Ante el problema catalán, no cabe ponerse de perfil (volviendo a un texto de 2005, publicado en la revista Temas)
Julio Rodríguez López
aCataluña tiene un peso destacado en España. Es la sexta autonomía por superficie (32.627 km2), la segunda en población (6,8 millones de habitantes), detrás de Andalucía, y la primera en cuanto a valor del Producto Interior Bruto (PIB) en 2004 (146.599 millones de euros), seguida muy de cerca por Madrid (138.671 millones de euros). Un aspecto importante en el actual debate es el del mayor peso de la industria (excluida construcción) en el valor de su actividad productiva, el 25,7% del total en 2004 frente al 19% de España.
Los servicios de mercado (comercio, hosteleria, transportes y comunicaciones, básicamente) pesan mas en Cataluña que en la media (57,4% del PIB frente al 56% de España). Por el contrario, agricultura-ganadería, construcción y servicios no de mercado son, en general, sectores productivos menos sometidos a la creciente competencia derivada de la paulatina globalización de la economía, y pesan menos en Cataluña. En esta última es, pues, mayor el papel de las actividades productivas sometidas a una competencia intensa y destaca asimismo la notable presencia en su industria de sectores “maduros”, como el textil, en los que dicha competencia resulta más difícil de soportar.
En materia de nivel de desarrollo, medido por el valor del PIB por habitante a precios corrientes, Cataluña ocupaba en 2004 la cuarta posición de España (detrás de Madrid, Navarra y País Vasco), con un nivel de dicha magnitud equivalente al 119,11 por cien de la media de España (ver cuadro adjunto). La acción económica del Estado (fiscalidad directa y prestaciones sociales netas, junto a los fondos procedentes de la UE), colocaba a Cataluña en 2002 en el sexto lugar del “ranking”correspondiente a la renta disponible por habitante, el 112,6 por cien, donde también le superan las autonomías de Baleares y de Rioja. El ajuste en cuestión (desde PIB por habitante a renta disponible por habitante) afecta asimismo de forma acusada a Madrid.
El mayor desarrollo y diversificación histórica de la economía catalana respecto de la media de España es ahora el origen de algunos de sus problemas. Entre los sectores no agrarios de la economía española la industria es el que menos crece, lo que justifica una parte notable del citado diferencial de crecimiento. Este último se derivaría en gran parte de la dificultad actual de la industria para subsistir en un mundo en el que las mercancías están sometidas a una competencia bastante mas intensa que la mayoría de los servicios. Es imprescindible adaptar la base productiva a las condiciones de un mundo cambiante en Cataluña y en toda España. Con más recursos puede facilitarse la adaptación citada, siempre que los mismos no se destinen en Cataluña a hacer frente a la pesada carga del hecho diferencial lingüístico y cultural, que diría Pujol y, sobre todo, siempre que no impliquen una violación clara del artículo 138-2º de la Constitución, que niega cualquier tipo de privilegio entre autonomías.
El saldo de las balanzas fiscales mide las relaciones fiscales netas existentes entre una administración regional y los niveles superiores de gobierno en un periodo de tiempo. Una balanza fiscal exige un criterio metodológico aceptable por todas las partes en el reparto de ingresos y gastos públicos, cosa que es poco menos que imposible. Es sintomático el que Cataluña tenga déficit fiscal según un criterio (el de los organismos y entidades próximos a la Generalitat), mientras que en algunas estimaciones Cataluña aparece como no deficitaria frente al Estado (Dolores Dizy, Revista de Libros, 2005). Y sin embargo, el supuesto amplio déficit de la balanza fiscal de Cataluña es el argumento económico empleado con mayor intensidad en defensa del cambio estatutario citado, que modificaría el sistema de financiación autonómica en España.
Numerosos trabajos han puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar el actual sistema de financiación autonómico, en el triple sentido de avanzar en los tributos cedidos-compartidos, de reformar el mecanismo de nivelación y de ajustar la aportación de las comunidades forales (País Vasco y Navarra) (J.V. Sevilla, Temas para el debate, mayo 2005). Todo ello puede y debe hacerse al margen y casi a la vez que el nuevo Estatuto catalán, sin emplear una vía como la propuesta, que es, ante todo unilateral y claramente generadora de un trato de favor para Cataluña, al socaire del “hecho diferencial”.
Entre las reformas estatutarias puestas en marcha en 2005, es la del estatuto catalán la que plantea problemas de mayor calado para el equilibrio económico del Estado y, en última instancia, para la propia subsistencia de este último. Y es aquí donde algunos se preguntan con preocupación que Estado quedará en España después de todos los cambios anunciados. En algunas autonomías se han creado amplias expectativas consecuentes al cambio estatutario, no se sabe a costa de quién. Unas ciertas gotas del jacobinismo inspirador tradicional de los socialistas (Miguel Artola, El País, Entrevista, 10.4.2005) no estaría de más que cayesen en la presente situación de sequía.
"Aquellos polvos trajeron estos lodos"
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