Vivienda: el auge toca techo

Julio Rodríguez López

El análisis de la evolución del mercado de la vivienda en España en 2006 obliga a emplear bastante imaginación, en ausencia de un panel amplio de información específica. El indicador “decano” del mercado en cuestión, los proyectos de viviendas visados por los Colegios de Arquitectos, disponible desde enero de 1960, ha dejado de publicarse después de marzo de 2006. Este vacío no ha sido cubierto por ningún indicador equivalente.

Contrasta la escasez de indicadores del mercado de la vivienda en España con la mayor abundancia que se advierte cuando se comenta la situación de los Estados Unidos. En ese país se emplean indicadores mensuales, publicados con bastante celeridad, de los que, al parecer, nunca dispondremos en España: viviendas vendidas, nuevas y usadas. Stock de viviendas de nueva construcción no vendidas, tasas de morosidad bancaria de los diferentes segmentos del mercado inmobiliario, permisos de construcción, hasta cinco índices de precios de la vivienda de metodología dispar.

En cuanto a lo sucedido en el mercado de la vivienda en España en 2006, en el lado de la demanda destacaron algunas debilidades. En los tres primeros trimestres descendieron las compraventas de viviendas sobre el mismo periodo del año anterior, según datos de los registradores, lo que implica un total anual de alrededor de 935.000 compraventas en dicho año. Los tipos de interés de los préstamos para compra de vivienda aumentaron en torno a punto y medio, lo que supuso un crecimiento de la cuota a pagar por un crédito a 25 años cercana al 15 %.. La Encuesta de Población Activa reflejó una creación neta de 497.000 hogares en 2006, por debajo de 2005.

Por el lado de la oferta volvieron a destacar las fortalezas. En 2006 se alcanzó el record anual de visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos, 863.000 viviendas, mas de dos veces y media por encima del ritmo correspondiente a 1997, año inmediatamente anterior al inicio del último auge inmobiliario. Hasta septiembre de 2006, el saldo de crédito a promotor de las entidades financieras aún crecía por encima del 45 % anual.

En cuanto a los precios de las viviendas, según las tasaciones, el aumento anual se desaceleró desde el 12,8 % de 2005 hasta el 9,1 % en 2006. Los nuevos años de auge (1998-2006) han dejado un aumento acumulado del 183,2 % (media anual del 12,3 %), que superó el 200 % en las autonomías costeras de Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia. Es posible que la desaceleración del aumento de los precios de venta esté siendo aún más intensa. El indice de precios se apoya en las tasaciones y los vendedores de viviendas de segunda mano precisados de liquidez “venden por debajo de los precios demandados en los anuncios o atribuido sen las tasaciones” (JM Naredo “El ecologista nº 46”.

Los más altos tipos de interés y un aumento de precios que casi triplicó al de los salarios implican más dificultades para los nuevos accedentes a la vivienda, expulsados sin remedio de los principales núcleos urbanos y abocados a adquirir viviendas en los “monstruos” periféricos edificados en las zonas de mayor permisividad urbanística, o a esperar salir en los sorteos de las viviendas protegidas construidas por las empresas municipales de la vivienda.

El subsector “motor” de la economía española presentó pues, en 2006 una nueva oferta de viviendas un tanto por encima de lo que apuntaron los datos de la demanda. Esta última aparece un tanto debilitada por los mayores tipos de interés y por las menores expectativas de revalorización, en un contexto donde el inversor es decisivo. 2006 pudo ser, por tanto, el último año de oferta creciente en un auge inmobiliario atípico por su larga duración. Esta última se explica ampliamente por la ausencia de restricción exterior sobre la economía española y por la persistencia de unos tipos de interés extraordinariamente reducidos. El fin del auge no implica volver a los niveles de actividad y compra de viviendas previos al mismo. El ajuste será, de momento suave y la sobreoferta de vivienda de los últimos años permitirá mantener unos niveles especialmente elevados de construcción residencial durante algún tiempo.

Publicado en El País 11 de Marzo 2007

Perplejidades británicas

Raimundo Ortega (Economista)

Tres días después del atentado del 30 de diciembre recogía en la T4 de Barajas a mi viejo amigo Norman que llegaba de Londres para pasar unos días en Madrid. Aunque apenas pudimos ver la masa de escombros en que quedó convertido el estacionamiento, aquello provocó inmediatamente una serie de preguntas por parte del gran conocedor de la actualidad española que es este entusiasta hispanista.
Repasamos la resolución aprobada por el Congreso con motivo del debate sobre el estado de la nación en mayo de 2005, que después de afirmar que el destino de ETA era disolverse y deponer las armas, condicionaba el diálogo para el fin de la violencia a la existencia de actitudes inequívocas que manifestas en una clara voluntad de terminar con la misma, advirtiendo que aquel respetaría el principio según el cual la cuestiones políticas se resolverían únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

Como es normal, imaginaba mi amigo la esperanza que ello despertó entre los ciudadanos, especialmente entre aquellos que en el País Vasco viven protegidos por escoltas y acosados por la indiferencia general ante sus temores. Para no pocos de ellos ese diálogo era oportuno porque ETA estaba derrotada y tan fuerte era su comprensible esperanza que a quienes expresábamos tímidamente alguna duda -basada en lo sucedido en ocasiones anteriores- nos tildaban de acólitos de una política agorera negada al razonamiento. En todo caso, se afirmaba, no había precio que pagar que requiriera el pacto con el PNV.

Recordaba Norman que a finales de junio de ese año el presidente ZP anunció en un salón del Congreso -no en el hemiciclo- que el Gobierno no pagaría un precio político por la paz, que se mantendría la vigencia de la Ley de Partidos, que se respetarían las decisiones de los vascos... si éstas respetaban a su vez las normas y procedimientos legales, y que el ministro del Interior informaría del 'proceso' a finales de septiembre.

¿Y después qué sucedió? Mi respuesta a esta pregunta fue cauta y me limité a decirle que durante el verano y el otoño el Gobierno guardó un silencio que fue interpretado como discreción impuesta por unas conversaciones difíciles, al tiempo que buena parte de la opinión pública se alarmaba paulatinamente por las noticias indicando que, no obstante los desmentidos del Gobierno, la banda terrorista podía estar utilizando esos meses para reorganizarse y rearmarse. Por su parte diversos portavoces del nacionalismo radical, e incluso de la propia ETA, advirtieron que 'las cosas' no marchaban bien, pero a mediados de diciembre la prensa anunciaba que días antes representantes del Gobierno y de ETA se habían reunido sin llegar a acuerdo alguno, si bien los primeros no temían por la continuidad del proceso. Sin duda confiado en esas informaciones, el presidente del Gobierno afirmó el día antes del atentado su confianza en que el futuro próximo sería mejor que el pasado cercano.

Durante su estancia en Madrid, seguimos conversando largamente y poco a poco mi amigo comenzó a opinar. Repitió que no sólo el caso del Ulster era muy diferente del vasco sino que, en su opinión, Tony Blair había cometido varios errores, el principal de los cuales fue que después de asegurar que no permitiría que representantes de la voluntad popular se viesen obligados a compartir el Gobierno y las instituciones democráticas con un partido ligado a una organización terrorista acabó cediendo al Sinn Fein el papel de elemento básico del proceso, a pesar de incumplir las reglas democráticas, simplemente calculando que así se lograría el alto el fuego del IRA.

Me temo que en España, añadió, se haya cometido el mismo error; es decir, aceptar hablar de cuestiones políticas antes que de la renuncia a las armas -dos semanas después la prensa revelaba que ETA había exigido la constitución de la mesa de partidos con prioridad a las medidas relativas a sus presos-. Una vez realizado el atentado del 30-D la posición de Zapatero es, pensaba, muy delicada porque, pese al malicioso intento de arrinconar al PP, una nueva bomba de ETA podría acabar con su carrera política mientras que corre el riesgo de que cesiones imprudentes ante el chantaje de la banda o su entorno le enfrenten a una mayoría de la opinión pública española, con las consiguientes secuelas para las elecciones de 2008. La única forma de romper ese peligroso dilema consistiría, me dijo, en un gran acuerdo con el PP.

No entendía las razones del encarnizamiento entre los dos dirigentes y sus dos partidos: ni John Major dejó jamás de contar con el apoyo y la opinión de Blair, ni éste, con una mayoría absoluta aplastante desde mayo de 1997, se permitió ignorar al Partido Conservador. En esto sí deberíamos mirarnos en el espejo inglés.

Publicado en 5 Días (05-02-2007)

2006, un año de profundos cambios institucionales

Julio Rodríguez López

Un año de nuevos estatutos y de nuevas realidades nacionales

El año 2006 ha sido un periodo en cuyo perfil han incidido especialmente los importantes cambios institucionales acaecidos en España, entre los que destaca el avance hacia un modelo territorial profundamente descentralizado. Los cambios en cuestión apuntan más hacia un futuro esquema confederal, en el que destaca la presencia de abundantes bilateralidades en las relaciones entre el Estado y determinadas comunidades autónomas. La tradicional división política izquierda-derecha ha dado paso a un nuevo tipo de debate, en el que los temas de carácter territorial han primado sobre los que habitualmente han inspirado la tensión entre los dos lados tradicionales del espectro político.

La economía española ha mantenido un importante ritmo de crecimiento, más de un punto superior al de la eurozona. Dicho crecimiento se ha apoyado, un año más y de forma decisiva, en el carácter expansivo del sector de la construcción y en el tirón del consumo derivado de los altos precios alcanzados por las viviendas. De los 519.800 empleos en que creció, el número de ocupados en España entre el tercer trimestre de 2006 y el mismo periodo de 2005, unos 200.000, el 38,5% del total, correspondieron al sector de la construcción. El intenso endeudamiento de los hogares ha mantenido muy dinámico el consumo, a costa de provocar significativos descensos en los niveles de ahorro familiar.

El año 2006 ha terminado con una inacabable saga de denuncias sobre corruptelas urbanísticas en un amplio número de ayuntamientos de España. De acuerdo con la información aportada, numerosas operaciones de desarrollo inmobiliario, apoyadas en bastantes casos en convenios urbanísticos de contenido bastante poco transparente, se habrían visto favorecidas por la presión de determinados intereses privados frente al teórico interés general. Se considera que la escasez de recursos económicos de los ayuntamientos ha facilitado un excesivo sesgo de dichas administraciones en favor de la construcción residencial.

La relativa frecuencia de las irregularidades y de unos desarrollos inmobiliarios a todas luces excesivos ha arrojado algunas dudas sobre la bondad de un modelo en el que el Estado apenas tiene competencias en materia de urbanismo. Este último, ha quedado prácticamente en manos de los ayuntamientos y de los gobiernos autónomos. Estos últimos, no parecen haber contribuido a racionalizar de forma clara la acción de los municipios, destacando el hecho de que algunas de las irregularidades más notables han sido favorecidas desde algún gobierno autónomo. No parece, pues, tan claro y diáfano eso de que sea conveniente quitar cuantas más competencias mejor al Estado, para traspasarlas a las autonomías. El urbanismo no es un ejemplo brillante de las consecuencias de la descentralización.

Motril, en la cresta de la ola

Los datos disponibles apuntan hacia el mantenimiento de un relativo dinamismo en la evolución socioeconómica de Motril en 2006. Sin embargo, en los últimos meses del año han asomado algunas sombras sobre un panorama que en los últimos años ha presentado un carácter acusadamente optimista Motril (56.605 habitantes en el Padrón Municipal de Población de 2005), debe ser la ciudad 23ª en cuanto a volumen de población dentro de Andalucía, una vez que Roquetas de Mar, que era la ciudad situada inmediatamente detrás de Motril en el Censo de 2001, superara ampliamente los 65.000 habitantes en 2005. En los siete años transcurridos entre 1998 y 2005, la población de Motril aumentó a un ritmo medio anual del 1,75%, alcanzando en este último año el 48,7% de la población de la comarca de la Costa de Granada. Según el citado Padrón de 2005, el 7,3% de la población de Motril corresponde a inmigrantes, porcentaje muy superior al de la media de la provincia (4,2%), aunque inferior a los de Almuñecar (14,3%) y Salobreña (8,4%). El crecimiento demográfico de Motril supera al de España, Andalucía y la provincia de Granada. Dentro de esta última, los ritmos más intensos de expansión demográfica corresponden a las ciudades del Área Metropolitana de la capital, excluida Granada, que sigue perdiendo población a un ritmo significativo.

Los resultados del Censo de Viviendas de 2001 pusieron de manifiesto que en dicho año había en Motril 12.437 viviendas secundarias y vacías, el 43,1% del parque de viviendas familiares, una de las proporciones más elevadas de entre las ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes. Entre dichas ciudades Marbella se aproximaba en la misma fecha a una proporción de más del 53% de dicho tipo de viviendas. La estadística de las transmisiones inmobiliarias intervenidas por los notarios, publicadas por el Ministerio de Vivienda, revelan que en los tres últimos años (2004-2006) las viviendas vendidas en Motril se han debido aproximar a las 1.700 al año, de las que el 45% serian viviendas de nueva construcción (en torno a las 700 al año). El precio medio de las viviendas tasadas en Motril en el tercer trimestre de 2006 fue de 1.640 euros/metro cuadrado. Esto implica que el precio de venta de una vivienda de 90 metros cuadrados construidos se aproximó en esta ciudad a los 25 millones de antiguas pesetas en dicho periodo de tiempo. Un joven que tratase de acceder al disfrute de una vivienda de dicho precio, debería destinar casi el 45% de sus ingresos a cubrir el servicio de la deuda derivada de un préstamo, a 25 años, que cubriese el 80% del precio de venta citado, al tipo de interés de mercado en octubre de 2006 (el 4,5% anual). Se supone que dicho joven gana el salario medio de Andalucía (unos 1.455 euros/mes). De ganar solo unos mil euros al mes, dicho esfuerzo de acceso ascendería hasta el 65% de los ingresos familiares, circunstancia que complica sustancialmente el acceso al disfrute de una vivienda. La construcción de viviendas protegidas para la venta y para el alquiler es una necesidad latente a todas luces en Motril y ello no es posible sin una participación aun mas decidida desde el ayuntamiento local, por más que se considere que el suelo de la ex -vega no tiene filosofía como para que sobre el mismo se construyan viviendas protegidas.

El Plan de Urbanismo vigente en Motril apunta por la recalificación de un volumen más que considerable de nuevas viviendas, al margen del crecimiento demográfico de la ciudad. La agricultura tiene todavía peso en la comarca, aunque parece presa fácil de la recalificación a ladrillos en los próximos años. Habrá que preguntarse en qué van a trabajar los jóvenes motrileños en el futuro.

El año 2006 termina en España con indicios abundantes de una cierta saturación de la oferta inmobiliaria en numerosos mercados locales, en especial en los más especializados en la vivienda de temporada. Por más que la demanda presente indicios de menor presión, ante la realidad de unos tipos de interés más elevados, la oferta inmobiliaria no parece retroceder. La morosidad bancaria, por primera vez en mucho tiempo, empieza a crecer de forma significativa y el aumento de los precios de venta de las viviendas se desacelera a todas luces. Es de esperar, que los responsables del gobierno local de Motril tomen buena nota de estos datos y, que 2007 traiga consigo un cierto retorno los caminos de la racionalidad en materia de gobierno del suelo.

Economista. Gerente de la Universidad de Alcalá (Madrid)

Implicaciones de los más altos tipos de interés

Julio Rodríguez López
Economista y estadístico

El cambio en el comportamiento de los tipos de interés

En 2006 los tipos de interés han modificado su comportamiento respecto de años anteriores, tras un prolongado periodo de descensos casi ininterrumpidos. Los indicios de una mayor inflación y la firmeza de un ritmo de crecimiento superior en la economía mundial, han llevado a elevar los tipos de interés de intervención por parte de los bancos centrales de países tales como Australia, Reino Unido, Estados Unidos y los de la eurozona.

En informes previos, el Fondo Monetario Internacional advirtió de que el mercado inmobiliario se estaba convirtiendo en un factor de riesgo destacado en las previsiones económicas. La burbuja o sobrevaloración inmobiliaria contiene el riesgo de un ajuste a la baja en los precios de venta de las viviendas y del consumo de los hogares, riesgos que en 2006 aparecen como algo probable.

Los mercados de suelo y de vivienda se caracterizan por su opacidad y por la heterogeneidad de los productos vendidos en los mismos. Estas características impiden que se produzcan movimientos uniformes a la baja en los precios en casos de excesos de oferta. El ajuste suele tener lugar no tanto por la vía de que los precios de venta se aminoren, sino a través de descensos en el número de transacciones efectuadas. Los vendedores, tanto de vivienda nueva como usada, prefieren aguantar antes que aceptar descensos en los precios de venta.

Frente a un discurso reiterado en España que atribuye a supuestas restricciones en las políticas locales de urbanismo la mayor responsabilidad en las intensas subidas de los precios de las viviendas, los organismos internacionales (OCDE, 2005) han concedido bastante más relevancia a los bajos tipos de interés y a las restantes óptimas condiciones de financiación (prolongados plazos de amortización de los préstamos y alta relación préstamo/valor). La permisiva política monetaria desarrollada en los últimos años, visible sobre todo en los bajos tipos de interés practicados, habría sido, pues, el factor desencadenante de las intensas elevaciones de los precios inmobiliarios entre 1997 y 2006.

Las restricciones de oferta derivadas de políticas urbanísticas restrictivas han tenido relevancia en países como el Reino Unido, donde se prefiere mantener una mayor superficie de zonas verdes antes que calificar como urbanizable una mayor proporción del suelo disponible. Aun a costa de mantener en dicho país un parque de viviendas de peor calidad media que en los países europeos continentales. El grado de descentralización de la política urbanística británica es muy inferior al que existe en España.

Si los bajos tipos de interés han sido el principal motor del auge inmobiliario registrado en un conjunto amplio de países occidentales, las elevaciones moderadas de los tipos registradas en 2005-2006 en algunos de dichos países ejercerán una clara influencia bajista sobre el nivel de demanda de vivienda.

Los bajos tipos de interés y el modelo de crecimiento español

El gráfico 1 subraya la estrecha conexión existente entre los bajos niveles alcanzados en España por los tipos de interés de los préstamos para compra de vivienda y los intensos volúmenes de viviendas iniciadas y de construcción residencial derivada. A lo largo del presente decenio los citados tipos de interés han sido inferiores en España a la tasa de inflación.

El Banco Central Europeo, autoridad monetaria del conjunto de la eurozona desde la implantación del euro, ha fijado desde su creación los tipos de interés a corto plazo teniendo en cuenta la situación del conjunto de países de dicha área económica. Los tipos de interés reales establecidos por dicha institución resultan reducidos en el caso de España; y, en cambio, son normales para países de escasa tradición inflacionista, como sucede en Alemania. Los bajos tipos de interés han estimulado en España la sustitución de ahorro bancario por vivienda, por parte de numerosos hogares; impulsando la presencia de inversores en el mercado de la vivienda.

Sin embargo, pasado algún tiempo, el bajo coste de la financiación y la amplia disponibilidad de las entidades de crédito a financiar la promoción y compra de viviendas han contribuido a los aumentos espectaculares de los precios de las viviendas. Dicho precios implican que en 2006 sea necesario destinar más de nueve años de salarios para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados; que en el caso de la Comunidad de Madrid se eleva a doce años. Las consecuencias de los bajos tipos de interés han sido de signo contrario.

Por una parte, los reducidos tipos de interés, junto a la amplia disponibilidad de financiación hipotecaria a largo plazo, han contribuido a elevar sustancialmente los precios de las viviendas. Complicando así el problema de acceso a la vivienda, en especial para el segmento de jóvenes hogares; y se ha retrasado el proceso de emancipación de los jóvenes.

Por otro lado, el impulso aportado a la construcción residencial y al consumo por las citadas condiciones excepcionales de financiación ha permitido un ritmo de crecimiento económico en España ampliamente superior al del resto de la eurozona (gráfico 2). El aumento del consumo se ha efectuado a partir de un crecimiento excepcional del endeudamiento de los hogares, realizado sobre todo en forma de créditos a tipos de interés variables. Esta circunstancia acrecienta la vulnerabilidad de las familias de ingresos más reducidos ante posibles elevaciones de los tipos de interés.

La estructura productiva de España se ha reorganizado en el mismo periodo de tiempo en contra de los sectores productores de mercancías (agricultura e industria) y a favor de la construcción, sobre todo de la residencial, y de servicios tales como hostelería, promoción y venta de viviendas, transportes...

El papel desempeñado por los Ayuntamientos en dicha reorganización ha sido decisivo. Es patente la escasa disponibilidad de la mayoría de los gobiernos locales al desarrollo de actividades agroindustriales y la evidente propensión de los mismos a impulsar la construcción residencial mediante la calificación previa de la mayor superficie posible de suelo como urbanizable.

El espectacular déficit exterior es la expresión más visible de los cambios efectuados en la composición de la oferta productiva española tras la prolongada etapa de expansión del mercado de la vivienda 1997-2006. Los cambios introducidos plantean algunas dudas acerca de la sostenibilidad del crecimiento cuando el mercado de la vivienda se haya normalizado y descienda sustancialmente el volumen de la nueva construcción residencial.

Los más altos tipos de interés provocarán, en primer lugar, un aumento no inferior al 10% en la cuota media mensual de las cantidades a pagar por los hogares a las entidades de crédito. Esto último será la factura a pagar por los créditos empleados en el inmediato pasado para financiar el acceso a la vivienda y un mayor nivel de gasto de consumo duradero y corriente. En segundo lugar, se complicará aún más el acceso a la vivienda a los jóvenes hogares; puesto que los precios de venta de las viviendas se resistirán a reducirse, al menos en una primera fase. Y en tercer lugar, si llegase a descender la oferta de nuevas viviendas y se frenara el consumo, se desaceleraría el crecimiento del PIB y del empleo.

Este panorama no es el de 2006, pero podría aproximarse a la realidad en 2007 si continuasen subiendo los tipos de interés. Afortunadamente, el notable descenso de los precios del petróleo en la segunda mitad de 2006 permitirá que las subidas de los tipos de interés resulten más reducidas que lo previsto (figura 3, Crooks, 2006). En esta situación, lo que suceda en el mercado de la vivienda puede ser decisivo tanto en Estados Unidos como en España para el comportamiento del conjunto de la economía.

El encarecimiento de los intereses originará, pues, un retroceso aún mayor del ahorro financiero de los hogares, esto es, del ahorro remanente tras el pago de las cuotas de los préstamos “vivos” para compra de vivienda. Los más altos tipos, en presencia de unos precios de la vivienda rígidos, no tendentes a la baja, expulsarán de los mercados de vivienda a los jóvenes hogares, que verán así aún más dificultado el acceso a la vivienda. Todo indica que los cambios anunciados en la normativa de mercado hipotecario en España irán en el sentido de abaratar el coste total (comisiones y fiscalidad) de la novación de los préstamos; novación encaminada a alargar el plazo de los préstamos y también a facilitar el desplazamiento desde los préstamos a tipo variable hacia los préstamos a tipo fijo.

Referencias

Crooks, Ed (2006), “Falling oil prices come to rescue of world economy”. Financial Times, 27 de septiembre.

OCDE (2005), “Recent house developments: the role of fundamentals”. Economic Outlook, nº 78, diciembre.

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Unas gotas de psicoanálisis

Alvaro Delgado-Gal

... Los hijos y nietos del 68, en fin, han abordado los dos problemas máximos de la España actual, que son el territorio y la inmigración, en un estado de confusión mental absoluto, y esta confusión ha dimanado de una fuente común: no darse cuenta de lo que es una nación moderna...
Todo el mundo ha oído, allá por los ochenta o noventa, en un taxi camino del aeropuerto o como música de fondo en unos grandes almacenes, una canción que a cuatro voces entonaban Ana Belén, Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel. En la pieza se hablaba de barbukas, mezquitas, y otras bellezas transfronterizas. Y luego se repetía el estribillo que sigue: “Contamíname, mézclate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo”.
La canción no es azarosa. Resume, eficazmente, las nociones dominantes que a la sazón cultivaba la izquierda sobre el fenómeno migratorio, muy incipiente todavía. El segundo verso insinúa que el tamaño de España es infinito: no hay muchedumbre, no hay suma de gentes, que el país no pueda acoger bajo su fronda generosa. El hemistiquio final del primer verso exalta las virtudes del mestizaje. Y el anterior lo mismo, aunque en términos más bien desafiantes. Las connotaciones de contaminar son, de hecho, negativas. Contaminar, según el D.R.A.E., equivale a alterar, dañar alguna sustancia la pureza o el estado de alguna cosa. En el medio en que se movían los cuatros bardos, el verbo encerraba, sin embargo, un matiz positivo.
Retrocedamos cuatro siglos y volvamos a los tiempos de Cervantes. En el capítulo LXV de la Segunda Parte de Don Quijote, declara el Morisco Ricote, víctima anuente del decreto de expulsión de Felipe III: (...) Con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio Su Majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas; porque aunque es verdad que él mezcla la Misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado (cursivas mías) y podrido, usa con él antes el cauterio que abrasa....
No creo que Ana Belén o Miguel Ríos estuvieran polemizando con Cervantes. Pero sí con la España católica y una que se asociaba a Franco, y por simpatía o contigüidad, a la derecha. Esa España, o mejor, su caricatura, concentró sobre sí las fobias de la izquierda. Urgía diluir en ácido lustral el pesado bloque de granito español, la dura materia con que se había edificado el monasterio de El Escorial o tallado el rodillo que serviría para aplastar, a lo largo de centurias ingratas, a los disidentes y marginales y a los espíritus libres en general. La España reivindicada por don Marcelino Menéndez Pelayo, calificada despectivamente de eterna o reaccionaria, constituyó el punto de referencia por el que se definieron, por antífrasis, los muchachos del 68. Una muchachada que no tuvo oportunidad, conviene señalarlo, de celebrar el 68. La resistencia al régimen, por esas calendas, corría a cargo del Partido Comunista, sujeto a una disciplina militar. No, no tuvimos nuestro 68 hasta diez años más adelante. Pero ésta es otra historia. La canción, devuelta a su contexto, se preña de sentido y ayuda a explicarse retrospectivamente cosas misteriosas o irregulares. Por ejemplo: que el anhelo de un Pentescostés cultural y étnico, todavía presente, por inercia, en muchos discursos estrictamente contemporáneos, no excluyera, en ambientes de izquierda, el compadreo sentimental con los nacionalistas, volcados hacia el pulimentado y acrisolamiento de sus rodales respectivos. Detrás de la contradicción está quizá el hecho de que en el inconsciente colectivo -y asimismo en la gramática- dos negaciones operan como una afirmación. El no a la España una, se convirtió en un sí a la España múltiple, por las bravas y de corrido.
żSe han acabado las contradicciones? Pas encore, que diría un afrancesado.La España una, trabajada primero por la Monarquía absoluta y promovida más tarde por el Estado liberal, no suprimió sólo fueros y privilegios, sino que echó las bases de la ciudadanía universal y de los sistemas de redistribución que le son anejos. Hizo posible, en una palabra, el Estado social, inseparable de cualquier concepción de izquierdas reconocible como tal. La izquierda no reparó en el detalle, o ha comenzado a hacerlo demasiado tarde. Y en su afán por enmendarle la plana, no sólo al déspota, sino a los jirones de historia que el déspota había recibido, y que no eran invento suyo sino herencia de todos los españoles, dio un salto hacia atrás que pasaba por encima de los siglos modernos y nos retrotraía, más allá incluso del austracismo, a los tiempos medievales. Se aprecia en la visión que del multiculturalismo todavía cultivaban los biempensantes hace tres o cuatro años. ¡Tres o cuatro años nada más!
El multiculturalismo a la española consistió en rehabilitar el Toledo de las tres culturas. O sea, la España en figura de losanges en que convivían cristianos, árabes y judíos. żConvivían felizmente cristianos, árabes y judíos? No muy felizmente. Pero sí, convivían. No lo hicieron sin embargo, y aquí reside lo decisivo, en igualdad de derechos. La propia noción de igualdad de derechos era aún ininteligible, lo mismo en Toledo que en Córdoba o en Roma. La confesión religiosa determinaba profesiones, estilos suntuarios, y grados de participación en el poder. Confundir la diversidad medieval con la heterogeneidad de costumbres y códigos que la inmigración trae consigo, implica no haber comprendido nada. La diversidad, en el siglo XI, conformaba a la sociedad desde dentro, como lo siguió haciendo en el Imperio Otomano hasta el advenimiento del XX. No constituía un factor de desorden sino de orden, puesto que las sociedades estaban basadas en la desigualdad. Esa misma diversidad, instilada en sociedades democráticas e igualitarias, entraña por el contrario un reto que sólo últimamente, y con dificultades, empezamos a comprender.
Los hijos y nietos del 68, en fin, han abordado los dos problemas máximos de la España actual, que son el territorio y la inmigración, en un estado de confusión mental absoluto. Y esta confusión ha dimanado de una fuente común: no darse cuenta de lo que es una nación moderna. Se constata, con amargura, el daño enorme que no sólo mientras duran, sino también luego, en diferido, infligen las dictaduras. Los que oprimen no piensan, y los oprimidos pierden la noción de la realidad. Dio la sensación en los setenta de que habíamos logrado los españoles superar el síndrome fatal. Pudo haber sido, sin embargo, un espejismo.
No quiere ello decir que la izquierda haya sido la causante del Problema migratorio. La izquierda no es culpable del gradiente de pobreza que atrae a muchos necesitados hacia nuestras fronteras. Ni de nuestra bajísima tasa de natalidad. La emigración, además, empezó a adquirir proporciones desmesuradas cuando los populares estaban en el poder. El PSOE se dedicó a decir sobre todo tonterías, bien es cierto. Pero la demagogia es relativamente disculpable cuando se está en la oposición. Lo que no es discutible, es que el gobierno Zapatero tomó el timón en las manos con la cabeza convertida en una leonera. Y que Caldera añadió, a la oscuridad de ideas, dosis notables de oportunismo. Mejorar las cifras de la S.S. bien vale una misa... durante un rato. Luego se pide ayuda a la policía, o sea, al ministro de Interior. Descontamíname, al guardia de la porra: para dar ese salto, se necesita pértiga.

Publicado en ABC 28 Sep 2006.

Motril debe ir más allá del ladrillo

Julio Rodríguez López

En nueve años de auge inmobiliario se han construido más de cinco millones y medio de viviendas en España, casi el doble que lo que ha crecido el número de hogares. Sólo Andalucía construyó en 2005 más viviendas que el Reino Unido, unas 150.000. Los españoles han sustituido masivamente ahorro bancario por viviendas, adquiridas en una alta proporción como forma de colocación del ahorro.

Se advierte una tendencia en los municipios a estimular la construcción residencial, en detrimento de otro tipo de desarrollos alternativos. Se confunde el aumento del parque de viviendas con el de la población, que crece a un ritmo muy inferior. Son elevados los riesgos de cambio en la coyuntura inmobiliaria, ante la debilidad del tejido productivo que subsistirá al aluvión de la construcción de nuevas viviendas.

En enero de 2005, un cartel colocado a la entrada del puerto motrileño calificaba como de "basurero municipal" a la instalación de una determinada fábrica en el área de expansión del Puerto, en cuyo desarrollo está teniendo un cierto papel la Junta. Dicha fábrica podría haber generado unos cien nuevos puestos de trabajo. Cada empleo industrial viene a crear unos cuatro puestos de trabajo adicionales en el sector de los servicios. En abril de 2006, otro cartel descalificaba el desarrollo empresarial de dicha área con el agresivo rótulo de "quieren poner un polígono industrial", cosa que ¿por lo visto� debe ser una desgracia para los autores de dicho comentario. La trascendencia del contenido de dichos carteles resulta mayor cuando se advierte el amplio eco de los mismos en el discurso político local.

El Puerto de Motril se construyó por el Estado en las dos primeras décadas del siglo XX para favorecer el desarrollo de toda la provincia de Granada y ha sido objeto de una importante ampliación en los últimos años, que puede reforzar su papel en la economía de la provincia y de Andalucía. El área de expansión del Puerto podría contribuir a que en Motril se generasen nuevos empleos estables, que subsistirían cuando amaine el ritmo de construcción de nuevas viviendas.

Según el Censo de Población de 2001, los empleos ligados a la agricultura (unos 4.700) se aproximaban en dicho año a la cuarta parte del empleo total de Motril. La caída de rentabilidad de la horticultura en los últimos años, derivada sobre todo de la fuerte oferta de dichos productos procedente del norte de África, provocará posiblemente la desaparición de numerosas explotaciones y empleos agrícolas en la Costa.

El ritmo de construcción residencial de los últimos años no va a continuar ni tampoco serán un foco de creación de puestos de trabajo permanentes los 'bosques' de viviendas que se están construyendo en las vegas, vieja y nueva, de Motril, como tampoco lo serán los nuevos campos de golf que van a proliferar como reclamos publicitarios de las nuevas viviendas.

En estas condiciones, el Puerto de Motril es el principal activo de futuro de esta ciudad, el mayor foco económico potencial de la misma en cuanto a creación de actividad y de nuevos empleos estables. Dicha circunstancia justifica compatibilizar la actividad de tráfico de mercancías de dicho puerto con cualquier posible uso adicional del mismo derivado de la expansión inmobiliaria residencial que está teniendo lugar en la zona oeste de la antigua vega de Motril.

El tipo de interés de los préstamos para compra de vivienda ha crecido en un punto en un año, pasando desde el 3,20% de julio de 2005 al 4,23% en julio de 2006. Se prevé que el tipo de interés citado se situará en las proximidades del 4,50% en diciembre de 2006. Esta evolución supone un incremento próximo al 13% en la cuota a pagar por un préstamo a 25 años de la misma cuantía, lo que debilitará la demanda de vivienda en los próximos meses.

En tales circunstancias, resulta conveniente redimensionar el tamaño de las promociones. Si se quiere disponer de un puerto deportivo para impulsar la venta de un 'paquete' importante de nuevas viviendas en tiempos menos boyantes que los de los años anteriores no se debe de sacrificar el alcance real y potencial de la dársena motrileña, de la que tanto depende el futuro de Motril. Un posible parque empresarial en el área de expansión del Puerto es una fuente potencial de creación de actividades empresariales y de empleos y no precisamente un basurero.

La fábrica de papel construida en plena vega en los años 60 del pasado siglo aportará más a Motril que las urbanizaciones que están ocupando dicha vega, sobre todo cuando haya terminado la construcción de las mismas. Cualquier rebaja de capacidad o de categoría que se efectúe del Puerto de Motril no supondrá para esta ciudad un camino de progreso, sino de estancamiento o decadencia, además de constituir un derroche de la fuerte inversión realizada en el mismo en los últimos años

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Diálogos para después de la violencia

José Ramón Recalde^{a b}

Malo es que el Partido Nacionalista Vasco pretenda cambios en el Estatuto, obviando el procedimiento legal previsto; es algo que no se puede aceptar sin que quede negada la Constitución. Y es malo, porque manifiesta el soberanismo desde el que pretende entrar en el diálogo político. La petición es extravagante, pues discurre fuera de la legalidad, Sin embargo, aún así, provoca, como si fuera una vacuna, una reacción positiva: nos conmina a que los interlocutores en ese diálogo tengamos cautela, comportamiento que se debe mantener siempre pero más en los momentos que preceden y que siguen a la proclamación oficial del cese de la violencia de ETA.

¿Por qué se reproduce ahora el soberanismo que estaba en el fondo de la traición de Lizarra (pacto del bloque que nacionalista, perpetrado entre nacionalistas democráticos y los no democráticos, mas confabulaciones clandestinas con ETA) y que constituía el antecedente directo del Plan Ibarretxe? La vía anticonstitucional en la que de nuevo se insiste es la pacífica correspondiente a la que ETA pretendía conseguir con la violencia.

La sustitución de la violencia por la política supone, desde luego, un cambio radical; no sólo en los actores, pues no es lo mismo a que el interlocutor sea ETA (o Batasuna), aún después de su derrota, a que lo sea el PNV, que ha planteado, y plantea, sus objetivos, negando la violencia; cambio también en el contenido de esas pretensiones, que dejan de ser las fundamentalistas del irredentismo sobre Navarra y el País vasco francés. Pero, de todos modos, el procedimiento ilegal que reitera el PNV busca cobrar réditos por la recuperación de la paz ciudadana. Para el PNV se trata de recoger las nueces caídas del nogal agitado por los violentos. Para el Partido Socialista. Aceptar el pago de estos réditos sería, no pagar un precio político a ETA derrotada, pero sí al nacionalismo, como albacea de la derrota.

El PNV propone que el eventual pacto entre los partidarios democráticos de Euskadi se convierta inmediatamente en derecho positivo, sin pasar por la aprobación de las Cortes. Esto supondría abonar al nacionalismo un precio político por la derrota de ETA. Pero no se acaba aquí el problema: El Partido Socialista, el PSE en Euskadi, no debe solamente plantear objeciones fundamentales al procedimiento; pues, aunque este fuera constitucionalmente depurado, los socialistas tendrían que oponer otros reparos básicos a la oferta nacionalista.

El PSE tendrá que buscar el acuerdo político con una idea clara: la aceptación básica del sistema político autonómico; esto supone que ni las competencias centrales ni las autonómicas se justifican por sí mismas.

A la regla del nacionalismo se le opone otra: el máximo de autonomía no es el óptimo de autonomía. El óptimo supondrá siempre una distribución de competencias, unas centrales y otras autonómicas. La construcción, consolidación y modificación del sistema autonómico es un proyecto que se planteará en dos niveles: el primero la reivindicación del propio programa de distribución óptima de competencias; el segundo, la aceptación, en busca del consenso con las otras fuerzas políticas, de un acuerdo que suponga cesiones parciales de todas ellas, desde el óptimo hasta el mejor posible. Pero composición de fuerzas es algo muy distinto a claudicación ante las fuerzas de nuestros interlocutores.

El modelo con el que el Partido Socialista tiene que plantearse el diálogo entre partidos permanece abierto, incluso a distintas opciones dentro del mismo socialismo. En efecto, el sistema autonómico permite propuestas menos o más autonómicas que yo calificaría según el quantum de federalización (la “federación” es una cualificación que nunca ha asustado a los socialistas). Pero, en todo caso si es un modelo federal o federalizante, no es un modelo confederal: es opuesto a entender la autonomía como una relación bilateral entre el poder central y la comunidad autónoma, salvo en casos muy particulares. Si el modelo socialista busca la división óptima entre competencias centrales y autonómicas, busca también el fortalecimiento de la multilateralidad o relación entre las distintas autonomías, frente a la bilateralidad o relación entre el poder central y el autónomo.

También el modelo que los socialistas presenten para el diálogo político debe enfrentarse a los símbolos de identificación nacionalista: el estatuto vigente y las leyes que lo desarrollaron supusieron una claudicación de los no nacionalistas en aras de la concordia. Ante una modificación estatutaria habría que modificar esta actitud: no se trata de que los símbolos nacionalistas disminuyan (algo difícil de conseguir, por ahora, aunque ¡sería tan bien recibido el cambio del himno nacional vasco!), sino que se compensen con símbolos que fortalezcan, frente a valores insolidarios, los de colaboración entre los pueblos de España, los que propongan una comunidad española y la profundización en los valores ciudadanos comunes.

Queda, como campo abierto para una construcción común un proyecto de Estatuto en el que los socialistas dejen oír sus reivindicaciones: una idea social, solidaria y común de la educación, de la cultura y de los servicios; la construcción de los servicios públicos y de una sociedad laica, precisamente como garantía de la igualdad ciudadana. En resumen, que la reforma del estatuto no puede verse con la óptica nacionalista de que la autonomía supone una base ya consolidada, sobre la que hayan de plantearse mas reivindicaciones nacionalistas, sino, por el contrario, un nuevo debate sobre el bien común.

A este debate es muy importante que se incorporen otras fuerzas políticas, principalmente el Partido Popular, al que corresponde una importante función de vigilante de una eventual deriva nacionalista del proceso. Pero también el resto de partidos, con una salvedad: por no cumplir con el mínimo exigible que es la renuncia a la violencia y la aceptación de la democracia constitucional, con Batasuna no se puede establecer todavía ningún acuerdo.

El punto de partida para el diálogo político quedará señalado, en consecuencia, con los siguientes rasgos: aceptación por todos del sistema constitucional; negación de una base común nacionalista; entrada en el diálogo en condiciones de igualdad, lo que excluye tanto una presidencia institucional del lehendakari como otro pacto de Ajuria-Enea.

El campo del debate es el de la confrontación entre todos los dialogantes que plantean sus distintos modelos de convivencia democrática entre los vascos, esto es, entre los nacionalistas vascos, pero también los nacionalistas españoles y los que no somos nacionalistas (pido perdían a los nacionalistas de uno y otro signo que no comprenden que algunos no les acompañemos en su ideología y nos atribuyen el nacionalismo opuesto al suyo: los no nacionalistas somos aquellos que, si caemos en esa tentación, por lo menos pensamos que es un vicio que hay que dominar, en lugar de una virtud). Debe quedar claro, en todo caso, que quienes quedan fuera del debate son quienes plantean su modelo desde la violencia o desde fuera de la democracia (ETA y Batasuna).

El lugar de encuentro es el que saldrá, si sale, de un debate libre sobre el sistema autonómico y el bien común, a librar con la razón y con la fuerza de los votos y en el que, como hemos partido de un anterior acuerdo democrático, Constitución y Estatuto, y como este anterior acuerdo ayudaba a la convivencia en una sociedad como la vasca, difícilmente vertebrada, no es razonable que se modifique si no hay consenso mejor que el que ya teníamos. Que nadie pretenda, en todo caso, imponer sus propias tesis de partida, sino modificarlas en busca de un acuerdo ampliamente consensuado.

^a Publicado en El País 17 Agosto de 2006

^b José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno Vasco y víctima de un atentado terrorista de ETA del que, afortunadamente, pudo salvar su vida.

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Subida del tipo de interés

Sr. Director de El Pais
Madrid

En su interesante articulo del 4 de agosto, El BCE y el futuro, Angel Laborda ha puesto de manifiesto que no le convence demasiado la nueva subida del tipo de interés de intervención efectuada por el Banco Central Europeo el jueves 3 de agosto.

Laborda dice que la inflación permanece estable, pero lo hace medio punto por encima del objetivo establecido para 2006. La inflación subyacente empieza a dar indicios generalizados de que una "segunda vuelta" puede tener lugar.

Pero sobre todo conviene destacar lo que recientemente subrayó Leon Brittan en un artículo publicado en el Financial Times: si los bancos centrales sólo se interesan por las burbujas provocadas en los mercados de activos (por ejemplo, vivienda) en función de su incidencia sobre el índice de precios de consumo, entonces harán demasiado poco y también lo harán demasiado tarde.

Una subida moderada de los tipos de interés puede contribuir a desacelerar (que no a reducir) con mas intensidad la subida de los precios de la vivienda y tambien contribuirá, de paso, a colaborar al necesario proceso de diversificacion de la actividad productiva en Espanha. Esto último es una condicion necesaria para facilitar un mayor aumento de la productividad y de paso reforzará la tasa de ahorro familiar.

Atentamente,

Julio Rodriguez López

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La economía española y el mal holandés

Julio Rodríguez López

El desarrollo del turismo en España ha podido ocasionar manifestaciones del llamado 'mal holandés', según el autor. En su opinión, la sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y del 'ladrillo'

El descubrimiento, durante los años sesenta, de yacimientos de gas natural en Holanda dio lugar, tras un periodo de intenso crecimiento, a que el país sufriese una profunda desindustrialización y a que su economía resultase en exceso vulnerable a las oscilaciones del precio de exportación de ese recurso energético. Un trabajo publicado en noviembre de 2005 (J. Capó, A. Riera y J. Roselló, El desarrollo turístico como manifestación de la 'dutch disease'. El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría extenderse al conjunto de la economía española.

El desarrollo del turismo balear, sector emergente en su día, ocasionó notables revalorizaciones de la propiedad de determinados recursos naturales y también generó crecimientos destacados de la productividad en el subsector de la hostelería y la restauración. La mayor productividad, empleo y salarios pagados en dicha rama de actividad estimularon la demanda de productos de sectores menos abiertos a la competencia, como los servicios y la construcción. Estos últimos, a su vez, experimentaron importantes aumentos de precios y generaron demandas adicionales de trabajo.

El sector agroindustrial, más abierto a la competencia, sufrió un aumento de los costes de producción que no pudo trasladar a los precios de venta. Dicha circunstancia, unida a la revalorización del tipo de cambio en algunos periodos, provocó reducciones sustanciales de la actividad productiva de dichas ramas de actividad.

Las consecuencias para Baleares fueron, junto al intenso crecimiento real del PIB por habitante, un fuerte desplazamiento de la producción en favor de la actividad hotelera y de la construcción conectada con el turismo. La creciente desaparición, con la reducción de la base industrial, de una fuente importante de desarrollo del capital humano y de ganancias de productividad podría desacelerar los aumentos del PIB por habitante de la economía. La especialización productiva en actividades poco cualificadas y no sensibles al progreso técnico, junto al agotamiento de los recursos naturales y a la fuerte dependencia del turismo, pueden generar en el futuro ritmos de crecimiento mediocres.

El prolongado descenso de los tipos de interés y las constantes mejoras de las condiciones de financiación han revalorizado en España las propiedades inmobiliarias entre 1997 y 2005. Se ha mantenido un crecimiento constante, pero moderado, de la demanda de los servicios derivados del subsector de la hostelería. Los beneficios de la promoción han desplazado el ahorro hacia la inversión inmobiliaria, lo que no ha contribuido a mejorar la competitividad de los sectores productores de mercancías. Destaca un urbanismo agresivamente favorable a la construcción residencial, que no sólo no permite crear suelo para actividades productivas, sino que llega con frecuencia a desviar terrenos antes calificados como industriales hacia fines residenciales. Si a lo anterior se une la creciente competencia de los países emergentes y las intensas revalorizaciones del euro al comienzo de esta década se comprende la escasa competitividad de las exportaciones, en especial de mercancías, y la agresividad de las importaciones. El urbanismo practicado ahora en España es una fuente continua de déficit comercial.

Entre 1997 y 2005 el PIB de la economía española creció a un ritmo medio del 3,6%, punto y medio por encima de la eurozona. El PIB por habitante de España ascendía en 1997 al 80% de la UE y en 2005 se ha aproximado al 94%. La tasa de desempleo de España en el último trimestre de 1997 se elevaba al 20,1% de los activos y en el mismo periodo de 2005 había descendido hasta el 8,7%. La expansión ha estado acompañada de una continua ganancia de presencia de la inversión en construcción en el PIB, desde el 11,5% de 1997 hasta el 17,3% en 2005. La producción de mercancías (agricultura, ganadería, pesca, industria y energía) ha visto descender su participación desde el 25% de 1997 hasta el 19,3% en 2005.

En 2005 destacó el crecimiento en un 4,5% del deflactor del PIB de España, que refleja la inflación interna, y el que el deflactor de la construcción duplicase ese aumento (10,2%). La reestructuración hacia la construcción se ha advertido no sólo en la producción, sino sobre todo en la composición del crédito. La financiación inmobiliaria (promoción, compra y construcción de viviendas), que suponía en 1997 menos del 40% de la financiación al sector privado, ha subido hasta el 58% en 2005.

La sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desagrarizado y desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y de la construcción de viviendas para inversores. Se ha reforzado su proclividad a mayores ritmos de inflación, a la vista del abrigo ante la competencia de los sectores productivos ahora dominantes. Los problemas derivados del llamado mal holandés pueden llevar a que el crecimiento sea trascendente en tanto se construyan nuevas viviendas. No cabe esperar nuevos impulsos decisivos de un sector como el turístico, en el que el progreso técnico no brilla por su presencia.

Diversificar la actividad productiva, mejorar las dotaciones de servicios públicos, administrar con racionalidad y con respeto generacional los recursos naturales todavía disponibles, prestar mayor atención al equilibrio medioambiental y practicar un urbanismo en el que el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y no la maximización de los ingresos derivados del planeamiento, superando la tiranía del instante, son algunos de los retos de futuro de la economía española.

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¿España invertebrada?

Gabriel Tortellá

Se compara frecuentemente la economía de la Unión Europea con la de Estados Unidos y se trata de explicar por qué crece aquella más lentamente que ésta. Generalmente se aduce que tanto la Unión Europea como los Estados de los países que la componen, practican una política económica excesivamente intervencionista y tienen una red de protección demasiado tupida. Ambos factores, inhibirían la iniciativa empresarial, disuadirían a los empresarios de asumir riesgos y responsabilidades, premiarían la pasividad y el desinterés de los trabajadores y generarían altas tasas de paro. Frente a estas críticas, otros autores ponen de manifiesto que tales diferencias no entrañan una superioridad de la economía estadounidense, sino, simplemente, un conjunto diferente de preferencias. En la tradicional disyuntiva entre crecimiento y equidad los estadounidenses parecen haberse inclinado por el primero, y los europeos, por la segunda. Porque, en efecto, según estudios recogidos por The Economist, no sólo son mayores las desigualdades en la distribución de la renta en Estados Unidos, sino que, contra lo que muchos piensan, los inmigrantes se integran mejor económicamente en Europa que en América del Norte.

Pero esto no zanja la cuestión, porque el sacrificar el crecimiento económico en aras de la equidad, plantea problemas muy graves a largo plazo: en efecto, si en el país no igualitario que crece rápidamente a corto plazo los desfavorecidos quedan en mala condición, a largo plazo su condición será mejor que la de los pobres más asimilados del país igualitario. Porque, a largo plazo, el crecimiento económico más rápido beneficiará a todos en el país próspero, y sus pobres acabarán siéndolo menos que los del país igualitario. Exagerando un poco y cargando las tintas, seguridad e igualdad traerán consigo estancamiento, mientras que desigualdad y dinamismo traerán riqueza para todos.

Existe, además, una cuestión complementaria y es que la economía dinámica, si no es tan injusta que produzca tensiones, la estadounidense superó ya sus crisis sociales de los años sesenta del siglo pasado, se convierte en el líder económico, y por ende político y militar, del mundo, mientras que la economía igualitaria y conservadora se ve relegada a un segundo plano en todos estos terrenos. Por añadidura, la economía estadounidense tiene otra gran ventaja sobre la europea: está mucho más integrada, por lo que se acerca mucho más que esta última a la condición de “área monetaria óptima”; es decir, en Estados Unidos los mecanismos del mercado funcionan mucho mejor que en la Unión Europea, porque aquí, pese a la desaparición de las barreras arancelarias, sigue habiendo serios obstáculos a la movilidad de los factores, en especial, por supuesto, el trabajo y el capital. Ello se debe, por un lado, a la fragmentación política: cada Estado nacional piensa más en sus propios ciudadanos, que son sus electores, que en los “otros europeos”, de los que depende muy poco. Consecuencia de esto es la dificultad para armonizar políticas y, por tanto, para derribar barreras y convertir a la Unión en un verdadero mercado único: esto lo hemos visto recientemente con las dificultades para unificar el mercado de servicios, para lograr una política monetaria que no produzca serias distorsiones, para armonizar las políticas fiscales etc. Pero si la fragmentación política entraña un gran problema, la social es una barrera aún mayor y más difícil de superar: la movilidad de la mano de obra y de los servicios se ve obstaculizada, más aún que por la legislación, por la fragmentación lingüística y cultural. Mientras en Estados Unidos, pese a la estridente retórica multiculturalista, el inglés es un aglutinante cultural y económico, en Europa, pese a la hegemonía de este idioma, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo poderosísimas. El coste de estas barreras para la economía europea es muy alto; las estimaciones son discutibles, pero las que más comúnmente se manejan las cifran entre uno y dos puntos del crecimiento del producto interior bruto..

Resulta cuando menos desconcertante, en vista de todo esto, que en España nos estamos inclinando por la fragmentación en lugar de por la integración. La erección de barreras lingüísticas y culturales allí donde no las había, la descoordinación de las políticas fiscales y sociales, no pueden sino ser una rémora económica en el futuro por la misma razón que lo son en la Unión Europea. En lugar de aprender de los errores o dificultades de nuestros vecinos y socios, parece que hemos decidido sumarnos al pelotón de los torpes. Por desgracia, la mayoría se muestra indiferente a las consecuencias de este serio error porque pueden no ser inmediatas. Unos amigos míos, economistas y afines al Gobierno, me decían hace poco con alivio: “La gente no va a notar inmediatamente las consecuencias del Estatut”. No confiaban en la bondad de la operación, sino en la de la anestesia. Como al Don Juan de Tirso, no les importaban las consecuencias si eran a largo plazo. Aparte de recapacitar sobre el déficit ético que tal actitud comporta, los que así piensan deben recordar las presentes dificultades de la Unión Europea y la sorpresa que fue para tantos el fracaso de la tan cacareada Constitución. El malestar público tiene a veces consecuencias inesperadas. Algunos piensan, “después de mí, el diluvio” y terminan ahogados.

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Tan largo me lo fiáis....

Gabriel Tortellá

Se compara frecuentemente la economía de la Unión Europea con la de Estados Unidos y se trata de explicar por qué crece aquella más lentamente que ésta. Generalmente se aduce que tanto la Unión Europea como los Estados de los países que la componen, practican una política económica excesivamente intervencionista y tienen una red de protección demasiado tupida. Ambos factores, inhibirían la iniciativa empresarial, disuadirían a los empresarios de asumir riesgos y responsabilidades, premiarían la pasividad y el desinterés de los trabajadores y generarían altas tasas de paro. Frente a estas críticas, otros autores ponen de manifiesto que tales diferencias no entrañan una superioridad de la economía estadounidense, sino, simplemente, un conjunto diferente de preferencias. En la tradicional disyuntiva entre crecimiento y equidad los estadounidenses parecen haberse inclinado por el primero, y los europeos, por la segunda. Porque, en efecto, según estudios recogidos por The Economist, no sólo son mayores las desigualdades en la distribución de la renta en Estados Unidos, sino que, contra lo que muchos piensan, los inmigrantes se integran mejor económicamente en Europa que en América del Norte.

Pero esto no zanja la cuestión, porque el sacrificar el crecimiento económico en aras de la equidad, plantea problemas muy graves a largo plazo: en efecto, si en el país no igualitario que crece rápidamente a corto plazo los desfavorecidos quedan en mala condición, a largo plazo su condición será mejor que la de los pobres más asimilados del país igualitario. Porque, a largo plazo, el crecimiento económico más rápido beneficiará a todos en el país próspero, y sus pobres acabarán siéndolo menos que los del país igualitario. Exagerando un poco y cargando las tintas, seguridad e igualdad traerán consigo estancamiento, mientras que desigualdad y dinamismo traerán riqueza para todos.

Existe, además, una cuestión complementaria y es que la economía dinámica, si no es tan injusta que produzca tensiones, la estadounidense superó ya sus crisis sociales de los años sesenta del siglo pasado, se convierte en el líder económico, y por ende político y militar, del mundo, mientras que la economía igualitaria y conservadora se ve relegada a un segundo plano en todos estos terrenos. Por añadidura, la economía estadounidense tiene otra gran ventaja sobre la europea: está mucho más integrada, por lo que se acerca mucho más que esta última a la condición de “área monetaria óptima”; es decir, en Estados Unidos los mecanismos del mercado funcionan mucho mejor que en la Unión Europea, porque aquí, pese a la desaparición de las barreras arancelarias, sigue habiendo serios obstáculos a la movilidad de los factores, en especial, por supuesto, el trabajo y el capital. Ello se debe, por un lado, a la fragmentación política: cada Estado nacional piensa más en sus propios ciudadanos, que son sus electores, que en los “otros europeos”, de los que depende muy poco. Consecuencia de esto es la dificultad para armonizar políticas y, por tanto, para derribar barreras y convertir a la Unión en un verdadero mercado único: esto lo hemos visto recientemente con las dificultades para unificar el mercado de servicios, para lograr una política monetaria que no produzca serias distorsiones, para armonizar las políticas fiscales etc. Pero si la fragmentación política entraña un gran problema, la social es una barrera aún mayor y más difícil de superar: la movilidad de la mano de obra y de los servicios se ve obstaculizada, más aún que por la legislación, por la fragmentación lingüística y cultural. Mientras en Estados Unidos, pese a la estridente retórica multiculturalista, el inglés es un aglutinante cultural y económico, en Europa, pese a la hegemonía de este idioma, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo poderosísimas. El coste de estas barreras para la economía europea es muy alto; las estimaciones son discutibles, pero las que más comúnmente se manejan las cifran entre uno y dos puntos del crecimiento del producto interior bruto..

Resulta cuando menos desconcertante, en vista de todo esto, que en España nos estamos inclinando por la fragmentación en lugar de por la integración. La erección de barreras lingüísticas y culturales allí donde no las había, la descoordinación de las políticas fiscales y sociales, no pueden sino ser una rémora económica en el futuro por la misma razón que lo son en la Unión Europea. En lugar de aprender de los errores o dificultades de nuestros vecinos y socios, parece que hemos decidido sumarnos al pelotón de los torpes. Por desgracia, la mayoría se muestra indiferente a las consecuencias de este serio error porque pueden no ser inmediatas. Unos amigos míos, economistas y afines al Gobierno, me decían hace poco con alivio: “La gente no va a notar inmediatamente las consecuencias del Estatut”. No confiaban en la bondad de la operación, sino en la de la anestesia. Como al Don Juan de Tirso, no les importaban las consecuencias si eran a largo plazo. Aparte de recapacitar sobre el déficit ético que tal actitud comporta, los que así piensan deben recordar las presentes dificultades de la Unión Europea y la sorpresa que fue para tantos el fracaso de la tan cacareada Constitución. El malestar público tiene a veces consecuencias inesperadas. Algunos piensan, “después de mí, el diluvio” y terminan ahogados.

El auge inmobiliario cumple ocho años

Julio Rodríguez López[1]

1. El auge persiste. La nueva oferta de viviendas crece mas que la demanda

En el verano de 2005 se mantienen los elementos básicos del mercado de la vivienda que han dominado el perfil del mismo desde hace ya casi ocho años. Las variables más trascendentes en cuanto a estímulo de la demanda inmobiliaria siguen presionando en este ejercicio. Lo anterior lo confirma el nuevo, aunque muy moderado, descenso de los tipos de interés de los créditos para compra de vivienda en 2005. La cuota a pagar por un crédito a 25 años al tipo medio de interés de 2005 está casi un 30% por debajo de la correspondiente a un préstamo de la misma cuantía concedido en 1997. El tipo medio de interés de los préstamos para compra de vivienda en 2005, expresado en términos reales, es nulo o negativo según los meses.

El aumento interanual de los precios de las viviendas en el segundo trimestre de 2005, el 13,9%, supone una desaceleración notable respecto del 17,2% de 2004. En cambio, el aumento anualizado de dichos precios en el primer semestre de 2005 fue del 17,4%. Este es todavía un aumento severo, tras el 141% de crecimiento de los precios experimentado en los casi ocho años de “boom” inmobiliario. Las autonomías en las que el problema de acceso alcanzaba niveles mas elevados eran las del País Vasco (los precios de mercado de las viviendas de 90 m2 superaban allí al salario medio anual correspondiente en 10,7 veces), Madrid (10,6) y Baleares (10,2).

Las estadísticas de viviendas iniciadas han registrado aumentos sustanciales en los primeros meses de 2005. Los visados de dirección de obra de los aparejadores han crecido en un 6,4% en enero-mayo sobre el mismo periodo de 2004, las viviendas a iniciar según las licencias municipales de obras crecían a un ritmo del 14,8% en los dos primeros meses de 2005, mientras que las viviendas iniciadas, estimadas por el Ministerio de Vivienda, aumentaron en un 9% en el primer trimestre del año.

De persistir tal evolución, las viviendas iniciadas ascenderían a más de 760.000 en 2005. Solo Andalucía construiría unas 160.000, el 21% de dicho total. Según la evolución de las viviendas terminadas y de las previsiones sobre demoliciones, el parque de viviendas familiares a fines de 2004 debía de ascender a 22,6 millones de viviendas, un 7,7% más que en noviembre de 2001, fecha de referencia del Censo de Viviendas de 2001, un ritmo muy superior al de los periodos intercensales previos a los Censos de 1991 y de 2001.

Las escasas estadísticas sobre ventas de viviendas en España han experimentado, por el contrario, una evolución menos dinámica en dicho periodo. Las tasaciones de viviendas efectuadas por las empresas integradas en Atasa (alrededor del 65% del total de tasaciones en 2004) descendieron en el primer semestre en un -0,3% sobre 2004. Las transmisiones inmobiliarias intervenidas por los notarios en el primer trimestre de 2005 habían crecido en un 3,3% sobre 2004, lo que implica un ritmo de unas 820.000 ventas de viviendas, nuevas y usadas, en el conjunto del presente año. Autonomías muy dinámicas en estos últimos años de auge presentaron descensos de las transmisiones en 2005, como fue el caso de Murcia (-12%), Comunidad de Madrid (-8,9%) y Andalucía (-4,2%).

De los datos anteriores parece derivarse la presencia de unos aumentos más intensos en la oferta de nuevas viviendas que en la demanda. Esta circunstancia la confirma en parte el descenso registrado en enero-abril de 2005 sobre el año precedente en las inversiones extranjeras en inmuebles, cuyo valor retrocedió en dicho periodo en más de un 16%.

2. Algunas evidencias : son intensas las ventas para inversión y se expulsa del mercado a los jóvenes hogares

En el análisis del presente episodio inmobiliario, que se ha desarrollado no solo en España sino también en un amplio número de países occidentales, destaca la evidencia de que las compras de viviendas con fines de inversión han alcanzado unos elevados niveles. Así, en el caso de España, mientras que en el Censo de 2001, el total de viviendas no destinadas a residencia habitual (secundarias, vacías y otras), suponía el 32% del total de viviendas familiares, las estimaciones efectuadas a partir de los datos del Ministerio de Vivienda acerca de la evolución del stock de viviendas entre 2001 y 2004 revelan que la proporción citada debe superar el 35% al final de 2004. Las viviendas no principales alcanzan proporciones próximas al 50% en las autonomías de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Se han construido desde 2001 viviendas principales a un ritmo inferior al de las viviendas de temporada o destinadas a inversión.

Una segunda observación de interés consiste en que los altos precios de venta de las viviendas han expulsado a los jóvenes hogares o adquirentes por primera vez del acceso a la vivienda (Reino Unido, Estados Unidos y Francia). Si los adquirentes son en gran parte inversores, los precios de venta de mercado se pueden situar en niveles que poco tienen que ver con los ingresos habituales en los jóvenes hogares. Se ha observado en Francia que los ingresos de los nuevos adquirentes de vivienda para uso de las mismas están muy por encima de la media de los hogares (M. Mouillart y V. Vaillant, “Un marché plus selectif des particuliers plus endettés”, Banquemagazine, diciembre 2004)

En el caso actual de España, unos niveles de producción de viviendas situados en torno a unas 300.000 al año por encima de las demandas derivadas de la creación de nuevos hogares, no puede por menos de generar consecuencias medioambientales negativas. Lo anterior provoca desviaciones nada deseables del ahorro hacia destinos escasamente generadores de empleos sostenibles, de mejoras de eficiencia y de ganancias de competitividad para la economía española.

La economía española se han instalado en un déficit exterior que se financia mediante aportaciones importantes de ahorro del resto del mundo, que en gran parte se destina a cubrir las necesidades de financiación derivadas de un largo y prolongado proceso de construcción de viviendas. Como sucede en Estados Unidos, la economía española se ha hecho profundamente dependiente del negocio inmobiliario. La recuperación económica posterior a 2001 no habría tenido lugar sin el creciente gasto en vivienda, junto a un aumento del consumo privado apoyado en una financiación hipotecaria facilitada por los más altos precios de las viviendas. (P. Krugman, “That hissing sound”, The New York Times, 8.Agosto.2005).

3. Sugerencias de estadística y de política económica

Los datos anteriores revelan que la producción de viviendas en España puede estar creciendo a ritmos por encima de la demanda, al menos a nivel agregado. Apenas existen, como se ha indicado, estadísticas de ventas y de transacciones de viviendas. De disponerse de este tipo de estadísticas, a nivel nacional y desagregado por autonomías, provincias y ciudades, como sucede en otros países occidentales, es posible que las decisiones de promoción de nuevas viviendas y de compra de tales viviendas, en especial de las realizadas con fines de inversión, se adoptasen con más rigor. El mercado inmobiliario adolece así de una dosis excesiva de opacidad, lo que facilita la creación de desequilibrios duraderos oferta-demanda que no ayudan para nada a la economía española en este momento.

Es evidente el papel decisivo de los gobiernos locales en el estimulo de la nueva oferta de viviendas, ante la relevancia de los ingresos fiscales susceptibles de obtenerse mediante desarrollos inmobiliarios masivos al margen de la demanda de vivienda derivada de la evolución demográfica. Las autonomías podrían corregir en parte dicha deriva, a la vista de las competencias de que disponen en este terreno, sobre todo tras las Sentencias del Tribunal Constitucional decisivamente favorables a sus intereses. No parece seguro que tales administraciones públicas estén desempeñando en este campo un papel racionalizador.

Desde 2004 el gobierno británico ha pasado a incidir en las decisiones locales en materia de gobierno del suelo a través de presencia de representantes de la administración central en los consejos regionales en los que se adoptan las decisiones mas relevantes en materia de urbanismo, compatible todo ello con la “devolución” de competencias a Escocia y con la creación del gobierno regional de Gales.

Si desde el gobierno de la nación se pretende desarrollar estrategias que contribuyan a conseguir los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa de 2002 y a mejorar la competitividad de la economía española, la Administración Central no puede estar al margen de lo que está sucediendo con un factor productivo tan decisivo como es el suelo. Si no hay suelo no pueden instalarse bastantes tipos de empresas. El descenso de las ramas agroindustriales en el PIB de España algo tiene que ver con un urbanismo que expulsa actividades productivas en favor de una sobrecalificación de suelo como urbanizable residencial.

Si se invoca al Art. 149.1.13 de la Constitución Española de 1978 en la exposición de motivos del Plan de Viviendas 2005-2008, ¿no podría aprovecharse asimismo dicha norma para que la administración central participase, directa o indirectamente, en el desarrollo de una política de suelo mas proclive a un crecimiento económico mas sostenible y menos dependiente de la construcción residencial que la política que ahora está marcando el destino de las ciudades y hasta de la propia economía española?

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[1] Economista y Estadístico