La pérdida
de empleos derivada de la recesión de la economía española ha elevado la morosidad en los préstamos con los que numerosos hogares adquirieron
la vivienda hasta 2007. Aunque la tasa de morosidad de dichos
préstamos, el 4% a 31 de diciembre pasado, era muy inferior al
30% de los préstamos a promotor, el saldo de préstamos morosos superaba los
25.300 millones de euros en la fecha citada. Los datos publicados por “Registradores de España” en abril han revelado
la realidad de una cifra trascendente de
compradores de vivienda habitual afectados por la morosidad y el riesgo de
desahucio.
Hasta abril
de 2013 se ha dispuesto de información trimestral aportada por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). En
dicha información destacan los datos de procedimientos de ejecución
hipotecaria presentados en los juzgados
y los de lanzamientos ordenados.
Entre 2008 y 2012 los totales acumulados han sido de 415.220 procedimientos
y 244.400 lanzamientos, destacando la
tendencia creciente de dichas magnitudes.
Los totales
mencionados se refieren a todo tipo de activos inmobiliarios (vivienda habitual,
segunda vivienda, plazas de garaje, locales de oficinas, bajos comerciales,
naves industriales). Los comentarios de los dirigentes bancarios apuntaban a que el peso de la
vivienda habitual en los totales citados no debía de ser muy elevado. De esto
último se derivaba, pues, que el problema de los desahucios tiene un impacto
social importante, sobre todo cuando se produce el suicidio del prestatario, pero que el alcance
del problema en el fondo no es tan
acusado.
En abril de
2013, el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, ha publicado una estimación para 2012
de los totales anuales correspondientes
a procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados, adjudicaciones producidas
como consecuencia de ejecución hipotecaria y daciones en pago. En los tres
casos los datos se han referido exclusivamente a vivienda. Tales datos han incluido información adicional sobre las viviendas habituales y sobre los titulares extranjeros de las viviendas
afectadas.
En 2012 hubo en España 49.300 procedimientos de ejecución iniciados,
30.050 adjudicaciones y 11.400 daciones en
pago, correspondientes todos ellos a
vivienda habitual. Lo anterior revela que esta última tiene un peso
significativo dentro de las magnitudes asociadas con los desahucios, por encima
de lo que en principio se previno.
En ese año los procedimientos iniciados relativos a
vivienda habitual supusieron el 53,7% de la cifra total de procedimientos de
ejecución iniciados publicada por el
CGPJ. En terminos absolutos fueron las autonomías de Andalucia, Cataluña y Valencia
donde más procedimientos se iniciaron. En terminos relativos, referidos al
total de hogares correspondiente, fueron Murcia, Valencia y Cataluña las autonomías
con la mayor proporción de hogares afectados por tales procedimientos
en 2012. Se advierte el mayor peso de la morosidad de los hogares en los territorios con mayor volumen de
construcción residencial desarrollada, como la Costa Mediterránea.
La cifra de viviendas habituales adjudicadas, unas
30.050 en 2012, subraya el alcance social de los desahucios de hogares por impago de los
préstamos hipotecarios en España tras el inicio de la crisis Las 11.400 daciones en pago de viviendas habituales
implican que dicha fórmula no resulta
atípica en España. Es posible que en
2012 los bancos aumentasen el número de
daciones en pago “toleradas” ante la
mayor dimensión que el problema fue adquiriendo en dicho año.
En 2012
destacó también la significativa presencia de los deudores extranjeros en las
magnitudes analizadas, el 24,5% de los procedimientos iniciados en 2012 sobre
viviendas y el 38,7% de las daciones en
pago producidas. En Madrid han pesado más los extranjeros, sobre todo
ecuatorianos, en la cuestion de los
impagos hipotecarios, que alcanzaron
el 38% de los procedimientos
sobre viviendas y casi el 60% de las daciones en pago en 2012.
Los datos publicados por los registradores confirman,
pues, que en las fases de procedimiento, adjudicación y lanzamiento de activos
inmobiliarios afectados por la morosidad
la vivienda habitual presenta una cuota
mayor que lo inicialmente previsto, muy por encima del resto de activos
inmobiliarios. No es de extrañar, pues, el alcance de las protestas de los sectores sociales afectados
por un sistema de ejecución tan severo
como el vigente en España.
El Decreto-Ley
de la Junta de Andalucía por el que el gobierno andaluz puede expropiar el derecho de uso de la vivienda a los
bancos que vayan a ejecutar una vivienda, por un periodo máximo de tres años, ha supuesto otra novedad de interés en el panorama
de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Lo más relevante, si embargo, es el contenido del texto definitivo que la mayoría del PP en
el Congreso de los Diputados ha enviado al Senado.a
través de las enmiendas al texto del RDL.27/2012
Las reformas que el gobierno ha introducido a dicho Real Decreto a su paso por el Congreso mejoran el procedimiento y
refuerzan el Código de Buenas Prácticas. Sin embargo, el texto citado no supone una apertura a la segunda
oportunidad, consagra el 12% (tres veces el tipo de
interés legal del dinero) como tipo a
aplicar a los intereses de demora y mantiene un perfil restrictivo respecto de los hogares a los que se les aplazará el lanzamiento de la vivienda.. Todo apunta a que el sistema legal vigente en
España en materia de ejecución de las deudas hipotecarias que afectan a la
vivienda habitual va a persistir en sus
rasgos básicos, lo que le mantiene como el más agresivo en Europa Occidental
