En el primer semestre de 2018 ha persistido
una coyuntura entonada y alcista en el mercado de vivienda. El aumento de
precios generado está acompañado de serios
problemas de accesibilidad para amplios estratos de población, en especial para
los jóvenes que pretenden disfrutar por primera vez de una vivienda.
Con motivo del cambio de gobierno, controlado
ahora por el Partido Socialista, ha adquirido un interés mayor el contenido de
una “Proposición de Ley de medidas de
fomento del alquiler estable de vivienda” que dicho partido presentó en marzo
de 2018, cuando estaba en la oposición.
Dicha Proposición no salió adelante por la negativa del Partido Popular. Sin
embargo, en la presente circunstancia política, con un gobierno socialista en
el poder ejecutivo, algunos de los
elementos recogidos en la proposición citada podrían ser objeto de nueva
propuesta.
No existe una
estadística oficial de precios de los alquileres, cosa que podría remediarse
con voluntad política. La evolución de los
alquileres no ha debido diferir en exceso de la de los precios de las
viviendas. En el primer trimestre de 2018 los precios de las viviendas crecieron
en un 6,2% sobre el año precedente, mientras que el aumento salarial fue del
0,8% en el mismo periodo de tiempo. Desde que se inició en 2014 la recuperación
del mercado de vivienda hasta el primer trimestre de 2018 los precios de las
viviendas han aumentado en un 20,4%, mientras que los niveles
salariales se han reducido en un 7,6%.
Se ha creado un
serio problema de accesibilidad a la vivienda, más visible en el mercado de
alquileres. A este último acuden numerosos hogares de nueva creación, a falta de un
parque social de viviendas de alquiler para
hogares con ingresos medios y bajos.
De entre las
medidas incluidas en la Proposición de Ley citada, algunas son de rápida posibilidad de implantación.
Destacan en primer lugar, las propuestas de modificación de la normativa
vigente en materia de alquileres (Ley 4/2013, de 4 de junio, BOE de 5.6.2013).Dichas
propuestas incluyen la elevación de la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento desde tres a cinco años, la actualización de los contratos
de alquiler con el Índice de Precios de Consumo, la limitación de las fianzas adicionales que
el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda.
Si la vivienda
cambia de propietario, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda
al menos los cinco primeros años de alquiler. Se promueve un sistema público de
precios de referencia por zonas, para que los propietarios que no alquilen a precios superiores puedan
beneficiarse de ventajas fiscales.
Abundan las
medidas de carácter fiscal. Ello obliga a
esperar a los presupuestos de 2019 para su implantación. No se pueden
establecer precios del alquiler por barrios si no hay un índice general de
precios del alquiler, como es la situación española actual en este terreno.
La Proposición de Ley pretendía recuperar la desgravación fiscal a los arrendatarios
con base imponible inferior a 20.000 euros anuales, rompiendo el equilibrio
fiscal actual entre la propiedad y el alquiler. La Disposición Adicional
Primera de la Proposición preveía
realizar en seis meses un Plan de financiación crediticia del parque de
vivienda dotacional y social, priorizando la financiación proveniente de
entidades financieras controladas por el
Estado. La duración prevista del Plan
sería de unos 4 años, con una financiación anual de 650 millones de euros.
El Plan
2018-21, diseñado por el gobierno del PP y puesto en marcha por el gobierno del
PSOE, no alude para nada a las viviendas protegidas. Importa aclarar si el
nuevo gobierno va a extender
a las viviendas sociales de alquiler previstas en el Plan citado las ventajas hasta ahora existentes para las
viviendas protegidas. En última instancia, se trata, pues, de que el nuevo
gobierno ponga en práctica, aunque solo
sea en parte, las medidas de política de vivienda que propuso cuando estaba en
la oposición.
Una versión de este
artículo se publicó en la revista digital “El Siglo de Europa” de 29 de junio
de 2018.
[1] JRL es
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis
