22 diciembre 2014

2014, EL AÑO EN EL QUE LA ECONOMIA VOLVIO A CRECER Julio Rodríguez López[1]



  En 2014 la economía española  recuperó el crecimiento, tras un quinquenio (2009-2013) de variaciones anuales negativas o nulas. El nivel real del PIB de España en 2014 es todavía  inferior en más del 6% al correspondiente a  2008, el  último año anterior en el que el PIB  registró un crecimiento  positivo. La recuperación de la economía española se está desarrollando en el poco dinámico contexto de la Eurozona. La débil coyuntura de esta área económica  arroja no pocas incertidumbres respecto de la fortaleza real de la de la recuperación española.

  En 2014 el PIB de la economía española ha debido crecer en torno al 1,3% (-1,2% en 2013). La variación interanual positiva de la demanda interna en un 1,4% (-2,7% en 2013) explicó  el crecimiento citado, puesto que la aportación del resto del mundo ha sido ligeramente negativa. Esto último ha contrastado con la aportación positiva al crecimiento que las exportaciones netas habían realizado en los años precedentes de crisis.

  El consumo privado (2%) y la inversión empresarial (8,4%) fueron los componentes de la demanda  que registraron los mayores crecimientos en España en  2014. La mejora del consumo privado  estuvo acompañada de un acusado descenso de la tasa de ahorro de los  hogares respecto de la renta disponible familiar.  

El conjunto de la construcción retrocedió en casi un 4%, correspondiendo una variación negativa ligeramente más acusada a la construcción residencial. En 2014 cambió el perfil del mercado de vivienda, en el que las ventas crecieron en un 22,4% sobre el año anterior en los tres primeros trimestres y los precios  dejaron de descender. La normalización del mercado de vivienda es un componente importante de la recuperación.

La nueva construcción de viviendas ha empezado a reaccionar, pero todavía pesa un excedente de cerca de 600.000 viviendas nuevas sin vender. La recuperación de la inversión en vivienda no debe de tener lugar expulsando actividades productivas sostenibles como en el reciente pasado, pero alguien deberá decírselo a los ayuntamientos, para los que nada ha cambiado.

  La variación del empleo  en 2014 ha sido  positiva, pudiendo superarse   los 300.000 nuevos empleos en este año, aunque la calidad de   tales empleos  es reducida, a la vista del predominio de los empleos temporales y a tiempo parcial. La previsión es que no habrá aumento salarial en 2014, con lo que el peso del ajuste de la economía española descansa en unos nuevos puestos de trabajos inestables y escasamente retribuidos.

  La recuperación de la demanda interna ha estado acompañada de un  importante incremento de las importaciones, lo que ha convertido en negativa la aportación  al crecimiento  por parte del resto del mundo. El superávit de balanza de pagos en 2014 resultará inferior al del año anterior, lo que puede anunciar futuros desequilibrios en caso de confirmarse  que en 2015  se acelere el crecimiento de la economía española. Comercio y hostelería son los componentes más dinámicos de la recuperación, que deberá apoyarse en más sectores para garantizar su continuidad.

  La recuperación clara del crecimiento de la economía española en 2014, aparte de inestable si se vuelven a disparar las importaciones,   no implica que se haya acabado con las graves consecuencias negativas derivadas de una recesión tan prolongada que se inició en el verano de 2007 y que se prolongó  hasta 2013.

  En el tercer trimestre de 2014 el PIB de la economía española estaba por debajo del nivel correspondiente al segundo trimestre de 2008 en un 6,4%. El número de empleos, según la EPA, había retrocedido en un 15,1% en dicho periodo. A fines de 2014 hay, pues,  más de tres millones de empleos menos que en el momento de iniciarse la recesión. El nivel de la inversión pública es de un 50% inferior al de 2007.Al ritmo de 2014 pueden tardarse diez años en recuperar el nivel de empleo de 2007. El que se haya recuperado el crecimiento  no implica que el clima de crisis haya desaparecido.  La tempestad sufrida ha dejado unas consecuencias difíciles de eliminar en mucho tiempo.  

  Como ya se ha indicado, la Eurozona frenó el crecimiento en 2014  respecto de las previsiones existentes al inicio del año. Unos ritmos de crecimiento del 0,8% y del 1% como los previstos en dicha área para 2014 y 2015, respectivamente, no dejan margen para el optimismo y sin duda afectarán al crecimiento de la economía española de forma no precisamente positiva.

 Una política monetaria expansiva no basta para  lograr la recuperación. “La búsqueda de la competitividad dentro de la Eurozona por medio de los recortes salariales no es un camino para conseguir una prosperidad ampliamente compartida. Alemania deberá de reconocer que la demanda interna importa” (Martin Wolf, FT, 9.12.2014).    

2014 habrá sido, pues,  un año en el que retornó  el crecimiento perdido a la economía española y en el que la Eurozona no acabó de encontrar un camino que garantice su continuidad. Se trata, pues, de consolidar un ritmo de crecimiento que permita dejar atrás tanto daño como el que han generado tanto  la propia crisis  como  el camino seguido para superarla.

Una versión reducida de este artículo se ha publicado en la revista semanal “El Siglo de Europa” de 22.12.2014




[1] JRL es miembro de Economistas frente a la crisis  y del Club de debates Urbanos

07 diciembre 2014

EL NECESARIO RETORNO DE LA POLITICA DE VIVIENDA Julio Rodríguez López


 Los desahucios y la desaparición de la oferta de viviendas protegidas son los aspectos más visibles de la situación de la vivienda en España. A ello se une la presencia de los fondos de inversión comprando viviendas  con buen mercado   y también de lujo. La compra por tales fondos de viviendas de alquiler a algunas administraciones públicas anticipa nuevos y sangrantes desahucios.

Frente a dicha situación, en la práctica no hay en España política estatal de vivienda en  2014. No hay objetivos cuantitativos anuales ni mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el Plan 2013-16, regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril,  del Ministerio de Fomento.  En la presentación del oscuro Plan se aludió  a un total de 200.000 ayudas al alquiler y a 50.000 viviendas rehabilitadas, sin más detalle. Tampoco se han divulgado objetivos desagregados para cada autonomía.

 El gobierno ha firmado convenios en 2014 con las comunidades autónomas para subvencionar, de forma genérica,  las actuaciones recogidas en el Plan en el periodo de vigencia del mismo. Han transcurrido dos años del periodo en cuestión y no se conoce resultado alguno.

 El coste  presupuestario previsto de las ayudas directas a la vivienda en 2015 es de 587,1 millones de euros. Las ayudas fiscales  tienen una incidencia presupuestaria muy superior, unos 3.338 millones de euro. Dentro de estas últimas destacan las correspondientes a la desgravación por acceso a la vivienda habitual en el IRPF  y las derivadas de la aplicación de un tipo reducido del IVA a 10% a las ventas de viviendas de nueva construcción.

La gestión de las actuaciones incluidas en el Plan  se deja en manos de las comunidades autónomas. No está previsto  divulgar datos sobre la ejecución de dicho plan. La oscuridad y la falta de transparencia no pueden ser más evidentes. Contrasta la falta de tensión en el seguimiento del plan desde el gobierno central con la actitud hasta ahora mantenida en materia de diseño y ejecución de los planes plurianuales precedentes, incluidos los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004.

 El problema del acceso a la vivienda se agravará en cuanto  se afiance la recuperación de la economía. Para un  hogar mileurista el esfuerzo de acceso a la vivienda de 90 m2 construidos  en propiedad es del 51,3% de los ingresos, supuesto que el comprador accede a un préstamo y tiene ahorros para cubrir el 20% del precio de venta de la vivienda no cubierto por el préstamo citado.

 Dicho esfuerzo supera el 60% de los ingresos familiares  en el caso de una vivienda de alquiler. En 2014  para acceder a la vivienda en España los nuevos hogares deben, pues, destinar más de la tercera parte de los ingresos del hogar como renta o como pago de la hipoteca, tope que se considera no debe de superarse. En el caso de salarios inferiores a los 1.000 euros  solo cabe acceder a viviendas de alquiler  de precio reducido o hacinarse en pisos compartidos.

  Pero la política de vivienda presenta en 2014 una problemática adicional a la del elevado esfuerzo que supone el acceso para numerosos hogares. La significativa morosidad de los préstamos a comprador de vivienda  ha provocado un volumen intolerable de desahucios de viviendas ocupadas por deudores hipotecarios insolventes. Entre 2008 y 2013  hubo  más de 100.000 entregas involuntarias de viviendas habituales a bancos. En 2014 persiste el fuerte ritmo de los últimos años. El que los desahucios se hayan convertido en una noticia habitual no reduce la gravedad del fenómeno. El goteo persistente de las noticias relativa a desahucios viene a ser un recordatorio de que, aun habiéndose recuperado el crecimiento, en la economía española persiste un clima de  crisis.

  La política de vivienda no puede liquidarse con decretos y con convenios de cumplimiento indefinido  con las  autonomías, dejando en manos de la caridad la solución de los problemas más acuciantes. Dicha política debe de recuperar protagonismo, estableciendo   con claridad unos objetivos a cubrir y unas actuaciones a desarrollar. Parece claro que los objetivos básicos  de la política de vivienda deberían de ser los relativos a (i) favorecer el acceso,  con un esfuerzo no superior a la tercera parte de los ingresos, a hogares con niveles  de ingresos reducidos,  y (ii) facilitar alojamiento a los hogares desahuciados, anticipándose  a la ejecución de los mismos. Entre las actuaciones más relevantes a poner en práctica destacan  las siguientes:

1. Ayudas directas a los arrendatarios, para hogares con ingresos no superiores a 3 IPREM (unos 1800 euros),  que cubran hasta el  35% del alquiler y con una duración prorrogable de 2 años.

2. Impulso a la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de viviendas de nueva construcción y de  viviendas vacías. Se negociaría con Sareb y con los bancos el alquiler social  de las viviendas en poder de dichas entidades.

3. Aproximar la normativa española en materia de desahucios a las prácticas frecuentes en Europa Occidental y  en otros países desarrollados (ley de sobreendeudamiento), de forma que no se desahucie al insolvente que actuó de buena fe, estableciendo un plan de pagos. Se modificarían la normativa vigente (Ley 1/2013) para acabar con los desahucios de  tales insolventes.

4. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se  debe de  crear un vehículo financiero  dedicado en exclusiva a prestar para la creación de una oferta estable de alquiler y también a la rehabilitación.

5. Apoyo a la rehabilitación. En 10 años todos los edificios públicos deberían de ser eficientes desde el punto de vista energético. En 2025 el 100% de la nueva vivienda protegida sería sostenible.

Una versión de este articulo se publicó en la revista semanal  El Siglo de Europa el 8 de diciembre de 2014







[1] JRL es miembro de Economistas frente a la Crisis y del Club de Debates Urbanos

28 noviembre 2014

IDEAS: : RECUPERAR LA POLITICA DE VIVIENDA Julio Rodríguez López


 En 2014 no hay política estatal de vivienda en España. No hay objetivos cuantitativos en la política de vivienda del Ministerio de Fomento (Plan 2013-16). El problema del acceso a la vivienda se agravará en cuanto  se afiance la recuperación. La alta morosidad de los préstamos a comprador de vivienda  ha provocado un volumen intolerable de desahucios de viviendas ocupadas por deudores hipotecarios insolventes. Entre 2008 y 2013  hubo  más de 100.000 entregas involuntarias de viviendas habituales a bancos. En 2014 persiste el ritmo de los últimos años.

  El acceso a la vivienda resulta imposible para la mayoría de los hogares de nueva creación, por las duras condiciones de los nuevos empleos. Estos deben destinar  más de la mitad de los ingresos para pagar el alquiler, única vía ahora disponible para tales hogares.
Los dos objetivos básicos  de la política de vivienda  serían (i) los de favorecer el acceso,  con un esfuerzo no superior a la tercera parte de los ingresos  a hogares con niveles  de ingresos reducidos,  y (ii) facilitar alojamiento a los hogares desahuciados. Las actuaciones más relevantes serían las siguientes:

1. Ayudas directas a los arrendatarios, diseñadas en colaboración con las comunidades autónomas, a las que corresponde aplicarla. La ayuda en cuestión no superará el 30% del alquiler y tendrá una duración prorrogable de 2 años.

2. Impulso a la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler, administradas por ayuntamientos y autonomías, a partir de viviendas de nueva construcción y de  viviendas vacías. Se construirán  viviendas protegidas destinadas al alquiler y se negociará con Sareb y con los bancos propietarios el alquiler de las viviendas protegidas  en poder de dichas entidades.

3. Apoyo a la rehabilitación. En 10 años todos los edificios públicos deben de ser eficientes desde el punto de vista energético. En 2025 el 100% de la nueva vivienda protegida será sostenible.

4. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se  debe de  crear un vehículo dedicado en exclusiva a la financiación hipotecaria a la vivienda, en línea con lo que fue el desaparecido Banco Hipotecario de España. Dicho órgano servirá para  impulsar la rehabilitación y también la creación de una oferta estable de alquiler,  aumentando para ello el  parque social de viviendas de alquiler social ahora existente en España, el más reducido del mundo occidental.

5. Aproximar la normativa española en materia de desahucios a las prácticas más frecuentes en Europa Occidental y otros países desarrollados (ley de sobreendeudamiento).



24 noviembre 2014

Una aventura inmobiliaria de la ex presidenta de la Fundación Caja Madrid. Julio Rodriguez López

  El asunto aireado por la SER acerca de la financiación obtenida por la ex presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, en 2004 para construir 51 viviendas protegidas de alquiler ,  zona de Montecarmelo, bajo las condiciones del entonces  régimen especifico de la Comunidad de  Madrid para viviendas protegidas, presenta varios aspectos destacados:

1. El préstamo de unos 4,5 millones de euros (tipo de interés del 3,15%, plazo de 10 años) se concedió a una Fundación  (Niño Jesús del Remedio)  que presidia la Sra. Cafranga, siendo esta miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Ello  requirió que la concesión la efectuase el consejo de administración de dicha entidad y que el préstamo debiese aparecer en la Memoria de Caja Madrid , por el cargo de la Sra. Cafranga en Caja Madrid,  cosa que no sucedió.   Esto ultimo revela una deficiencia en el funcionamiento de Caja Madrid por aquellas fechas.

2.En 2010 la Fundación que recibió el préstamo  e inició las viviendas  (Niño Jesús del Remedio) cedió el conjunto de la operación a otra fundación, la Carmen Pardo-Valcarce, lo cual requiere que la fundación receptora de la cesión deba  incluir en su objeto social el arrendamiento de viviendas, de acuerdo con el articulo 33.5º del RD  801/2005 (BOE de 13.7.2005), que regulaba por entonces   la financiación convenida de viviendas protegidas. Este punto no está comprobado.

3. Se  trata de un régimen de VPO de alquiler en el que se prevé que una vez  pasados 10 años desde la calificación definitiva de la vivienda protegida  esta adquiera de forma automática la condición de vivienda libre. De este modo  las 51 viviendas pasarían desde un precio máximo de venta en 2005  de alrededor de 1100 euros/m2 a un precio de mercado de alrededor de 3400 euros/m2.  El préstamo de 4,5 millones de euros permitiría obtener  un valor de mas de 15 millones de euros en 2015.

4. Se pone de manifiesto que , junto al provecho que aportó la posición de la Sra. Cafranga en Caja Madrid, el régimen de VPO de alquiler al que se acogió dicha promoción  resulta escasamente social, pues el plazo durante el cual  las viviendas construidas se destinan al alquiler es muy reducido. Se advierte que el  objetivo final de tal tipo de promoción es la plusvalía a obtener al final del periodo citado.  

Como se ha indicado, dicho régimen de VPO  lo  desarrolló la Comunidad de Madrid, pero  también se incorporó a la normativa estatal correspondiente al Plan 2005-08 (R.D. 801/2005). Este ejemplo pone de manifiesto que la VPO es una forma de ayuda al acceso a la vivienda muy proclive a todo tipo de componendas y que , de persistir, requiere de  amplias reformas en su diseño y de un mayor control del cumplimiento de sus objetivos. La actuación  aquí descrita no sirve para ayudar al acceso a la vivienda a los hogares necesitados, sino que es una figura propia para las  clases medias, que en este caso anteponen el beneficide la plusvalía a cualquier otra consideración social.

Una versión de este articulo se publicó en El Pais digital, 26.XI.20145




23 noviembre 2014

LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDAS EN ESPAÑA MANTIENEN EL RITMO EN 2014 Julio Rodríguez López


   Los últimos datos sobre desahucios  de viviendas por impago de la deuda hipotecaria señalan la continuidad del alcance del problema en 2014. Además, la cifra absoluta de créditos morosos de hogares se mantiene elevada, lo que adelanta la continuidad del problema. Sobre los desahucios, se  dispone de información estadística procedente del Poder Judicial, del INE y del Banco de España. Los datos disponibles se complementan, y resulta ahora posible aproximarse al problema citado con más rigor que cuando el problema hizo acto de presencia de forma destacada.

     El saldo vivo de  los créditos morosos  de hogares por impago de la deuda hipotecaria para compra y rehabilitación de viviendas alcanzó un volumen significativo a 30 de junio de 2014, 36.300 millones de euros, un 13,8% más que en el año precedente. Aunque dicha cifra supuso un ligero descenso respecto de marzo de 2014, la potencialidad de nuevos desahucios resulta elevada.

   Hasta abril de 2013 solo se dispuso en España de datos trimestrales sobre ejecuciones hipotecarias (procedimientos  iniciados y lanzamientos) procedentes del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según dicha fuente, entre 2008 y 2013 los totales acumulados fueron de casi 500.000 procedimientos de ejecución presentados y  309.560 lanzamientos.

Las magnitudes recogidas   en la estadística judicial se refieren a todo tipo de activos inmobiliarios (viviendas habituales y de temporada, locales comerciales, naves industriales, locales de oficinas). Desde 2013 el CGPJ  ha reforzado la información aportada, desagregando los lanzamientos practicados por los Tribunales Superiores de Justicia  entre los procedentes de  ejecuciones hipotecarias (25.811 en 2013)  y los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estos últimos  ascendieron a 38.141 en 2013, lo que revela que en España bastantes hogares van a la calle por no poder pagar el alquiler.

  En mayo de 2013 el Banco de España inició la publicación de “Notas Informativas” en las que se recogen datos sobre las viviendas entregadas a los bancos  como consecuencia de impagos de préstamos. El Banco obliga,  mediante la CBE 1/2013, de 24 de mayo,  a las entidades de crédito a remitir  dicha información, en la que se distingue entre viviendas habituales entregadas y el resto de viviendas no principales. La estadística citada  diferencia asimismo  entre entregas voluntarias y judiciales de viviendas.

  .  En 2012 se entregaron a los bancos 39.051 viviendas habituales  y 38.961 en 2013,  según el Banco de España. El 36,3% de todas  las viviendas entregadas fueron  daciones de pago, en las que el deudor queda limpio de deudas,  una vez recuperada por el banco la vivienda que sirvió como garantía del préstamo. Las entregas de viviendas habituales supusieron casi el 60% de todos los lanzamientos estimados por el CGPJ.

Se puede así   aproximar que en los seis años transcurridos  entre 2008 y 2013  hubo  unas 100.000 entregas de viviendas habituales a bancos como consecuencia de la morosidad de los préstamos garantizados por hipoteca. En el primer semestre de 2014 tales  entregas de viviendas a los bancos disminuyeron en un 30%, según el Banco de España.

 La tercera fuente estadística es la del INE. A partir de 2014 dicho organismo público ha iniciado la publicación de una nueva estadística trimestral  de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas. Dichas certificaciones,   relativas a fincas urbanas, se desagregan entre viviendas habituales y otras viviendas. En los dos primeros trimestres de 2014 se ha certificado el inicio de 19.075  procedimientos de  ejecución hipotecaria de viviendas habituales, un 6,2% más que en el mismo periodo de 2013.

 De las tres fuentes estadísticas disponibles (CGPJ, Banco de España  e INE), las que se aproximan más al   problema de los desahucios son las del Banco de España, puesto que las del INE informan sobre procedimientos iniciados, que pueden o no terminar en desahucios, y las del CGPJ no desagregan entre los activos inmobiliarios objeto de procedimiento.

 Llama la atención que en la última Nota Informativa del Banco de España  de 13 de noviembre de 2014 dicha entidad informe que  tiene en estudio la posibilidad de dejar  de elaborar la estadística de viviendas entregadas a los bancos, a la vista de los nuevos datos aportados  por el INE. Como se ha comprobado,  el INE mide una variable diferente a la que estima el Banco de España. De desaparecer la estadística del Banco de España se perdería una información relevante sobre el problema en cuestión, problema  que no desaparecería por falta de información.

 Ante los 130.000 desahucios de vivienda habituales producidos en España entre 2008 y 2014 y lo que todavía puede producirse, los paliativos del gobierno, recogidos en la Ley 1/2013,  consisten en una moratoria de 2 años en las ejecuciones correspondientes a un colectivo reducido de hogares, en la aplicación del Código de Buenas Prácticas y en  la creación de un Fondo Social de Viviendas, una especie de obra de caridad de los bancos.

Sobre   la aplicación de dichos instrumentos no hay información regular. El gobierno informa solo de manera esporádica y aproximada, situación que debería de corregirse.  Por supuesto tras las cifras hasta aquí comentadas  está la realidad  de que el sistema de ejecución de hipotecas vigente en España sigue siendo uno de los más duros del mundo y que tanto desde el BCE como desde el FMI han sido importantes las críticas expresadas sobre tal procedimiento.


Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal  “El Siglo de Europa” de 24.11.2014




[1] JRL es economista y miembro del colectivo “Economistas frente a la crisis”.

15 noviembre 2014

SISTEMA FINANCIERO, MERCADO DE VIVIENDA, URBANISMO Julio Rodriguez López


1.     Sistema Financiero

  El ajuste bancario desarrollado en España desde el inicio de la crisis ha desembocado en una situación en la que en la práctica han desaparecido las cajas de ahorros como entidades de crédito. Junto a lo anterior, 15 grupos bancarios concentran  el 90% del sistema financiero (Ver Cuadro), de los que 8 proceden de las antiguas cajas de ahorros. Los  3 grupos mayores (Santander, BBVA y CaixaBank) concentran el 70% del conjunto de activos bancarios.
A lo largo de la crisis destacaron, por orden histórico, los problemas de liquidez, deterioro de los activos, solvencia y falta de confianza en el propio sistema. Esta  situación culminó en 2012, con la petición al Eurogrupo por una cuantía de 100.000 millones de euros para efectuar un rescate parcial de los bancos. Se emplearon  unos 42.000 millones de la línea de crédito abierta.

 Desde 2013 se ha logrado la estabilidad financiera, los depósitos se han aproximado a los créditos y la morosidad, aun siendo muy elevada, el 14,3% de los  préstamos en agosto de 2014, está descendiendo a lo largo del presente ejercicio. Sigue siendo especialmente alta en el subsector inmobiliario-promotor- (38%)  y en el sector de la construcción (32%).

El sistema  bancario  ha realizado un profundo ajuste en términos de reducción de oficinas y de plantilla. Tiene pendiente, sobre todo,  conseguir una recuperación más intensa del crédito y mejorar la rentabilidad (4% en términos de ROE), que es más reducida ahora que la media de la eurozona. El sector ha recibido más de 100.000 millones de euros en ayudas públicas, sin incluir el endeudamiento que ha precisado Sareb para la compra de los activos a los bancos problemáticos (unos 50.000 millones de euros).

Propuestas sobre el sector:

1     Apoyo a la creación de la Unión Bancaria Europea completa, lo que implica el avance en el Mecanismo Único de Resolución Bancaria (MUR) y de un Fondo de Garantía de Depósitos común a la Eurozona. Todo  ello  se uniría al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), en marcha desde el 4.11.Mantener una presencia del sector público dentro del sistema financiero. Esto  se puede lograr por medio de una agencia pública especializada  en la financiación de la inversión. Para ello seria necesario disponer de un  ICO redimensionado, más transparente y que preste directamente a los clientes Una segunda vía sería dejar en el sector público, con una participación de control,  a Bankia o a BMN.

2.    Sareb: debe de hacer  más transparente su gestión, garantizando va a conseguir vender los activos sin perdidas. Se debe de    establecer  un código de conducta para impedir abusos del segmento más especulativo de la construcción residencial.

3.    Morosidad y desahucios: el procedimiento de ejecución hipotecario español es uno de los más duros del mundo. La ley 1/2013 ha supuesto solo mejoras parciales. El Fondo Social de Vivienda de la banca es una obra de caridad. El Código de Buenas Prácticas afecta un número reducido de prestatarios. La moratoria de 2 años sin ejecución es también un mecanismo temporal y restrictivo.

. Los más de 35.000 millones de euros en  créditos morosos a promotor existentes a 30.6.2014  garantizan un número muy alto de ejecuciones y desahucios durante bastante tiempo. El BCE ha criticado el procedimiento español (mayo de 2013). Se debe ir a un sistema equivalente al de la mayoría de países de Europa Occidental, en el que haya una ley de segunda oportunidad para los morosos de buena fe. Para los créditos del pasado resulta preciso modificar la Ley 1/2013.

2. Vivienda y Urbanismo

 La escasez de crédito, sobre todo a promotor, el aumento obligado del alquiler, el previsible descenso de la creación de hogares en el futuro exigen readaptar objetivos e instrumentos de  la política de vivienda. Dicha política debe de facilitar el acceso a la  vivienda y también conseguir  alojamiento para los hogares desahuciados. Las actuaciones EFC más destacadas serían las siguientes:

(i)            Ayudas directas al arrendatario, de forma que el esfuerzo de acceso no supere la tercera parte de los ingresos familiares.

(ii)          Creación de un parque de viviendas sociales de alquiler. Este último  debe de concentrar el grueso de las ayudas públicas.

(iii)         Alojamiento para desahuciados: se debe de reducir el flujo de desahuciados por procedimientos de ejecución hipotecaria y por impago de alquileres. Se establecerán pactos con Sareb y con los bancos propietarios.

(iv)         Urbanismo: debe de ser proactivo con la creación del citado parque social de viviendas de alquiler sobre suelo público  y también en derecho de superficie.

(v)           Acabar con la corrupción en el planeamiento urbano. El Estado debe de reservarse un control de las grandes operaciones. Debe de reducirse la dependencia de los ayuntamientos respecto  de los ingresos derivados del planeamiento.






09 noviembre 2014

LA CORRUPCION AFECTA A LA ECONOMIA Julio Rodríguez López[1]


  Desde Octubre de 2014 las noticias sobre nuevos casos de corrupción política están golpeando de nuevo con fuerza a una opinión pública todavía no curada del todo de este tipo de  espantos. Junto al desempleo y  la organización territorial del estado, la corrupción es unos de los problemas más agudos de España. En materia económica, la corrupción afecta sobre todo a los procesos de contratación pública, en especial a lo relativo a la construcción de infraestructuras, así como  a los desarrollos urbanos, donde la competencia es básicamente local.

 La crisis ha dado lugar a una profunda disminución en la cuantía del gasto público  en general y, sobre todo, del gasto público inversor. Según el Banco de España (Cuentas Financieras de la Economía Española), el conjunto de la inversión pública, básicamente destinada a la construcción de infraestructuras, ascendió en 2009 a unos 47.000 millones de euros, equivalente al 4,5% del PIB. Después de ese año la cifra en cuestión ha descendido, alcanzando en 2013 solo unos 15.200 millones de euros, equivalentes al 1,48% del PIB del pasado año.

La elevada  inversión pública contribuyó, junto con la construcción residencial,  a la fuerte expansión de la economía que se prolongó hasta el primer trimestre de 2008.  En la recesión  se ha reducido con intensidad dicho componente del gasto público, al ser una partida más susceptible de recortes  que el resto del gasto. El retroceso de la inversión pública reforzó la recesión de la economía española entre 2008 y 2013.

Pues bien, la corrupción  encarece de forma significativa la inversión pública, de forma que resulta frecuente conocer a través de los medios de comunicación que alguna infraestructura ha tenido un coste muy superior al previsto por  irregularidades, véase cobro de comisiones y modificados, en la contratación pública.

 Es posible que las irregularidades mencionadas hayan contribuido a que las infraestructuras creadas en España en los últimos años resultasen inferiores a las necesidades. La corrupción ha contribuido así  a reducir la competitividad de la economía española y a disminuir los niveles de actividad y de empleo.

 Por otra parte, en la etapa de auge del mercado de vivienda 1997-2007  tuvo lugar una fuerte expansión del crédito inmobiliario a promotor y constructor, a la vez que crecieron  de forma espectacular la construcción residencial, las ventas y los precios de las viviendas.  Los indicadores del mercado de vivienda revelan que durante varios años se construyó muy por encima de lo que se vendía. 
Se generó así un elevado stock de viviendas no vendidas, disparando la morosidad bancaria. Se prestó en exceso y se construyó también por encima de las necesidades. La fuerte morosidad bancaria resultante se  llevó por delante a las cajas de ahorros y ocasionó una fuerte reestructuración del sistema bancario, que exigió para resolverse un apoyo público superior a los 100.000 millones de euros.

 Suele atribuirse  al exceso de crédito abundante y barato el origen de la “burbuja” inmobiliaria, pero detrás de un  volumen de construcción tan acusado estaban las   licencias de obras previas concedidas por los ayuntamientos. Estos últimos han priorizado la calificación de suelo residencial, al margen de las necesidades reales del mercado de vivienda.

Los ingresos que un ayuntamiento obtiene “de golpe” cuando concede una licencia de obras son importantes, a lo que hay que unir que una vez construidas las viviendas estas deben de abonar cada año  el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las irregularidades administrativas en torno al proceso descrito, véase recalificaciones de suelo,  resultan más que abundantes. La  frecuente corrupción  tiene que ver con la  sobreinversión en vivienda, con el excesivo endeudamiento  y con los desequilibrios que han sufrido los ayuntamientos con el cambio de ciclo. El sobredimensionamiento de las plantillas de ayuntamientos, empresas y organismos municipales viene a ser otra forma de corrupción política.

La corrupción afecta, pues,  de forma negativa a la asignación racional de los recursos públicos y privados de la economía. Algunas de las consecuencias más directas de la misma han sido la existencia de un nivel de infraestructuras  por debajo de las necesidades, un mayor endeudamiento público, un exceso de viviendas no vendidas que afectan negativamente a los bancos,  a los que ha habido que sanear con deuda pública.

La corrupción  genera un enriquecimiento irritante de los beneficiados por la misma, cuyos efectos sobre la moralidad pública resultan negativos y, además,  incontrolables, sobre todo cuando se retrasan las sentencias de los procesos judiciales en curso  o cuando  las propias sentencias  implican una fuerte carga de impunidad. La modificación de la ley de contratos del Estado, la mejora del nivel de lis políticos  mediante procesos menos caciquiles y más democráticos de  selección de candidatos y el cambio en el sistema  electoral son algunos de los  pasos necesarios para superar la situación.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el 10 de noviembre de 2014





[1] JRL es doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística.

30 octubre 2014

Nueva estadística de hogares (twitter). Julio Rodriguez López

Texto de Twitter, 29.10.2014

Escaso interés ante nueva estadística de hogares del INE. Para 2015-18 se prevén  unos 67.000 nuevos hogares/año. Lejos de los 469.000 de 2008 

28 octubre 2014

Economía española: Necesidad de modificar el modelo productivo Julio Rodríguez López



Introducción

El final del largo ciclo económico comprendido entre 1997 y 2013  ha tenido lugar en el marco de una situación  muy negativa de la economía española. La recesión posterior a 2007 destruyo abundantes empleos, redujo el nivel del PÌB por habitante y  actuó a la baja sobre  las prestaciones sociales. La incidencia de la recesión ha sido mayor por apoyarse el intenso crecimiento de la fase comprendida entre 1997 y 2007 en la demanda interna y, sobre todo,  en la construcción. Una vez que se ha iniciado una fase de débil crecimiento  de la actividad  y del empleo en 2014, se trata no solo de reforzar dicha recuperación, sino de conseguir que la composición de la demanda y  de la oferta productiva permitan competir mejor a la economía española  y a no recaer en situaciones de elevado déficit exterior.

1.    Un ciclo tan abrupto. Las consecuencias de los excesos de un modelo productivo
  La economía española experimentó un ciclo  de prolongada duración entre 1997 y 2013. La etapa de expansión del ciclo citado  se extendió entre  1997 y 2007, mientras que la de recesión tuvo lugar entre 2007 y 2013. En la fase de expansión, que duró algo más de diez años, el PIB de la economía española a precios constantes aumentó a un ritmo medio anual del 3,8% y el empleo lo hizo a un ritmo próximo, el 3,5%.
 Esta evolución implica que el aumento medio anual de la productividad resultó reducido en dicha etapa cíclica de expansión. El ritmo medio anual de creación de empleos fue de 561.600 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (datos de la Contabilidad Nacional Trimestral). En la siguiente etapa de recesión 2007-2013 el vuelco de la economía resultó espectacular. Mientras que el PIB descendió a un ritmo medio del 1%, el empleo retrocedió a un ritmo del 3,2%.

En esta segunda fase del ciclo la caída absoluta media del empleo ha sido  más acusada que el aumento medio  correspondiente a  los años de auge. Así,   el número de puestos de trabajo disminuyó a una media anual de 571.500, según la misma fuente estadística antes citada. El aumento de desempleo ha sido espectacular, llegando a superar el 26% de los activos en el punto más elevado de la crisis.

 El aumento del paro ha resultado ser especialmente acusado  entre los jóvenes y se ha derivado sobre todo de la caída del empleo. Llama la atención que un retroceso tan destacado del empleo después de 2007  haya sido simultaneo con un descenso moderado del PIB. Esta evolución  arroja sombras sobre la fiabilidad de las tasa de variación de dicha magnitud, que debe de soportar todas las tensiones políticas imaginables.

Desde la segunda mitad de 2013 la actividad productiva primero y el empleo después han dado signos de recuperación en España,  lo que indica que en dicho año  se registró  el punto más bajo de la recesión iniciada a fines de 2007. El fin del ciclo citado y, sobre todo, el final de la fase de recesión no significa que la crisis económica y sus negativas consecuencias hayan sido superadas en 2014. Tampoco se han despejado los interrogantes que pesan sobre la recuperación mencionada, a la vista de que en el conjunto de la Eurozona parece haberse producido un “parón” de la reactivación en el segundo trimestre de 2014. 

 Los datos disponibles  ponen de manifiesto el significativo aumento de participación en el PIB de la economía española durante la etapa de expansión del conjunto del sector de la construcción (21,9% del PIB en 2007), en el que desempeñó un papel decisivo  la fuerte presencia alcanzada por la construcción residencial (11,2% del PIB).

Para que la construcción residencial llegase a alcanzar un nivel como el citado, muy por encima del correspondiente al del conjunto de la Eurozona, fue preciso que se iniciase un nivel extremadamente elevado de nuevas viviendas (865.000 en 2006 fue el máximo anual alcanzado por dicha variable). Para que tal evolución resultase posible el crédito inmobiliario (promotor, constructor y adquirente) del conjunto de entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) creció de forma que el peso en el PIB del saldo vivo de dicha variable pasó desde el 28,4% del PIB a fines de 1997 hasta el 102,9% del PIB en 2007.

  Entre 1997 y 2007 el crédito bancario al sector privado  aumentó muy por encima de los depósitos, que a fines de 2007 solo suponían el 57,4% del saldo de crédito (112,1% en 1997). La financiación del crédito inmobiliario pasó a realizarse en la fase de expansión mediante emisiones de todo tipo de títulos en los mercados mayoristas, destacando sobre todo la colocación de cédulas hipotecarias, en una proporción significativa entre bancos extranjeros, en especial alemanes.

 Dentro del crédito inmobiliario el mayor crecimiento correspondió al crédito a promotor. Este tipo de crédito  presenta riesgos significativos, pues la recuperación de lo prestado por los bancos se consigue si el promotor prestatario vende las viviendas construidas. En la etapa de auge el crédito a promotor se “banalizó”, pues llegó  a prestarse con frecuencia  por encima del 100% del valor previsto de las viviendas financiadas. Ello implicaba que el riesgo de la operación inmobiliaria descansaba sobre la entidad de crédito que financiaba tal operación.  

  Resultó sobre todo llamativo el fuerte aumento  del crédito destinado a la compra de suelo, figura que está prohibida en algunos países y que con frecuencia sirvió para adquirir  terrenos  que ni siquiera estaban calificados como de urbanizables residenciales. El peso del crédito inmobiliario en las carteras de crédito al sector privado de bancos y cajas pasó desde algo menos del 40% en1997 hasta más del 60% de dicha cartera en 2007, resultando significativamente mayor dicha participación en las cajas de ahorros. 

En 2007 el déficit exterior de la economía española  alcanzó el 10,1% del PIB, uno de los más elevados del mundo en términos relativos. Esta evolución implicaba que la etapa de expansión había provocado un fuerte aumento del endeudamiento exterior de España. La deuda pública presentó en este ejercicio un nivel inferior al de la media de la Eurozona, el 36,2% del PIB.

El modelo productivo español a la llegada de la crisis en 2007 se caracterizaba, pues, por un más que elevado peso del sector de la construcción en la economía, por un apoyo intenso en la demanda interna como motor del crecimiento y por la realidad de un elevado parque de viviendas,  en el que más del 30% de las viviendas existentes tienen carácter de no principales (secundarias y vacías).  El periodo de expansión 1997-2007 fue testigo del descenso de presencia de la industria en el PIB, descenso que fue de  casi siete puntos porcentuales, puesto que dicho sector productivo  pasó de suponer el 22,2% del  valor añadido total de la economía  al 15,6% en 2007.

La recesión  derivada de la crisis financiera y de la deuda posterior a 2007  tuvo como consecuencias más negativas la pérdida de 3,7 millones de empleos entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2014.  La tasa de empleo sobre el conjunto de la población de 16 y más años  retrocedió hasta el 42,5% en 2013 (53,5% en 2007), siete puntos por debajo de la tasa correspondiente al conjunto de la Eurozona.

En el segundo trimestre de 2014 el nivel del PIB de la economía español a precios constantes aún era inferior en un 5,4% al nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Asimismo, dicho nivel de 2014 estaba situado en un 17,2% por debajo del que hubiese alcanzado de haber seguido creciendo el PIB a un ritmo anual del 2% después de 2007.
 En 2013 la debilidad de la demanda interna había permitido el retorno a una situación de superávit corriente  frente al resto del mundo (0,8% del PIB). El descenso del  PIB en la recesión fue más moderado por el fuerte aumento registrado por las exportaciones en los últimos años  y por la debilidad de las importaciones.

  El peso de la industria en el PIB se había recuperado muy  ligeramente en 2013 respecto de 2007, alcanzando el 15,9%, lejos del 22,2% de 1997 y por debajo del 19,3% del conjunto de la Eurozona en el mismo ejercicio anual. El peso de la construcción en el PIB por el lado de la demanda había retrocedido después de 2007  hasta el 10,1% en 2013, resultando más acusado el descenso de la construcción residencial. En 2013 solo se iniciaron 34.300 viviendas, el nivel histórico anual  más reducido de la serie estadística correspondiente.

 Según el Ministerio de Fomento a fines de 2013 todavía quedaban unas 564.000 viviendas de nueva construcción no vendidas, concentradas en su mayor parte en el arco mediterráneo y en las proximidades de Madrid. El peso del crédito inmobiliario en el PIB había descendido en 2013  de forma espectacular respecto de 2007.  Detrás de dicha evolución se esconde el profundo ajuste registrado en el sistema crediticio español después de 2008, en el que han desaparecido las cajas de ahorros como entidades de crédito y se ha reducido el número de bancos, destacando la concentración creciente  de los activos bancarios en manos de los tres bancos más importantes (Santander, BBVA y CaixaBank).

La presencia de un superávit exterior de la economía española  en 2013 y la clara aportación positiva al crecimiento por las exportaciones en los últimos años pudo hacer pensar que la crisis había provocado un cambio de modelo productivo. Pero la aparición de un significativo déficit exterior en el primer semestre de 2014, conforme se recupera la actividad y el empleo, implican que el mayor dinamismo de la demanda interior conduce con rapidez a un aumento del déficit exterior, lo que revela que persiste la débil competitividad de dicha economía.

2.    El cambio deseable. Equilibrio en la demanda y diversificación de la oferta

   El  nivel del PIB por habitante de la economía española respecto de la media de la Eurozona, corregido de poder de compra,  retrocedió desde el 96,2% alcanzado en 2007 hasta el 88% en 2013. La presencia de abundantes déficits de las administraciones públicas en la fase de recesión ha dado lugar a que la deuda pública haya superado el billón de euros en 2014 y se aproxime al 100% del PIB en este ejercicio. El endeudamiento exterior sigue siendo muy elevado, lo que exige  mantener una senda de crecimiento significativo coherente con un saldo exterior menos desequilibrado que en el pasado.

Importa, pues, no solo recuperar el crecimiento, sino lograr una mayor competitividad de la economía española,  de forma que el mayor crecimiento no conduzca a unos déficits externos que hagan insoportable el nivel de la deuda externa y que solo pueden reducirse afectando a la baja al ritmo de crecimiento  de la actividad y a  la creación de los necesarios  nuevos empleos. 

La reaparición del déficit exterior al dinamizarse la demanda interna en España revela que se puede estar repitiendo el insostenible modelo de concentración de la actividad en el turismo y en el  ladrillo. Resulta  evidente la fuerte  correlación existente entre el aumento de las importaciones y de la demanda interna. Las consecuencias de dicho modelo en lo sucedido  en la fase cíclica de recesión han sido más que dolorosas: perdidas masivas de empleo, desaparición de miles de empresas, reducción sustancial de las prestaciones sociales, retorno de la emigración como vía única de salida para numerosos segmentos de la población.

  El conjunto de la actividad turística (hostelería, restauración, junto a la incidencia indirecta sobre transporte y comercio) va a aportar un punto de crecimiento a la economía española en 2014. Desde hace bastante tiempo se pretende corregir la fuerte estacionalidad del turismo Sin embargo,  el grueso de la actividad turística se sigue concentrando en los meses veraniegos, semana santa y fines de diciembre y año nuevo.

 Los medios de comunicación han contribuido asimismo a lo de que “todo vale” en materia de potenciación turística. Cualquier lector de las páginas económicas de los diarios españoles puede llegar a pensar que no hay más actividad productiva que la turística (11% del PIB). Los municipios han mantenido abundante suelo calificado como de urbanizable residencial desde  la etapa de la burbuja, a la espera del retorno de nuevas fases expansivas en el ladrillo residencial. Los importantes ingresos que proporcionan a los ayuntamientos la promoción de nuevas viviendas les lleva a espantar con frecuencia  otras actividades productivas sostenibles que podrían muy bien contribuir a diversificar el tejido productivo español.

En la Unión Europea destaca España como país en el que el gobierno estatal no tiene competencias en materia de destino del suelo, dependiendo dicho destino de decisiones de ayuntamientos que apenas son objeto de corrección por parte de los gobiernos autónomos. El planteamiento local en materia de licencias de obras es muy común en España y resulta  transversal a todas las fuerzas políticas: la magnitud a maximizar en el planeamiento  no es el interés general, sino el volumen de  ingresos derivados del planeamiento. El discurso económico presente a nivel local no pasa de aspirar a aumentar el parque de viviendas y a multiplicar  las grandes superficies comerciales, proceso que suele ir acompañado de la construcción de grandes aparcamientos.

El cambio de modelo productivo resulta necesario para mejorar la competitividad de la economía española y no recaer, pues, en déficits externos importantes en cuanto  cobra fuerza la demanda interna de la economía. También resulta de sentido común no concentrar en exceso la actividad productiva en las ramas de actividad relativas a construcción y turismo para evitar desplomes excesivos en la actividad productiva y en el empleo  en cuanto se debilita el dinamismo de dichas actividades.

Un cambio de modelo productivo no es algo que se consigue a corto plazo. La política económica general debe de favorecer  la evolución hacia el mismo, manteniendo firmes unas líneas de actuación coherentes con dicho cambio. Se debe de lograr, en primer lugar, reestructurar la composición de la demanda de forma que  haya un cierto equilibrio entre los componentes interno (consumo  de hogares, gasto público, inversión) y externo (exportaciones menos importaciones).

Así, un modelo apoyado en exceso en el sector de la construcción, residencial y no residencial, “tira” mucho de la demanda interna y provoca, por lo general, un fuerte aumento de las importaciones. Se debe de tratar de reforzar, en dicho sentido, el peso alcanzado por las exportaciones en el conjunto del PIB (34,1% en 2013).  La competencia externa se deja sentir no solo al exportar, sino también dentro de la propia demanda interna, que se debe de procurar satisfacer  más por medio de producción interior.

Junto a una composición más equilibrada de la demanda, se trata asimismo de favorecer una mayor diversificación de la oferta. En la Unión Europea se aspira que el peso de la industria en el PIB no baje del 20%. La economía española debe de aspirar también a dicho objetivo. Si se analiza la composición del PIB  español por Comunidades Autónomas, se advierte que los menores niveles de PIB por habitante, junto a los mayores niveles de desempleo, tienen lugar  en las autonomías en las que  es menor el peso de la industria en el PIB  y resulta mayor la presencia de la construcción y de los servicios no destinados a la venta (administraciones públicas). Es el caso de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que los niveles más elevados de PIB por habitante suelen ir asociados con una mayor presencia industrial (Cataluña y País Vasco).

El gobierno popular ha diseñado una estrategia de fortalecimiento de la industria en España. No se advierte en dicha estrategia ninguna alusión al desarrollo de un urbanismo proactivo con dicha estrategia. Los gobiernos locales, aparte de impulsar la construcción de nuevas viviendas  proliferación de bares de copas en las plazas más interesantes de cada localidad, parecen ajenos a tal conveniencia de diversificar el tejido productivo español, y así resulta difícil avanzar.

Resulta frecuente encontrar en la izquierda política española posiciones de claro apoyo  a la  presencia de un estado bienestar (prestaciones sociales) de amplia cobertura. Tal aspiración resulta normal,  pero debe de ir acompañada de una mayor exigencia en lo que se refiere a la composición de la actividad productiva y también respecto de la capacidad de competir de dicha oferta productiva. Unos precios de la energía más equilibrados y una fiscalidad  más suficiente son piezas imprescindibles de lo que debe de ser un nuevo modelo productivo  

El logro de una mayor igualdad en la distribución de la renta debe de ir acompañado  de una estrategia de política encaminada a fortalecer la base productiva de la economía.  También es importante una mayor  presencia general de actividades productivas en las que se genere un mayor valor añadido por unidad de producto. El reto de la diversificación tiene que sobre todo asumirse en las administraciones públicas territoriales, autonomías y ayuntamientos, debiendo las primeras asumir una papel coordinador más activo que el desarrollado hasta ahora, en general.  El cambio hacia un modelo productivo más competitivo es una tarea que corresponde a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad española.

Una versión de este articulo se publicó en la revista digital "Argumentos socialistas", nº 8, octubre de 2014