercado de vivienda ha seguido descansando sobre todo en el descenso de la nueva construcción, visible en el “record” a la  baja alcanzado por los visados de obra nueva en 2011, 78.300. La caída de las ventas de viviendas de nueva construcción  ha superado a las viviendas terminadas, con lo que en 2011 siguió creciendo el stock de viviendas terminadas y no vendidas. 

 En 2012 todo indica que se mantendrán  las líneas básicas citadas del mercado de vivienda Los muy bajos niveles de viviendas terminadas pueden  estimular la nueva oferta en los mercados menos afectados por la crisis,. De ahí que  hasta sea posible que en  2012 no persista el descenso de las viviendas iniciadas, que podrían tocar fondo dentro de este año. 

19 marzo 2012


DACION EN PAGO. UNA MEDIDA DE ALCANCE LIMITADO
Julio Rodríguez López                                             19.3.2012

    Con el RDL 6/2012, “de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos” (BOE de 10 de marzo de 2012), el gobierno pretende actuar sobre el problema creciente de los hogares incapaces de atender el pago de la cuota periódica de la hipoteca con la que se  adquirió la vivienda.  El ámbito del Real Decreto es el  de los prestatarios hipotecarios incluidos en el denominado “umbral de exclusión”. 
 Los hogares incluidos en dicho ámbito podrán beneficiarse de un procedimiento,  regulado en un “Código de Buenas Prácticas”, de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito. El procedimiento  en cuestión  incluye la reestructuración del préstamo, una posible “quita” del principal  del mismo y, en el caso más extremo, podrá terminar en la dación en pago de la vivienda como medida liberatoria de la deuda.
  A pesar de la trascendencia del problema de los impagos hipotecarios, se conoce mal el alcance del mismo. El Consejo General del Poder Judicial publica desde no hace mucho tiempo una estadística trimestral de los procesos judiciales asociados con la  crisis financiera presente.

 De dicha estadística se obtiene información sobre las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados y también sobre los denominados “lanzamientos”. Las ejecuciones hipotecarias presentadas entre 2008 y 2011 se aproximan a las 320.000, mientras que los lanzamientos  han ascendido  a unos 168.000 en el mismo periodo. Ejecuciones y lanzamientos se refieren a viviendas ocupadas por los propietarios morosos  y también a otros bienes hipotecados.

   El Art. 3.1 del citado Real Decreto Ley establece que estarán situados en el “umbral de exclusión”  los deudores  de préstamos vigentes que cumplan varias condiciones adicionales.  Las más relevantes son, en primer lugar,  que  todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas.

  En segundo lugar, la cuota hipotecaria  debe de superar el 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de miembros de la unidad familiar. Además, no entrarán en el citado intervalo los hogares endeudados con garantías adicionales, como es el caso del aval complementario frecuente en este tipo de préstamos, salvo que los avalistas se encuentren en una posición tan debilitada como los avalados.

 Según la última Encuesta Financiera de las Familias publicada (Banco de España, “Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2008: métodos, resultados y cambios desde 2005”. Boletín Económico, diciembre de 2010), el 21,3% de los hogares en los que no trabaja nadie tenía algún tipo de deuda. Junto a lo anterior, el 22,5% de dichos hogares sufría una carga de deuda superior al 40%. 

 En resumen,  menos del 4,8% de los hogares en condiciones equivalentes a  los que establece el  citado “umbral”  soportaba una carga financiera de más del 60%.  Según la EPA del INE,  en el último trimestre de 2011 habia 1.575.000 hogares en los que todos estaban parados.  Un  4,5% de dicho total supondría alrededor de 71.000 hogares, siempre que no tengan aval de titulares solventes.

  Otra condición restrictiva del alcance del objetivo propuesto se encuentra en el  artículo 5 del RDL 6/2012, que establece unos precios máximos de adquisición  de las viviendas afectadas  según el número de habitantes de las poblaciones  (200.000 euros para municipios de más de un millón de habitantes, 120.000 euros en el caso de municipios de hasta 100.000 habitantes). 

  A la vista de la población española a 1º de enero de 2011 en los diferentes tipos de municipios que incluye dicho articulo,  el precio medio de venta de una vivienda sería de unos 146.000 euros, supuesto que  las viviendas en cuestión tuviesen  una superficie construida de 90 metros cuadrados. 

 Según la estadística de precios de venta del Mº de Fomento, en 2007 el precio medio de venta de una vivienda de dicha superficie fue de 185.071 euros. Esto implica que los precios tomados como referencia están por debajo de los precios medios reales del mercado. Al menos para 2007 tales precios superaban al precio medio máximo en un 26,8%. En el caso de la Comunidad de Madrid dicha subvaloración resulta mas intensa, puesto que el precio medio de la vivienda de 90 m2 en dicha autonomía superaba al máximo  en un  35%.

 En síntesis, todo indica que el número de hogares favorablemente afectados por la aplicación del Real Decreto Ley será reducido. El limitado número de hogares que pueden entrar en el mencionado “umbral de exclusión”,  las exigencias adicionales que implican  la ausencia de avalistas solventes exigida  y los bajos precios de compra de las viviendas afectadas son los principales elementos reductores de dicho alcance. La amplia aceptación del “Código de Buenas Prácticas” por parte de las entidades de crédito puede implicar más una cuestión de imagen que un cambio sustancial en las condiciones de superación del problema mencionado.  

15 marzo 2012


LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA  DESCENDIERON EN 2011 DE FORMA SIGNIFICATIVA

Julio  Rodríguez López       15.Marzo.2012

   El INE  publicó el jueves 15 de marzo el nivel alcanzado por el índice de precios de vivienda correspondiente al 4º trimestre de 2011. Dicho nivel implicó  un descenso intertrimestral del 4,2% y un retroceso del 11,2% sobre el nivel del mismo periodo de 2010. El descenso anual fue más acusado en las viviendas usadas (-13,7%) que en las de nueva construcción (-8,5%).  Por autonomías, la Comunidad de Madrid registró en 2011 el descenso más intenso (-15,7%), junto a Cataluña (-14,3%). Los descensos de precios fueron menos fuertes en las áreas turísticas.

    Desde el inicio de la crisis el  citado índice de precios de vivienda del INE ha registrado una caída acumulada del 21,5 %, superior a la experimentada por la estadística de precios elaborada por el Ministerio de Fomento (-19%). Las metodologías de las estadísticas comentadas son muy diferentes, más sofisticada la del INE, apoyada en el método de la regresión hedónica, mientras que la de Fomento aporta cifras absolutas de precios de vivienda.

    Es posible que la mayor fiscalidad soportada por las viviendas usadas (alrededor del 8%-media nacional- en concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales) en relación con las viviendas de nueva construcción (IVA del  4%) desde el verano de 2011 haya contribuido algo al mayor descenso de los precios de las viviendas usadas. 

  En todo caso, la evolución de los precios de la vivienda en España en 2011 resultó  coherente con el importante descenso de las ventas de viviendas, próximo al 30%. El contexto económico general apunta a que en 2012 persistirá el descenso de precios de la vivienda en España, aunque posiblemente con menos intensidad que en 2011. 

11 marzo 2012


LAS NEGRAS PREVISIONES DE 2012
(El Siglo, 12.3.2012)
Julio Rodriguez López

  El nuevo gobierno popular inició su gestión en diciembre de 2011  con un programa apoyado en el aumento de los tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (R.D. L. 20/2011, BOE de 31.12.2011). Dicho  programa, previo a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que no se aprobarán hasta fines de marzo, incluyó  la reducción en unos 8.900 millones de euros del gasto público en 2012. Todo lo anterior supone  una disminución del déficit público en unos 15.200 millones de euros en 2012, el 1,5% del PIB de la economía española.

 Se ha conocido después el alcance del déficit de todas las administraciones públicas en 2011 (estado y seguridad social, comunidades autónomas y corporaciones locales). Dicho déficit se situó en el 8,5% del PIB (-9,3% en 2010), más de 91.200 millones de euros. La mayor desviación al alza del déficit respecto de las previsiones correspondió a las autonomías. En 2011 el PIB de la economía española creció en un 0,7% (-0,1% en 2010), resultante de un crecimiento positivo del 1% en la primera mitad del año y de un estancamiento en el segundo semestre. La Comisión de la UE ha previsto  para España  una variación negativa del PIB del -1% en 2012.

  Un Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 ha recogido una nueva previsión sobre el comportamiento de los principales agregados macroeconómicos en 2012. Es de suponer que los PGE de 2012 resultarán coherentes con dichas previsiones. Los aspectos mas destacables de las previsiones citadas, en primer lugar,  son los correspondientes al mayor retroceso previsto para el PIB, el -1,7%, explicado sobre todo por la fuerte debilidad de la demanda interna,  y al intenso descenso del empleo  (-3,7%, equivalente a  una disminución en 635.100 del número de puestos de trabajo equivalentes).  La tasa media de desempleo de este año  se aproximará al 25% de la población activa, según la previsión citada del gobierno del PP.

En segundo lugar, destacan las previsiones de los principales desequilibrios de la economía. El aumento previsto de los precios de consumo es de una variación del 1,5% en diciembre (2,4% en 2011). La debilidad de la demanda interna tiraría hacia abajo de las  importaciones, lo que reduciría el desequilibrio exterior  desde el -3,4% de 2011 hasta el -0,7% en 2012. La previsión más interesante desde el punto de vista de la politica económica es la correspondiente al déficit de las administraciones públicas, que descendería desde el -8,5% del PIB de  2011 hasta el -5,8% en 2012.  Esto último implica un déficit superior al -4,4% inicialmente recogido para este  ejercicio en el Programa de Estabilidad 2011-2014 enviado al comienzo del pasado año a la Comisión de la UE.

  El déficit publico previsto para 2012, 62.000 millones de euros, supone, pues, un ajuste inferior en casi 15.000 millones de euros al que tendría que haber sido el objetivo en este año, según el citado Programa de Estabilidad. El  gobierno mantiene la previsión de alcanzar un déficit del 3% del PIB en 2013, aunque el ritmo  de reducción resultaría menos abrupto en 2012 que lo inicialmente previsto. “La Comisión Europea y los halcones del déficit de Europa del Norte están dispuestos a salvar la credibilidad del nuevo sistema, mientras que  Madrid trata desesperadamente de evitar sumergirse en una espiral de declive económico del tipo de Grecia a través de recortes presupuestarios todavía mas drásticos” (Paul Taylor, “Euro zone reassured, but wary”, IHT, 6.3.2012).

Un factor que ha calmado  de momento a  los mercados de deuda ha sido la segunda aportación de liquidez efectuada en dos meses por el Banco Central Europeo (BCE). Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 dicha entidad  ha suministrado más de un billón de euros hacia las instituciones de crédito de la Eurozona, de los que más de 200.000 millones han debido de ir a los bancos españoles.  Dicha aportación ha mejorado la posición de  liquidez de dichos bancos y la previsión de resultados de los mismos, puesto que el dinero prestado lo ha sido a un tipo de interés muy reducido (1%) y a un plazo de tres años. “Las aportaciones de liquidez del BCE permiten ganar tiempo pero no curan los problemas básicos de solvencia y de competitividad” (“Easy money comes with many risks for Europe”, IHT, 6.3.2012).

Un ajuste a la baja de casi tres puntos porcentuales del  PIB de España  a través de los PGE no deja de ser importante, además del efecto deflacionista adicional del anuncio de que en 2013 el ajuste volverá a  ser de nuevo similar.  El panorama de reducción del empleo y de aumento del paro no deja de ser desolador para la economía española. Este horizonte  mejoraría con  una actuación  decidida en favor del crecimiento por parte de los países con equilibrio, caso de Alemania y de los “halcones” protestantes del norte de Europa, países que parecen estar muy lejos de adoptar dicha estrategia.


04 marzo 2012


Primer  domingo de marzo: Tomas Gómez sigue al frente del PSM.
Julio Rodríguez López.     4.3.2012

   Esta semana se ha confirmado a Tomas Gómez como secretario general del PSM. Su reelección implica que dicho partido no será una prolongación del PSOE federal, lo que es importante. Así  será  más posible, aunque no seguro,  que los socialistas de Madrid tengan un perfil propio entre el conjunto de los socialistas de España. De este modo podrán aportar ideas y propuestas para los muchos problemas de España en 2012.
 Tomas Gómez  participa plenamente del discurso pro-estado bienestar   propio de los dirigentes socialistas en España. Sin embargo, a la hora de aproximar que tipo de modelo productivo o de economía quiere para Madrid, el discurso de Tomas Gómez resulta más elusivo, mas tópico. Con frecuencia señala que  Madrid crece a menor ritmo que lo que dice su triunfalista presidenta autonómica, o que Madrid ha pasado a ser la  3ªautonomia en PIB por habitante (AM Carmona ha debido pasarle una dato anticuado, pues en la última publicación correspondiente del INE  la Comunidad de Madrid es la 2ª, no la 3ª). Sin embargo, a estas alturas,    con esa crítica  no se llega muy lejos. A los que viven en Madrid no les preocupa demasiado el ritmo de crecimiento de la economía regional. 
  A dichos ciudadanos les preocupan más, en ese sentido, aspectos tales como la invasión masiva del territorio de esa autonomía (España, 90 habitantes por km2, Comunidad de Madrid, 900 hh. /Km2),    el hundimiento del empleo,   la crisis  del comercio, que pesa mucho en Madrid, los intentos de dinamizar a dicha  actividad desregulándolo todo en la misma, como horarios, apertura de nuevos comercios, libertad en principio para hacer obras de reforma,  la desaparición masiva de la industria, su expulsión hacia otras autonomías vecinas, la rapidez con la que los municipios recalifican a residencial el suelo que ocupaba una fabrica que se ha mudado fuera de Madrid.
 También preocupa la forma subrepticia con la que la Aguirre ha ido cambiando de arriba abajo la ley de suelo de tiempos de Gallardón, año a año, ley de acompañamiento tras ley de acompañamiento,    la realidad de unos planes de urbanismo locales en los que está previsto construir cuantas más viviendas mejor (si no se ha hecho es porque no hay financiación), planes que el gobierno autónomo “pasa” de coordinar. Madrid tiene unas 50.000 viviendas de nueva construcción  terminadas  y no vendidas. Es un clamor la escasez de crédito para PYMES y cooperativas para construir viviendas protegidas, la opacidad del mercado de alquiler, ahora imprescindible para los nuevos hogares, ante el tipo de empleos que va a dar lugar la reforma del mercado laboral.
 Tomas Gómez hace una defensa correcta de las prestaciones sociales. Quizá resulte  menos fuerte su defensa del transporte público  y de la calidad medio ambiental en esta autonomía. La mejor defensa del estado bienestar es defender antes una economía fuerte y competitiva,  sin que para lograr dicho objetivo  sea imprescindible transformar el modelo de relaciones laborales en algo  más propio de Asia que de Europa, como va a suceder con la nueva legislación.  Está bien que Tomas  Gómez defienda un banco público, pero  no parece haberle interesado mucho en estos años el destino de Caja Madrid, o al menos no se le han conocido propuestas para el futuro de dicha  entidad, hoy subsumida en Bankia  y en  la que todo son incertidumbres, en especial  sobre el futuro de su hasta ahora potente obra social.

 No hay mucho tiempo para aproximar más el discurso del reelegido secretario general de los socialistas de Madrid a la realidad de esta autonomía. Solo tiene 3 años por delante, el  que va de aquí a las elecciones municipales y autonómicas de 2015, pero dicha aproximación resulta imprescindible.  Conviene que el éxito del momento no le haga olvidar a Tomas Gómez que será difícil cambiar el sentido decreciente de la tendencia del voto a los socialistas en la Comunidad de Madrid y, sobre todo,   que va a trabajar sobre una base electoral  menguante y que va a mandar sobre un partido profundamente debilitado.

26 febrero 2012


¿CUÁNTO BAJAN LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS?
Julio Rodríguez López
(El Siglo, 27 de febrero de 2012)
   Con el Real Decreto Ley 2/2012 (BOE de 4.2.2012), de saneamiento del sistema financiero,  el gobierno pretende la recuperación del ritmo del crédito bancario y  una mayor consolidación del sistema financiero. Los planes de fusión bancaria  deberán incluir, según dicha norma,  compromisos y objetivos para incrementar el crédito  a las PYMES y colocar en el mercado  los activos inmobiliarios propiedad de las entidades.

  El suelo para promociones inmobiliarias, las promociones en curso y las viviendas teminadas son los activos que requerirán de mayores provisiones  o de recapitalizaciones adicionales. Las mayores provisiones reducirán el valor neto contable de los activos inmobiliarios citados. Las entidades de crédito podrán así  aceptar sin pérdidas unos descuentos mayores en el valor de los activos que lo que ha sido la pauta general hasta el momento. 

 No está clara la incidencia efectiva de la nueva norma sobre los precios de las viviendas.  En el caso de los activos inmobiliarios de menor calidad las entidades financieras estarán más dispuestas a vender. En el caso de los activos inmobiliarios más atractivos la decisión de los bancos dependerá sobre todo de las expectativas sobre  el valor real de mercado de dichos activos. Las ventas de tales activos estarán ligadas a la demanda existente de viviendas, ahora muy debilitada por la pésima situación del mercado de trabajo.

  Dicha situación frena la creación de nuevos hogares, que es la variable clave a efectos de explicar el comportamiento de las ventas de viviendas.  Los 140.000 hogares netos efectivamente creados en 2011, según la Encuesta de Población Activa,  quedan muy por debajo de las cifras que con frecuencia se citan  como “de crucero”  de la economía española.  Junto a lo anterior, el ritmo de ventas dependerá de la existencia efectiva de crédito bancario. Según los cálculos del gobierno, el mayor saneamiento de los activos facilitará la captación de recursos en los mercados por parte de los bancos, lo que a su vez impulsaría el  
ritmo de concesión de nuevos créditos.

 Los precios de las  viviendas son el mejor indicador de la situación del mercado.   Las características de la vivienda dificultan el seguimiento estadístico de los precios. No hay dos viviendas iguales, se venden con escasa frecuencia y sus precios de mercado sólo pueden observarse cuando son objeto de venta. Existen tres problemas que hacen especialmente difícil la medida de los precios de forma rigurosa y actualizada. El primero es el de los desfases temporales entre la realización de una compraventa y el momento en el que la estadística administrativa correspondiente detecta la operación y el precio pactado en la misma.

 El segundo es el de los cambios continuos en la composición de la información obtenida, puesto que sólo una fracción reducida del stock de viviendas es objeto de venta en un periodo determinado. Por último, los cambios en los precios de las viviendas reflejan no sólo la inflación sino también los cambios de calidad de las viviendas.

  Como sucede asimismo en otros países, abundan en España las estadísticas de precios de viviendas. Entre las más divulgadas, destacan la realizada por el Ministerio de Fomento, trimestral,  que se apoyan en los precios de tasación de un número importante de viviendas, la de la empresa tasadora Tinsa, mensual,  que tiene la mayor cuota de mercado y que también se apoya en los precios de tasación, y la del INE, trimestral,  que tiene como datos básicos los precios de venta declarados en las escrituras de compraventa formalizadas ante notario. Esta última corrige los resultados de los cambios de calidad de las viviendas.

 Desde el inicio de la crisis, las tres estadísticas citadas ha experimentado retrocesos significativos: según Tinsa,  los precios de las viviendas  han descendido en un 25%, en el caso de la estadística del Ministerio de Fomento dicho descenso ha sido del 19%, mientras que  el índice de precios de viviendas del INE ha descendido en un 18,2%, aunque en este caso el periodo de comparación es algo inferior.

 Se  considera que el caso español ha sido  de “vía lenta”, puesto que la evolución del mercado se ha reconocido de forma gradual en los balances bancarios, lo que contrasta con los ajustes más rápidos seguidos en los casos de países tales  como Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda. En estos ejemplos  el impacto del retroceso de los precios inmobiliarios fue casi inmediato, registrándose disminuciones en los precios de la vivienda superiores al 30%. Ahora que con la nueva norma se puede acelerar el ajuste a la baja  de los precios de la vivienda en España, se reactiva el interés por la evolución de las estadísticas de precios mencionadas, en especial de las realizadas por las administraciones públicas, INE y Ministerio de Fomento, que aportan informaciones complementarias y que en algún caso pueden requerir alguna actualización de la metodología. 

25 febrero 2012


HIPOTECAS. LOS CAMBIOS NECESARIOS

Julio Rodriguez López     25.2.2012

  Los créditos a hogares para la compra y rehabilitación de viviendas en situación de morosidad ascendían en España,  a 30 de septiembre de 2011,  a 17.600 millones de euros. Dichos créditos,  en su gran mayoría con garantía hipotecaria, no han dejado de crecer en 2011 a un ritmo significativo. Lo anterior,  unido al continuo descenso del empleo, anticipa futuros aumentos de los procesos de ejecución hipotecaria en España  contra los hogares  que no pueden hacer frente a los  pagos de las cuotas de los préstamos citados. 
 El procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da  lugar a que  la mayoría de  dichos hogares permanezcan endeudados  con las entidades financieras después de perder la vivienda. En el caso de los hogares donde haya algún miembro con empleo, el salario devengado le será embargado por la entidad financiera en una proporción importante durante un largo periodo de tiempo.

 La gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el gobierno desarrolle  actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades financieras prestamistas. El problema o complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. 

 Dicha  circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la politica de vivienda estatal debería de  canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2%  del parque de viviendas familiares de  España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa occidental.

  El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados,  y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.   
  En el caso de los préstamos morosos existentes, debería de profundizarse en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada a través del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio. Puesto que el prestatario permanece desprotegido en el periodo que transcurre entre el impago y la ejecución hipotecaria, deberían de establecerse medidas compensatorias. 
  Entre las nuevas modificaciones destacarían las correspondientes a la elevación al 80% del valor de tasación de la vivienda como proporción por la cual la entidad financiera prestamista se adjudicaría la vivienda en el caso de resultar desierta la subasta (ahora es el 60%). Se deben de  regular los intereses de demora practicados por la entidad  prestamista en el periodo que transcurre entre el fallido y la subasta, y también se debe de acortar el periodo citado, todo ello con el fin de impedir  un aumento mayor de la deuda hipotecaria. Asimismo, es necesario aportar mas transparencia a la subasta en cuestión, reduciendo sustancialmente la fianza ahora  exigida los participantes en la misma.
Las reformas citadas hasta aquí como precisas no impiden que el gobierno pueda establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer frente a los casos inminentes en los que resulta imprescindible establecer  cualquier tipo de ayuda para los hogares afectados. En todo caso, las reformas a acometer en materia hipotecaria deben de articularse mediante normas imperativas.

18 febrero 2012


OSCUROS  DIAS DE FEBRERO (17.2.2012)
Julio Rodríguez López
   En la segunda mitad de febrero de 2012  preocupan  las consecuencias de la reforma  del mercado de trabajo puesta en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy. La nueva norma debilita sustancialmente al asalariado frente al empresario y supone un retorno al pasado en el marco regulatorio de las condiciones de trabajo.
  El 16 de febrero se convalidó el Real Decreto Ley 2/2012,  de saneamiento del sistema financiero. Con la nueva norma se pretende estimular el ritmo de concesión de nuevos préstamos y acelerar el ajuste del mercado de vivienda, pasando antes por una mayor clarificación de los balances bancarios.  Todo indica que  dicha norma puede ocasionar nuevas fusiones bancarias, que mientras se consolidan  no favorecen un mayor ritmo de concesiones de créditos.
  En todo caso, hay un divorcio evidente entre las expectativas creadas por el gobierno y las consecuencias efectivas del proceso de saneamiento de los balances bancarios. Por otra parte, a fines de febrero se advertirán en las nominas las consecuencias del aumento  establecido en las retenciones del IRPF,  consecuencia del primer “paquete” de medidas implantadas por el nuevo gobierno a fines de diciembre pasado.
 No parece que de aquí a la próxima primavera se pueda despejar algo el pesado clima del momento. Aliviaría  el panorama el que se pudiese alargar el ritmo del ajuste del déficit de las administraciones públicas (8,2% del PIB en 2011) al objetivo hasta ahora previsto (3% en 2013). Habrá que esperar  al paso siguiente del gobierno, hasta ahora muy en su papel de sembrador de  preocupaciones  entre los españoles. 

11 febrero 2012


RETORNA LA  PASION  POR  EL LADRILLO

Julio Rodríguez López

(El Siglo, 13.2.2012)

 Las primeras medidas  adoptadas por el gobierno del Partido Popular resultan favorables a la vivienda en propiedad de nueva construcción. Los anuncios del ministro  de Agricultura y Medio Ambiente,  Arias Cañete,  acerca del contenido pro chiringuitos y pro construcciones junto al mar de la reforma de la Ley de Costas,  aclaran el destino que quiere para las playas de  España el nuevo gobierno. Destaca asimismo  la posición firme del candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas Bocanegra, en favor del  denominado “turismo residencial” en el urbanismo a practicar por dicho partido en el caso de ganar las elecciones andaluzas.
  El Real Decreto- Ley 20/2011 (BOE de 31.12.2011) prorrogó a  todo el año 2012 el tipo superreducido del IVA del 4% para las entregas de viviendas nuevas. No se ha modificado el tipo impositivo del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava las ventas de viviendas de segunda mano y que oscila entre el 7% y el 9%, según autonomías. Se aplica así un tipo bajo a las ventas de nuevas viviendas, y se introduce una discriminación  en contra de los adquirentes de  viviendas usadas.
  España tiene un parque de viviendas próximo a los 26 millones. La oferta de vivienda usada es mayor que la  de vivienda nueva.  Además,  los precios de las viviendas usadas son inferiores, en general, a los de la vivienda nueva de las mismas características. El gobierno de Rajoy  pretende animar las ventas de viviendas nuevas para estimular la nueva construcción residencial.
  El Real Decreto-Ley citado ha establecido que la deducción por compra de vivienda en el IRPF se aplicará como se venía haciendo hasta 2010, y ello con carácter retroactivo para 2011.  La deducción  es del 15% de una base imponible limitada a 9.020 euros anuales, 1.353 euros al año  para cada contribuyente. La ayuda fiscal citada podrá llevar a reducir en dos puntos el porcentaje de retención aplicable en la nómina. El gobierno ha eliminado la  concesión de nuevas ayudas directas  al arrendatario joven, la  denominada “Renta Básica de Emancipación”, en vigor desde 2007.
  De nuevo se refuerza en España la discriminación contra el alquiler y a favor de la vivienda en propiedad. Las ayudas fiscales al alquiler se aplicarán solo a las rentas bajas. Cuando se comenta  la tendencia del español a la vivienda en propiedad no se trata de que lleve en el ADN la preferencia por la propiedad. La reducida  proporción de hogares en  vivienda de alquiler se deriva de unas políticas destinadas a estimular la propiedad. Dichas  políticas se iniciaron  en el régimen político precedente a la transición democrática. A Franco le salió bien eso de hacer de España “un país de propietarios”, aunque el impago de la hipoteca sea ahora una pesadilla para numerosos hogares.
  El teórico Ministerio de Medio Ambiente  pretende legalizar, vía nueva Ley de Costas,   bastante de lo construido junto al mar en la pasada fase de burbuja inmobiliaria. A la frecuente degradación de playas y montañas  se ha llegado por la actuación permisiva de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos. En el futuro será difícil acceder a las playas, por las nuevas  barreras de chiringuitos y de construcciones en plena orilla del mar que impulsarán las normas que prepara el citado ministerio. 
 En una entrevista en la SER el candidato a la presidencia del gobierno autónomo andaluz indicó que “el turismo residencial” será su prioridad en la política urbanística a desarrollar. En la pasada etapa de auge inmobiliario la construcción de viviendas teóricamente destinadas a segunda residencia desbordó con mucho a la  infraestructura hotelera existente. Esto  no ayudó al desarrollo del turismo, pues con frecuencia se rebajó el atractivo de las zonas costeras y de montaña  invadidas por el ladrillo residencial.
  Además, la construcción residencial expulsó  actividades productivas  agrícolas y de empresas pequeñas y medianas próximas a los municipios afectados hasta 2007. Bastantes de dichas empresas y actividades agrícolas, en especial las hortícolas,  eran perfectamente sostenibles. Ahora se las echa de menos, ante el parón abrupto de la nueva construcción. Los ladrillos no se pueden comer, desgraciadamente.
 El nuevo modelo productivo, la economía competitiva que pretende desarrollar el gobierno popular, puede  llegar a  ser “mas de lo mismo”. Los gobernantes deberían  ojear  las estadisticas. El Ministerio de Fomento estimó que a 31 de diciembre de 2010 habia en España 687.523 viviendas no vendidas de nueva construcción. 425.000 viviendas, el 62%,  estaban en las provincias costeras.  Además, España aparece entre los países más problemáticos de la Eurozona, que  son los que  registran los mayores déficits exteriores. Crecer desde el ladrillo requiere de financiación externa abundante. Dicho modelo conduce a más deuda exterior que, aunque sea privada,  la acaba sufriendo el conjunto de los ciudadanos españoles.

01 febrero 2012

Austeridad o el camino de la recesión

Julio Rodríguez 

2012 arranca en plena recaída de la crisis económica iniciada en el verano de 2007. El crecimiento se ha frenado en la Eurozona desde el verano de 2011. La política económica implantada en las sucesivas cumbres de la Unión Europea descansa en la versión alemana de la crisis, para la cual la prodigalidad de los gobiernos es la causa fundamental de la crisis. No ha habido hasta ahora estímulos que frenen el camino de algunas economías de la eurozona a una profunda recesión. En España el negativo comportamiento del empleo en los últimos meses de 2011ha confirmado el posible retroceso del PIB en dicho periodo. Las primeras medidas del nuevo gobierno persiguen la reducción del déficit de las administraciones públicas, que se ha desviado al alza por el mayor desequilibrio de las comunidades autónomas.
La economía alemana se ha fortalecido de forma significativa desde el inicio de la crisis. Dicho país ha reforzado el superávit de su balanza de pagos y ha aumentado de forma sustancial sus ventas al resto de la eurozona. Tras la implantación del euro, los alemanes ya no tienen que enfrentarse ni a los aranceles ni a las devaluaciones competitivas por parte de los restantes países de la eurozona. Las políticas económicas de inspiración alemana se apoyan en programas de austeridad atentos a la reducción del déficit y a frenar el crecimiento de la deuda pública.
Pero dichos programas de austeridad provocan deflación, estancamiento o reducción del PIB, aumento del desempleo y tensiones sociales en los países que los implantan. El principal economista del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, ha subrayado que los mercados de capitales primero celebran la adopción de medidas de ajuste fiscal, pero después castigan el empeoramiento de la situación económica que dichos programas provocan.
El problema real es el diferente grado de competitividad de las economías integradas en el euro. Por una parte están los países con superávit exterior, donde entran sobre todo los “protestantes” del norte de Europa, entre los que destacan Alemania, Holanda, Finlandia y Austria. Fuera del euro tienen superávit externo Suecia y Dinamarca. Un segundo grupo incluye a países con amplios déficits exteriores, como es el caso de Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda y Estonia, de fuerte tradición cristiana no protestante. Los elevados déficits de balanza de pagos de estos últimos, previos a la llegada de la crisis, revelaban su dificultad crónica para competir en un marco de creciente globalización. El núcleo duro de la Eurozona se caracteriza por su tradición mercantilista, pero no todos los países pueden registrar a la vez superávits externos.
La solución de la débil competitividad de los países citados requiere de estrategias específicas de medio y largo plazo y también se puede lograr mejor en un contexto de mayor crecimiento. Además, los citados programas de ajuste económico, apoyados en el aumento de algunos impuestos y en el freno a las inversiones públicas, no contribuyen a mejorar la competitividad.
En España la crisis se llevó por delante al gobierno socialista, que reaccionó tarde a los cambios de 2007. El fuerte descenso de los votos del PSOE en las últimas elecciones generales debería inducir cambios no solo cosméticos en dicho partido, a fin de que pueda ejercer una oposición relevante al nuevo gobierno del Partido Popular. Este se ha estrenado con un programa apoyado en el aumento de los tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, esto último destinado a mejorar la situación de los ayuntamientos (R.D. L. 20/2011, BOE de 31.12.2011).
El programa incluye la reducción en unos 8.900 millones de euros del gasto público en 2012, lo que va a afectar sobre todo a las inversiones públicas del Ministerio de Fomento. Entre el aumento de impuestos y la reducción de gasto se pretende reducir el déficit público en unos 15.200 millones de euros en 2012, el 1,5% del PIB de la economía española.
Más de las tres cuartas partes del aumento del déficit (desde el 6% del PIB hasta el 8%) sobre lo previsto se debe a la gestión de las Comunidades Autónomas. Los abundantes y visibles desajustes de estas últimas administraciones públicas, sometidas a controles sociales infinitamente más laxos que los del gobierno de España, se van a cubrir reduciendo el gasto del gobierno central y aumentando la presión fiscal sobre el conjunto de los asalariados.
2012 se inicia, pues, en un momento delicado de la Eurozona.
En este año se pueden acentuarlas tensiones sociales derivadas de los intensos ajustes que imponen los prusianos programas de inspiración franco-alemana. Las oleadas de crisis las sentirán este año millones de personas endicha área económica. Con la austeridad generalizada impuesta en los citados programas de ajuste, 2012 difícilmente podrá ser un año feliz.
Publicado en El Siglo

31 enero 2012

Política de vivienda, algo más que bajar el stock de no vendidas

Julio Rodríguez López
  Durante el último año,  el anterior gobierno socialista y  el nuevo gobierno popular han tenido algún que otro rasgo común en materia de política de vivienda. La consideración de que el principal objetivo de dicha política es la reducción del elevado “stock” de viviendas de nueva construcción no vendidas en España  es lo más llamativo de las declaraciones realizadas en ambos casos. La política de vivienda incluye, por lo general, objetivos adicionales al objetivo central, como los de soportar el crecimiento a largo plazo de los niveles de vida  y el fortalecimiento de la estabilidad monetaria (OCDE, “Housing and the economy”, Economic Policy Reform 2011). Pero en ningún caso el objetivo central deja de considerarse que tiene que  ser el de  “asegurar vivienda adecuada a los ciudadanos” (OCDE, op.cit.), y ello con un esfuerzo de accesibilidad razonable.
  La reducción del elevado stock de viviendas citado, que en 2011 ha vuelto a crecer y que no debe de andar muy lejos del millón de viviendas, viene a ser,  en las presentes circunstancias  de la economía española,  un objetivo general de política económica y no tanto un objetivo especifico de la política de vivienda. Ello no impide que con las actuaciones previstas de política de vivienda se contribuya a la reducción del stock en cuestión.
 Si para  hacer política de vivienda se esperase a que se haya vendido o eliminado el número de viviendas construidas y no vendidas,  como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria,  habría que dejar pasar un periodo de tiempo excesivamente largo. A no ser que para lograr dicho propósito se recurriese a métodos tan expeditivos  como los que se han desarrollado en la ciudad de Detroit (USA), donde se ha vuelto a cultivar la tierra con fines agrícolas  en terrenos antaño ocupados por construcciones residenciales.
  El nuevo gobierno se ha estrenado con un reforzamiento de las ayudas fiscales  al acceso a  la vivienda en propiedad (IVA del 4% sobre las ventas de nuevas viviendas durante 2012 y aplicación de la deducción de vivienda en el IRPF desde 2012 cómo se hizo hasta 2010, extendiéndola  con efectos retroactivos a 2011) y  con la eliminación de la ayuda directas a los inquilinos jóvenes, denominada como Renta Básica de Emancipación. Esta última ayuda  la puso en marcha en 2007  la entonces ministra de vivienda, Carmen Chacón,  que  cumplió con ello una actuación prevista en  el programa electoral del PSOE de  2004.
  El gobierno ha reducido el nivel del órgano competente en política de vivienda desde Secretaría de Estado a Dirección General, coincidiendo con el reforzamiento de las ayudas  fiscales al acceso  en forma de propiedad. El ahorro de gasto público derivado de dicha reducción del nivel administrativo de la política de vivienda ha sido ampliamente superado por el coste de las medidas fiscales citadas. Dicho coste,  disminuido por el ahorro de la supresión de la   renta básica de emancipación,   podría aproximarse  a los 1.500 millones de euros, que no es una cifra despreciable en tiempos de ajuste como los actuales.
  Asumido, pues, que a pesar de que el alquiler domine ahora entre las nuevas ofertas y demandas de viviendas en las grandes ciudades (“El alquiler avanza como primera opción», El Mundo, 27.1.2012) la vivienda en propiedad va a ser el rasgo más destacado del nuevo gobierno, este debe de hacer algo más que bajar los impuestos a los que pueden comprarse una vivienda en las presentes circunstancias. El instrumento más potente de la política social de vivienda en España, esto es, la ayuda a la  promoción y compra de  viviendas protegidas (VPO) en España, debe de estar pasando por una profunda crisis como consecuencia de la restricción crediticia, pues al fin y al cabo dicho sistema descansa en los nuevos créditos convenidos  para tales actuaciones.    
 La política de vivienda forma parte de las prestaciones sociales integrantes  de  lo que viene a denominarse como estado bienestar. La reducción del stock de viviendas terminadas y no vendidas está  asociada con la reforma del sistema financiero en España, a la vista del fuerte peso que dichas viviendas no vendidas tienen en los balances bancarios. Aunque sea a nivel de Dirección General, hay trabajo en el gobierno de España en cuanto a  política social de vivienda se refiere.  La reforma  a fondo  de la política de vivienda protegida,  en un sentido favorable al alquiler y a la rehabilitación, y el conocimiento de la realidad del mercado del alquiler en España figuran entre las principales tareas pendientes.
Publicado en Cinco Días

29 enero 2012

DE NUEVO APRIETAN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Julio Rodríguez López
El Siglo, 30 de enero de 2012
  El elevado desempleo originado por la  crisis económica ha aumentado los impagos de los préstamos hipotecarios con los que se adquirió la  vivienda familiar. El procedimiento legal de ejecución hipotecaria vigente resulta más injusto que el de los países del entorno económico de España. Las reformas implantadas por el gobierno  al inicio del mes de julio de 2011 supusieron un alivio limitado  para las familias afectadas.  Resultan  necesarios, pues, cambios legislativos  de mayor alcance para atacar con más vigor el problema planteado.
  Desde 2007 ha destacado el aumento sufrido tanto por la morosidad de los préstamos  como por las ejecuciones hipotecarias  consiguientes a los impagos. La tasa de morosidad de los créditos a hogares para compra y rehabilitación de vivienda ha experimentado aumentos significativos, pasando desde el 0,43% de diciembre de 2006 hasta el 2,68% de septiembre de 2011. La tasa en cuestión está muy por debajo de la tasa media de morosidad de todos los préstamos en España, en especial respecto de los préstamos destinados a promotor (19%) y constructor (17,6%) de viviendas. Pero la cifra absoluta de créditos morosos de los hogares para compra y rehabilitación de vivienda, 16.358 millones de euros a 30 de septiembre de 2011, equivalía al 1,60% del PIB de España y su crecimiento viene siendo importante desde la fase de auge del mercado de vivienda.
Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados iniciaron una rápida expansión desde 2007.  Entre  2006 y 2011 se han presentado 364.200 ejecuciones hipotecarias, equivalentes al 10,0% de las hipotecas formalizadas a comprador de vivienda en el mismo periodo.  Murcia (las ejecuciones presentadas aumentaron en 2010 sobre 2007 en 5,0 veces), Rioja y Cataluña (4,0)  (España, 3,6) registraron el mayor crecimiento de las ejecuciones entre 2007 y 2010. El persistente aumento de la morosidad apunta, pues, a que continuarán creciendo en 2012  las citadas ejecuciones presentadas.
El procedimiento de ejecución hipotecaria se apoya en las leyes hipotecarias y de enjuiciamiento civil, así como en el Código Civil, cuyo  artículo 1911 señala que el acreedor se puede quedar con todo el patrimonio del deudor para recuperar el préstamo. El artículo 105 de la Ley Hipotecaria fija la garantía personal e hipotecaria del deudor.
 La Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2010) establece  que, si  una vez producido el impago del préstamo, el bien se saca a subasta y  esta queda desierta,  el banco se puede quedar con la vivienda abonando solo el 60% del valor de tasación de la misma. La entidades de crédito pueden reclamar al deudor la diferencia entre el importe de la deuda, aumentada en los intereses de demora, y el 60% citado del valor de tasación, junto a las costas del procedimiento. El carácter injusto del sistema se advierte a la vista de que a  los promotores se les han aceptado daciones en pago por miles de millones de euros, cuando esta posibilidad ni se les plantea a los particulares.
  El   Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio (BOE de 7.7.2011)  atiende al problema de que la adjudicación del bien por el acreedor no implica que la deuda quede saldada. Se han elevado los ingresos inembargables de los deudores hasta el 150% del Salario Mínimo (SMI) (961 euros), que podrá incrementarse hasta el 30 por cien por persona dependiente del núcleo familiar, así como por pensionistas a su cargo cuyos ingresos familiares no alcancen al computo anual del SMI. Se elevó desde el 50 al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien.   El depósito ahora exigido a los postores  para participar  en la subasta,  equivalente hasta 2012  al 30% del valor del bien ejecutado,  se ha reducido al 20%.
  Como el prestatario permanece desprotegido en el periodo que transcurre entre el impago y la ejecución hipotecaria, deberían de establecerse medidas compensatorias. Esto se refiere a aspectos tales como  la fijación de tipos de interés  máximos de demora, la fijación de un  plazo máximo de impago para iniciar la ejecución. El límite mínimo citado debería llegar hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda.
 En el programa electoral del Partido Popular en las pasadas elecciones generales del 20.11.201, en  las que dicho partido resultó ganador se decía: “Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable”.  Dicho texto parece evocar el procedimiento conocido como “fresh start”, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor. Tal procedimiento existe en la mayoría de los países del entorno de España. La solución al problema planteado debe de ponerse en marcha de una vez.



28 enero 2012

UNOS CUANTOS DATOS SOBRE MOTRIL

Julio Rodríguez López

La Costa Enero, 2012

  La información económica reciente indica que la crisis iniciada en 2007 ha experimentado   una importante recaída en el segundo semestre del pasado año. Dicho  empeoramiento implica menos actividad y  menos empleo. La cuestión  de la deuda pública de la Eurozona, complicada por   el pésimo diseño institucional de esta última,  se ha convertido en problema a nivel mundial.  La situación de dicha área económica afecta al resto del mundo. Motril está sufriendo la crisis de forma mas que notable,  a la vista de la evolución de algunos indicadores económicos.
   La población de Motril ascendía a 60.887 habitantes a 1º de enero de 2011, según el Padrón Municipal de Población, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y el Ayuntamiento de esta ciudad. Dicha población creció en  unos diez mil habitantes entre 2001 y  2011, un 20% en diez años. Sin embargo, dicho  crecimiento se ha ralentizado en los últimos años, como lo confirma el que en 2011 la cifra estimada de población casi coincidió  con la del año precedente. 
  En términos de empleo, a 31 de  diciembre de 2011 en Motril había 17.786 afiliados a la Seguridad Social,  algo menos de 30 empleos por cada cien habitantes, mientras que en España dicha proporción ascendía a 36,3. Si Motril tuviese  la misma tasa de empleo que en la media de  España, en esta ciudad habría unos 4.300 puestos de trabajo más que los ahora existentes.
   La crisis  iniciada en el verano de 2007  parece haber castigado más a Motril que al conjunto de España en materia de empleo.  Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2011 el total de afiliados a la Seguridad Social disminuyó en un 16,5%, un  ritmo superior al  nacional, que fue del 10,9%. Motril tiene ahora 3.509 empleos menos que en diciembre de 2007, lo que es un descenso significativo. La disminución del empleo en la construcción explicó en España  más del 60%  del empleo perdido. El impacto del retroceso de la actividad constructora debió ser equivalente en Motril, donde  la caída de  la promoción de de nuevas viviendas y de  la obra pública se han llevado por delante bastantes puestos de trabajo.
Los datos del  mercado de vivienda confirman que  en Motril, coincidiendo con la crisis,  han descendido de forma sustancial las ventas formalizadas ante  notario. Así, en Motril se vendieron 1.841 viviendas en 2006, mientras que la previsión para 2011 es de unas 680, según la fuente antes citada. El precio medio de tasación de las viviendas  en el último trimestre de 2011 fue de 1.288,4 euros/m2 en esta ciudad,  donde los precios de las viviendas han descendido en un 30% en los años de crisis, bastante más que el 19% correspondiente a España.
  Motril y la Costa de Granada están sufriendo la crisis económica actual con mas dureza que en la media del resto de España La realidad del sector privado de la economía comarcal transcurre en un contexto caracterizado por la dura competencia de los productos agrícolas del norte de África, por las consecuencias negativas del cambio climático, que ha quitado competitividad a la Costa en agricultura y turismo,  y por la caída abrupta de las nuevas promociones de viviendas destinadas a segunda residencia, por mas que el plan local de urbanismo calificase para vivienda a una enorme “tajada” de la antigua vega. Destaca asimismo  la escasa implantación de nuevas empresas que aporten empleos.
  La empresa pública de suelo de Andalucía, EPSA, parece  servir en Motril para ejecutar nuevos desarrollos urbanísticos cuya urgencia resulta discutible, a la vista de la fuerte caída de la demanda de vivienda antes citada. A título de ejemplo, EPSA va a realizar el desarrollo urbanístico del   camino del Cerro del Toro. Sin embargo, no se le advierte el menor interés a los responsables de dicha empresa por el necesario desarrollo del parque empresarial de las proximidades del puerto, donde posee una   parte significativa de los terrenos correspondientes.  
  La cuestión más relevante al inicio de 2012 es la de cuánto tiempo se va a prolongar esta situación. Ante el negativo contexto económico general,  desde los  ayuntamientos de la Costa y desde  la Junta de Andalucía se debería fomentar la implantación de nuevas empresas. Las propuestas de los ayuntamientos de la Costa de Granada al Plan Subregional de este territorio acerca del destino del suelo revelan que los políticos locales y provinciales no abandonan el modelo de los años de la burbuja ni están por una diversificación de la economía costera,   a pesar de las negativas consecuencias que la implantación de dicho modelo está teniendo sobre la población de esta comarca.  
  Cabe esperar que en 2012 la eurozona pueda resolver de forma positiva la cuestión de la deuda y que el euro subsista como moneda unica de buena parte de Europa. El nuevo gobierno de España, además de los prusianos ajustes que no deja de anunciar (“el inicio del inicio”), tendrá que introducir elementos de dinamización en la economía, que no mejorará  en su competitividad solo a base de ajustes a la baja del gasto público. Es también deseable que los políticos locales dejen de esperar a la resurrección del ladrillo. Por dicho camino  la unica salida para muchos jóvenes  volverá a ser la emigración, que tan fuertes raíces tiene en la historia de la comarca de la Costa de Granada.