29 diciembre 2017

UN FIN DE AÑO AGITADO PARA EL BANCO PUBLICO BANKIA Julio Rodríguez Lópe

  En diciembre de 2017 el banco público Bankia ha sido noticia por dos motivos. Primero, el Frob, instrumento controlado por el Tesoro, decidió privatizar el 11 de diciembre  el 7% de las acciones de Bankia, una parte del 67,65% que hasta ahora detentaba. En segundo lugar, en diciembre se ha dado un  paso  formal importante para  realizar la fusión de Bankia con el Banco Mare Nostrum (BMN), del que el Estado posee el 65% de las acciones. Se avanza en la privatización de la banca pública y se acentúa la ya elevada concentración existente en el sistema bancario español.

 Como se ha indicado, el Frob decidió vender el 7% de las acciones de Bankia, y ello por un valor neto de 818,3 millones de euros, lo que implica un precio de 4,17 euros por acción. Esta es la segunda operación de venta parcial de acciones de Bankia. En febrero de 2014 el Frob vendió el 7,5% de las  acciones por un valor de 1.304 millones de euros, lo que en su  momento supuso un precio de 6 euros por acción.

   A los precios del mercado por acción, el valor de Bankia equivale al 60% del importe que supuso el rescate de Bankia en 2012, 22.424 millones de euros. El Frob ha informado de unas minusvalías de 70 millones de euros en la operación, cifra que no queda claro como se ha obtenido  y que podría ser significativamente superior.

 El Memorándum de Entendimiento de 2012 firmado entre el Estado español y la Comisión Europea obligaba a vender  a Bankia y BMN  pasados algunos años. Tanto el Banco Central Europeo  como el Fondo Monetario Internacional han puesto el máximo interés en que se realice dicha venta en un plazo que termina en diciembre de 2019. Esta circunstancia podría dar lugar a que la venta del resto de acciones de Bankia se efectuase con pérdidas respecto de si la misma se realizase sin ningún tipo de agobio temporal. Para dichos organismos internacionales la venta total de Bankia significaría el final de la reestructuración del sistema financiero español iniciada en 2012.

  Existen en España plataformas de defensa de que la suma de Bankia más BMN permanezca bajo control del estado español. En Europa es frecuente la existencia de algún segmento público o equivalente dentro del sistema financiero. Esto es así sobre todo cuando este último adolece de un grado excesivo de concentración.

  En la segunda semana de diciembre de 2017 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó la fusión Bankia-BMN sin imponer ningún tipo de restricciones a la entidad resultante. La práctica absorción de BMN por parte de Bankia ha supuesto un aumento de dos puntos de cuota de mercado para Bankia, ahora el cuarto banco español, tras Santander, BBVA y Caixabank.

 El también banco público BMN (entidad  resultante de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa del Penedés y de SA Nostra) adolecía de serios problemas de viabilidad, como lo revela el que no se publicaron los resultados de dicha entidad en 2016, que ya fueron bastante mediocres en los tres ejercicios precedentes.

  Tras la absorción del Banco Popular por el Santander, los cinco mayores bancos de España suponen el 73% de los activos bancarios, muy por encima de la media de la Eurozona, el 48%. La fuerte dependencia del crédito bancario de la que se adolece en España, .la posibilidad de que la concentración se acentúe por la compra de Bankia por alguno de los otras tres bancos mayores, la dificultad de captar recursos adicionales para mejorar la solvencia, la imagen poco positiva que la banca ha dejado tras la pasada crisis son factores que evidencian algunas de las consecuencias negativas que pueden derivarse de la venta de Bankia a otro de los grandes bancos privados españoles.

   Bankia ha anunciado que no planea abrir nuevas oficinas. Pretende reducir en 2.510 una plantilla total  de 17.376 trabajadores, el 14,4%.  El  nuevo banco tendrá una importante cuota de mercado en Madrid, Baleares y Granada.  Ante la excesiva concentración bancaria de España, debe de dejarse más margen temporal para la venta de Bankia. No es, pues, un despropósito que dicho banco siguiese funcionando bajo control público, siempre que se le asigne la contribución al logro de  algunos objetivos de política económica española a dicho banco público y que la gestión del mismo sea lo más transparente posible.


Una versión de este artículo se publicó en la revista digital “El Siglo de Europa” el 22 de diciembre de 2017




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

14 diciembre 2017

El fuerte empuje del mercado de vivienda. La historia se repite Julio Rodríguez López

  Al final de 2017 resulta evidente el empuje del mercado de vivienda en España. De forma simultánea, el acceso a la misma se complica para una amplia proporción de hogares. Después de tres episodios de burbuja inmobiliaria en los últimos 50 años, del que el tercero fue el de más alcance,  parece estarse en puertas de una cuarta versión de la misma, sensible a los vaivenes del problema catalán.

 El crecimiento registrado en 2016-2017 en los  precios de venta de la vivienda (5,5%), en los alquileres,  en las transmisiones inmobiliarias (más del 15%, unas 525.000 en 2017), en especial de vivienda usada, y de la  nueva construcción residencial (por encima de las 80.000 en este año) confirma la presencia de un mercado inmobiliario suficientemente entonado y en el que se anuncian importantes volúmenes de nueva construcción.

  El aumento de la construcción residencial ha empujado la creación de empleo en el sector de la construcción, cuya variación interanual casi duplica la del conjunto del empleo (la afiliación a la seguridad social en la construcción en octubre  aumentó en un 7,5% anual). Las viviendas iniciadas han crecido en 2017 por encima del ritmo de creación de hogares (82.000 nuevas viviendas frente a 59.500 nuevos hogares). El esfuerzo de acceso a la vivienda para los hogares unifamiliares  mileuristas netos supera el 60% de los ingresos, lo que les obliga a vivir en viviendas de alquiler compartidas.

Se puede volver a reforzar el excedente de viviendas de nueva construcción no vendidas. Además,  una  buena parte del nuevo stock no será utilizado,  puesto que predominan los inversores entre los adquirentes. Estos últimos han sido  expulsados de los depósitos bancarios por la nula o negativa rentabilidad de estos últimos.

La historia se repite. En un reciente trabajo presentado en las” I Jornadas hacia una nueva Política de Vivienda”,  el economista y estadístico José Manuel Naredo  ha subrayado como en España se ha propiciado en general el carácter  de la vivienda como inversión  frente a su naturaleza de bien de uso. Como consecuencia se han encadenado sucesivas burbujas inmobiliarias, que han originado una sobredosis de edificios, de viviendas y de suelo recalificado como urbanizable residencial.

El desenlace  han sido unas enormes plusvalías obtenidas por una minoría. Naredo habla de un neocaciquismo. En lo más profundo de la pasada recesión, un maestro comentaba al autor de este trabajo  que “nadie en el pueblo podía imaginarse que  personas tan poderosas pudiesen sufrir retrocesos tan espectaculares en sus fortunas, después de haberles visto enriquecerse en tan poco tiempo”.

El modelo inmobiliario-financiero vigente en España  aparece como agotado y corrupto y, lo que es peor, no resuelve los problemas de acceso a la vivienda.  Dicho modelo impulsa un modelo de crecimiento excluyente.  No existe el menor escrúpulo por parte de sus protagonistas, los ayuntamientos a la cabeza, para arrasar cualquier forma de actividad productiva sostenible y situar en su lugar nuevas edificaciones,  realizadas al margen de la demanda real de vivienda.

  La aceleración de la construcción residencial coincide con el empeoramiento en la balanza comercial. La economía española avanza y gana competitividad cuando  el mercado de vivienda pasa por coyunturas de moderación. En cuanto la especulación se dispara,  España pierde competitividad  ante el desvío masivo de ahorro y recursos hacia la construcción residencial. Urge desarrollar políticas de vivienda  que ayuden de forma concreta al alquiler y que clarifiquen la realidad de las viviendas vacías. España debe dejar de ser campeón en cuanto a volumen de construcción y colista en cuanto a vivienda social se refiere.

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa el 8 de diciembre de 2017.



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

03 diciembre 2017

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ESTADISTICA DE DECILES SALARIALES Julio Rodríguez López

  En noviembre de 2017 el INE ha publicado los resultados anuales  de la estadística de deciles salariales. Dicha estadística se obtiene a  partir de la Encuesta de Población Activa y de otras fuentes de datos de  rentas salariales. El total de asalariados incluidos  en la muestra es de 30.000. La estadística en cuestión, de periodicidad anual,  está disponible en España  desde 2006 hasta 2016 y  permite analizar la evolución de las rentas salariales distribuidas entre los  diferentes niveles de ingresos obtenidos (deciles).

  En 2016  el nivel medio salarial en España, según dicha encuesta, fue de 1.878,1 euros/mes. Dicho nivel resultó inferior al correspondiente a la estadística más utilizada de salarios,  la encuesta trimestral de costes laborales, según la cual el salario medio en el pasado año fue de 1.898 euros/mes. Dentro de la estadística de deciles salariales,  correspondió  al decil número 3 un salario medio anual de 1.118 euros/mes, mientras que el correspondiente al  decil número 7 fue de 1.969,4 euros/mes.

 Según la fuente estadística comentada, en 2016 el salario medio retrocedió en un 0,8% sobre el año precedente. Lo más llamativo de la evolución salarial en 2016 fue  que los descensos se concentraron en los niveles más elevados, al contrario de lo sucedido en los años precedentes.

 En la etapa de recesión 2008-2013 el crecimiento acumulado del salario medio fue del 13,7%. En dicho periodo destacó la fuerte diferencia entre los  aumentos de los distintos deciles. Dicha evolución confirma que en la etapa de recesión el ajuste salarial se concentró sobre todo en los salarios más reducidos. De no  tener en cuenta dicha disparidad salarial parecería que los salarios, en general,  habrían seguido creciendo en la crisis  a un ritmo poco compatible en un contexto general de descenso del empleo y de la actividad productiva.  En realidad el retroceso se concentró en los salarios  correspondientes a los deciles 1 y 2.
 En 2016 contrastó el nivel salarial medio  correspondiente a la  jornada a tiempo completo, 2.106 euros/mes, con el de la jornada a tiempo parcial, que fue de 734,2 euros/mes. El total de ocupados a tiempo parcial, según la EPA, se eleva a 2,7 millones de trabajadores, el 17,1% del total de asalariados. Dicho  dato revela las peores condiciones de remuneración  de una parte significativa de los empleos asalariados y confirma  que la salida de la crisis, la ganancia de competitividad,  está descansando en las bajas remuneraciones de los nuevos empleos.

  Por ramas de actividad, los salarios mayores correspondieron a actividades financieras (3.127 euros/mes) y  suministro de energía eléctrica (3.076). Los salarios más reducidos fueron los de servicio doméstico (823,2) y agricultura-ganadería-pesca (1.159).Por autonomías, los salarios más elevados fueron los del País Vasco (2.235,2 euros/mes) y Comunidad de Madrid (2.166). Los niveles salariales medios más reducidos en 2016 fueron los de Extremadura (1.513) y Murcia (1.628).
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En 2016 el acceso a una vivienda en alquiler supuso un esfuerzo del 33,3% del salario  para el hogar que obtuviese el salario medio. Sin embargo, dicho esfuerzo se elevó  al 56% para el hogar con ingresos correspondientes al decil número 3 (1.118 euros/mes). Los salarios comprendidos en los deciles 1 a 3 corresponden sobre todo a  los nuevos empleos,  para los cuales el acceso a la vivienda en propiedad o en alquiler privado  resulta poco menos que imposible.

  La participación de los salarios en el PIB a precios corrientes fue del 47,6% en 2016, tres décimas  por debajo de la proporción del año precedente. Dicho descenso parece haber persistido en la primera mitad de 2017. Tal proporción contrasta con la cuota de los asalariados dentro del empleo, cuota  que supera el 80%. El peso de los salarios en el PIB no ha alcanzado todavía el nivel existente al inicio de la crisis, reflejo de la mejor posición lograda por las rentas del capital en el periodo de salida de la crisis.


Una versión este artículo se publicó en la revista digital semanal “El Siglo de Europa” el 24 de noviembre de 2017



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

12 noviembre 2017

EL COSTE ECONÓMICO DEL PROCESO INDEPENDENTISTA CATALAN Julio Rodríguez López

  En los últimos días son frecuentes los análisis del posible coste de las tensiones provocadas por el proceso independentista en Cataluña. Dicho coste dependería en gran parte de la duración del proceso citado. En todo caso, como ya lo ha puesto de manifiesto algún indicador de coyuntura, la incidencia negativa del proceso en cuestión sobre la actividad económica, medida por el PIB, y sobre el empleo, parece asegurada.  No obstante, hay diferencias en las previsiones sobre la intensidad de dicha incidencia.

 Una estimación más destacada acerca del alcance de dicho coste la ha realizado el Banco de España que, en su Informe trimestral de Estabilidad Financiera de noviembre de 2017, ha incluido en un recuadro  el trabajo “El impacto económico de la incertidumbre derivada de las tensiones políticas en Cataluña”. Según  el Banco de España, las incertidumbres en cuestión afectan, en primer lugar,  a las familias, que aplazan las compras de  bienes de consumo duradero y de vivienda.

 En el caso de las empresas  se podría retrasar la realización de nuevas inversiones. Por parte de los bancos se tendería a restringir la concesión de crédito para proyectos de inversión. Además, la bolsa española  ha presentado un comportamiento reciente  más desfavorable  que el registrado por el Euro Stoxx 50, debido sobre todo a la evolución negativa de las cotizaciones bancarias, en especial de las empresas  que tenían su sede en Cataluña.

 La  información coyuntural disponible sobre octubre de 2017 es escasa. Se ha advertido un aumento de las afiliaciones a la seguridad social a todas luces inferior al del mismo mes de 2016. El Banco de España ha realizado simulaciones acerca del efecto que la situación podría tener sobre la actividad y el empleo. En la primera simulación, en la que las tensiones se aplacarían sensiblemente en el primer  trimestre de 2018, la pérdida acumulada de PIB seria de 0,3 puntos porcentuales, reducción que se concentraría en el trimestre final de 2017 y primero de 2018.

 En el segundo escenario, con “riesgo más severo y prolongado”, se supone que los indicadores registrarían variaciones similares a las experimentadas  en el episodio histórico de mayor subida de las incertidumbres. En este caso, el PIB se reduciría en más de 2,5 puntos porcentuales  entre finales de 2017 y de  2019, un 60% del crecimiento previsto para la economía española en ausencia de tales tensiones. Ello supondría una recesión en la economía catalana. De momento se mantienen previsiones de crecimiento del 3,1% para 2017 y del 2,5% para 2018.

  El  trabajo de José Luis Leal “El coste de la independencia”, El País de los Negocios, 5.11.2017, comenta los efectos económicos  que sobre Cataluña podría tener la consecución de tal objetivo. Los más negativos serían los derivados de la aplicación a Cataluña de la tarifa aduanera exterior común,  que encarecería  las exportaciones catalanas  a la UE entre el 3% y el 5%. Para poder competir, salarios y beneficios retrocederían en unos dos puntos porcentuales de PIB. A tales costes se añadirían los derivados de los traslados de sedes sociales fuera de Cataluña. Destacaría, sobre todo,  el problema de la deuda, que en Cataluña asciende a 76.700 millones de euros. Leal concluye que la independencia seria en  lo económico “un desastre” para los catalanes y también, aunque en menor escala, para la economía española. Destaca el déficit de Cataluña en materia de pensiones, 6.700 millones de euros al año.

 La gravedad de las consecuencias potenciales de la  prolongación de dicha tensión  debería llevar a renovar la visión política, a  practicar una dialogo inclusivo, lo que debería de llevar a una España federal incorporada a una Europa federal, multicultural y multilingüista. El futuro de Cataluña está no en una separación brutal, sino en la cooperación dentro de las estructuras federales, en dicha Europa federal“ (G. Vershofstadt, “A federal Spain in a  federal Europe” Social Europe, 6.11.2017).

Una versión de este artículo se publicó en la revista El Siglo de Europa”, 9 de noviembre de 2017.



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

29 octubre 2017

LA CUESTION DE CATALUÑA PUEDE DESESTABILIZAR EL MERCADO INMOBILIARIO Julio Rodríguez López

 La información disponible sobre la evolución del mercado inmobiliario en España durante  los tres primeros trimestres de 2017 describe una situación de expansión y fortalecimiento de la recuperación que se inició en 2014. La expansión ha presentado mayor intensidad en la autonomía de Cataluña. Sin embargo, al tratarse de un mercado con fuerte presencia de inversores, el agravamiento de la crisis política  catalana puede producir cambios relevantes en dicha evolución. El cambio de coyuntura se produciría  en especial en Cataluña, aunque el debilitamiento de la expansión podría también extenderse al resto de España.

  En el mercado de vivienda de España, tras el mínimo nivel de precios alcanzado en la pasada recesión en el primer trimestre de 2014, los precios de la vivienda han aumentado en un 16% hasta el 2º trimestre de 2017. Las ventas de viviendas, según datos de los  notarios, han crecido en más de un 50% entre 2014 y 2017, situándose en un nivel de 540.000 las ventas previstas para  2017. El 17% de las ventas se han realizado a compradores extranjeros.

En el periodo transcurrido entre 2014 y 2017 las viviendas iniciadas, medidas por los visados de obra nueva realizados por los Colegios de Arquitectos Técnicos, se han más que  duplicado. Las previsiones realizadas con datos disponibles hasta julio serian de unas 80.000 viviendas iniciadas  y de unas 56.000 viviendas terminadas en 2017.

  La inversión en vivienda, estimada por la Contabilidad Nacional, podría crecer por encima del 6,5% a precios contantes, con lo que la aportación al crecimiento económico de dicha inversión se podría aproximar a los 0,5 puntos porcentuales en 2017.

En septiembre de 2017 los tipos de interés de los préstamos a comprador de viviendas se han situado en el 1,83%, según datos del Banco de España. Las nuevas concesiones de créditos no asociadas con renegociaciones han  aumentado en un 18,8% sobre el año precedente en enero-agosto. De nuevo las compraventas registradas siguen creciendo por encima de las hipotecas registradas, lo que revela la presencia de inversores entre los compradores en una proporción no inferior al 35%. El papel de los fondos de inversión extranjeros en las nuevas promociones es muy relevante, manteniéndose moderada la concesión de préstamos a promotor por parte de las entidades bancarias.

En un mercado en el que la presencia de inversores extranjeros en las nuevas promociones es trascendente y el de los compradores inversores es decisivo,  un empeoramiento abrupto de las condiciones políticas podría tener efectos muy negativos. En Cataluña, el aumento de precios posterior a 2014  ha superado ampliamente la media nacional (23,8% frente  a 16% en España), el crecimiento de las transmisiones de viviendas también ha superado al de la media nacional entre 2014 y 2017 (65,9% frente a 50%).

La ciudad de Barcelona ha presentado en 2017 los precios más elevados del alquiler de viviendas, circunstancia favorecida por la buena marcha del turismo y por la creciente presencia de los “pisos turísticos”, que han reducido la oferta de los pisos de alquiler tradicionales. El posicionamiento del gobierno autónomo catalán,  al margen de la Constitución de Española de 1978, las imágenes  de violencia del 1º de octubre y la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña, en un  contexto de intensa salida de las sedes de empresas de Cataluña, son eventos relevantes. Dicho proceso  podría afectar de forma negativa  a un mercado con fuerte presencia de inversores extranjeros  entre los oferentes y los compradores. La duda se ha instalado, pues, en el mercado de vivienda catalán y no se limitará a dicha autonomía.

Este artículo se publicó en la revista digital “El siglo de Europa” de 27 de octubre de 2017





[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

EL LARGO OCTUBRE DE CATALUÑA Julio Rodríguez López

  El mes de octubre no ha  podido resultar más accidentado en Cataluña y España. A un confuso amago de referéndum, convocado al margen de la legalidad española y mal gestionado por el gobierno, sucedió un martes de huelga general en Cataluña (“paro de país”).  En la misma noche del martes 3 de octubre  el rey de España hizo una descripción dramática de la situación y pidió se restableciese el orden constitucional. Después de dicha fecha son frecuentes las noticias de empresas que anuncian el cambio de su sede social desde Cataluña a otras autonomías.

La secesión  de Cataluña respecto de  España implica la salida de dicha región de la Union Europea. De este modo, los bancos con sede en Cataluña quedarían sin un Banco Central detrás, esto es, sin un prestamista en última instancia, que ahora les aporta liquidez en condiciones excepcionales. También supondría la salida de los bancos  del Fondo de Garantía de Depósitos. A las anunciadas salidas de los bancos Sabadell y Caixabank han sucedido noticias de deslocalización de otras empresas importantes, entre las que destacan, por su relevancia en Cataluña, Gas Natural y Aguas de Barcelona.

Un reciente trabajo de Paul de Grauwe (“Catalonia and Brexit: The same nationalism”, Social Europe, 6.10.17) equipara el nacionalismo catalán con el que en el Reino Unido llevó a que saliera adelante el Brexit, esto es, la salida de dicho país de la Unión Europea. Tal  nacionalismo se apoya en unos cuantos mitos: primero, es necesario que exista un enemigo externo, que sería España en el caso de Cataluña. En segundo lugar, el pueblo en lucha tiene, según los dirigentes, una identidad claramente definida. Los  políticos deben de escuchar el deseo del pueblo. Debe de haber una sola voz, no dejando margen para las voces opositoras.

 El tercer mito es que la independencia generará mayor prosperidad. La toma del control de los medios por parte del pueblo llevará a lograr el mayor de los desarrollos. Sin embargo,  la globalización socava la soberanía nacional. Las multinacionales  provocan mayores  reducciones  de impuestos en países de Europa que  cuando tales países actúan de forma coordinada. Importan más las barreras no arancelarias que las arancelarias. Los estándares los establecen países como Estados Unidos, China y la Unión Europea. La ganancia de soberanía es formal, con lo que de hecho disminuye la soberanía  real del país que actúa en solitario.

En Cataluña existe una fuerte confusión acerca de la política que adoptaría el gobierno de la nueva nación, a la vista de la heterogeneidad de las fuerzas políticas que integran la actual mayoría parlamentaria. Está teniendo lugar un cierre de filas del poder económico y financiero ante los sucesos políticos que se vienen produciendo, tanto por la ruptura flagrante y provocativa con la normativa española como por la evidencia de que se quiere obtener el poder a partir de la presión de la gente desde la calle. Las empresas sienten incertidumbre ante el marco jurídico que se avecina en caso de lograr Cataluña la  independencia, lo que perjudica la inversión.

Un editorial de La Vanguardia (7.10.17) ha subrayado que no es de recibo  que los máximos responsables de las finanzas públicas catalanas  se hayan limitado a minimizar el impacto de los traslados de empresas, en lugar de dar explicaciones sobre lo que está sucediendo.
 La independencia de Cataluña podría llegar a ser un “shock” de magnitud superior al más duro de los “brexit” y ello por la salida inmediata  de la Unión Europea que la declaración de independencia de Cataluña podría producir. Pero el uso de la fuerza para impedir la independencia  favorecería a  los separatistas y podría traer calamidades sobre España, Cataluña y la UE (W. Munchau, “A Catalán breakaway would make Brexit look like a cake walk”, FT, 9.10.2017)

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa el  6.10.2017.



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la crisis

23 septiembre 2017

LA CRISIS INMOBILIARIA QUEDÓ ATRÁS. LA BURBUJA ACECHA Julio Rodríguez López

 En el segundo semestre de 2017,  junto a la recuperación de la tasa de crecimiento del PIB, destaca la tendencia al alza que han presentado los indicadores del mercado inmobiliario. Al igual que la expansión de este mercado entre 1997 y 2007 fue la más acusada de las registradas por la economía española, la recesión posterior a este último año fue también intensa. En 2017 ha reaparecido  la expresión “burbuja inmobiliaria”, que   había estado arrumbada durante una temporada. 

 El aumento intertrimestral del PIB de la economía española en un 0,9% en el segundo trimestre de 2017 ha permitido que dicha magnitud alcance  el nivel del inicio de la crisis,  el del segundo trimestre de 2008.  Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de que, de haber seguido creciendo en el periodo 2008-2017 a un moderado ritmo anual del 2%, en 2017 el PIB superaría en casi un 20% al nivel real alcanzado en este ejercicio.

Además, si bien se ha llegado al nivel de actividad previo a la crisis, el empleo sigue distante de los niveles de ocupación  alcanzados en dicha etapa. En el segundo trimestre de 2017  los 18,8 millones de empleos existentes están casi un 10% por debajo de los correspondientes al mismo trimestre de 2008, según la EPA del INE. Lo anterior implica que  hay por encima de dos millones de empleos menos que en el periodo de referencia. La crisis  iniciada en el verano de 2007 no ha dejado de pasar una pesada factura.   

  Como sucede con el PIB, el mercado de vivienda ha tomado fuerza en 2017. Al igual que la fase de expansión 1997-2007  fue la más dinámica de cuantas ha presentado el mercado de vivienda en España, la recesión acaecida entre 2007 y 2013 fue también acusada. Tras aumentar en casi un 200% entre 1997 y 2007, los precios de las viviendas disminuyeron en un 37%  entre 2007 y el primer trimestre de 2014.  

  Junto a la caída de los precios, destacó asimismo la disminución de las ventas de viviendas, que retrocedieron en un 68,5% entre 2006 y 2013, resultando espectacular  la caída de las de nueva construcción, que disminuyeron en un 86,2% en el mismo periodo. La abundancia de daciones en pago entre promotores y bancos  es posible que atenuase la incidencia real de dicho retroceso de las ventas.

Hubo dos indicadores que reflejaron con mayor intensidad el desplome del mercado de vivienda posterior a 2007. El primero fue el relativo a la nueva construcción de viviendas. Mientras que en 2006 se iniciaron 865.600 viviendas según los visados de los Colegios de Arquitectos Técnicos, en 2013 dichas iniciaciones no pasaron de 34.300. Dicha evolución supuso una disminución de las viviendas iniciadas en un 96%, siendo la de 2013 la menor cifra anual  desde que se dispone de datos de viviendas iniciadas.

  El segundo indicador  que mejor reflejó la situación deprimida del mercado de vivienda fue el del stock de viviendas terminadas y no vendidas. Según la estimación realizada por el Ministerio de Fomento, en 2009 dicho  stock se aproximó a las 650.000 viviendas, superándose las 100.000 en la Comunidad Valenciana.  Una vez recuperado el mercado de viviendas, a fines de 2016, todavía quedaban casi 500.000 viviendas de nueva construcción no vendidas. En la presente etapa de recuperación, no es raro encontrar nuevas promociones de viviendas próximas a bloques de viviendas sin vender  construidas en la pasada expansión.  El afán por construir vuelve con bríos renovados

 Desde el primer trimestre de 2014, precios y ventas de  viviendas no han dejado de recuperarse, destacando el 16% de aumento alcanzado por los precios frente a unos precios de consumo que aumentan levemente y unos salarios que más bien siguen bajando . Lo sucedido  entre 2007 y 2013 revela que el mercado de vivienda en España no es inmune  a las etapas bajistas que afectan a otros sectores de la economía española.

De nuevo se están comprando viviendas ante la expectativa de subidas de precios, de nuevo reaparecen los pequeños promotores alimentados por créditos bancarios y que construyen  sin conocer bien la demanda, todo lo cual confirma que no es imposible que pueda repetirse una nueva burbuja.

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital semanal “El siglo de Europa” el 16 de septiembre de 2017





[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a  la Crisis

03 septiembre 2017

VERANO DE 2017: 10 AÑOS DEL INICIO DE LA CRISIS Julio Rodríguez López

  En julio y agosto de 2017 se cumplen diez años del inicio de la crisis que asoló buena parte de las economías occidentales a  partir de dicha fecha. Tras un largo periodo de recesión posterior a 2007, la economía mundial  inició una recuperación moderada en 2014, que aparece fortalecida en 2017. La economía española ha sufrido tales altibajos con intensidad. Las consecuencias sociales y  políticas de la recesión no han terminado de superarse.
Entre julio y agosto de 2007 trascendió que algunos fondos de inversión de Estados Unidos no podían hacer frente a los vencimientos de principal e intereses.  Algunos bancos de inversión de dicho país y del Reino Unido encontraron serias dificultades para captar recursos en los mercados de capitales.

En Estados  Unidos se habían titulizado créditos fallidos  por una cuantía de 500.000 millones de  dólares. El problema de dichos préstamos hipotecarios se extendió por todo el mundo a partir de los mercados de capitales. La quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers confirmó el profundo carácter de la crisis en septiembre de 2008.

España era un país tomador de financiación en los mercados de capitales. El problema de los préstamos hipotecarios fallidos norteamericanos se sufrió con escasa intensidad. Pero el nivel alcanzado por los préstamos hipotecarios a  promotor inmobiliario, que habían llegado a suponer el 30% del PIB, provocó serios problemas de morosidad, de falta de solvencia y de liquidez en el sistema bancario,  y de forma especial, pero no exclusiva,  en las cajas de ahorros. La primera intervención de una caja de ahorros se produjo en 2009 (Caja de Castilla-La Mancha) y hasta 2012 tuvo lugar un intenso  proceso de bancarización y concentración  de las cajas de ahorros, proceso dirigido por el Banco de España..

 Después de 2007, la economía española se desaceleró en 2008, a lo que sucedió un largo periodo de  cinco años de descenso del PIB, a una media anual próxima al 2%. El periodo 2014-17 ha sido de recuperación. A pesar del cambio de ciclo, en el segundo  trimestre de 2017 el PIB de España ha alcanzado el nivel máximo correspondiente al  2º trimestre de 2008. El nivel de empleo EPA era inferior en un 10,%, esto es, en 2017  todavía hay 2,1 millones de empleos menos que a la llegada de la crisis.

En la economía española de 2017 la presencia del sector de la construcción está  muy por debajo de la alcanzada en 2007.  El peso de la inversión en vivienda dentro del conjunto de la construcción está lejos de los altos niveles de 2007. Lo más positivo de 2017 es la mayor relevancia del resto del mundo en la demanda. Así, las exportaciones suponían el 25,7% del PIB en 2007, mientras que superan el 33% en 2017. Frente al elevado déficit corriente de España frente al resto el mundo en 2007, en 2017 dicha economía tendrá un superávit exterior equivalente al  1,7% del PIB.

Se ha entrado en una etapa de recuperación cíclica, pero se advierten las consecuencias devastadoras de la recesión comprendida entre 2009 y 2013. El brutal aumento de las desigualdades, la reducción del alcance del estado bienestar, la fuerte reducción del poder de compra salarial se dejan sentir. La sensación de inseguridad es todavía muy amplia en los hogares. El escenario político ha sufrido cambios significativos. La democracia liberal de los últimos 50 años está pasando por momentos difíciles. En todo ello ha tenido  bastante que ver la crisis.  

Nunca debió dejarse que se desarrollara un periodo tan prolongado de burbuja inmobiliaria. La t autoridad supervisora debió hacer algo por frenar un proceso tan prolongado de intensa actividad constructora de viviendas. Las consecuencias negativas  han superado ampliamente a las ventajas de la fase previa de expansión. En el futuro, la política económica debe de actuar para moderar las excesivas fluctuaciones cíclicas del mercado inmobiliario.

Una versión de este articulo se publicó en la revista semanal El siglo de europa", de 3 de septiembre de 2017







[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

06 agosto 2017

EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.DE LA CRISIS A UNA NORMALIZACION GRADUAL Julio Rodríguez López


            En 2017 se cumplen diez años del inicio de la crisis financiera mundial y cinco años del rescate del sistema financiero español, acordado entre el gobierno y las autoridades europeas. El “cenit” de la crisis financiera tuvo lugar en septiembre de 2008, coincidiendo con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers. El momento más delicado de la crisis para el sistema financiero español tuvo lugar en mayo de 2012, coincidiendo con la dimisión forzada de Rodrigo Rato  como presidente de Bankia-BFA.

El sistema bancario mundial ha resultado seriamente afectado por la crisis. La transformación  ha incidido sobre su dimensión, así como  sobre  su estructura y funcionamiento. Esta evolución ha tenido lugar en gran parte por haber actuado como factor desencadenante de la crisis y también por la profunda influencia que sobre el mismo están ejerciendo las nuevas tecnologías. Estas últimas permiten  el acceso al negocio bancario, en toda su escala, a empresas hasta ahora ajenas al negocio financiero.

En el caso del sistema financiero español, la crisis y la posterior desaparición práctica de las cajas de ahorro como entidades de crédito ha sido uno de los aspectos más relevantes. Todas las cajas están ahora integradas en grupos bancarios o han sido absorbidas por bancos. Tales entidades habían llegado a alcanzar en 2007 una dimensión equivalente al 50% del sistema bancario español, a la vez que desarrollaban una intensa actividad sociocultural a través de la parte de los beneficios asignados a la Obra Benéfico-Social.

La actividad de las cajas, cuyo origen ideológico se encuentra en la Ilustración,  se desarrolló en España durante algo menos de dos siglos. En su origen estuvo el intento de luchar contra  la exclusión bancaria y  de destinar  sus beneficios a actividades sociales. En principio, el carácter fundacional de las cajas de ahorros y la supervisión compartida de las mismas entre las comunidades autónomas y el Banco de España complicaron la solución a los serios  problemas aparecidos  a partir de 2007.

En 2009 se produjo la primera de las intervenciones de entidades derivadas de la crisis, concretamente la correspondiente a la Caja de Castilla-La Mancha. Se puso de manifiesto entonces la fuerte concentración crediticia producida en la fase previa de “burbuja” en el segmento inmobiliario (promotor, constructor y comprador), que superó en 2007 el 60% del conjunto del crédito al sector privado y se aproximó al 100% del PIB.

Las entidades de crédito, en especial las cajas, apelaron masivamente a la captación de recursos en los mercados de capitales, véase préstamos de bancos europeos, sobre todo alemanes, ante la imposibilidad de atender dicha demanda por medio de los depósitos bancarios. Esta circunstancia complicó el ajuste provocado por el pinchazo de la burbuja en el mercado inmobiliario.

 Después de 2007 se produjo  asimismo  un crecimiento importante de la morosidad bancaria, en especial en los créditos a promotor inmobiliario,  y resultaban evidentes los problemas de solvencia y de liquidez en amplios segmentos del sistema bancario español.  Tales problemas se habían acentuado más en las cajas, pero no se habían limitado en exclusiva a dichas entidades. Las cajas también acusaron  su presencia en la financiación de  proyectos  nunca justificables de impulsar mediante préstamos bancarios, circunstancia derivada de la presión de las comunidades autónomas, que había asumido  su tutela  tras la aprobación de la Constitución de 1978 y de los respectivos Estatutos de Autonomía.

  Desde 2009, los primeros intentos de reforma  atendieron sobre todo al cambio de los estatutos de las cajas, reduciendo el nivel de politización de los órganos de gobierno de las mismas. Desde el inicio, en especial desde el Banco de España,  se trató de impulsar la fusión de las cajas de ahorros, lo que  evitó profundizar más en los problemas reales y en buscar salidas a los mismos. La necesidad de mayores niveles de capital resultó evidente a partir de 2009

 Además de las fusiones, se realizó desde el Banco de España, de acuerdo con el Frob (órgano creado en 2009 para facilitar la concentración o resolución de las entidades bancarias), un proceso de bancarización, a través de la figura de los SIP (sistema institucional de protección) y de las mayores exigencias de capital a las cajas de ahorros,  todo lo cual condujo a la transformación  en bancos de dichas entidades.

En el verano de 2012 se solicitó ayuda a la Unión Europea, a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad),  para capitalizar el conjunto del sistema financiero español. Dicha ayuda, obtenida tras la firma de un “Memorándum de Entendimiento”  con las autoridades europeas, consistió en la apertura de una línea de crédito de 100.000 millones de euros, de los que se emplearon unos 42.000.

La concesión de la ayuda en cuestión  estuvo acompañada de un programa de asistencia financiera y  por una modificación importante en la normativa bancaria española. El Memorándum no se aprobó ni pasó por las Cortes españolas, mientras que si lo hizo por los parlamentos de los países de la Eurozona.

 Se forzó por las autoridades europeas la creación de un “banco malo”, Sareb, que adquirió activos inmobiliarios  deteriorados, por un importe superior a los 50.000 millones de euros,  a los bancos que habían recibido algún tipo de ayuda pública para subsistir. El Frob suscribió el 45% de los recursos propios de Sareb, y el resto del capital se distribuyó entre  otras entidades bancarias y no bancarias, correspondiendo la mayor participación, tras el Frob, al Banco de Santander. La creación  y la actuación inicial de Sareb se  efectuaron al final de 2012 y primeros meses de 2013.Sareb está desempeñando un papel importante en la reactivación del mercado de vivienda, aunque no está lejos de la necesidad de  ampliar sus recursos propios.

Como consecuencia del proceso de saneamiento  y de las inyecciones de capital público el gobierno español llegó a controlar una parte significativa del sistema bancario, en torno al 18% del conjunto de la cartera bancaria de préstamos. Diez instituciones habían sido “resueltas” y el número de cajas de ahorros se redujo a ocho, cuando eran 45 al inicio de la crisis.

Tras la intensa consolidación de las cajas de ahorros, al inicio de 2017  quedaban en España 14 instituciones significativas, dentro de un total de 123 entidades de depósito, que  incluye bancos y cajas rurales. Dentro de dicho total se incluían dos grupos bancarios de carácter internacional, Santander y BBVA; tres grupos  de ámbito nacional de tamaño intermedio (Sabadell, Popular y Bankinter); siete grupos resultantes de la consolidación de cajas de ahorros (Caixabank, Bankia-controlada por el Frob-, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Banco Mare Nostrum (BMN) –también controlado por el Frob-; Abanca, resultante de la compra de la entidad derivada de la  fusión de las dos cajas gallegas por parte de un grupo bancario venezolano, Banesco,  y Cajamar, un grupo cooperativo.

En junio de 2017 el Banco Popular ha sido adquirido a un precio simbólico  por el Banco de Santander, tras el acuerdo de la Junta Única de Resolución de la Union Bancaria. El Santander deberá hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para satisfacer los requisitos de solvencia derivados de la absorción del Popular. También está prevista (se ha aprobado en junio de 2017 la fusión por parte de los respectivos consejos de administración) la absorción de la entidad BMN por parte de Bankia a fines del año 2017. Las antes citadas 14 instituciones significativas quedarán así  reducidas  a doce a fines de 2017. 

Como puede observarse, la principal consecuencia del proceso citado ha sido la intensa reducción del número de bancos. Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran en España  cerca del 80% de los activos  (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Destaca  la cuota del 27% correspondiente al Santander. Está por ver si dicha concentración  puede afectar al grado de competencia interna existente dentro del sistema bancario español.

Además de la reducción citada del número de bancos, ha sido significativa la disminución del número de oficinas y de las plantillas bancarias, descenso situado en torno al 30%, y que ha dado lugar a que zonas importantes del territorio español se hayan quedado sin ninguna sucursal bancaria en su entorno.  El adelgazamiento  se ha advertido asimismo en la evolución del crédito bancario.  En 2007 el crédito al sector privado suponía el 162,9% del PIB, relación que en 2017 puede situarse por debajo del 108%.  El crédito hipotecario ascendía en 2007 al 94,3% del PIB, participación que en la primera mitad de 2017  ha retrocedido hasta el 54,5%.  
El saldo vivo del crédito al sector privado  ha descendido en cada uno de los años del periodo comprendido entre 2008 y 2017. El retroceso del saldo vivo de crédito ha sido compatible con la reactivación de las nuevas concesiones de crédito. Ello implica que las nuevas formalizaciones de crédito han sido inferiores a las amortizaciones  realizadas de la cartera de préstamos.

Según ha informado  el Banco de España, el coste del ajuste bancario, hasta diciembre de 2015, ha sido de 60.612 millones de euros, correspondiendo 39.542 millones al Frob y 21.071 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. Dicho concepto de coste no incorpora las perdidas soportadas por los antiguos accionistas, ni por los tenedores de preferentes y deuda subordinada. Tales pérdidas fueron consecuencia del acuerdo de asistencia financiera firmado por el gobierno español con el MEDE.

 En noviembre de 2012,  gobierno, comisión y entidades de crédito pactaron el ajuste a aplicar a los tenedores de deuda subordinada.  Las perdidas asignadas a las participaciones preferentes y a las obligaciones subordinadas  redujeron el coste del ajuste para el contribuyente. Esta actuación afectó a los inversores minoristas y provocó un amplio malestar social, puesto que dichos valores se habían vendido con engaño  como sustitutos de depósitos a plazo. Se ha estimado que los poseedores de preferentes y otros títulos equivalentes capitalizaron la banca por una cuantía aproximada de 15.000 millones de euros.
Desde noviembre de 2014 se ha puesto en marcha la Unión Bancaria Europea. Ello  ha supuesto el traspaso de una parte sustancial de las competencias del Banco de España al Banco Central Europeo, dentro del cual  existen los  mecanismos únicos de Supervisión, Regulación y Resolución. 

El negocio bancario se ha desarrollado en los últimos años en un contexto sumamente endurecido, destacando la competencia de otras entidades no bancarias en todos los segmentos de dicho  negocio. Además, el contexto de bajos tipos de interés ha reducido el margen de intereses, que es el  principal componente de la cuenta de resultados. Existen, por otra parte, segmentos de actividad que requieren la presencia de un banco  o agencia pública que favorezca el desarrollo de dichos segmentos de actividad (Pymes, viviendas sociales de  alquiler).

Se ha apreciado una evidente disparidad entre la resolución del Banco Popular y su adquisición por el Santander y la práctica seguida en el caso de los bancos  italianos Veneto Banca y Banca Populare de Vicenza. La resolución del Popular y su venta se decidieron a nivel europeo. Sin embargo, en el caso italiano no se aplicaron las mismas reglas. El gobierno italiano inyectará unos 17.000 millones de euros para impedir que los bonistas senior, una especie de preferentistas, lo pierdan todo, además de ceder al mayor banco italiano, Intesa San Paolo, solo los activos “buenos” de ambos bancos.

En este caso no ha habido una aplicación efectiva del mecanismo único de resolución del BCE. A dicho mecanismo le esperan retos mayores. Intesa San Paolo tiene una dimensión inferior al Santander.  A falta de bancos potentes que asuman los riesgos, se podría decir que no existe todavía un mecanismo único de resolución consolidado en la Unión Bancaria.

La transición posterior a la crisis no ha terminado en el sistema bancario español. Desde el gobierno debe de impedirse una concentración bancaria superior a la existente, en especial en los  cinco grupos bancarios de mayor dimensión. También resulta conveniente  la presencia de un segmento público del sistema bancario para apoyar  actuaciones precisas para la economía española. Debe de impedirse la desaparición de las Cajas Rurales. En las reclamaciones de los clientes bancarios, las resoluciones del Banco de España deben de tener carácter obligatorio para los bancos. La política, desde el gobierno y el Congreso de los Diputados, tiene que mejorar numerosos aspectos del sistema bancario, necesitados de una mayor  transparencia e información  en general, como se ha puesto de manifiesto en la crisis del Banco Popular.

Una versión de este artículo se publicó en la revista mensual “Temas para el debate”, número 273-274, agosto-septiembre de 2017




04 julio 2017

POR UN INDICE DE PRECIOS DE ALQUILER Julio Rodríguez López

  En 2017 el mercado de vivienda está experimentando en España  una reactivación reforzada respecto de los dos años precedentes. Para analizar lo que sucede en dicho mercado hacen falta datos. En materia de precios de venta y de viviendas vendidas y construidas se dispone de información. En materia de alquileres, la información resulta bastante más escasa, situación que debe de superarse.

El problema  del acceso se acentúa en las grandes áreas metropolitanas: “Una parte significativa de la población de Barcelona siente que está perdiendo el acceso a una vivienda digna y teme verse desplazada lejos de su barrio o de su centro de trabajo” (Manel Pérez, “Tempestad sobre Barcelona”, La Vanguardia, 25.6.2017.

Tampoco es optimista el panorama en otros países europeos, caso del Reino Unido: “Mas de un millón de hogares que residen en viviendas privadas de alquiler corren el riesgo de quedarse sin vivienda (“homeless”) a causa de los crecientes alquileres, la reducción de las ayudas públicas y la falta de viviendas sociales”· (Toby Helm, “Housing crisis threatens a million families with eviction by 2020”, The Guardian, 24.6.2017).

En España, en cuanto a alquileres, solo se dispone de información reciente sobre el número de hogares que viven de alquiler, unos 3.200.000 (713.200 en Cataluña y 588.200 en la Comunidad de Madrid), según la Encuesta Continua de Hogares del INE. Se dispone además de una estadística trimestral  del Poder Judicial relativa al número de lanzamientos judiciales efectuados por los Tribunales Superiores de Justicia, dentro de los cuales se incluyen los derivados del impago de alquileres (incumplimiento LAU).

En el primer trimestre de 2017 el 56,4% de todos los lanzamientos judiciales  se produjo por este último motivo, destacando asimismo el carácter creciente de dicha magnitud (36.200 es la previsión para 2017 de mantenerse el ritmo del primer trimestre).

El “Observatorio  de Vivienda y Suelo, Boletín Anual 2016”, del Ministerio de Fomento, dice en la página 50: “Al no existir estadísticas oficiales sobre los precios de alquiler…se incluyen los precios por metro cuadrado de venta y alquiler…del portal inmobiliario FOTOCASA”.  Pero ¿porqué no existen fuentes estadísticas oficiales sobre los precios del alquiler? 

Además, los precios de los portales inmobiliarios no  corresponden a los precios transaccionados, esto es, a los alquileres efectivamente pagados, sino a  los precios de oferta incluidos en los anuncios por los arrendadores. Estos  precios, con frecuencia, superan a los efectivamente acordados en los contratos de alquiler.

  El Instituto Nacional de Estadística (INE)  publica cada mes, junto al Índice de Precios de Consumo y sus principales componentes, una “rubrica” denominada “Viviendas en Alquiler”. En la etapa de descenso de los alquileres  comprendida entre 2007 y 2014, los precios de alquiler de Fotocasa cayeron en un 30%,  mientras que la rúbrica citada del IPC registró una subida del 7,4%. Entre 2014 y 2017  el aumento acumulado de los alquileres según Fotocasa, se aproxima al 20%, mientras que la rúbrica en cuestión  tan solo ha crecido un 0,83%.Se trata, pues, de una estadística de nula utilidad.

Un mínimo conocimiento del mercado de alquiler exigiría disponer de información estadística adicional a la de los precios (superficie, carácter amueblado o no del inmueble objeto de alquiler, ubicación). El dato de  los alquileres efectivamente pagados, esto es, el precio de los alquileres,  es el más relevante dentro del mercado en cuestión.

Las tensiones provocadas por los alquileres turísticos, la casi total ausencia de ayudas estatales al alquiler, la evidencia de un malestar derivado del problema del acceso justifican que deba conocerse mejor la realidad del mercado de alquiler. Debe de superarse la carencia de “fuentes estadísticas oficiales” señalada por el propio Ministerio de Fomento.

Una versión de este artículo se publicó el 30 de junio de 2017 en la revista “El Siglo de Europa”






[1] JRL es  Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis

19 junio 2017

ADIOS AL BANCO POPULAR. UNA DECISION DE MADRUGADA Julio Rodríguez López

El  sistema bancario español sufrió una importante sacudida en la segunda semana de junio de 2017. Una vez confirmado que el Banco Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio, los acontecimientos se precipitaron en la noche del martes   al miércoles. El Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) actuó de forma  contundente tras  haber sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) de que el Banco Popular corría riesgo de quiebra. Se amortizaron  las acciones, así como toda la  deuda subordinada y los  bonos convertibles del Banco Popular. La intervención del BCE fue breve, duró el tiempo necesario para traspasar el saldo restante del Popular  al Banco de Santander, único oferente en firme,  a cambio de un euro.

 El Banco de Santander informó  que durante el mes de julio de 2017  efectuaría una ampliación de capital por importe de 7.000 millones de euros para hacer frente a la absorción del Popular. También  avisó a los clientes  del Popular que podían seguir operando con dicho banco desde el mismo día 7 de junio.

 El último presidente del Popular, Emilio Saracho, había comentado en público  que había que volver a estimar el alcance de las provisiones necesarias respecto de los activos problemáticos de dicha entidad (créditos morosos y activos reales del balance). Esta declaración  no supuso precisamente  un estímulo a posibles compradores bancarios de la entidad. En una semana el valor de las acciones del Popular se redujo en un 50%. Los días pasaban y el proceso de descapitalización parecía no tener fin. Se intensificó  a la vez la retirada de dinero de las cuentas corrientes, operación ahora facilitada por la banca informática. .

 En todo caso,  sorprendió la velocidad a la que sucedieron los pasos que llevaron a la extinción del Banco Popular  y de su simbólica compra  por el Santander. La operación descrita ha reforzado  la concentración existente en el sistema bancario español. Tras los ajustes de 2012-13, quedaban en España unos 13 grupos bancarios: dos de carácter internacional (Santander y  BBVA), tres de tamaño intermedio (Popular, Bankinter y Sabadell) y otros siete resultantes del proceso de consolidación de las  anteriores cajas de ahorros (Caixabank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN y Liberbank).

 Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran el 76% de los activos  (Santander, BVBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell), destacando la cuota del 27% correspondiente al Santander. La operación del Popular  se ha presentado como una actuación perfecta, por aquello de no haber supuesto gasto público. Pero la realización de la misma implica la realidad de fuertes pérdidas de capital para un número importante de accionistas y  de propietarios de deuda “junior”, por no hablar del destino incierto de los 15.000 empleados del Popular.

En junio de 2016 el Banco Popular había realizado una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Al realizar  dicha operación el Popular debió aportar información a los nuevos suscriptores, contenida en el correspondiente folleto, que no debió ser muy exacta.  El auditor había enviado señales de que  algo no iba bien,  con motivo de las cuentas de 2016. Por otra parte llama la atención el aviso del Popular de que no disponía de  liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio (¿Para qué están los supervisores?). 

Además, el Popular había superado los últimos  “stress-tests”” realizados por  la Autoridad Bancaria Europea, lo que pone en cuestión la calidad de tales pruebas. Sorprende que la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, hubiese advertido públicamente en fechas recientes  de la probable resolución del Popular en el caso de no encontrar comprador. Dicho  aviso no era  una invitación a compradores.

No fueron, pues, solo las cajas de ahorros las entidades que cometieron excesos en la etapa de la burbuja. También  hubo excesos en la banca, donde el Popular entró en el negocio inmobiliario cuando los restantes bancos huían del mismo. La relativa tranquilidad por la que ha atravesado el sistema bancario español después de 2013  ha sufrido un cierto “shock” con la reciente quiebra del Popular.

 Es posible que a partir de ahora los accionistas bancarios serán más cautos.  De momento se  ha complicado la vida a Liberbank, cuyas acciones han descendido abruptamente de precio en la última semana.  Está por ver si el citado Mecanismo de Resolución emplea una dureza equivalente con alguna que otra entidad bancaria  problemática de las que todavía quedan en Italia y Portugal.

Artículo publicado en la revista El Siglo de Europa el 16.6.2017




[1] JRL es vocal del consejo superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

08 junio 2017

LA ECONOMIA EN EL PROGRAMA DEL GANADOR DE LAS PRIMARIAS DEL PSOE Julio Rodríguez López

 Pedro Sánchez,  claro ganador de las elecciones  primarias del PSOE a la secretaria general  recientemente celebradas, se presentó a las mismas con  un documento denominado  “Por una nueva socialdemocracia”, en el que la economía tiene un peso destacado. La atención prestada al mercado de trabajo, la defensa de una política presupuestaria expansiva, la necesaria realización de una amplia reforma fiscal,  son  aspectos relevantes del apartado económico de dicho documento.

  El capítulo dedicado de forma más específica a la economía  es el denominado “Los grandes retos estratégicos sociales y económicos”. Dentro del mismo la cuestión del empleo resulta ampliamente tratada. Junto a la apuesta por el pleno empleo y  por la necesidad de crear empleos de calidad, con remuneración apropiada, el documento propone  derogar la reforma laboral del Partido Popular, reforma que tiene una clara incidencia  en la situación económica española actual.

  Se pretende preservar la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Se propone  elevar el salario mínimo interprofesional desde los 707,6 euros/mes (14 mensualidades) a 1.000 euros en  el año 2020. El documento defiende  la realización de políticas  activas de empleo, llevándolas hasta el nivel local. Se  defiende la aproximación a una “Renta Básica Universal”, arrancando del Ingreso Mínimo Vital. Por medio de un Impuesto Negativo sobre la Renta se pretende aproximar de forma gradual  a un mínimo  garantizado para cada persona,  dirigiéndolo  hacia  un plan efectivo de choque contra la pobreza.


.La enérgica defensa del Estado Bienestar por el documento exige el desarrollo de políticas económicas generales que impulsen el progreso económico. Se subraya el fracaso de las políticas de austeridad promovidas desde la Union Europea, donde subsiste una  cierta tensión entre países acreedores y deudores. Se  destaca la conveniencia de realizar en dicha área económica un impulso fiscal que complemente la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo,  a la que le queda un recorrido de poco más de un  año. Por cierto, no parece que  el descenso que en su día se hará del fuertemente aumentado balance de dicho banco central  vaya a tener lugar de una forma abrupta.

El documento critica la defensa que se hace de “rebajas fiscales extensivas” si se quiere efectuar una mejora sustancial de las prestaciones sociales comprendidas en el Estado Bienestar. De ahí que se defienda una fuerte reorientación de la política fiscal, impulsando la realización de reformas sustanciales en algunos impuestos.

 En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se trata de lograr un tratamiento más homogéneo de las rentas del trabajo y del capital. Se habla de redefinir el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la riqueza, que está siendo objeto de controversias  crecientes por las profundas disparidades de los tipos impositivos empleados en este tributo, así como en el de Sucesiones, entre las Comunidades Autónomas. También se defiende la reforma del Impuesto sobre Sociedades, eliminando  los distintos tratamientos especiales de que es objeto este tributo. Se pretende acabar  asimismo con las amnistías fiscales.

 La política expansiva que se configura en el documento se pretende situarla  dentro de la esfera comunitaria, defendiéndose niveles de inversión más elevados que los ahora comprendidos en el “Plan Juncker”. La mejoría que está teniendo lugar en las tasas de crecimiento de la Unión  favorecería la realización de una política economica más ambiciosa. El Banco Europeo de Inversiones sería una pieza básica de dicha estrategia inversora.

El documento mantiene una estrategia expansiva respecto de la inversión y  apuesta por los cambios precisos en el modelo  productivo favorables a la industrialización. Sin embargo subraya  su preocupación por  el nivel elevado de la deuda, tanto pública como de empresa y  de los hogares. Se muestra hostil ante una tendencia de continuo crecimiento de la deuda, puesto que ello “afecta a la economía global en general y a España en particular”.

 Se alude, sin precisión, a la creación de un sector de Banca Pública y otro de Banca Cooperativa y Social. Aquí se echa en falta algo más de conexión del texto  con la situación española presente en el tema bancario, situación que se ha hecho más complicada con la crisis del Banco Popular.

La defensa de una política fiscal expansiva, la ubicación de la política económica dentro de un proyecto europeísta, la atención al equilibrio presupuestario, la realización de una amplia reforma fiscal, la abolición de la reforma laboral del gobierno Popular, y el deseo de frenar el aumento continuado de la deuda son algunos de los rasgos más destacados del documento. Este se sitúa, sin duda, en un  terreno de socialdemocracia avanzada, muy oportuno tras el duro quinquenio de gobierno Popular.

Una versión de este trabajo se publicó en la revista digital ·El Siglo de Europa” el 2 de junio de 2017.






[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis