Crítica de la nueva ortodoxia

Julio Rodríguez López

De las elecciones generales de 2011 se recordará el debate entre los candidatos de los dos más importantes partidos políticos en la noche del 7 de noviembre. En la primera parte de dicho debate, posiblemente la más áspera, Rajoy y Rubalcaba expusieron las estrategias respectivas de política económica para reducir el desempleo.

El candidato socialista presentó una estrategia activista de recuperación, con ligero aroma keynesiano. Rajoy situó a la reforma del mercado de trabajo como el principal instrumento para lograr la recuperación del empleo y de la actividad. El candidato del PP utilizó argumentos familiares a la opinión pública, divulgados sobre todo por economistas académicos, algunos de ellos ubicados en la Fundación Fedea.

En el debate citado volvió a destacar el uso intenso que el Partido Popular ha realizado de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Concretamente,  dicho partido y su candidato a la presidencia del Gobierno han empleado como argumento más demoledor contra el gobierno socialista las cifras de desempleo. Dicha magnitud se ha utilizado de forma intensa por los políticos de la oposición, en cifras absolutas y en proporción de la población activa, junto a su evolución desde 2007.

La encuesta citada del INE, de carácter trimestral, se obtiene a partir de la información obtenida de una muestra de unos 60.000 hogares (hay unos 18 millones de hogares en España). De los datos obtenidos tras dicha investigación se obtienen los resultados de la encuesta empleando los denominados “factores de elevación” procedentes de las previsiones de población del INE. En dichas previsiones de población los padrones municipales desempeñan un importante papel.

Existen otras estadísticas laborales de interés, como los resultados del paro registrado, procedentes de las oficinas de empleo, y los de la afiliación en alta a la Seguridad Social. Dichas estadísticas, publicadas por el Ministerio de Trabajo, ofrecen resultados parciales del mercado de trabajo, mientras que la EPA presenta una descripción completa de dicho mercado. Lo importante es que, una vez pasadas las elecciones del  20-N, se siga disponiendo de los resultados de dicha fuente estadística con la misma normalidad con que han sido publicados hasta ahora, sin dejar de lado a las otras dos fuentes citadas, que también tienen utilidad.

Según los resultados de la EPA, entre el tercer trimestre de 2007, al inicio de la presente crisis económica, y el mismo periodo de 2011, el número de parados pasó en España desde 1,8 millones hasta 5,0 millones. En cuatro años de crisis el número de parados ha crecido en 3,2 millones. La tasa de desempleo ha pasado desde el 8,0% de los activos en el verano de 2007 hasta el 21,5% en el tercer trimestre de 2011.

Del citado aumento del paro, 2,4 millones de parados proceden del descenso del empleo y 0,8 millones se derivan de los aumentos de la población activa.

La caída del empleo es, pues, el principal responsable del paro elevado existente en España tras cuatro años de crisis. La crisis ha puesto de manifiesto las principales debilidades de cada economía. Los países nórdicos europeos y Alemania están resistiendo mejor la crisis, a la vista de la capacidad  de exportar y de mantener la competitividad de sus economías. En los países del sur de Europa integrados en la Eurozona, la crisis ha subrayado las dificultades crónicas para competir de dichos países. Los elevados déficits externos alcanzados revelaron mejor que cualquier otro indicador la fuerte debilidad de la base productiva de Grecia, Portugal y España.

En el caso de España el sector de la construcción ha destruido 1,3 millones de empleos en los cuatro años de crisis. A la vista del papel de las industrias y de los servicios auxiliares, más del 60% del empleo perdido y el 42,3% del aumento del paro se debe al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Dicho descenso del empleo no tiene su origen, pues, en la normativa laboral vigente en España, sino en la excesiva dependencia de su economía de un sector que, además, ha expulsado a otras actividades productivas con empleos más estables y menos contingentes.

Quienes atribuyen al poco eficiente mercado de trabajo español la culpa del grave problema de desempleo deberían advertir que el retroceso del empleo en la construcción es cosa aparte de las supuestas rigideces de dicho mercado. Lo preocupante de la posición de Rajoy es que concentre la prioridad en la reforma del mercado de trabajo y no en la mejora general de la competitividad. “Lo importante para la reactivación es la producción: ser competitivos y así mejorar la demanda externa (exportaciones) y la interna (haciendo atractivos los bienes producidos en casa por encima de los importados)” (Guillem L. Casanovas, “Economía y economistas”, La Vanguardia, 8.11.2011). 

Publicado en El Siglo

Las elecciones resucitan el problema de la vivienda

Julio Rodriguez López

  La proximidad de las elecciones generales   y la necesidad de elaborar programas electorales más o menos visibles por parte de los partidos políticos concurrentes obligan a tener en cuenta aspectos políticos importantes un tanto dejados de lado. En lo económico resulta evidente que el elevado desempleo existente en España,  el nivel de deuda pública y de déficit, junto a la “prima de riesgo” y las cotizaciones bursátiles ocupan el primer plano de actualidad.

Entre los temas postergados destaca   la vuelta a la actualidad de  algunos componentes de la política de vivienda, aunque  el conjunto de la misma no sea  objeto de referencia alguna. El Ministerio de Fomento  ha anunciado la aprobación de un reglamento de la ley de suelo estatal de 2007 en  octubre de 2011,  más de cuatro años después de su aprobación por el Congreso de los Diputados. Vale aquí lo de “más vale tarde que nunca”, pero no hace falta ser un lince para anticiparle una corta vida a dicho reglamento, que regula concretamente el justiprecio de un solar expropiado.

   La  citada ley de suelo, que se refiere  a las pocas competencias estatales en materia de suelo,  pretendía racionalizar algo tan poco exportable como el urbanismo practicado en España. Solo la autonomía de Aragón ha cumplido el precepto previsto en la ley de adaptar la correspondiente ley autonómica al contenido de dicha ley. La incidencia de la ley del suelo socialista, ha sido, pues,  limitada y todo indica que la suprimirá el PP a las primeras de cambio,  de  cumplirse  los vaticinios  el próximo 20N.

  Junto al reglamento de la ley del suelo se habla de la  posible eliminación de una de las ayudas más directas para el acceso a la vivienda en alquiler. El Real Decreto Ley 1477/2007, BOE de 7.11.2007, estableció la denominada “Renta Básica de Emancipación” (RBE), consistente en abonar 210 euros mensuales a las personas que vivan de alquiler con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros (1.833 euros/mes) y con edades comprendidas entre 22 y 30 años. Dicha ayuda, que se complementa con  120 euros para los gastos de aval y con un prestamo reintegrable  de 600 euros a emplear para la fianza, se abona durante un plazo máximo de cuatro años. Tales ayudas   las aporta el gobierno de España y la distribuyen las comunidades autónomas. Hasta la fecha, unas 290.000 personas se han beneficiado de las mismas, que la han “lucido” políticamente más las autonomías que  la Administración General del Estado.  

  En la Disposición Adicional 1ª del  Real Decreto citado  se estableció  un plazo de implantación de la RBE de cuatro años, al final del cual el gobierno de España evaluaría  los resultados de la aplicación de la medida para  su mantenimiento, reforma o eliminación.  El plazo citado termina el 1º de enero de  2012.

La  última Encuesta de Condiciones de Vida del INE de  2010, indica que solo el 11,8% de los hogares españoles  residía en viviendas de alquiler. Las autonomías con mayor presencia del alquiler eran las de Baleares (19,1%), Cataluña (18,2%) y Madrid (16,8%). La menor proporción  de hogares residiendo en viviendas de alquiler la tenían el País Vasco (7,7), Valencia (7,5%) y Extremadura (7,4%). Desde 2007, tras el inicio de  la crisis, se ha observado un gradual aumento de los hogares que viven de alquiler, superando el 11,4%  del Censo de Viviendas de 2001

 No es positiva una proporción tan reducida de hogares en alquiler. Supone una  rigidización excesiva  en numerosos terrenos sociales, en especial en cuanto a menor  flexibilidad del mercado de trabajo.  España sigue siendo el país de Europa Occidental con la menor proporción de viviendas de alquiler, en claro contraste, por ejemplo,  con Alemania, donde dicha proporción es del 50%. Dicho país  no ha sufrido la burbuja inmobiliaria y no se puede decir que le vaya mal en lo económico.

Una persona con ingresos de 22.000 euros al año, de pretender acceder a una vivienda en propiedad al precio de mercado (156.080 euros), necesita disponer de un pago de entrada del 20% de dicho precio (31.216 euros)   De encontrar financiación crediticia, tendria que destinar el 42% de sus ingresos al pago de la cuota del prestamo a 25 años. Con los mismos  ingresos,  gracias a la RBE,  se podría acceder a una vivienda con una renta de 650 euros/mes  con un esfuerzo del 24% de sus ingresos durante cuatro años, sin pago de entrada.

Si se pretende reforzar el alquiler en el mercado de  vivienda, deberá mantenerse  entre las actuaciones a  la RBE en la coyuntura actual. Con  un millón de viviendas sin vender, cuando los  nuevos hogares no pueden acceder en mucho tiempo a la vivienda en propiedad, no hay alternativas a la ayuda directa a  los arrendatarios  de bajos ingresos.  La OCDE (“The role of structural policies in housing markets”, 2010) señala que “numerosos países tienen alguna forma de ayuda al acceso al alquiler privado”, lo que es coherente con el objetivo supuestamente perseguido de fomentar el alquiler.

(El Siglo 31.10.2011)

Un nuevo "shock" de pesimismo e incertidumbre

Julio Rodríguez López

   El pesimismo ha retornado a la economía mundial en el otoño de 2011, especialmente en Europa. Se están repitiendo por estas fechas  algunos de los síntomas que acompañaron a  la quiebra de Lehman Brothers  en septiembre de 2008, como es el caso de  la paralización de las operaciones en los mercados interbancarios.  Pero la presencia de unos síntomas parecidos no implica que la crisis gestada en el difícil verano de 2011 responda a las mismas causas que ocasionaron  la crisis anterior.

  Desde julio de 2011 han destacado  las dificultades políticas de Estados Unidos para aumentar el nivel de deuda pública, y  se han revisado  a la baja  las previsiones de crecimiento de dicho país. Lo anterior,  unido a  la prolongada inquietud derivada de los problemas de la deuda soberana en la Eurozona, ha provocado un shock de incertidumbre,  visible sobre todo en la citada reducción de actividad en los mercados interbancarios de dinero.   

  Las compras de deuda pública italiana y española por parte del BCE consiguieron tranquilizar  en agosto los mercados de deuda. Con la llegada del cálido otoño  se ha confirmado que los bancos franceses  y alemanes tienen en sus balances unos niveles elevados de exposición a la deuda de los países más  problemáticos de la Eurozona. Dichos bancos necesitan, pues,  de una capitalización significativa, necesidad que se une a la de aumentar los recursos  del Fondo de Estabilización Europeo, en línea con los acuerdos de la cumbre europea del pasado mes de julio.

  Los organismos internacionales han confirmado  la importante desaceleración de la economía mundial en el verano de 2011, mas acusada en los países desarrollados que en los emergentes. Las previsiones para los últimos meses de 2011 son de un crecimiento nulo o   reducido, en especial en la Eurozona. Existe un importante déficit de credibilidad respecto de la capacidad de los gobiernos para superar las consecuencias de la crisis de la deuda. Dicha desconfianza, que está presente tanto en Estados Unidos como en Europa,  frena los niveles de demanda efectiva de los agentes económicos, y reduce el ritmo de crecimiento. El  ritmo débil medio de crecimiento posterior a 2008  explica que los niveles de PIB por habitante no hayan superado todavía en 2011  a los existentes antes de dicho ejercicio.

   El signo de la política económica dominante en la Unión Europea tiene un acusado carácter estabilizador. En  Estados Unidos  los intentos del  gobierno de Obama  de poner en marcha programas de impulso al crecimiento resultan obstaculizados  por el control de la mayoría del Congreso por parte de unos republicanos muy escorados a la derecha.   Los estímulos monetarios procedentes de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos,  no se ven después acompañados por un aumento paralelo del crédito.

  Existe, pues, una amplia posibilidad de sufrir una nueva recaída en la crisis iniciada en el verano de 2007. Después de dicha fecha  los niveles mas reducidos de actividad se produjeron en el último trimestre de 2008 y primero de 2009.   Los estímulos fiscales y las actuaciones encaminadas a sanear los balances bancarios, que tan trascendentes resultaron hace tres años,  chocan ahora  con la exigencia de reducción de los niveles de deuda y de déficit.   Las reformas estructurales solo generan efectos a largo plazo. Es necesario  acortar el periodo de lento crecimiento del PIB, actuando los gobiernos de forma decidida contra el riesgo de deflación. Impidiendo así  que el elevado desempleo  se haga crónico.

  Si la política económica se limita a la reducción de los déficits, en un momento en que hogares y empresas reducen sus niveles de gasto, entonces la crisis de demanda se profundizará. Resulta preciso actuar de forma que la economía real eleve los niveles de competitividad,   favoreciendo así el crecimiento.

  En España, los indicadores de la evolución del mercado de trabajo en septiembre  y el persistente descenso de las ventas  y de los precios de las  viviendas en el tercer trimestre ha acentuado  el perfil   pesimista de la coyuntura conforme avanza 2011.  Los buenos resultados del turismo en este año   no bastan para contrarrestar la marea pesimista. Las ventas de viviendas se aplazan  a  la vista de las mejoras fiscales prometidas a los compradores por el partido que va a ganar las elecciones generales próximas.  El ajuste del gasto público en infraestructuras ha contribuido a deprimir más el ya quebrantado nivel de empleo en el sector de la construcción.

  El tortuoso enredo autonómico hace difícil distinguir “las voces de los ecos”. Dicho contexto dificulta el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas y complica la financiación general de la economía. Lo anterior  confirma el profundo componente político que está en el origen de de la actual crisis económica española, circunstancia que habrá que tener en cuenta si se pretenden mejorar los resultados en la lucha contra la crisis. 
Publicado en El Siglo

El SIU, una información a mantener y reforzar

Julio Rodríguez López

   La vigente  Ley del Suelo de 2008, en la Disposición Adicional 1ª, contemplaba la creación de un Servicio de Información Urbano (SIU),  a elaborar por la Administración General del Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas. Se trataría  de un sistema público integrado de información sobre suelo y urbanismo. Dicha ley, con la que se pretendió fomentar un modelo urbanístico alternativo al establecido en tiempos del último gobierno del   Partido Popular (1996-2004), apareció en un momento de  grave crisis  económica e inmobiliaria en España.

La ley afectaba solo al estrecho marco de las competencias estatales en materia de suelo. Una vez más, la crisis ha hecho más por la  racionalización   del uso del suelo que todas las leyes de suelo vigentes. Así, después de 2008 no se han seguido haciendo disparates urbanísticos porque casi ha desaparecido el crédito y ha disminuido de forma sustancial el empleo. Las menores  ventas de vivienda han paralizado casi por completo la nueva promoción.

  La ley citada solo ha sido implantada en una autonomía, la de Aragón, a pesar de la obligatoriedad de adaptación  de la normativa urbanística autonómica a la ley estatal. El cambio de titulares en el Ministerio de Vivienda y el paso posterior al Ministerio de Fomento de las competencias de  política de vivienda,  no han favorecido una mayor implantación de  la ley. De ganar el Partido Popular las próximas elecciones generales,  la Ley de Suelo de 2008 será uno de los textos a suprimir. La ideología de la liberalización a toda costa del uso del suelo caerá de forma inmisericorde sobre la misma, como ya ha venido a adelantar el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristobal Montoro.

  El SIU  incluye información sobre unos 400 municipios, el 10% de los 8.114 existentes, que concentran el 60% de la población de España. A fines de septiembre de 2011 el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General del Suelo, ha editado en versión digital la publicación “Capitales&ciudades+100”. Esta última  recoge amplia información  demográfica, económica y urbanística sobre las principales 79 ciudades españolas, situadas en el contexto de las Áreas Urbanas de España. 

  En la información demográfica destaca la gran disparidad existente en España  tanto en densidad de población como en la evolución temporal de la misma. El  ayuntamiento mas poblado de España de entre las 79 ciudades seleccionadas,  Hospitalet de Llobregat, tiene una densidad de 19.000 habitantes por kilómetros cuadrados, mientras que el de menor densidad, Cáceres, no pasa de los 54. 

 En la primera década del presente siglo el mayor aumento poblacional se ha concentrado en la periferia de las grandes ciudades, entre las que destaca sobre todo el area de Madrid, el eje mediterráneo sur y los archipiélagos, frente al crecimiento moderado del norte peninsular no catalán.. Los  mayores descensos de población corresponden a ciudades que agotaron  la superficie de suelo disponible,   en las que ha tenido lugar un proceso de terciarización masiva de la economía y que han desplazado el potencial a las ciudades  colindantes (Valladolid, Salamanca, Granada y Cádiz).

  La economía está representada a través del empleo en las ciudades, medido a través del número de afiliados en alta a la seguridad social. Destaca, en primer lugar,  el dato del  número de puestos de trabajo por cien habitantes. Entre las 79 seleccionadas, las ciudades con mayor y menor densidad de empleo están en el Area Urbana de Madrid. Así, Alcobendas tenía en  2010  unos 93,5 empleos por cien habitantes, mientras que Parla presentaba la proporción menor, 12 empleos por cien habitantes.  

   La publicación incluye información valiosa sobre el planeamiento urbano en las  ciudades seleccionadas.  Destaca que el suelo artificial (construcción  mas infraestructuras de transporte)  haya crecido en España  entre 1987 y 2006 en un  43,5%, mas  que el 15,3% de  la población. El suelo de cada municipio se presenta dividido  en cinco categorías,  y se detalla el destino de las áreas de desarrollo, desagregando el mismo en residencial, industrial y terciario. 

Se advierte que  los planeamientos de las 79 ciudades prevén la construcción de más de  dos millones de viviendas.  La ciudad de Madrid incluye la mayor previsión de nuevas viviendas (245.025), seguida por Sevilla (72.614), Málaga (63.900), Badajoz (61.809) y Toledo (59.800).  Cabe preguntarse  como se van a financiar tales viviendas y quien las va a adquirir. Los desarrollos urbanos  y poblacionales van muy por delante del empleo y de la actividad productiva prevista, como si esto último fuese independiente de los aumentos de la población. Con la creación del SIU y con la publicación de los datos citados de las principales ciudades españolas, la Dirección General del Suelo del Ministerio de Fomento ha creado una herramienta útil, que debe durar,  para el analisis del destino del suelo y para la política urbanística  en España. 

(El Siglo, 3 de octubre de 2011)

Llegó septiembre, los problemas persisten

Julio Rodriguez López

Agosto de 2011 fue un mes atípico, tanto por las novedades políticas acaecidas como por las abundantes  situaciones problemáticas que se presentaron. La llegada de septiembre no ha contribuido a calmar los ánimos, sino que  ha acentuado la sensación de crisis. Cualquier imprevisto podría acelerar algunas quiebras en los estados miembros de la eurozona. Si ello se produce, “no habrá tiempo para que la diplomacia actúe” (W. Munchau, “Stop rejoicing. This was no victory for the eurozone”, FT, 12.9.2011).

 Una vez superado en España, con evidente coste político, el trámite relativo a la aprobación parlamentaria de la reforma constitucional,  que consagra el principio de  la estabilidad presupuestaria, la comprobación de que el ritmo de crecimiento se ha frenado de forma significativa en los países desarrollados ha arrojado todo tipo de incertidumbres sobre la escena económica nacional y  mundial.

 A lo anterior se ha unido la dimisión del principal economista del Banco Central Europeo (BCE), el alemán Stark. Dicha dimisión ha sacado a la luz la realidad de la fuerte contestación que encuentra dicha entidad en el soporte que realiza de  la deuda soberana de algunos países miembros de la eurozona, especialmente de  los bonos públicos  de Italia y  de España.  Si el BCE es el principal soporte de la eurozona y se pone en cuestión  su línea de actuación,  por el supuesto carácter heterodoxo de dicha política, el futuro se presenta incierto  para el euro y para dicha área económica.

 La crisis del verano de 2007 ha dado paso a la “recaida”de 2011, en la que destaca la cuestión del fuerte endeudamiento, tanto de los gobiernos como de empresas y hogares. Para desapalancar o reducir los altos niveles de deuda pública, la solución radica sobre todo en reducir el nivel de gasto, pues los aumentos de impuestos resultan mas que problemáticos en momentos de débil crecimiento. “Sin crédito y empleos, han aparecido otras líneas críticas, como es el caso del estancamiento de los salarios reales y desigualdades  extremas. Se trata por completo de una crisis de demanda” (G. Magnus, “Financial busts has bequeathed a crisis of capitalism”, FT, 13.9.2011).

 Se oyen  con frecuencia feroces críticas al tratamiento de la crisis en Grecia. Sin embargo, lo que sorprende  es como dicho país no  acaba por explotar de una vez. Someter a una nación a unos pagos de deuda abrumadores solo resulta soportable si consigue crecer a costa de reforzar las exportaciones.  Algo así fue lo que opinó Keynes respecto de las obligaciones impuestas a Alemania tras la primera guerra mundial, opiniones recogidas en el libro  “Las consecuencias económicas de la paz”, en el que se anticipaban  unos violentos y proféticos cambios políticos en dicho país si se mantenían tales pagos en concepto de reparaciones de guerra.

 Los pagos de deuda deprimen la demanda interna de Grecia, con lo que no  hay ingresos públicos suficientes y el déficit  público de dicho país aumenta. Si todos los países desarrollados se limitan a desapalancar, a nivel de estado, empresas y  hogares, entonces la crisis de demanda está asegurada. Las consecuencias serán un estancamiento de la actividad productiva, del empleo y de las rentas, lo que puede provocar cambios políticos en algunos casos poco deseables.

 Los gobiernos se deben  comprometer  a una mayor dinamización del crecimiento económico, coherente con el rigor presupuestario. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde,  ha subrayado la necesidad  de que los gobiernos emprendan cuanto antes  drásticas acciones colectivas. Un empacho de confianza, como el que anticipa Mariano Rajoy que llegaría a España  con la victoria electoral del Partido Popular, no conduce necesariamente a cambiar este estado de cosas.

En el caso español, las agencias de rating han puesto de manifiesto en la segunda semana de septiembre la dificultad que  supone el que no se haya avanzado en el primer semestre de 2011 en el control presupuestario de las comunidades autónomas. Dichas administraciones han reconocido para dicho periodo un déficit  global equivalente al inicialmente previsto para todo el ejercicio de 2011 (1,3% del PIB). Ello  dificulta la consecución de los objetivos establecidos para el conjunto de España en este ejercicio.

 En un contexto general tan complicado como el que supone el panorama de la eurozona  ante la casi  inminente quiebra de Grecia, destacan las dificultades que presenta la economía española. Al serio problema que en este caso  implica la débil base productiva, visible sobre todo tras  el enorme “agujero” que ha dejado la caída de la construcción de nuevas viviendas, se une, asimismo, el  problema  político que plantea la  complicada España de las autonomías. Tal complicación dificulta la salida de una crisis que  tiene poco que ver con las precedentes y que se superará  si los políticos estan “a la altura de las circunstancias”, que diría  Antonio Machado. 

(El Siglo, 21.9.2011)

Un desastre impecable

Paul Krugman

El jueves el presidente del Banco Central Europeo (BCE); equivalente a Ben Bernanke perdió su sangre fría. Al responder a una pregunta acerca de si el BCE había pasado a ser un “mal banco” debido a sus compras de deuda de las naciones con dificultades, el Sr. Trichet, elevando la voz, insistió en que institución había realizado su trabajo de una manera impecable. Como guardián de la estabilidad de precios.

De hecho es exactamente lo que ha hecho y por eso el euro se encuentra ahora en riesgo de colapso.

La turbulencia financiera en Europa no es ya un problema de economías pequeñas y periféricas como Grecia.  Lo que está en marcha en estos momentos es una carrera a gran escala en una gran parte de las economías más grandes de España e Italia. En este momento los países en crisis suponen en torno a un tercio del PIB del area euro, de modo que la actual moneda europea se encuentra ante un ataque que compromete su misma existencia.

Todo indica que los líderes europeos, no desean conocer tan siquiera la existencia de tal ataque, lo que les permitiría enfrentarse a él de una manera efectiva.

Me he quejado mucho de la “fiscalización” del discurso económico aquí en Norteamérica, la manera en la que un enfoque prematuro en los déficit presupuestarios alejó la atención de Washington del desastre de la destrucción de puestos de trabajo en curso. Pero no hemos sido los únicos en eso de hecho los europeos lo han hecho mucho, mucho peor aún.

Escuchando a los líderes europeos, en particular, aunque no únicamente a los alemanes, podría pensarse que la cuestión es sencillamente un problema de moralidad de la deuda y el castigo consiguiente: los Gobiernos pidieron demasiado dinero prestado y ahora deben pagar el precio mediante una austeridad fiscal y eso es todo.

Esta historia podría aplicarse, en todo caso, a Grecia pero a nadie más. España, en particular, tuvo un superávit presupuestario y una deuda reducida antes de la crisis de 2008; su registro fiscal, podríamos decir, que fue impecable. Siendo, sin embargo, fuertemente sacudida por el colapso de su burbuja inmobiliaria, todavía podemos decir que sigue siendo un país con un nivel de deuda relativamente bajo, y resulta difícil creerse que la condición fiscal subyacente del Gobierno de España se peor, por ejemplo que la del Gobierno británico.

¿Por qué es España, junto con Italia, la cual tiene una deuda más elevada pero un menor déficit se encuentran con tantos problemas? La respuesta está en que  estos países se enfrentan con algo muy parecido a una carrera bancaria, con la diferencia de que la carrera la sufren sus Gobiernos más que, o de una forma más precisa junto con, sus instituciones financieras.

Veamos cómo funciona esta carrera: los inversores, por alguna razón, temen que el país entre en suspensión de pagos al intentar devolver su deuda. Esto hace poco deseable comprar bonos de esos países, salvo que se ofrezcan con un elevado interés. El hecho de que ese país deba lanzar su deuda a unas tasas de interés tan elevadas, empeora sus perspectivas fiscales, haciendo que la suspensión de pagos sea aún más probable, de modo que la crisis de confianza pasa a ser una profecía de autocumplimiento. Con lo que los bancos desarrollan también una crisis bancaria, ya que los bancos son normalmente unos inversores importantes de deuda del Gobierno.

Ahora bien, un país con su propia moneda, como Gran Bretaña, está en condiciones de cortocircuitar este proceso: si fuera necesario, el Banco de Inglaterra puede proceder a comprar deuda del Gobierno mediante la creación de moneda. Esto podría elevar la inflación, aunque ello podría resultar dudoso en el caso de una economía deprimida, pero la inflación supone un ataque mucho más pequeño a los inversores, que una quiebra total. España e Italia, sin embargo, han adoptado el euro y no poseen ya monedas propias. Como resultado de todo ello, el ataque de una crisis de autocumplimiento es muy real, y las tasas de interés de la deuda española e italiana es más del doble que la tasa en el caso de la deuda británica.

Lo cual nos lleva de nuevo a la impecable postura del BCE.

Lo que el Sr. Trichet y sus colegas deberían hacer es comprar deuda española e italiana, es decir, haciendo lo que estos países harían por sí mismos si dispusieran de sus propias monedas. De hecho, el BCE comenzó a hacerlo hace unas pocas semanas, lo que produjo un respiro en esas naciones. Pero el BCE fue sometido inmediatamente a severas presiones de los moralistas, quienes odian la idea de permitir que los países se liberen del gancho producido por esos supuestos pecados fiscales. La percepción de estos moralistas bloqueará cualquier acción de rescate ulterior ha desatado una pánico renovado en los mercados.

Se suma al problema citado la obsesión del BCE por mantener un “impecable” registro de estabilidad de precios: cuando Europa necesita desesperadamente una fuerte recuperación, y una modesta inflación ayudaría realmente, el banco en lugar de eso, ha estado atacando a su propia moneda, para reducir la inflación riesgo que solo existe en su imaginación.

Ahora todo viene a la cabeza. No estamos hablando de una crisis de un año o dos; esto podría ser simplemente un asunto de días. Y si lo hace el mundo entero sufrirá las consecuencias.

¿Querrá el BCE hacer lo que se necesita hacer prestar libremente y recortar las tasas? O permanecerán los líderes europeos demasiado centrados en castigar a los deudores para salvarse a sí mismos? Todo el mundo los esta vigilando.

Publicado en New York Times

Traducción libre de Gregorio Gil García

Un agosto para recordar

Julio Rodríguez López

  Agosto de 2011 ha sido  un mes por completo atípico.  En España se inició bajo las incertidumbres derivadas del difícil acuerdo logrado en Estados Unidos para ampliar el tope de deuda pública. Pero el mes terminó nada menos que con un trascendente acuerdo entre los dos principales partidos del espectro político sobre la reforma de la Constitución, acuerdo destinado a consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.

 El acuerdo logrado en Estados Unidos entre los partidos demócrata y republicano a fines de julio de 2011   implica reducciones importantes de los niveles de gasto público federal en dicho país. Las dificultades que ello plantea a la política económica son más que evidentes. A los mercados de capitales llegaron a principios de agosto  las tensiones  renovadas tanto por las implicaciones de dicho acuerdo como por  la confirmación de la acusada desaceleración sufrida en el ritmo de crecimiento de la economía mundial en la primera mitad de 2011.

  Los mercados de capitales volvieron a castigar de forma acusada a la deuda de España y de Italia en las dos primeras semanas de agosto.    El diferencial de la deuda de dichos países  respecto de la alemana a diez años llegó a situarse  por encima de los 400 puntos básicos el lunes 8 de agosto. La intervención del Banco Central Europeo (BCE) ha aportado algo de normalidad a dichos mercados. Ello fue así  cuando se comprobó que las actuaciones de dicha entidad alcanzaron  niveles significativos como para incidir en mercados tan profundos como los de la deuda pública de los países mencionados. 

   En el Consejo del BCE las compras del BCE de deuda española e italiana provocaron las previsibles reservas por parte sobre todo de la representación alemana.  La divulgación de tales tensiones internas dentro del BCE planteó nuevas dudas acerca de si las  intervenciones   de dicha entidad en los mercados iban a  mantener la fuerza necesaria para estabilizar la situación de la deuda de los países sometidos a presión.

 En España el gobierno aprobó en Consejo de Ministros de 19 de agosto un paquete de medidas de política económica en el que hubo una sorpresa respecto del contenido inicialmente previsto. Al anticipo de 2.500 millones de euros del Impuesto sobre Sociedades de 2011 se unió una reducción en cuatro puntos  porcentuales en el tipo impositivo correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava las primeras transacciones de viviendas de nueva construcción.  Dicha reducción se aplicaría entre la última semana de septiembre y el 31 de diciembre de 2011, poco más de cuatro meses.

 La persistente línea de actuación del Ministerio de Fomento, ahora titular de las competencias estatales en materia de política de vivienda, en lo relativo a lograr reducir el stock existente de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas, en poder de promotores y de entidades de crédito, consiguió apuntarse un tanto significativo.  A los “roads-shows” por Europa  organizados por dicho ministerio ofreciendo las ventajas de las viviendas españolas vacías,  situadas sobre todo en costas y puntos turísticos,  se ha unido ahora una reducción importante de la fiscalidad que grava las ventas de las viviendas nuevas.

  Dicha medida, que discrimina claramente a las viviendas de segunda mano,  ha sido recibida con alborozo por los dirigentes del Partido Popular, que han anunciado su posible prórroga  a un año, en caso de que dicho partido  ganase las elecciones generales del 20N.  Con la medida en cuestión se pretende estimular las ventas de viviendas de nueva construcción, que habían retrocedido en casi un 40% respecto de 2010 durante la primera mitad de 2011.  El fuerte descenso del tipo impositivo  dará lugar a un seguro descenso de los ingresos fiscales derivados del IVA que grava las ventas de dichas viviendas. Ello no parece importar  con tal de conseguir reactivar la pesada maquinaria de la construcción residencial, que por sí sola explica más de un millón de empleos perdidos  entre 2007 y 2011. Casi la mitad del stock de viviendas no vendidas está  en poder de las entidades de crédito, lo que supone un serio estorbo para lograr llegar a buen puerto en la reforma en marcha del sistema financiero.

 En la presentación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que contenía las medidas citadas el presidente del gobierno, de forma no prevista,  anunció su propósito, consensuado con el Partido Popular, de llevar a cabo una importante reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978.  La reforma en cuestión consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos), introduce el concepto de déficit estructural  a topar y  también poner  un tope al endeudamiento de  dichas Administraciones.

  Una Ley Orgánica, prevista en el nuevo Articulo135 de la Constitución, a aprobar antes del 30 de junio de 2012, definirá el concepto de déficit  estructural (algo así como el déficit corregido de ingresos y gastos públicos derivados del ciclo de la economía) e incluirá los mecanismos precisos para cumplir el límite de deuda pública prevista en el nuevo articulo135-3º.  No está prevista, en principio, la celebración de un referéndum popular para ratificar el acuerdo en cuestión, que está previsto sea aprobado  con  la mayoría suficiente en el pleno del Congreso de 2 de septiembre de 2011.

Agosto termina con las playas ocupadas a tope, lo que no implica un mayor dinamismo económico.  Las pequeñas neveras ubicadas dentro de las toldillas son ya de numerosos colores, no necesariamente azules. Se va a la playa  procurando realizar el menor gasto posible. Las brisas marinas del final del verano vienen llenas del eco de las consecuencias que traerán los idus de agosto de 2011, un mes a no olvidar en la vida de España.

(Publicado en El Siglo, 5 de septiembre de 2011)

Las diputaciones, a examen

Julio Rodríguez López

La propuesta del candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba,  de eliminar o de reformar las diputaciones provinciales, ha convertido a estas últimas en un   tema  de  debate a lo largo del mes de  agosto. El que se abra una discusión  sobre la reforma de las administraciones públicas en España resulta positivo. La situación concreta  de las diputaciones es posible no sea el problema más relevante  en cuestión  de reforma de dichas administraciones,  pero puede suponer  el inicio de un proceso de racionalización  que debe   de  extenderse  al conjunto de las mismas 

Las diputaciones provinciales, junto a los ayuntamientos,  integran  las  administraciones o corporaciones locales. La participación de dichas administraciones en el gasto público total en España se sitúa en torno al 13%. El resto corresponde a la Administración General del Estado. que incluye asimismo  a la Seguridad Social, y a las comunidades autónomas. Estas últimas han registrado los mayores aumentos de participación en el conjunto del gasto público en los últimos años, de forma coherente con el fuerte peso político alcanzado por las mismas en la escena política española

 Una crisis tan prolongada como la sufrida por la economía española desde 2007 obliga  a introducir reformas trascendentes  en numerosos terrenos, entre los que destacan el sistema económico y  todo el contexto de las administraciones publicas.  La importante reducción de los ingresos fiscales  provocó un déficit público intenso en 2009. Dicho déficit  se ha reducido en 2011 a nivel de  Administración General del Estado, pero  ha continuado creciendo  en los casos de  las comunidades autónomas y de los  ayuntamientos. 

 Los cambios políticos derivados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 han contribuido a subrayar el alcance de los déficits citados. En algunos casos las nuevas autoridades electas parecen  poner  más interés en exhibir  los déficits heredados que en hacer frente a los mismos. 

Las diputaciones provinciales, que  simbolizan la realidad política provincial, prestan unos servicios relevantes en material  de apoyo a los municipios, en especial a los de menor población y recursos.  Con el apoyo de la correspondiente diputación provincial son muchos los municipios que  pueden desarrollar algunos servicios que por si solos no podrían llevar a cabo. Lo anterior no obsta para subrayar que es posible que las plantillas de personal de alguna que otra diputación resulten excesivas y que las remuneraciones percibidas por los políticos y cargos de confianza  de las mismas sean un tanto elevadas respecto de lo que permite la realidad económica española actual. 

Lo anterior no es un defecto exclusivo de las diputaciones. Las autonomías han sido las administraciones públicas que han registrado un mayor aumento de plantillas en los últimos años. Los ayuntamientos no se han quedado cortos a la hora de presupuestar unos niveles de  gastos  propios solo de  etapas excepcionales en lo económico, gastos que ahora deben de reducir de forma en muchos casos dramática. 

 La reforma de las diputaciones debe de hacerse dentro de un proyecto general de racionalización de las administraciones territoriales, local y autonómica. Debe de procurarse que las tareas de apoyo a los municipios que ahora prestan las diputaciones,  con una sobrada experiencia,  no se resientan. Los defectos que ahora se atribuyen a las diputaciones no son, pues, algo exclusivo de estas instituciones. La reforma debe de llegar a todos los niveles de la administración pública, sin convertir en  un chivo expiatorio a ninguna de las mismas. 

  La posible  fijación de un nivel de déficit público máximo en la Constitución Española, otra de las novedades de agosto de 2011, es también otro hito importante,  que deberá de acompañarse de un reformismo racionalizador  de todo lo público. España carece de una base productiva  y empresarial  sólida como para poner excesivos cotos al papel de lo público. Sorprende la  alta disposición a aplicar  a España las recomendaciones de la Sra. Merkel.

Publicado en Motril Digital

Entrevista a Julio Rodríguez sobre asuntos de actualidad

Unos días después de debatir sobre política económica con el candidato del PSOE, el economista Julio Rodríguez López (Motril, Granada, 1943) partió a su localidad natal para desconectar. La sensación que transmite al otro lado del teléfono, sin embargo, es la contraria; está informado de todo al detalle. Militante socialista desde 1976, afirma conocer a Alfredo Pérez Rubalcaba "desde hace bastantes años", de ahí que no necesite madrina para colaborar con el partido. Le ha expuesto al candidato varias ideas económicas para el programa electoral. Cree que hay que dar una vuelta más para corregir "la pésima situación" de los hipotecados que no pueden pagar el préstamo.

¿Cree que las medidas aprobadas por el Gobierno serán suficientes para contener el déficit?

"En coordinación con las autonomías, no descarto que en 2012 se cree empleo"

Estoy seguro de que las medidas ya están funcionando en el déficit de la Administración General del Estado. Pero no tengo tan claro que funcionen en las comunidades autónomas donde, por una parte, hay unos servicios públicos y unos gastos que crecen exponencialmente y, por otra, los mecanismos de control son un tanto benévolos. Parece que la UE nos controla más el déficit a nivel de Estado que a nivel autonómico.

¿Y cómo valora la reducción a la mitad del IVA para las ventas de vivienda nueva?

Es una medida de alcance reducido. Puede facilitar que se venda un 5% o un 10% más de viviendas en el último trimestre. Es evidente que puede animar algo las ventas en un plazo muy corto la medida es para cuatro meses, pero seguro que genera algo más de déficit público. La reducción de los ingresos no será compensada por el aumento de las ventas. Ahora bien, ni el aumento de ventas ni el de déficit van a ser excesivamente importantes.

"Hay que racionalizar el IRPF para que no dependa tanto de las rentas salariales"

En su opinión, ¿esa rebaja va en la buena dirección?

Está en línea con la actuación más reciente del Ministerio de Fomento de apoyo a la reducción de stock. Encaminada a estimular la creación de nuevas viviendas, con el impacto que tiene en la creación de empleo.

El PP propone recuperar la desgravación fiscal.

"Hay que aprobar una ley para los hogares como la de suspensión de pagos de las empresas"

Las propuestas en materia de vivienda son bastante tópicas y no valen para mucho. Creo que la recuperación de la desgravación fiscal va a tener poco impacto sobre la demanda, aunque María Dolores de Cospedal y Cristóbal Montoro lo presentan como un mecanismo de reactivación. El portavoz económico del PP también ha vuelto a hablar de liberalizar el suelo. Volver a este tópico de que se puede construir en todas partes, que por desgracia ha funcionado así.

¿Qué le parece el programa en política económica del PP?

Están saliendo algunas cosas en vivienda y trabajo. Estas son las más concretas, pero las demás son un poco enigmáticas. Parece que quieren forzar la flexibilidad del mercado de trabajo. Sin embargo, no han concretado bastante las medidas como para hablar con rigor.

El portavoz de Economía del PP sostiene que en 2012 no se creará empleo significativo, ¿comparte esa tesis?

Creo que en un contexto de más tranquilidad de los mercados y buscando un diseño de política económica que atienda al débil, que introduzca elementos adicionales que faciliten la creación de empleos, como puede ser un programa de políticas activas de empleo coordinadas con las comunidades que tienen la competencia, no se puede descartar que en 2012 se cree empleo.

¿Ese escenario varía si gobierna el PSOE o el PP?

Cambiaría bastante en función del programa de política económica que se presente. El futuro depende bastante del rigor que tenga el documento, de las garantías políticas de aplicación del mismo (ahí entran en juego las alianzas) y de posibles acuerdos entre los dos partidos.

Tras su encuentro con el candidato del PSOE, ¿cómo le ve?

Me pareció una persona rigurosa con la que uno no puede irse por las ramas; se le nota la experiencia de Gobierno. Creo que las propuestas que haga serán susceptibles de aplicarse.

¿Qué ideas le sugirió al candidato socialista durante su encuentro?

Hablamos de la recuperación de la competitividad, que baje algo esta tendencia a importar y a tener un déficit exterior muy importante que resurge en cuanto la economía se recupera, del control de las comunidades autónomas, de que no se demore el proceso de recapitalización de las entidades financieras, de diversificar la actividad económica, lo que me llevó al tema del suelo.

¿Y que planteó en este ámbito?

Hemos llegado a una situación en la que el Estado, como no sucede en ningún otro país de Europa occidental, no tiene nada que decir sobre los planeamientos urbanísticos. Sugerí que es importante introducir una legislación única en materia de concesión de licencias de obras para conseguir la diversificación económica Rubalcaba lo presentó para reducir la corrupción. Los ayuntamientos siguen esperando la resurrección del ladrillo, pero no tienen ningún entusiasmo por generar nuevo suelo industrial para que se instalen nuevas actividades productivas.

¿Es partidario de recuperar el impuesto de patrimonio?

Como dije al candidato, de su discurso del 9 de julio me gustaron tres cosas. Una de ellas, la recuperación del impuesto de patrimonio. Yo preferiría restablecer el viejo impuesto corrigiendo la cuestión de las Sicav de alguna forma. En materia tributaria, también creo oportuno proceder a una racionalización importante del IRPF, que no dependa tanto de las rentas salariales y poner el impuesto de sociedades a nivel europeo.

Al hilo del 15-M y la crisis, cada vez más voces reclaman la dación en pago. ¿Ha visto este tema con Rubalcaba?

Hablamos bastante de este tema. Tengo que recordar que la dación en pago como la defiende el 15-M, sólo existe en Reino Unido y en cuatro estados de EEUU. En Europa, excepto en Reino Unido, funciona una ley para los hogares como la de suspensión de pagos de las empresas. En España, las cosas no pueden quedarse como están. Se ha dado un paso importante con la elevación al 60% del valor de tasación de la vivienda en el caso de que esta llegue a subasta. Pero creo que con los créditos actuales podría todavía subirse algo más.

¿Y para los créditos hipotecarios que se firmarán en el futuro?

Para las nuevas operaciones habría que introducir una ley de protección a los hogares y a los consumidores como las que existen en Francia y en Suecia. De esa forma se impide dejar al hipotecado en la pésima situación en la que queda ahora, cuando no puede hacer frente al crédito porque tiene que entregar la vivienda y hacer frente a pagos que han subido mucho. Eso se corregiría con una ley estatal que permitiese que a los hogares se les aplicase un procedimiento equivalente a las empresas y la suspensión de pagos. Este tema tiene que ser cogido por los cuernos.

¿Cogerá el toro por los cuernos Rubalcaba?

No puedo opinar. Eso está en la cabeza del protagonista.

El candidato socialista pide al BCE con insistencia que baje los tipos de interés. ¿Es útil?

La incidencia que esta medida puede tener ahora sobre la reactivación del crecimiento es limitada, como se ha visto en Estados Unidos.

Entrevista publicada en Público por Carolina Martín (21-8-2011)

Llegó Agosto, con las fiestas

Julio Rodríguez López

La visita a Motril en agosto tiene carácter de retorno al pasado para los que estamos fuera. Divisar, aunque sea a lo lejos, la procesión de la Virgen de la Cabeza, acudir al castillo de fuegos artificiales que ahora se monta en la Playa de Poniente, mirar a Sierra Lujar, pasar por las calles mas frecuentadas en el pasado,  producen una sensación de  reencuentro. Las noches veraniegas  motrileñas son ahora más cálidas  que las de antaño.  Se echa en falta el fresco del refrán que evocaban  las abuelas al llegar este mes.

  Sorprende la cantidad de banderas, nacionales y autonómicas,  situadas a la entrada de Motril. Se advierte que esa abundancia de banderas va con el carácter del gobierno municipal.  Al pasar, se mira  a la  Vega como si persistiese el verde panorama   que aportaba el cultivo de la caña de azúcar. Pero  desde hace tiempo la Vega presenta   un paisaje un tanto desolado. Se  busca una ciudad que ya no es la de antes, porque las ciudades cambian con el tiempo, aunque queden rincones, callejas  y esquinas que  ya estaban en el pasado.

  Agosto de 2011  empezó sembrando un reguero de incertidumbres sobre la economía mundial. Las intensas caídas de la bolsa, las dificultades de los gobiernos y de los bancos para financiarse, son hechos que perturban la escena  económica mundial.  Una mal vertebrada Eurozona  ha acentuado el problema de la  deuda de varios países integrantes. En la primera semana de agosto los mercados castigaron la deuda pública de Italia y de España, bajando su precio y elevando a la vez el tipo de interés que representa su rentabilidad.

 En el caso de España las dificultades de financiación de la deuda pública implican mayores complicaciones para la deuda privada, sobre todo la de las entidades financieras. En estas condiciones el crédito bancario se ha convertido en algo escaso, lo que no favorece la dinamización de la economía.   Se teme, en fin, que la economía mundial frene su crecimiento y que se retrase más la recuperación de los países como España en los que tal recuperación está resultando más débil.

  Los deficits de las autonomías, la lenta reestructuración del sistema financiero (ver cajas de ahorros) y la débil competitividad son los problemas mas apremiantes de la economía española. La recuperación de la competitividad no es cosa que solo se consiga reformando la normativa laboral.

  Motril  y la Costa granadina han resultado muy afectados por la crisis que empezó hace cuatro años, en agosto de 2007.  El vacío dejado por la construcción de viviendas, actividad profundamente disminuida desde el inicio de la crisis, no ha sido suplido por otras actividades alternativas. La agricultura no aporta las rentabilidades de antaño, acosada sobre todo por la competencia de los productos del norte de África. En  2011 la agricultura de la Costa   ha sufrido de lleno la crisis de precios y de demanda provocada en el cultivo de pepino, crisis que se extendió  a otros productos horticolas.

 Entre diciembre de 2007 y junio de 2011 Motril ha perdido mas de 3,500  afiliados a la seguridad social en alta, casi el 17%, cinco puntos porcentuales mas que la media de España.  El número de viviendas vendidas en Motril  se situará en 2011 en torno a las 600, la tercera parte de las realizadas en 2006, año en el que tales ventas alcanzaron el nivel mas elevado (1.841, de las que 1170 fueron nuevas y 671 fueron usadas). También  dicha caída en las ventas de viviendas  supera ampliamente a la de España. El precio medio de venta de una vivienda en Motril, según las tasaciones realizadas,  ascendió a 1.371 euros/m2 en el 2º trimestre de 2011, un 29% menos que en el momento en el que dichos precios alcanzaron el nivel más elevado (primer trimestre de 2008).

 Como sucede en el conjunto de España, Motril necesita ampliar las actividades que se desarrollan en su territorio, además de aprovechar el buen comportamiento del turismo exterior  en 2011.  La apertura de una línea regular de pasajeros por vía marítima Motril-Melilla es una noticia positiva. El puerto, en general,  es una variable clave en el futuro de Motril. Es de desear que no se le reduzcan sus posibilidades con esos fantásticos proyectos de llenarlo de amarres con el objetivo de animar las ventas de viviendas que llevan tiempo pendientes de venta como consecuencia de de promociones sobredimensionadas en su día.

La crisis económica está resultando más que prolongada y todavía queda un largo trecho para superarla. En noviembre habrá elecciones generales  en España y todo apunta a que cambiará  la titularidad del gobierno.  Las crisis económicas pasan, por lo general, una factura pesada a  los gobernantes a los que  toca sufrirlas, sobre todo cuando se prolongan mucho tiempo y se ha tardado en reaccionar. Un simple cambio de partido de gobierno no bastará para resolver los serios problemas económicos y políticos que España tiene pendientes. Será necesario para ello establecer acuerdos  en algunos temas básicos entre las principales fuerzas políticas.

  Un periodo tan prolongado de auge como el que se vivió en Motril entre 1997 y 2007 no podía ser eterno.  En amplios sectores de la población se soporta mal el empeoramiento del nivel de vida que ha supuesto la crisis.   Motril puede volver a ser tierra de emigración, como ya lo fue en el pasado. Se trata de que los políticos locales estén a la altura de los problemas, tanto los que gobiernan como los de la oposición. 

Publicado en El Faro Digital de Motril

El trago de las ejecuciones hipotecarias

Julio Rodriguez López[1]

  El elevado desempleo originado por la  crisis económica ha aumentado los impagos de los préstamos hipotecarios con los que se adquirió la  vivienda familiar. Se ha evidenciado la realidad de un procedimiento legal de ejecución hipotecaria injusto e ineficiente en España. Las reformas anunciadas por el gobierno  al inicio del mes de julio de 2011 pueden suponer un alivio para las familias afectadas.  Son  necesarios, además, cambios legislativos  de mayor alcance para racionalizar dicho procedimiento.

Sobreendeudamiento. El origen del problema
En España,  los precios de las viviendas aumentaron en casi un 200%  entre 1997 y 2007.  El precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados construidos creció desde los 4,3 salarios anuales de 1997  hasta alcanzar los nueve salarios anuales en 2007. El importe medio de las hipotecas formalizadas sobre vivienda se triplicó desde los 50.800 euros de 1997 hasta los 148.200 euros en 2007. El esfuerzo de acceso medio a  una vivienda  de dicha dimensión  creció desde el 28,4% de los ingresos familiares en  1997 hasta el 51,3% en 2007. En dicha fase se formalizaron en España más de 8,5 millones de nuevas hipotecas destinadas a la compra de viviendas.  

  La crisis financiera de 2007-08 provocó un intenso racionamiento de crédito que frenó las compras de vivienda y el inicio de nuevas promociones. El ajuste del mercado de vivienda ha descansado en el descenso de la construcción residencial, que ha detraído más de punto y medio al crecimiento anual  del PIB entre 2008 y 2010. Desde 2007 se han perdido en España cerca de dos millones y medio de empleos, de los que el 60% corresponden a la construcción residencial. Los precios de las viviendas han retrocedido en España en un 15,5% desde el primer trimestre de 2008.

  El elevado endeudamiento de los hogares, el excesivo esfuerzo que supuso el acceso a la vivienda para  buena parte de los nuevos prestamos formalizados en la fase de auge, el reducido peso del alquiler (solo el 11,4% de los hogares residía en viviendas principales de alquiler en  España en 2009, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE) provocaron un  importante aumento de las insolvencias familiares con el cambio de ciclo.

Desde 2007 ha destacado, pues, el aumento sufrido tanto por la morosidad de los préstamos  como por las ejecuciones hipotecarias  consiguientes a los impagos. En 2011 el crédito a comprador de vivienda, presentó  una tasa de morosidad  del 2,65% a fines de marzo de 2011. Dicha tasa, aunque inferior a la del crédito a promotor (15,2%), es muy superior a la del  0,43% de 2006.

 Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados iniciaron una rápida expansión desde 2007.  De las 17.605 ejecuciones de 2006 se ha pasado a  93.622 en 2010 (Ver Gráfico). Entre  2006 y 2010 se han presentado 289.200 ejecuciones hipotecarias, equivalentes al 8,5% de las hipotecas para comprador de vivienda formalizadas en el mismo periodo.  

Un procedimiento de ejecución  injusto para el deudor
Entre las bases legales de la ejecución hipotecaria en España destaca el artículo 1911 del Código Civil, según el cual el acreedor se puede quedar con todo el patrimonio del deudor para recuperar el préstamo. El artículo 105 de la Ley Hipotecaria fija la garantía personal e hipotecaria del deudor.

 La Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2010) establece  que, si  una vez producido el impago del préstamo, el bien se saca a subasta y  esta queda desierta,  el banco se puede quedar con la vivienda abonando solo el 50% del valor de tasación de la misma. La entidades de crédito pueden reclamar al deudor la diferencia entre el importe de la deuda, aumentada en los intereses de demora, y el 50% citado del valor de tasación, junto a las costas del procedimiento.

 En el proceso de recuperación de la deuda la entidad de crédito puede embargar el salario del deudor, al que ahora se le reconoce un derecho inembargable equivalente al 110% del salario mínimo interprofesional (705 euros), cantidad que puede aumentar según el número de familiares a cargo del mismo.  “El sistema resulta  ineficiente e injusto. A los promotores se les han aceptado daciones en pago (entrega del bien como pago de la deuda) por miles de millones de euros, posibilidad que ni se les plantea a los particulares. La reforma del procedimiento exigiría que el precio que obtenga el deudor sea el de mercado, que haya mas publicidad en las subastas, y que se refuerce la presencia en las mismas de familias y de empresas” (S. Álvarez Royo Villanova, 2011).

El que el valor de la vivienda sea el 50% del valor de tasación, los pesados intereses de demora del periodo que va entre el impago y la subasta y la hipoteca que puede realizarse del salario “configuran un sistema muy favorable para los bancos. La subasta del piso inicia  los problema para los deudores en España” (S. Daley, 2010). 

El camino de las reformas

Son numerosos los movimientos sociales que vienen defendiendo en España que la entrega del piso termine con la responsabilidad hipotecaria. Así, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defiende la citada dacion en pago, promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular para lograr dicho objetivo. Algunos estudios señalan que con solo la dacion en pago de la vivienda  bajará la relación préstamo/valor en los nuevos préstamos,  se reducirán las concesiones y se encarecerán los pagos de la hipoteca, incluso para los  prestatarios que pagan puntualmente la cuota (El País, 2011).

 En todo caso, algo hay que reformar, aunque solo fuese para los nuevos préstamos, empezando por el procedimiento hipotecario. Un Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio de  2011  ha aprobado un  Real Decreto Ley por el que se elevan los ingresos inembargables de los deudores hasta el 150% del Salario Mínimo (SMI) (961 euros), que podrá incrementarse hasta el 30 por cien por persona dependiente del núcleo familiar y para pensionistas a su cargo cuyos ingresos familiares no alcancen al computo anual del SMI. Se eleva desde el 50 al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien.   El depósito ahora exigido a los postores  en la subasta,  equivalente al 30% del valor del bien ejecutado,  se reduce hasta el 20%.

 La Reforma de la Ley Concursal, abriendo vías a los particulares que ahora funcionan solo para las empresas, se vislumbra como una posible salida,  como sucede en Europa Occidental. Los tasadores deberán desvincularse por completo de las entidades de crédito, tendrían que establecerse  topes a los intereses de demora percibidos por las entidades de crédito  entre el impago y  la subasta. La proporción de dicho valor de tasación por el cual el banco adquiere la vivienda tras la subasta desierta no debe de  bajar del 70-80% (J.A. Navas Oloriz, 2011). Se debe de garantizar que el deudor recibe el salario garantizado.  Una  Ley de Insolvencia debe de  fijar  los derechos y responsabilidades del deudor.  La solución al problema planteado no ha hecho más que empezar.

Referencias:

Álvarez Royo-Villanova, Segismundo, 2011… ”Las ejecuciones hipotecarias en el contexto de la crisis”. Notario,  Mayo/Junio.

El País. 2011…”Que el crash inmobiliario no arruine al vulnerable”. 26 de junio de 2011

Navas Oloriz, José Antonio, 2011… ”Aun quedan desequilibrios por corregir”, El País, 26 de junio.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 2011…www.afectadosporla hipoteca.com

Daley, Suzanne, 2010…”In Spain, homes are taken but debt stays”. The New York Times, 29 de octubre.

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[1] Economista y Estadístico