Julio Rodríguez López
En la última semana de abril se conocieron los resultados de la encuesta de población activa (EPA) del INE correspondientes al primer trimestre de 2011. Sobre una población activa (ocupados y parados que buscan empleo) de 23,1 millones, 18,2 millones tenían empleo y 4,9 millones estaban desempleados. La tasa de paro ascendía al 21,3% de los activos. Los resultados citados han renovado las críticas al gobierno de España y a su política económica, aunque no abundan las propuestas alternativas de actuaciones correctoras de tal estado de cosas.
Desde el verano de 2007 han transcurrido más de tres años y medio de crisis en el caso de la economía española. En el tercer trimestre de 2007 la tasa de desempleo era solo del 8%. Después, el número de parados ha crecido en 3,1 millones, en un 75,7% como consecuencia de la reducción del empleo y en un 24,3% por el aumento de la población activa.
Los empleos desaparecidos en España entre 2007 y 2011 se han elevado a 2,4 millones, de los que el 30,4% se ha perdido en la industria y el 51,9% en el sector de la construcción. A la vista de las fuertes interrelaciones que este último mantiene con otras actividades productivas, resulta evidente que dicho sector ha debido explicar casi el 60% de las perdidas de empleo experimentadas en España desde el verano de 2007.
El cambio de situación en el mercado de la vivienda, en el que las viviendas iniciadas no pasaron en 2010 de las 92.000, casi la décima parte de las iniciadas en 2006, tiene bastante que ver con la situación actual del mercado de trabajo. El ajuste de la inversión pública en infraestructuras también se está dejando notar en 2011.
Desde la publicación de los negativos resultados de la EPA del primer trimestre abundan las opiniones en las que se considera preciso profundizar en la reforma del mercado de trabajo para frenar la destrucción de empleo. Dichas reformas apuntan sobre todo a la conveniencia de desligar los aumentos salariales respecto de los aumentos de precios. Un cambio como el citado llevaría sin duda a descensos reales de los salarios. Así, por ejemplo, en el diario El País de 30 de abril se dice que “ya no puede pasar mas tiempo para que el Gobierno tome las riendas de la reforma de la negociación colectiva y evite que se convierta en un simple placebo” (Juan J. Dolado y Florentino Felgueroso, “¿El ultimo mal dato de paro?).
La situación española actual tiene paralelismo con lo sucedido en los años treinta del pasado siglo, con motivo de la Gran Depresión. El desempleo a escala sin precedentes fue la principal consecuencia de eta última. La situación resultó entonces más dramática por la ausencia de sistemas públicos de Seguridad Social. Los comedores de beneficencia y los ejércitos de desempleados procedentes de las fábricas cerradas eran la imagen dominante. En los años treinta se defendía la total flexibilización del mercado de trabajo desde las posiciones conservadoras y el descenso de los salarios para lograr una reducción del desempleo galopante.
La obra decisiva de Keynes, la “Teoría General” se refirió de forma primaria al mercado de trabajo, que ocupa el lugar central de dicho libro. Para Keynes, una deflación salarial conduciría a un descenso de la demanda efectiva y a menor actividad y empleo. “El descenso de los salarios monetarios como reacción ante el desempleo podría generar expectativas negativas y dar lugar a cierres de empresas, con lo que el nivel de demanda agregada y el empleo permanecerían inalterados” (General Theory, Pág. 267).
El que el desempleo tenga su origen en España en el retroceso agudo de los niveles de ocupación, junto al protagonismo del sector de la construcción en dicho retroceso, lleva a pensar que una parte del paro en España tiene un componente keynesiano no despreciable. No es posible desarrollar ahora programas de inversiones públicas para reactivar la demanda, a la vista del elevado nivel existente de endeudamiento público y privado. Pero tampoco resulta razonable impulsar políticas que a corto plazo conducirían a nuevos descensos de la demanda efectiva de la economía.
Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativos al primer trimestre de 2011 implican que la mejor política económica a desarrollar en España es la que mas puestos de trabajo genere. Dicha política debe de atender al control de los deficits de todas las administraciones públicas y a la mejora de la competitividad general de la economía. Tampoco deben de quedar al margen de la lucha contra el desempleo las administraciones territoriales, autonomías y ayuntamientos. Una cosa es equiparar la normativa laboral española a las prácticas frecuentes en el resto de la Eurozona y otra es someter a la economía a grados innecesarios de reducción de la demanda y del empleo, como sucedería de seguir al pie de la letra las recomendaciones que insisten en echar las culpas al mercado de trabajo.
(El Siglo, 9 de mayo de 2011)
