El mercado de la vivienda registró en España una fase excepcional de auge en la década transcurrida entre 1997 y 2007. Los niveles alcanzados por las ventas, viviendas iniciadas, obra construida y aumentos de precios acumulados fueron los más intensos de los que se dispone de información. La recesión sufrida por dicho mercado entre 2007 y el primer trimestre de 2010 ha tenido asimismo una intensidad acusada. El papel desempeñado en dicha fluctuación por la financiación crediticia, en términos de disponibilidad y de coste, ha sido decisivo.
Este blog está destinado a poner de manifiesto las disfunciones y colectivos perjudicados por la forma en que el problema de la vivienda se está afrontando en España, mostrándolo como un problema singular en Europa. y las posibles soluciones al mismo.
09 abril 2010
22 marzo 2010
La izquierda que amó la industria y el ladrillo viejo
Julio Rodríguez López
Las medidas propuestas de incidencia inmediata tienen un evidente aroma keynesiano. Se pretende potenciar por vía fiscal la rehabilitación de viviendas (IVA del 8% y desgravación en el IRPF de hasta el 10% de la inversión) y se extiende la financiación directa del ICO a las promociones de viviendas protegidas destinadas a la venta, así como a las Pymes y a los autónomos. El ICO concederá directamente tales créditos, aunque la comercialización de los mismos se efectuará por medio de “una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso”.
Entre las medidas contempladas para fomentar la competitividad de la economía, destaca el interés por recuperar el peso de la industria en el PIB, ahora en un 15,5%, hasta el 18%. Ello supondría, de conseguirse, un esfuerzo serio de diversificación del tejido productivo. Tras un intenso auge inmobiliario de casi diez años de duración (1997-2007), la actividad productiva se había concentrado en exceso en la construcción, sobre todo en la residencial. España convergió así, no hacia los esquemas propios de Europa Noroccidental, sino hacia el modelo de las autonomías menos desarrolladas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía).
El APCRE subraya el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos) desde el 11,4% del PIB en 2009 hasta el 3% en 2013. Esto implica reducir el gasto público en unos 90.000 millones de euros en algo menos de cuatro años. Dicha actuación puede afectar al ritmo de recuperación de la economía, según la composición que presente dicha reducción del gasto. No es seguro que el conjunto del sector privado (familias y empresas) pueda compensar la reducción de la demanda efectiva que el control del déficit puede provocar.
En el subsector de la construcción residencial en España destaca el peso reducido que la rehabilitación de edificios y de viviendas tiene dentro del mismo. En Europa Occidental la rehabilitación llega hasta el 50% de la obra construida en edificación residencial, mientras que en España dicha proporción no supera el 10%. Con más de 25 millones de viviendas familiares y con una proporción de viviendas por hogar (1,5) muy superior a la media de la Eurozona (1,1), parece mas que justificado potenciar la rehabilitación en España.
Pero el que la competencia sobre política de vivienda esté transferida a las autonomías obliga a contar con la colaboración de dichas administraciones públicas para que el plan de rehabilitación citado logre implantarse. A la vista de la difícil aplicación de algunas actuaciones impulsadas desde la Administración General del Estado, parecen necesarios fuertes grados de voluntad y de compromiso políticos para que se creen los empleos previstos con dicha actuación.
Resulta evidente que el ICO deberá hacer un serio esfuerzo de adaptación para servir a los ambiciosos objetivos que se le exigen desde el gobierno. La conversión de dicho organismo en un banco público no debería de rechazarse a las primeras de cambio. En 1991 los seis bancos públicos entonces existentes en España se integraron en Argentaria, entidad que se privatizó en 1998. Tales bancos tenían un perfil medio saneado y en su prolongada historia presentaron escasos ejemplos de financiación a inversiones no solventes. La mayoría de dichos bancos tenían cuentas de resultados bastante positivas, a la vez que contribuían al logro de los objetivos de política económica de los gobiernos.
El reforzamiento contemplado para la industria en el APRCE se apoyaría en un Plan Integral 2020 y en las ayudas a los subsectores de Automoción, TIC, Agroalimentario y Aeroespacial. Será necesario disponer de la colaboración de los municipios para conseguir tal potenciación industrial. Los años de auge del ladrillo “nuevo” han sido testigos de una actitud inmisericorde de las administraciones locales contra la industria, y ello desde sus competencias urbanísticas. Tales actuaciones han ido desde la reducción sustancial de la superficie previamente destinada a polígonos Industriales (palabra esta políticamente incorrecta en los últimos años) hasta la presión directa para que cerrasen fábricas perfectamente sostenibles, y ello solo por su buena ubicación urbanística.
(El Siglo, 15 de marzo de 2010)
15 marzo 2010
La crisis ha complicado los problemas crónicos de los ayuntamientos
| Julio Rodríguez López La dependencia de los ayuntamientos respecto de los ingresos derivados del desarrollo urbanístico se acentuó en la primera década del presente siglo. Los agentes económicos han actuado conociendo que el planeamiento urbanístico se puede modificar, a la vista de la dependencia de todas las administraciones respecto de tales ingresos fiscales. Los convenios urbanísticos se han presentado con frecuencia en el pasado como imprescindibles para financiar la realización de determinadas infraestructuras por parte de los municipios, y ha sido a la sombra de tales convenios donde han tenido lugar los mayores excesos urbanísticos. En ocasiones parece que el comportamiento racional de los ayuntamientos ha sido con frecuencia el de maximizar los ingresos urbanísticos. Ello ha dado lugar a realizar desarrollos urbanos que han afectado por completo a la base productiva de las ciudades y a la calidad de vida de las mismas. Dicha política conduce, en general, a una sobreutilización del suelo, que es un bien escaso y no renovable. La eliminación de la "frontera urbanística” (todo el suelo es urbanizable) no es condición suficiente para estabilizar el coste del suelo. Este último se forma desde el centro a la periferia de las ciudades y depende profundamente de las expectativas de aumento de los precios de las viviendas. El crecimiento del suelo urbanizable no estabiliza el precio del suelo. Este último tiene carácter virtual, dependiente de los precios esperados de las viviendas, de la edificabilidad del solar y de la localización. Se considera excesiva tanto la atención como la dependencia de las haciendas locales respecto de la riqueza inmobiliaria. Se atribuye a los ayuntamientos una cuota de responsabilidad en los altos niveles alcanzados tanto por los costes del suelo como por los precios de las viviendas. Ello sería consecuencia tanto de la fiscalidad que recae sobre la construcción de las nuevas viviendas como por el relativamente frecuente empleo de la subasta en la enajenación de suelo público. Resulta evidente que en los últimos años se sobrecalificó suelo como urbanizable residencial. No hubo escasez de suelo urbanizable calificado en el auge inmobiliario de 1998-2007. El crédito abundante y barato y las amplias expectativas de revalorización fueron las principales causas del intenso auge del mercado de vivienda, que se prolongó unos diez años y al que ha sucedido una crisis acusada en España, derivada en su profundidad de la excesiva asignación de recursos destinada a la construcción residencial. En los últimos años los ayuntamientos han debido ejercer sus competencias en un marco de creciente penuria económica. La descentralización del gasto público se ha efectuado en España desde la Administración General del Estado hacia las Comunidades Autónomas. Ante el ritmo creciente de las necesidades a atender, los ayuntamientos, que son las administraciones públicas más próximas a los ciudadanos, han tratado de resolver los problemas de financiación apelando a la puesta en valor del suelo. La sobrecalificación de suelo urbanizable residencial ha expulsado a otras actividades productivas, con lo que bastantes municipios se encuentran ahora con una proporción elevada del suelo municipal calificada para la futura construcción de unas viviendas de imposible venta. Además, el aumento del desempleo ha arrojado nuevas necesidades a los ayuntamientos, que de algún modo deben de responder a las nuevas exigencias que le llegan de los vecinos afectados por el paro y por las pesadas hipotecas heredadas de los años "barbaros”. En tales condiciones resulta difícil predicarles a los gobiernos locales que actúen con visión de largo plazo en la política de suelo. Con frecuencia los municipios parecen enterarse de que hay una fábrica o un establecimiento industrial relevante cuando este empieza a amenazar con despidos. En todo caso, se debería corregir al alza el reducido peso de los ayuntamientos en el gasto público total. Ello exigiría decisiones políticas tan relevantes como los pactos que ahora se reclaman para solucionar la crisis económica, sin las cuales todo indica que la presente situación de estrechez va a tardar en corregirse. Publicado en Tribuna Municipal 15 Marzo 2010 |
12 marzo 2010
El mercado de la vivienda en España: previsiones
04 marzo 2010
02 marzo 2010
La consolidación fiscal no debe frenar el desarrollo
Julio Rodríguez López
El debate celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero sobre la situación económica supuso un cierto alivio para el gobierno. La esgrima parlamentaria del presidente del gobierno y algunos momentos poco afortunados del líder de la oposición han permitido olvidar por unos días hasta los orígenes del citado debate sobre la situación y la política económica de España.
Lo más trascendente ha sido la propuesta del presidente del gobierno de crear una comisión de tres ministros que, en un plazo de dos meses, negociaría con las restantes fuerzas políticas sobre los temas correspondientes a competitividad y empleo, política industrial, consolidación del déficit y, por último, “sistema financiero, estabilidad y crecimiento”. Se advierte el deseo del gobierno de obtener un acuerdo con los partidos nacionalistas CiU y PNV y de dar tiempo a que la economía española presente cifras claras de crecimiento positivo.
El aumento del déficit público, que pasó desde el -4,1% del PIB en 2008 hasta el -11,4% en 2009, unido al endurecimiento de los mercados internacionales para la colocación de la deuda pública, han situado a la reducción del déficit público como el objetivo inmediato y casi absoluto de la política económica en España. Se comenta con menos frecuencia el que, después del primer trimestre de 2008, el PIB de la economía española ha retrocedido en un -4,7% y que, sobre todo, el empleo total de dicha economía ha descendido desde entonces en un -9,3%. Esto ha implicado una reducción del número de puestos de trabajo en 1.552.200 ocupados y un aumento de la tasa de desempleo en más de diez puntos porcentuales.
La reducción del déficit público se considera en general necesaria. Pero no abundan en España opiniones que subrayen la incidencia negativa que sobre el gasto total de la economía puede tener la reducción prevista del gasto público. En esté sentido tiene interés comentar el debate surgido sobre este asunto en el Reino Unido. Unos 20 economistas enviaron una carta recientemente al semanario “The Sunday Times” en la que se exigía del gobierno un ajuste fiscal rápido e intenso, ante el elevado nivel alcanzado en dicho país por el déficit público en 2009 y la previsión de que dicho déficit siga creciendo en 2010.
A la comunicación citada han contestado 67 destacados economistas, por medio de dos cartas publicadas en el diario “Financial Times” de 19 de febrero pasado. En dichas cartas, encabezadas respectivamente por los profesores Layard y Skidelsky, se defiende que el gobierno británico no debe de acelerar el programa previsto de reducción del déficit citado. La reducción del gasto público demandada por los economistas próximos al Partido Conservador no se compensará automáticamente por un mayor gasto del sector privado de la economía, mas bien al contrario.
El mayor ahorro de hogares y de empresas advertido en 2009 y que va a continuar en 2010, implica un menor gasto del conjunto del sector privado. Si desciende abruptamente el gasto público, se puede hacer más profunda la recesión, lo que dificultaría la consolidación fiscal. Los economistas “replicantes” denuncian que el sector conservador ha asumido las opiniones de los mercados financieros, que provocaron con sus errores la crisis financiera que ha sido el origen de la actual recesión. No debe procederse a efectuar reducciones abruptas del gasto público ante la debilidad de la demanda interna y las incertidumbres sobre el futuro de las exportaciones. Lo anterior es coherente con la implantación de un programa riguroso de reducción del déficit público escalonado en el tiempo.
El debate desarrollado en el Reino Unido tiene estrechos paralelismos con la situación actual de la economía y con la política económica a seguir en España. Según las estadísticas derivadas de la Contabilidad Nacional, realizadas por el INE, la caída del producto y de la actividad ha sido moderada en España, pero el retroceso del empleo y el aumento del paro han sido espectaculares. El debate aquí seguido tiende a atribuir la caída del empleo a determinadas rigideces del mercado de trabajo, cuando es evidente el paralelismo de dicho descenso con el del PIB. El desempleo en España tiene sólidas raíces keynesianas y no depende solo de la normativa laboral, como tiende a simplificarse con frecuencia.
El documento elaborado por el Ministerio de Economía (MEH), “Actualización del Programa de Estabilidad, España 2009-2013” supone que las reducciones notables del gasto público para el bienio 2011-12 estarían acompañadas de aumentos más que notables de la demanda del sector privado. Existen demasiadas incertidumbres como para poner en cuestión la composición del crecimiento prevista por el MEH después de 2010. Se trata de conocer los supuestos sobre los que el gobierno ha establecido unas previsiones de crecimiento tan poco pesimistas. La reducción buscada del gasto público no debe reforzar la recesión de la economía.
(Publicado en El Siglo, 1 de marzo de 2010)
01 marzo 2010
15 febrero 2010
La recesión en el mercado de la vivienda
Julio Rodríguez López
En 2009 se prolongaron las consecuencias sobre el mercado de vivienda de la fuerte restricción crediticia iniciada en el otoño de 2007. En dicho año descendieron de nuevo sobre el año precedente las ventas de viviendas, los precios retrocedieron con aparente moderación y disminuyeron de forma espectacular las iniciaciones de viviendas.
Los bajos tipos de interés y la lenta recuperación de las nuevas concesiones de crédito conformaron una salida de año más animada respecto de los dos años precedentes.
En 2010 subirán las ventas y tocarán fondo las viviendas iniciadas. La reducción del amplio stock acumulado de viviendas nuevas sin vender continuará, siendo la variable impulsora de la política de vivienda y de otras acciones institucionales
convergentes.
La crisis financiera desatada en el verano de 2007, con la consiguiente secuela negativa de liquidez y de solvencia para las
entidades de crédito, provocó un fuerte endurecimiento de la financiación crediticia a hogares y empresas. El contraste con el periodo precedente no pudo ser más sustancial.
Entre 1997 y 2007 el saldo vivo de crédito a comprador de vivienda había aumentado en España a un ritmo medio anual del 20%. En 2008 el ritmo citado retrocedió hasta el 4,5%, y en 2009 fue negativa la tasa interanual de noviembre (-0,1%).
Mientras que entre 2003 y 2007 la cuantía media anual de los nuevos préstamos a comprador fue de casi 140.000 millones de euros, en 2008-2009 la media anual citada se situó en torno a los 80.000 millones de euros. Los procesos de racionamiento del crédito por vías alternativas al precio no habían tenido lugar en España desde hacía veinte años.
La reducción de la financiación crediticia frenó las ventas de viviendas, que disminuyeron entre 2008 y 2009 a un ritmo
anual del 27%. En 2009 el total de ventas se habrá situado en torno a las 415.000 viviendas, el 54% correspondiente a nuevas viviendas y el 44% a usadas. Se está lejos del millón aproximado de ventas registrado en el pico cíclico de 2005. La menor demanda se ha trasladado en su mayor parte a las ventas y a la actividad constructora, pues los descensos sufridos por los precios han sido modestos.
En la estadística de precios del Ministerio de Vivienda, apoyada en las tasaciones, el descenso producido entre el valor máximo alcanzado y el mínimo ha sido en la crisis presente del 10%, equivalente al de la crisis anterior, la de 1990-1991, cuyo alcance en términos de retroceso de la actividad del mercado fue muy inferior. Las menores ventas y la presencia de un stock que al inicio de 2009 se aproximaba a las 900.000 viviendas, provocaron que el mayor peso del ajuste se trasladase a la nueva construcción.
Las viviendas iniciadas han retrocedido en 2008-2009 a un ritmo medio anual próximo al 60%. Así, en 2009 se ha alcanzado el récord anual a la baja de la estadística de viviendas iniciadas (visados de aparejadores): unas 110.000 viviendas, que contrastan con las más de 800.000 iniciadas en 2006.
La abrupta caída de la construcción residencial ha ocasionado un descenso acusado de la inversión en vivienda del -20% en la media del bienio 2008-2009. Dicha magnitud ha efectuado una aportación negativa de casi dos puntos porcentuales al aumento del PIB, el 50% de la caída sufrida por dicho agregado macroeconómico en 2009.
El fuerte retroceso del empleo ha afectado de forma negativa a la demanda de vivienda (no hay nuevos hogares si no hay
empleo). Entre el cuarto trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2009 el empleo EPA total descendió en España en 1.831.000 ocupados, casi el 9% del total. El sector de la construcción explicó el 53% de dicho retroceso, impulsado sobre todo por el componente de la construcción residencial, que en lo más alto del ciclo llegó a suponer más de la mitad del valor de la obra construida.
Desde el inicio de la crisis, la política monetaria expansiva, junto a los intensos déficits públicos, ha sido el principal componente anticrisis de la política económica.
En dicha política los componentes más destacados han sido los notables descensos de los tipos de interés y las aportaciones de liquidez de los bancos centrales. La actuación de estos últimos ha compensado en España parte de las consecuencias de la brecha generada entre créditos y depósitos durante el auge. Los moderados descensos de los precios de la vivienda, los menores tipos de interés y los aumentos salariales significativos de 2009 han atenuado la intensidad
del esfuerzo de acceso a la vivienda para aquellos que tengan empleo.
La relación entre el precio de venta de una vivienda de 90 metros cuadrados y el salario medio anual, que había subido desde un valor de 4,30 en 1997 hasta otro de 9,19 en 2007, descendió hasta 7,90 en 2009. De este modo, el esfuerzo medio de acceso a la vivienda para los nuevos propietarios ha aproximado a la tercera parte de los ingresos en algunas zonas de España, siempre que se disponga de la necesaria financiación crediticia y se mantengan los tipos de interés.
En la segunda mitad de 2009 se han recuperado los nuevos créditos a comprador de vivienda. Se ha advertido una moderada recuperación paralela en las ventas de viviendas, compatible con la importante caída de dichas magnitudes en el conjunto de 2009. Dicha evolución refuerza la previsión de que en 2010 crecerán de forma moderada las ventas de viviendas. La recuperación podría ser más acusada de haber descendido más los precios de las viviendas.
Lo anterior no impedirá que la inversión en vivienda vuelva a descender en más del 10% en 2010. La conversión masiva en vivienda protegida de amplios volúmenes de viviendas en España y las ayudas adicionales a comprador previstas con el fin de bajar el stock de viviendas no vendidas contribuirán más a frenar el descenso de los precios de las viviendas que a estimular la demanda.
La recesión del mercado de vivienda de 2007-2009 habrá durado así más de tres años y la recuperación será lenta, sometida a los vaivenes de los tipos de interés y a lo que suceda con el nivel de empleo.
El País 14-02-2010
14 febrero 2010
La pesada factura de los mercados de Deuda Pública
Julio Rodriguez López
(El Siglo, 15 de febrero de 2010)
04 febrero 2010
LA COMUNIDAD DE MADRID TIENE PRISA POR CONSTRUIR
Julio Rodriguez López
Según “El País de las Propiedades”, del pasado viernes 22 de enero, la Comunidad de Madrid pretende reformar la Ley del Suelo y la ley de Disciplina Urbanística “para eliminar trabas al sector inmobiliario y mejorar las leyes que generan conflictos y que no encajan con la nueva realidad”.
El gobierno de Esperanza Aguirre intentó modificar la vigente ley de suelo de la Comunidad de Madrid en la anterior legislatura. Dicha ley procede del periodo de gobierno autonómico del actual alcalde de Madrid, Jose Maria Ruiz-Gallardon. La reforma citada decayó ante la fuerte oposición de amplios sectores de opinión y de los sindicatos de la Comunidad de Madrid, visualizada esta última en el Consejo Económico y Social de dicha autonomía. Dicho proyecto aportaba más facilidades a los promotores para urbanizar y construir, y reducía la obligación de construir viviendas protegidas en los pueblos con menor número de habitantes, que tienen las mayores reservas de suelo.
En los años posteriores al intento citado el gobierno de Madrid ha introducido de forma gradual algunas de las modificaciones perseguidas en el mismo. Para ello ha utilizado sobre todo las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid o alguna ley de amplio espectro. El gobierno de Madrid pretende, pues, que en esta autonomía se vuelvan a construir nuevas viviendas a toda costa, con independencia de la necesidad real de nuevas viviendas existente en la misma. Si los ayuntamientos no cooperan con dicho propósito ya se encargará de activar la licencia el gobierno regional, como se ha recogido en un artículo de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2010.
Los promotores privados asumirán el riesgo de iniciar nuevas promociones, y deberán construir si existen expectativas de venta de las nuevas viviendas, salvo que se pretenda aumentar el actual problema del elevado stock de viviendas sin vender. Entre 2005 y 2009 se terminaron en Madrid unas 266.000 viviendas, según las certificaciones de fin de obra de los aparejadores, mientras que las ventas de viviendas de nueva construcción ascendieron a unas 154.000 viviendas, según la estadística de compraventas registradas. De lo anterior se deduce que el stock de viviendas de nueva construcción puede ascender al inicio de 2010 a unas 100.000 viviendas en esta autonomía, al parecer muy concentradas en torno a la autovía de Andalucía, la A-4.
El impacto de la crisis de 2007-2009 se ha dejado sentir en la Comunidad de Madrid. Las ventas de viviendas han descendido desde las 103.000 de 2005 hasta unas 50.000 en 2009. Los descensos de precios de las viviendas han sido más contundentes en Madrid que en el resto de España, casi el 13% en la etapa de crisis, por encima del 10% del conjunto de España. El peso del ajuste ha descansado sobre todo en las viviendas iniciadas de nueva construcción, que desde las casi 66.000 iniciaciones de 2006 apenas superarán las 16.000 en el año 2009.
El que en Madrid existan bastantes viviendas sin vender, nuevas y usadas, no justifica, pues, la prisa del gobierno de esta autonomía en reactivar al subsector de la construcción residencial al margen del mercado. En la autonomía más poblada de España, con 792 habitantes por kilometro cuadrado, casi nueve veces más que la media (92,2), sorprende el empeño por ocupar el territorio con construcciones de difícil viabilidad.
En el segundo semestre de 2009 han mejorado los niveles de ventas de viviendas en Madrid, tras la fuerte caída en los casi tres años previos de crisis, y todo apunta a una ligera recuperación de dichas ventas en 2010. Sin embargo, la situación del mercado de trabajo, donde el número de ocupados ha descendido en un año en 205.100 en esta autonomía (EPA, tercer trimestre de 2009), no parece que el empleo vaya a crecer en 2010 al ritmo preciso para impulsar las licencias de obras con las urgencias anunciadas. Se expulsarán asi otras actividades productivas y se preparará a Madrid para nuevas crisis, además de reducir la calidad de vida de los madrileños.
La vivienda como inversión ha sufrido en la última crisis. En Estados Unidos se la considera como una pésima inversión, dado su carácter indivisible y no diversificado, asi como los altos costes de transacción que conlleva y la asimetría de financiación de la misma, que hace que solo en las fases de expansión esté disponible dicha financiación puesto que los créditos desaparecen en las etapas de crisis (“Fed Economist: Housing is a Lousy Investment”, Wall Street Journal, 5 de enero de 2010). Pero todo ello resulta ser música celestial para el gobierno de Madrid, que ha encontrado en el refuerzo de la construcción de viviendas el nuevo modelo productivo, cuando no su verdadera “raison d`etre”.
El Siglo, 1 de febrero de 2010
19 enero 2010
2009, un duro mercado de vivienda. Se amplía el espectro de las VPO
Julio Rodríguez López
03 enero 2010
2010 - La difícil recuperación
Julio Rodriguez López
Gobiernos y bancos centrales hicieron lo que los manuales de Introducción a la Economía consideran como potencialmente inflacionista y poco ortodoxo. Desde el segundo semestre de 2009 numerosos indicadores de actividad mejoraron de forma moderada e insegura en algunos países occidentales. En la Unión Europea destacó el mayor dinamismo de Francia y Alemania. España y el Reino Unido han sido, entre las mayores economías, las más tardías en presentar indicios de recuperación.
(El Ideal de Granada, 3 de enero de 2010)
31 diciembre 2009
2009 - Un duro mercado de la vivienda. Se amplía el espectro de las VPO
Julio Rodriguez López
(El País de las Propiedades, 31.12.2009)
27 diciembre 2009
Burbujas seguras, crecimiento incierto
Julio Rodriguez López
El panorama de la economía europea tiene algo de primavera incipiente, brillante pero lleno de nubes. Las políticas monetarias y fiscales han presentado en 2009, por lo general, un perfil a todas luces expansivo. Como consecuencia de lo anterior han crecido de forma espectacular los precios de la mayor parte de los activos, sobre todo los bursátiles, mientras que el comportamiento del crédito y del crecimiento de las economías ha sido a todas luces mediocre y deprimido. Esta evolución se ha advertido en la economía española, con el añadido de la impresionante tasa de desempleo de la misma.
Los indicadores correspondientes a los últimos meses de 2009 no han registrado una tendencia clara, sino llena de altibajos. La economía de Estados Unidos presenta algo más de dinamismo, como parece confirmarlo el mayor rebrote inflacionista. El índice de precios de consumo de Estados Unidos aumentó en un 1,8% en noviembre de 2009 sobre el mismo mes del pasado año, mientras que en la Eurozona la variación interanual citada fue del 0,5%.
Tras un inicial protagonismo del gasto publico al inicio de la crisis, sobre todo en lo relativo a ayudas a las entidades bancarias con problemas, el núcleo central de las estrategias anticrisis lo ha sido la politica monetaria abiertamente expansiva seguida por los bancos centrales. Junto al mantenimiento de unos tipos de interés situados a niveles históricamente reducidos, se ha desarrollado a todo gas una política “no convencional”, denominada como de “alivio cuantitativo”, que ha llevado a multiplicar por varios dígitos los balances de los bancos centrales.
Junto a las tasas de aumento espectaculares de dichos balances y de la base monetaria, han tenido lugar profundos cambios en la composición de los mismos. El casi nulo aumento de los saldos de crédito al sector privado por parte de las entidades bancarias refleja la realidad de un multiplicador monetario nulo o negativo. Los bancos centrales han financiado los déficits públicos de forma directa (Estados Unidos) o indirecta (Banco Central Europeo).
Para los gobiernos resulta ventajosa dicha politica monetaria no convencional, puesto que reduce el coste al que tienen que tomar dinero prestado del público para financiar su propio gasto. Sin embargo, todo apunta a que dicho público llegará a pedir una mayor retribución cada vez que preste dinero al gobierno en forma de compras de deuda pública (R. Skidelsky, “El regreso de Keynes”, Critica, 2009, Pag.41).
La continuidad atenuada de dichas políticas cuantitativas en 2010 implica que los bancos todavía no pueden funcionar sin la liquidez subvencionada de los bancos centrales al final de 2009, tras dos años de crisis. Esta situación cambiaria si se reactivase plenamente el mercado mayorista de dinero entre las propias entidades de crédito. Se debaten los riesgos de abandonar la politica de estimulo citada antes de tiempo, considerándose que de dicha política habrá que salir antes de que resulte obvia la necesidad del cambio de perfil de la política monetaria.
Las estrategias anticrisis adoptadas han permitido superar los principales momentos de dificultad sufridos, sin provocar un mayor crecimiento de las economías. Se están superando las consecuencias de la nefasta burbuja inmobiliaria provocando nuevas burbujas. El mecanismo en cuestión resulta algo así como lo de “la mancha de la mora con otra verde se quita” que decía un cante muy popular en España hace más de cuarenta años.
Como se ha indicado en el Informe Económico del Presidente”, la acusada restricción crediticia y el sobredimensionamiento previo del subsector inmobiliario han sido las claves de la crisis en el caso de España. A la vez que las tasas de crecimiento de dicha economía resultan cada vez menos negativas, todavía es intenso el ritmo de descenso del empleo y el nivel de la tasa de paro. Desde el inicio de la crisis, los apoyos al sistema financiero, los créditos ICO (al fin en 2010 prestará directamente el ICO, más vale tarde que nunca) y los dos Fondos Estatales, de Inversión Local y de estimulo a la economía, han sido las piezas más relevantes de la politica anticrisis desarrollada, que ha sido intensa pero no demasiado bien explicada y justificada.
En tiempos de la transición política se pasó por una situación económica difícil, derivada del segundo”shock” del petróleo. Desde los gobiernos de Suarez se lanzaban a la opinión pública abundantes cuadros macroeconómicos, como forma de presentar las medidas adoptadas, que así parecían lucir mas que las abundantes medidas puestas en marcha en la reciente crisis, a las que ha faltado algo de “duende” en la presentación . Al final de 2009 el gobierno de España ha pasado desde el estímulo al intento de estabilización fiscal, en un momento en que los mercados han empezado a preocuparse en serio por los abultados niveles de deuda pública que va a ser preciso colocar en 2010.
El año 2010 se presenta cargado de problemas, que no parecen sin embargo irresolubles. El Euro Barómetro Estándar de la Unión Europea, realizado entre el 23 de octubre y el 18 de noviembre pasados, con un total de 30.238 personas entrevistadas, ha revelado que una mayoría del 51% considera al desempleo como el problema más importante existente en su país, muy por encima de la situación económica (40%).
Unas tasas positivas de crecimiento en algún trimestre de 2010 no implicarán necesariamente la presencia de una recuperación (Samuel Brittan, “Pattern in the eye of the beholder”, FT, 11.112.2009). Incluso con una tasa reducida de crecimiento en 2010 se estaría muy lejos del ritmo medio de aumento del PIB del 3,2% que registró la economía española entre 1997 y 2008. La “brecha” entre el PIB real y el potencial será negativa durante varios años. La estabilización fiscal irá mejor con una economía más dinámica, en la que los aumentos de la demanda se cubran en una proporción mayor que en los últimos años por producción interna, logrando una estructura más diversificada de la oferta productiva.
(El País de los Negocios, 27.12.2009)