La
acumulación de desahucios del último trimestre de eniendas al RDLey enel Congreso, ampliar la moratoria, aplicar deformaobligatoria el clas frecuentes
protestas y manifestaciones opuestas
a los mismos realizadas, sobre
todo, por la Plataforma de Afectados por la Hipotecas, junto a los casos
de suicidios asociados con el
lanzamiento judicial, estan en el
origen de la limitada moratoria legal a los lanzamientos que ha
introducido el Real Decreto Ley 27/2012. Además, las entidades de crédito han
ralentizado desde diciembre los
desahucios y han reforzado la negociación con los deudores. La Iniciativa
Legislativa Popular, presentada en
el Congreso de los Diputados
promovida por la Plataforma citada, debería ser admitida a
trámite como texto base de una reforma en profundidad del injusto procedimiento
de ejecución hipotecaria ahora vigente en España.
Como
consecuencia del Real Decreto mencionado, en enero de 2013 se ha acordado entre
gobierno y bancos la creación de un “Fondo Social de Viviendas” para alojar
a personas que han sido desahuciadas desde 2008 y que tengan un bajo nivel de ingresos y un claro riesgo
de exclusión social. Dicho fondo se
formará con las viviendas que aporten los bancos, unas 6000, de las que
Bankia proporcionará 1000. Dichas viviendas se alquilarán a los
desahuciados a unas rentas por debajo
del mercado y a un plazo que podrá
llegar hasta los 3 años.
La elección
de los hogares que alquilen las
viviendas corresponderá a los bancos propietarios. Como no se conoce el número
de hogares que han perdido su vivienda como consecuencia de la morosidad hipotecaria, no se puede opinar con precisión
sobre el alcance real de la creación del fondo en cuestión, que en todo caso
parece va a tener una incidencia reducida y cuyo funcionamiento
dependerá por completo de la voluntad de los bancos..
El
citado Real Decreto Ley 27/2012
ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados y se encuentra en fase de tramitación como proyecto de ley. El Ministerio de Economía y Competitividad ha
anunciado la realización de algunas
enmiendas adicionales al texto legal citado. Tales enmiendas se destinan sobre todo a mejorar el
procedimiento de ejecución, uno de los principales problemas de la actual normativa vigente en España en materia de desahucios, y también
incluyen modificaciones en la legislación hipotecaria.
En las enmiendas previstas el gobierno indica que
las situaciones de insolvencia o de
morosidad son una minoría en España. El comentario optimista del gobierno tiene su origen en el hecho de que
la tasa de morosidad de los préstamos para compra de vivienda está muy por
debajo de la media de los créditos bancarios. Para el conjunto de préstamos la tasa media de
morosidad fue del 11,5% a fines de noviembre de 2012. La tasa correspondiente a
los préstamos para compra y rehabilitación de vivienda era del 3,63% a
30.9.2012.
.Pero la
morosidad de los hogares en materia de
compra y rehabilitación de viviendas recae sobre un amplio volumen de préstamos,
639.522 millones de euros en la última
fecha citada. El saldo vivo de créditos morosos de hogares por dicho concepto era, pues, de
23.227 millones de euros, segun el Banco de España. A la vista del ritmo
intenso de variación registrado en 2012, dicha cifra pudo elevarse
a 25.000 millones de euros a 31 de diciembre pasado. La evolución citada implica, pues, que el
problema de la morosidad de los hogares
en los préstamos con los que se adquirió una vivienda puede seguir
creciendo.
Por otra parte, entre
2008 y 2012 se han presentado 415.500 ejecuciones hipotecarias, una
media anual de 83.104, según la estadística del Consejo General del Poder
Judicial. En cuanto a los lanzamientos, el total previsto en el mismo periodo es de
234.065, esto es, una media anual próxima a los 47.000, destacando la firme tendencia
de dicha serie anual. Destaca la escasez de datos estadísticos
sobre el problema. No se dispone de desglose de ejecuciones y lanzamientos
entre los diferentes activos inmobiliarios
afectados.
Entre 2007 y 2011 Murcia y Valencia presentaron las mayores proporciones de ejecuciones sobre
el parque de viviendas (2,17% y 2.05%,
1,37% España), lo que puede indicar que la segunda vivienda puede tener un peso elevado en los totales
mencionados. El INE ha incluido en el
nuevo Plan Estadístico plurianual la obtención de un indicador del número
de viviendas principales afectadas por
los desahucios, previo convenio con los Registradores, estadística cuya
obtención debería de acelerarse. No existe
tampoco una publicación regular y periódica de los resultados de la aplicación
del Código de Buenas Prácticas establecido en el RDL 6/2012, circunstancia que
debe de corregirse..
Entre otros aspectos, se deben
de atenuar las
condiciones exigibles para la aplicación de la moratoria prevista en el
RDL 27/2012. A la exigencia
de unos ingresos máximos de tres veces el
IPREM debe de añadirse la
exigencia de que el esfuerzo de pago supere al 50% de esfuerzo y que haya tenido lugar,
además, una circunstancia excepcional
que haya provocado el aumento del
esfuerzo de acceso. Dicha moratoria se debe de extender a tres años, paralizando los procedimientos. Se debe de
impedir que el precio de remate de la subasta del bien sea inferior al 80% del
valor de tasación empleado en la concesión del préstamo.
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