¿FELIZ O INFELIZ AÑO NUEVO?

(Ideal, 6.1.2012)

Julio Rodríguez López[1]

   2012 arranca cuando la crisis económica  iniciada en el verano de 2007 presenta una nueva y grave recaída. El crecimiento se ha frenado en la Eurozona desde el tercer trimestre de 2011. La política económica implantada en las sucesivas cumbres de la Unión Europea se apoya en la versión alemana de la crisis. Dicha versión  considera a la prodigalidad de los gobiernos como la causa fundamental de la crisis. Apenas se plantean estímulos para  unas economías abocadas a  una recesión casi generalizada. En España ha destacado el negativo comportamiento del empleo en los últimos meses de 2011, revelador de  un posible retroceso de la actividad productiva. Las primeras medidas del nuevo gobierno persiguen sobre todo  la reducción del déficit de las administraciones públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos).

 En 2011 los países de la Eurozona vivieron pendientes de la situación de los mercados de capitales, especialmente de lo que sucedía en los de deuda soberana. Se han hecho familiares conceptos tales como prima de  riesgo, quita, fallidos, volatilidad de los mercados. La Organización Internacional del Trabajo ha detectado en numerosos países una situación de profundo malestar en amplias capas sociales. Son abundantes lo ciudadanos que piensan que las consecuencias de la crisis no se están repartiendo con equidad entre los diferentes hogares.

  La posición de Alemania desde el inicio de la crisis de la deuda se ha fortalecido de forma significativa. Dicho país ha reforzado el superávit de su balanza de pagos  y ha aumentado de forma sustancial sus ventas al resto de la eurozona. Los alemanes ya no tienen que enfrentarse ni  a los aranceles ni a las devaluaciones competitivas en el seno de los países de la eurozona. Las políticas económicas de inspiración alemana  se apoyan en programas de austeridad que pretenden reducir a toda costa el aumento del déficit y frenar el crecimiento de la deuda pública. 

 Sin embargo, dichos programas de austeridad provocan deflación, estancamiento o reducción del PIB, aumento del desempleo y crecientes tensiones sociales en los países que los implantan. Como ha comentado el principal economista del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, la reacción de los mercados de capitales a los programas de ajuste resulta ambigua. Dichos mercados primero celebran la adopción de medidas de ajuste fiscal,  pero después castigan el empeoramiento de la situación económica que los programas en cuestión provocan.

  El problema  de fondo es el diferente grado de competitividad de las economías   integradas en el euro. Por una parte están los países con superávit exterior, donde entran sobre todo los protestantes del norte de Europa, entre los que destaca Alemania,  y donde también están Holanda, Finlandia y Austria. Fuera del euro destacan asimismo Suecia y los otros dos países escandinavos. El segundo grupo incluye a países con amplios déficits exteriores, como es el caso de Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda y Estonia. Los elevados déficits de estos últimos antes de la  llegada de la crisis revelaban la dificultad crónica de los mismos para competir en un marco de creciente globalización económica.    

  La solución a la débil competitividad de los países citados  no es cuestión de corto plazo, sino que requiere de estrategias específicas en cada país y también se puede acometer mejor  en un contexto de mayor crecimiento de la economía.  Los citados programas de ajuste económico,  apoyados en la reducción del gasto público, en el aumento de algunos impuestos y en el freno a las inversiones públicas  no ayudan precisamente a mejorar la competitividad.

     En España la crisis se llevó por delante al gobierno socialista, que reaccionó tarde a los cambios de 2007.  El fuerte descenso de los votos del PSOE en las últimas elecciones generales  debería inducir cambios no solo cosméticos en dicho partido, y ello  para que pueda ejercer  una oposición  relevante al nuevo gobierno y se mantenga como alternativa creíble  de poder. Por otra parte,  la  mayor concentración crediticia de las cajas de ahorros en el riesgo inmobiliario y las modificaciones  de la normativa bancaria han acabado con dichas entidades como instituciones de crédito. Las cajas  son ahora accionistas, minoritarias con frecuencia y en algunos casos ni eso,  de los nuevos bancos creados a partir de la concentración de las entidades financieras. El mapa bancario español se va a reducir de forma significativa, con todos los riesgos de exclusión bancaria que ello conlleva.

  El nuevo gobierno del Partido Popular se ha estrenado con un programa apoyado en  el aumento de los tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (R.D. L. 20/2011, BOE de 31.12.2011). Dicho programa  incluye asimismo la reducción en  unos 8.900 millones de euros del gasto público en 2012, que va a afectar sobre todo a las inversiones  públicas del Ministerio de Fomento. Entre el  aumento de impuestos y la reducción de gasto se pretende reducir el déficit publico en unos 15.200 millones de euros en 2012, casi un 1,5% del PIB de la economía española.

 El gobierno no ha aclarado si el deslizamiento del déficit público desde el 6% del  PIB hasta el 8%, circunstancia  empleada como justificación del ajuste,   se debe a la gestión del gobierno de España  o a la de  las comunidades autónomas. Todo parece indicar que los abundantes desajustes de estas últimas administraciones públicas se van a cubrir  reduciendo el gasto del gobierno central  y aumentando la presión fiscal sobre el conjunto de los asalariados. Estos últimos  van a sufrir la mayor presión fiscal directa que supone el recargo establecido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que dicho impuesto castiga sobre todo a las rentas salariales.

  Como se indicó al comienzo, el año 2012  se inicia en un momento  delicado de la Eurozona.  El coste de mantenerse dentro de la misma está resultando muy elevado en algunos países.  En este año se  pueden acentuar las tensiones sociales derivadas de  los intensos ajustes que imponen los prusianos programas de inspiración franco-alemana. Las seguras oleadas de crisis las sentirán este año millones de personas en la Eurozona. Con la  austeridad generalizada  impuesta en los citados programas de ajuste,   2012 difícilmente podrá  ser un año feliz.

EL MERCADO DE VIVIENDA NO APOYARÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMIA

(El Pais, 31.12.2011)

Julio Rodríguez López

En 2011 el mercado de vivienda en España mantuvo un perfil deprimido. El último
ciclo de la vivienda ha resultado especialmente abrupto en España, ante la intensidad
del ajuste a la baja en magnitudes tales como crédito, ventas y nueva oferta después
de 2007. Las previsiones para 2012 son “planas”, y la postrada situación actual del
mercado de vivienda se prolongará buena parte del próximo año. Es previsible que el
nuevo gobierno refuerce las ayudas fiscales a la propiedad, restrinja las destinadas
al alquiler y modifique la ley de suelo de la etapa de gobierno socialista.

La etapa de auge (1996-2007). Un repaso a las cifras

Entre 1996 y 2007 algunas variables registraron crecimientos espectaculares.
Destacó primero la duración, pues dicha etapa se prolongó cerca de doce años.
Fue espectacular el aumento de los precios de la vivienda, un 202,8% en términos
nominales. Se crearon hogares a un ritmo medio anual neto de 389.000. Las 608.000
viviendas iniciadas de media explicaron el fuerte aumento del parque de viviendas,
que se aproxima a los 26 millones a 31.12.2011. Hay en España 1,49 viviendas por
hogar, muy por encima de las 1,10 correspondientes al conjunto de la eurozona

Dicha etapa de expansión descansó en un intenso crecimiento del crédito bancario.
El conjunto del crédito inmobiliario (comprador, promotor y constructor) creció
de forma que desde el 25,5% del PIB en 1997 llegó a suponer el 100% en 2007,
equivalente al 60% del crédito al sector privado de las entidades financieras. El crédito
bancario a residentes, magnitud tradicionalmente inferior a los depósitos, pasó a
superar ampliamente a dicha magnitud. La burbuja se financió en gran parte mediante
apelaciones a los mercados mayoristas de dinero. La mayor parte de la deuda exterior
de España se destinó a financiar el crédito inmobiliario. Se construyó así una pirámide
de pisos vacíos, una inversión de baja rentabilidad.

La recesión del mercado de vivienda que no termina

La intensa corrección a la baja ha destacado en el último ciclo de la vivienda en
España. Los efectos desequilibrantes de la recesión del mercado de vivienda actúan
por el lado del consumo, y también a través de la estabilidad financiera. Las entidades
de crédito sufren las consecuencias de los impagos, primero sobre su cuenta de
resultados y después sobre su solvencia. El pinchazo de la burbuja ha traído el final de
las cajas de ahorros como entidades de crédito en España. Las significativas ventajas
fiscales a la compra de vivienda (tratamiento benévolo de las plusvalías, no tributación
de las rentas imputadas y desgravación de los intereses de los préstamos), amplían
las consecuencias negativas del ciclo de la vivienda.

Si la construcción fue trascendente a efectos del importante ritmo de crecimiento
de la economía española entre 1997 y 2007, su papel ha sido excluyente en la fase
de recesión 2007-2011. Entre 1997 y 2007 dicho sector explicó casi el 30% del
crecimiento de la economía española. Entre 2007 y 2011 redujo en casi dos puntos
anuales el crecimiento de la economía española, por encima del retroceso total de la
economía en dicho periodo.

Después de cuatro años de crisis, de descensos acusados de ventas, crédito y
viviendas iniciadas, el mercado de vivienda presentó de nuevo en 2011 un perfil
más deprimido en España que en la Eurozona. Dentro de dicha área económica
están los países que, como España, Irlanda y Holanda, registraron disminuciones
significativas de los precios en 2011. En segundo lugar aparecen aquellos en los que
los precios han registrado claros aumentos (Bélgica, Francia y Finlandia).

En un tercer grupo de países el ciclo alcista reciente tuvo una intensidad poco
relevante (Alemania e Italia), y registraron aumentos leves de precios en 2011.
Desde el primer trimestre de 2008, periodo con el nivel más elevado, los precios de las
viviendas han descendido en España en un 17,7% hasta el tercer trimestre de 2011,
según la estadística del Ministerio de Fomento.

El precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados en España fue de 155.600
euros en el tercer trimestre de 2011. Dicho precio equivalía a siete salarios anuales
medios de dicho trimestre, por debajo de los nueve de 2007, pero todavía por
encima de los 4,3 de 1997. Todavía queda, pues, margen para que los precios de las
viviendas continúen descendiendo en España en 2012, pero el ajuste se ha centrado
en el descenso de la nueva oferta..

La eliminación inicial de las ventajas fiscales de 2010 contribuyó al perfil deprimido
de 2011. La rebaja al 4% del tipo impositivo del IVA para las ventas realizadas
entre fines de agosto y diciembre no ha animado la demanda. Las ventas de
viviendas descendieron en 2011 por el nuevo retroceso del empleo, por el persistente
racionamiento de crédito y por la realidad de unos precios de las viviendas lejanos de
los ingresos de los nuevos hogares.

El descenso del empleo en 2011 (172.500 fue el retroceso interanual del tercer
trimestre) afectó negativamente a la creación de hogares (unos 150.000 en 2010-
11), que son los principales demandantes de viviendas. En 2011 se ha acentuado el
racionamiento de crédito y continuó el intenso ajuste del mercado de vivienda por el
lado de la nueva oferta. La previsión de viviendas iniciadas en 2011 se sitúa en unas
85.000 (865.600 en 2006), el total anual mas reducido desde que se dispone de datos
de visados. El stock de viviendas terminadas y no vendidas oscila, al final de 2011,
entre las 700.000 y 1.200.000. No se ha reducido, pues, el exceso de oferta.

Previsiones para 2012. Cambios en la política de vivienda.

Las negativas previsiones de crecimiento y de generación de empleo para 2012
apuntan a que el mercado de vivienda mantendrá la tónica de recesión de 2011.

El poco positivo marco económico general, en el que no se vislumbra un modelo
productivo alternativo, influirá mas que los bajos tipos de interés y que los mas
accesibles precios de venta.

Los reducidos niveles de ventas y de construcción de nuevas viviendas implican
que no haría falta un gran esfuerzo para provocar un giro radical en la situación
del mercado de vivienda. Importa la situación de las entidades de crédito. La tasa
de morosidad de los préstamos a promotor y a constructor ascendió al 18,25% en
septiembre de 2011(0,6% en diciembre de 2007). Esto último, junto al importante
volumen de activos problemáticos asociados con la promoción inmobiliaria en poder
de las entidades financieras, afecta de forma negativa a la actividad prestamista de
dichas entidades.

En cuanto a la política de vivienda, la promoción y venta de viviendas protegidas,
el instrumento más potente en España, se ha resentido por la restricción crediticia.
Pero las ventas de viviendas protegidas todavía suponen algo más del 10% del total.
El alquiler ha visto aumentar su presencia hasta el 11,8% de los hogares, según
la Encuesta de Condiciones de Vida (10,4% en 2004). El sueño de la vivienda en
propiedad es ahora una pesadilla para muchos hogares.

El nuevo presidente del gobierno ha anunciado el mantenimiento del IVA
superreducido para las viviendas destinadas a vivienda habitual y la recuperación
de la desgravación en el IRPF de la compra de dichas viviendas. Esto puede reducir
los ingresos fiscales en unos 500 millones de euros. Antes de dicho debate Mariano
Rajoy mostró su disposición a no renovar en 2012 las ayudas a los arrendatarios
jóvenes (renta básica de emancipación), la figura de política de vivienda más
homologable con las existentes en Europa Occidental.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha criticado la normativa urbanística
del periodo de gobierno 2004-2011 (básicamente la ley de suelo y el reglamento de
valoraciones inmobiliarias). La nueva ministra de Fomento señaló a la reducción del
stock de nuevas viviendas no vendidas como un objetivo importante de su gestión
en política de vivienda, en línea con los dos predecesores al frente de la política de
vivienda estatal. .

La reducción del stock citado desborda el marco competencial del Ministerio citado
y es mas un objetivo de política económica general. La actualización de la política de
vivienda protegida, su ubicación política definitiva, el mejor conocimiento del mercado
de alquiler en España, la posibilidad de canalizar una parte del stock citado hacia el
alquiler a través de inversores institucionales, son algunos de los aspectos a los que
podría destinarse el esfuerzo del gobierno central en materia de política de vivienda.
También debe de considerarse la posibilidad de incidir de alguna forma desde el
gobierno de España en el destino del suelo como instrumento anticiclico.

2011, UN EJERCICIO A OLVIDAR EN EL MERCADO DE VIVIENDA EN ESPAÑA

(El Siglo, 26.12.2011)

Julio Rodriguez López

En 2011 el mercado de vivienda en España mantuvo un perfil a todas luces
deprimido. Se modificó la fiscalidad de la vivienda para estimular la demanda. El
cambio de gobierno reforzará las ayudas a la propiedad, restringirá las destinadas al
fomento del alquiler, y modificará la ley de suelo de la etapa de gobierno socialista
de Rodriguez Zapatero (2004-2011).

En 2011 se acentuó el retroceso de los precios de la vivienda en España, después
de tres años previos de descensos. Desde el primer trimestre de 2008, periodo con el
nivel de precios más elevado, los precios de las viviendas han descendido en España
en un 17,7% hasta el tercer trimestre de 2011, según la estadística del Ministerio de
Fomento.

El precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados en España fue de 155.600
euros en el tercer trimestre de 2011. Dicho precio equivalía a siete salarios anuales
medios en dicho trimestre, por debajo de los nueve de 2007, pero todavía por encima
de los 4,3 de 1997. Lo anterior implica que todavía queda margen para que los precios
de las viviendas continúen descendiendo en España en 2012.

La demanda de vivienda volvió a disminuir en 2011, como lo indican los retrocesos
de las ventas de viviendas (--29,4% segun las transmisiones de viviendas formalizadas
ante notario), en principio ante la eliminación inicial de las ventajas fiscales que
funcionaron en 2010. Entre enero y agosto de 2011 el tipo impositivo del IVA,
que grava las ventas de viviendas nuevas, fue del 8% (7% hasta el 1º de julio de
2010) y se eliminó la desgravación fiscal en el IRPF por compra de vivienda para
contribuyentes con ingresos anuales superiores a 24.107 euros. La rebaja al 4% del
tipo del IVA para las ventas realizadas entre fines de agosto y diciembre no se ha
dejado sentir en la demanda.

Las compraventas de viviendas descendieron en 2011 por el nuevo retroceso
del empleo y por el persistente racionamiento de crédito. Las ventas de 2011 se
situarán en torno a las 355.000 viviendas (955.200 en 2006). Los puestos de trabajo
retrocedieron en 172.500 entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo periodo de
2010, lo que afectó negativamente a la creación de hogares, que son los principales
demandantes de viviendas. En 2011 se ha acentuado el racionamiento de crédito.
La menor concesión de créditos se debe, según el Banco de España, a que “la
incertidumbre económica eleva los estándares de concesión de las entidades y los
mercados de emisión de renta fija se han cerrado en los últimos meses para las
entidades europeas” (Informe de Estabilidad Financiera, 11/2011, página 23).

En 2011 continuó el intenso ajuste del mercado de vivienda por el lado de la nueva
oferta. La previsión de viviendas iniciadas en 2011 se sitúa en unas 85.000 (865.600
en 2006), el total anual mas reducido desde que se dispone de datos de visados de
dirección de obra nueva de los aparejadores, el mejor indicador de las viviendas
iniciadas. El stock de viviendas terminadas y no vendidas oscila, al final de 2011,
entre las 680.000 y 1.200.000. No se ha reducido, pues, el exceso de oferta. Las
autonomías con mayor número de nuevas viviendas pendientes de venta son las de
Valencia (133.000), Andalucía (112.650) y Cataluña (103.300).

La política de vivienda corrigió la inicial elevación del tipo del IVA del 8% con la
reducción al 4% desde fines de agosto, lo que favorece la salida al mercado del
amplio stock no vendido. La promoción y venta de viviendas protegidas, el instrumento
más potente de la política de vivienda tradicional de España, se ha resentido por el
racionamiento de crédito citado.

El nuevo presidente del gobierno anunció, en el debate de investidura del 19 de
diciembre, el mantenimiento en el 4% del IVA para las viviendas destinadas a
vivienda habitual y la recuperación general de la desgravación en el IRPF por compra
de vivienda habitual, lo que puede suponer un descenso de los ingresos fiscales
superior a los 500 millones de euros. Antes de dicho debate Mariano Rajoy mostró
su disposición a no renovar en 2012 las ayudas a los arrendatarios jóvenes (renta
básica de emancipación),que es la figura de política de vivienda mas homologable
con las existentes en Europa Occidental, donde los gobiernos no construyen nuevas
viviendas pero si ayudan a los arrendatarios con rentas bajas.

Otro dirigente del Partido Popular, Cristobal Montoro, señaló su incomodidad con la
normativa urbanística aprobada en el periodo de gobierno 2004-2011 (básicamente
la ley de suelo y el reglamento de valoraciones inmobiliarias). Lo anterior pone de
manifiesto la proclividad al acceso a la vivienda por la vía de la propiedad y el interés
por calificar todo el suelo posible como de urbanizable residencial entre los dirigentes
del centro-derecha español.

Las previsiones de crecimiento y de generación de empleos para 2012 apuntan
a que el mercado de vivienda mantendrá en 2012 la tónica de recesión con que
ha terminado 2011. En dicha evolución se han advertido diferencias territoriales
significativas dentro de España, derivadas sobre todo de la recuperación del turismo
en el último año. En general, no hay expectativas inmediatas de mejora de la situación
del mercado, al menos hasta bien avanzado 2012.

Nuevo Gobierno, viejos problemas

Julio Rodríguez López

  El nuevo gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy,  va a asumir el poder en un difícil contexto económico.  En diciembre de 2011 destaca la aguda crisis del euro, que requiere soluciones inmediatas. La economía española ha sufrido  en la segunda mitad de 2011 un recrudecimiento de los problemas que arrastra desde el verano de 2007. El débil crecimiento del  primersemestre de 2011 se ha frenado y ha vuelto a reducirse el nivel de empleo. La disminución de los afiliados a la seguridad social  complica, además,   la reducción del déficit público y dificulta la financiación general de la economía española.

La crisis de supervivencia del  euro precisa de una respuesta amplia. Nadie se salva en el caso de un colapso del euro. Puede imponerse una mayor disciplina presupuestaria general, pero el corto plazo requiere  que el  Banco Central Europeo (BCE) actúe sin límites, bien sea directamente o a través del Fondo Monetario Internacional (The  Economist, “The horsemen approach”,  3 de diciembre de 2011). Dicha salida choca con la seria oposición alemana,  que ya no aspira a fortalecer el fondo de rescate y que, por supuesto, sigue oponiéndose a la creación de los eurobonos y a   presionar al BCE para que actúe con más vigor en los mercados de deuda pública.  

En espera de una respuesta afirmativa alemana, los países más afectados por la crisis dela deuda están procediendo a reducir el gasto público, buscando sobre todo frenar el aumento de la deuda. Esta actuación frenará  el crecimiento, por mucha confianza que genere en los mercados la reducción de los déficits públicos.

 En el caso de la economía española,  los diferentes indicadores apuntan a un significativo descenso de la demanda y de la actividad en el cuarto trimestre de 2011. Esta situación se ha visto confirmada por el negativo comportamiento de los indicadores del mercado de trabajo en noviembre, en los que ha destacado el descenso de la afiliación a la seguridad social. Dicha evolución  revela no solo un retroceso delempleo, sino va a contribuir  a  que dicho organismo puede terminar  con déficit  en el ejercicio de 2011.

La fundación de las cajas de ahorros (Funcas) ha previsto  que, tras un débil aumento real del PIB en 2007 (0,7%), en 2012  tendrá lugar un retrocesodel 0,5% en dicha magnitud, derivado  del fuerte debilitamiento de la demanda, que no podría ser compensado por  las exportaciones. Como consecuencia del freno en el crecimiento,  el empleo descendería en un 2% y el paro se elevaría hasta el 23% de los activos en el próximo año.  Funcas ha previsto que el déficit  de las administraciones públicas en 2011 (-7,5% del PIB)  superará el objetivo del 6% fijado en principio para dicho ejercicio anual.

Una economía estancada, un mercado de trabajo caracterizado por una situación de amplio exceso de oferta y por un más que elevado desempleo, un fuerte endeudamiento privado que no facilita el crecimiento del crédito y una nueva caída del empleo que complica la reducción del déficit,  son los elementos que dominan el perfil de la economía española en el momento de la transición del poder al gobierno del Partido Popular.

La estrategia del próximo gobierno parece que va a  descansar en  la defensa del euro, en el control del déficit, en el acortamiento de la reforma del sistema financiero (está en cuestión la creación o no del “banco malo” como atajo para impulsar el crédito bancario), en la devaluación competitiva de los salarios y en los estímulos al sector de la construcción, cuya caída ha explicado el 60% de la destrucción de empleo en España desde 2007. En una reciente entrevista en  la SER, Javier Arenas señaló que la política de suelo de los populares en el caso de ganar las elecciones en Andalucía descansaría sobre todo en la eliminación de trabas a la construcción, puesto que el fomento del   “turismo residencial” sería la pieza central de la estrategia económica de su partido, junto a una tímida defensa del retorno a la agricultura.

  Merece la pena subrayar los riesgos de la estrategia citada. Por una parte, entre los principales componentes de dicha política económica el único estímulo a la más que debilitada demanda es el fomento del crédito bancario, lo que llevará algún tiempo, a la vista de la pesada digestión de la reforma bancaria y de los problemas de alimentación financiera de las entidades de crédito españolas. El reforzamiento de las ayudas a la construcción residencial  es algo más  propio de una situación de falta de viviendas, cuando sobran entre 700.000 y un millón.  Una buena parte de dicho stock está situado allí donde Javier Arenas pretende eliminar los supuestos obstáculos  legales a un nuevo atracón de ladrillo. La estrategia de crecimiento del nuevo gobierno debería atender a que dicho crecimiento llegase a ser, de una vez por todas, algo más sostenible de lo que fue en los últimos años.

Proyecto, personas y estatutos. Ante el próximo Congreso Federal del PSOE

Julio Rodríguez López [1]

   Las elecciones generales  del  20 de noviembre  y los resultados de las mismas son ya historia. La victoria del Partido Popular y el ascenso de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno se deben sobre todo al abrupto retroceso del  15% en  los votos obtenidos por el  PSOE respecto de 2008,  4,3 millones de votos menos.  El voto socialista retrocede en España  desde las elecciones autonómicas de Cataluña del otoño de 2010. Nada garantiza que se detenga la tendencia a la baja de dicho voto, como viene sucediendo desde hace tiempo en  las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.  Un resultado tan adverso exige cambios  importantes en el PSOE, tanto en el proyecto (que  es lo que se quiere para la sociedad)  como  en los dirigentes (quien  va a defender dicho proyecto).

  Junto a la crisis económica, que se  prolonga desde el verano de 2007,  abundan  las razones que han conducido al resultado electoral de los socialistas españoles en  2011. Es evidente que el retroceso del empleo y el aumento del paro, la perdida de nivel de vida y, sobre todo,  la presencia de unas expectativas pesimistas  de futuro,  no favorecen al partido en el gobierno. La calidad de la gestión de la crisis económica, que se hizo más rigurosa desde mayo de 2010,   y el tratamiento de la cuestión territorial,  aparecen como algunos de los más destacados “puntos débiles” de la actuación del gobierno socialista entre 2004 y 2011.

  Para hacer frente al futuro, para frenar la citada hemorragia de votos, para contribuir al mejor gobierno de España, el PSOE debe de embarcarse en algo más que en un simple cambio de líder. El nuevo liderazgo deberá de acompañarse de un programa  político sustancialmente actualizado.  El proyecto socialdemócrata debe de contar con un  amplio movimiento político detrás  y no quedarse en  un simple referente  vacío de contenido.  Los socialistas deben de establecer canales más fluidos de comunicación con la sociedad. Se debe de prestar atención  no solo al proyecto, sino también al propio partido, del que depende de forma sustancial  la forma bajo la cual se defiende el proyecto ante la sociedad.  

 La realidad de la globalización ha supuesto un aumento general de la competencia a nivel mundial. Una amplia oferta de mano de obra ha llegado a los mercados de trabajo, lo que supone un reto creciente a las condiciones de vida de amplios estratos de población en los países desarrollados. La realidad del cambio medioambiental pone de manifiesto la dificultad de resolver el problema económico mediante el logro de mayores ritmos de crecimiento. Es evidente que  las circunstancias han cambiado, que deben de actualizarse los instrumentos de gobierno. Sin embargo,  los objetivos tradicionales de los socialdemócratas, especialmente la igualdad en la libertad, no han variado, lo que habrá que tenerse en cuenta a la hora de actualizar el proyecto. Un gobierno socialista debe de comprometerse a invertir la fuerte tendencia actual hacia la desigualdad.

   Se ha dicho que el  programa electoral  de 2011 debe de servir de base al nuevo proyecto del  partido  socialista. Es evidente que dicho programa incluye textos aprovechables para  dicha finalidad. Sin embargo, una cosa fue el proyecto dinámico que defendió el candidato socialista, Alfredo Pérez  Rubalcaba,  en las pasadas elecciones,  y  otra cosa es el contenido efectivo del  programa en cuestión.  Este último  puede no ilusionar a futuros votantes socialistas, al   dejar  sin respuesta  a numerosos problemas que ahora se dejan sentir en España. Ejemplos de lo anterior son las soluciones a la cuestión de las ejecuciones hipotecarias  a los hogares en España, la conveniencia de clarificar el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO)  como agencia financiera del gobierno,  ante la creciente concentración bancaria que va a tener lugar,  lo poco funcional que resulta el hecho de que el gobierno de España no tenga nada que decir en materia de planeamiento territorial.

  Sin ir muy lejos,  en la vecina Francia, a título de ejemplo, las decisiones más relevantes en  materia de urbanismo se deciden en  una dirección general del gobierno de París.  Resulta sumamente difícil  en España impulsar el cambio de modelo productivo dejando en manos de los 8.200 ayuntamientos, corregidos por las autonomías,  la decisión sobre el destino del suelo. El proyecto socialista  tiene que tocar dicha cuestión, ausente del programa electoral citado.

Conviene asimismo clarificar las ideas ante la difícil situación del proyecto europeo. Desde el verano de 2011 la situación de la Eurozona se ha complicado de forma sustancial. La especulación de los mercados  contra la deuda pública se ha extendido  a la deuda de Italia y España. El gobierno alemán insiste en que la crisis de la deuda pública  de la Eurozona es una cuestión de escasa voluntad política de los gobiernos para hacer las reformas imprescindibles. Pero  la introducción de programas de ajuste presupuestario, de forma más o menos simultánea en un conjunto significativo de países,  puede conducir  a un serio estancamiento de la economía de la Eurozona.

 Nada que objetar a los posibles candidatos al puesto de secretario general del PSOE que están en la mente de todos. Pero no estaría de más que apareciese algún candidato adicional. Es importante que tales candidatos expliquen qué  proyecto de gobernanza tienen  para España. Por otra parte, desde septiembre de  1979,  a los congresos federales del PSOE acuden militantes del partido resultantes de una elección de segundo nivel. Los militantes socialistas eligen primero en las agrupaciones delegados a los denominados “congresillos” provinciales, de los que salen elegidos los delegados definitivos al congreso. Dicho proceso favorece la presencia de los dirigentes que controlan las estructuras provinciales y regionales del partido, lo que facilita el continuismo general. Esta forma de elección de delegados, que se aprobó en el  Congreso Federal de mayo de 1979, debe de actualizarse, favoreciendo la elección por parte de  todos los militantes  y simpatizantes socialistas. 

[1] Julio Rodriguez López es militante de la Agrupación Socialista de Pozuelo de Alarcón (Madrid) desde 1976.

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Una pesada resaca postelectoral

Julio Rodríguez López

   Los resultados de las elecciones generales celebradas en España el 20 de noviembre no han contribuido a aclarar, en un primer momento, la difícil situación de la economía española. El partido ganador ha conseguido un moderado aumento del voto popular respecto de 2008, el 4,7%, correspondiente a unos 570.000 votos.  La victoria del Partido Popular y el ascenso de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno se deben sobre todo al abrupto retroceso de los votos obtenidos por el  PSOE. Este ha sufrido un descenso del 15% en el número de votos, correspondiente  a unos 4,3 millones de votos.

  Un aumento modesto del voto propio y un hundimiento del contrario implican que la opinión pública puede mantener, en principio,  un perfil más crítico hacia la  gestión de los ganadores que en el caso de haberse registrado un más amplio deslizamiento de votos en favor del Partido Popular. El voto socialista viene retrocediendo desde las elecciones autonómicas de Cataluña del otoño de 2010. En las últimas elecciones,  dicho voto,  próximo a los siete millones,  apenas mejora el correspondiente a  las elecciones municipales de mayo de 2011. Nada garantiza que se detenga la tendencia a la baja de dicho voto, cambio que exige casi una refundación del PSOE y una puesta al dia del proyecto, que ha perdido ideas y frescura intelectual desde 2004.  

 Por otra parte, desde el verano de 2011 la situación de la Eurozona se ha complicado de forma sustancial. La especulación de los mercados  contra la deuda pública se extendió  a la deuda de Italia y España. Dicha situación, unida a la evidencia de que el gobierno italiano apenas había puesto en marcha las reformas necesarias para hacer frente a la situación, provocó  la creación en Italia de un gobierno tecnocrático apoyado por la mayor parte del  espectro político de dicho país, cuya duración no debe de pasar de 2013.

  En Grecia también ha cambiado el gobierno hacia una fórmula similar a la italiana. Además, desde 2010 han cambiado, tras las derrotas electorales de los partidos en el poder,  los gobiernos de  Irlanda y de Portugal, a los que ahora  se  ha unido España. Los resultados de las cumbres del Consejo Europeo no han podido ser más insatisfactorios. “La velocidad de la crisis ha excedido a la de la respuesta política. El punto de inflexión corresponde a la reunión del Consejo Europeo en diciembre, que necesitará decidir algo más sustancial que en las crisis precedentes” (W. Munchau, “Austerity  alone can’t stop the  root and save the euro”, FT, 21.11.2011). La “quita” del 50% de la deuda griega decidida en octubre afectó de forma muy negativa a  los mercados de deuda. El Fondo de Estabilización previsto parece  insuficiente para   la eventualidad de extender las ayudas a Italia y España.

  El gobierno alemán insiste en que la crisis de la deuda pública  de la Eurozona es un problema de ajuste presupuestario de los países más afectados, una cuestión de escasa voluntad política de los gobiernos para hacer las reformas imprescindibles. Pero  dichos programas de ajuste presupuestario,  establecidos de forma más o menos simultánea en un conjunto significativo de países,  pueden conducir  al estancamiento de la economía,   haciendo  imposible  la reducción de los niveles de déficit y de deuda.

  La  situación de deuda de España  y de su posición de déficit no es peor  que la del Reino Unido. Este último está pagando solo un 2,2% de tipo de interés por la deuda a diez años,  frente al casi 7% de España. Dicha realidad  puede implicar  que la ausencia en la Eurozona  de un banco central que actúe de prestamista en última instancia condena a la postración económica  a una parte sustancial de dicha área económica. Conseguir un compromiso del Banco Central Europeo resulta más trascendente que estabilizar los mercados de deuda de forma prolongada. El riesgo de iliquidez puede conducir al fallido de algunos  países  miembros y  a la  posible salida del euro.  El anuncio de la actuación compradora del BCE, aunque se condicione a la implantación de políticas de ajuste relevantes,  puede hacer  innecesario realizar fuertes  compras de deuda por dicha entidad.  

  La celebración de las elecciones generales en España en el contexto citado de crisis de la deuda soberana  de la Eurozona no podía favorecer  al gobierno en el poder. Sin embargo,  son abundantes  las razones que han conducido al pésimo resultado electoral de los socialistas españoles en  2011. Para hacer frente al futuro, para frenar la citada hemorragia de votos, para contribuir al mejor gobierno de España, el PSOE debe de embarcarse en algo más que en un simple cambio de líder. El nuevo liderazgo deberá de llevar consigo un programa  político sustancialmente actualizado.  Se trata, sobre todo, de que los socialistas establezcan canales más fluidos de comunicación con la sociedad, de que el proyecto socialdemócrata permanezca incorporado a un  amplio movimiento político y no se convierta en  un simple referente  vacío de contenido.  

Crítica de la nueva ortodoxia

Julio Rodríguez López

De las elecciones generales de 2011 se recordará el debate entre los candidatos de los dos más importantes partidos políticos en la noche del 7 de noviembre. En la primera parte de dicho debate, posiblemente la más áspera, Rajoy y Rubalcaba expusieron las estrategias respectivas de política económica para reducir el desempleo.

El candidato socialista presentó una estrategia activista de recuperación, con ligero aroma keynesiano. Rajoy situó a la reforma del mercado de trabajo como el principal instrumento para lograr la recuperación del empleo y de la actividad. El candidato del PP utilizó argumentos familiares a la opinión pública, divulgados sobre todo por economistas académicos, algunos de ellos ubicados en la Fundación Fedea.

En el debate citado volvió a destacar el uso intenso que el Partido Popular ha realizado de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Concretamente,  dicho partido y su candidato a la presidencia del Gobierno han empleado como argumento más demoledor contra el gobierno socialista las cifras de desempleo. Dicha magnitud se ha utilizado de forma intensa por los políticos de la oposición, en cifras absolutas y en proporción de la población activa, junto a su evolución desde 2007.

La encuesta citada del INE, de carácter trimestral, se obtiene a partir de la información obtenida de una muestra de unos 60.000 hogares (hay unos 18 millones de hogares en España). De los datos obtenidos tras dicha investigación se obtienen los resultados de la encuesta empleando los denominados “factores de elevación” procedentes de las previsiones de población del INE. En dichas previsiones de población los padrones municipales desempeñan un importante papel.

Existen otras estadísticas laborales de interés, como los resultados del paro registrado, procedentes de las oficinas de empleo, y los de la afiliación en alta a la Seguridad Social. Dichas estadísticas, publicadas por el Ministerio de Trabajo, ofrecen resultados parciales del mercado de trabajo, mientras que la EPA presenta una descripción completa de dicho mercado. Lo importante es que, una vez pasadas las elecciones del  20-N, se siga disponiendo de los resultados de dicha fuente estadística con la misma normalidad con que han sido publicados hasta ahora, sin dejar de lado a las otras dos fuentes citadas, que también tienen utilidad.

Según los resultados de la EPA, entre el tercer trimestre de 2007, al inicio de la presente crisis económica, y el mismo periodo de 2011, el número de parados pasó en España desde 1,8 millones hasta 5,0 millones. En cuatro años de crisis el número de parados ha crecido en 3,2 millones. La tasa de desempleo ha pasado desde el 8,0% de los activos en el verano de 2007 hasta el 21,5% en el tercer trimestre de 2011.

Del citado aumento del paro, 2,4 millones de parados proceden del descenso del empleo y 0,8 millones se derivan de los aumentos de la población activa.

La caída del empleo es, pues, el principal responsable del paro elevado existente en España tras cuatro años de crisis. La crisis ha puesto de manifiesto las principales debilidades de cada economía. Los países nórdicos europeos y Alemania están resistiendo mejor la crisis, a la vista de la capacidad  de exportar y de mantener la competitividad de sus economías. En los países del sur de Europa integrados en la Eurozona, la crisis ha subrayado las dificultades crónicas para competir de dichos países. Los elevados déficits externos alcanzados revelaron mejor que cualquier otro indicador la fuerte debilidad de la base productiva de Grecia, Portugal y España.

En el caso de España el sector de la construcción ha destruido 1,3 millones de empleos en los cuatro años de crisis. A la vista del papel de las industrias y de los servicios auxiliares, más del 60% del empleo perdido y el 42,3% del aumento del paro se debe al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Dicho descenso del empleo no tiene su origen, pues, en la normativa laboral vigente en España, sino en la excesiva dependencia de su economía de un sector que, además, ha expulsado a otras actividades productivas con empleos más estables y menos contingentes.

Quienes atribuyen al poco eficiente mercado de trabajo español la culpa del grave problema de desempleo deberían advertir que el retroceso del empleo en la construcción es cosa aparte de las supuestas rigideces de dicho mercado. Lo preocupante de la posición de Rajoy es que concentre la prioridad en la reforma del mercado de trabajo y no en la mejora general de la competitividad. “Lo importante para la reactivación es la producción: ser competitivos y así mejorar la demanda externa (exportaciones) y la interna (haciendo atractivos los bienes producidos en casa por encima de los importados)” (Guillem L. Casanovas, “Economía y economistas”, La Vanguardia, 8.11.2011). 

Publicado en El Siglo

Las elecciones resucitan el problema de la vivienda

Julio Rodriguez López

  La proximidad de las elecciones generales   y la necesidad de elaborar programas electorales más o menos visibles por parte de los partidos políticos concurrentes obligan a tener en cuenta aspectos políticos importantes un tanto dejados de lado. En lo económico resulta evidente que el elevado desempleo existente en España,  el nivel de deuda pública y de déficit, junto a la “prima de riesgo” y las cotizaciones bursátiles ocupan el primer plano de actualidad.

Entre los temas postergados destaca   la vuelta a la actualidad de  algunos componentes de la política de vivienda, aunque  el conjunto de la misma no sea  objeto de referencia alguna. El Ministerio de Fomento  ha anunciado la aprobación de un reglamento de la ley de suelo estatal de 2007 en  octubre de 2011,  más de cuatro años después de su aprobación por el Congreso de los Diputados. Vale aquí lo de “más vale tarde que nunca”, pero no hace falta ser un lince para anticiparle una corta vida a dicho reglamento, que regula concretamente el justiprecio de un solar expropiado.

   La  citada ley de suelo, que se refiere  a las pocas competencias estatales en materia de suelo,  pretendía racionalizar algo tan poco exportable como el urbanismo practicado en España. Solo la autonomía de Aragón ha cumplido el precepto previsto en la ley de adaptar la correspondiente ley autonómica al contenido de dicha ley. La incidencia de la ley del suelo socialista, ha sido, pues,  limitada y todo indica que la suprimirá el PP a las primeras de cambio,  de  cumplirse  los vaticinios  el próximo 20N.

  Junto al reglamento de la ley del suelo se habla de la  posible eliminación de una de las ayudas más directas para el acceso a la vivienda en alquiler. El Real Decreto Ley 1477/2007, BOE de 7.11.2007, estableció la denominada “Renta Básica de Emancipación” (RBE), consistente en abonar 210 euros mensuales a las personas que vivan de alquiler con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros (1.833 euros/mes) y con edades comprendidas entre 22 y 30 años. Dicha ayuda, que se complementa con  120 euros para los gastos de aval y con un prestamo reintegrable  de 600 euros a emplear para la fianza, se abona durante un plazo máximo de cuatro años. Tales ayudas   las aporta el gobierno de España y la distribuyen las comunidades autónomas. Hasta la fecha, unas 290.000 personas se han beneficiado de las mismas, que la han “lucido” políticamente más las autonomías que  la Administración General del Estado.  

  En la Disposición Adicional 1ª del  Real Decreto citado  se estableció  un plazo de implantación de la RBE de cuatro años, al final del cual el gobierno de España evaluaría  los resultados de la aplicación de la medida para  su mantenimiento, reforma o eliminación.  El plazo citado termina el 1º de enero de  2012.

La  última Encuesta de Condiciones de Vida del INE de  2010, indica que solo el 11,8% de los hogares españoles  residía en viviendas de alquiler. Las autonomías con mayor presencia del alquiler eran las de Baleares (19,1%), Cataluña (18,2%) y Madrid (16,8%). La menor proporción  de hogares residiendo en viviendas de alquiler la tenían el País Vasco (7,7), Valencia (7,5%) y Extremadura (7,4%). Desde 2007, tras el inicio de  la crisis, se ha observado un gradual aumento de los hogares que viven de alquiler, superando el 11,4%  del Censo de Viviendas de 2001

 No es positiva una proporción tan reducida de hogares en alquiler. Supone una  rigidización excesiva  en numerosos terrenos sociales, en especial en cuanto a menor  flexibilidad del mercado de trabajo.  España sigue siendo el país de Europa Occidental con la menor proporción de viviendas de alquiler, en claro contraste, por ejemplo,  con Alemania, donde dicha proporción es del 50%. Dicho país  no ha sufrido la burbuja inmobiliaria y no se puede decir que le vaya mal en lo económico.

Una persona con ingresos de 22.000 euros al año, de pretender acceder a una vivienda en propiedad al precio de mercado (156.080 euros), necesita disponer de un pago de entrada del 20% de dicho precio (31.216 euros)   De encontrar financiación crediticia, tendria que destinar el 42% de sus ingresos al pago de la cuota del prestamo a 25 años. Con los mismos  ingresos,  gracias a la RBE,  se podría acceder a una vivienda con una renta de 650 euros/mes  con un esfuerzo del 24% de sus ingresos durante cuatro años, sin pago de entrada.

Si se pretende reforzar el alquiler en el mercado de  vivienda, deberá mantenerse  entre las actuaciones a  la RBE en la coyuntura actual. Con  un millón de viviendas sin vender, cuando los  nuevos hogares no pueden acceder en mucho tiempo a la vivienda en propiedad, no hay alternativas a la ayuda directa a  los arrendatarios  de bajos ingresos.  La OCDE (“The role of structural policies in housing markets”, 2010) señala que “numerosos países tienen alguna forma de ayuda al acceso al alquiler privado”, lo que es coherente con el objetivo supuestamente perseguido de fomentar el alquiler.

(El Siglo 31.10.2011)

Un nuevo "shock" de pesimismo e incertidumbre

Julio Rodríguez López

   El pesimismo ha retornado a la economía mundial en el otoño de 2011, especialmente en Europa. Se están repitiendo por estas fechas  algunos de los síntomas que acompañaron a  la quiebra de Lehman Brothers  en septiembre de 2008, como es el caso de  la paralización de las operaciones en los mercados interbancarios.  Pero la presencia de unos síntomas parecidos no implica que la crisis gestada en el difícil verano de 2011 responda a las mismas causas que ocasionaron  la crisis anterior.

  Desde julio de 2011 han destacado  las dificultades políticas de Estados Unidos para aumentar el nivel de deuda pública, y  se han revisado  a la baja  las previsiones de crecimiento de dicho país. Lo anterior,  unido a  la prolongada inquietud derivada de los problemas de la deuda soberana en la Eurozona, ha provocado un shock de incertidumbre,  visible sobre todo en la citada reducción de actividad en los mercados interbancarios de dinero.   

  Las compras de deuda pública italiana y española por parte del BCE consiguieron tranquilizar  en agosto los mercados de deuda. Con la llegada del cálido otoño  se ha confirmado que los bancos franceses  y alemanes tienen en sus balances unos niveles elevados de exposición a la deuda de los países más  problemáticos de la Eurozona. Dichos bancos necesitan, pues,  de una capitalización significativa, necesidad que se une a la de aumentar los recursos  del Fondo de Estabilización Europeo, en línea con los acuerdos de la cumbre europea del pasado mes de julio.

  Los organismos internacionales han confirmado  la importante desaceleración de la economía mundial en el verano de 2011, mas acusada en los países desarrollados que en los emergentes. Las previsiones para los últimos meses de 2011 son de un crecimiento nulo o   reducido, en especial en la Eurozona. Existe un importante déficit de credibilidad respecto de la capacidad de los gobiernos para superar las consecuencias de la crisis de la deuda. Dicha desconfianza, que está presente tanto en Estados Unidos como en Europa,  frena los niveles de demanda efectiva de los agentes económicos, y reduce el ritmo de crecimiento. El  ritmo débil medio de crecimiento posterior a 2008  explica que los niveles de PIB por habitante no hayan superado todavía en 2011  a los existentes antes de dicho ejercicio.

   El signo de la política económica dominante en la Unión Europea tiene un acusado carácter estabilizador. En  Estados Unidos  los intentos del  gobierno de Obama  de poner en marcha programas de impulso al crecimiento resultan obstaculizados  por el control de la mayoría del Congreso por parte de unos republicanos muy escorados a la derecha.   Los estímulos monetarios procedentes de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos,  no se ven después acompañados por un aumento paralelo del crédito.

  Existe, pues, una amplia posibilidad de sufrir una nueva recaída en la crisis iniciada en el verano de 2007. Después de dicha fecha  los niveles mas reducidos de actividad se produjeron en el último trimestre de 2008 y primero de 2009.   Los estímulos fiscales y las actuaciones encaminadas a sanear los balances bancarios, que tan trascendentes resultaron hace tres años,  chocan ahora  con la exigencia de reducción de los niveles de deuda y de déficit.   Las reformas estructurales solo generan efectos a largo plazo. Es necesario  acortar el periodo de lento crecimiento del PIB, actuando los gobiernos de forma decidida contra el riesgo de deflación. Impidiendo así  que el elevado desempleo  se haga crónico.

  Si la política económica se limita a la reducción de los déficits, en un momento en que hogares y empresas reducen sus niveles de gasto, entonces la crisis de demanda se profundizará. Resulta preciso actuar de forma que la economía real eleve los niveles de competitividad,   favoreciendo así el crecimiento.

  En España, los indicadores de la evolución del mercado de trabajo en septiembre  y el persistente descenso de las ventas  y de los precios de las  viviendas en el tercer trimestre ha acentuado  el perfil   pesimista de la coyuntura conforme avanza 2011.  Los buenos resultados del turismo en este año   no bastan para contrarrestar la marea pesimista. Las ventas de viviendas se aplazan  a  la vista de las mejoras fiscales prometidas a los compradores por el partido que va a ganar las elecciones generales próximas.  El ajuste del gasto público en infraestructuras ha contribuido a deprimir más el ya quebrantado nivel de empleo en el sector de la construcción.

  El tortuoso enredo autonómico hace difícil distinguir “las voces de los ecos”. Dicho contexto dificulta el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas y complica la financiación general de la economía. Lo anterior  confirma el profundo componente político que está en el origen de de la actual crisis económica española, circunstancia que habrá que tener en cuenta si se pretenden mejorar los resultados en la lucha contra la crisis. 
Publicado en El Siglo

El SIU, una información a mantener y reforzar

Julio Rodríguez López

   La vigente  Ley del Suelo de 2008, en la Disposición Adicional 1ª, contemplaba la creación de un Servicio de Información Urbano (SIU),  a elaborar por la Administración General del Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas. Se trataría  de un sistema público integrado de información sobre suelo y urbanismo. Dicha ley, con la que se pretendió fomentar un modelo urbanístico alternativo al establecido en tiempos del último gobierno del   Partido Popular (1996-2004), apareció en un momento de  grave crisis  económica e inmobiliaria en España.

La ley afectaba solo al estrecho marco de las competencias estatales en materia de suelo. Una vez más, la crisis ha hecho más por la  racionalización   del uso del suelo que todas las leyes de suelo vigentes. Así, después de 2008 no se han seguido haciendo disparates urbanísticos porque casi ha desaparecido el crédito y ha disminuido de forma sustancial el empleo. Las menores  ventas de vivienda han paralizado casi por completo la nueva promoción.

  La ley citada solo ha sido implantada en una autonomía, la de Aragón, a pesar de la obligatoriedad de adaptación  de la normativa urbanística autonómica a la ley estatal. El cambio de titulares en el Ministerio de Vivienda y el paso posterior al Ministerio de Fomento de las competencias de  política de vivienda,  no han favorecido una mayor implantación de  la ley. De ganar el Partido Popular las próximas elecciones generales,  la Ley de Suelo de 2008 será uno de los textos a suprimir. La ideología de la liberalización a toda costa del uso del suelo caerá de forma inmisericorde sobre la misma, como ya ha venido a adelantar el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristobal Montoro.

  El SIU  incluye información sobre unos 400 municipios, el 10% de los 8.114 existentes, que concentran el 60% de la población de España. A fines de septiembre de 2011 el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General del Suelo, ha editado en versión digital la publicación “Capitales&ciudades+100”. Esta última  recoge amplia información  demográfica, económica y urbanística sobre las principales 79 ciudades españolas, situadas en el contexto de las Áreas Urbanas de España. 

  En la información demográfica destaca la gran disparidad existente en España  tanto en densidad de población como en la evolución temporal de la misma. El  ayuntamiento mas poblado de España de entre las 79 ciudades seleccionadas,  Hospitalet de Llobregat, tiene una densidad de 19.000 habitantes por kilómetros cuadrados, mientras que el de menor densidad, Cáceres, no pasa de los 54. 

 En la primera década del presente siglo el mayor aumento poblacional se ha concentrado en la periferia de las grandes ciudades, entre las que destaca sobre todo el area de Madrid, el eje mediterráneo sur y los archipiélagos, frente al crecimiento moderado del norte peninsular no catalán.. Los  mayores descensos de población corresponden a ciudades que agotaron  la superficie de suelo disponible,   en las que ha tenido lugar un proceso de terciarización masiva de la economía y que han desplazado el potencial a las ciudades  colindantes (Valladolid, Salamanca, Granada y Cádiz).

  La economía está representada a través del empleo en las ciudades, medido a través del número de afiliados en alta a la seguridad social. Destaca, en primer lugar,  el dato del  número de puestos de trabajo por cien habitantes. Entre las 79 seleccionadas, las ciudades con mayor y menor densidad de empleo están en el Area Urbana de Madrid. Así, Alcobendas tenía en  2010  unos 93,5 empleos por cien habitantes, mientras que Parla presentaba la proporción menor, 12 empleos por cien habitantes.  

   La publicación incluye información valiosa sobre el planeamiento urbano en las  ciudades seleccionadas.  Destaca que el suelo artificial (construcción  mas infraestructuras de transporte)  haya crecido en España  entre 1987 y 2006 en un  43,5%, mas  que el 15,3% de  la población. El suelo de cada municipio se presenta dividido  en cinco categorías,  y se detalla el destino de las áreas de desarrollo, desagregando el mismo en residencial, industrial y terciario. 

Se advierte que  los planeamientos de las 79 ciudades prevén la construcción de más de  dos millones de viviendas.  La ciudad de Madrid incluye la mayor previsión de nuevas viviendas (245.025), seguida por Sevilla (72.614), Málaga (63.900), Badajoz (61.809) y Toledo (59.800).  Cabe preguntarse  como se van a financiar tales viviendas y quien las va a adquirir. Los desarrollos urbanos  y poblacionales van muy por delante del empleo y de la actividad productiva prevista, como si esto último fuese independiente de los aumentos de la población. Con la creación del SIU y con la publicación de los datos citados de las principales ciudades españolas, la Dirección General del Suelo del Ministerio de Fomento ha creado una herramienta útil, que debe durar,  para el analisis del destino del suelo y para la política urbanística  en España. 

(El Siglo, 3 de octubre de 2011)

Llegó septiembre, los problemas persisten

Julio Rodriguez López

Agosto de 2011 fue un mes atípico, tanto por las novedades políticas acaecidas como por las abundantes  situaciones problemáticas que se presentaron. La llegada de septiembre no ha contribuido a calmar los ánimos, sino que  ha acentuado la sensación de crisis. Cualquier imprevisto podría acelerar algunas quiebras en los estados miembros de la eurozona. Si ello se produce, “no habrá tiempo para que la diplomacia actúe” (W. Munchau, “Stop rejoicing. This was no victory for the eurozone”, FT, 12.9.2011).

 Una vez superado en España, con evidente coste político, el trámite relativo a la aprobación parlamentaria de la reforma constitucional,  que consagra el principio de  la estabilidad presupuestaria, la comprobación de que el ritmo de crecimiento se ha frenado de forma significativa en los países desarrollados ha arrojado todo tipo de incertidumbres sobre la escena económica nacional y  mundial.

 A lo anterior se ha unido la dimisión del principal economista del Banco Central Europeo (BCE), el alemán Stark. Dicha dimisión ha sacado a la luz la realidad de la fuerte contestación que encuentra dicha entidad en el soporte que realiza de  la deuda soberana de algunos países miembros de la eurozona, especialmente de  los bonos públicos  de Italia y  de España.  Si el BCE es el principal soporte de la eurozona y se pone en cuestión  su línea de actuación,  por el supuesto carácter heterodoxo de dicha política, el futuro se presenta incierto  para el euro y para dicha área económica.

 La crisis del verano de 2007 ha dado paso a la “recaida”de 2011, en la que destaca la cuestión del fuerte endeudamiento, tanto de los gobiernos como de empresas y hogares. Para desapalancar o reducir los altos niveles de deuda pública, la solución radica sobre todo en reducir el nivel de gasto, pues los aumentos de impuestos resultan mas que problemáticos en momentos de débil crecimiento. “Sin crédito y empleos, han aparecido otras líneas críticas, como es el caso del estancamiento de los salarios reales y desigualdades  extremas. Se trata por completo de una crisis de demanda” (G. Magnus, “Financial busts has bequeathed a crisis of capitalism”, FT, 13.9.2011).

 Se oyen  con frecuencia feroces críticas al tratamiento de la crisis en Grecia. Sin embargo, lo que sorprende  es como dicho país no  acaba por explotar de una vez. Someter a una nación a unos pagos de deuda abrumadores solo resulta soportable si consigue crecer a costa de reforzar las exportaciones.  Algo así fue lo que opinó Keynes respecto de las obligaciones impuestas a Alemania tras la primera guerra mundial, opiniones recogidas en el libro  “Las consecuencias económicas de la paz”, en el que se anticipaban  unos violentos y proféticos cambios políticos en dicho país si se mantenían tales pagos en concepto de reparaciones de guerra.

 Los pagos de deuda deprimen la demanda interna de Grecia, con lo que no  hay ingresos públicos suficientes y el déficit  público de dicho país aumenta. Si todos los países desarrollados se limitan a desapalancar, a nivel de estado, empresas y  hogares, entonces la crisis de demanda está asegurada. Las consecuencias serán un estancamiento de la actividad productiva, del empleo y de las rentas, lo que puede provocar cambios políticos en algunos casos poco deseables.

 Los gobiernos se deben  comprometer  a una mayor dinamización del crecimiento económico, coherente con el rigor presupuestario. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde,  ha subrayado la necesidad  de que los gobiernos emprendan cuanto antes  drásticas acciones colectivas. Un empacho de confianza, como el que anticipa Mariano Rajoy que llegaría a España  con la victoria electoral del Partido Popular, no conduce necesariamente a cambiar este estado de cosas.

En el caso español, las agencias de rating han puesto de manifiesto en la segunda semana de septiembre la dificultad que  supone el que no se haya avanzado en el primer semestre de 2011 en el control presupuestario de las comunidades autónomas. Dichas administraciones han reconocido para dicho periodo un déficit  global equivalente al inicialmente previsto para todo el ejercicio de 2011 (1,3% del PIB). Ello  dificulta la consecución de los objetivos establecidos para el conjunto de España en este ejercicio.

 En un contexto general tan complicado como el que supone el panorama de la eurozona  ante la casi  inminente quiebra de Grecia, destacan las dificultades que presenta la economía española. Al serio problema que en este caso  implica la débil base productiva, visible sobre todo tras  el enorme “agujero” que ha dejado la caída de la construcción de nuevas viviendas, se une, asimismo, el  problema  político que plantea la  complicada España de las autonomías. Tal complicación dificulta la salida de una crisis que  tiene poco que ver con las precedentes y que se superará  si los políticos estan “a la altura de las circunstancias”, que diría  Antonio Machado. 

(El Siglo, 21.9.2011)

Un desastre impecable

Paul Krugman

El jueves el presidente del Banco Central Europeo (BCE); equivalente a Ben Bernanke perdió su sangre fría. Al responder a una pregunta acerca de si el BCE había pasado a ser un “mal banco” debido a sus compras de deuda de las naciones con dificultades, el Sr. Trichet, elevando la voz, insistió en que institución había realizado su trabajo de una manera impecable. Como guardián de la estabilidad de precios.

De hecho es exactamente lo que ha hecho y por eso el euro se encuentra ahora en riesgo de colapso.

La turbulencia financiera en Europa no es ya un problema de economías pequeñas y periféricas como Grecia.  Lo que está en marcha en estos momentos es una carrera a gran escala en una gran parte de las economías más grandes de España e Italia. En este momento los países en crisis suponen en torno a un tercio del PIB del area euro, de modo que la actual moneda europea se encuentra ante un ataque que compromete su misma existencia.

Todo indica que los líderes europeos, no desean conocer tan siquiera la existencia de tal ataque, lo que les permitiría enfrentarse a él de una manera efectiva.

Me he quejado mucho de la “fiscalización” del discurso económico aquí en Norteamérica, la manera en la que un enfoque prematuro en los déficit presupuestarios alejó la atención de Washington del desastre de la destrucción de puestos de trabajo en curso. Pero no hemos sido los únicos en eso de hecho los europeos lo han hecho mucho, mucho peor aún.

Escuchando a los líderes europeos, en particular, aunque no únicamente a los alemanes, podría pensarse que la cuestión es sencillamente un problema de moralidad de la deuda y el castigo consiguiente: los Gobiernos pidieron demasiado dinero prestado y ahora deben pagar el precio mediante una austeridad fiscal y eso es todo.

Esta historia podría aplicarse, en todo caso, a Grecia pero a nadie más. España, en particular, tuvo un superávit presupuestario y una deuda reducida antes de la crisis de 2008; su registro fiscal, podríamos decir, que fue impecable. Siendo, sin embargo, fuertemente sacudida por el colapso de su burbuja inmobiliaria, todavía podemos decir que sigue siendo un país con un nivel de deuda relativamente bajo, y resulta difícil creerse que la condición fiscal subyacente del Gobierno de España se peor, por ejemplo que la del Gobierno británico.

¿Por qué es España, junto con Italia, la cual tiene una deuda más elevada pero un menor déficit se encuentran con tantos problemas? La respuesta está en que  estos países se enfrentan con algo muy parecido a una carrera bancaria, con la diferencia de que la carrera la sufren sus Gobiernos más que, o de una forma más precisa junto con, sus instituciones financieras.

Veamos cómo funciona esta carrera: los inversores, por alguna razón, temen que el país entre en suspensión de pagos al intentar devolver su deuda. Esto hace poco deseable comprar bonos de esos países, salvo que se ofrezcan con un elevado interés. El hecho de que ese país deba lanzar su deuda a unas tasas de interés tan elevadas, empeora sus perspectivas fiscales, haciendo que la suspensión de pagos sea aún más probable, de modo que la crisis de confianza pasa a ser una profecía de autocumplimiento. Con lo que los bancos desarrollan también una crisis bancaria, ya que los bancos son normalmente unos inversores importantes de deuda del Gobierno.

Ahora bien, un país con su propia moneda, como Gran Bretaña, está en condiciones de cortocircuitar este proceso: si fuera necesario, el Banco de Inglaterra puede proceder a comprar deuda del Gobierno mediante la creación de moneda. Esto podría elevar la inflación, aunque ello podría resultar dudoso en el caso de una economía deprimida, pero la inflación supone un ataque mucho más pequeño a los inversores, que una quiebra total. España e Italia, sin embargo, han adoptado el euro y no poseen ya monedas propias. Como resultado de todo ello, el ataque de una crisis de autocumplimiento es muy real, y las tasas de interés de la deuda española e italiana es más del doble que la tasa en el caso de la deuda británica.

Lo cual nos lleva de nuevo a la impecable postura del BCE.

Lo que el Sr. Trichet y sus colegas deberían hacer es comprar deuda española e italiana, es decir, haciendo lo que estos países harían por sí mismos si dispusieran de sus propias monedas. De hecho, el BCE comenzó a hacerlo hace unas pocas semanas, lo que produjo un respiro en esas naciones. Pero el BCE fue sometido inmediatamente a severas presiones de los moralistas, quienes odian la idea de permitir que los países se liberen del gancho producido por esos supuestos pecados fiscales. La percepción de estos moralistas bloqueará cualquier acción de rescate ulterior ha desatado una pánico renovado en los mercados.

Se suma al problema citado la obsesión del BCE por mantener un “impecable” registro de estabilidad de precios: cuando Europa necesita desesperadamente una fuerte recuperación, y una modesta inflación ayudaría realmente, el banco en lugar de eso, ha estado atacando a su propia moneda, para reducir la inflación riesgo que solo existe en su imaginación.

Ahora todo viene a la cabeza. No estamos hablando de una crisis de un año o dos; esto podría ser simplemente un asunto de días. Y si lo hace el mundo entero sufrirá las consecuencias.

¿Querrá el BCE hacer lo que se necesita hacer prestar libremente y recortar las tasas? O permanecerán los líderes europeos demasiado centrados en castigar a los deudores para salvarse a sí mismos? Todo el mundo los esta vigilando.

Publicado en New York Times

Traducción libre de Gregorio Gil García

Un agosto para recordar

Julio Rodríguez López

  Agosto de 2011 ha sido  un mes por completo atípico.  En España se inició bajo las incertidumbres derivadas del difícil acuerdo logrado en Estados Unidos para ampliar el tope de deuda pública. Pero el mes terminó nada menos que con un trascendente acuerdo entre los dos principales partidos del espectro político sobre la reforma de la Constitución, acuerdo destinado a consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.

 El acuerdo logrado en Estados Unidos entre los partidos demócrata y republicano a fines de julio de 2011   implica reducciones importantes de los niveles de gasto público federal en dicho país. Las dificultades que ello plantea a la política económica son más que evidentes. A los mercados de capitales llegaron a principios de agosto  las tensiones  renovadas tanto por las implicaciones de dicho acuerdo como por  la confirmación de la acusada desaceleración sufrida en el ritmo de crecimiento de la economía mundial en la primera mitad de 2011.

  Los mercados de capitales volvieron a castigar de forma acusada a la deuda de España y de Italia en las dos primeras semanas de agosto.    El diferencial de la deuda de dichos países  respecto de la alemana a diez años llegó a situarse  por encima de los 400 puntos básicos el lunes 8 de agosto. La intervención del Banco Central Europeo (BCE) ha aportado algo de normalidad a dichos mercados. Ello fue así  cuando se comprobó que las actuaciones de dicha entidad alcanzaron  niveles significativos como para incidir en mercados tan profundos como los de la deuda pública de los países mencionados. 

   En el Consejo del BCE las compras del BCE de deuda española e italiana provocaron las previsibles reservas por parte sobre todo de la representación alemana.  La divulgación de tales tensiones internas dentro del BCE planteó nuevas dudas acerca de si las  intervenciones   de dicha entidad en los mercados iban a  mantener la fuerza necesaria para estabilizar la situación de la deuda de los países sometidos a presión.

 En España el gobierno aprobó en Consejo de Ministros de 19 de agosto un paquete de medidas de política económica en el que hubo una sorpresa respecto del contenido inicialmente previsto. Al anticipo de 2.500 millones de euros del Impuesto sobre Sociedades de 2011 se unió una reducción en cuatro puntos  porcentuales en el tipo impositivo correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava las primeras transacciones de viviendas de nueva construcción.  Dicha reducción se aplicaría entre la última semana de septiembre y el 31 de diciembre de 2011, poco más de cuatro meses.

 La persistente línea de actuación del Ministerio de Fomento, ahora titular de las competencias estatales en materia de política de vivienda, en lo relativo a lograr reducir el stock existente de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas, en poder de promotores y de entidades de crédito, consiguió apuntarse un tanto significativo.  A los “roads-shows” por Europa  organizados por dicho ministerio ofreciendo las ventajas de las viviendas españolas vacías,  situadas sobre todo en costas y puntos turísticos,  se ha unido ahora una reducción importante de la fiscalidad que grava las ventas de las viviendas nuevas.

  Dicha medida, que discrimina claramente a las viviendas de segunda mano,  ha sido recibida con alborozo por los dirigentes del Partido Popular, que han anunciado su posible prórroga  a un año, en caso de que dicho partido  ganase las elecciones generales del 20N.  Con la medida en cuestión se pretende estimular las ventas de viviendas de nueva construcción, que habían retrocedido en casi un 40% respecto de 2010 durante la primera mitad de 2011.  El fuerte descenso del tipo impositivo  dará lugar a un seguro descenso de los ingresos fiscales derivados del IVA que grava las ventas de dichas viviendas. Ello no parece importar  con tal de conseguir reactivar la pesada maquinaria de la construcción residencial, que por sí sola explica más de un millón de empleos perdidos  entre 2007 y 2011. Casi la mitad del stock de viviendas no vendidas está  en poder de las entidades de crédito, lo que supone un serio estorbo para lograr llegar a buen puerto en la reforma en marcha del sistema financiero.

 En la presentación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que contenía las medidas citadas el presidente del gobierno, de forma no prevista,  anunció su propósito, consensuado con el Partido Popular, de llevar a cabo una importante reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978.  La reforma en cuestión consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos), introduce el concepto de déficit estructural  a topar y  también poner  un tope al endeudamiento de  dichas Administraciones.

  Una Ley Orgánica, prevista en el nuevo Articulo135 de la Constitución, a aprobar antes del 30 de junio de 2012, definirá el concepto de déficit  estructural (algo así como el déficit corregido de ingresos y gastos públicos derivados del ciclo de la economía) e incluirá los mecanismos precisos para cumplir el límite de deuda pública prevista en el nuevo articulo135-3º.  No está prevista, en principio, la celebración de un referéndum popular para ratificar el acuerdo en cuestión, que está previsto sea aprobado  con  la mayoría suficiente en el pleno del Congreso de 2 de septiembre de 2011.

Agosto termina con las playas ocupadas a tope, lo que no implica un mayor dinamismo económico.  Las pequeñas neveras ubicadas dentro de las toldillas son ya de numerosos colores, no necesariamente azules. Se va a la playa  procurando realizar el menor gasto posible. Las brisas marinas del final del verano vienen llenas del eco de las consecuencias que traerán los idus de agosto de 2011, un mes a no olvidar en la vida de España.

(Publicado en El Siglo, 5 de septiembre de 2011)