28 septiembre 2016

EL ABRUPTO DESCENSO DE LA MOROSIDAD BANCARIA Julio Rodríguez López

  Los datos estadísticos publicados por el Banco de España indican que en julio de 2016 se produjo un fuerte descenso de los créditos morosos en el conjunto de  las entidades de crédito españolas. La tasa de morosidad global de los créditos  descendió  en punto y medio respecto de la existente  en el mismo mes del año anterior. El importante descenso de dicha tasa revela una actuación por parte de las entidades de crédito encaminada sobre todo a mejorar su agobiada cuenta de resultados. 

 Mientras que el conjunto del crédito al sector privado de la economía descendió en julio de 2016 en un 4,3%, el saldo de los créditos morosos retrocedió en un 17,7%. De dicha disparidad se derivó que la tasa de dudosidad de dicho segmento de la  cartera de créditos se situase a fines del mes en cuestión en el 9,4%, muy por debajo del 17,7% de julio de 2015.

 De la información citada se deriva asimismo la presencia de una fuerte disparidad entre las tasas de morosidad según las ramas de actividad financiadas. Dicha diferencia se aprecia sobre  todo dentro del   conjunto del  crédito inmobiliario, que incluye el crédito a la compra y rehabilitación de vivienda, el crédito a la construcción  y el crédito a la promoción inmobiliaria.

  El conjunto de dicho crédito inmobiliario ascendió, a 30 de junio de 2016, a 703.132 millones de euros, el 54,2% del conjunto del crédito al sector privado  de la economía. En esta última fecha, la tasa de morosidad de los créditos a la compra y rehabilitación de vivienda  era del 4,70%, la del  crédito a  promotor  se situaba en el 26,9% y la del crédito a la construcción  alcanzaba el 35,8%.

Las tasas de morosidad citadas evidencian la mayor morosidad de  los préstamos destinados a la promoción y construcción inmobiliaria respecto de los destinados a la compra de vivienda.  Un banco recupera los créditos a promotor si se venden las nuevas viviendas construidas, lo cual tiene un claro riesgo, en especial en tiempos de crisis. En cambio, el crédito a  comprador de vivienda  se atiende en tanto que el hogar comprador mantiene el puesto de trabajo.

Los dramas derivados de los abundantes desahucios de los últimos años  revelan que  un préstamo hipotecario destinado  a la compra de vivienda debe de atenderse. De vez en cuando todavía es noticia algún nuevo desahucio, por lo general asociado con créditos concedidos en los años de la burbuja.

 Las tasas de morosidad  antes mencionadas, referidas a los  componentes del crédito inmobiliario, descendieron de forma significativa respecto de junio del pasado ejercicio.  Detrás de dicho descenso aparecen numerosas variables. Así, la mejora de la coyuntura económica implica que se atienden con más regularidad los préstamos bancarios.

 En  segundo lugar  aparece la renegociación o renovación de los préstamos, que en el caso de la vivienda supuso en 2015  el 25,9% de los nuevos préstamos concedidos. Al renegociar un préstamo descienden de forma importante las provisiones, a la vez que  la tasa de morosidad  se pone a cero para el nuevo préstamo.  En tercer lugar, es frecuente que se venda un crédito moroso, pues el comprador  lo adquiere, por lo general, con una rebaja sustancial respecto del valor contable y aspira a quedarse con la garantía o colateral que está detrás del préstamo en cuestión.

 Los adquirentes  de dichos préstamos morosos son de varios tipos. Sareb adquirió en su día (finales de 2012) créditos problemáticos  por valor de más de 50.000 millones de euros. En los últimos años han aparecido en España abundantes fondos de inversión, más o menos “buitres” comprando créditos, no solo  problemáticos,  que resultan atractivos para el adquirente, pues  anticipa negocio futuro con dicha compra.

 Por último, las daciones en pago implican que el préstamo se transforma en un activo real que permanece  en el  balance bancario correspondiente, fuera de la cartera de préstamos. De ese modo la dación en pago contribuye a reducir la tasa de morosidad.

En la mayoría de los casos tras dicha  reducción de la morosidad está la motivación de los bancos por mejorar la cuenta de resultados. Según el Banco de España en el primer semestre de 2016 los beneficios antes de impuestos de los bancos cayeron en un 3,6% sobre el mismo periodo del año anterior, salvándose la cuenta de resultados en cuestión por las rebajas de impuestos asociadas con los créditos fiscales.  La menor morosidad implica, pues, una estrecha atención de los bancos a la cuenta de resultados.

Se publicó este artículo en la  revista semanal El Siglo 26.9.2016 de Europa          




[1] JRL en miembro de Economistas Frente a la Crisis y ex presidente del BHE y de Caja Granada

09 septiembre 2016

FIN DE VACACIONES, PERSISTE EL VERANO, MAS AYUNTAMIENTOS Julio Rodríguez López[

 La llegada de septiembre de 2016  coincidió con una nueva elevación de temperaturas en toda España. El inicio del mes  fue testigo del segundo intento fallido de investidura a la presidencia del gobierno. El ciclo económico parece mantener  el perfil  de crecimiento significativo en el tercer trimestre  del año.  La opinión pública presentó indicios claros de apatía y distanciamiento respecto de la situación política. El nuevo curso que se abre en septiembre está cargado de incertidumbres, que hasta ahora no parecen haber afectado a la coyuntura económica.

  En la semana del 5 al 11 de septiembre podrían alcanzarse las máximas temperaturas  del verano de 2016. No parece que la cumbre del clima de Paris de 2015 haya tenido hasta ahora consecuencias significativas. Se sigue expulsando masivamente anhídrido carbónico a la atmosfera y  la sequía se ha convertido en algo crónico. Los excesos del verano de 2016 revelan que los problemas derivados del ya efectivo cambio climático no preocupan demasiado a buena parte de la ciudadanía. Con menos frecuencia que antes, todavía se celebran a fin del mes de agosto  las fiestas burguesas de “fin del verano”, cuando  todo indica que es posible que  el personal podrá bañarse en bastantes playas españolas hasta el día de todos los santos (1º de noviembre).

 El viernes 2 de septiembre quedó derrotada la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno, a pesar de estar solo a seis votos de los 176 necesarios. La posibilidad de que se celebren unas terceras elecciones generales en 2016 cada vez resulta menos remota. En las intervenciones de los líderes políticos en la tarde del 2 de septiembre aparecieron algunos matices. Estos apuntan a  que, desde el PSOE, pudiera intentarse una candidatura alternativa de Pedro Sánchez, apoyado por Podemos y por un tercer partido, que bien podría ser Ciudadanos o un conjunto de fuerzas políticas que en su mayoría  se sitúan en el espectro del soberanismo segregacionista.

 No va ser fácil conseguir tal coalición “a tres” (de “gobierno Frankestein” lo califico Rubalcaba). Mientras tanto, hay numerosos problemas que acometer, abundantes normas  emanadas de la etapa de mayoría absoluta del PP  que corregir (normativa laboral, tarifas del consumo eléctrico, ley mordaza, reforma fiscal, ausencia absoluta de política de vivienda), es imprescindible la reforma constitucional en la cuestión territorial, así como la ley de financiación autonómica, y hay que modificar la ley electoral.
 Finalmente, es imprescindible responder a las exigencias de Bruselas en materia de corrección del déficit público, que debe situarse por debajo del 3% del PIB en 2018, y  está pendiente sobre todo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

 La economía parece acentuar la recuperación. Los resultados de la Contabilidad Nacional correspondientes al segundo trimestre de 2016 señalan sobre todo la presencia de un dinamismo importante en el consumo privado de los hogares (3,6% fue la tasa de variación interanual en dicho periodo), en la inversión en bienes  de  equipo y resulta en especial positivo el comportamiento de las exportaciones, cuya variación interanual a precios constantes (6,8%) superó al de las importaciones. El turismo ha presentado un crecimiento excepcional en el verano de 2016, apareciendo problemas de escasez de agua, también consecuencia del  cambio climático.

 La animación turística reforzará la recuperación del subsector de la construcción residencial. Los ayuntamientos se desviven por conceder nuevas licencias de obras, y alguno hasta aumenta aún más el ya elevado volumen de suelo calificado como de urbanizable residencial. En Madrid se comenta la necesidad de racionalizar el gasto público, pero la realidad revela que crece el número de ayuntamientos. En  Madrid los políticos no informan de que la competencia en materia de autorización de segregaciones de municipios la tienen  las autonomías, que parecen preferir pueblos cuanto más pequeños mejor.

 A mayor recuperación del mercado de vivienda más crecerá el número de nuevos municipios y más aumentará el empleo en los nuevos entes locales. Un ayuntamiento de próxima creación, el de Torrenueva-Costa (Granada), 2700 habitantes, que se prevé sea plenamente independiente a mediados de 2017, tiene ya más de 85 nuevos empleos contratados. Cuando llegue el momento, además de concejales, secretario y otros funcionarios, superará los 100 contratados. Pedirle a dicho nuevo ente local que diversifique la actividad productiva es como buscar naranjas en el mar.

  Cuando en Madrid se hable de racionalizar y simplificar las administraciones públicas, se puede opinar sin miedo a quedar mal que se trata de una burda falsedad. No todo es suprimir las diputaciones mientras no dejan de autorizarse por las autonomías la creación, mediante segregación, de nuevos municipios.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo  de 12.9.2016

 






[1] JRL es doctor en CC. Económicas y miembro de Economistas frente a la Crisis

05 agosto 2016

LA CAIDA DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES BANCARIAS. SAREB Y EL SANEAMIENTO BANCARIO COSTARÁN MAS Julio Rodríguez Lópe


 Los primeros días de agosto han sido testigos de fuertes descensos en los precios de las acciones bancarias en Europa Occidental y en Estados Unidos. El índice bancario Euro Stoxx, descendió un 7,7% en los dos primeros días de la primera semana de dicho mes. A pesar de los resultados favorables obtenidos en las pruebas de stress test publicados el viernes 29 de julio pasado, se ha considerado  que dichos resultados no  eliminan  la necesidad de conocer mejor la realidad de los balances bancarios por medio de la imprescindible inspección.

 El carácter “corrosivo“ de los bajos tipos de interés sobre los resultados bancarios, la reducción creciente del negocio bancario para los bancos, acosados por competidores de todo tipo, y las dudas existentes sobre el sistema bancario italiano , donde destaca la elevada morosidad existente en la mayor parte de sus bancos, en especial en el  Monte dei Paschi di Siena, han sido los factores que ha provocado  las caídas citadas en los precios de las acciones de los bancos en un amplio número de países occidentales.

 Los inversores  han revalorizado a la baja  la capacidad de los bancos de generar dividendos ante  las nuevas circunstancias, destacando la necesidad  de  reforzar los niveles de capital y la dificultad de generar beneficios suficientes para realizar dicho proceso.  Los bancos españoles tuvieron también notas positivas en las pruebas citadas de la Autoridad Bancaria Europea,

 Pero en el segundo trimestre de 2016 ha destacado en España la debilidad de los resultados bancarios, afectados a la baja por factores tales como la actualización de la cartera a Euribor, que en el caso del de doce meses lleva situado en niveles negativos entre febrero y julio de 2016, la eliminación de las clausulas suelo y los menores resultados por operaciones financieras, aparte de la persistencia de tasas negativas de variación en el conjunto de la cartera bancaria. 

 Sareb ha sido también noticia estos días. La creación del  banco malo, Sareb, fue una de las condiciones impuestas en el  “Memorándum de Entendimiento” (MOU)  firmado entre España y la Comisión de la Unión Europea en julio de 2012 para abrir una línea de financiación de 100.000 millones de euros (se emplearon unos 42.000 millones) destinada a recapitalizar y reestructurar el sistema bancario español.

Siguiendo tales condiciones, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 se transfirieron a Sareb, creada en noviembre de 2012,  activos problemáticos de  nueve bancos, 36.600 millones de euros en activos de los bancos del Grupo 1 (Bankia, Catalunya Caixa y dos más)  y 14.000 millones de los bancos del Grupo 2 (Liberbank, BMN y otros dos más). Los traspasos se realizaron a precios rebajados respecto de su valor bruto  en libros (el 52,5%). El Frob cubrió con el préstamo de Bruselas las carencias  de recursos propios que resultaron en dichos nueve  bancos al vender activos a precios inferiores al valor contable.

 Sareb adquirió los activos problemáticos de los nueve  bancos citados emitiendo deuda. Sareb se creó con unos recursos propios (capital y deuda subordinada)  de alrededor de 4.800 millones de euros. Con la deuda emitida compró activos a los bancos con problemas, activos valorados en  unos 50.800 millones de euros. Dicha deuda, avalada por el Estado, se convertiría en pública si Sareb no pudiese hacer frente al reembolso de la misma. El Estado español  era el primer accionista (45,7% del capital) en el momento de la creación de Sareb.

  Desde que inició su actuación, Sareb se ha visto envuelta en abundantes controversias acerca de la viabilidad de los planes de  negocio presentados. En la evolución reciente de Sareb destaca el cambio consistente en asignar a “servicer” o agentes la administración y gestión de los activos, y también su  contribución directa  a aumentar la oferta inmobiliaria de viviendas del segmento “prime” de viviendas.

Los resultados negativos de Sareb en 2013-15, evolución prevista para los primeros años, (“La recapitalización del banco malo engorda el déficit en otros 996 millones, El País,  2.8.2016), están superando los  pronósticos iniciales. Se ha puesto de manifiesto que los activos adjudicados y, sobre todo, los créditos a promotor, se   adquirieron  a unos precios que implicaban sobrevaloración. Ello sucedió  a pesar del importante descuento  medio resultante para el  conjunto de  activos adquiridos a los bancos más afectados por el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria. El Frob fue el ente controlado por el Estado que dirigió la operación.

Llamó la atención desde el principio de la crisis que los precios de la vivienda apenas bajasen en la primera mitad de la etapa de crisis. Ello  llevó a algún comentarista  extranjero a señalar que el mejor indicador de la profundidad de la crisis inmobiliaria en España no lo era la débil caída de los precios, sino el importante alcance de los stocks acumulados de viviendas de nueva construcción  sin vender. La creación de Sareb resultó decisiva en la evolución a la baja de los precios de la vivienda  en la fase final  de la crisis.

 Una Circular del Banco de España ha obligado a Sareb a valorar cada activo adquirido por separado, bajo nuevos criterios contables. Como consecuencia de esta nueva valoración, Sareb ha tenido que hacer las correspondientes provisiones, con lo que los recursos propios de Sareb, que iban por los 4800 millones de euros, se han puesto recientemente por debajo de los 2400 millones.

  El banco malo pagó con deuda a los bancos, a cambio de los activos. Esto le obliga a pagar intereses todos los años. Y, al parecer, el ritmo de ventas de activos por parte de  Sareb no da como para pagar intereses, amortizar algo de la deuda en cuestión, cubrir los gastos de mantenimiento de los activos y hacer frente a los saneamientos derivados de la puesta en valor real de los activos comprados a los bancos en su día (allá por 2012-13) por encima de su valor.  968 millones de euros que eran deuda subordinada del Estado ha habido que convertirlos en capital de Sareb, aumentando así el déficit público de mayo y el coste de la reestructuración del sistema bancario. Y todo apunta que esta historia tiene todavía mucha cuerda por delante.

Una versión de este articulo se publicó en el diario digital BEZ el 4 de agosto de 2016





[1] JRL es Vocal del Consejo Superior  de Estadística  del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis

27 julio 2016

LAS SOMBRIAS IMPLICACIONES DEL BREXIT Julio Rodríguez López


El primer mes del verano de 2016 ha estado acompañado  de un  conjunto de  circunstancias poco proclives al optimismo. Entre las mismas destacan el resultado negativo del referéndum británico sobre la continuidad o no de dicho país dentro de la Unión Europea, la nueva masacre terrorista en Francia, el frustrado golpe de estado en Turquía, las evidencias de tensiones raciales profundas en Estados Unidos. En este país  el populista de derechas  Donald Trump se ha visto confirmado como candidato republicano a la presidencia de dicho país  en las próximas elecciones de noviembre de 2016. 

El resultado del referéndum británico  ha provocado una fuerte sacudida política en el Reino Unido. En dicho país  hay un nuevo primer ministro, tras la acelerada dimisión de Cameron, y está en crisis el partido laborista, circunstancia que está permitiendo gobernar a los conservadores sin apenas oposición. El Reino Unido es la tercera economía de la Unión Europea, pero  su desenvolvimiento económico no tiene la  vida fácil. Sus reservas de divisas cubren las importaciones de unos seis meses y  destaca que  el déficit corriente está próximo al 7% del PIB,  que es un nivel considerable.

 La  economía británica va a depender de las aportaciones de ahorro procedentes del resto del mundo. De momento la libra se ha estabilizado en un nivel inferior en un 10% al precedente al brexit. Todo hace indicar que la política económica británica se ha complicado profundamente respecto de la situación precedente, puesto que el brexit materializa todos los riesgos a la baja en la evolución de la economía  Resulta ya visible el retraimiento del consumo, el freno a la compra de inmuebles lujosos en Londres por parte de no residentes, la caída en la inversión exterior, en general, y el empeoramiento de expectativas que han señalado las encuestas de opiniones empresariales realizadas en julio de 2016.

 En principio sorprende el voto de los británicos en una cuestión que tanto afecta a los intereses económicos de dicho país y,  sobre todo, el  que previamente al referéndum  no se estableciesen  garantías previas a la votación, como la exigencia de una proporción mínima de votantes y el establecimiento de un resultado mínimo  superior al 50%.

Sin embargo, todo implica que el votante británico medio ha dispuesto de información como para anticipar las complicaciones que le puede caer  como consecuencia de su voto negativo en el referéndum en cuestión. Dicho votante ha desconfiado de las opiniones de los “expertos”, de los cuales recuerdan que no anticiparon la profunda crisis de 2008.
  Además, dichos expertos han defendido  a fondo la “hiperglobalización”, y no han tenido en cuenta con frecuencia los efectos de las políticas adoptadas (L. Pisany-Ferry, “¿Porque los votantes ignoraron a los expertos?”, www.socialeurope.eu, 5.7.2016), entre las que los recortes presupuestarios y  la plena libertad de movimiento de capitales provocaron las  consecuencias más trascendentes.

Las políticas económicas convenientes deben de apoyarse más en las evidencias disponibles, tienen que ser más concretas y menos genéricas y deben de incluir actuaciones  que corrijan  o palíen  los efectos más negativos de las mismas. Las políticas económicas deben atender a mejorar la eficiencia de la economía, pero  deben atender también  a que se repartan mejor los resultados del aumento de la eficiencia (Antón Costas,”El populismo: el reverso del cosmopolitismo”, El País de los Negocios, 10.7.2016).

En lo político, el brexit británico y las experiencias de numerosos países europeos confirman la presencia de una reacción política radical de derechas  ante la evolución de los problemas económicos y, sobre todo, ante la  importante entrada en Europa de un elevado número de refugiados desde el verano de 2015.

Desde la izquierda se ha carecido de un programa claro para remodelar el capitalismo en su versión presente y canalizar mejor la globalización en el siglo XXI. Numerosos dirigentes de  izquierda  han abrazado el fundamentalismo del mercado y ha adoptado sus principios centrales. Se considera que dicho vacío intelectual  de la izquierda se ha ido corrigiendo de forma gradual. Ejemplos de lo anterior son las reformas radicales realizadas  de los sistemas bancarios, la mayor atención a la desigualdad, el reforzado interés por la inversión pública para mejorar las infraestructuras e impulsar la economía verde (Dani Rodrik, “La abdicación de la izquierda,” www.eldiario.es, 11.7.2016). 

Si la Unión Europea tiene mala imagen en el Reino Unido y en amplias zonas de su territorio, ello se debe a la falta de mecanismos que protejan a los perdedores de la globalización. La propia Unión Europea, con su política de extremada austeridad,  ha reducido la capacidad de los gobiernos de actuar como protectores de dichos perdedores (Paul de Grauwe, “La UE debe tomar partido por los perdedores de la globalización”, www.socialeurope.eu,4.7.2016).

  El Fondo Monetario Internacional  ha procedido a revisar a la baja las previsiones de crecimiento mundial, resultando más drástica la revisión a la baja del crecimiento previsto para la economía británica.  En sus previsiones actualizadas del mes de julio de 2016, el FMI subraya  la necesidad de reducir  la incertidumbre sobre el brexit  y sus implicaciones. No solo hay que crecer más, sino que el crecimiento debe ser más inclusivo. Las “sublevaciones” de los perdedores sociales pueden acentuarse. Es necesario modificar de forma sustancial las políticas económicas, que deben no solo de ayudar a la gente sino que tienen que dejar de ser una garantía de sufrimiento para amplios sectores sociales.

Una versión más reducida de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 25.7.2016





[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

23 julio 2016

SENTENCIA SOBRE LAS CLAUSULAS SUELO: PUEDE PERMITIR RESPIRAR A LA BANCA Julio Rodríguez López

   La cuestión pendiente de las clausulas suelo ha tomado un perfil favorable a los bancos, a la vista del dictamen de 13.7.2016  del  abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).  En la realidad los bancos están superando las indemnizaciones  modificando a la baja los tipos de interés  recogidos en las citadas clausulas. En un año difícil para los bancos españoles, el dictamen en cuestión  supone un cierto alivio, como ya lo contrastó la bolsa,   a la vista de la importante subida de los precios de las acciones bancarias al día siguiente al del dictamen.

  El abogado general Paolo Mengozzi emitió el miércoles 13 de julio de 2016 un dictamen  no vinculante por el cual avala la sentencia del  Tribunal Supremo  de España de 9.5.2013  sobre el alcance de la retroactividad de la nulidad de las clausulas suelo. En dicha sentencia de 2013  se calificó de abusivas, y por tanto, nulas, las clausulas suelo aplicadas por tres entidades de crédito (BBVA, Cajamar y Abanca) que fueron objeto de denuncia.

  Pero la sentencia del tribunal español estableció a mayo de 2013  como punto de partida para fijar las indemnizaciones correspondientes a los excesos percibidos por tales bancos. No se estableció  como  fecha de inicio la de la formalización de los  préstamos, cuya concesión, incluyendo la cláusula citada,  se inició en torno a 2009. A fines del presente  año, el TJUE dictará la  sentencia definitiva  sobre la  cuestión citada de las clausulas suelo. Se considera como muy probable  que en dicha sentencia se acepte la propuesta del abogado general, como ha sucedido hasta ahora en la mayor parte de los casos. Las conclusiones del abogado no son vinculantes, como ya se ha indicado, pero por lo general tienen una influencia relevante en la sentencia final del TJUE.  

   Desde 2009 los bancos advirtieron que la tendencia a la baja de los tipos de interés se  iba prolongar bastante tiempo. Para mejorar sus márgenes no solo aumentaron los diferenciales con el índice de referencia, por lo general el Euribor a doce meses, sino que aplicaron las denominadas “clausulas suelo”. Según dichas clausulas el tipo de interés del préstamo seguiría la evolución del Euribor,  siempre que el tipo resultante no bajase de un  mínimo, que no fue el mismo en todas las entidades y que estuvo por lo general situado en torno al 3,5%. En la práctica, la introducción de la cláusula suelo convirtió de hecho a los préstamos  a interés variable en créditos a interés  fijo. 

La reacción contra el mayor coste que a los prestatarios provocaban las clausulas suelo originó las demandas judiciales  que motivaron la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 contra las tres entidades de crédito citadas. Como se ha indicado, dicha sentencia consideró nulas las cláusulas suelo por su falta de transparencia, pero no extendió la nulidad  a todo el periodo en el que se había pagado un exceso de cuota por los prestatarios.

En cuanto a la jurisprudencia derivada de la sentencia de 2013, hay un elevado grado de homogeneidad en los pronunciamientos judiciales. Se ha apreciado de forma  casi general el carácter abusivo de la cláusula suelo por falta de transparencia. Se protege al prestatario porque contrató desconociendo la repercusión económica de la cláusula suelo. Los despachos de abogados que defienden a los prestatarios afectados  señalan que ganan los juicios en la mayoría de los casos, aunque hay  casos en los cuales los clientes no pueden reclamar, pues cada  crédito es objeto de un   tratamiento específico. 

En la realidad solo han cobrado los excesos pagados después de 2013 los clientes que han obtenido una sentencia judicial favorable. .Un Juzgado de lo Mercantil de Madrid anuló en abril de 2016 las clausulas suelo que unos 40 bancos ofrecieron a los clientes, obligándole a devolver las cantidades cobradas indebidamente desde mayo de 2013. Dicho  auto fue recurrido por las entidades y no ha surtido efecto hasta el momento. .Los bancos han ido eliminado las clausulas suelo en los nuevos contratos, casos del Sabadell (2014), CaixaBank (2015), Bankia y Popular (2016).

Lo más frecuente ha sido que los bancos han presionado a los clientes para que aceptasen  un nuevo tipo de interés fijo, por debajo del correspondiente a la cláusula suelo. Pero dicho tipo de interés  es superior al que se pagaría   de haberse  aplicado  el tipo resultante de sumar al Euribor a doce meses el diferencial convenido. Puesto que solo se obtiene indemnización si  se reclama por la vía judicial y se gana el juicio,  en la mayoría de los casos  el cliente no efectúa la reclamación y acepta pagar al banco  un tipo de interés más reducido. De este modo el cliente pierde la indemnización y acaba pagando un tipo de interés más elevado que el que correspondería al préstamo de eliminarse la cláusula suelo citada.

 Si fuese favorable a los prestatarios la sentencia definitiva del TJUE  del próximo mes de diciembre en muchos casos ya no habría  lugar a la indemnización. Esto es así porque  con frecuencia los clientes han  aceptado un tipo de interés fijo inferior al  de la cláusula suelo a cambio de comprometerse a no efectuar ningún tipo de reclamación legal.

En  la estadística mensual de nuevas operaciones de crédito a comprador de vivienda del Banco de España destaca la presencia de un volumen significativo de “renegociaciones “dentro de dichas nuevas operaciones. En 2015 y en el periodo enero-mayo de 2016 la cuantía de tales renegociaciones  ha superado  el 25% del total citado,  destacando en especial los 2.253 millones de euros renegociados en abril de 2016.

  Adicae y los despachos de abogados que defienden a los prestatarios reclamantes de los excesos cobrados  consideran un tanto eufemístico el término de renegociación empleado en el Boletín Estadístico del Banco de España. La presión de los bancos sobre los prestatarios  no implica una situación de negociación entre iguales, precisamente. Las estadísticas en cuestión también han reflejado un peso sustancialmente  mayor de los préstamos a tipo de interés fijo  dentro del total de nuevas  formalizaciones en 2015-2016.   Hasta hace muy poco tiempo la inmensa mayoría de las nuevas operaciones se formalizaban a interés variable, con el Euribor como índice de referencia y con actualización anual.

El coste para los bancos de las indemnizaciones a los clientes  puede ser de unos cinco mil millones de  euros,  en el caso más favorable para los mismos,  o de cerca de diez mil millones si la sentencia hubiese  entendido  que hay que llevar la retroactividad del carácter abusivo de tales clausulas hasta el inicio de su aplicación. Las cifras citadas son relevantes a efectos de la cuenta de resultados de la banca. Así, en 2015 los beneficios antes de impuestos de las entidades de depósito residentes en España, incluidas las sucursales de las mismas en el extranjero, ascendieron a 11.233 millones de euros.
  La sentencia sobre las clausulas suelo en 2016 ha sido hasta ahora  un problema más de los que se le acumulan a  los bancos en España. Los resultados del primer trimestre de 2016 no han sido positivos para numerosas entidades, estimándose que los beneficios obtenidos en dicho periodo supusieron un retroceso de alrededor del 15 % sobre el mismo trimestre del año precedente.

 Durante 2016 los ingresos bancarios  han crecido lentamente, ante los más que reducidos tipos de interés. La expansión internacional se ha visto  perjudicada en sus resultados por las frecuentes devaluaciones de las monedas y la prevista mayor concentración bancaria está frenada por razones políticas. De ahí que el dictamen del abogado general del TJUE puede suponer, de ser  la sentencia de   diciembre coherente con el mismo, un importante alivio para los bancos, posiblemente una de las pocas noticias positivas para el sistema bancario español en 2016.

  
 Una versión de este articulo se publico el diario digital BEZ, de 20 de julio de 2016



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

17 julio 2016

LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA DUPLICARON EL AUMENTO DE LA EUROZONA. Julio Rodríguez López

 En el primer trimestre de 2016 los precios de la vivienda crecieron  en España  sobre el  año anterior  en un 6,3%, más del doble del 3% registrado por el conjunto de países de la Eurozona. Los precios de la vivienda habían “tocado  fondo” en España en el primer trimestre de 2014. En los dos años transcurridos entre dicho periodo y el primer trimestre de 2016 el aumento acumulado en España de dichos precios  fue del 8%, en un contexto de fuerte  dispersión  territorial. Todo indica que la recuperación del mercado español de la vivienda se ha reforzado en 2016.

El pasado ciclo de la vivienda fue bastante más abrupto en España que en el conjunto de la Eurozona. En la fase de auge, 1997-2007, los aumentos de precios de España duplicaron a  los de la Eurozona. En la fase de recesión, 2008-2013, la caída de los precios en España multiplicó por seis la del área mencionada.

  En los dos años recientes de  recuperación del mercado de vivienda, han destacado  en España los aumentos de precios de vivienda acumulados en las autonomías de Madrid y Cataluña (12,4% fue el aumento acumulado en ambos casos), así como en Baleares (11,8%).  El incremento de los alquileres  en la fase de expansión ha sido similar al de los precios de la vivienda. En este caso ha  destacado el  fuerte aumento del número de hogares  que vive bajo dicha forma de tenencia, el 17,5% del total de hogares en 2015 (unos 3,2 millones de hogares), frente al 13,5% que reveló el Censo de Viviendas de 2011.

  Los precios de  la vivienda más elevados en España en el primer trimestre de 2016 fueron los del País Vasco (2.360,2 euros/m2), mientras que los mayores  niveles de alquileres fueron los de Cataluña (10,22 euros/m2-mes).  Los aumentos de precios  han sido más intensos en las principales áreas metropolitanas y en las zonas con mayor peso del turismo, entre los que destacan los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. En  el centro de la península, excluido Madrid,  y en el norte,  los aumentos de precios han sido bastante más modestos. 

El aumento de los precios y de los alquileres en 2015-16 ha reflejado  la recuperación de la demanda de alojamiento y de viviendas como bien de inversión. Las transmisiones de viviendas crecieron en un 20,7% en el primer trimestre de 2016 sobre el mismo periodo del año anterior. Las ventas a extranjeros aumentaron en un 24,3% en el mismo periodo, por encima del  20% de las ventas a españoles. Una vez más han sido los británicos los más destacados adquirentes de viviendas entre extranjeros residentes y no residentes. Tras el Brexit esta tendencia puede  cambiar.

  Los nuevos hogares han buscado pisos y habitaciones de alquiler. Los inversores extranjeros, sobre todo fondos de inversión,  y  los ahorradores españoles, han comprado viviendas, en este último caso como defensa ante los  nulos intereses que ahora producen los depósitos bancarios y las incertidumbres de la bolsa y otras inversiones financieras.

  La demanda de vivienda  ha resultado favorecida por la política más expansiva de los bancos en materia de créditos, impulsada desde el Banco Central Europeo. Los tipos de interés de los préstamos a comprador han descendido hasta el  1,89% en mayo de 2016  y los plazos medios  han superado los  23 años en el primer trimestre. Junto al importante aumento de los créditos a comprador (30% fue el aumento de la cuantía total prestada  en enero-mayo de 2016 sobre el año precedente),  el crecimiento del empleo, superior al 3% anual, correspondiente a unos 500.000 nuevos empleos,  ha pesado sobre la demanda de alquiler, pues los salarios de dichos empleos apenas permiten alquilar algo más de una habitación en las  grandes ciudades.

La mayor demanda y los precios crecientes  han contribuido a que se recupere la nueva construcción residencial. Las viviendas iniciadas aumentaron en más del 40% interanual en 2015  y en los cuatro primeros meses de 2016 respecto de 2015. En 2016 las viviendas iniciadas se aproximarán a las 80.000, y la construcción residencial, medida por la Contabilidad Nacional, aumentará por encima del 5%. Esta evolución  compensará el débil comportamiento de la construcción no residencial, perjudicada por el carácter de año postelectoral que supone 2016 materia de elecciones municipales  y autonómicas, y por los recortes de gasto público orientados a aminorar el déficit público.

La actual recuperación del mercado de vivienda en España presenta indicios de heterogeneidad: se venden bastantes más viviendas que se financian, los adquirentes inversores tienen un peso destacado, los nuevos empleos apenas permiten alquilar, la oferta de vivienda para alquilar es poco variada, los bancos siguen teniendo importantes volúmenes de inmuebles en sus balances no precisamente provisionados al 100%.  El comportamiento del mercado de vivienda en Madrid, Cataluña y arco mediterráneo tiene poco que ver con el resto del territorio nacional.  La política de vivienda está ausente.

El Ministerio de Fomento ha dejado de la mano a las viviendas protegidas y solo puede lucir en su supuesto haber entre 2011 y 2016  el reducir de cinco a tres años el plazo máximo de los contratos de alquiler. No es una actuación brillante la supresión  de un número elevado de subsidios para adquirentes de viviendas protegidas en el pasado. La gestión de la Ministra Ana Pastor en materia de vivienda y urbanismo  no ha sido precisamente brillante.

La recuperación del  mercado de vivienda fortalecerá el crecimiento de la economía española. Los precios han empezado a elevarse con fuerza en algunas zonas y se advierte la presencia de grúas en numerosos puntos del territorio. Lo razonable sería que dicha evolución siguiese  un ritmo tranquilo, que el ladrillo no volviese   a expulsar actividades productivas sostenibles  para construir viviendas sin previsiones rigurosas de  demanda, y que el nuevo gobierno recuperase la desaparecida política de vivienda.  Las nuevas  “burbujas” no son, pues, descartables, aunque  de momento tendrán carácter más bien local.

Una versión de este artículo se publicó en www.economistasfrentelacrisis.com, 14.7.2016




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

09 julio 2016

UN PROGRAMA DE REFORMAS PARA EL NUEVO GOBIERNO Julio Rodríguez López

  En julio de 2016 España ha vivido unos nueve meses con un gobierno en funciones y ha celebrado dos elecciones generales con resultados no muy diferentes. Se subraya, en general, la necesidad de evitar la celebración de unas terceras elecciones generales. Pero no parece vaya a ser fácil  que uno de los cuatro partidos con mayor representación logre la investidura y pueda formar un gobierno dotado de una mínima estabilidad política. No es imposible haya nuevas elecciones en 2016. Sobre el contenido del programa de gobierno, hay acuerdo sobre los problemas económicos más trascendentes, pero existen diferencias sustanciales en lo relativo a las políticas necesarias para superarlos.

  La economía española ha mantenido una tónica de clara recuperación del crecimiento y del empleo en el primer semestre de 2016. El PIB ha crecido en un 3,3% sobre el mismo periodo del año precedente y la variación del empleo ha presentado una evolución equivalente, generándose más de 500.000 nuevos puestos de trabajo. En estos últimos destaca la elevada temporalidad, la baja remuneración y la presencia de  contratos a tiempo parcial, que encubren con frecuencia jornadas normales de trabajo.

  Los precios de consumo han registrado una variación anual del -1% en el primer semestre, impulsados sobre todo por los más bajos precios de la energía. La balanza de pagos por cuenta corriente mejorará en 2016 el superávit de 2015 (1,5% del PIB). El lunar negro de la coyuntura económica española es el nuevo aumento del déficit de las administraciones públicas registrado en el periodo enero-abril de 2016. El mayor déficit  es consecuencia sobre todo de la caída de ingresos derivada de las reformas (rebajas) introducidas en el sistema fiscal en 2015, que están teniendo  plenas consecuencias en 2016.

 En  el documento del gobierno remitido a la Comisión de la  UE   de abril de 2016  “Adaptación del Programa de Estabilidad, 2016-2019” se anticipaban unos déficits públicos  del 3,6% y del 2,9% del PIB para 2016 y 2017, respectivamente. La evolución de los ingresos fiscales y del  gasto público en el primer cuatrimestre de 2016 hace imposible el cumplimiento de  dichos objetivos. En  2017 no se conseguirá situar el déficit citado por debajo del 3% del PIB.  La Comisión aguarda el momento oportuno para anunciar la imposición de una multa  a España por incumplir ampliamente el objetivo de déficit público en 2015 (-5,1% del PIB frente al  -4,2% anticipado).La continua apelación de Guindos a que España está creciendo más que la media no exime de nada, casi da más argumentos a la crítica de la Comisión.

  El nuevo gobierno de España  tendrá que mantener el ritmo de crecimiento como factor decisivo para la reducción del desempleo (21% de los activos  era la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2016, según la EPA).  Deberá equilibrar las cuentas de las administraciones públicas, estableciendo un escenario creíble para situar el déficit por debajo del 3% del PIB. Resulta imprescindible, además,  reducir las crecientes  e irritantes desigualdades que la política económica seguida entre 2011 y 2015 ha provocado entre los hogares españoles.

  Las  propuestas políticas a seguir difieren de forma sustancial entre las principales fuerzas políticas. El nuevo gobierno, sea o no de coalición, deberá apoyarse en acuerdos sobre las que van a ser las principales palancas de actuación de la política económica.

-Una reforma fiscal que permita  elevar la recaudación eliminando sobre todo las numerosas exenciones y deducciones propias del sistema fiscal español. Solo así será posible mantener un estado bienestar de nivel europeo. Los ingresos fiscales deberán superar el tope del 38% del PIB  autoimpuesto por el actual gobierno.

-Una política de pensiones que refuerce los ingresos sin dejarlos al albur de la evolución del empleo y de los salarios. Una parte de las actuales pensiones deberá cubrirse con impuestos. La solución no está en la reducción de las pensiones, que es a lo que lleva  la política actual.

-Una corrección de los excesos introducidos por la reforma del mercado de trabajo. Debe de devolverse  el papel central a la negociación colectiva y no debe de resultar tan barato despedir a los asalariados. Los cambios a introducir  deben de contribuir sobre todo a reducir la elevada temporalidad  de los nuevos empleos. El ajuste salarial requiere una seria corrección, que debe de visualizarse en una actualización significativa y rápida del salario mínimo interprofesional.

-Reforma  del sector energético, simplificando y reduciendo  la pesada  factura  eléctrica actual  y recuperando el apoyo a las energías renovables. No se  aumentará, sino al contrario, el parque de centrales nucleares.

- Reforzamiento de las políticas activas de empleo, sobre las cuales  debe de ejercer una mayor coordinación el gobierno central.

-Reforma del sistema de financiación autonómica, aumentando la responsabilidad de las autonomías en la obtención de ingresos fiscales e impidiendo a la vez una fragmentación mayor de la fiscalidad en España.

-Mejora de la productividad, impulsando que las empresas exporten, innoven o gasten en formación como condición indispensable para conseguir el cambio de modelo productivo (Rafael Myro, “Sector Exterior, apuesta por la internacionalización”, Temas para el debate, Junio 2016).

Atender a los problemas generales de las ciudades, desarrollando un urbanismo que n sea cómplice del creciente carácter difuso de las mismas. Debe de resucitar la olvidada política de vivienda y hay que equiparar la normativa sobre desahucios a la realidad más frecuente en Europa Occidental.

 El interés general debe de ser  la condición necesaria para lograr que las reformas logren los objetivos perseguidos, anteponiéndolo a objetivos personales o de partido. (J. Ignacio Conde-Ruiz, “Reformar para crecer: no es el que, es el cómo “, Ahora, 24.6.2016).

Una versión de este trabajo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 11.7.2016





[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

25 junio 2016

VIVIENDA. ¿UNA NUEVA BURBUJA? Julio Rodriguez López

 En el primer trimestre de 2014 se alcanzó el punto mínimo de  la recesión del mercado de vivienda  iniciada en 2007.  Dos años después, los indicadores de precios del subsector inmobiliario confirman la presencia de una recuperación de dicho  mercado, que inicia una nueva etapa de expansión.  Los precios de la vivienda,  los alquileres y el precio del suelo han registrado aumentos significativos en ese  periodo. Tras el dramático  “pinchazo de burbuja” de 2007 es normal que se plantee la cuestión de si habrá o no una nueva burbuja inmobiliaria en España.  

Los precios de las viviendas crecieron en un 1,5% sobre el trimestre precedente durante el primer trimestre de 2016, según el índice de precios de vivienda del INE, elaborado con datos de los notarios. La variación interanual  del primer trimestre de 2016 respecto del mismo periodo del año anterior  fue del  6,3%. 

En los dos años de recuperación del mercado,  el índice de precios citado ha acumulado  un crecimiento del 8%. Los  mayores aumentos en dicho periodo fueron los de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña (12,4% en ambos casos), seguidas por Baleares y Canarias.  Los  menores incrementos fueron los de Navarra (1,6%) y  Castilla-La Mancha (1,2%). Madrid,  Barcelona, los archipiélagos y las zonas turísticas  parecen experimentar las mayores elevaciones de precios y de las ventas de viviendas.  

 Según la estadística de precios de tasación del Ministerio  de Fomento, en el primer trimestre de 2016 los precios más elevados por autonomías  en España  fueron los del País Vasco, 2360,2 euros/m2, seguidos por los de la Comunidad de Madrid, 2129,6  euros/m2. Los niveles más reducidos fueron los de Extremadura (882,5 euros/m2) y Castilla-La Mancha (862,5 euros/m2).

  Según Fotocasa, los precios medios de los alquileres en España fueron de 7,29 euros/m2-mes en abril de 2016. Dicho nivel implicó una variación del 4,4% respecto del mismo mes del pasado ejercicio.  El nivel mínimo previo  alcanzado por los precios de los alquileres, según la fuente estadística citada, fue el de septiembre de 2014 (6,75 euros/m2-mes).

 El aumento de los alquileres entre dicho periodo y abril de 2016 también fue del 8%. Cataluña (10,22 euros/m2-mes), País Vasco (10,15 euros/m2-mes) y Madrid (10,13 euros/m2-mes) presentaron los niveles más elevados de alquileres entre las autonomías en dicho mes de abril.

 El precio medio de venta  del suelo urbano  en las transacciones efectuadas en el primer trimestre de 2016 fue de 157,7 euros/m2, según la estadística del  Ministerio de Fomento,  un 5,3% sobre el mismo periodo del pasado ejercicio. El retroceso de los precios del suelo en la fase de recesión  (-50,4%) superó al  sufrido por los precios de las viviendas (-37,3%). Pero la recuperación de precios  posterior  a la recesión ha sido más acusada en el caso del suelo.

  El aumento acumulado del precio del suelo desde el nivel mínimo alcanzado en la etapa de recesión (primer trimestre de 2014) ha sido de un 11,4%, más de tres puntos sobre los  aumentos de los precios de venta de las viviendas y de los alquileres. El precio del suelo refleja sobre todo expectativas, por lo que las  fluctuaciones del mismo son más acusadas que las de los precios de las viviendas.

 La recuperación del mercado de vivienda se aceleró, pues, al inicio de 2016, favorecida por la política monetaria del Banco Central Europeo. Esta última ha provocado, entre otras cosas, que el índice de referencia más utilizado en los préstamos a interés variable para compra de vivienda, el Euribor a doce meses, haya registrado valores negativos entre los meses de febrero y mayo de 2016.Los tipos de interés pagados por los bancos a los depósitos a plazo se han aproximado al cero por cien, lo que impulsa las compras de vivienda para colocar ahorro.

 Al calor de los datos citados, reaparecen los argumentos típicos de las fases de expansión del mercado de vivienda. Se comentan las nuevas  viviendas que necesita España, se dice  que el stock de viviendas nuevas de Madrid se ha agotado, sin considerar la fuerte oferta existente de viviendas de segunda mano existente en esta provincia-autonomía.  Un importante banco nacional está efectuando una ampliación de capital para, entre otros objetivos, poder provisionar los activos reales improductivos que dicho banco tiene entre  sus activos. No está eliminada, pues, toda la herencia de los excesos del pasado.

 El ritmo de creación de nuevos hogares es la variable más utilizada para estimar las necesidades de nuevas viviendas.  Entre 2013 y  2015 el número de hogares creció en España  a un ritmo medio anual  inferior a los 65.000 hogares, según la Encuesta Continua de Hogares del INE.

  Desde el sector promotor ya se habla de unas necesidades de 100.000 nuevas viviendas al año. De momento, pues, no  hay burbuja, pero algunas circunstancias (política monetaria del BCE, ayuntamientos animados por el retorno del ladrillo, medios de comunicación cebando la bomba, sesudos analistas anticipando necesidades de vivienda sin límites)  podrían contribuir  a generar un ambiente proclive al desarrollo de la misma.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 27.6.2016






[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas Frente a la Crisis

11 junio 2016

LA POLITICA MONETARIA NO BASTA PARA SALIR DEL BAJO CRECIMIENTO Julio Rodríguez López[

   Las previsiones económicas de la OCDE de mayo de 2016 han  confirmado la continuidad en 2016-17 del bajo crecimiento posterior a 2008. Dicho organismo ha subrayado los riesgos de la persistencia de dicha situación para la economía global. En 2016 se ha extendido la práctica de tipos de interés negativos por parte de los bancos centrales. Se refuerza  así el carácter agresivo de la actual política monetaria, respecto de la cual se resalta su incapacidad para lograr que la economía salga de la situación de bajo crecimiento.

  El ritmo de crecimiento de los países de la OCDE bajará  desde el 2,1% de 2015 al 1,8% en 2016. El aumento del comercio mundial descenderá desde el 2,6% en 2015 hasta el 2,1% en 2016, por debajo de su tendencia histórica. Dicho organismo considera que la economía global ha entrado en una “trampa” de bajo crecimiento. Ello reducirá el aumento de  la inversión  productiva y mantendrá elevado el desempleo. Además, persistirá el bajo aumento salarial, crecerán  las desigualdades y bajará el PIB potencial de las economías desarrolladas.

  Cualquier shock externo significativo puede conducir a la economía global a una nueva recesión, según la OCDE. La política económica debe de dejar de apoyarse solo  en la sobrecargada política monetaria. Se debe ampliar el débil papel de la política fiscal y estimular a la inversión productiva empresarial, que es el factor que  tendría mayores efectos multiplicadores sobre la evolución de la economía.

  Pero la política económica  actual está lejos de tomar el perfil más diversificado que sugiere la OCDE. En 2016, además de seguir practicándose con intensidad  la política de “alivio cuantitativo” o de inyección de liquidez en la economía mediante la compra de deuda pública y privada por los bancos centrales, se ha extendido la práctica de tipos de interés negativos desde dichas entidades.

   La forma más visible  de tal política es el cobro de intereses a los bancos por las reservas de liquidez depositadas en los bancos centrales. Se pretende que los bancos aumenten la concesión de nuevos préstamos y también su inversión directa. Pero  los tipos de interés negativos pueden tener efectos no deseados.

  Ejemplos de esto último son  los casos de los descensos significativos que ya están teniendo lugar en la rentabilidad de los bancos, que hasta ahora no han extendido la percepción de intereses a los depositantes, aunque no falta mucho para legar a esa situación.  Otra consecuencia  es el estímulo a que los bancos asuman riesgos excesivos, provocando  burbujas en los precios de los activos, algo de los cual se  advierte en los crecientes precios de las viviendas en un amplio número de países de Europa Occidental.

En Alemania las consecuencias de los bajos tipos de interés han llegado lejos. El ministro de Finanzas, Schauble, responsabilizó a la política antideflacionista del  BCE de parte del  auge electoral del  partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Ese país se ha beneficiado de dicha política, pero ello no satisface a los hogares que van a votar habiendo perdido gran parte de  la rentabilidad de sus inversiones. En Alemania se subraya el efecto negativo de los tipos de interés casi nulos sobre los ahorradores, sobre los  resultados bancarios, lo que ha obligado a cerrar oficinas y a cobrar más comisiones por servicios, sobre las compañías de seguros, comprometidas a pagar rentabilidades ahora inalcanzables por los seguros suscritos y, por último, sobre los fondos de pensiones, que corren serios peligros de no poder cumplir sus compromisos en los próximos años (Financial Times, “Germany: Draghi v the banks”, 31.5.2016).

Según el biógrafo de Keynes, Robert Skidelsky  (“The false promise of negative interest rates”, www.socialeurope.eu, 31.5.2016), Keynes, de estar vivo, calificaría  los tipos de interés negativos como una medida desesperada de quienes creen no queda otra cosa que hacer para salir de un peligro. En la “Teoría General”, Keynes subrayó que los bajos tipos de interés pueden dar lugar a mayores niveles de inversión, pero tal efecto se pierde  si las expectativas de beneficios descienden a mayor ritmo que los tipos de interés. ”El dinero actúa como un licor estimulante sobre la  actividad económica, pero el licor se puede perder entre la copa y los labios”.

Experimentos como la compra masiva de bonos públicos y privados para aportar liquidez a la economía y los tipos de interés negativos (solo falta la formula friedmaniana de que un helicóptero arroje dinero recién impreso sobre las ciudades) no han mejorado la situación. Skidelsky califica a los tipos de interés negativos como  de distracción  respecto de un análisis que fue y sigue siendo equivocado, y que sobre todo se revuelve ante la idea de que crezca el papel del sector público en la economía. 

Todo apunta a  la necesidad de emplear la política fiscal  y de  que el gobierno pida prestado del banco central o de un banco de inversiones para gastar el nuevo dinero  en inversiones necesarias (renovación  de los sistemas de transporte,  tecnologías de ahorro energético, refuerzo de la digitalización…). Sin intervención directa de los gobiernos  el echar billetes sobre las multitudes no arreglará nada, cuando ese dinero podría servir para mucho si lo emplea el sector público con una visión  global para toda la Eurozona.   


Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el 12 de junio de 2016




[1] JRL es miembro de Economistas frente a  la crisis y vocal del Consejo Superior de Estadística del INE

27 mayo 2016

ECONOMIA ESPAÑOLA: CRECIMIENTO, DEFICIT Y ELECCIONES Julio Rodríguez López

  La economía española mantuvo en el primer trimestre de 2016 un significativo  ritmo de crecimiento de la actividad y del empleo, equivalente al de finales del pasado ejercicio. Las previsiones  más recientes apuntan a que en 2016 se mantendrá el tono expansivo de la actividad productiva. La persistencia del déficit público, que superó en 2015  las previsiones,  obligará a adoptar políticas de ajuste presupuestario, que podrán incidir de forma negativa sobre el ritmo de crecimiento.

  El PIB de la economía española registró una variación intertrimestral del 0,8% en el primer trimestre de 2016, lo que implicó un aumento del 3,4% sobre el mismo periodo del año precedente. La demanda interna de la economía volvió a ser el factor determinante de dicha aceleración, destacando el dinamismo del consumo privado, de la  inversión en capital productivo y de la construcción residencial. La aportación del resto del mundo volvió a ser negativa, pero  con menos intensidad que en los dos ejercicios anteriores. 

  El PIB del primer trimestre de 2016 todavía fue inferior en un 3% al punto más alto alcanzado por la actividad productiva al final de la etapa de expansión previa a la gran recesión. Todo apunta que dicho nivel se alcanzará en el último trimestre de 2016, con lo que se habrán  tardado ocho años en recuperar el nivel de actividad alcanzado antes de la crisis.

 El empleo EPA aumentó en casi un 0,9% en el primer trimestre de 2016, según resultados corregidos del componente estacional.  Dicha variación implicó un aumento anual de los ocupados en 574.800, un 3,3% sobre el mismo periodo de 2015. Los algo más de 18 millones de empleos del primer trimestre de 2016 están un 12,7% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2008. Hay, pues,  2,6 millones de empleos menos que al inicio de la crisis.

  Una tasa de inflación todavía negativa y una previsión de superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente significan que el mayor dinamismo de la economía  está teniendo lugar sin que se disparen el déficit exterior ni la inflación. La construcción residencial, al  estar aún lejos de presentar una intensidad como la anterior a la  recesión  iniciada en 2008,  favorece  un menor impulso de la demanda interior y una ausencia de desequilibrios.

  La baja calidad del empleo generado es un rasgo negativo  de la actual expansión de la economía. En el primer trimestre de 2016 el aumento del empleo temporal llevó hasta el 25% la proporción de este último dentro del empleo asalariado. La desaceleración del crecimiento de las exportaciones refleja la debilidad del comercio internacional y la dificultad de la economía española de ganar cuota de mercado a nivel internacional.

 El déficit público de España  descendió desde el 11%  del PIB en  2009 hasta el 5,1% en 2015. Este último superó ampliamente al previsto en el Programa de Estabilidad  enviado hace un año por el gobierno español a la Comisión de la Unión Europea (4,2%). El último Programa de Estabilidad de España,  actualizado en abril de 2016 para el periodo  2016-2019,  ha establecido una previsión de déficit del 2,9% para 2017.  Sin embargo,  la Comisión de la UE, en  las previsiones de primavera de 2016,  ha anticipado que el déficit público español superará de nuevo en 2017 el tope del 3%. 

  El Programa de Estabilidad 2016-2019 prevé, pues, que en 2017 el déficit sea inferior al 3% del PIB  y que al final del periodo citado se sitúe en el 1,6%. Los datos publicados anticipan un posible ajuste a la baja en los niveles medios  del gasto en  pensiones, educación y sanidad. El desajuste aparece elevado en pensiones, donde está previsto un importante aumento en el número de pensionistas. La financiación básica actual, apoyada en las cotizaciones sociales, resulta insuficiente para cubrir tal  aumento de gasto. En ausencia de acciones  correctoras  el proceso llevaría a  una importante reducción en la cuantía media de las pensiones. La cuestión remite a una imprescindible reforma fiscal.

 La Comisión de la UE ha dejado para el próximo mes de julio de 2016 la cuestión de imponer o no a España una multa por el incumplimiento prolongado del déficit. De entrada obliga a España a efectuar un ajuste (reducción del déficit) del 0,25% del PIB en 2016 y otro del 0,5% en 2017, equivalentes en conjunto a unos  8.000 millones de euros.

 La economía española ha entrado con fuerza en 2016  en la fase expansiva del ciclo económico, con empleos de baja calidad,  con un anémico aumento de la productividad y un elevado nivel de endeudamiento. Los ajustes del déficit afectarán a la baja al ritmo de crecimiento. De ahí que resulte más que necesario clarificar el contenido de la política económica a desarrollar tras las elecciones del 26 de junio, que deberá efectuar los ajustes obligados y  contribuir, además,  a  mantener  el ritmo de crecimiento  imprescindible para borrar las pesadas huellas de la gran recesión de 2008-2013.

 Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal El  Siglo de Europa, de 30 de mayo de 2016





[1] JRL es miembro de Economistas frente a la crisis y Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.