22 abril 2018

ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES, 2017. AUMENTAN LOS HOGARES SOLITARIOS, CRECE EL ALQUILER Julio Rodríguez López


  En la segunda semana de abril de 2018  el INE ha publicado los resultados de la Encuesta Continua de Hogares relativos a 2017. La estadística en cuestión viene realizándose desde 2013 y  es la  principal fuente de referencia del INE  en lo que se refiere a los hogares. En 2017 el número de hogares creció en un 0,4% sobre el año precedente y  aumentó la proporción de hogares solitarios. El alquiler como forma de tenencia de las viviendas se incrementó con claridad. Los resultados de la Encuesta, entre otros aspectos, aportan información significativa para el mercado y la política de vivienda. 

  La Encuesta Continua de Hogares de 2017  se ha realizado mediante muestreo bietápico, seleccionando primero  entre secciones censales y después entre direcciones postales. Resulta así un tamaño muestral de 52.881  hogares para la encuesta de 2017.  Los resultados, referidos al conjunto del año 2017, estiman en  18.472.800 el número de hogares existentes en España en  dicho año, un 0,4% más que en 2016, correspondiente a una variación de 66.700 nuevos hogares.

 El tamaño medio es de 2,49 personas por hogar. El hogar con dos personas es  la forma más frecuente, con el 30,4% del total de hogares. Los hogares unipersonales  crecieron en un 1,1%. Ello  implica que 4,7 millones de personas, el 8,9% del total de hogares, vivían solas en el pasado año. De dicho total,  un 41,8% tenía más de 65 años, de las que el 71,9% eran mujeres.

  La Encuesta de 2017 confirma la tardía emancipación de los jóvenes del hogar familiar. El 33% de los jóvenes de 25 a 34 años vivía con los padres en dicho año  y si se toma el intervalo de 25 a 29 años  la proporción sube al 52,7%. La escasez de empleos y la carestía de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, explican la tardanza citada en la emancipación  juvenil. El 88,7% de los hogares están integrados exclusivamente por españoles, de los que solo el12,7% vive de alquiler. Un 6,1% de los hogares está integrado en exclusiva por extranjeros. En este segundo grupo el 59,7% vive de alquiler.

 Como se ha indicado, el total de hogares creció en un 0,4% en 2017. Los mayores  incrementos fueron los de  Cataluña (1,1%), Madrid (0,9%), Canarias (0,8%) y Baleares (0,6%). El peor comportamiento correspondió a Castilla y León, con una caída del -0,4%. La variación en 66.700  del número de hogares en 2017  queda muy por debajo de las cifras de variación anual del número de hogares habitualmente manejadas por los promotores inmobiliarios. El componente de la demanda de vivienda ligado a la creación de hogares tiene menos fuerza que la que presentaba en los para algunos tiempos dorados de la burbuja.

  En 2017 los hogares que viven de alquiler aumentaron en un 4,4%, muy por encima del total, por lo que la proporción se elevó al 18% (17,3% en 2016). Lo anterior implica que unos 3.330,9 hogares viven  bajo dicha forma de tenencia. Baleares, con una proporción del 29,1%, presentó la mayor proporción entre las autonomías de hogares arrendatarios, seguida de Cataluña (25,5%)  y Madrid (24,2%). La proporción más reducida fue la de Extremadura (10,9%).

  Los resultados de la Encuesta Continua de Hogares de 2017 confirman la presión de la demanda de viviendas de alquiler, frente a una oferta de alquileres razonables a todas luces reducida por varios factores. Entre estos destacan la mayor intensidad de las ventas de viviendas subidas de precio, la creación de alquileres turísticos y las compras de viviendas  por parte de fondos de inversión, que elevan sistemáticamente el precio del alquiler de las viviendas adquiridas. La Encuesta Continua de Hogares podría valer para montar una estadística pública de precios de alquiler, ahora muy necesaria. En todo caso, los resultados de la Encuesta  resultan útiles para diseñar políticas de vivienda alternativas al vacío actual.

Una versión  de este artículo se publicó el viernes 20 de abril de 2018 en la revista digital El Siglo de Europa




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

26 marzo 2018

MERCADO DE VIVIENDA. NUEVA POLITICA ESTATAL Julio Rodríguez López


    Los indicadores del mercado de vivienda disponibles en España confirman la fuerza de la  recuperación del mercado de vivienda en los dos últimos ejercicios y al inicio de 2018. Los  aumentos de precios de la vivienda en España superaron ampliamente la media de la eurozona en el tercer trimestre de 2017. La construcción está creciendo por encima del PIB, impulsada sobre todo por el componente de la edificación residencial. El gobierno ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, 2018-21, cuyo alcance dependerá de la asignación presupuestaria definitiva.

 Los impulsos de la demanda de vivienda  son diversos. La creación de empleos, las excepcionales condiciones de financiación crediticia (en 2016-17 los tipos de interés a comprador de vivienda fueron inferiores al 2%), la importante compra de viviendas por extranjeros, la presencia de abundantes inversores, personas  físicas y jurídicas, son algunas de las variables explicativas de la mayor demanda,.

 Las duras condiciones de los nuevos empleos (bajos niveles salariales, importante presencia de empleos a tiempo parcial e inestabilidad derivada de la elevada cuota de empleos temporales) obligan a  amplios segmentos de población a buscar  alojamiento en el  mercado del alquiler privado. La mayor demanda de alquileres se enfrenta a una oferta  reducida de viviendas de alquiler, tanto por el mayor ritmo de venta de viviendas ante los más elevados precios (numerosos propietarios se pasaron al alquiler  en la fase de recesión, ante la paralización del mercado),  como por la llegada de los “alquileres turísticos”. Estos últimos  reducen  la oferta de viviendas hasta ahora destinadas al alquiler estable.  Las ventas  de viviendas protegidas supusieron solo el 4% de las ventas en 2017.

 En el presente contexto de un mercado de vivienda donde lo más notable es la subida de los alquileres, el gobierno ha aprobado un nuevo  Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (RD 106/2018, BOE de 10 de marzo). Este último tiene como elementos más relevantes las subvenciones en un 40% de los alquileres (50% a los hogares de menos de 35 años)  durante tres años, a hogares de  ingresos no superiores  a los 3 IPREM (22.559 euros anuales),  las subvenciones a las promociones  de nuevas viviendas que se destinen al alquiler  durante 25 años, para  alquilarlas  a hogares de ingresos  bajos y medios. Las ayudas estatales  serán cofinanciadas por  las autonomías, a las que corresponde la ejecución de las actuaciones previstas en el citado Plan.

 La dotación presupuestaria prevista es de 1.442 millones de euros para  los  cuatro años del Plan, que requerirá para su implantación  la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El nuevo Plan carece de objetivos cuantitativos precisos, no tiene previsto publicitar  periódicamente  los resultados. Llevará tiempo la  puesta en marcha del mismo, pues primero habrán de firmarse convenios entre el Ministerio de Fomento  con cada una de las autonomías. Después, estas desarrollaran normativas específicas para la aplicación del Plan en su territorio.

 Las ayudas directas al alquiler a los inquilinos pueden aumentar la demanda de viviendas de alquiler. Esto  provocaría  mayores subidas de los alquileres y beneficiaría  a los propietarios de las viviendas. El programa de fomento de las viviendas de alquiler es el más trascendente, al pretender aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Dicho programa requerirá colaboración por parte de los ayuntamientos, que deberían favorecer la calificación de suelo  destinado a la  construcción de las viviendas para el alquiler.

Este artículo se publicó en la revista digital “El siglo de Europa” de 23 de marzo de 2018



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística, ex presidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada. Es miembro de Economistas frente a la Crisis



15 marzo 2018

SOBRE LA CONVERGENCIA ENTRE LAS AUTONOMIAS DE ESPAÑA Julio Rodríguez López


 En 2016  la autonomía de Madrid alcanzo un nivel de PIB por habitante (concepto aproximado al de renta per cápita) del 136,5% (España=100), el primer puesto entre las comunidades autónomas. La autonomía situada en último lugar fue Extremadura, con un nivel del 68,3%, esto es, 31,7 puntos porcentuales por debajo de la media.

 En un trabajo publicado por el Banco de España en el pasado mes de septiembre de 2017, “Convergencia regional en España, 1980-2015”, cuyo autor es Sergio Puente,  se analizó la evolución seguida por la convergencia entre las diferentes autonomías en el periodo citado. La principal conclusión de dicho trabajo es que la concentración de capital público y privado en las autonomías más  pobres es un factor destacado en el logro de una mayor convergencia interregional.

  Entre 1997 y 2007 tuvo lugar un fuerte aumento del nivel de PIB por habitante en España, proceso al que siguió una profunda recesión. A pesar de la recuperación experimentada después de 2013, en 2016 no se había alcanzado todavía el nivel de PIB por habitante de 2007. Dicha evolución revela  la profundidad alcanzada por la recesión posterior a la “burbuja” inmobiliaria, tanto  en España como entre las autonomías.

  En comparación con el resto de países de la Unión Europea (UE), las divergencias de nivel de desarrollo de las diferentes regiones españolas no resultan especialmente acusadas. En materia de PIB por habitante la dispersión media en España en  2014 era del 21%  del nivel medio de PIB, mientras que en la UE dicha dispersión  era del 38%.

 En los 25 años del periodo analizado en el trabajo mencionado, ha existido en España una convergencia muy moderada. Dicha  evolución se  correlaciona con tres factores: la productividad del trabajo, el nivel de ocupación (la inversa del desempleo) y la tasa de actividad de la población (la proporción  de población que trabaja o que busca activamente empleo). La productividad del empleo ha crecido en las autonomías menos desarrolladas. El desempleo ha ejercido una influencia débil sobre el nivel de paro, esto es, más parados han provocado más paro, aunque la relación haya resultado débil.

La productividad del factor trabajo viene a ser la variable más relevante a la hora de explicar la moderada convergencia observada entre las regiones españolas en el periodo objeto de análisis. En el trabajo mencionado se ha  analizado la incidencia de los componentes de dicha variable, esto es, la productividad total de los factores y la relación capital /trabajo.
La acumulación de capital, privado y público, en las autonomías menos desarrolladas, ha desempeñado un papel destacado en la convergencia producida entre las comunidades autónomas, resultando más relevante la incidencia del capital privado. La situación relativa del mercado de trabajo no ha ayudado a mejorar la convergencia.

 Las diferencia salariales no han contribuido al logro de una mayor convergencia, a pesar de las significativas diferencias existentes En el tercer trimestre de 2017 la autonomía  del País Vasco tenía el nivel salarial más alto, 2.200 euros por persona y mes, frente a los 1.488 euros de Extremadura, que tenía el nivel salarial más reducido.

En resumen, las disparidades de niveles de desarrollo entre las regiones españolas no son las más acusadas dentro de la Unión Europea. Pero el proceso de convergencia resulta lento en España.  Pasan los años y persisten diferencias  de niveles de PIB por habitante y de salarios como las antes mencionadas. Y para reducir tales divergencias el estudio  del Banco de España viene a decir que es la acumulación de capital, sobre todo privado, la variable que puede atenuar las crónicas diferencias.

Este articulo se publicó en la revista digital "El  Siglo de Europa" el 9 de marzo de 2018


[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

26 febrero 2018

BANKIA: ¿DEBE DE DESAPARECER EL ULTIMO SEGMENTO DE BANCA PUBLICA?



Julio Rodríguez López[1]
 Una vez materializada la absorción del Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia en diciembre de 2017, solo queda este último como residuo accidental de lo que fue un importante segmento de banca  pública en España. De forma paralela, se ha acrecentado la concentración bancaria en España, de forma que unos cinco bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), reúnen  más del 80% de los activos bancarios en el sistema crediticio español. Se trata de analizar,  si tiene interés para el propio sistema financiero y para la economía española el que Bankia siga siendo un banco controlado por el gobierno del Estado.

La banca pública propiamente dicha, esto es,  las cuatro entidades oficiales de crédito -BC Agrícola, BC Industrial, BC Local y Banco Hipotecario-más el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros  fueron privatizados en un proceso que se  inició en mayo de 1991. Todo ese segmento del sistema crediticio se integró en Argentaría, que después fue absorbida por el Banco Bilbao Vizcaya, para desembocar en el actual BBVA.

 La privatización, decidida por el gobierno socialista  a propuesta del entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afectó incluso a las estafetas existentes en las oficinas de Correos. Las pymes, los ayuntamientos y los promotores de viviendas protegidas echaron de menos una buena temporada a los bancos públicos absorbidos por el segundo banco privado español.

 Las cajas de ahorros se crearon en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria. Estas entidades eran fundaciones de carácter privado, con una fuerte presencia pública  y sindical en sus  órganos de gobierno. Con la creación del estado autonómico, apoyado en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía, la tutela de las cajas pasó a las comunidades autónomas. Estas administraciones  actuaron con las cajas como si fuesen  bancos al servicio de sus objetivos políticos, lo que afectó de forma negativa a los resultados de dichas entidades.

El empujón de actividad aportado a las cajas desde las autonomías fue evidente. Sin embargo,  la desprofesionalización de los gestores y la concentración crediticia excesiva en el segmento inmobiliario llevó a numerosas cajas a situaciones de insolvencia. La salida de la situación fueron las fusiones frías, los SIP, que terminaron convirtiéndose en bancos, no encajas de ahorros de mayor dimensión.  

 En el proceso de saneamiento bancario, ha subsistido Bankia, banco resultante de integrar a unas once cajas de ahorros, con mayoría estatal en su accionariado. El tope formal  para su privatización acaba en diciembre de 2019. Bankia  podría permanecer bajo control público de decidirlo así el gobierno de España. La cuestión radica en cómo  Bankia (balance de 214.000 millones de euros a 31.12.2017 y cartera de crédito de 128.800 millones) puede aportar más a la economía, bien como banco público o bien privatizarlo buscando recuperar  una parte de lo aportado.

La contribución real a una mayor competencia en el sistema crediticio, la actuación  clara en contra de la exclusión financiera, el freno a un más acusado oligopolio bancario, la financiación de  la creación de un parque público de viviendas de alquiler social, la actuación como banca de proximidad, podrían ser  objetivos de Bankia como banco público, atento a su cuenta de resultados y a su solvencia.

 La gerencia de Bankia debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno. El  modelo de gestión debería estar  bastante más próximo  a lo que fueron las extintas entidades oficiales de crédito que a lo que fueron las también desaparecidas cajas de ahorros.

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo el viernes 23 de febrero de 2018



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

17 febrero 2018

LOS ALQUILERES SE HACEN INACCESIBLES Julio Rodríguez López[


 El mercado de vivienda ha presentado una recuperación  paralela al mayor crecimiento de la economía  en el periodo 2014-2017. Las ventas de viviendas han crecido a un ritmo medio anual del 15,7%, pasando de unas ventas de 300.600 viviendas en 2013 a unas  535.000 en 2017. El 91% de las ventas realizadas en el periodo analizado han correspondido a viviendas usadas. Las viviendas protegidas suponen solo el 4% de las viviendas vendidas.

  El que más del 30% de las ventas de viviendas se hayan efectuado sin necesidad de un préstamo hipotecario revela la presencia de una amplia proporción de inversores entre los adquirentes. La mayor demanda de vivienda se ha visto favorecida, pues, por el aumento del empleo y por  los bajos tipos de interés, que han estimulado las compras de vivienda como inversión. 

Las mayores ventas de viviendas han provocado un aumento de los precios de las viviendas y de los alquileres y una recuperación de la nueva construcción residencial. El aumento acumulado de los precios de las viviendas entre 2013 y 2017 ha superado el 18%, proporción equivalente al crecimiento de los alquileres. La nueva construcción se ha recuperado, pasando las viviendas iniciadas desde las 34.300 en 2013 a las 82.000 de 2017.  

 El salario medio por persona ocupada creció a un ritmo medio anual del 0,4%, muy lejos de los aumentos de los precios de las viviendas y de los alquileres. En los salarios más reducidos, frecuentes en los nuevos empleos, la dificultad de acceso es mayor. Así, para los asalariados del decil 3 (los que ganan entre el 20 y el 30% del salario medio, 1.118 euros/mes), el esfuerzo de acceso ha crecido desde el 56,3% de los ingresos en 2013 hasta el  65,6% en 2017. Alrededor del 40% de los asalariados no pueden acceder a una vivienda en propiedad, por su escasa solvencia, pero tampoco pueden acceder a una vivienda de alquiler privado.

 Las dificultades de acceso las confirma el que los lanzamientos judiciales derivados de impagos de alquileres han alcanzado en los tres primeros trimestres de 2017 el 58% del  total de lanzamientos,unos 35.000 anuales. Los niveles de los alquileres en 2017 implican que son muy numerosas las familias  que no pueden hacer frente a las nuevas rentas (Carme Trilla, “...llegará un momento, no muy lejano, en el que las familias no podrán hacer frente a estas rentas”. La Vanguardia, 28.1.2018).
La demanda de viviendas de alquiler se ha visto impulsada, pues, por los nuevos empleos con salarios reducidos, que no tienen solvencia para adquirir una vivienda con un préstamo hipotecario También han influido las subvenciones a los inquilinos administradas por las autonomías y las desgravaciones fiscales al alquiler introducidas en estas administraciones públicas. 

La oferta de viviendas de alquiler se ha visto disminuida por la importante proporción de viviendas destinadas a alquileres turísticos y por las mayores ventas derivadas de precios más atractivos. Demanda creciente de alquileres y oferta reducida explican los aumentos sufridos por los niveles de los alquileres conforme mejora el ritmo de crecimiento de la economía. Es frecuente el que se alquilen habitaciones a precios notables o a que varios hogares compartan una vivienda.

  Resulta necesario, pues, aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Ello exige programar un amplio conjunto de medidas y, sobre todo, que exista política de vivienda a nivel estatal, aunque la ejecución de la misma corresponda a autonomías y ayuntamientos. También resulta imprescindible mejorar las estadísticas de las que se dispone acerca del mercado de alquiler, puesto que en la situación presente la única información semirregular disponible es la procedente de portales privados, que son parte interesada en el funcionamiento de dicho mercado.

Este artículo se publicó el 9 de febrero de 2018 en la revista digital El Siglo de Europa.




JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

23 enero 2018

LA ECONOMIA MEJORA, AUNQUE LA POLITICA NO AYUDA Julio Rodríguez López

  La economía mundial mejoró sensiblemente su evolución en 2017. En dicho año destacó la recuperación registrada en la Eurozona, donde el crecimiento superó el 2%. El mayor crecimiento correspondió a las economías emergentes, que crecieron por encima del 4%. Existe un evidente contraste entre una  política crecientemente mercantilista,  que no facilita el crecimiento,  y la continuidad de la mejoría experimentada por la economía.

 Es posible que el crecimiento previsto para 2018 supere a la tendencia a largo plazo, lo que podría suponer un freno potencial  al crecimiento. “Durante algún tiempo, la economía y la política pueden seguir por cauces separados, Pero a largo plazo la cuestión radica en que si  la economía cayese por sí misma, la política podría llegar a  arruinar a  la economía” (Martin Wolf, “La economía mundial se alegra mientras que la política se agria”, FT, 9.1.2018).

 En cuanto a la economía española, las diferentes estimaciones señalan la presencia de un crecimiento del 3,1% en 2017 (3,2% en 2016).  En el tercer trimestre de 2017 el PIB superaba al nivel alcanzado en el segundo trimestre de 2008 en un 1,5%, mientras que el empleo (19 millones de ocupados EPA) era inferior al de 2008 en  un 7,7%, correspondiente a un descenso de  1.597.700 empleos. Se ha alcanzado, pues, un nivel de producción superior al máximo de la crisis con millón y medio de empleos por debajo.

  En 2017 volvió a destacar la potencia de la demanda interna, con evoluciones dispares entre sus componentes. Frente a la aceleración de la inversión en bienes de equipo, construcción y exportaciones, en 2017 ha destacado la desaceleración sufrida por el consumo privado, cuyo crecimiento  descendió desde el 3,2% de 2016 hasta el 2,5% en 2017. Es  posible que el retroceso de la tasa de ahorro de los hogares (7,7% en 2016, 7% en 2017) explique una actitud más prudente en los hogares, sobre todo en las compras  de bienes duraderos.
 En cuanto al empleo, la variación interanual de los ocupados EPA fue del 2,8% (2,3% en 2016) en el tercer trimestre. Se aceleró la afiliación a la seguridad social, que a fin de año aumentó un 3,6% sobre  el mismo mes del año precedente.

  En el tercer trimestre de 2017 la tasa de desempleo EPA fue del 16,4%. Dentro del empleo asalariado, el 27,3% fueron temporales, mientras que los ocupados a tiempo parcial ascendieron  hasta el 14,4% del total de ocupados  El empleo en la construcción  aumentó en 2017 por encima de la media, tanto en la EPA como en la afiliación a la Seguridad Social. A fines de 2017 la construcción suponía  el 6% del total de afiliados a la Seguridad Social.

 El índice de precios de consumo creció en un 1,2% en 2017 (1,7% en 2016), consecuencia del menor aumento de los precios de los carburantes. El superávit de la balanza por cuenta corriente  se situó en torno al 1,7% del PIB, inferior al 2% de 2016. Destaca la continuidad de dicho superávit en un contexto de crecimiento significativo del PIB y de la demanda interna.

 El déficit de las administraciones públicas  retrocedió desde el 3,4% de 2016 hasta el 3,1% en 2017. El peso de la deuda pública en el PIB se situó a fin de año en torno al 98%. La previsión de crecimiento de la economía española para 2018 es de un aumento del 2,6%, medio punto inferior al de 2017. La menor aportación al crecimiento de la demanda exterior y la menor pulsación de la demanda interna serían los factores explicativos del más  bajo crecimiento de la economía.

 En la desaceleración de la demanda interna desempeña un papel relevante la evolución del contencioso catalán, problema que podría presentar una importancia superior a la antes indicada. De este modo, de agravarse el problema citado,  el crecimiento de la economía española podría resultar inferior al 2,6% antes indicado.


Este artículo se publicó en la revista El Siglo de Europa de 9.1.2018






[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la crisis

29 diciembre 2017

UN FIN DE AÑO AGITADO PARA EL BANCO PUBLICO BANKIA Julio Rodríguez Lópe

  En diciembre de 2017 el banco público Bankia ha sido noticia por dos motivos. Primero, el Frob, instrumento controlado por el Tesoro, decidió privatizar el 11 de diciembre  el 7% de las acciones de Bankia, una parte del 67,65% que hasta ahora detentaba. En segundo lugar, en diciembre se ha dado un  paso  formal importante para  realizar la fusión de Bankia con el Banco Mare Nostrum (BMN), del que el Estado posee el 65% de las acciones. Se avanza en la privatización de la banca pública y se acentúa la ya elevada concentración existente en el sistema bancario español.

 Como se ha indicado, el Frob decidió vender el 7% de las acciones de Bankia, y ello por un valor neto de 818,3 millones de euros, lo que implica un precio de 4,17 euros por acción. Esta es la segunda operación de venta parcial de acciones de Bankia. En febrero de 2014 el Frob vendió el 7,5% de las  acciones por un valor de 1.304 millones de euros, lo que en su  momento supuso un precio de 6 euros por acción.

   A los precios del mercado por acción, el valor de Bankia equivale al 60% del importe que supuso el rescate de Bankia en 2012, 22.424 millones de euros. El Frob ha informado de unas minusvalías de 70 millones de euros en la operación, cifra que no queda claro como se ha obtenido  y que podría ser significativamente superior.

 El Memorándum de Entendimiento de 2012 firmado entre el Estado español y la Comisión Europea obligaba a vender  a Bankia y BMN  pasados algunos años. Tanto el Banco Central Europeo  como el Fondo Monetario Internacional han puesto el máximo interés en que se realice dicha venta en un plazo que termina en diciembre de 2019. Esta circunstancia podría dar lugar a que la venta del resto de acciones de Bankia se efectuase con pérdidas respecto de si la misma se realizase sin ningún tipo de agobio temporal. Para dichos organismos internacionales la venta total de Bankia significaría el final de la reestructuración del sistema financiero español iniciada en 2012.

  Existen en España plataformas de defensa de que la suma de Bankia más BMN permanezca bajo control del estado español. En Europa es frecuente la existencia de algún segmento público o equivalente dentro del sistema financiero. Esto es así sobre todo cuando este último adolece de un grado excesivo de concentración.

  En la segunda semana de diciembre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó la fusión Bankia-BMN sin imponer ningún tipo de restricciones a la entidad resultante. La práctica absorción de BMN por parte de Bankia ha supuesto un aumento de dos puntos de cuota de mercado para Bankia, ahora el cuarto banco español, tras Santander, BBVA y Caixabank.

 El también banco público BMN (entidad  resultante de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa del Penedés y de SA Nostra) adolecía de serios problemas de viabilidad, como lo revela el que no se publicaron los resultados de dicha entidad en 2016, que ya fueron bastante mediocres en los tres ejercicios precedentes.

  Tras la absorción del Banco Popular por el Santander, los cinco mayores bancos de España suponen el 73% de los activos bancarios, muy por encima de la media de la Eurozona, el 48%. La fuerte dependencia del crédito bancario de la que se adolece en España, .la posibilidad de que la concentración se acentúe por la compra de Bankia por alguno de los otras tres bancos mayores, la dificultad de captar recursos adicionales para mejorar la solvencia, la imagen poco positiva que la banca ha dejado tras la pasada crisis son factores que evidencian algunas de las consecuencias negativas que pueden derivarse de la venta de Bankia a otro de los grandes bancos privados españoles.

   Bankia ha anunciado que no planea abrir nuevas oficinas. Pretende reducir en 2.510 una plantilla total  de 17.376 trabajadores, el 14,4%.  El  nuevo banco tendrá una importante cuota de mercado en Madrid, Baleares y Granada.  Ante la excesiva concentración bancaria de España, debe de dejarse más margen temporal para la venta de Bankia. No es, pues, un despropósito que dicho banco siguiese funcionando bajo control público, siempre que se le asigne la contribución al logro de  algunos objetivos de política económica española a dicho banco público y que la gestión del mismo sea lo más transparente posible.


Una versión de este artículo se publicó en la revista digital “El Siglo de Europa” el 22 de diciembre de 2017




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

14 diciembre 2017

El fuerte empuje del mercado de vivienda. La historia se repite Julio Rodríguez López

  Al final de 2017 resulta evidente el empuje del mercado de vivienda en España. De forma simultánea, el acceso a la misma se complica para una amplia proporción de hogares. Después de tres episodios de burbuja inmobiliaria en los últimos 50 años, del que el tercero fue el de más alcance,  parece estarse en puertas de una cuarta versión de la misma, sensible a los vaivenes del problema catalán.

 El crecimiento registrado en 2016-2017 en los  precios de venta de la vivienda (5,5%), en los alquileres,  en las transmisiones inmobiliarias (más del 15%, unas 525.000 en 2017), en especial de vivienda usada, y de la  nueva construcción residencial (por encima de las 80.000 en este año) confirma la presencia de un mercado inmobiliario suficientemente entonado y en el que se anuncian importantes volúmenes de nueva construcción.

  El aumento de la construcción residencial ha empujado la creación de empleo en el sector de la construcción, cuya variación interanual casi duplica la del conjunto del empleo (la afiliación a la seguridad social en la construcción en octubre  aumentó en un 7,5% anual). Las viviendas iniciadas han crecido en 2017 por encima del ritmo de creación de hogares (82.000 nuevas viviendas frente a 59.500 nuevos hogares). El esfuerzo de acceso a la vivienda para los hogares unifamiliares  mileuristas netos supera el 60% de los ingresos, lo que les obliga a vivir en viviendas de alquiler compartidas.

Se puede volver a reforzar el excedente de viviendas de nueva construcción no vendidas. Además,  una  buena parte del nuevo stock no será utilizado,  puesto que predominan los inversores entre los adquirentes. Estos últimos han sido  expulsados de los depósitos bancarios por la nula o negativa rentabilidad de estos últimos.

La historia se repite. En un reciente trabajo presentado en las” I Jornadas hacia una nueva Política de Vivienda”,  el economista y estadístico José Manuel Naredo  ha subrayado como en España se ha propiciado en general el carácter  de la vivienda como inversión  frente a su naturaleza de bien de uso. Como consecuencia se han encadenado sucesivas burbujas inmobiliarias, que han originado una sobredosis de edificios, de viviendas y de suelo recalificado como urbanizable residencial.

El desenlace  han sido unas enormes plusvalías obtenidas por una minoría. Naredo habla de un neocaciquismo. En lo más profundo de la pasada recesión, un maestro comentaba al autor de este trabajo  que “nadie en el pueblo podía imaginarse que  personas tan poderosas pudiesen sufrir retrocesos tan espectaculares en sus fortunas, después de haberles visto enriquecerse en tan poco tiempo”.

El modelo inmobiliario-financiero vigente en España  aparece como agotado y corrupto y, lo que es peor, no resuelve los problemas de acceso a la vivienda.  Dicho modelo impulsa un modelo de crecimiento excluyente.  No existe el menor escrúpulo por parte de sus protagonistas, los ayuntamientos a la cabeza, para arrasar cualquier forma de actividad productiva sostenible y situar en su lugar nuevas edificaciones,  realizadas al margen de la demanda real de vivienda.

  La aceleración de la construcción residencial coincide con el empeoramiento en la balanza comercial. La economía española avanza y gana competitividad cuando  el mercado de vivienda pasa por coyunturas de moderación. En cuanto la especulación se dispara,  España pierde competitividad  ante el desvío masivo de ahorro y recursos hacia la construcción residencial. Urge desarrollar políticas de vivienda  que ayuden de forma concreta al alquiler y que clarifiquen la realidad de las viviendas vacías. España debe dejar de ser campeón en cuanto a volumen de construcción y colista en cuanto a vivienda social se refiere.

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa el 8 de diciembre de 2017.



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

03 diciembre 2017

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ESTADISTICA DE DECILES SALARIALES Julio Rodríguez López

  En noviembre de 2017 el INE ha publicado los resultados anuales  de la estadística de deciles salariales. Dicha estadística se obtiene a  partir de la Encuesta de Población Activa y de otras fuentes de datos de  rentas salariales. El total de asalariados incluidos  en la muestra es de 30.000. La estadística en cuestión, de periodicidad anual,  está disponible en España  desde 2006 hasta 2016 y  permite analizar la evolución de las rentas salariales distribuidas entre los  diferentes niveles de ingresos obtenidos (deciles).

  En 2016  el nivel medio salarial en España, según dicha encuesta, fue de 1.878,1 euros/mes. Dicho nivel resultó inferior al correspondiente a la estadística más utilizada de salarios,  la encuesta trimestral de costes laborales, según la cual el salario medio en el pasado año fue de 1.898 euros/mes. Dentro de la estadística de deciles salariales,  correspondió  al decil número 3 un salario medio anual de 1.118 euros/mes, mientras que el correspondiente al  decil número 7 fue de 1.969,4 euros/mes.

 Según la fuente estadística comentada, en 2016 el salario medio retrocedió en un 0,8% sobre el año precedente. Lo más llamativo de la evolución salarial en 2016 fue  que los descensos se concentraron en los niveles más elevados, al contrario de lo sucedido en los años precedentes.

 En la etapa de recesión 2008-2013 el crecimiento acumulado del salario medio fue del 13,7%. En dicho periodo destacó la fuerte diferencia entre los  aumentos de los distintos deciles. Dicha evolución confirma que en la etapa de recesión el ajuste salarial se concentró sobre todo en los salarios más reducidos. De no  tener en cuenta dicha disparidad salarial parecería que los salarios, en general,  habrían seguido creciendo en la crisis  a un ritmo poco compatible en un contexto general de descenso del empleo y de la actividad productiva.  En realidad el retroceso se concentró en los salarios  correspondientes a los deciles 1 y 2.
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 En 2016 contrastó el nivel salarial medio  correspondiente a la  jornada a tiempo completo, 2.106 euros/mes, con el de la jornada a tiempo parcial, que fue de 734,2 euros/mes. El total de ocupados a tiempo parcial, según la EPA, se eleva a 2,7 millones de trabajadores, el 17,1% del total de asalariados. Dicho  dato revela las peores condiciones de remuneración  de una parte significativa de los empleos asalariados y confirma  que la salida de la crisis, la ganancia de competitividad,  está descansando en las bajas remuneraciones de los nuevos empleos.

  Por ramas de actividad, los salarios mayores correspondieron a actividades financieras (3.127 euros/mes) y  suministro de energía eléctrica (3.076). Los salarios más reducidos fueron los de servicio doméstico (823,2) y agricultura-ganadería-pesca (1.159).Por autonomías, los salarios más elevados fueron los del País Vasco (2.235,2 euros/mes) y Comunidad de Madrid (2.166). Los niveles salariales medios más reducidos en 2016 fueron los de Extremadura (1.513) y Murcia (1.628).
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En 2016 el acceso a una vivienda en alquiler supuso un esfuerzo del 33,3% del salario  para el hogar que obtuviese el salario medio. Sin embargo, dicho esfuerzo se elevó  al 56% para el hogar con ingresos correspondientes al decil número 3 (1.118 euros/mes). Los salarios comprendidos en los deciles 1 a 3 corresponden sobre todo a  los nuevos empleos,  para los cuales el acceso a la vivienda en propiedad o en alquiler privado  resulta poco menos que imposible.

  La participación de los salarios en el PIB a precios corrientes fue del 47,6% en 2016, tres décimas  por debajo de la proporción del año precedente. Dicho descenso parece haber persistido en la primera mitad de 2017. Tal proporción contrasta con la cuota de los asalariados dentro del empleo, cuota  que supera el 80%. El peso de los salarios en el PIB no ha alcanzado todavía el nivel existente al inicio de la crisis, reflejo de la mejor posición lograda por las rentas del capital en el periodo de salida de la crisis.


Una versión este artículo se publicó en la revista digital semanal “El Siglo de Europa” el 24 de noviembre de 2017



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

12 noviembre 2017

EL COSTE ECONÓMICO DEL PROCESO INDEPENDENTISTA CATALAN Julio Rodríguez López

  En los últimos días son frecuentes los análisis del posible coste de las tensiones provocadas por el proceso independentista en Cataluña. Dicho coste dependería en gran parte de la duración del proceso citado. En todo caso, como ya lo ha puesto de manifiesto algún indicador de coyuntura, la incidencia negativa del proceso en cuestión sobre la actividad económica, medida por el PIB, y sobre el empleo, parece asegurada.  No obstante, hay diferencias en las previsiones sobre la intensidad de dicha incidencia.

 Una estimación más destacada acerca del alcance de dicho coste la ha realizado el Banco de España que, en su Informe trimestral de Estabilidad Financiera de noviembre de 2017, ha incluido en un recuadro  el trabajo “El impacto económico de la incertidumbre derivada de las tensiones políticas en Cataluña”. Según  el Banco de España, las incertidumbres en cuestión afectan, en primer lugar,  a las familias, que aplazan las compras de  bienes de consumo duradero y de vivienda.

 En el caso de las empresas  se podría retrasar la realización de nuevas inversiones. Por parte de los bancos se tendería a restringir la concesión de crédito para proyectos de inversión. Además, la bolsa española  ha presentado un comportamiento reciente  más desfavorable  que el registrado por el Euro Stoxx 50, debido sobre todo a la evolución negativa de las cotizaciones bancarias, en especial de las empresas  que tenían su sede en Cataluña.

 La  información coyuntural disponible sobre octubre de 2017 es escasa. Se ha advertido un aumento de las afiliaciones a la seguridad social a todas luces inferior al del mismo mes de 2016. El Banco de España ha realizado simulaciones acerca del efecto que la situación podría tener sobre la actividad y el empleo. En la primera simulación, en la que las tensiones se aplacarían sensiblemente en el primer  trimestre de 2018, la pérdida acumulada de PIB seria de 0,3 puntos porcentuales, reducción que se concentraría en el trimestre final de 2017 y primero de 2018.

 En el segundo escenario, con “riesgo más severo y prolongado”, se supone que los indicadores registrarían variaciones similares a las experimentadas  en el episodio histórico de mayor subida de las incertidumbres. En este caso, el PIB se reduciría en más de 2,5 puntos porcentuales  entre finales de 2017 y de  2019, un 60% del crecimiento previsto para la economía española en ausencia de tales tensiones. Ello supondría una recesión en la economía catalana. De momento se mantienen previsiones de crecimiento del 3,1% para 2017 y del 2,5% para 2018.

  El  trabajo de José Luis Leal “El coste de la independencia”, El País de los Negocios, 5.11.2017, comenta los efectos económicos  que sobre Cataluña podría tener la consecución de tal objetivo. Los más negativos serían los derivados de la aplicación a Cataluña de la tarifa aduanera exterior común,  que encarecería  las exportaciones catalanas  a la UE entre el 3% y el 5%. Para poder competir, salarios y beneficios retrocederían en unos dos puntos porcentuales de PIB. A tales costes se añadirían los derivados de los traslados de sedes sociales fuera de Cataluña. Destacaría, sobre todo,  el problema de la deuda, que en Cataluña asciende a 76.700 millones de euros. Leal concluye que la independencia seria en  lo económico “un desastre” para los catalanes y también, aunque en menor escala, para la economía española. Destaca el déficit de Cataluña en materia de pensiones, 6.700 millones de euros al año.

 La gravedad de las consecuencias potenciales de la  prolongación de dicha tensión  debería llevar a renovar la visión política, a  practicar una dialogo inclusivo, lo que debería de llevar a una España federal incorporada a una Europa federal, multicultural y multilingüista. El futuro de Cataluña está no en una separación brutal, sino en la cooperación dentro de las estructuras federales, en dicha Europa federal“ (G. Vershofstadt, “A federal Spain in a  federal Europe” Social Europe, 6.11.2017).

Una versión de este artículo se publicó en la revista El Siglo de Europa”, 9 de noviembre de 2017.



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

29 octubre 2017

LA CUESTION DE CATALUÑA PUEDE DESESTABILIZAR EL MERCADO INMOBILIARIO Julio Rodríguez López

 La información disponible sobre la evolución del mercado inmobiliario en España durante  los tres primeros trimestres de 2017 describe una situación de expansión y fortalecimiento de la recuperación que se inició en 2014. La expansión ha presentado mayor intensidad en la autonomía de Cataluña. Sin embargo, al tratarse de un mercado con fuerte presencia de inversores, el agravamiento de la crisis política  catalana puede producir cambios relevantes en dicha evolución. El cambio de coyuntura se produciría  en especial en Cataluña, aunque el debilitamiento de la expansión podría también extenderse al resto de España.

  En el mercado de vivienda de España, tras el mínimo nivel de precios alcanzado en la pasada recesión en el primer trimestre de 2014, los precios de la vivienda han aumentado en un 16% hasta el 2º trimestre de 2017. Las ventas de viviendas, según datos de los  notarios, han crecido en más de un 50% entre 2014 y 2017, situándose en un nivel de 540.000 las ventas previstas para  2017. El 17% de las ventas se han realizado a compradores extranjeros.

En el periodo transcurrido entre 2014 y 2017 las viviendas iniciadas, medidas por los visados de obra nueva realizados por los Colegios de Arquitectos Técnicos, se han más que  duplicado. Las previsiones realizadas con datos disponibles hasta julio serian de unas 80.000 viviendas iniciadas  y de unas 56.000 viviendas terminadas en 2017.

  La inversión en vivienda, estimada por la Contabilidad Nacional, podría crecer por encima del 6,5% a precios contantes, con lo que la aportación al crecimiento económico de dicha inversión se podría aproximar a los 0,5 puntos porcentuales en 2017.

En septiembre de 2017 los tipos de interés de los préstamos a comprador de viviendas se han situado en el 1,83%, según datos del Banco de España. Las nuevas concesiones de créditos no asociadas con renegociaciones han  aumentado en un 18,8% sobre el año precedente en enero-agosto. De nuevo las compraventas registradas siguen creciendo por encima de las hipotecas registradas, lo que revela la presencia de inversores entre los compradores en una proporción no inferior al 35%. El papel de los fondos de inversión extranjeros en las nuevas promociones es muy relevante, manteniéndose moderada la concesión de préstamos a promotor por parte de las entidades bancarias.

En un mercado en el que la presencia de inversores extranjeros en las nuevas promociones es trascendente y el de los compradores inversores es decisivo,  un empeoramiento abrupto de las condiciones políticas podría tener efectos muy negativos. En Cataluña, el aumento de precios posterior a 2014  ha superado ampliamente la media nacional (23,8% frente  a 16% en España), el crecimiento de las transmisiones de viviendas también ha superado al de la media nacional entre 2014 y 2017 (65,9% frente a 50%).

La ciudad de Barcelona ha presentado en 2017 los precios más elevados del alquiler de viviendas, circunstancia favorecida por la buena marcha del turismo y por la creciente presencia de los “pisos turísticos”, que han reducido la oferta de los pisos de alquiler tradicionales. El posicionamiento del gobierno autónomo catalán,  al margen de la Constitución de Española de 1978, las imágenes  de violencia del 1º de octubre y la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña, en un  contexto de intensa salida de las sedes de empresas de Cataluña, son eventos relevantes. Dicho proceso  podría afectar de forma negativa  a un mercado con fuerte presencia de inversores extranjeros  entre los oferentes y los compradores. La duda se ha instalado, pues, en el mercado de vivienda catalán y no se limitará a dicha autonomía.

Este artículo se publicó en la revista digital “El siglo de Europa” de 27 de octubre de 2017





[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

EL LARGO OCTUBRE DE CATALUÑA Julio Rodríguez López

  El mes de octubre no ha  podido resultar más accidentado en Cataluña y España. A un confuso amago de referéndum, convocado al margen de la legalidad española y mal gestionado por el gobierno, sucedió un martes de huelga general en Cataluña (“paro de país”).  En la misma noche del martes 3 de octubre  el rey de España hizo una descripción dramática de la situación y pidió se restableciese el orden constitucional. Después de dicha fecha son frecuentes las noticias de empresas que anuncian el cambio de su sede social desde Cataluña a otras autonomías.

La secesión  de Cataluña respecto de  España implica la salida de dicha región de la Union Europea. De este modo, los bancos con sede en Cataluña quedarían sin un Banco Central detrás, esto es, sin un prestamista en última instancia, que ahora les aporta liquidez en condiciones excepcionales. También supondría la salida de los bancos  del Fondo de Garantía de Depósitos. A las anunciadas salidas de los bancos Sabadell y Caixabank han sucedido noticias de deslocalización de otras empresas importantes, entre las que destacan, por su relevancia en Cataluña, Gas Natural y Aguas de Barcelona.

Un reciente trabajo de Paul de Grauwe (“Catalonia and Brexit: The same nationalism”, Social Europe, 6.10.17) equipara el nacionalismo catalán con el que en el Reino Unido llevó a que saliera adelante el Brexit, esto es, la salida de dicho país de la Unión Europea. Tal  nacionalismo se apoya en unos cuantos mitos: primero, es necesario que exista un enemigo externo, que sería España en el caso de Cataluña. En segundo lugar, el pueblo en lucha tiene, según los dirigentes, una identidad claramente definida. Los  políticos deben de escuchar el deseo del pueblo. Debe de haber una sola voz, no dejando margen para las voces opositoras.

 El tercer mito es que la independencia generará mayor prosperidad. La toma del control de los medios por parte del pueblo llevará a lograr el mayor de los desarrollos. Sin embargo,  la globalización socava la soberanía nacional. Las multinacionales  provocan mayores  reducciones  de impuestos en países de Europa que  cuando tales países actúan de forma coordinada. Importan más las barreras no arancelarias que las arancelarias. Los estándares los establecen países como Estados Unidos, China y la Unión Europea. La ganancia de soberanía es formal, con lo que de hecho disminuye la soberanía  real del país que actúa en solitario.

En Cataluña existe una fuerte confusión acerca de la política que adoptaría el gobierno de la nueva nación, a la vista de la heterogeneidad de las fuerzas políticas que integran la actual mayoría parlamentaria. Está teniendo lugar un cierre de filas del poder económico y financiero ante los sucesos políticos que se vienen produciendo, tanto por la ruptura flagrante y provocativa con la normativa española como por la evidencia de que se quiere obtener el poder a partir de la presión de la gente desde la calle. Las empresas sienten incertidumbre ante el marco jurídico que se avecina en caso de lograr Cataluña la  independencia, lo que perjudica la inversión.

Un editorial de La Vanguardia (7.10.17) ha subrayado que no es de recibo  que los máximos responsables de las finanzas públicas catalanas  se hayan limitado a minimizar el impacto de los traslados de empresas, en lugar de dar explicaciones sobre lo que está sucediendo.
 La independencia de Cataluña podría llegar a ser un “shock” de magnitud superior al más duro de los “brexit” y ello por la salida inmediata  de la Unión Europea que la declaración de independencia de Cataluña podría producir. Pero el uso de la fuerza para impedir la independencia  favorecería a  los separatistas y podría traer calamidades sobre España, Cataluña y la UE (W. Munchau, “A Catalán breakaway would make Brexit look like a cake walk”, FT, 9.10.2017)

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa el  6.10.2017.



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la crisis

23 septiembre 2017

LA CRISIS INMOBILIARIA QUEDÓ ATRÁS. LA BURBUJA ACECHA Julio Rodríguez López

 En el segundo semestre de 2017,  junto a la recuperación de la tasa de crecimiento del PIB, destaca la tendencia al alza que han presentado los indicadores del mercado inmobiliario. Al igual que la expansión de este mercado entre 1997 y 2007 fue la más acusada de las registradas por la economía española, la recesión posterior a este último año fue también intensa. En 2017 ha reaparecido  la expresión “burbuja inmobiliaria”, que   había estado arrumbada durante una temporada. 

 El aumento intertrimestral del PIB de la economía española en un 0,9% en el segundo trimestre de 2017 ha permitido que dicha magnitud alcance  el nivel del inicio de la crisis,  el del segundo trimestre de 2008.  Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de que, de haber seguido creciendo en el periodo 2008-2017 a un moderado ritmo anual del 2%, en 2017 el PIB superaría en casi un 20% al nivel real alcanzado en este ejercicio.

Además, si bien se ha llegado al nivel de actividad previo a la crisis, el empleo sigue distante de los niveles de ocupación  alcanzados en dicha etapa. En el segundo trimestre de 2017  los 18,8 millones de empleos existentes están casi un 10% por debajo de los correspondientes al mismo trimestre de 2008, según la EPA del INE. Lo anterior implica que  hay por encima de dos millones de empleos menos que en el periodo de referencia. La crisis  iniciada en el verano de 2007 no ha dejado de pasar una pesada factura.   

  Como sucede con el PIB, el mercado de vivienda ha tomado fuerza en 2017. Al igual que la fase de expansión 1997-2007  fue la más dinámica de cuantas ha presentado el mercado de vivienda en España, la recesión acaecida entre 2007 y 2013 fue también acusada. Tras aumentar en casi un 200% entre 1997 y 2007, los precios de las viviendas disminuyeron en un 37%  entre 2007 y el primer trimestre de 2014.  

  Junto a la caída de los precios, destacó asimismo la disminución de las ventas de viviendas, que retrocedieron en un 68,5% entre 2006 y 2013, resultando espectacular  la caída de las de nueva construcción, que disminuyeron en un 86,2% en el mismo periodo. La abundancia de daciones en pago entre promotores y bancos  es posible que atenuase la incidencia real de dicho retroceso de las ventas.

Hubo dos indicadores que reflejaron con mayor intensidad el desplome del mercado de vivienda posterior a 2007. El primero fue el relativo a la nueva construcción de viviendas. Mientras que en 2006 se iniciaron 865.600 viviendas según los visados de los Colegios de Arquitectos Técnicos, en 2013 dichas iniciaciones no pasaron de 34.300. Dicha evolución supuso una disminución de las viviendas iniciadas en un 96%, siendo la de 2013 la menor cifra anual  desde que se dispone de datos de viviendas iniciadas.

  El segundo indicador  que mejor reflejó la situación deprimida del mercado de vivienda fue el del stock de viviendas terminadas y no vendidas. Según la estimación realizada por el Ministerio de Fomento, en 2009 dicho  stock se aproximó a las 650.000 viviendas, superándose las 100.000 en la Comunidad Valenciana.  Una vez recuperado el mercado de viviendas, a fines de 2016, todavía quedaban casi 500.000 viviendas de nueva construcción no vendidas. En la presente etapa de recuperación, no es raro encontrar nuevas promociones de viviendas próximas a bloques de viviendas sin vender  construidas en la pasada expansión.  El afán por construir vuelve con bríos renovados

 Desde el primer trimestre de 2014, precios y ventas de  viviendas no han dejado de recuperarse, destacando el 16% de aumento alcanzado por los precios frente a unos precios de consumo que aumentan levemente y unos salarios que más bien siguen bajando . Lo sucedido  entre 2007 y 2013 revela que el mercado de vivienda en España no es inmune  a las etapas bajistas que afectan a otros sectores de la economía española.

De nuevo se están comprando viviendas ante la expectativa de subidas de precios, de nuevo reaparecen los pequeños promotores alimentados por créditos bancarios y que construyen  sin conocer bien la demanda, todo lo cual confirma que no es imposible que pueda repetirse una nueva burbuja.

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital semanal “El siglo de Europa” el 16 de septiembre de 2017





[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a  la Crisis