LA CRÓNICA CRISIS DEL EURO.  LOS INÚTILES RECORTES


Julio Rodriguez López
11.7.2012

Una semana después del último Consejo Europeo de fines de junio de 2012 la situación general de la Eurozona no ha cambiado de forma sustancial. Las reacciones negativas a los acuerdos en Alemania, Holanda y Finlandia (“Luterania” que diría E. Juliana en La Vanguardia) arrojaron dudas sobre el alcance real de lo acordado. La deuda pública española ha vuelto a cotizar por encima del 7% en el mercado secundario. El anuncio de un nuevo “paquete” de medidas de ajuste suena a medicina sin resultados y con dolorosos y desiguales efectos secundarios.

Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el objetivo del déficit del 5,3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en España en 2012 resultaba cada vez más problemático. La factura de los intereses de la deuda y el impacto negativo sobre los ingresos fiscales del retroceso de la actividad productiva dieron lugar a un nivel de déficit incompatible con el objetivo anual en los cinco primeros meses de 2012. El acuerdo del Eurogrupo de la madrugada del 9 al 10 de julio ha aplazado a 2014 el objetivo del 3% hasta ahora fijado para España en 2013. Esto supondrá un moderado alivio de 10.000 millones de euros para el actual ejercicio, a pesar de lo cual al final del año se estará lejos del nuevo objetivo de déficit de las administraciones públicas del 6,3% en 2012.

Del Consejo Europeo de junio surgió el acuerdo de que los procesos de capitalización de los bancos los cubrirían los fondos de rescate de la UE, pero solo a partir del momento en el que hubiese un supervisor único (inspección bancaria) para la Eurozona. La Merkel contestó a la fuerte crítica de 150 economistas alemanes “ortodoxos” acerca de este acuerdo minimizando el alcance de la Unión Bancaria, a la que limitó a la supervisión unica. La líder alemana concibe dicha unión sin incluir un seguro común de depósitos ni un fondo común de reestructuración bancaria (W. Munchau, FT, 9.7.2012). Tampoco se redefine el papel del Banco Central Europeo, que seguirá sin actuar como un banco central, como se oye un dia tras otro en España.

En la citada reunión del Eurogrupo se ha acordado anticipar a España 30.000 millones de euros a cuenta de la facilidad de 100.000 millones aprobada a principios del mes de junio. La situación de los bancos problemáticos (Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) hacia conveniente dicho adelanto, en especial en el caso de Bankia. Las condiciones anunciadas del anticipo, que vendría a ser un prestamo al Frob, serian de un tipo del 4% y de un plazo de 15 años.

El prestamo se convertiría en una participación en capital por parte del fondo de rescate una vez establecido el supervisor único en la Eurozona. Se anuncia una exigencia de capital del 9% para todo el sistema financiero español. Se prevé la fórmula del “banco malo” como mecanismo a emplear en la reestructuración de las entidades de crédito con problemas. Este se quedaría con los activos tóxicos, básicamente suelo y promociones inmobiliarias en curso y terminadas sin vender, para su venta posterior. A cambio se cerraría la reestructuración de las entidades de crédito españolas, golpeadas de lleno por las consecuencias negativas del exceso de construcción residencial financiado a crédito con recursos tomados del resto del mundo.

A pesar del alivio por el acuerdo del Eurogrupo, el gobierno realizará un nuevo ajuste. Este se apoyará en el aumento del IVA y en la reducción de algunas partidas presupuestarias. Ello reforzará la caída del PIB en 2012 mas allá del -1,7% previsto. De paso el gobierno reducirá mas los componentes del gasto menos compatibles con su ideología, véase determinadas prestaciones sociales (educación, sanidad, ley de dependencia) e investigación. La presidenta de la Comunidad de Madrid deleitará de nuevo a su parroquia con descripciones pintorescas de los nuevos recortes.

El panorama no deja, pues, de ser sombrío. La economía puede entrar en un círculo vicioso de recortes presupuestarios que producen caídas del PIB. Estas reducen los ingresos fiscales, provocan más déficit y vuelta a empezar con nuevos ajustes. “El ajuste apoyado en el esfuerzo de los países deudores plasmado en planes de austeridad ni ha reducido la deuda pública ni ha estimulado el crecimiento… No se puede aumentar la deuda pública y crecer sin una ayuda importante de los países acreedores” (Joaquin Muns, “Merkel conserva todas las bazas”, La Vanguardia, 8.7.2012). Además, la reforma laboral permite que haya 4,5 millones de trabajadores sin renovar sus convenios en un año, lo que sin duda frena más el consumo.

Quitando el poco edificante instrumento que es Eurovegas, apenas se encuentra nada en el panorama de la politica económica que implique ayuda al crecimiento y a la dinamización de la economía española. Sería deseable que los achaques no alcancen los extremos de Grecia.

LOS CREDITOS INMOBILIARIOS, CENTRO DE GRAVEDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Julio Rodríguez López

29.6.2012

 

  Entre los indicadores disponibles sobre el mercado de la vivienda en España, destaca en 2012 el comportamiento observado por los precios de venta, las  ventas de viviendas a extranjeros y la  tasa de morosidad de los préstamos a hogares para compra y rehabilitación de vivienda. Simultáneamente, en las próximas semanas se formalizará la solicitud de financiación del gobierno español  a la UE para resolver los problemas de capitalización y de solvencia  del sistema bancario español. 

 Empezando por  los precios de  las viviendas,  las estadísticas disponibles (Mº de Fomento, INE y Tinsa)  han presentado una aceleración del ritmo de retroceso en la primera mitad de 2012 respecto de los anteriores años de crisis. Tales  retrocesos superan ampliamente en intensidad a los experimentados en los ejercicios precedentes.

El descenso interanual  más agudo ha sido el del índice de precios de vivienda del INE, obtenido a partir de los precios declarados a los notarios en las escrituras de compraventa. El descenso de dicho indicador en el primer trimestre de 2012  fue del -12,6%. La estadística publicada por Tinsa, la primera tasadora de España por cuota de mercado,  registró una caída interanual del -11,1% en mayo de 2012 sobre el mismo periodo de 2011.  Desde el inicio de la crisis,  el descenso acumulado de precios de las viviendas ha sido del 30,1% según Tinsa y del 25,2% según la estadística de precios del INE.

 En 2012 se han implantado nuevas normas de regulación financiera, concretamente los Reales Decretos Leyes 2/2012 y 18/2012. En ambas normas, en especial en la primera, se han reforzado de forma sustancial las exigencias de provisión a la banca respecto de los activos inmobiliarios incorporados a sus balances en pago de deudas. También se han reforzado las provisiones   sobre los préstamos hipotecarios que tienen como  garantía a dichos activos inmobiliarios (suelo, promociones en curso y viviendas terminadas). Es posible que dichas normas hayan contribuido a que el descenso de los precios inmobiliarios sea más intenso en 2012 que en los anteriores años de crisis. 

En este contexto llama la atención la previsión de precios de vivienda para 2012, el -5,6%,  recogida en  escenario “normal” empleado para efectuar las pruebas de stress realizadas por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger previas a la solicitud de asistencia procedente de la UE por parte del gobierno español. Dicha  previsión  está muy por debajo de las tasas observadas en los indicadores de precios  de vivienda en el primer semestre de 2012.  

 El segundo indicador destacado es el de las ventas de viviendas, en especial el de las ventas a  extranjeros. En el primer trimestre de 2012 la caída de ventas de viviendas, segun los datos procedentes de los notarios, ha sido de un -5,7%, muy inferior al -29,3% de 2011. Destacó la aceleración de las ventas a  extranjeros (residentes y no residentes), que aumentaron en un 36,2% sobre el año anterior en el primer trimestre de 2012. Las  ventas de viviendas a españoles residentes descendieron  en un -10,3% en  el mismo periodo (-31,5% en 2011). 

 En dicho primer trimestre de 2012  tales  ventas a extranjeros han supuesto un 14,5% del total de viviendas vendidas (10% en 2011). En 2011 destacó el peso significativo de dicho componente dentro del total de ventas en las autonomías de Baleares, Canarias, Valencia y Murcia. Es posible, pues, que bastantes de las ventas efectuadas a no residentes  las hayan realizado inversores institucionales extranjeros, por lo que dichas viviendas no tardarán en   volver al mercado. 

En cuanto al tercer indicador, las tasas de morosidad del crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador), según los datos recientemente publicados por el Banco de España correspondientes a 31 de marzo de 2012,  destaca el alto nivel alcanzado por las tasas de morosidad de los préstamos a promotor (22,8%) y  constructor de vivienda (22,5%).

  La morosidad de los préstamos a comprador de vivienda se mantiene muy distante (3,1%) de la correspondiente al colectivo promotor-constructor, pero la base a la que se aplica es muy amplia,  casi 650.000 millones de euros. La cifra absoluta de créditos morosos entre  los créditos a hogares compradores  se aproxima a los 20.000 millones de euros, lo que implica mas de 200.000 préstamos a compradores. 

 

Lo anterior  permite  anticipar  nuevos aumentos en las ejecuciones hipotecarias, que en los últimos cinco años se han aproximado a las 350.000 y que constituyen un importante factor de tensionamiento de la realidad social española.    Los créditos inmobiliarios existentes en los balances de los bancos españoles, resultantes de los excesos de la burbuja, se han convertido, pues,  en los auténticos protagonistas de la situación de la economía española,  y su tratamiento condicionará la salida de la crisis por parte de dicha economía

CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA. QUEDA MUCHO POR HACER

Julio Rodríguez López

  En la semana del 3 al 6 de junio, todavia bajo el impacto del ajuste preciso para sanear a Bankia,  se conoció el Informe sobre la Estabilidad del Sistema Financiero Español,  preparado por el Fondo Monetario Internacional  (FMI) con fecha de 30.5.2012. El sábado 9 se conoció el  apoyo del Eurogrupo  a la petición de asistencia financiera del gobierno español. Dicha asistencia podrá ser aportada por  cualquiera de los dos instrumentos (la Facilidad y/o el Mecanismo) de la Unión Europea y se destinará  a recapitalizar a los bancos españoles, tras el informe de las dos agencias que están realizando una nueva prueba de tensión a los bancos.

  La petición citada sucede a una sugerencia recogida en el Informe del FMI. Este último subraya los progresos realizados en cuanto a reforma del sistema financiero en España, como el cambio de naturaleza de casi todas las  cajas de ahorros y los apoyos a los  bancos más vulnerables a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). A continuación  señala que “una reestructuración adicional y una recapitalización de algunos de los bancos más débiles pueden ser necesarias como consecuencia del deterioro de las condiciones económicas”.

  En el pasado mes de mayo el gobierno español, a través del Frob, había pasado  a disponer de una posición de control en el grupo bancario BFA/Bankia, procedente de la fusión de siete cajas de ahorros capitaneadas en su día por Caja Madrid y Bancaja. Se realizó una renovación completa del Consejo de Administración de Bankia, anunciándose que  la reestructuración y saneamiento de dicha entidad requería de unos apoyos públicos de 19.000 millones de euros,  adicionales a  los 4.300 millones de préstamos del Frob transformados en capital.

La necesidad de aportar recursos a Bankia exigía un volumen importante de nuevas emisiones de deuda pública española, lo que debilitaba la situación de esta última en los mercados de bonos públicos. La solución anunciada para Bankia convirtió, pues, en imprescindible la petición de apoyo financiero desde España  a la eurozona, por más que dicha posibilidad se  hubiese rechazado  repetidamente desde el gobierno.

 Según el FMI, la crisis del sistema financiero español ha presentado una intensidad sin precedentes. El origen estaría tanto en  las perturbaciones internacionales posteriores a 2007 como en  factores internos específicos de la economía española.  El violento ciclo sufrido por el mercado de vivienda es el primer factor  interno citado. A dicho factor se añadió la debilidad de las cajas de ahorros, las carencias de la política y  la estructura regulatoria de las entidades crediticias  y la excesiva confianza de las mismas en la financiación  mayorista.

  El  FMI subraya que la estrategia seguida al  inicio  de la crisis consistió en repartir el esfuerzo  entre los sectores privado y público. El apoyo público ha acabado por resultar indispensable  y decisivo, como en otros países occidentales, entre los que destacan los casos de Estados Unidos y  Reino Unido después de la quiebra del banco  Lehman Brothers en el otoño de 2008.

   La capitalización de los bancos españoles es imprescindible  para que estos puedan acudir a los mercados internacionales a conseguir financiación privada. Dichos bancos deben de hacer frente a fuertes vencimientos de la deuda que emitieron para financiar la burbuja inmobiliaria desarrollada en la etapa 1997-2007. La capitalización vendrá de la mano del Frob, que transformará los 100.000 millones de euros del prestamo de la Eurozona en capital de los bancos,  adquiriendo para ello acciones u otros instrumentos emitidos por los mismos.

 Nunca ha estado tan claro en España como ahora la transformación de deuda privada en deuda pública.  Los errores de gestión de bancos y de  administraciones públicas competentes en el gobierno del suelo los van a pagar todos los españoles. Y todavía queda mucha deuda privada española por el mundo.

  El Informe del FMI destaca la consolidación bancaria que  la crisis  ha ocasionado en España. En 2009 el número de entidades de crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios  ascendía a cincuenta, de los que siete eran bancos y 43 eran cajas de ahorros.  Después de tres años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del Frob, en 2012 son catorce las entidades que controlan el 88% de dichos activos. Cinco entidades proceden de bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), que controlan el 47% de los activos, y las nueve restantes  tienen su origen en cajas de ahorros que se han fusionado o que han sido absorbidas por las de mayor dimensión.

  Al llegar el verano de 2012 no ha llegado todavia el momento de mirar hacia atrás en lo que se refiere al sistema financiero español. La tarea de fortalecer a las entidades más débiles,  de rematar el inacabable proceso de fusiones (no se entiende porque  tiene todavia que reducirse mas el mapa bancario español)  y de conseguir que se normalice el flujo de crédito resulta todavia excepcional. 

DEMASIADO CREDITO PARA EL PROMOTOR

Julio Rodríguez López[1]              El País Digital,  9 de junio de 2012

  La reunión del Eurogrupo de la tarde del sábado 9 de junio puede ser uno de los hitos básicos de la profunda crisis económica y bancaria española que se inició en el ya lejano verano de 2007.  Dicha reunión puede  formalizar el hecho de que el Reino de España tiene necesidad de acudir al Fondo Europeo de Estabilización  Financiera para realizar la necesaria capitalización  de una parte del sistema bancario español. Tal necesidad tiene su origen en la crisis del mercado de vivienda, en el que el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria provocó amplios excedentes de viviendas  y de créditos impagados entre las entidades de crédito españolas.

  Desde los años sesenta del pasado siglo los ciclos del mercado de vivienda han desempeñado un papel relevante en el comportamiento de la economía española. El prolongado periodo de aumento de los precios de la vivienda de fines de los años noventa  atrajo a dicho mercado a un amplio segmento de inversores. En el proceso de creación de una burbuja  en el mercado de vivienda hubo una amplia complicidad social. Promotores, asalariados, ayuntamientos, autonomías, gobierno de España y, sobre todo, bancos y cajas de ahorros,  participaron plenamente de un proceso que  redujo la base productiva española y que  disminuyó su capacidad de competir.

   El  desarrollo de la burbuja inmobiliaria se realizó sobre todo a partir del crédito bancario a promotores y constructores de viviendas. Dichos  créditos se han diseñado de forma que permiten  la subrogación posterior de los compradores finales de las viviendas en  las condiciones de los mismos (tipo de interés, relación préstamo/valor, plazo). El crédito a promotor no debe de superar en su duración los dos años del periodo medio de construcción de las viviendas, mientras que el crédito a comprador tiene un plazo medio más prolongado,  que ahora oscila en torno a los 25 años.

 En 1997 el  saldo vivo del conjunto del crédito inmobiliario de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito  suponía en España el 39,9% del crédito al sector privado de la economía y el 28.4% del PIB. En el momento del pinchazo de la burbuja, a fines de 2007,  la participación citada en el crédito privado era del 60,4% y su valor equivalía al 102,6% del PIB. El crédito a promotor y constructor  ha llegado  a equivaler al 43,4% del PIB y el crédito a comprador se ha situado en torno al 60%.

  Después de 2007   la restricción crediticia frenó el aumento del crédito inmobiliario y se inició un aumento dramático de la morosidad de dichos préstamos.  A 31 de diciembre de 2011 la tasa de morosidad (saldo de créditos morosos dividido por la suma de los saldos de créditos “normales” y morosos) de los préstamos a promotor se elevaba al 20,9%, la del crédito a constructor ascendía al 17,7% y la de los créditos  a comprador de vivienda era solo del 2,8%. Sin embargo,  la tendencia al alza de estos últimos es una realidad derivada del descenso del empleo y de la recesión de la economía española. El conjunto de la morosidad del crédito inmobiliario ascendía a 31 de diciembre pasado a cerca de 100.000 millones de euros, más del 9% del PIB de España del pasado ejercicio.

Se advirtió pronto que  el ahorro español era insuficiente para alimentar un aumento tan intenso del crédito inmobiliario. La apelación a los mercados exteriores y a los bancos europeos, sobre todo alemanes, resultó imprescindible para financiar  un aumento tan intenso del crédito inmobiliario (el 22,6% de media anual  entre 1997 y 2007, mientras que el PIB nominal  lo hacía por debajo del 9%). Dicha apelación se hizo  sobre todo en el euromercado mediante  emisiones garantizadas con  las carteras de créditos hipotecarios de las entidades de crédito.

 Una parte sustancial de la deuda privada española, que ahora se está convirtiendo en gran parte en deuda pública de todos los españoles, se originó en dicho proceso. La amortización de las emisiones de títulos efectuada para financiar el ladrillo ha pesado de forma restrictiva sobre la actividad de las entidades de crédito españolas después de 2008. El fuerte endeudamiento mencionado no  financió precisamente una ampliación de la base industrial de España, sino que  creó una pirámide improductiva de  alrededor de un millón de viviendas  de nueva construcción no vendidas.

 Dicho excedente de viviendas  ha debilitado  la calidad de los balances de las entidades de crédito y está en el origen de los problemas que acucian en la tarde del segundo sábado de junio de 2012. El proceso citado  ha pesado más en el caso de las cajas de ahorros, cuyo negocio bancario estaba menos diversificado y que se habían convertido  en el brazo armado financiero de los poderes autonómicos y locales, que encontraron en el ladrillo una vía holgada de financiación fiscal.

 La crisis bancaria española, que está obligando a realizar cuantiosas operaciones de reflotamiento bancario, ha resultado ser una crisis bancaria “clásica” y previsible. Detrás de dicha crisis  no ha habido ni productos derivados, ni CDO, ni paquetes de créditos basura titulizados, sino solo un volumen excesivo de créditos a promotor, mucho más peligroso que el crédito a comprador de vivienda. Al contrario de lo que se llegó a pensar, la banca al por menor no es una actividad de bajo riesgo. La práctica desaparición de las cajas de ahorros del mapa bancario español, del que no hace mucho tenían más de la mitad de participación, es la mejor prueba de que dicho riesgo nunca debió de banalizarse.  

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[1] JRL es miembro del colectivo Economistas Frente a la crisis

VENTA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS. . LOS FONDOS APRIETAN


Julio Rodríguez López           30 de mayo de 2012

El resto del mundo y, sobre todo, los mercados de capitales, véase acreedores, desconfía de dos aspectos de la economía española, Por una parte existen reservas sobre la situación real de los bancos, especialmente sobre los créditos ligados al subsector inmobiliario. En segundo lugar se desconfía de la situación real de déficit presupuestario y déficit de las comunidades autónomas.

A la vista de los descuentos de valor que suponen las mayores provisiones exigidas a los bancos respecto de los créditos ligados a la construcción y venta de viviendas, parece cobrar mayor fuerza la presencia de inversores institucionales en el mercado de vivienda español. Sin embargo, el alcance real medio de las compras de viviendas por parte de extranjeros no residentes resulta todavia limitado.

Como se ha subrayado con frecuencia, en la fase de desarrollo de la burbuja inmobiliaria, España se endeudó de forma sustancial para construir no una base industrial y productiva para su economía, sino que se vino a construir una especie de ”pirámide” escasamente productiva, que todavia está por pagar. Ante la insuficiencia de los recursos procedentes de los depósitos bancarios, se apeló masivamente a los mercados mayoristas para cubrir la expansión del crédito.

No hay estimaciones directas del alcance del stock de viviendas terminadas y no vendidas, pero debe de oscilar entre 700.000 y un millón de viviendas. En las islas y en el arco mediterráneo, asi como en la periferia de Madrid, sobre todo en las provincias de Toledo y Guadalajara, se concentra la mitad de dicho stock.

El riesgo inmobiliario derivado de la financiación crediticia de dicho proceso de construcción y venta de viviendas llevó a que  el riesgo en cuestión superase el billón de euros, esto es, una cuantía equivalente al PIB de la economía española. El 30% correspondió al crédito a promotor, el 10% al crédito a constructor de viviendas y el 60% restante es el relativo al crédito a comprador. La tasa de morosidad de tales créditos inmobiliarios oscila ahora entre el 2,8% en el caso de los créditos a hogares para compra y rehabilitación de viviendas y el 20% en el caso de los préstamos a promotores.

Los Reales Decretos Leyes 2/2012 y 18/2012, con los que el gobierno ha desarrollado en 2012 la reforma del sistema financiero, han elevado sustancialmente la cuantía de las provisiones y de las dotaciones al capital que los bancos deben de realizar para reflejar la realidad del valor de dichos riesgos inmobiliarios. Destacan las relativas al suelo problemático, el 80%, y las correspondientes a las promociones en curso, el 65%. Con tales provisiones, a los bancos les resulta equivalente el mantener devaluados en sus balances tales activos o venderlos con un descuento equivalente a la provisión citada, situación que favorece la salida al mercado de activos hasta ahora remansados en los balances bancarios..

Las dos estadisticas disponibles sobre las compras de viviendas de extranjeros en España crecieron en 2011. Así, según el Banco de España, la cuantía de las inversiones extranjeras en inmuebles creció en un 26,7% en 2011 sobre el año precedente, alcanzando los 4.748 millones de euros. Si se supone que la dimensión media de la vivienda adquirida por extranjeros es de 90 metros cuadrados, a los precios medios de mercado con dicha inversión se pudieron comprar 30.316 viviendas, el 8,7% de las ventas totales de viviendas en 2011.

La estadística de transacciones de viviendas de Fomento indica que en 2011 las ventas de viviendas a extranjeros residentes en España y a no residentes ascendieron a 34.829 viviendas, el 10% del total de ventas del pasado ejercicio. Las autonomías de Valencia, Andalucia, Cataluña, Canarias y Baleares concentraron cerca del 85% del total de ventas de viviendas a extranjeros. En Baleares se alcanzó en 2011 la mayor proporción de ventas de viviendas a extranjeros, el 30,7% del total, seguida de Canarias (26,6%) y Valencia (22,2%).

Lo anterior confirma que la inversión extranjera en inmuebles residenciales en España se concentra sobre todo en las zonas de “sol y playa” y es escasamente significativa en el interior de la península. Se advierte un descenso de las ventas a “clientes finales”, no inversores, que buscan una vivienda vacacional. Las mayores provisiones estan atrayendo a fondos de inversión, sobre todo árabes, que buscan complejos residenciales en bloque, en los que encuentran posibilidades de revalorización a medio y largo plazo (compran para revender).

En una situación tan complicada como la de la economía española a la llegada del verano de 2012, cualquier factor que contribuya a “tirar” de la demanda y a mejorar las ventas debe de tomarse en consideración. La recuperación del crédito parece imprescindible, incluso para impulsar las exportaciones, que han impedido un mayor hundimiento de la actividad productiva.

EL CALOR DE MAYO TRAE NUEVAS REFORMAS

Julio Rodriguez López

( 20 Mayo 2012)

   Los resultados electorales del 7 de mayo en Francia y en Grecia confirmaron que las crisis económicas resultan difíciles de superar por los gobiernos en ejercicio.  En poco tiempo numerosos jefes de gobierno en la Eurozona han perdido elecciones o han sido apartados del poder sustituidos por tecnócratas.  A las dificultades de la crisis iniciada en 2007 se unen unas expectativas negativas tanto sobre la Eurozona como sobre  algunos países miembros. La salida de Grecia de dicha area económica  se presenta ya como algo probable. Por otra parte, en España,  la toma por parte del gobierno de una mayoría accionarial de control en Bankia, entidad sucesora de Caja Madrid, ha supuesto una nueva complicación a la salida de la crisis.

   Los resultados electorales de Grecia del pasado 7 de mayo revelaron el malestar de una mayoría de  votantes respecto de la política de ajustes impuesta a dicho país para reducir el fuerte endeudamiento público. Ante la impaciencia de los organismos internacionales, los griegos no parecen dispuestos a que se prolongue la situación de los últimos años, caracterizada por la presencia de todos los elementos que acompañan a una fuerte depresión, como son el retroceso de la actividad productiva, el  fuerte aumento del desempleo y el  sustancial ajuste a la baja de  las prestaciones sociales (educación, sanidad, pensiones).

 La quiebra de la economía griega puede ser aplazada o inmediata, según si  dicho país continúe o no en el euro, respectivamente (W. Munchau, “Default now or default later, that is the question”, FT, 14.5.2012). Junto al agravamiento de la situación de Grecia  por el resultado electoral citado, el ganador de las elecciones presidenciales francesas, François Hollande, ha subrayado su pretensión de aportar  a Europa una dimensión de crecimiento y de prosperidad. El margen de maniobra del nuevo presidente francés es limitado. Desde su elección se ha puesto de nuevo en cuestión la dura política de austeridad seguida en la eurozona,  especialmente en los países más afectados por la crisis de la deuda, como son  los casos de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España.

 Las previsiones de primavera de la Comisión de la Unión Europea (European Commission, “European Economist Forecast, Spring 2012) han subrayado el ajuste que está en marcha en la economía española,  tras el abrupto cambio de situación  sufrido por el subsector inmobiliario y por el resto de la construcción. El apartado relativo a España de dicha publicación  subraya la profunda debilidad de la demanda interna, acentuada por la reducción del gasto público, por la persistente restricción crediticia y por la reducción del empleo.

  Un  aspecto positivo señalado en el citado informe de la Comisión de la UE es el relativo a las exportaciones españolas. Se considera que la reducción de los costes salariales unitarios y la favorable diversificación regional  han mejorado  la cuota de mercado. El conjunto de las exportaciones de bienes y servicios ha crecido en España desde el   26,9% del PIB en 2007 hasta el 30,1% en 2011, destacando la mejoría correspondiente a las exportaciones de mercancías.   Pero el dinamismo de las exportaciones no compensa el retroceso de la demanda interna. Según el informe en cuestión, España registrará un descenso del PIB del -1,8% en 2012 y otro del -0,3% en 2013.

  Las previsiones de la UE para España son más negativas que las del gobierno. Además,  la Comisión de la UE advierte contra riesgos adicionales, como el acentuamiento de la crisis de deuda pública, unos  precios de la energía superiores  a los previstos y un mayor deterioro de los resultados bancarios. La situación de los bancos y el comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas son los puntos más débiles de España ante los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional,  Comisión de la UE y  Banco Central Europeo).

Tales inquietudes explican la aprobación  en Consejo de  Ministros del 11 de mayo de un nuevo Real Decreto Ley, el 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sistema financiero. Las mayores provisiones sobre los activos inmobiliarios en situación “normal”, la segregación obligatoria de los activos problemáticos , la valoración independiente  de  determinados activos de los balances bancarios  y la disponibilidad de fondos públicos para apoyar las reformas son los aspectos más destacados de la nueva reforma del sistema financiero.

 La clarificación de la situación del sistema financiero español es precisa para que se recupere el flujo crediticio hacia la economía española. Está por ver si la previsión inicial de aportación de nuevos recursos públicos al saneamiento bancario va ser o no suficiente. La pesada nube de aire africano que ha elevado las temperaturas en mayo no impide concluir que  lo urgente está en resolver de una vez el problema financiero en cuestión, aunque ello implique pedir ayudas adicionales en el exterior, 

NUEVOS GOBIERNOS. EL PSOE CONSERVA  URBANISMO EN ANDALUCIA

Julio Rodríguez López

5.5.2012

  Los resultados electorales más recientes están provocando abundantes cambios de gobierno en Europa. A ello se une  el acceso a la presidencia de algunos gobiernos de personalidades de perfil tecnocrático, en las que se confía para sacar adelante la economía del país ante las enormes dimensiones de la crisis. En este segundo caso sufre la democracia, puesto que los partidos políticos no ofrecen soluciones rigurosas  a los problemas planteados y la propia economía acaba imponiendo a  los candidatos.

  En Andalucía,  tras las elecciones autonómicas recientes,   no ha habido  cambio en la presidencia del gobierno, pero José Griñan tendrá que   trabajar con un gobierno de coalición PSOE-IU  para disponer de mayoría parlamentaria. En el reparto competencial resultante para formar el nuevo gobierno  no parece haberse llevado ninguna competencia trascendental el nuevo socio de gobierno.  Cuando se anunció que la Consejería de  Obras Públicas y Vivienda pasaba a manos de IU, algunos pensaron que, como sucedió en las primeras elecciones municipales de 1979,  dicha coalición  se iba a quedar con la poderosa competencia de política territorial o urbanismo.

  Sin embargo, la competencia de Urbanismo o gobierno del suelo  se ha  integrado en la de Agricultura en el nuevo gobierno, formando así una extraña y poco frecuente combinación de competencias. Como ha sucedido en los presupuestos generales del Estado,  pocos recursos pude haber en estas circunstancias  para nuevas inversiones públicas, que son las que aportan nervio a Obras Públicas. El Presupuesto ha vuelto a quedar en manos socialistas, junto a Economía.  Como dijo el portavoz del PP, Carlos Rojas, IU daba mucho a cambio de unas competencias de escaso alcance, sobre todo en  tiempos de crisis económica.

  En cambio, con las competencias de Urbanismo se puede incidir en el destino del suelo y en la configuración de las áreas urbanas. Entre la Constitución de 1978, los Estatutos de Autonomía y las tremendas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el particular, el destino del suelo se decide en España a nivel de política municipal y autonómica. España es el único país de Europa Occidental en el que el gobierno del Estado nada tiene que decir sobre el destino del suelo. A título de ejemplo, en la vecina Francia una dirección general del gobierno del Estado decide tal destino del suelo, lo que subraya el interés del estado republicano sobre la asignación del suelo a diferentes fines.  

   Los ayuntamientos deben de someter los planes locales de Urbanismo a la aprobación del gobierno autónomo, en este caso la Junta de Andalucía. Asimismo  las decisiones más relevantes sobre el destino del suelo deben también de someterse a la aprobación del gobierno regional. De lo anterior se deriva que la cuestión de la política de suelo se reparte entre ayuntamientos y gobierno autónomo.  La iniciativa corresponde, por lo general, al gobierno local, en el que el concejal de Urbanismo  tiene un peso relevante, el más importante tras la preparación del presupuesto local.

  Un ejemplo  de la trascendencia de la política de suelo se produce en Motril con el caso del previsto polígono empresarial próximo al Puerto. El aumento de dimensión del Puerto citado ha sido espectacular en la última década. Sin embargo, ello no ha estado acompañado de la creación de un área territorial para la instalación de nuevas empresas. El polígono en cuestión está parado mas de diez años, cuando las necesidades de crear nuevos empleos en esta ciudad resultan angustiosas para numerosas familias. No parece que el tema haya interesado demasiado al gobierno regional ni tampoco se han oído los lamentos motrileños sobre dicha carencia. El urbanismo frena así el aumento del empleo.

 En Motril se presenta  con frecuencia al turismo no tanto como una actividad productiva generadora de empleos, sino más bien como una especie de religión. Bajo el pretexto del fomento del turismo se han adoptado en Motril decisiones sobre el destino del suelo que poco han favorecido al desarrollo de dicha actividad. En  el fondo se trataba de simples promociones inmobiliarias devoradoras de suelo, generadoras  de grandes beneficios empresariales  pero que  no crearon  empleos permanentes.

Motril, como Andalucía, adolece de un tejido industrial poco diversificado, en el que ha pesado demasiado la construcción  y en el que ha perdido peso la agricultura, sometida a una competencia feroz por parte de la producción procedente de Marruecos.  La industria tiene una participación muy reducida.  En las ciudades   en las que hay alguna instalación industrial la opinión pública  parece enterarse de la trascendencia de dichas empresas el día en que se anuncian problemas en las mismas.

  En el inminente verano que viene se cumplirán cinco años desde el inicio de la crisis económica. Esta última está golpeando a España con intensidad, situación complicada asimismo por el defectuoso diseño de la Eurozona. La moneda común, el euro,  ha reunido a países con perfiles económicos  muy diferentes  (compárese Alemania con Grecia) sin mecanismos fiscales compensatorios y con un banco central que no orienta sus actuaciones hacia el logro de unos ritmos de crecimiento económico satisfactorios.

  El urbanismo andaluz  ha sido complaciente con la construcción masiva de viviendas, como lo confirma el que Andalucía llegase a construir más viviendas que el Reino Unido, unas 100.000 al año en la pasada etapa de auge inmobiliario, cuando el máximo ritmo de creación neta de hogares no pasó de 50.000 en algunos años. El urbanismo andaluz y,  dentro del mismo, el urbanismo desarrollado en Motril,  no  ha estimulado, sino al contrario,  la instalación de empresas y ha vuelto la espalda al campo, cuando no ha sido hostil al mismo, situación que se vivió en su día con la cuestión de los invernaderos.

  Es de desear buena fortuna al nuevo gobierno andaluz. En su toma de posesión  como nuevo presidente de la república, el 15 de mayo, François Hollande  dijo expresamente que prefería la creación de empleos estables a la obtención de grandes beneficios especulativos. Es de desear que el eco de dicha palabras llegue a España y a Andalucía.

ESPERANDO A EUROPA


30.4.2012

Julio Rodriguez López

Los últimos resultados disponibles sobre la evolución de la economía española han acentuado el perfil pesimista de dicha evolución. Por una parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE relativa al primer trimestre de 2012 ha arrojado nuevas evidencias de que persiste la destrucción de empleo y el aumento del paro. En segundo lugar, el avance del INE sobre la evolución de la actividad señala la presencia de un nuevo retroceso del PIB en el mismo periodo, el -0,3%.

La caída de la actividad refleja el hundimiento de la demanda interna. Este retroceso está siendo reforzado por el perfil deflacionario de la politica fiscal que suponen tanto el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como el “Programa de Estabilidad 2012-2015 y Programa Nacional de Reformas 2012”. Este último fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de abril.

Los resultados de la EPA del primer trimestre de 2012 resultan un tanto descorazonadores. La pérdida de empleos en un año ha sido de 718.500, de los que todavía el sector de la construcción ha expulsado 307.300, el 42% del descenso total del empleo. Al retroceso inicial de la construcción residencial ha sucedido la caída de la construcción no residencial, explicada por el abrupto descenso de la inversión pública iniciado en 2010.

Cuando van transcurridos cuatro años y medio de crisis, la destrucción de empleo ha superado los tres millones de puestos de trabajo, la mitad de los cuales procede de la construcción. El retroceso de dicho sector también ha influido sobre el descenso de la ocupación en las actividades industriales y de servicios estrechamente ligadas a la construcción.

De forma paralela a la destrucción de empleos, la actividad productiva ha retrocedido en un -4,4% en los cuatro años transcurridos entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2012. La construcción ha descendido en un 35%, mientras que el resto de la actividad productiva, la no construcción, ha crecido ligeramente. A pesar de tal evidencia, el “Programa de Estabilidad 2012-2015” no vacila en atribuir la caída del empleo a “una excesiva rigidez y a un mercado (de trabajo) ineficiente”.

El gobierno rechaza tozudamente que haya desempleo keynesiano, esto es, desempleo derivado de la debilidad de la demanda. Hacía tiempo que no se sufrían en España las consecuencias de una politica económica tan ideologizada como la que ahora se está llevando a cabo, en este caso de carácter a todas luces conservador y neoliberal. La reforma del mercado de trabajo y la deflación presupuestaria son las piezas claves de dicha politica. Según el Programa citado, en España se van a perder empleos en 2012 y 2013, mientras que allá por 2014 habrá una recuperación de la ocupación, y ello gracias al fuerte tirón de las exportaciones.

La política económica española se desenvuelve dentro del marco de austeridad previsto para la Eurozona, que implica una reducción abrupta del déficit público hasta 2013. Dicha política responde a lo que Paul Krugman denomina “el gran engaño europeo”, esto es, a “la creencia de que la crisis europea se debe ante todo a la irresponsabilidad fiscal”, La deuda, excluida Grecia, solo se disparó tras la llegada de la crisis (El País de los Negocios, 29.4.2012). Fue la crisis la que trajo el déficit y no al revés.

Resulta difícil en el marco europeo presente establecer en España una politica de perfil expansivo. Se trataría de establecer una politica macroeconómica mas expansiva no solo para España, sino para Europa, concretamente para la Eurozona.”Difícilmente pasa un mes sin que tenga lugar una nueva crisis del euro, con la consiguiente imposición de mayor austeridad. Es como si Keynes nunca hubiese existido. Los países mas endeudados necesitan ciertamente reestructurar sus sectores públicos a largo plazo, pero no pueden hacer frente al pago de la deuda, a corto y a largo, cuando están en recesión. El creciente desempleo y la deprimida demanda frenan el crecimiento y no son de utilidad para nadie” (Simon Jenkins, “”Europe’s terrible blunder can be rectified. Remember 1931”, The Guardian, 26.4.2012).

Un viento de duda recorre el ámbito de los estados miembros de la Eurozona. Hasta el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se apunta a un “pacto por el crecimiento”. Antes de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en Francia, el mensaje reformista del candidato Hollande ha surtido efectos positivos. En España no cabe esperar cambios en el actual gobierno, que responde a las protestas con amenazas de mas reformas del mismo signo un viernes tras otro.  A fines de la etapa franquista, los Consejos de Ministros se clasificaron en deliberantes y decisorios. En la revista “Hermano Lobo”, Chumy Chumez clamaba “Arrepentíos, se acerca un decisorio”. Un tiempo desabrido arrastra recuerdos de otros tiempos aun mas desabridos. Una vez más, Europa puede ser la solución.

¿PORQUE ES TAN REDUCIDO ELPARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER EN  ESPAÑA? 

        

21 Abril 2012

Julio Rodriguez López

  El retroceso de la vivienda de alquiler en la segunda mitad del siglo veinte  fue más acusado en España que en el resto de los países occidentales. Entre los factores explicativos de dicho descenso destaca la más estricta regulación de los alquileres, flexibilizada a partir de los años ochenta del pasado siglo.  El mal funcionamiento del sistema judicial ha perjudicado al  alquiler dentro del mercado de vivienda. 

  La proporción de las viviendas de alquiler en España, dentro de las viviendas principales, pasó desde el 50,4% en 1950 al 11,4% en 2001, según los resultados de los Censos de Viviendas decenales realizados por el INE. A 1º de noviembre de 2001 el total de viviendas de alquiler en España ascendía a  1,6 millones. Ello  implica que alrededor de 3,3 millones de personas residían en España bajo dicha forma de tenencia de la vivienda.

 La presencia del alquiler era mayor en 2001 en las provincias y autonomías con mayor peso del turismo y también en las grandes áreas metropolitanas. Las encuestas del INE, concretamente la Encuesta de Condiciones de Vida, anual, parecen señalar que después de 2006 se está  produciendo una recuperación del alquiler. En 2010 la proporción de hogares que vive en dicho tipo de viviendas ascendió al 11,8%, frente al 10,4% de 2004.  España tiene la menor proporción de viviendas de alquiler dentro de la Eurozona, lejos del 50% correspondiente a Alemania.

En general el alquiler ha reducido su presencia en los países del mundo occidental  como consecuencia de la sustancial mejora de las condiciones de financiación que se produjo a partir de los años ochenta. Dicha circunstancia tuvo su origen  en la integración plena de los mercados hipotecarios dentro de los sistemas  bancarios, lo que permitió un crecimiento mayor de dicho tipo de préstamos.

 El auge de los  créditos hipotecarios fue posible por la mejoría experimentada en las condiciones de los mismos. Así, descendieron los tipos de interés  de forma espectacular hasta la mitad de la primera década del siglo veintiuno. Crecieron los plazos de los préstamos  y   se elevó la relación prestamo/valor, que con frecuencia se aproximó al 100%.  Todo lo anterior facilitó un abaratamiento relativo de la vivienda en propiedad.

Dicha tendencia ha resultado ser más acusada en España.  Tras la guerra civil se estableció una regulación restrictiva de los alquileres, a través de las leyes de arrendamientos urbanos de 1945, 1956 y 1964. De lo anterior se derivó un autentico control de los alquileres que favoreció a los inquilinos ya situados, pero que deprimió de forma radical la nueva oferta de viviendas destinadas al alquiler.

 Cuando se modificó dicha normativa, primero con el “Decreto Boyer” de 1985 y después con la nueva LAU de 1994, ya habia descendido de forma espectacular el número de viviendas de alquiler. Una segunda circunstancia que afecta al alquiler es el  deficiente funcionamiento del sistema judicial. Esto se  advierte cuando el  propietario arrendador tiene que ejercer sus derechos  en  casos tales como   la recuperación del piso pasado el plazo fijado en el contrato,  o cuando el arrendatario no paga la renta o si la vivienda sufre de amplios desperfectos.

 El formalismo judicial del sistema español, visible en el lento funcionamiento de los juzgados,  supera al de los países occidentales, con lo que el arrendador no puede ejercer los derechos recogidos en el contrato de alquiler. Ello desalienta el número de arrendadores potenciales, puesto que son amplias las incertidumbres acerca de la posibilidad de obtener una rentabilidad normal mediante el alquiler de la vivienda (Juan S.  Mora-Sanguinetti,  “Algunas consideraciones sobre el mercado del alquiler en España”,  Boletín Económico del  Banco de España, noviembre 2011).

  En España destaca el trato fiscal mas favorable que ha disfrutado la vivienda en propiedad  desde que con la democracia se estableció un autentico Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicha  norma introdujo una desgravación potente para la vivienda en propiedad en los inicios de la democracia. Posteriormente se  suavizó  hasta el 15% de una base imponible de 9020 euros cada año y contribuyente, en el caso de la vivienda adquirida con un prestamo.  La desgravación al alquiler es menos potente y generalizada que en el caso de la vivienda en propiedad.

  Por último, la política activa de fomento de la oferta de viviendas en España, la vivienda de protección oficial, no introdujo hasta 2002 las ayudas a la promoción de viviendas protegidas de alquiler. La vivienda protegida de alquiler no resulta atractiva para las entidades de crédito, que advierten la menor posibilidad de realizar ventas cruzadas con dicho producto.  El menor peso del alquiler en España es todo menos una casualidad, viniendo a ser, pues, un reflejo de las políticas de vivienda desarrolladas hasta el momento. 

LOS ACTIVOS “TOXICOS” FOMENTAN LA CONCENTRACION BANCARIA


EL Pais, 2 de abril de 2012


Julio Rodríguez López

   El Real Decreto Ley 2/2012, de saneamiento del sistema financiero, es el paso más reciente en el camino hacia la consolidación del sistema bancario español. Se   pretende  reforzar dicho sistema con la nueva normativa, saneando los balances y clarificando  así la situación de las entidades integrantes. Dicho Real Decreto Ley   clasifica a los activos inmobiliarios que afectan a los balances bancarios en viviendas terminadas, promociones en curso y suelo. La excesiva exposición del sector bancario  a tales activos es el principal lastre que afecta al mismo al inicio de 2012, más de cuatro años después del inicio de la crisis.

  La reducción de los precios de venta de la vivienda,  la recuperación del   crédito bancario en general y   un nuevo avance en la consolidación del sector bancario son los principales objetivos.  Las mayores provisiones sobre los créditos y  los activos adjudicados  y una mayor exigencia de capital, son  los  instrumentos empleados  para lograr los objetivos citados. Frente al afloramiento inmediato en los balances del impacto sufrido en el mercado de vivienda seguido en los casos de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, en España se ha seguido una vía más lenta en lo que a actualización de los balances se refiere. Dicha vía se acelera con la nueva norma.

     Una parte sustancial de la financiación canalizada hacia el subsector inmobiliario en España se ha originado  a partir de créditos concedidos inicialmente a los promotores inmobiliarios.  Los compradores de las viviendas construidas se subrogan en tales créditos en el momento de la compra. La financiación al mercado de vivienda, el crédito inmobiliario, está compuesta, pues,  por el crédito a hogares para adquisición y compra de vivienda, por el crédito a constructores de edificios  y por el crédito destinado a los promotores inmobiliarios. Entre 1997 y 2007 el conjunto del crédito inmobiliario aumentó en España a un ritmo medio anual (22,3%) ampliamente superior al del  sector privado.

   Como consecuencia de lo anterior, la cuota del crédito inmobiliario dentro
del conjunto del crédito al sector privado aumentó desde el 39,7% del total
de dicha magnitud en 1997 hasta el 60% de 2007. La relación entre el crédito inmobiliario y el PIB  pasó desde el 27,9% de 1997 hasta el 100% de 2007.
 
    El fuerte aumento entre 1997  y 2007 del  crédito inmobiliario fue  la contrapartida financiera de la expansión de la construcción residencial y de su relevante presencia en la actividad productiva y en el empleo de la economía española.  El que el crédito a promotor creciese más  que el crédito a comprador  anticipaba en su momento la realidad de  un ritmo de construcción de nuevas viviendas superior al de las ventas.

  Las variables no financieras del mercado de vivienda  registraron aumentos importantes paralelos a la expansión crediticia mencionada.  La fuerte demanda  dio lugar a que las  ventas de viviendas ascendiesen a 955.200 en 2006, casi un 50% mas que en 1997.  Los precios de las viviendas aumentaron en la década 1998-2007 en un 200%, una media anual del 11,4%. Se reforzó asi  la entrada en el mercado del comprador inversor, atraído por las continuas elevaciones de precios de la vivienda.

 La nueva oferta de vivienda reaccionó iniciándose  unos seis millones de viviendas en los diez años del periodo citado, mientras que el aumento neto del número de hogares en dicha etapa no llegó a los cuatro millones. La inversión en vivienda, que mide el volumen de  construcción residencial en España,  creció desde el 4,7% del PIB en 1997 hasta el 12,2% en 2007. El parque de viviendas de España, tras alcanzar los 21 millones según los datos del Censo de 2001,  rozaba los 26 millones a fines de 2011. En España  hay 1,5 viviendas por hogar, muy por encima de los 1,1 de la Eurozona. El total de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas oscilaba  entre 700.000 y 1.100.000 a  fines de 2011.

  La realidad del euro evitó  las políticas restrictivas de  demanda ante el creciente déficit exterior, que llegó alcanzar el 10% del PIB en 2007. La  etapa de expansión 1997-2007    fue   bastante más prolongada  en España que las   fases similares de los precedentes ciclos del mercado de vivienda (1971-74, 1986-90). Un aumento tan intenso  del crédito fue posible porque el sector bancario realizó una apelación intensa al ahorro externo, y ello bajo la forma de colocaciones de deuda bancaria en los mercados de capitales.

 Cuando llegó la crisis financiera en 2007 el mercado de vivienda en España ya iniciaba un “aterrizaje suave” que en breve se hizo abrupto.  El racionamiento del crédito frenó en seco la demanda de vivienda en 2007-08. Las ventas de viviendas descendieron  hasta las 347.300 de 2011. El ajuste derivado de las menores ventas se concentró en la nueva oferta, donde las viviendas iniciadas retrocedieron hasta las 78.300 de 2011,  el nivel mas reducido desde que se dispone de series de visados de arquitectos y de aparejadores. La inversión en vivienda, segun la Contabilidad Nacional de España, vio bajar   su cuota del PIB  hasta el 6,9% en 2011. Dicho descenso de la construcción residencial explicó por si solo el 60% de la pérdida de empleo  sufrida en España entre 2007 y 2011.

   El descenso de los precios de vivienda en España, el 21,7% en cuatro años,   según la estadística del INE,  ha sido inferior al de países en los que  apareció un exceso de oferta de vivienda equivalente al registrado en España. Un descenso más acusado de los precios de la vivienda hubiese impedido un ajuste tan intenso de la actividad y del empleo en el subsector inmobiliario. Los créditos morosos y los activos adjudicados  procedentes del mercado inmobiliario se han convertido en una palanca para la consolidación y el adelgazamiento del sistema bancario español, en  el que las cajas de ahorros han desaparecido prácticamente como entidades de crédito.

  El saldo vivo de crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) equivalía en España  a fines de 2011 al 95,5% del PIB y al 57% de la cartera de créditos al sector privado del sistema bancario español. Dentro del mismo, los  riesgos asociados al crédito a promotor y a constructor (unos 400.000 millones de euros, a 30.9.2011) son sustancialmente superiores a los correspondientes al crédito a hogares para compra de vivienda (unos 630.000 millones).  Lo que el presidente del gobierno denominó como “activos tóxicos” llevan pesando demasiado tiempo de forma relevante en los balances de las entidades de crédito. La situación de dichos activos, en especial su antigüedad en el balance, varía entre banco y banco.  No es seguro que el mayor aprovisionamiento  fuerce a los bancos a vender tales activos, sobre todo si tienen  calidad y existen expectativas de revalorización de los mismos.  

   Los cambios en el mercado de  vivienda dependerán de cómo  evolucione la demanda.  Todo indica  que el alquiler puede aumentar en tanto persistan las actuales condiciones de incertidumbre generalizada. Será trascendente la disponibilidad de financiación crediticia desde los bancos, que aun necesitan  de aportaciones de liquidez adicionales  para  que “fluya” normalmente el crédito.  Entre las aportaciones del Banco Central Europeo, la concentración  bancaria que el Real Decreto Ley está favoreciendo y el paso del tiempo acabarán por ejercer alguna influencia, aunque es posible que el plazo resulte demasiado largo para la economía española.

UNA SEMANA INTENSA DE MARZO

Julio Rodríguez López   1.4.2012 

  En la última semana de marzo de 2012 se acumularon las novedades. Primero fueron  las  dos elecciones autonómicas celebradas el domingo 25 de marzo, en las que el resultado de Andalucía no  confirmó las previsiones.  En segundo lugar, el jueves 29 de marzo tuvo lugar una huelga general frente a la ley de Reforma Laboral del gobierno del Partido Popular, con impacto significativo en cuanto a seguimiento y presencia popular en las manifestaciones. 

  En la misma semana, el viernes 30 de marzo,  el gobierno de Rajoy aprobó el  Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El proyecto en cuestión recoge un fuerte recorte del  gasto público y apela  a una significativa amnistía fiscal para situar el déficit en el nivel fijado por la comisión de la UE (-5,3% del PIB).

  Del resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía se deriva que puede gobernar  en Andalucía una coalición PSOE-IU, frente a los abundantes sondeos de opinión que daban mayoría absoluta al Partido Popular.  La distancia en que ha quedado este partido respecto de la mayoría absoluta  puede  indicar el recelo de la opinión pública respecto de la política social de los primeros cien días de gobierno  del PP. Las formas políticas del actual gobierno, un tanto sobrado de  arrogancia y de dogmatismo liberal en su política económica,  han frenado sin duda el trasvase de votos desde el PSOE hacia el PP. 

  Una parte del voto de izquierda se ha pasado en Andalucía desde el PSOE   a Izquierda Unida (11,3% del voto y 12 escaños).  El castigo al PSOE se ha reflejado en el fuerte descenso del voto popular a dicho partido (un 30% menos) respecto de 2008. No solo hay cansancio popular en la valoración que se hace de la gestión de los socialistas en el ejecutivo andaluz,  sino que también  se han ido hacia IU anteriores votantes del PSOE,  para los cuales los socialistas han abandonado buena parte del reformismo socialdemócrata que debió  de impregnar mucho más su gestión pasada.

  Del resultado electoral se deriva que  el próximo gobierno de Andalucía  deberá  introducir reformas sustanciales en los cuatro próximos años. Izquierda Unida, que debería entrar en el nuevo gobierno, tendría que contribuir a reforzar el reformismo del gobierno andaluz. Este debería de fortalecer los instrumentos de control del gasto público y tendría que  actuar para que esta autonomía refuerce y diversifique su base productiva.  Andalucía necesita fomentar la presencia de actividades productivas con mayor posibilidad de competir en el marco globalizado actual.

  La convocatoria de huelga general del jueves 29 de marzo fue objeto de un seguimiento desigual, según las diferentes ramas de actividad. En contra de la convocatoria influyó   el clima de miedo a las represalias empresariales a que ha dado lugar el contenido de la reforma laboral del  gobierno popular. Las manifestaciones de la tarde del  jueves 29 contaron con una abundante presencia de participantes. Lo anterior indica que la opinión pública  parece no estar  conforme con  que la reforma laboral en cuestión sea  el eje central de la lucha contra el desempleo en España.

  La mayor parte del empleo perdido en España desde el inicio de la crisis se debe al fuerte descenso de la actividad de la construcción y  a la debilidad de la base productiva española, que cada vez tiene más difícil el  competir.  Asimismo, la reforma laboral “significará una alteración singular de la distribución funcional de la renta, en detrimento de las rentas del trabajo sin que ello signifique...la incorporación de estímulos a la creación de empleo neto” (Santos Ruesga,”Una reforma fuertemente desequilibrada”, Diario Progresista, 1 de abril de 2012).

   El tercer evento de la última semana de marzo fue la  aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El gobierno popular  ha estado atento a la imposición fijada por Unión Europea de que en este ejercicio el déficit de las administraciones publicas no supere en España el 5,3% del PIB (8.5% en 2011), del que el 3,5% correspondería al Estado y a la Seguridad Social. 

  En 2012 deberá descender, pues,  el déficit del Estado más Seguridad Social en 27.300 millones de euros. Ello exigirá realizar descensos del gasto, que serán importantes sobre todo  en la inversión pública, que caerá en casi un 20% sobre 2011. En cuanto al necesario aumento de ingresos, destaca la amnistía fiscal establecida para la repatriación de capitales españoles no declarados a Hacienda, que deberán tributar entre un 8% y un 10%,  con los que se espera recaudar unos 2500 millones de  euros.

  El gobierno no ha estimado la incidencia de dichos presupuestos sobre el crecimiento y el empleo  de la economía. La restricción aprobada del gasto implica un impacto negativo de más de un cuarto de punto sobre la variación del PIB en este ejercicio, lo que sin duda contribuirá  a  deprimir  aun más el crecimiento de la economía en este ejercicio.