EJECUCIONES HIPOTECARIAS. UN PROBLEMA QUE NO CESA
Julio Rodriguez López
En los primeros meses de 2012 ha seguido creciendo a fuerte ritmo el número de ejecuciones hipotecarias. Las principales actuaciones adoptadas hasta el momento para hacer frente al problema, las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en 2011, y la implantación del Código de Buenas Prácticas, en 2012, se han revelado como insuficientes ante la dimensión alcanzada por el mismo. Desde el gobierno se deberían plantear nuevas reformas de la normativa que afecta al problema de los cada vez más abundantes créditos hipotecarios morosos de los hogares, problema derivado del sobreendeudamiento asociado con la burbuja inmobiliaria.
Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de España ascendieron a 24.792 en el primer trimestre de 2012, un 14,1% mas que en el mismo periodo de 2011, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. De persistir una evolución similar en el resto del año el total de ejecuciones presentadas en 2012 se aproximaría a las 90.000, cifra más próxima que la de 2011 a las de los ejercicios de 2009 y 2010, en los que se registraron los niveles más elevados. El total de ejecuciones hipotecarias presentadas en toda España entre 2007 y 2011 ascendió a 349.438, el 1,34% del parque de viviendas estimado por el Mº de Fomento a 31.12.2011.
Las autonomías donde fue mayor la construcción de viviendas secundarias presentan un mayor nivel relativo de ejecuciones, como es el caso de Murcia (2,12%) y Valencia (2,03%). La proporción menor es la del País Vasco (0,50%), que tiene la economía más diversificada y menos dependiente del ladrillo. Resulta evidente el fuerte peso que dentro del total citado deben de suponer las viviendas adquiridas por hogares, y ello por impago del correspondiente prestamo hipotecario.
El saldo vivo de los créditos morosos de hogares para compra y rehabilitación de viviendas ascendía a 19.938 millones de euros a 31 de marzo de 2012, según el Banco de España. Aunque la tasa de morosidad de dicho tipo de préstamos (3,09%) es muy inferior a la de los créditos a promotores y constructores de viviendas (22%), lo elevado de la cifra citada y el importante aumento sufrido por la misma sobre el año precedente (22,9%) anticipan un flujo significativo de nuevas ejecuciones hipotecarias a lo largo
Desde 2011 se han adoptado dos iniciativas legales que han abordado la problemática de las ejecuciones hipotecarias de vivienda en España. La primera fue el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio (BOE de 7 de julio de 2011), que elevó los ingresos inembargables de los deudores hasta el 150% del Salario Mínimo (SMI) (961 euros). Dicha cuantía podrá incrementarse hasta el 30% por persona dependiente del núcleo familiar y para pensionistas a su cargo con ingresos familiares inferiores al SMI. Se incrementó desde el 50% al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien. El depósito ahora exigido a los postores en la subasta se redujo desde el 30% del valor del bien hasta el 20%.
La segunda norma fue el RDL 6/2012, “de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos” (BOE de 10 de marzo de 2012). Según dicha norma, los hogares incluidos en el denominado “umbral de exclusión” se podrán beneficiar de un procedimiento regulado en un “Código de Buenas Prácticas”, de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito. Dicho procedimiento incluye la reestructuración del préstamo, una posible “quita” del principal del mismo y, en el caso más extremo, podrá terminar en la dación en pago de la vivienda como medida liberatoria de la deuda.
El umbral citado se refiere a los hogares donde todos los miembros de la unidad familiar carecen de rentas del trabajo o de actividades económicas, y en los que la cuota hipotecaria debe de superar el 60% de los ingresos netos del conjunto familiar. Además, las viviendas afectadas debieron de adquirirse a unos precios máximos de adquisición que quedan por debajo de los precios del tiempo de la burbuja. Según los resultados de la EPA y de la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, menos del 4,8% de los hogares están en condiciones equivalentes a los del citado “umbral”, lo que supone una cobertura máxima de unos 75.000 hogares. No se dispone de cifras de aplicación efectiva del citado “Código”, pero todo indica que en la realidad apenas si se está aplicando, a pesar de la amplia adhesión de los bancos al mismo.
Las dos medidas básicas implantadas hasta el momento apenas han paliado la situación de los deudores hipotecarios. Por una parte, dichas medidas no abordan del todo el desequilibrio existente entre acreedor y deudor. Por otro lado, el denominado “umbral de exclusión” se ha definido de forma restrictiva para poder acogerse al Código previsto en el RDL 6/2012.
Las futuras líneas de actuación en materia de modificación de la normativa relativa al problema en cuestión deberían de consistir en equilibrar, en principio, la posición del deudor con la del acreedor en aspectos tales como las tasaciones de viviendas, los abusos en los procedimientos de subastas y sobre todo, impedir que el bien se lo adjudique el banco en una cuantía reducida. En segundo lugar, el “umbral de exclusión” del Código citado se debería de ampliar de forma que fuese sustancialmente mayor el número de posibles beneficiarios de las medidas incluidas en el mismo.
Por último, se debería de modificar la Ley concursal en lo relativo a los hogares, estableciéndose la aplicación de la misma al sobreendeudamiento no doloso de los particulares, extendiendo la protección a todas las deudas, incluidas las ya contraídas. Siguen siendo numerosos los hogares que pierden la vivienda y continúan endeudados con los bancos. Si en materia laboral la supuesta aproximación de la normativa española a la vigente en Europa ha sido un argumento potente, no se entiende porque en materia de la normativa correspondiente al sobreendeudamiento no se produce un proceso equivalente.
09 agosto 2012
08 agosto 2012
UNAS FIESTAS EN MEDIO DEL AJUSTE El Faro- Motril, 8.8.2012
Julio Rodriguez López
La celebración de las fiestas de agosto en Motril implica un cierto respeto a uno de los hitos más característicos de esta ciudad. La situación general puede ser más o menos problemática, pero la atención a ciertos referentes permite recuperar el sentido de las cosas. En su día, allá por los años sesenta del pasado siglo, resultó un acierto pasar las fiestas locales desde el antes tormentoso mes de octubre al periodo de vacaciones estivales. De este modo las fiestas coincidían con la celebración de la novena, misas y procesión de la patrona del pueblo, hitos estos últimos por entonces mucho más relevantes que ahora. Aquel cambio en las fechas de celebración de las fiestas anuales supuso la confirmación de que en Motril se había modificado tanto su base productiva como la composición social de su población.
Las fiestas también suponen un tiempo de reencuentro entre los vivos presentes y los vivos ausentes. Y los reencuentros siempre tienen algo de repaso a lo sucedido en el último año y de anticipo de lo que trae el futuro. Se advierte ahora que en España se llegó a creer que el progreso y el avance eran procesos continuos, de forma que la fiesta parecía en ocasiones que iba a ser perpetua. Hablar del siglo veintiuno suponía hablar de un futuro siempre mejor.
Las crisis tampoco son para siempre y alguna vez les llega el fin, como a los periodos de expansión. La cuestión está en que se había perdido el hábito de los tiempos duros. En Motril las etapas menos dinámicas del tiempo posterior a 1960 se habían dejado sentir con menos fuerza que en el resto de España. Pero desde el verano de 2007 España atraviesa por una prolongada etapa de dificultades económicas pronunciadas. Tales dificultades son visibles sobre todo en la falta de crédito, en la pérdida de empleos, en el aumento del paro y en el descenso del nivel de vida de amplios estratos de población.
No es segura la supervivencia del euro. Los bancos norteamericanos han tomado precauciones ante la posibilidad de rompimiento de la Eurozona. La propia economía mundial se esta viendo afectada de forma negativa por el debilitamiento de la economía europea, en especial de la de los 17 países del euro. La falta de previsión de mecanismos para hacer frente a las crisis financieras en dicha área económica esta prolongando de forma absurda una etapa de claro retroceso económico en Grecia, Portugal, Irlanda, y ahora le puede tocar a España.
Los recortes pueden ser imprescindibles para pagar la deuda y reducir los déficits, pero detrás de tales recortes de gasto público se esconden abundantes dramas humanos. Los empleos públicos que desaparecen no tienen sustitutos fáciles en el sector privado. España debe de cambiar su base productiva, tiene que reorientar su actividad hacia la exportación. Ello conlleva necesariamente la presencia de empresas con ganas y posibilidades de competir, circunstancia que no siempre se produce.
Motril ganó peso en la provincia de Granada desde los años sesenta del pasado siglo hasta 2007. Después de ese año su cuota de población provincial ha retrocedido, lo que implica que la crisis económica le está afectando de lleno. Si en España es necesario mejorar la competitividad, diversificar la producción y lograr vender sus producciones en todo el mundo, algo equivalente deberá suceder en esta ciudad para impedir una clara decadencia.
Con frecuencia se ha pensado que los servicios eran la nueva base productiva, cuando con muchos servicios solo se redistribuye lo que se produce en otras actividades. En el Motril de antaño se salía por las carreteras y se veían fábricas de algo que se vendía fuera de Motril y también habia un campo en el que se producían frutos que también iban a parar al resto del mundo. Algo de eso habrá que reintroducir en el panorama productivo de esta ciudad si se aspira a superar la crisis.
Afortunadamente no todas las fábricas han desaparecido, cierta agricultura aguanta contra viento y marea, y también existe un claro potencial turístico a desarrollar. Esto último no debe de lograrse a base de construir viviendas que no se venden, con créditos que luego los debe de pagar toda la sociedad (véase el “banco malo” que va a crear el gobierno solo para quitarle el “empacho inmobiliario” a la mayoría de los bancos españoles con dinero público que habrá que devolver a Europa en su día). Dicha construcción masiva de viviendas reduce además la disponibilidad de un recurso limitado como es el suelo.
Desde 2012 Motril tiene por primera vez en su historia una mujer al frente del ayuntamiento. Ello resulta positivo: todos los cargos políticos deben de poder ser ocupados por hombres y mujeres. Lo que pase en España y en Europa será decisivo para lo que suceda en Motril, que no vive al margen del mundo y de lo que acaece en su entorno. Pero algo puede hacerse desde el gobierno local para facilitar y apoyar los cambios necesarios para recuperar el dinamismo económico. Las experiencias de la crisis iniciada en 2007 son demasiado fuertes como para volver a repetir los errores de planeamiento que tan negativos han sido para la economía de esta ciudad. Dicho planeamiento debería de estar al servicio de todos y no de minorías.
Julio Rodriguez López
La celebración de las fiestas de agosto en Motril implica un cierto respeto a uno de los hitos más característicos de esta ciudad. La situación general puede ser más o menos problemática, pero la atención a ciertos referentes permite recuperar el sentido de las cosas. En su día, allá por los años sesenta del pasado siglo, resultó un acierto pasar las fiestas locales desde el antes tormentoso mes de octubre al periodo de vacaciones estivales. De este modo las fiestas coincidían con la celebración de la novena, misas y procesión de la patrona del pueblo, hitos estos últimos por entonces mucho más relevantes que ahora. Aquel cambio en las fechas de celebración de las fiestas anuales supuso la confirmación de que en Motril se había modificado tanto su base productiva como la composición social de su población.
Las fiestas también suponen un tiempo de reencuentro entre los vivos presentes y los vivos ausentes. Y los reencuentros siempre tienen algo de repaso a lo sucedido en el último año y de anticipo de lo que trae el futuro. Se advierte ahora que en España se llegó a creer que el progreso y el avance eran procesos continuos, de forma que la fiesta parecía en ocasiones que iba a ser perpetua. Hablar del siglo veintiuno suponía hablar de un futuro siempre mejor.
Las crisis tampoco son para siempre y alguna vez les llega el fin, como a los periodos de expansión. La cuestión está en que se había perdido el hábito de los tiempos duros. En Motril las etapas menos dinámicas del tiempo posterior a 1960 se habían dejado sentir con menos fuerza que en el resto de España. Pero desde el verano de 2007 España atraviesa por una prolongada etapa de dificultades económicas pronunciadas. Tales dificultades son visibles sobre todo en la falta de crédito, en la pérdida de empleos, en el aumento del paro y en el descenso del nivel de vida de amplios estratos de población.
No es segura la supervivencia del euro. Los bancos norteamericanos han tomado precauciones ante la posibilidad de rompimiento de la Eurozona. La propia economía mundial se esta viendo afectada de forma negativa por el debilitamiento de la economía europea, en especial de la de los 17 países del euro. La falta de previsión de mecanismos para hacer frente a las crisis financieras en dicha área económica esta prolongando de forma absurda una etapa de claro retroceso económico en Grecia, Portugal, Irlanda, y ahora le puede tocar a España.
Los recortes pueden ser imprescindibles para pagar la deuda y reducir los déficits, pero detrás de tales recortes de gasto público se esconden abundantes dramas humanos. Los empleos públicos que desaparecen no tienen sustitutos fáciles en el sector privado. España debe de cambiar su base productiva, tiene que reorientar su actividad hacia la exportación. Ello conlleva necesariamente la presencia de empresas con ganas y posibilidades de competir, circunstancia que no siempre se produce.
Motril ganó peso en la provincia de Granada desde los años sesenta del pasado siglo hasta 2007. Después de ese año su cuota de población provincial ha retrocedido, lo que implica que la crisis económica le está afectando de lleno. Si en España es necesario mejorar la competitividad, diversificar la producción y lograr vender sus producciones en todo el mundo, algo equivalente deberá suceder en esta ciudad para impedir una clara decadencia.
Con frecuencia se ha pensado que los servicios eran la nueva base productiva, cuando con muchos servicios solo se redistribuye lo que se produce en otras actividades. En el Motril de antaño se salía por las carreteras y se veían fábricas de algo que se vendía fuera de Motril y también habia un campo en el que se producían frutos que también iban a parar al resto del mundo. Algo de eso habrá que reintroducir en el panorama productivo de esta ciudad si se aspira a superar la crisis.
Afortunadamente no todas las fábricas han desaparecido, cierta agricultura aguanta contra viento y marea, y también existe un claro potencial turístico a desarrollar. Esto último no debe de lograrse a base de construir viviendas que no se venden, con créditos que luego los debe de pagar toda la sociedad (véase el “banco malo” que va a crear el gobierno solo para quitarle el “empacho inmobiliario” a la mayoría de los bancos españoles con dinero público que habrá que devolver a Europa en su día). Dicha construcción masiva de viviendas reduce además la disponibilidad de un recurso limitado como es el suelo.
Desde 2012 Motril tiene por primera vez en su historia una mujer al frente del ayuntamiento. Ello resulta positivo: todos los cargos políticos deben de poder ser ocupados por hombres y mujeres. Lo que pase en España y en Europa será decisivo para lo que suceda en Motril, que no vive al margen del mundo y de lo que acaece en su entorno. Pero algo puede hacerse desde el gobierno local para facilitar y apoyar los cambios necesarios para recuperar el dinamismo económico. Las experiencias de la crisis iniciada en 2007 son demasiado fuertes como para volver a repetir los errores de planeamiento que tan negativos han sido para la economía de esta ciudad. Dicho planeamiento debería de estar al servicio de todos y no de minorías.
06 agosto 2012
ENTREVISTA
nuevatribuna.es
9:24 h. Lunes, 06 de agosto de 2012
‘Sin una recuperación del mercado de la vivienda no habrá reactivación’
Julio Rodríguez López, economista, es uno de los expertos que mejor conocen el mercado inmobiliario español. Fue presidente del Banco Hipotecario, presidente de Caja Granada, estadístico del INE y economista del Banco de España. Nuestro colaborador Orencio Osuna lo entrevista sobre las últimas medidas del gobierno en materia de vivienda.
Orencio Osuna. La avalancha de recortes y ajustes presupuestarios que el gobierno Rajoy ha aprobado contiene también medidas sobre el mercado de la vivienda, ¿cree usted que servirán para reactivarlo?
Julio Rodríguez. El Real Decreto Ley [20/2012] de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de julio, no favorecerá ni la situación del mercado inmobiliario, ni contribuirá a un mas fácil acceso de los españoles a la vivienda.
La debilidad de la demanda domina en este momento el mercado de vivienda, que no reacciona ante los bajos tipos de interés por la restricción crediticia ahora imperante. Sin una recuperación de dicho mercado no habrá reactivación económica. Las viviendas no vendidas superan el millón. La elevación prevista para el IVA en el Real Decreto Ley, que afecta a las ventas de viviendas de nueva construcción, implica que dicho tributo pasará desde el actual tipo impositivo del 4 por ciento hasta un 10 por ciento del precio de venta desde el 1 de enero de 2013. Esta elevación contribuirá a frenar más la demanda de vivienda.
P. El descenso de las ventas de viviendas muestra que el mercado de la vivienda está en estado de coma. No se vende, tampoco se construye y la sangría de puestos de trabajo en el sector no se detiene.
R. Las nuevas medidas se unen así a los dos ‘Decretos Guindos’ [RDL 2/2012 y 18/2012] en materia de política financiera que, a través de las mayores provisiones y dotaciones de capital, han contribuido a restringir aun más el crédito bancario en 2012, en especial el destinado al mercado de vivienda. Sin crédito hipotecario resulta evidente que los demandantes de vivienda que no pertenezcan a los sectores de rentas más elevadas no pueden plantearse la compra de viviendas, lo que afecta a la inmensa mayoría de dichas compras.
P. Pero durante los años de la burbuja se han acumulado enormes stock de viviendas sin vender y, además, no salen al mercado de alquiler ¿servirán de algo las medidas del gobierno?
R. Si se pretende estabilizar el mercado de vivienda algo deberá hacerse con el elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas. Por ejemplo, se debe de posibilitar que se alquile una proporción significativa del mismo. Como el gobierno prepara, además, una nueva normativa de alquileres según la cual al arrendatario se le puede poner en la calle en cualquier momento, con ello se frenará la creación del amplio mercado de alquiler que necesita este país.
P. Ahora que el mercado de la vivienda libre, con sus precios inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, se ha ido a pique, también ha desaparecido la vivienda social protegida debido a los recortes y a la ausencia de crédito. ¿Se podría decir que en España ya no existe una política pública de viviendas?
R. El Real Decreto Ley [20/2012] supone la destrucción de la política de vivienda en España. La eliminación de las ayudas al acceso a la vivienda protegida que se deriva de dicha norma, junto a la reducción de las destinadas a los inquilinos jóvenes, hará aun mas difícil el acceso a la vivienda a los españoles con menos recursos. Las ayudas suprimidas en el RDL 20/2012 se destinaban a hogares con ingresos no superiores a los 2300 euros /mes en el caso de las viviendas protegidas, y a hogares con ingresos no superiores a los 1833 euros/mes en el caso de las ayudas a los inquilinos jóvenes de viviendas alquiladas.
Durante muchos años las viviendas protegidas han sido una vía de acceso a la vivienda en propiedad en España con alguna forma de apoyo público y a un precio mejor que el del mercado. Los precios medios de venta de una vivienda libre en España todavía superan los seis años de salarios brutos. El acceso a la vivienda en propiedad resulta imposible para la mayoría de los nuevos hogares y justifica la presencia de viviendas protegidas accesibles, junto a una politica seria de fomento del alquiler. La figura de la vivienda protegida está entre las políticas sociales a suprimir por el gobierno del Partido Popular. Este habla en positivo del alquiler pero pone todas las dificultades posibles a los arrendatarios de bajos ingresos.
P. ¿Entonces, las medidas sobre el mercado de la vivienda adoptado por el gobierno Rajoy obedecen a las mismas recetas que aplica en el resto de la economía?
R. Efectivamente, en materia de vivienda, el Real Decreto Ley contribuye a deprimir aun más el postrado mercado de vivienda de España a la vez que elimina las ayudas al acceso a la vivienda protegida. De este modo, el contenido del Real Decreto que afecta a la vivienda refuerza la dureza y la inutilidad de una medida que acelerará la recesión de la economía española. Como en otros ámbitos de la economía, el PP reduce el gasto publico y a la vez elimina los componentes de la politica social a los que la derecha de siempre ha tenido antipatía, como es el caso de las ayudas al alquiler.
05 agosto 2012
SE ANUNCIAN EN AGOSTO NUEVOS AJUSTES Y RECORTES
Julio Rodríguez López 5.8.2012
El jueves 2 de
agosto de 2012 fue un día de depresión
generalizada ante la aparente vaguedad de los acuerdos adoptados por el Consejo
del Banco Central Europeo (BCE). Tales acuerdos
contrastaron con las declaraciones previas del presidente del BCE, Mario Draghi, que apuntaban a una actuación
más firme de dicha institución en
materia de estabilización de los tipos de interés de la deuda a largo plazo de
España. Mario Draghi señaló que las ayudas del BCE a la deuda de los países
miembros con problemas deben de acompañar a
las peticiones de estos últimos a los fondos de rescate
establecidos para la Eurozona. No habrá, pues, rescates automáticos a tales
países desde el BCE. La responsabilidad de las actuaciones de esta entidad se compartirá
con el resto de dirigentes de la
eurozona.
El día siguiente fue
de reflexión sobre el alcance real de la comunicación del presidente del BCE. Los mercados valoraron
positivamente el comentario relativo a que dicha entidad podría adquirir deuda
pública de plazos cortos, en línea con la actuación habitual de cualquier banco
central. En todo caso, se abrieron amplios interrogantes acerca del
contenido real de la posible actuación del BCE en caso de petición de ayuda por
parte de países con problemas de sobreendeudamiento. Este aspecto fue señalado
por el propio presidente del gobierno español tras el Consejo de Ministros del
3 de agosto.
Dicho Consejo
aprobó el “Plan Presupuestario 2013-2014” enviado a la Comisión de la UE. El
Plan responde al compromiso asumido por España tras el aplazamiento que se
concedió de demorar en un año, hasta
2014, el cumplimiento del objetivo de
déficit del 3% del PIB. La reducción del déficit citado al 2,8% del PIB en 2014
se hará, según el nuevo Plan, aumentando el
ajuste fiscal desde los 65.000 millones derivados de las medidas recogidas en
el RDL 20/2012 hasta un total de 102.149
millones de euros, más del 10% del PIB de la economía española. La Comisión
estudiará el Plan 2013-2014 después del verano y lo aprobará o solicitará su
modificación.
El cuadro macro de dicho Plan revela que el gobierno confía en la recuperación del
crecimiento de la economía española en
2014 en un 1,2%, tras los retrocesos previstos de dicha magnitud en 2012 (-1,5%), y 2012
(-0,5%). Se apoya dicha previsión en la recuperación de las exportaciones
y del consumo privado en 2014. El
gobierno sigue creyendo que la reforma laboral
creará empleos sin que haya apenas crecimiento del PIB, lo que resulta
difícilmente creíble. Tampoco resulta coherente que el consumo vuelva a crecer en 2014 a la vista de la evolución previsible de la renta disponible de los hogares. Dicha magnitud, decisiva en el comportamiento del consumo, sufrirá el impacto negativo de la reducción de las prestaciones sociales,
de la reducción del empleo y de la pérdida de poder de compra de los salarios.
Rajoy espera, pues,
que el BCE aporte un mayor detalle sobre
las actuaciones a desarrollar en el caso de solicitud de ayuda por parte
de algún país con problemas, antes de solicitar nuevas ayudas. Al rescate de los 100.000 millones para
capitalización y saneamiento del sistema financiero español, que va dar lugar a
la creación en breve de un “banco malo” dotado con 25.000 millones de euros, puede añadirse otro rescate adicional. Se confía en que este
último no incluya ajustes sustanciales
adicionales a los que están en marcha. Una
posible reducción de las pensiones está en el aire. El coste político para el
gobierno de dicho recorte adicional podría ser muy elevado.
Desde 2010
la Eurozona ha forzado a España a reducir el déficit con independencia del ritmo
de crecimiento de la economía. El objetivo de reducción del déficit ha frenado
el crecimiento y ha ocasionado un brutal aumento del desempleo. Además, el
déficit público ha aumentado por el
acusado retroceso de los ingresos fiscales. El BCE, el FMI y la Comisión de la
UE se comportan con España como el usurero que quiere a toda costa recuperar el
dinero que se le debe, con independencia del estado del deudor.
Resulta
difícil asumir que la economía española va a recuperar el crecimiento
tras un ajuste fiscal tan intenso y en
un contexto de recesión en la Eurozona. La tesis del gobierno de que las
reformas adoptadas van a producir más
crecimiento se apoyan más en la fe que en el análisis económico.
25 julio 2012
OJALÁ PASE AGOSTO
Julio Rodriguez López 26.7.2012
La última semana del mes de julio de 2012 esta siendo testigo de un acentuamiento de los problemas de España. Se advierte el deterioro de su imagen ante la comunidad internacional. Un rescate amplio de la economía española, en línea con lo realizado en Grecia, Portugal e Irlanda, no es una salida de fácil ni inmediata implantación. Además, las demandas de financiación de las comunidades autónomas estan contribuyendo a deteriorar más la situación y la imagen de España. Se echa en falta sobre todo alguna reacción politica, que debería iniciarse desde el gobierno, que explique a los españoles la realidad de la situación y que establezca un plan creíble de superación de los problemas.
El Congreso de los Diputados convalidó en julio el Real Decreto Ley 20/2012, que incluye un amplio conjunto de medidas de ajuste (aumento del IVA, eliminación de una paga a los funcionarios, reducción del alcance de la prestación por desempleo, eliminación de las ayudas directas a la compra de vivienda protegida y al alquiler de los hogares jóvenes). Dichas medidas implican una reducción del déficit en unos 65.000 millones de euros en un plazo de dos años y medio y han provocado unas importantes manifestaciones populares de oposición al contenido de las mismas.
La corrección del déficit público hasta el 3% del PIB se ha aplazado a 2014. El Eurogrupo ha confirmado la concesión de un crédito de hasta 100.000 millones de euros al Frob, organismo controlado por el gobierno español, con el fin de que se lleve a cabo una recapitalización de los bancos españoles que lo necesiten. Los recursos procedentes de dichos préstamos se destinarán, en una cuantía de 25.000 millones de euros, a eliminar de los balances bancarios los activos tóxicos (básicamente ligados al negocio inmobiliario) cuya presencia contribuye a desviar a las entidades de crédito del desarrollo de una actividad crediticia normal.
El Memorándum de Entendimiento impuesto por la Comisión y aceptado por el gobierno español contempla la expulsión controlada de las cajas de ahorros del sistema financiero tras un plazo que no se concreta. Se va a impedir que las cajas puedan controlar a los bancos que se han creado a partir de las fusiones entre dichas entidades.
El cuadro macroeconómico del gobierno ha confirmado la previsión de retroceso del PIB de la economía española en un -1,5% en 2012 y en un -0,5% en 2013. A la vista del ligero descenso previsto para el desempleo en 2013-14 en el cuadro macro citado, es evidente que el gobierno confía en que el paro puede disminuir en ausencia de un crecimiento positivo de la economía española, solo por las virtudes atribuidas a la reforma laboral.
La estimación del Banco de España ha anticipado un retroceso intertrimestral del PIB de España del -0,4% en el segundo trimestre de 2012. Dicha economía habría retrocedido así durante tres trimestres consecutivos. El nivel de actividad se ha situado un 5% por debajo del alcanzado en el primer trimestre de 2008, tras el cual el PIB de España no ha hecho más que retroceder. De haber seguido creciendo a un ritmo normal dicha magnitud estaría ahora un 10% por encima del deprimido nivel presente de actividad..
Los mercados de deuda, a la vista de su comportamiento en julio, han pasado de largo sobre el duro ajuste de los 65.000 millones de euros y sobre la citada línea de crédito para la recapitalización bancaria. Lo que mas afecta a dichos mercados es la impresión de que dicha economía no está en condiciones de crecer lo suficiente para devolver la deuda exterior pendiente. Se estima que esta asciende a unos 400.000 millones de euros, dos tercios de los cuales son deuda privada, que ahora se están desviando sobre todos los españoles.
La situación exige una reacción de los políticos, empezando por el gobierno. Por una parte, el rescate total aludido no es algo a conseguir de hoy para mañana, y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) está ya mas bien exhausto. La deprimente salida a escena de las autonomías, pidiendo ayuda al gobierno bajo todas las formas y tonos posibles, revela que sin una acción politica decidida no se posible salir del atasco mas que con un elevado coste que hay que procurar reducir y controlar.
La economía española carece de un potencial exportador como para hacer frente a la deuda exterior citada en un plazo reducido, pero tiene potencialidades como para superar esta difícil situación en tiempo y forma. Se trata de clarificar el alcance del problema, estableciendo las etapas y las actuaciones precisas. Si el ineficaz diseño de la Unión Monetaria que alumbró al euro tiene bastante que ver con la gravedad alcanzada por los problemas, habrá que pedir algo más que una actuación decidida del BCE o las compras por el FEEF para aplacar a los mercados. El momento ha llegado de reaccionar y lo peor que se puede hacer desde el gobierno es quedarse a la espera de milagros que no tendrán lugar.
18 julio 2012
EL RDL 20/2012 Y LA VIVIENDA
Julio Rodriguez López 18.7.2012
El Real Decreto Ley 20/2012 no favorecerá ni la situación del mercado de vivienda ni contribuirá a un mas fácil acceso de los españoles a la vivienda.
La debilidad de la demanda domina el mercado de vivienda, que no reacciona ante los bajos tipos de interés por la restricción crediticia ahora imperante. Sin una recuperación de dicho mercado no habrá reactivación económica. Las viviendas no vendidas citadas superan el millón. La elevación prevista para el IVA, que afecta a las ventas de viviendas de nueva construcción, desde un 4% a un 10% del precio de venta desde enero de 2013, contribuirá a frenar más la demanda de vivienda. Dicha medida se une asi a los dos”Decretos Guindos” (RDL 2/2012 y 18/2012) en materia de política financiera que, a través de las mayores provisiones y dotaciones de capital, han contribuido a restringir aun mas el crédito bancario, en especial el destinado al mercado de vivienda.
Si se pretende estabilizar el mercado de vivienda es preciso hacer algo con el elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas, haciendo posible, por ejemplo, que se pueda alquilar una proporción significativa del mismo. Si el gobierno prepara, además, una nueva normativa de alquileres según la cual al arrendatario se le puede poner en la calle en cualquier momento, con ello disuadirá la creación de un amplio mercado de alquiler que necesita este país.
El RDL 20/2012 supone la destrucción de la política de vivienda en España. La eliminación de las ayudas al acceso a la vivienda protegida que se deriva de dicha norma, junto a la reducción de las destinadas a los inquilinos jóvenes, hará aun mas difícil el acceso a la vivienda a los españoles con menos recursos. Las ayudas eliminadas se destinaban a hogares con ingresos no superiores a los 2300 euros /mes en el caso de las viviendas protegidas y a hogares con ingresos no superiores a los 1833 euros/mes en el caso de las ayudas a los inquilinos. Durante muchos años las viviendas protegidas han sido una vía de acceso a la vivienda en propiedad en España. Los precios medios de venta de una vivienda libre en España todavia superan seis años de salarios brutos, lo que las hace de acceso imposible para la mayoría de los nuevos hogares y justifica la presencia de viviendas protegidas accesibles. La figura de la vivienda protegida está en el blanco de las políticas sociales a suprimir por este gobierno.
En materia de vivienda, el RDL 20/2012 contribuye, pues, a deprimir mas el postrado mercado de vivienda de España. De esta modo se refuerza la inutilidad de una medida que acelerará la recesión de la economía española.
Julio Rodriguez López 18.7.2012
El Real Decreto Ley 20/2012 no favorecerá ni la situación del mercado de vivienda ni contribuirá a un mas fácil acceso de los españoles a la vivienda.
La debilidad de la demanda domina el mercado de vivienda, que no reacciona ante los bajos tipos de interés por la restricción crediticia ahora imperante. Sin una recuperación de dicho mercado no habrá reactivación económica. Las viviendas no vendidas citadas superan el millón. La elevación prevista para el IVA, que afecta a las ventas de viviendas de nueva construcción, desde un 4% a un 10% del precio de venta desde enero de 2013, contribuirá a frenar más la demanda de vivienda. Dicha medida se une asi a los dos”Decretos Guindos” (RDL 2/2012 y 18/2012) en materia de política financiera que, a través de las mayores provisiones y dotaciones de capital, han contribuido a restringir aun mas el crédito bancario, en especial el destinado al mercado de vivienda.
Si se pretende estabilizar el mercado de vivienda es preciso hacer algo con el elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas, haciendo posible, por ejemplo, que se pueda alquilar una proporción significativa del mismo. Si el gobierno prepara, además, una nueva normativa de alquileres según la cual al arrendatario se le puede poner en la calle en cualquier momento, con ello disuadirá la creación de un amplio mercado de alquiler que necesita este país.
El RDL 20/2012 supone la destrucción de la política de vivienda en España. La eliminación de las ayudas al acceso a la vivienda protegida que se deriva de dicha norma, junto a la reducción de las destinadas a los inquilinos jóvenes, hará aun mas difícil el acceso a la vivienda a los españoles con menos recursos. Las ayudas eliminadas se destinaban a hogares con ingresos no superiores a los 2300 euros /mes en el caso de las viviendas protegidas y a hogares con ingresos no superiores a los 1833 euros/mes en el caso de las ayudas a los inquilinos. Durante muchos años las viviendas protegidas han sido una vía de acceso a la vivienda en propiedad en España. Los precios medios de venta de una vivienda libre en España todavia superan seis años de salarios brutos, lo que las hace de acceso imposible para la mayoría de los nuevos hogares y justifica la presencia de viviendas protegidas accesibles. La figura de la vivienda protegida está en el blanco de las políticas sociales a suprimir por este gobierno.
En materia de vivienda, el RDL 20/2012 contribuye, pues, a deprimir mas el postrado mercado de vivienda de España. De esta modo se refuerza la inutilidad de una medida que acelerará la recesión de la economía española.
11 julio 2012
LA CRÓNICA CRISIS DEL EURO. LOS INÚTILES RECORTES
Julio Rodriguez López
11.7.2012
Una semana después del último Consejo Europeo de fines de junio de 2012 la situación general de la Eurozona no ha cambiado de forma sustancial. Las reacciones negativas a los acuerdos en Alemania, Holanda y Finlandia (“Luterania” que diría E. Juliana en La Vanguardia) arrojaron dudas sobre el alcance real de lo acordado. La deuda pública española ha vuelto a cotizar por encima del 7% en el mercado secundario. El anuncio de un nuevo “paquete” de medidas de ajuste suena a medicina sin resultados y con dolorosos y desiguales efectos secundarios.
Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el objetivo del déficit del 5,3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en España en 2012 resultaba cada vez más problemático. La factura de los intereses de la deuda y el impacto negativo sobre los ingresos fiscales del retroceso de la actividad productiva dieron lugar a un nivel de déficit incompatible con el objetivo anual en los cinco primeros meses de 2012. El acuerdo del Eurogrupo de la madrugada del 9 al 10 de julio ha aplazado a 2014 el objetivo del 3% hasta ahora fijado para España en 2013. Esto supondrá un moderado alivio de 10.000 millones de euros para el actual ejercicio, a pesar de lo cual al final del año se estará lejos del nuevo objetivo de déficit de las administraciones públicas del 6,3% en 2012.
Del Consejo Europeo de junio surgió el acuerdo de que los procesos de capitalización de los bancos los cubrirían los fondos de rescate de la UE, pero solo a partir del momento en el que hubiese un supervisor único (inspección bancaria) para la Eurozona. La Merkel contestó a la fuerte crítica de 150 economistas alemanes “ortodoxos” acerca de este acuerdo minimizando el alcance de la Unión Bancaria, a la que limitó a la supervisión unica. La líder alemana concibe dicha unión sin incluir un seguro común de depósitos ni un fondo común de reestructuración bancaria (W. Munchau, FT, 9.7.2012). Tampoco se redefine el papel del Banco Central Europeo, que seguirá sin actuar como un banco central, como se oye un dia tras otro en España.
En la citada reunión del Eurogrupo se ha acordado anticipar a España 30.000 millones de euros a cuenta de la facilidad de 100.000 millones aprobada a principios del mes de junio. La situación de los bancos problemáticos (Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) hacia conveniente dicho adelanto, en especial en el caso de Bankia. Las condiciones anunciadas del anticipo, que vendría a ser un prestamo al Frob, serian de un tipo del 4% y de un plazo de 15 años.
El prestamo se convertiría en una participación en capital por parte del fondo de rescate una vez establecido el supervisor único en la Eurozona. Se anuncia una exigencia de capital del 9% para todo el sistema financiero español. Se prevé la fórmula del “banco malo” como mecanismo a emplear en la reestructuración de las entidades de crédito con problemas. Este se quedaría con los activos tóxicos, básicamente suelo y promociones inmobiliarias en curso y terminadas sin vender, para su venta posterior. A cambio se cerraría la reestructuración de las entidades de crédito españolas, golpeadas de lleno por las consecuencias negativas del exceso de construcción residencial financiado a crédito con recursos tomados del resto del mundo.
A pesar del alivio por el acuerdo del Eurogrupo, el gobierno realizará un nuevo ajuste. Este se apoyará en el aumento del IVA y en la reducción de algunas partidas presupuestarias. Ello reforzará la caída del PIB en 2012 mas allá del -1,7% previsto. De paso el gobierno reducirá mas los componentes del gasto menos compatibles con su ideología, véase determinadas prestaciones sociales (educación, sanidad, ley de dependencia) e investigación. La presidenta de la Comunidad de Madrid deleitará de nuevo a su parroquia con descripciones pintorescas de los nuevos recortes.
El panorama no deja, pues, de ser sombrío. La economía puede entrar en un círculo vicioso de recortes presupuestarios que producen caídas del PIB. Estas reducen los ingresos fiscales, provocan más déficit y vuelta a empezar con nuevos ajustes. “El ajuste apoyado en el esfuerzo de los países deudores plasmado en planes de austeridad ni ha reducido la deuda pública ni ha estimulado el crecimiento… No se puede aumentar la deuda pública y crecer sin una ayuda importante de los países acreedores” (Joaquin Muns, “Merkel conserva todas las bazas”, La Vanguardia, 8.7.2012). Además, la reforma laboral permite que haya 4,5 millones de trabajadores sin renovar sus convenios en un año, lo que sin duda frena más el consumo.
Quitando el poco edificante instrumento que es Eurovegas, apenas se encuentra nada en el panorama de la politica económica que implique ayuda al crecimiento y a la dinamización de la economía española. Sería deseable que los achaques no alcancen los extremos de Grecia.
Julio Rodriguez López
11.7.2012
Una semana después del último Consejo Europeo de fines de junio de 2012 la situación general de la Eurozona no ha cambiado de forma sustancial. Las reacciones negativas a los acuerdos en Alemania, Holanda y Finlandia (“Luterania” que diría E. Juliana en La Vanguardia) arrojaron dudas sobre el alcance real de lo acordado. La deuda pública española ha vuelto a cotizar por encima del 7% en el mercado secundario. El anuncio de un nuevo “paquete” de medidas de ajuste suena a medicina sin resultados y con dolorosos y desiguales efectos secundarios.
Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el objetivo del déficit del 5,3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en España en 2012 resultaba cada vez más problemático. La factura de los intereses de la deuda y el impacto negativo sobre los ingresos fiscales del retroceso de la actividad productiva dieron lugar a un nivel de déficit incompatible con el objetivo anual en los cinco primeros meses de 2012. El acuerdo del Eurogrupo de la madrugada del 9 al 10 de julio ha aplazado a 2014 el objetivo del 3% hasta ahora fijado para España en 2013. Esto supondrá un moderado alivio de 10.000 millones de euros para el actual ejercicio, a pesar de lo cual al final del año se estará lejos del nuevo objetivo de déficit de las administraciones públicas del 6,3% en 2012.
Del Consejo Europeo de junio surgió el acuerdo de que los procesos de capitalización de los bancos los cubrirían los fondos de rescate de la UE, pero solo a partir del momento en el que hubiese un supervisor único (inspección bancaria) para la Eurozona. La Merkel contestó a la fuerte crítica de 150 economistas alemanes “ortodoxos” acerca de este acuerdo minimizando el alcance de la Unión Bancaria, a la que limitó a la supervisión unica. La líder alemana concibe dicha unión sin incluir un seguro común de depósitos ni un fondo común de reestructuración bancaria (W. Munchau, FT, 9.7.2012). Tampoco se redefine el papel del Banco Central Europeo, que seguirá sin actuar como un banco central, como se oye un dia tras otro en España.
En la citada reunión del Eurogrupo se ha acordado anticipar a España 30.000 millones de euros a cuenta de la facilidad de 100.000 millones aprobada a principios del mes de junio. La situación de los bancos problemáticos (Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) hacia conveniente dicho adelanto, en especial en el caso de Bankia. Las condiciones anunciadas del anticipo, que vendría a ser un prestamo al Frob, serian de un tipo del 4% y de un plazo de 15 años.
El prestamo se convertiría en una participación en capital por parte del fondo de rescate una vez establecido el supervisor único en la Eurozona. Se anuncia una exigencia de capital del 9% para todo el sistema financiero español. Se prevé la fórmula del “banco malo” como mecanismo a emplear en la reestructuración de las entidades de crédito con problemas. Este se quedaría con los activos tóxicos, básicamente suelo y promociones inmobiliarias en curso y terminadas sin vender, para su venta posterior. A cambio se cerraría la reestructuración de las entidades de crédito españolas, golpeadas de lleno por las consecuencias negativas del exceso de construcción residencial financiado a crédito con recursos tomados del resto del mundo.
A pesar del alivio por el acuerdo del Eurogrupo, el gobierno realizará un nuevo ajuste. Este se apoyará en el aumento del IVA y en la reducción de algunas partidas presupuestarias. Ello reforzará la caída del PIB en 2012 mas allá del -1,7% previsto. De paso el gobierno reducirá mas los componentes del gasto menos compatibles con su ideología, véase determinadas prestaciones sociales (educación, sanidad, ley de dependencia) e investigación. La presidenta de la Comunidad de Madrid deleitará de nuevo a su parroquia con descripciones pintorescas de los nuevos recortes.
El panorama no deja, pues, de ser sombrío. La economía puede entrar en un círculo vicioso de recortes presupuestarios que producen caídas del PIB. Estas reducen los ingresos fiscales, provocan más déficit y vuelta a empezar con nuevos ajustes. “El ajuste apoyado en el esfuerzo de los países deudores plasmado en planes de austeridad ni ha reducido la deuda pública ni ha estimulado el crecimiento… No se puede aumentar la deuda pública y crecer sin una ayuda importante de los países acreedores” (Joaquin Muns, “Merkel conserva todas las bazas”, La Vanguardia, 8.7.2012). Además, la reforma laboral permite que haya 4,5 millones de trabajadores sin renovar sus convenios en un año, lo que sin duda frena más el consumo.
Quitando el poco edificante instrumento que es Eurovegas, apenas se encuentra nada en el panorama de la politica económica que implique ayuda al crecimiento y a la dinamización de la economía española. Sería deseable que los achaques no alcancen los extremos de Grecia.
29 junio 2012
LOS CREDITOS INMOBILIARIOS, CENTRO DE
GRAVEDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Julio Rodríguez López
29.6.2012
Entre
los indicadores disponibles sobre el mercado de la vivienda en España, destaca en
2012 el comportamiento observado por los precios de venta, las ventas de viviendas a extranjeros y la tasa de morosidad de los préstamos a hogares
para compra y rehabilitación de vivienda. Simultáneamente, en las próximas
semanas se formalizará la solicitud de financiación del gobierno español a la UE para resolver los problemas de
capitalización y de solvencia del
sistema bancario español.
Empezando por
los precios de las viviendas, las estadísticas disponibles (Mº de Fomento,
INE y Tinsa) han presentado una
aceleración del ritmo de retroceso en la primera mitad de 2012 respecto de los
anteriores años de crisis. Tales
retrocesos superan ampliamente en intensidad a los experimentados en los
ejercicios precedentes.
El descenso interanual más agudo ha sido el del índice de precios de
vivienda del INE, obtenido a partir de los precios declarados a los notarios en
las escrituras de compraventa. El descenso de dicho indicador en el primer
trimestre de 2012 fue del -12,6%. La
estadística publicada por Tinsa, la primera tasadora de España por cuota de
mercado, registró una caída interanual
del -11,1% en mayo de 2012 sobre el mismo periodo de 2011. Desde el inicio de la crisis, el descenso acumulado de precios de las
viviendas ha sido del 30,1% según Tinsa y del 25,2% según la estadística de
precios del INE.
En 2012 se han implantado nuevas normas de
regulación financiera, concretamente los Reales Decretos Leyes 2/2012 y
18/2012. En ambas normas, en especial en la primera, se han reforzado de forma
sustancial las exigencias de provisión a la banca respecto de los activos
inmobiliarios incorporados a sus balances en pago de deudas. También se han
reforzado las provisiones sobre los
préstamos hipotecarios que tienen como
garantía a dichos activos inmobiliarios (suelo, promociones en curso y
viviendas terminadas). Es posible que dichas normas hayan contribuido a que el
descenso de los precios inmobiliarios sea más intenso en 2012 que en los
anteriores años de crisis.
En este contexto llama la atención la
previsión de precios de vivienda para 2012, el -5,6%, recogida en
escenario “normal” empleado para efectuar las pruebas de stress
realizadas por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger previas a la
solicitud de asistencia procedente de la UE por parte del gobierno español.
Dicha previsión está muy por debajo de las tasas observadas
en los indicadores de precios de
vivienda en el primer semestre de 2012.
El segundo indicador destacado es el de las ventas
de viviendas, en especial el de las ventas a extranjeros. En el primer trimestre de 2012 la
caída de ventas de viviendas, segun los datos procedentes de los notarios, ha
sido de un -5,7%, muy inferior al -29,3% de 2011. Destacó la aceleración de las
ventas a extranjeros (residentes y no
residentes), que aumentaron en un 36,2% sobre el año anterior en el primer
trimestre de 2012. Las ventas de
viviendas a españoles residentes descendieron
en un -10,3% en el mismo periodo
(-31,5% en 2011).
En dicho primer trimestre de 2012 tales
ventas a extranjeros han supuesto un 14,5% del total de viviendas vendidas
(10% en 2011). En 2011 destacó el peso significativo de dicho componente dentro
del total de ventas en las autonomías de Baleares, Canarias, Valencia y Murcia.
Es posible, pues, que bastantes de las ventas efectuadas a no residentes las hayan realizado inversores
institucionales extranjeros, por lo que dichas viviendas no tardarán en volver al mercado.
En cuanto al tercer indicador, las tasas
de morosidad del crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador),
según los datos recientemente publicados por el Banco de España
correspondientes a 31 de marzo de 2012,
destaca el alto nivel alcanzado por las tasas de morosidad de los
préstamos a promotor (22,8%) y
constructor de vivienda (22,5%).
La morosidad de los préstamos a comprador de vivienda se mantiene muy
distante (3,1%) de la correspondiente al colectivo promotor-constructor, pero
la base a la que se aplica es muy amplia,
casi 650.000 millones de euros. La cifra absoluta de créditos morosos
entre los créditos a hogares
compradores se aproxima a los 20.000
millones de euros, lo que implica mas de 200.000 préstamos a compradores.
16 junio 2012
CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA. QUEDA
MUCHO POR HACER
Julio Rodríguez López
En la semana del 3 al 6 de junio, todavia bajo el impacto del ajuste
preciso para sanear a Bankia, se conoció
el Informe sobre la Estabilidad del Sistema Financiero Español, preparado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) con fecha de 30.5.2012.
El sábado 9 se conoció el apoyo del
Eurogrupo a la petición de asistencia financiera
del gobierno español. Dicha asistencia podrá ser aportada por cualquiera de los dos instrumentos (la
Facilidad y/o el Mecanismo) de la Unión Europea y se destinará a recapitalizar a los bancos españoles, tras
el informe de las dos agencias que están realizando una nueva prueba de tensión
a los bancos.
La
petición citada sucede a una sugerencia recogida en el Informe del FMI. Este
último subraya los progresos realizados en cuanto a reforma del sistema
financiero en España, como el cambio de naturaleza de casi todas las cajas de ahorros y los apoyos a los bancos más vulnerables a través del Frob
(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). A continuación señala que “una reestructuración adicional y
una recapitalización de algunos de los bancos más débiles pueden ser necesarias
como consecuencia del deterioro de las condiciones económicas”.
En el pasado mes de mayo el gobierno español, a través del Frob, había pasado
a disponer de una posición de control en
el grupo bancario BFA/Bankia, procedente de la fusión de siete cajas de ahorros
capitaneadas en su día por Caja Madrid y Bancaja. Se realizó una renovación
completa del Consejo de Administración de Bankia, anunciándose que la reestructuración y saneamiento de dicha
entidad requería de unos apoyos públicos de 19.000 millones de euros, adicionales a los 4.300 millones de préstamos del Frob
transformados en capital.
La necesidad de aportar recursos a
Bankia exigía un volumen importante de nuevas emisiones de deuda pública
española, lo que debilitaba la situación de esta última en los mercados de
bonos públicos. La solución anunciada para Bankia convirtió, pues, en
imprescindible la petición de apoyo financiero desde España a la eurozona, por más que dicha posibilidad
se hubiese rechazado repetidamente desde el gobierno.
Según el FMI, la crisis del sistema financiero
español ha presentado una intensidad sin precedentes. El origen estaría tanto
en las perturbaciones internacionales
posteriores a 2007 como en factores
internos específicos de la economía española.
El violento ciclo sufrido por el mercado de vivienda es el primer factor
interno citado. A dicho factor se añadió
la debilidad de las cajas de ahorros, las carencias de la política y la estructura regulatoria de las entidades
crediticias y la excesiva confianza de
las mismas en la financiación mayorista.
El FMI subraya que la estrategia
seguida al inicio de la crisis consistió en repartir el
esfuerzo entre los sectores privado y
público. El apoyo público ha acabado por resultar indispensable y decisivo, como en otros países occidentales,
entre los que destacan los casos de Estados Unidos y Reino Unido después de la quiebra del
banco Lehman Brothers en el otoño de
2008.
La capitalización de los bancos españoles es imprescindible para que estos puedan acudir a los mercados
internacionales a conseguir financiación privada. Dichos bancos deben de hacer
frente a fuertes vencimientos de la deuda que emitieron para financiar la
burbuja inmobiliaria desarrollada en la etapa 1997-2007. La capitalización vendrá
de la mano del Frob, que transformará los 100.000 millones de euros del prestamo
de la Eurozona en capital de los bancos, adquiriendo para ello acciones u otros
instrumentos emitidos por los mismos.
Nunca ha estado tan claro en España como ahora
la transformación de deuda privada en deuda pública. Los errores de gestión de bancos y de administraciones públicas competentes en el
gobierno del suelo los van a pagar todos los españoles. Y todavía queda mucha deuda
privada española por el mundo.
El Informe del FMI destaca la consolidación bancaria que la crisis ha ocasionado en España. En 2009 el número de
entidades de crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios ascendía a cincuenta, de los que siete eran
bancos y 43 eran cajas de ahorros. Después
de tres años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del
Frob, en 2012 son catorce las entidades que controlan el 88% de dichos activos.
Cinco entidades proceden de bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Popular y
Bankinter), que controlan el 47% de los activos, y las nueve restantes tienen su origen en cajas de ahorros que se
han fusionado o que han sido absorbidas por las de mayor dimensión.
Al llegar el verano de 2012 no ha llegado todavia el momento de mirar
hacia atrás en lo que se refiere al sistema financiero español. La tarea de fortalecer
a las entidades más débiles, de rematar
el inacabable proceso de fusiones (no se entiende porque tiene todavia que reducirse mas el mapa
bancario español) y de conseguir que se
normalice el flujo de crédito resulta todavia excepcional.
10 junio 2012
DEMASIADO CREDITO PARA EL PROMOTOR
Julio Rodríguez López[1] El País Digital, 9 de junio de 2012
La reunión del Eurogrupo de la tarde del sábado 9 de junio puede ser uno
de los hitos básicos de la profunda crisis económica y bancaria española que se
inició en el ya lejano verano de 2007.
Dicha reunión puede formalizar el
hecho de que el Reino de España tiene necesidad de acudir al Fondo Europeo de
Estabilización Financiera para realizar
la necesaria capitalización de una parte
del sistema bancario español. Tal necesidad tiene su origen en la crisis del
mercado de vivienda, en el que el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria provocó
amplios excedentes de viviendas y de créditos
impagados entre las entidades de crédito españolas.
Desde los años sesenta del pasado siglo los ciclos del mercado de
vivienda han desempeñado un papel relevante en el comportamiento de la economía
española. El prolongado periodo de aumento de los precios de la vivienda de
fines de los años noventa atrajo a dicho
mercado a un amplio segmento de inversores. En el proceso de creación de una
burbuja en el mercado de vivienda hubo
una amplia complicidad social. Promotores, asalariados, ayuntamientos,
autonomías, gobierno de España y, sobre todo, bancos y cajas de ahorros, participaron plenamente de un proceso que redujo la base productiva española y que disminuyó su capacidad de competir.
El desarrollo de la burbuja
inmobiliaria se realizó sobre todo a partir del crédito bancario a promotores y
constructores de viviendas. Dichos
créditos se han diseñado de forma que permiten la subrogación posterior de los compradores
finales de las viviendas en las
condiciones de los mismos (tipo de interés, relación préstamo/valor, plazo). El
crédito a promotor no debe de superar en su duración los dos años del periodo
medio de construcción de las viviendas, mientras que el crédito a comprador
tiene un plazo medio más prolongado, que
ahora oscila en torno a los 25 años.
En 1997 el
saldo vivo del conjunto del crédito inmobiliario de bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito suponía en España el 39,9% del crédito al
sector privado de la economía y el 28.4% del PIB. En el momento del pinchazo de
la burbuja, a fines de 2007, la
participación citada en el crédito privado era del 60,4% y su valor equivalía
al 102,6% del PIB. El crédito a promotor y constructor ha llegado a equivaler al 43,4% del PIB y el crédito a
comprador se ha situado en torno al 60%.
Después de 2007 la restricción crediticia frenó el aumento del
crédito inmobiliario y se inició un aumento dramático de la morosidad de dichos
préstamos. A 31 de diciembre de 2011 la
tasa de morosidad (saldo de créditos morosos dividido por la suma de los saldos
de créditos “normales” y morosos) de los préstamos a promotor se elevaba al
20,9%, la del crédito a constructor ascendía al 17,7% y la de los créditos a comprador de vivienda era solo del 2,8%.
Sin embargo, la tendencia al alza de
estos últimos es una realidad derivada del descenso del empleo y de la recesión
de la economía española. El conjunto de la morosidad del crédito inmobiliario
ascendía a 31 de diciembre pasado a cerca de 100.000 millones de euros, más del
9% del PIB de España del pasado ejercicio.
Se advirtió pronto que el ahorro español era insuficiente para
alimentar un aumento tan intenso del crédito inmobiliario. La apelación a los
mercados exteriores y a los bancos europeos, sobre todo alemanes, resultó
imprescindible para financiar un aumento
tan intenso del crédito inmobiliario (el 22,6% de media anual entre 1997 y 2007, mientras que el PIB
nominal lo hacía por debajo del 9%).
Dicha apelación se hizo sobre todo en el
euromercado mediante emisiones garantizadas
con las carteras de créditos
hipotecarios de las entidades de crédito.
Una parte sustancial de la deuda privada
española, que ahora se está convirtiendo en gran parte en deuda pública de
todos los españoles, se originó en dicho proceso. La amortización de las
emisiones de títulos efectuada para financiar el ladrillo ha pesado de forma
restrictiva sobre la actividad de las entidades de crédito españolas después de
2008. El fuerte endeudamiento mencionado no
financió precisamente una ampliación de la base industrial de España,
sino que creó una pirámide improductiva
de alrededor de un millón de
viviendas de nueva construcción no
vendidas.
Dicho excedente de viviendas ha debilitado
la calidad de los balances de las entidades de crédito y está en el
origen de los problemas que acucian en la tarde del segundo sábado de junio de
2012. El proceso citado ha pesado más en
el caso de las cajas de ahorros, cuyo negocio bancario estaba menos diversificado
y que se habían convertido en el brazo armado
financiero de los poderes autonómicos y locales, que encontraron en el ladrillo
una vía holgada de financiación fiscal.
La crisis bancaria española, que está
obligando a realizar cuantiosas operaciones de reflotamiento bancario, ha
resultado ser una crisis bancaria “clásica” y previsible. Detrás de dicha
crisis no ha habido ni productos
derivados, ni CDO, ni paquetes de créditos basura titulizados, sino solo un
volumen excesivo de créditos a promotor, mucho más peligroso que el crédito a
comprador de vivienda. Al contrario de lo que se llegó a pensar, la banca al
por menor no es una actividad de bajo riesgo. La práctica desaparición de las
cajas de ahorros del mapa bancario español, del que no hace mucho tenían más de
la mitad de participación, es la mejor prueba de que dicho riesgo nunca debió
de banalizarse.
31 mayo 2012
VENTA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS. . LOS FONDOS APRIETAN
Julio Rodríguez López 30 de mayo de 2012
El resto del mundo y, sobre todo, los mercados de capitales, véase acreedores, desconfía de dos aspectos de la economía española, Por una parte existen reservas sobre la situación real de los bancos, especialmente sobre los créditos ligados al subsector inmobiliario. En segundo lugar se desconfía de la situación real de déficit presupuestario y déficit de las comunidades autónomas.
A la vista de los descuentos de valor que suponen las mayores provisiones exigidas a los bancos respecto de los créditos ligados a la construcción y venta de viviendas, parece cobrar mayor fuerza la presencia de inversores institucionales en el mercado de vivienda español. Sin embargo, el alcance real medio de las compras de viviendas por parte de extranjeros no residentes resulta todavia limitado.
Como se ha subrayado con frecuencia, en la fase de desarrollo de la burbuja inmobiliaria, España se endeudó de forma sustancial para construir no una base industrial y productiva para su economía, sino que se vino a construir una especie de ”pirámide” escasamente productiva, que todavia está por pagar. Ante la insuficiencia de los recursos procedentes de los depósitos bancarios, se apeló masivamente a los mercados mayoristas para cubrir la expansión del crédito.
No hay estimaciones directas del alcance del stock de viviendas terminadas y no vendidas, pero debe de oscilar entre 700.000 y un millón de viviendas. En las islas y en el arco mediterráneo, asi como en la periferia de Madrid, sobre todo en las provincias de Toledo y Guadalajara, se concentra la mitad de dicho stock.
El riesgo inmobiliario derivado de la financiación crediticia de dicho proceso de construcción y venta de viviendas llevó a que el riesgo en cuestión superase el billón de euros, esto es, una cuantía equivalente al PIB de la economía española. El 30% correspondió al crédito a promotor, el 10% al crédito a constructor de viviendas y el 60% restante es el relativo al crédito a comprador. La tasa de morosidad de tales créditos inmobiliarios oscila ahora entre el 2,8% en el caso de los créditos a hogares para compra y rehabilitación de viviendas y el 20% en el caso de los préstamos a promotores.
Los Reales Decretos Leyes 2/2012 y 18/2012, con los que el gobierno ha desarrollado en 2012 la reforma del sistema financiero, han elevado sustancialmente la cuantía de las provisiones y de las dotaciones al capital que los bancos deben de realizar para reflejar la realidad del valor de dichos riesgos inmobiliarios. Destacan las relativas al suelo problemático, el 80%, y las correspondientes a las promociones en curso, el 65%. Con tales provisiones, a los bancos les resulta equivalente el mantener devaluados en sus balances tales activos o venderlos con un descuento equivalente a la provisión citada, situación que favorece la salida al mercado de activos hasta ahora remansados en los balances bancarios..
Las dos estadisticas disponibles sobre las compras de viviendas de extranjeros en España crecieron en 2011. Así, según el Banco de España, la cuantía de las inversiones extranjeras en inmuebles creció en un 26,7% en 2011 sobre el año precedente, alcanzando los 4.748 millones de euros. Si se supone que la dimensión media de la vivienda adquirida por extranjeros es de 90 metros cuadrados, a los precios medios de mercado con dicha inversión se pudieron comprar 30.316 viviendas, el 8,7% de las ventas totales de viviendas en 2011.
La estadística de transacciones de viviendas de Fomento indica que en 2011 las ventas de viviendas a extranjeros residentes en España y a no residentes ascendieron a 34.829 viviendas, el 10% del total de ventas del pasado ejercicio. Las autonomías de Valencia, Andalucia, Cataluña, Canarias y Baleares concentraron cerca del 85% del total de ventas de viviendas a extranjeros. En Baleares se alcanzó en 2011 la mayor proporción de ventas de viviendas a extranjeros, el 30,7% del total, seguida de Canarias (26,6%) y Valencia (22,2%).
Lo anterior confirma que la inversión extranjera en inmuebles residenciales en España se concentra sobre todo en las zonas de “sol y playa” y es escasamente significativa en el interior de la península. Se advierte un descenso de las ventas a “clientes finales”, no inversores, que buscan una vivienda vacacional. Las mayores provisiones estan atrayendo a fondos de inversión, sobre todo árabes, que buscan complejos residenciales en bloque, en los que encuentran posibilidades de revalorización a medio y largo plazo (compran para revender).
En una situación tan complicada como la de la economía española a la llegada del verano de 2012, cualquier factor que contribuya a “tirar” de la demanda y a mejorar las ventas debe de tomarse en consideración. La recuperación del crédito parece imprescindible, incluso para impulsar las exportaciones, que han impedido un mayor hundimiento de la actividad productiva.
Julio Rodríguez López 30 de mayo de 2012
El resto del mundo y, sobre todo, los mercados de capitales, véase acreedores, desconfía de dos aspectos de la economía española, Por una parte existen reservas sobre la situación real de los bancos, especialmente sobre los créditos ligados al subsector inmobiliario. En segundo lugar se desconfía de la situación real de déficit presupuestario y déficit de las comunidades autónomas.
A la vista de los descuentos de valor que suponen las mayores provisiones exigidas a los bancos respecto de los créditos ligados a la construcción y venta de viviendas, parece cobrar mayor fuerza la presencia de inversores institucionales en el mercado de vivienda español. Sin embargo, el alcance real medio de las compras de viviendas por parte de extranjeros no residentes resulta todavia limitado.
Como se ha subrayado con frecuencia, en la fase de desarrollo de la burbuja inmobiliaria, España se endeudó de forma sustancial para construir no una base industrial y productiva para su economía, sino que se vino a construir una especie de ”pirámide” escasamente productiva, que todavia está por pagar. Ante la insuficiencia de los recursos procedentes de los depósitos bancarios, se apeló masivamente a los mercados mayoristas para cubrir la expansión del crédito.
No hay estimaciones directas del alcance del stock de viviendas terminadas y no vendidas, pero debe de oscilar entre 700.000 y un millón de viviendas. En las islas y en el arco mediterráneo, asi como en la periferia de Madrid, sobre todo en las provincias de Toledo y Guadalajara, se concentra la mitad de dicho stock.
El riesgo inmobiliario derivado de la financiación crediticia de dicho proceso de construcción y venta de viviendas llevó a que el riesgo en cuestión superase el billón de euros, esto es, una cuantía equivalente al PIB de la economía española. El 30% correspondió al crédito a promotor, el 10% al crédito a constructor de viviendas y el 60% restante es el relativo al crédito a comprador. La tasa de morosidad de tales créditos inmobiliarios oscila ahora entre el 2,8% en el caso de los créditos a hogares para compra y rehabilitación de viviendas y el 20% en el caso de los préstamos a promotores.
Los Reales Decretos Leyes 2/2012 y 18/2012, con los que el gobierno ha desarrollado en 2012 la reforma del sistema financiero, han elevado sustancialmente la cuantía de las provisiones y de las dotaciones al capital que los bancos deben de realizar para reflejar la realidad del valor de dichos riesgos inmobiliarios. Destacan las relativas al suelo problemático, el 80%, y las correspondientes a las promociones en curso, el 65%. Con tales provisiones, a los bancos les resulta equivalente el mantener devaluados en sus balances tales activos o venderlos con un descuento equivalente a la provisión citada, situación que favorece la salida al mercado de activos hasta ahora remansados en los balances bancarios..
Las dos estadisticas disponibles sobre las compras de viviendas de extranjeros en España crecieron en 2011. Así, según el Banco de España, la cuantía de las inversiones extranjeras en inmuebles creció en un 26,7% en 2011 sobre el año precedente, alcanzando los 4.748 millones de euros. Si se supone que la dimensión media de la vivienda adquirida por extranjeros es de 90 metros cuadrados, a los precios medios de mercado con dicha inversión se pudieron comprar 30.316 viviendas, el 8,7% de las ventas totales de viviendas en 2011.
La estadística de transacciones de viviendas de Fomento indica que en 2011 las ventas de viviendas a extranjeros residentes en España y a no residentes ascendieron a 34.829 viviendas, el 10% del total de ventas del pasado ejercicio. Las autonomías de Valencia, Andalucia, Cataluña, Canarias y Baleares concentraron cerca del 85% del total de ventas de viviendas a extranjeros. En Baleares se alcanzó en 2011 la mayor proporción de ventas de viviendas a extranjeros, el 30,7% del total, seguida de Canarias (26,6%) y Valencia (22,2%).
Lo anterior confirma que la inversión extranjera en inmuebles residenciales en España se concentra sobre todo en las zonas de “sol y playa” y es escasamente significativa en el interior de la península. Se advierte un descenso de las ventas a “clientes finales”, no inversores, que buscan una vivienda vacacional. Las mayores provisiones estan atrayendo a fondos de inversión, sobre todo árabes, que buscan complejos residenciales en bloque, en los que encuentran posibilidades de revalorización a medio y largo plazo (compran para revender).
En una situación tan complicada como la de la economía española a la llegada del verano de 2012, cualquier factor que contribuya a “tirar” de la demanda y a mejorar las ventas debe de tomarse en consideración. La recuperación del crédito parece imprescindible, incluso para impulsar las exportaciones, que han impedido un mayor hundimiento de la actividad productiva.
20 mayo 2012
EL CALOR DE MAYO TRAE NUEVAS REFORMAS
Julio Rodriguez López
( 20 Mayo 2012)
Los resultados electorales del 7 de mayo en Francia y en Grecia confirmaron
que las crisis económicas resultan difíciles de superar por los gobiernos en
ejercicio. En poco tiempo numerosos jefes
de gobierno en la Eurozona han perdido elecciones o han sido apartados del
poder sustituidos por tecnócratas. A las
dificultades de la crisis iniciada en 2007 se unen unas expectativas negativas tanto
sobre la Eurozona como sobre algunos
países miembros. La salida de Grecia de dicha area económica se presenta ya como algo probable. Por otra
parte, en España, la toma por parte del
gobierno de una mayoría accionarial de control en Bankia, entidad sucesora de
Caja Madrid, ha supuesto una nueva complicación a la salida de la crisis.
Los resultados electorales de Grecia del pasado 7 de mayo revelaron el malestar
de una mayoría de votantes respecto de
la política de ajustes impuesta a dicho país para reducir el fuerte endeudamiento
público. Ante la impaciencia de los organismos internacionales, los griegos no
parecen dispuestos a que se prolongue la situación de los últimos años,
caracterizada por la presencia de todos los elementos que acompañan a una
fuerte depresión, como son el retroceso de la actividad productiva, el fuerte aumento del desempleo y el sustancial ajuste a la baja de las prestaciones sociales (educación, sanidad,
pensiones).
La quiebra de la economía griega puede ser
aplazada o inmediata, según si dicho país
continúe o no en el euro, respectivamente (W. Munchau, “Default now or default
later, that is the question”, FT, 14.5.2012). Junto al agravamiento de la
situación de Grecia por el resultado
electoral citado, el ganador de las elecciones presidenciales francesas,
François Hollande, ha subrayado su pretensión de aportar a Europa una dimensión de crecimiento y de prosperidad.
El margen de maniobra del nuevo presidente francés es limitado. Desde su
elección se ha puesto de nuevo en cuestión la dura política de austeridad
seguida en la eurozona, especialmente en
los países más afectados por la crisis de la deuda, como son los casos de Grecia, Portugal, Irlanda,
Italia y España.
Las previsiones de primavera de la Comisión de
la Unión Europea (European Commission, “European Economist Forecast, Spring
2012) han subrayado el ajuste que está en marcha en la economía española, tras el abrupto cambio de situación sufrido por el subsector inmobiliario y por
el resto de la construcción. El apartado relativo a España de dicha publicación
subraya la profunda debilidad de la
demanda interna, acentuada por la reducción del gasto público, por la
persistente restricción crediticia y por la reducción del empleo.
Un aspecto positivo señalado en
el citado informe de la Comisión de la UE es el relativo a las exportaciones
españolas. Se considera que la reducción de los costes salariales unitarios y
la favorable diversificación regional
han mejorado la cuota de mercado.
El conjunto de las exportaciones de bienes y servicios ha crecido en España
desde el 26,9% del PIB en 2007 hasta el
30,1% en 2011, destacando la mejoría correspondiente a las exportaciones de
mercancías. Pero el dinamismo de las exportaciones
no compensa el retroceso de la demanda interna. Según el informe en cuestión,
España registrará un descenso del PIB del -1,8% en 2012 y otro del -0,3% en
2013.
Las previsiones de la UE para España son más negativas que las del
gobierno. Además, la Comisión de la UE advierte contra riesgos adicionales, como
el acentuamiento de la crisis de deuda pública, unos precios de la energía superiores a los previstos y un mayor deterioro de los
resultados bancarios. La situación de los bancos y el comportamiento
presupuestario de las comunidades autónomas son los puntos más débiles de
España ante los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Comisión de la UE y Banco Central Europeo).
Tales inquietudes explican la
aprobación en Consejo de Ministros del 11 de mayo de un nuevo Real
Decreto Ley, el 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios
del sistema financiero. Las mayores provisiones sobre los activos inmobiliarios
en situación “normal”, la segregación obligatoria de los activos problemáticos
, la valoración independiente de determinados activos de los balances
bancarios y la disponibilidad de fondos
públicos para apoyar las reformas son los aspectos más destacados de la nueva
reforma del sistema financiero.
La clarificación de la situación del sistema
financiero español es precisa para que se recupere el flujo crediticio hacia la
economía española. Está por ver si la previsión inicial de aportación de nuevos
recursos públicos al saneamiento bancario va ser o no suficiente. La pesada
nube de aire africano que ha elevado las temperaturas en mayo no impide
concluir que lo urgente está en resolver
de una vez el problema financiero en cuestión, aunque ello implique pedir
ayudas adicionales en el exterior,
15 mayo 2012
NUEVOS GOBIERNOS. EL PSOE
CONSERVA URBANISMO EN ANDALUCIA
Julio Rodríguez López
5.5.2012
Los resultados electorales más recientes están provocando abundantes
cambios de gobierno en Europa. A ello se une
el acceso a la presidencia de algunos gobiernos de personalidades de
perfil tecnocrático, en las que se confía para sacar adelante la economía del
país ante las enormes dimensiones de la crisis. En este segundo caso sufre la
democracia, puesto que los partidos políticos no ofrecen soluciones rigurosas a los problemas planteados y la propia
economía acaba imponiendo a los
candidatos.
En Andalucía, tras las elecciones
autonómicas recientes, no ha habido cambio en la presidencia del gobierno, pero
José Griñan tendrá que trabajar con un gobierno de coalición PSOE-IU para disponer de mayoría parlamentaria. En el
reparto competencial resultante para formar el nuevo gobierno no parece haberse llevado ninguna competencia
trascendental el nuevo socio de gobierno.
Cuando se anunció que la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda pasaba a manos de IU, algunos pensaron que,
como sucedió en las primeras elecciones municipales de 1979, dicha coalición se iba a quedar con la poderosa competencia de
política territorial o urbanismo.
Sin embargo, la competencia de Urbanismo o gobierno del suelo se ha
integrado en la de Agricultura en el nuevo gobierno, formando así una
extraña y poco frecuente combinación de competencias. Como ha sucedido en los
presupuestos generales del Estado, pocos
recursos pude haber en estas circunstancias
para nuevas inversiones públicas, que son las que aportan nervio a Obras
Públicas. El Presupuesto ha vuelto a quedar en manos socialistas, junto a
Economía. Como dijo el portavoz del PP,
Carlos Rojas, IU daba mucho a cambio de unas competencias de escaso alcance,
sobre todo en tiempos de crisis
económica.
En cambio, con las competencias de Urbanismo se puede incidir en el
destino del suelo y en la configuración de las áreas urbanas. Entre la
Constitución de 1978, los Estatutos de Autonomía y las tremendas Sentencias del
Tribunal Constitucional sobre el particular, el destino del suelo se decide en
España a nivel de política municipal y autonómica. España es el único país de
Europa Occidental en el que el gobierno del Estado nada tiene que decir sobre
el destino del suelo. A título de ejemplo, en la vecina Francia una dirección
general del gobierno del Estado decide tal destino del suelo, lo que subraya el
interés del estado republicano sobre la asignación del suelo a diferentes
fines.
Los ayuntamientos deben de someter los planes locales de Urbanismo a la
aprobación del gobierno autónomo, en este caso la Junta de Andalucía.
Asimismo las decisiones más relevantes
sobre el destino del suelo deben también de someterse a la aprobación del
gobierno regional. De lo anterior se deriva que la cuestión de la política de
suelo se reparte entre ayuntamientos y gobierno autónomo. La iniciativa corresponde, por lo general, al
gobierno local, en el que el concejal de Urbanismo tiene un peso relevante, el más importante
tras la preparación del presupuesto local.
Un ejemplo de la trascendencia de
la política de suelo se produce en Motril con el caso del previsto polígono
empresarial próximo al Puerto. El aumento de dimensión del Puerto citado ha
sido espectacular en la última década. Sin embargo, ello no ha estado
acompañado de la creación de un área territorial para la instalación de nuevas
empresas. El polígono en cuestión está parado mas de diez años, cuando las
necesidades de crear nuevos empleos en esta ciudad resultan angustiosas para
numerosas familias. No parece que el tema haya interesado demasiado al gobierno
regional ni tampoco se han oído los lamentos motrileños sobre dicha carencia.
El urbanismo frena así el aumento del empleo.
En Motril se presenta con frecuencia al turismo no tanto como una
actividad productiva generadora de empleos, sino más bien como una especie de
religión. Bajo el pretexto del fomento del turismo se han adoptado en Motril
decisiones sobre el destino del suelo que poco han favorecido al desarrollo de
dicha actividad. En el fondo se trataba
de simples promociones inmobiliarias devoradoras de suelo, generadoras de grandes beneficios empresariales pero que no crearon empleos permanentes.
Motril, como Andalucía, adolece de un
tejido industrial poco diversificado, en el que ha pesado demasiado la
construcción y en el que ha perdido peso
la agricultura, sometida a una competencia feroz por parte de la producción
procedente de Marruecos. La industria
tiene una participación muy reducida. En
las ciudades en las que hay alguna
instalación industrial la opinión pública
parece enterarse de la trascendencia de dichas empresas el día en que se
anuncian problemas en las mismas.
En el inminente verano que viene se cumplirán cinco años desde el inicio
de la crisis económica. Esta última está golpeando a España con intensidad,
situación complicada asimismo por el defectuoso diseño de la Eurozona. La
moneda común, el euro, ha reunido a
países con perfiles económicos muy
diferentes (compárese Alemania con
Grecia) sin mecanismos fiscales compensatorios y con un banco central que no
orienta sus actuaciones hacia el logro de unos ritmos de crecimiento económico
satisfactorios.
El urbanismo andaluz ha sido
complaciente con la construcción masiva de viviendas, como lo confirma el que
Andalucía llegase a construir más viviendas que el Reino Unido, unas 100.000 al
año en la pasada etapa de auge inmobiliario, cuando el máximo ritmo de creación
neta de hogares no pasó de 50.000 en algunos años. El urbanismo andaluz y, dentro del mismo, el urbanismo desarrollado
en Motril, no ha estimulado, sino al contrario, la instalación de empresas y ha vuelto la
espalda al campo, cuando no ha sido hostil al mismo, situación que se vivió en
su día con la cuestión de los invernaderos.
Es de desear buena fortuna al nuevo gobierno andaluz. En su toma de
posesión como nuevo presidente de la
república, el 15 de mayo, François Hollande
dijo expresamente que prefería la creación de empleos estables a la
obtención de grandes beneficios especulativos. Es de desear que el eco de dicha
palabras llegue a España y a Andalucía.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)