MOTRIL.VIVIR FRENTE A LA CRISIS

MOTRIL.VIVIR FRENTE A LA CRISIS

Julio Rodríguez López     9.Septiembre.2012

  En septiembre han retornado   los problemas aparcados durante agosto. Persiste  en España la degradada situación del mercado de trabajo. Se ignoran las nuevas condiciones  que la Unión Europea exigirá a España para que el BCE adquiera bonos públicos  españoles. Se temen los nuevos ajustes que puede imponer el gobierno español si a fin de año el déficit publico supera el compromiso  asumido por España ante el Eurogrupo.

  En la Costa de Granada se sufren de lleno los problemas económicos generales, como lo confirma  la intensa pérdida de empleos sufrida desde el inicio de la crisis. Solo en Motril hay unos 3.500 empleos menos que a fines de 2007, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Llama la atención  el aparente desinterés de las autoridades locales y provinciales por la evolución económica general. En todo caso,   la situación de las finanzas locales deja un margen reducido de actuación para combatir el creciente desempleo.

 Los  problemas del momento no son los del pasado, aunque algunas pautas de comportamiento tienden a repetirse. En el libro “El siglo de las luces .Agricultura y sociedad motrileña”, de Juan Luis Castellano, editado por “Ingenio, Biblioteca de Motril”,  se describe el proceso de desvío casi forzoso   hacia la  producción de caña de la mayor parte del suelo de la Vega de esta ciudad  desde el siglo XVIII.

 Dicha situación provocó notables dificultades de abastecimiento de los motrileños. Solo se rompió temporalmente el monopolio del cultivo de la caña cuando las necesidades de algodón de las hilaturas de Cataluña elevaron los precios de dicho producto. El algodón paso a producirse en Motril en detrimento del cultivo de la caña. En la segunda década del siglo XIX llego la crisis del algodón y volvió a ser hegemónica  la caña de azúcar  en la vega de esta ciudad.

  Hasta los años setenta del siglo veinte el cultivo de la caña dominó en la Vega de Motril. Numerosos motrileños recordarán los tiempos en que entre Motril y Salobreña funcionaban unas siete fábricas de azúcar de caña. Resultaba evidente, desde los años sesenta del siglo veinte, que  en Motril se podían obtener producciones agrícolas mas rentables que la caña. El que las azucareras fuesen los mayores propietarios de la vega impidió el cambio de cultivo.

 Los bajos precios relativos del azúcar vigentes en el último cuarto del siglo XX redujeron la rentabilidad de las azucareras,  que salieron de Motril de forma paulatina, subsistiendo el cultivo de la caña hasta 2006, aunque con carácter casi residual en los últimos años.  Motril digirió con lentitud la desaparición de la caña de azúcar. Al fin y al cabo los agricultores, con la caña,  se habían acostumbrado a la seguridad tanto de la venta como del precio del producto. Aquella agricultura estaba lejos de los impulsos del mercado.

 Cuando Motril se estaba adaptando a los nuevos cultivos, se produjeron dos hechos que frenaron la transformación en marcha de la Vega.  Por una parte,  en Marruecos ha tenido lugar  un proceso de producción masiva de productos hortícolas  competitivos con los de Motril.   Dichas producciones los obtienen en gran parte agricultores y comerciantes de la costa mediterránea de España (Valencia, Murcia, Almería y Motril) instalados en Marruecos. Esta circunstancia ha reducido brutalmente la rentabilidad de las producciones  hortícolas de la Costa de Granada, y ello por los menores  niveles de precios provocados por la mayor   oferta.

  En segundo lugar, llegó a Motril al final del siglo veinte el proceso de construcción masiva de viviendas de temporada. Ello  produjo  un desvío espectacular de mano de obra asalariada  hacia el ladrillo y frenó el cambio agrícola. Una parte sustancial de la Vega de Motril, sobre todo la más próxima al mar, está en manos de promotores o forman parte de los activos ¨tóxicos” de los bancos, además de tratarse de suelo calificado como de urbanizable residencial. A dicho suelo  vuelven los ojos numerosos agricultores con dificultades de subsistencia, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2007.Tardará tiempo en recuperarse la construcción de viviendas de temporada.

 Del tiempo de la caña Motril mantuvo una fábrica de papel que da  empleo a casi 400 trabajadores. Ello permite  soportar numerosos puestos de trabajo adicionales en los servicios.  A pesar de haberse calificado una amplia superficie como de suelo destinado a hoteles, resulta reducido el número de establecimientos hoteleros importantes existentes en esta ciudad.

En Motril el puerto mercantil de la ciudad ha experimentado una trascendente ampliación en los últimos años, circunstancia que abre amplias posibilidades a esta ciudad. El futuro de la misma, si es que se pretende crear empleos para reducir el paro y no solo  la obtención de pelotazos, aparece estrechamente ligado a la instalación de nuevas empresas si se crean las condiciones urbanísticas para dicho propósito.  El principal obstáculo radica en el gobierno local de esta ciudad, para el que, desde hace demasiado  tiempo,  solo  parece existir el ladrillo como actividad productiva y no  facilita la instalación de empresas.

En el pasado,  la producción casi obligada de caña de azúcar impidió se produjeran artículos mas rentables en la Vega motrileña. La caña creaba al menos un amplio volumen de empleos  directos e indirectos y facilitó que Motril llegase a ser una ciudad importante, la número 20 de Andalucía al final del siglo XX. Con frase de un motrileño, "cuanta hambre quitó esta vega en Motril y en la provincia". 

En 2012  los controladores del destino del suelo  no favorecen la instalación de nuevas actividades productivas en Motril, a la espera de nuevos  pelotazos. Antes había una realidad, la producción de caña. Ahora hay un mito, el turismo, bajo cuyo señuelo se frenan  iniciativas. Del término de las autovías que afectan a Motril no emanarán cambios espectaculares en la realidad económica de esa ciudad. No cabe esperar de  tales infraestructuras que sean “agua de mayo”, ni tampoco puede quedar esta ciudad a la espera de que vuelva a abrirse el tajo de la construcción de nuevas viviendas.

 En el difícil momento presente de la economía española, la burbuja inmobiliaria ha llevado a España a una situación de elevado endeudamiento privado y público, que exige  la ayuda de la Unión Europea para salir adelante.  Es hora que desde los ayuntamientos de la Costa  de Granada, en especial del de Motril, y a tono con las exigencias de los tiempos, se apoye la creación de  una economía más diversificada, junto al aprovechamiento de las ventajas turísticas. Dicha economía debe de estar  más orientada a la exportación y a la venta de mercancías y  ser menos dependiente de las decisiones de los controladores del suelo.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS. UN PROBLEMA QUE NO CESA


Julio Rodriguez López

En los primeros meses de 2012 ha seguido creciendo a fuerte ritmo el número de ejecuciones hipotecarias. Las principales actuaciones adoptadas hasta el momento para hacer frente al problema, las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en 2011, y la implantación del Código de Buenas Prácticas, en 2012, se han revelado como insuficientes ante la dimensión alcanzada por el mismo. Desde el gobierno se deberían plantear nuevas reformas de la normativa que afecta al problema de los cada vez más abundantes créditos hipotecarios morosos de los hogares, problema derivado del sobreendeudamiento asociado con la burbuja inmobiliaria.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de España ascendieron a 24.792 en el primer trimestre de 2012, un 14,1% mas que en el mismo periodo de 2011, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. De persistir una evolución similar en el resto del año el total de ejecuciones presentadas en 2012 se aproximaría a las 90.000, cifra más próxima que la de 2011 a las de los ejercicios de 2009 y 2010, en los que se registraron los niveles más elevados. El total de ejecuciones hipotecarias presentadas en toda España entre 2007 y 2011 ascendió a 349.438, el 1,34% del parque de viviendas estimado por el Mº de Fomento a 31.12.2011.

Las autonomías donde fue mayor la construcción de viviendas secundarias presentan un mayor nivel relativo de ejecuciones, como es el caso de Murcia (2,12%) y Valencia (2,03%). La proporción menor es la del País Vasco (0,50%), que tiene la economía más diversificada y menos dependiente del ladrillo. Resulta evidente el fuerte peso que dentro del total citado deben de suponer las viviendas adquiridas por hogares, y ello por impago del correspondiente prestamo hipotecario.

El saldo vivo de los créditos morosos de hogares para compra y rehabilitación de viviendas ascendía a 19.938 millones de euros a 31 de marzo de 2012, según el Banco de España. Aunque la tasa de morosidad de dicho tipo de préstamos (3,09%) es muy inferior a la de los créditos a promotores y constructores de viviendas (22%), lo elevado de la cifra citada y el importante aumento sufrido por la misma sobre el año precedente (22,9%) anticipan un flujo significativo de nuevas ejecuciones hipotecarias a lo largo

Desde 2011 se han adoptado dos iniciativas legales que han abordado la problemática de las ejecuciones hipotecarias de vivienda en España. La primera fue el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio (BOE de 7 de julio de 2011), que elevó los ingresos inembargables de los deudores hasta el 150% del Salario Mínimo (SMI) (961 euros). Dicha cuantía podrá incrementarse hasta el 30% por persona dependiente del núcleo familiar y para pensionistas a su cargo con ingresos familiares inferiores al SMI. Se incrementó desde el 50% al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien. El depósito ahora exigido a los postores en la subasta se redujo desde el 30% del valor del bien hasta el 20%.

La segunda norma fue el RDL 6/2012, “de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos” (BOE de 10 de marzo de 2012). Según dicha norma, los hogares incluidos en el denominado “umbral de exclusión” se podrán beneficiar de un procedimiento regulado en un “Código de Buenas Prácticas”, de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito. Dicho procedimiento incluye la reestructuración del préstamo, una posible “quita” del principal del mismo y, en el caso más extremo, podrá terminar en la dación en pago de la vivienda como medida liberatoria de la deuda.

El umbral citado se refiere a los hogares donde todos los miembros de la unidad familiar carecen de rentas del trabajo o de actividades económicas, y en los que la cuota hipotecaria debe de superar el 60% de los ingresos netos del conjunto familiar. Además, las viviendas afectadas debieron de adquirirse a unos precios máximos de adquisición que quedan por debajo de los precios del tiempo de la burbuja. Según los resultados de la EPA y de la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, menos del 4,8% de los hogares están en condiciones equivalentes a los del citado “umbral”, lo que supone una cobertura máxima de unos 75.000 hogares. No se dispone de cifras de aplicación efectiva del citado “Código”, pero todo indica que en la realidad apenas si se está aplicando, a pesar de la amplia adhesión de los bancos al mismo.

Las dos medidas básicas implantadas hasta el momento apenas han paliado la situación de los deudores hipotecarios. Por una parte, dichas medidas no abordan del todo el desequilibrio existente entre acreedor y deudor. Por otro lado, el denominado “umbral de exclusión” se ha definido de forma restrictiva para poder acogerse al Código previsto en el RDL 6/2012.

Las futuras líneas de actuación en materia de modificación de la normativa relativa al problema en cuestión deberían de consistir en equilibrar, en principio, la posición del deudor con la del acreedor en aspectos tales como las tasaciones de viviendas, los abusos en los procedimientos de subastas y sobre todo, impedir que el bien se lo adjudique el banco en una cuantía reducida. En segundo lugar, el “umbral de exclusión” del Código citado se debería de ampliar de forma que fuese sustancialmente mayor el número de posibles beneficiarios de las medidas incluidas en el mismo.

Por último, se debería de modificar la Ley concursal en lo relativo a los hogares, estableciéndose la aplicación de la misma al sobreendeudamiento no doloso de los particulares, extendiendo la protección a todas las deudas, incluidas las ya contraídas. Siguen siendo numerosos los hogares que pierden la vivienda y continúan endeudados con los bancos. Si en materia laboral la supuesta aproximación de la normativa española a la vigente en Europa ha sido un argumento potente, no se entiende porque en materia de la normativa correspondiente al sobreendeudamiento no se produce un proceso equivalente.

UNAS FIESTAS EN MEDIO DEL AJUSTE          El Faro- Motril, 8.8.2012


Julio Rodriguez López

La celebración de las fiestas de agosto en Motril implica un cierto respeto a uno de los hitos más característicos de esta ciudad. La situación general puede ser más o menos problemática, pero la atención a ciertos referentes permite recuperar el sentido de las cosas. En su día, allá por los años sesenta del pasado siglo, resultó un acierto pasar las fiestas locales desde el antes tormentoso mes de octubre al periodo de vacaciones estivales. De este modo las fiestas coincidían con la celebración de la novena, misas y procesión de la patrona del pueblo, hitos estos últimos por entonces mucho más relevantes que ahora. Aquel cambio en las fechas de celebración de las fiestas anuales supuso la confirmación de que en Motril se había modificado tanto su base productiva como la composición social de su población.

Las fiestas también suponen un tiempo de reencuentro entre los vivos presentes y los vivos ausentes. Y los reencuentros siempre tienen algo de repaso a lo sucedido en el último año y de anticipo de lo que trae el futuro. Se advierte ahora que en España se llegó a creer que el progreso y el avance eran procesos continuos, de forma que la fiesta parecía en ocasiones que iba a ser perpetua. Hablar del siglo veintiuno suponía hablar de un futuro siempre mejor.

Las crisis tampoco son para siempre y alguna vez les llega el fin, como a los periodos de expansión. La cuestión está en que se había perdido el hábito de los tiempos duros. En Motril las etapas menos dinámicas del tiempo posterior a 1960 se habían dejado sentir con menos fuerza que en el resto de España. Pero desde el verano de 2007 España atraviesa por una prolongada etapa de dificultades económicas pronunciadas. Tales dificultades son visibles sobre todo en la falta de crédito, en la pérdida de empleos, en el aumento del paro y en el descenso del nivel de vida de amplios estratos de población.

No es segura la supervivencia del euro. Los bancos norteamericanos han tomado precauciones ante la posibilidad de rompimiento de la Eurozona. La propia economía mundial se esta viendo afectada de forma negativa por el debilitamiento de la economía europea, en especial de la de los 17 países del euro. La falta de previsión de mecanismos para hacer frente a las crisis financieras en dicha área económica esta prolongando de forma absurda una etapa de claro retroceso económico en Grecia, Portugal, Irlanda, y ahora le puede tocar a España.

Los recortes pueden ser imprescindibles para pagar la deuda y reducir los déficits, pero detrás de tales recortes de gasto público se esconden abundantes dramas humanos. Los empleos públicos que desaparecen no tienen sustitutos fáciles en el sector privado. España debe de cambiar su base productiva, tiene que reorientar su actividad hacia la exportación. Ello conlleva necesariamente la presencia de empresas con ganas y posibilidades de competir, circunstancia que no siempre se produce.

Motril ganó peso en la provincia de Granada desde los años sesenta del pasado siglo hasta 2007. Después de ese año su cuota de población provincial ha retrocedido, lo que implica que la crisis económica le está afectando de lleno. Si en España es necesario mejorar la competitividad, diversificar la producción y lograr vender sus producciones en todo el mundo, algo equivalente deberá suceder en esta ciudad para impedir una clara decadencia.

Con frecuencia se ha pensado que los servicios eran la nueva base productiva, cuando con muchos servicios solo se redistribuye lo que se produce en otras actividades. En el Motril de antaño se salía por las carreteras y se veían fábricas de algo que se vendía fuera de Motril y también habia un campo en el que se producían frutos que también iban a parar al resto del mundo. Algo de eso habrá que reintroducir en el panorama productivo de esta ciudad si se aspira a superar la crisis.

Afortunadamente no todas las fábricas han desaparecido, cierta agricultura aguanta contra viento y marea, y también existe un claro potencial turístico a desarrollar. Esto último no debe de lograrse a base de construir viviendas que no se venden, con créditos que luego los debe de pagar toda la sociedad (véase el “banco malo” que va a crear el gobierno solo para quitarle el “empacho inmobiliario” a la mayoría de los bancos españoles con dinero público que habrá que devolver a Europa en su día). Dicha construcción masiva de viviendas reduce además la disponibilidad de un recurso limitado como es el suelo.

Desde 2012 Motril tiene por primera vez en su historia una mujer al frente del ayuntamiento. Ello resulta positivo: todos los cargos políticos deben de poder ser ocupados por hombres y mujeres. Lo que pase en España y en Europa será decisivo para lo que suceda en Motril, que no vive al margen del mundo y de lo que acaece en su entorno. Pero algo puede hacerse desde el gobierno local para facilitar y apoyar los cambios necesarios para recuperar el dinamismo económico. Las experiencias de la crisis iniciada en 2007 son demasiado fuertes como para volver a repetir los errores de planeamiento que tan negativos han sido para la economía de esta ciudad. Dicho planeamiento debería de estar al servicio de todos y no de minorías.

ENTREVISTA

nuevatribuna.es

9:24 h. Lunes, 06 de agosto de 2012

‘Sin una recuperación del mercado de la vivienda no habrá reactivación’

Julio Rodríguez López, economista, es uno de los expertos que mejor conocen el mercado inmobiliario español. Fue presidente del Banco Hipotecario, presidente de Caja Granada, estadístico del INE y economista del Banco de España. Nuestro colaborador Orencio Osuna lo entrevista sobre las últimas medidas del gobierno en materia de vivienda.

Orencio Osuna. La avalancha de recortes y ajustes presupuestarios que el gobierno Rajoy ha aprobado contiene también medidas sobre el mercado de la vivienda, ¿cree usted que servirán para reactivarlo?

Julio Rodríguez. El Real Decreto Ley [20/2012] de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de julio, no favorecerá ni la situación del mercado inmobiliario, ni contribuirá a un mas fácil acceso de los españoles a la vivienda.

La debilidad de la demanda domina en este momento el mercado de vivienda, que no reacciona ante los bajos tipos de interés por la restricción crediticia ahora imperante. Sin una recuperación de dicho mercado no habrá reactivación económica. Las viviendas no vendidas superan el millón. La elevación prevista para el IVA en el Real Decreto Ley, que afecta a las ventas de viviendas de nueva construcción, implica que dicho tributo pasará desde el actual tipo impositivo del 4 por ciento hasta un 10 por ciento del precio de venta desde el 1 de enero de 2013. Esta elevación contribuirá a frenar más la demanda de vivienda.

P. El descenso de las ventas de viviendas muestra que el mercado de la vivienda está en estado de coma. No se vende, tampoco se construye y la sangría de puestos de trabajo en el sector no se detiene.

R. Las nuevas medidas se unen así a los dos ‘Decretos Guindos’ [RDL 2/2012 y 18/2012] en materia de política financiera que, a través de las mayores provisiones y dotaciones de capital, han contribuido a restringir aun más el crédito bancario en 2012, en especial el destinado al mercado de vivienda. Sin crédito hipotecario resulta evidente que los demandantes de vivienda que no pertenezcan a los sectores de rentas más elevadas no pueden plantearse la compra de viviendas, lo que afecta a la inmensa mayoría de dichas compras.

P. Pero durante los años de la burbuja se han acumulado enormes stock de viviendas sin vender y, además, no salen al mercado de alquiler ¿servirán de algo las medidas del gobierno?

R. Si se pretende estabilizar el mercado de vivienda algo deberá hacerse con el elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas. Por ejemplo, se debe de posibilitar que se alquile una proporción significativa del mismo. Como el gobierno prepara, además, una nueva normativa de alquileres según la cual al arrendatario se le puede poner en la calle en cualquier momento, con ello se frenará la creación del amplio mercado de alquiler que necesita este país.

P. Ahora que el mercado de la vivienda libre, con sus precios inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, se ha ido a pique, también ha desaparecido la vivienda social protegida debido a los recortes y a la ausencia de crédito. ¿Se podría decir que en España ya no existe una política pública de viviendas?

R. El Real Decreto Ley [20/2012] supone la destrucción de la política de vivienda en España. La eliminación de las ayudas al acceso a la vivienda protegida que se deriva de dicha norma, junto a la reducción de las destinadas a los inquilinos jóvenes, hará aun mas difícil el acceso a la vivienda a los españoles con menos recursos. Las ayudas suprimidas en el RDL 20/2012 se destinaban a hogares con ingresos no superiores a los 2300 euros /mes en el caso de las viviendas protegidas, y a hogares con ingresos no superiores a los 1833 euros/mes en el caso de las ayudas a los inquilinos jóvenes de viviendas alquiladas.

Durante muchos años las viviendas protegidas han sido una vía de acceso a la vivienda en propiedad en España con alguna forma de apoyo público y a un precio mejor que el del mercado. Los precios medios de venta de una vivienda libre en España todavía superan los seis años de salarios brutos. El acceso a la vivienda en propiedad resulta imposible para la mayoría de los nuevos hogares y justifica la presencia de viviendas protegidas accesibles, junto a una politica seria de fomento del alquiler. La figura de la vivienda protegida está entre las políticas sociales a suprimir por el gobierno del Partido Popular. Este habla en positivo del alquiler pero pone todas las dificultades posibles a los arrendatarios de bajos ingresos.

P. ¿Entonces, las medidas sobre el mercado de la vivienda adoptado por el gobierno Rajoy obedecen a las mismas recetas que aplica en el resto de la economía?

R. Efectivamente, en materia de vivienda, el Real Decreto Ley contribuye a deprimir aun más el postrado mercado de vivienda de España a la vez que elimina las ayudas al acceso a la vivienda protegida. De este modo, el contenido del Real Decreto que afecta a la vivienda refuerza la dureza y la inutilidad de una medida que acelerará la recesión de la economía española. Como en otros ámbitos de la economía, el PP reduce el gasto publico y a la vez elimina los componentes de la politica social a los que la derecha de siempre ha tenido antipatía, como es el caso de las ayudas al alquiler.

SE ANUNCIAN  EN  AGOSTO NUEVOS AJUSTES Y RECORTES

Julio Rodríguez López    5.8.2012

  El jueves 2 de agosto de 2012  fue un día de depresión generalizada ante la aparente vaguedad de los acuerdos adoptados por el Consejo del Banco Central Europeo (BCE). Tales acuerdos  contrastaron con las declaraciones previas del presidente del BCE,  Mario Draghi, que apuntaban a una actuación más firme de dicha institución  en materia de estabilización de los tipos de interés de la deuda a largo plazo de España. Mario Draghi señaló que las ayudas del BCE a la deuda de los países miembros con problemas deben de acompañar a  las peticiones  de estos últimos a los fondos de rescate establecidos para la Eurozona. No habrá, pues, rescates automáticos a tales países desde el BCE. La responsabilidad de las actuaciones de esta entidad  se compartirá  con  el resto de dirigentes de la eurozona.

El día siguiente fue  de reflexión sobre el alcance real de la comunicación  del presidente del BCE. Los mercados valoraron positivamente el comentario relativo a que dicha entidad podría adquirir deuda pública de plazos cortos, en línea con la actuación habitual de cualquier banco central. En todo caso, se abrieron amplios interrogantes acerca del contenido real de la posible actuación del BCE en caso de petición de ayuda por parte de países con problemas de sobreendeudamiento. Este aspecto fue señalado por el propio presidente del gobierno español tras el Consejo de Ministros del 3 de agosto. 

 Dicho Consejo aprobó el “Plan Presupuestario 2013-2014” enviado a la Comisión de la UE.  El   Plan responde al compromiso asumido por España tras el aplazamiento que se concedió de demorar en un año,  hasta 2014,  el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% del PIB. La reducción del déficit citado al 2,8% del PIB en 2014 se hará, según el nuevo  Plan,  aumentando el ajuste fiscal desde los 65.000 millones derivados de las medidas recogidas en el RDL 20/2012  hasta un total de 102.149 millones de euros, más del 10% del PIB de la economía española. La Comisión estudiará el  Plan 2013-2014  después del verano y lo aprobará o solicitará su modificación.

 El  cuadro macro de dicho Plan revela que el  gobierno confía en la recuperación del crecimiento de la economía española  en 2014 en un 1,2%, tras los retrocesos previstos  de dicha magnitud en 2012 (-1,5%), y 2012 (-0,5%). Se apoya dicha previsión en la recuperación de las exportaciones y  del consumo privado en 2014. El gobierno sigue creyendo que la reforma laboral  creará empleos sin que haya apenas crecimiento del PIB, lo que resulta difícilmente creíble. Tampoco resulta  coherente que el consumo vuelva a  crecer en 2014  a la vista de la evolución previsible de  la renta disponible de los hogares. Dicha magnitud, decisiva en el comportamiento del consumo, sufrirá  el impacto negativo  de la reducción de las prestaciones sociales, de la reducción del empleo y de la pérdida de poder de compra de los salarios.

 Rajoy espera, pues,  que el BCE aporte un mayor detalle sobre las actuaciones  a desarrollar en el caso de solicitud de ayuda por parte de algún país con problemas, antes de solicitar  nuevas  ayudas. Al rescate de los 100.000 millones para capitalización y saneamiento del sistema financiero español, que va dar lugar a la creación en breve de un “banco malo” dotado con 25.000 millones de euros,  puede añadirse otro  rescate adicional. Se confía en que este último no incluya  ajustes sustanciales adicionales  a los que están en marcha. Una posible reducción de las pensiones está en el aire. El coste político para el gobierno de dicho recorte adicional podría ser muy elevado. 

Desde 2010 la Eurozona ha forzado a España a  reducir el déficit con independencia del ritmo de crecimiento de la economía. El objetivo de reducción del déficit ha frenado el crecimiento y ha ocasionado un brutal aumento del desempleo. Además, el déficit público  ha aumentado por el acusado retroceso de los ingresos fiscales. El BCE, el FMI y la Comisión de la UE se comportan con España como el usurero que quiere a toda costa recuperar el dinero que se le debe, con independencia del estado del deudor. 

 Resulta difícil  asumir que la economía española va a recuperar el crecimiento tras un ajuste fiscal  tan intenso y en un contexto de recesión en la Eurozona. La tesis del gobierno de que las reformas adoptadas  van a producir más crecimiento se apoyan más en la fe que en el análisis económico.

OJALÁ PASE AGOSTO

Julio Rodriguez López  26.7.2012

La última semana del mes de julio de 2012 esta siendo testigo de un acentuamiento de los problemas de España. Se advierte el deterioro de su imagen ante la comunidad internacional. Un rescate amplio de la economía española, en línea con lo realizado en Grecia, Portugal e Irlanda, no es una salida de fácil ni inmediata implantación. Además, las demandas de financiación de las comunidades autónomas estan contribuyendo a deteriorar más la situación y la imagen de España. Se echa en falta sobre todo alguna reacción politica, que debería iniciarse desde el gobierno, que explique a los españoles la realidad de la situación y que establezca un plan creíble de superación de los problemas.

El Congreso de los Diputados convalidó en julio el Real Decreto Ley 20/2012, que incluye un amplio conjunto de medidas de ajuste (aumento del IVA, eliminación de una paga a los funcionarios, reducción del alcance de la prestación por desempleo, eliminación de las ayudas directas a la compra de vivienda protegida y al alquiler de los hogares jóvenes). Dichas medidas implican una reducción del déficit en unos 65.000 millones de euros en un plazo de dos años y medio y han provocado unas importantes manifestaciones populares de oposición al contenido de las mismas.

La corrección del déficit público hasta el 3% del PIB se ha aplazado a 2014. El Eurogrupo ha confirmado la concesión de un crédito de hasta 100.000 millones de euros al Frob, organismo controlado por el gobierno español, con el fin de que se lleve a cabo una recapitalización de los bancos españoles que lo necesiten. Los recursos procedentes de dichos préstamos se destinarán, en una cuantía de 25.000 millones de euros, a eliminar de los balances bancarios los activos tóxicos (básicamente ligados al negocio inmobiliario) cuya presencia contribuye a desviar a las entidades de crédito del desarrollo de una actividad crediticia normal.

El Memorándum de Entendimiento impuesto por la Comisión y aceptado por el gobierno español contempla la expulsión controlada de las cajas de ahorros del sistema financiero tras un plazo que no se concreta. Se va a impedir que las cajas puedan controlar a los bancos que se han creado a partir de las fusiones entre dichas entidades.

El cuadro macroeconómico del gobierno ha confirmado la previsión de retroceso del PIB de la economía española en un -1,5% en 2012 y en un -0,5% en 2013. A la vista del ligero descenso previsto para el desempleo en 2013-14 en el cuadro macro citado, es evidente que el gobierno confía en que el paro puede disminuir en ausencia de un crecimiento positivo de la economía española, solo por las virtudes atribuidas a la reforma laboral.

La estimación del Banco de España ha anticipado un retroceso intertrimestral del PIB de España del -0,4% en el segundo trimestre de 2012. Dicha economía habría retrocedido así durante tres trimestres consecutivos. El nivel de actividad se ha situado un 5% por debajo del alcanzado en el primer trimestre de 2008, tras el cual el PIB de España no ha hecho más que retroceder. De haber seguido creciendo a un ritmo normal dicha magnitud estaría ahora un 10% por encima del deprimido nivel presente de actividad..

Los mercados de deuda, a la vista de su comportamiento en julio, han pasado de largo sobre el duro ajuste de los 65.000 millones de euros y sobre la citada línea de crédito para la recapitalización bancaria. Lo que mas afecta a dichos mercados es la impresión de que dicha economía no está en condiciones de crecer lo suficiente para devolver la deuda exterior pendiente. Se estima que esta asciende a unos 400.000 millones de euros, dos tercios de los cuales son deuda privada, que ahora se están desviando sobre todos los españoles.

La situación exige una reacción de los políticos, empezando por el gobierno. Por una parte,  el rescate total aludido no es algo a conseguir de hoy para mañana, y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) está ya mas bien exhausto. La deprimente salida a escena de las autonomías, pidiendo ayuda al gobierno bajo todas las formas y tonos posibles, revela que sin una acción politica decidida no se posible salir del atasco mas que con un elevado coste que hay que procurar reducir y controlar.

La economía española carece de un potencial exportador como para hacer frente a la deuda exterior citada en un plazo reducido, pero tiene potencialidades como para superar esta difícil situación en tiempo y forma. Se trata de clarificar el alcance del problema, estableciendo las etapas y las actuaciones precisas. Si el ineficaz diseño de la Unión Monetaria que alumbró al euro tiene bastante que ver con la gravedad alcanzada por los problemas, habrá que pedir algo más que una actuación decidida del BCE o las compras por el FEEF para aplacar a los mercados. El momento ha llegado de reaccionar y lo peor que se puede hacer desde el gobierno es quedarse a la espera de milagros que no tendrán lugar.

EL RDL 20/2012 Y LA VIVIENDA


Julio Rodriguez López 18.7.2012

El Real Decreto Ley 20/2012 no favorecerá ni la situación del mercado de vivienda ni contribuirá a un mas fácil acceso de los españoles a la vivienda.

La debilidad de la demanda domina el mercado de vivienda, que no reacciona ante los bajos tipos de interés por la restricción crediticia ahora imperante. Sin una recuperación de dicho mercado no habrá reactivación económica. Las viviendas no vendidas citadas superan el millón. La elevación prevista para el IVA, que afecta a las ventas de viviendas de nueva construcción, desde un 4% a un 10% del precio de venta desde enero de 2013, contribuirá a frenar más la demanda de vivienda. Dicha medida se une asi a los dos”Decretos Guindos” (RDL 2/2012 y 18/2012) en materia de política financiera que, a través de las mayores provisiones y dotaciones de capital, han contribuido a restringir aun mas el crédito bancario, en especial el destinado al mercado de vivienda.

Si se pretende estabilizar el mercado de vivienda es preciso hacer algo con el elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas, haciendo posible, por ejemplo, que se pueda alquilar una proporción significativa del mismo. Si el gobierno prepara, además, una nueva normativa de alquileres según la cual al arrendatario se le puede poner en la calle en cualquier momento, con ello disuadirá la creación de un amplio mercado de alquiler que necesita este país.

El RDL 20/2012 supone la destrucción de la política de vivienda en España. La eliminación de las ayudas al acceso a la vivienda protegida que se deriva de dicha norma, junto a la reducción de las destinadas a los inquilinos jóvenes, hará aun mas difícil el acceso a la vivienda a los españoles con menos recursos. Las ayudas eliminadas se destinaban a hogares con ingresos no superiores a los 2300 euros /mes en el caso de las viviendas protegidas y a hogares con ingresos no superiores a los 1833 euros/mes en el caso de las ayudas a los inquilinos. Durante muchos años las viviendas protegidas han sido una vía de acceso a la vivienda en propiedad en España. Los precios medios de venta de una vivienda libre en España todavia superan seis años de salarios brutos, lo que las hace de acceso imposible para la mayoría de los nuevos hogares y justifica la presencia de viviendas protegidas accesibles. La figura de la vivienda protegida está en el blanco de las políticas sociales a suprimir por este gobierno.

En materia de vivienda, el RDL 20/2012 contribuye, pues, a deprimir mas el postrado mercado de vivienda de España. De esta modo se refuerza la inutilidad de una medida que acelerará la recesión de la economía española.

LA CRÓNICA CRISIS DEL EURO.  LOS INÚTILES RECORTES


Julio Rodriguez López
11.7.2012

Una semana después del último Consejo Europeo de fines de junio de 2012 la situación general de la Eurozona no ha cambiado de forma sustancial. Las reacciones negativas a los acuerdos en Alemania, Holanda y Finlandia (“Luterania” que diría E. Juliana en La Vanguardia) arrojaron dudas sobre el alcance real de lo acordado. La deuda pública española ha vuelto a cotizar por encima del 7% en el mercado secundario. El anuncio de un nuevo “paquete” de medidas de ajuste suena a medicina sin resultados y con dolorosos y desiguales efectos secundarios.

Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el objetivo del déficit del 5,3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en España en 2012 resultaba cada vez más problemático. La factura de los intereses de la deuda y el impacto negativo sobre los ingresos fiscales del retroceso de la actividad productiva dieron lugar a un nivel de déficit incompatible con el objetivo anual en los cinco primeros meses de 2012. El acuerdo del Eurogrupo de la madrugada del 9 al 10 de julio ha aplazado a 2014 el objetivo del 3% hasta ahora fijado para España en 2013. Esto supondrá un moderado alivio de 10.000 millones de euros para el actual ejercicio, a pesar de lo cual al final del año se estará lejos del nuevo objetivo de déficit de las administraciones públicas del 6,3% en 2012.

Del Consejo Europeo de junio surgió el acuerdo de que los procesos de capitalización de los bancos los cubrirían los fondos de rescate de la UE, pero solo a partir del momento en el que hubiese un supervisor único (inspección bancaria) para la Eurozona. La Merkel contestó a la fuerte crítica de 150 economistas alemanes “ortodoxos” acerca de este acuerdo minimizando el alcance de la Unión Bancaria, a la que limitó a la supervisión unica. La líder alemana concibe dicha unión sin incluir un seguro común de depósitos ni un fondo común de reestructuración bancaria (W. Munchau, FT, 9.7.2012). Tampoco se redefine el papel del Banco Central Europeo, que seguirá sin actuar como un banco central, como se oye un dia tras otro en España.

En la citada reunión del Eurogrupo se ha acordado anticipar a España 30.000 millones de euros a cuenta de la facilidad de 100.000 millones aprobada a principios del mes de junio. La situación de los bancos problemáticos (Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) hacia conveniente dicho adelanto, en especial en el caso de Bankia. Las condiciones anunciadas del anticipo, que vendría a ser un prestamo al Frob, serian de un tipo del 4% y de un plazo de 15 años.

El prestamo se convertiría en una participación en capital por parte del fondo de rescate una vez establecido el supervisor único en la Eurozona. Se anuncia una exigencia de capital del 9% para todo el sistema financiero español. Se prevé la fórmula del “banco malo” como mecanismo a emplear en la reestructuración de las entidades de crédito con problemas. Este se quedaría con los activos tóxicos, básicamente suelo y promociones inmobiliarias en curso y terminadas sin vender, para su venta posterior. A cambio se cerraría la reestructuración de las entidades de crédito españolas, golpeadas de lleno por las consecuencias negativas del exceso de construcción residencial financiado a crédito con recursos tomados del resto del mundo.

A pesar del alivio por el acuerdo del Eurogrupo, el gobierno realizará un nuevo ajuste. Este se apoyará en el aumento del IVA y en la reducción de algunas partidas presupuestarias. Ello reforzará la caída del PIB en 2012 mas allá del -1,7% previsto. De paso el gobierno reducirá mas los componentes del gasto menos compatibles con su ideología, véase determinadas prestaciones sociales (educación, sanidad, ley de dependencia) e investigación. La presidenta de la Comunidad de Madrid deleitará de nuevo a su parroquia con descripciones pintorescas de los nuevos recortes.

El panorama no deja, pues, de ser sombrío. La economía puede entrar en un círculo vicioso de recortes presupuestarios que producen caídas del PIB. Estas reducen los ingresos fiscales, provocan más déficit y vuelta a empezar con nuevos ajustes. “El ajuste apoyado en el esfuerzo de los países deudores plasmado en planes de austeridad ni ha reducido la deuda pública ni ha estimulado el crecimiento… No se puede aumentar la deuda pública y crecer sin una ayuda importante de los países acreedores” (Joaquin Muns, “Merkel conserva todas las bazas”, La Vanguardia, 8.7.2012). Además, la reforma laboral permite que haya 4,5 millones de trabajadores sin renovar sus convenios en un año, lo que sin duda frena más el consumo.

Quitando el poco edificante instrumento que es Eurovegas, apenas se encuentra nada en el panorama de la politica económica que implique ayuda al crecimiento y a la dinamización de la economía española. Sería deseable que los achaques no alcancen los extremos de Grecia.

LOS CREDITOS INMOBILIARIOS, CENTRO DE GRAVEDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Julio Rodríguez López

29.6.2012

 

  Entre los indicadores disponibles sobre el mercado de la vivienda en España, destaca en 2012 el comportamiento observado por los precios de venta, las  ventas de viviendas a extranjeros y la  tasa de morosidad de los préstamos a hogares para compra y rehabilitación de vivienda. Simultáneamente, en las próximas semanas se formalizará la solicitud de financiación del gobierno español  a la UE para resolver los problemas de capitalización y de solvencia  del sistema bancario español. 

 Empezando por  los precios de  las viviendas,  las estadísticas disponibles (Mº de Fomento, INE y Tinsa)  han presentado una aceleración del ritmo de retroceso en la primera mitad de 2012 respecto de los anteriores años de crisis. Tales  retrocesos superan ampliamente en intensidad a los experimentados en los ejercicios precedentes.

El descenso interanual  más agudo ha sido el del índice de precios de vivienda del INE, obtenido a partir de los precios declarados a los notarios en las escrituras de compraventa. El descenso de dicho indicador en el primer trimestre de 2012  fue del -12,6%. La estadística publicada por Tinsa, la primera tasadora de España por cuota de mercado,  registró una caída interanual del -11,1% en mayo de 2012 sobre el mismo periodo de 2011.  Desde el inicio de la crisis,  el descenso acumulado de precios de las viviendas ha sido del 30,1% según Tinsa y del 25,2% según la estadística de precios del INE.

 En 2012 se han implantado nuevas normas de regulación financiera, concretamente los Reales Decretos Leyes 2/2012 y 18/2012. En ambas normas, en especial en la primera, se han reforzado de forma sustancial las exigencias de provisión a la banca respecto de los activos inmobiliarios incorporados a sus balances en pago de deudas. También se han reforzado las provisiones   sobre los préstamos hipotecarios que tienen como  garantía a dichos activos inmobiliarios (suelo, promociones en curso y viviendas terminadas). Es posible que dichas normas hayan contribuido a que el descenso de los precios inmobiliarios sea más intenso en 2012 que en los anteriores años de crisis. 

En este contexto llama la atención la previsión de precios de vivienda para 2012, el -5,6%,  recogida en  escenario “normal” empleado para efectuar las pruebas de stress realizadas por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger previas a la solicitud de asistencia procedente de la UE por parte del gobierno español. Dicha  previsión  está muy por debajo de las tasas observadas en los indicadores de precios  de vivienda en el primer semestre de 2012.  

 El segundo indicador destacado es el de las ventas de viviendas, en especial el de las ventas a  extranjeros. En el primer trimestre de 2012 la caída de ventas de viviendas, segun los datos procedentes de los notarios, ha sido de un -5,7%, muy inferior al -29,3% de 2011. Destacó la aceleración de las ventas a  extranjeros (residentes y no residentes), que aumentaron en un 36,2% sobre el año anterior en el primer trimestre de 2012. Las  ventas de viviendas a españoles residentes descendieron  en un -10,3% en  el mismo periodo (-31,5% en 2011). 

 En dicho primer trimestre de 2012  tales  ventas a extranjeros han supuesto un 14,5% del total de viviendas vendidas (10% en 2011). En 2011 destacó el peso significativo de dicho componente dentro del total de ventas en las autonomías de Baleares, Canarias, Valencia y Murcia. Es posible, pues, que bastantes de las ventas efectuadas a no residentes  las hayan realizado inversores institucionales extranjeros, por lo que dichas viviendas no tardarán en   volver al mercado. 

En cuanto al tercer indicador, las tasas de morosidad del crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador), según los datos recientemente publicados por el Banco de España correspondientes a 31 de marzo de 2012,  destaca el alto nivel alcanzado por las tasas de morosidad de los préstamos a promotor (22,8%) y  constructor de vivienda (22,5%).

  La morosidad de los préstamos a comprador de vivienda se mantiene muy distante (3,1%) de la correspondiente al colectivo promotor-constructor, pero la base a la que se aplica es muy amplia,  casi 650.000 millones de euros. La cifra absoluta de créditos morosos entre  los créditos a hogares compradores  se aproxima a los 20.000 millones de euros, lo que implica mas de 200.000 préstamos a compradores. 

 

Lo anterior  permite  anticipar  nuevos aumentos en las ejecuciones hipotecarias, que en los últimos cinco años se han aproximado a las 350.000 y que constituyen un importante factor de tensionamiento de la realidad social española.    Los créditos inmobiliarios existentes en los balances de los bancos españoles, resultantes de los excesos de la burbuja, se han convertido, pues,  en los auténticos protagonistas de la situación de la economía española,  y su tratamiento condicionará la salida de la crisis por parte de dicha economía

CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA. QUEDA MUCHO POR HACER

Julio Rodríguez López

  En la semana del 3 al 6 de junio, todavia bajo el impacto del ajuste preciso para sanear a Bankia,  se conoció el Informe sobre la Estabilidad del Sistema Financiero Español,  preparado por el Fondo Monetario Internacional  (FMI) con fecha de 30.5.2012. El sábado 9 se conoció el  apoyo del Eurogrupo  a la petición de asistencia financiera del gobierno español. Dicha asistencia podrá ser aportada por  cualquiera de los dos instrumentos (la Facilidad y/o el Mecanismo) de la Unión Europea y se destinará  a recapitalizar a los bancos españoles, tras el informe de las dos agencias que están realizando una nueva prueba de tensión a los bancos.

  La petición citada sucede a una sugerencia recogida en el Informe del FMI. Este último subraya los progresos realizados en cuanto a reforma del sistema financiero en España, como el cambio de naturaleza de casi todas las  cajas de ahorros y los apoyos a los  bancos más vulnerables a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). A continuación  señala que “una reestructuración adicional y una recapitalización de algunos de los bancos más débiles pueden ser necesarias como consecuencia del deterioro de las condiciones económicas”.

  En el pasado mes de mayo el gobierno español, a través del Frob, había pasado  a disponer de una posición de control en el grupo bancario BFA/Bankia, procedente de la fusión de siete cajas de ahorros capitaneadas en su día por Caja Madrid y Bancaja. Se realizó una renovación completa del Consejo de Administración de Bankia, anunciándose que  la reestructuración y saneamiento de dicha entidad requería de unos apoyos públicos de 19.000 millones de euros,  adicionales a  los 4.300 millones de préstamos del Frob transformados en capital.

La necesidad de aportar recursos a Bankia exigía un volumen importante de nuevas emisiones de deuda pública española, lo que debilitaba la situación de esta última en los mercados de bonos públicos. La solución anunciada para Bankia convirtió, pues, en imprescindible la petición de apoyo financiero desde España  a la eurozona, por más que dicha posibilidad se  hubiese rechazado  repetidamente desde el gobierno.

 Según el FMI, la crisis del sistema financiero español ha presentado una intensidad sin precedentes. El origen estaría tanto en  las perturbaciones internacionales posteriores a 2007 como en  factores internos específicos de la economía española.  El violento ciclo sufrido por el mercado de vivienda es el primer factor  interno citado. A dicho factor se añadió la debilidad de las cajas de ahorros, las carencias de la política y  la estructura regulatoria de las entidades crediticias  y la excesiva confianza de las mismas en la financiación  mayorista.

  El  FMI subraya que la estrategia seguida al  inicio  de la crisis consistió en repartir el esfuerzo  entre los sectores privado y público. El apoyo público ha acabado por resultar indispensable  y decisivo, como en otros países occidentales, entre los que destacan los casos de Estados Unidos y  Reino Unido después de la quiebra del banco  Lehman Brothers en el otoño de 2008.

   La capitalización de los bancos españoles es imprescindible  para que estos puedan acudir a los mercados internacionales a conseguir financiación privada. Dichos bancos deben de hacer frente a fuertes vencimientos de la deuda que emitieron para financiar la burbuja inmobiliaria desarrollada en la etapa 1997-2007. La capitalización vendrá de la mano del Frob, que transformará los 100.000 millones de euros del prestamo de la Eurozona en capital de los bancos,  adquiriendo para ello acciones u otros instrumentos emitidos por los mismos.

 Nunca ha estado tan claro en España como ahora la transformación de deuda privada en deuda pública.  Los errores de gestión de bancos y de  administraciones públicas competentes en el gobierno del suelo los van a pagar todos los españoles. Y todavía queda mucha deuda privada española por el mundo.

  El Informe del FMI destaca la consolidación bancaria que  la crisis  ha ocasionado en España. En 2009 el número de entidades de crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios  ascendía a cincuenta, de los que siete eran bancos y 43 eran cajas de ahorros.  Después de tres años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del Frob, en 2012 son catorce las entidades que controlan el 88% de dichos activos. Cinco entidades proceden de bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), que controlan el 47% de los activos, y las nueve restantes  tienen su origen en cajas de ahorros que se han fusionado o que han sido absorbidas por las de mayor dimensión.

  Al llegar el verano de 2012 no ha llegado todavia el momento de mirar hacia atrás en lo que se refiere al sistema financiero español. La tarea de fortalecer a las entidades más débiles,  de rematar el inacabable proceso de fusiones (no se entiende porque  tiene todavia que reducirse mas el mapa bancario español)  y de conseguir que se normalice el flujo de crédito resulta todavia excepcional. 

DEMASIADO CREDITO PARA EL PROMOTOR

Julio Rodríguez López[1]              El País Digital,  9 de junio de 2012

  La reunión del Eurogrupo de la tarde del sábado 9 de junio puede ser uno de los hitos básicos de la profunda crisis económica y bancaria española que se inició en el ya lejano verano de 2007.  Dicha reunión puede  formalizar el hecho de que el Reino de España tiene necesidad de acudir al Fondo Europeo de Estabilización  Financiera para realizar la necesaria capitalización  de una parte del sistema bancario español. Tal necesidad tiene su origen en la crisis del mercado de vivienda, en el que el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria provocó amplios excedentes de viviendas  y de créditos impagados entre las entidades de crédito españolas.

  Desde los años sesenta del pasado siglo los ciclos del mercado de vivienda han desempeñado un papel relevante en el comportamiento de la economía española. El prolongado periodo de aumento de los precios de la vivienda de fines de los años noventa  atrajo a dicho mercado a un amplio segmento de inversores. En el proceso de creación de una burbuja  en el mercado de vivienda hubo una amplia complicidad social. Promotores, asalariados, ayuntamientos, autonomías, gobierno de España y, sobre todo, bancos y cajas de ahorros,  participaron plenamente de un proceso que  redujo la base productiva española y que  disminuyó su capacidad de competir.

   El  desarrollo de la burbuja inmobiliaria se realizó sobre todo a partir del crédito bancario a promotores y constructores de viviendas. Dichos  créditos se han diseñado de forma que permiten  la subrogación posterior de los compradores finales de las viviendas en  las condiciones de los mismos (tipo de interés, relación préstamo/valor, plazo). El crédito a promotor no debe de superar en su duración los dos años del periodo medio de construcción de las viviendas, mientras que el crédito a comprador tiene un plazo medio más prolongado,  que ahora oscila en torno a los 25 años.

 En 1997 el  saldo vivo del conjunto del crédito inmobiliario de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito  suponía en España el 39,9% del crédito al sector privado de la economía y el 28.4% del PIB. En el momento del pinchazo de la burbuja, a fines de 2007,  la participación citada en el crédito privado era del 60,4% y su valor equivalía al 102,6% del PIB. El crédito a promotor y constructor  ha llegado  a equivaler al 43,4% del PIB y el crédito a comprador se ha situado en torno al 60%.

  Después de 2007   la restricción crediticia frenó el aumento del crédito inmobiliario y se inició un aumento dramático de la morosidad de dichos préstamos.  A 31 de diciembre de 2011 la tasa de morosidad (saldo de créditos morosos dividido por la suma de los saldos de créditos “normales” y morosos) de los préstamos a promotor se elevaba al 20,9%, la del crédito a constructor ascendía al 17,7% y la de los créditos  a comprador de vivienda era solo del 2,8%. Sin embargo,  la tendencia al alza de estos últimos es una realidad derivada del descenso del empleo y de la recesión de la economía española. El conjunto de la morosidad del crédito inmobiliario ascendía a 31 de diciembre pasado a cerca de 100.000 millones de euros, más del 9% del PIB de España del pasado ejercicio.

Se advirtió pronto que  el ahorro español era insuficiente para alimentar un aumento tan intenso del crédito inmobiliario. La apelación a los mercados exteriores y a los bancos europeos, sobre todo alemanes, resultó imprescindible para financiar  un aumento tan intenso del crédito inmobiliario (el 22,6% de media anual  entre 1997 y 2007, mientras que el PIB nominal  lo hacía por debajo del 9%). Dicha apelación se hizo  sobre todo en el euromercado mediante  emisiones garantizadas con  las carteras de créditos hipotecarios de las entidades de crédito.

 Una parte sustancial de la deuda privada española, que ahora se está convirtiendo en gran parte en deuda pública de todos los españoles, se originó en dicho proceso. La amortización de las emisiones de títulos efectuada para financiar el ladrillo ha pesado de forma restrictiva sobre la actividad de las entidades de crédito españolas después de 2008. El fuerte endeudamiento mencionado no  financió precisamente una ampliación de la base industrial de España, sino que  creó una pirámide improductiva de  alrededor de un millón de viviendas  de nueva construcción no vendidas.

 Dicho excedente de viviendas  ha debilitado  la calidad de los balances de las entidades de crédito y está en el origen de los problemas que acucian en la tarde del segundo sábado de junio de 2012. El proceso citado  ha pesado más en el caso de las cajas de ahorros, cuyo negocio bancario estaba menos diversificado y que se habían convertido  en el brazo armado financiero de los poderes autonómicos y locales, que encontraron en el ladrillo una vía holgada de financiación fiscal.

 La crisis bancaria española, que está obligando a realizar cuantiosas operaciones de reflotamiento bancario, ha resultado ser una crisis bancaria “clásica” y previsible. Detrás de dicha crisis  no ha habido ni productos derivados, ni CDO, ni paquetes de créditos basura titulizados, sino solo un volumen excesivo de créditos a promotor, mucho más peligroso que el crédito a comprador de vivienda. Al contrario de lo que se llegó a pensar, la banca al por menor no es una actividad de bajo riesgo. La práctica desaparición de las cajas de ahorros del mapa bancario español, del que no hace mucho tenían más de la mitad de participación, es la mejor prueba de que dicho riesgo nunca debió de banalizarse.  

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[1] JRL es miembro del colectivo Economistas Frente a la crisis