06 agosto 2017

EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.DE LA CRISIS A UNA NORMALIZACION GRADUAL Julio Rodríguez López


            En 2017 se cumplen diez años del inicio de la crisis financiera mundial y cinco años del rescate del sistema financiero español, acordado entre el gobierno y las autoridades europeas. El “cenit” de la crisis financiera tuvo lugar en septiembre de 2008, coincidiendo con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers. El momento más delicado de la crisis para el sistema financiero español tuvo lugar en mayo de 2012, coincidiendo con la dimisión forzada de Rodrigo Rato  como presidente de Bankia-BFA.

El sistema bancario mundial ha resultado seriamente afectado por la crisis. La transformación  ha incidido sobre su dimensión, así como  sobre  su estructura y funcionamiento. Esta evolución ha tenido lugar en gran parte por haber actuado como factor desencadenante de la crisis y también por la profunda influencia que sobre el mismo están ejerciendo las nuevas tecnologías. Estas últimas permiten  el acceso al negocio bancario, en toda su escala, a empresas hasta ahora ajenas al negocio financiero.

En el caso del sistema financiero español, la crisis y la posterior desaparición práctica de las cajas de ahorro como entidades de crédito ha sido uno de los aspectos más relevantes. Todas las cajas están ahora integradas en grupos bancarios o han sido absorbidas por bancos. Tales entidades habían llegado a alcanzar en 2007 una dimensión equivalente al 50% del sistema bancario español, a la vez que desarrollaban una intensa actividad sociocultural a través de la parte de los beneficios asignados a la Obra Benéfico-Social.

La actividad de las cajas, cuyo origen ideológico se encuentra en la Ilustración,  se desarrolló en España durante algo menos de dos siglos. En su origen estuvo el intento de luchar contra  la exclusión bancaria y  de destinar  sus beneficios a actividades sociales. En principio, el carácter fundacional de las cajas de ahorros y la supervisión compartida de las mismas entre las comunidades autónomas y el Banco de España complicaron la solución a los serios  problemas aparecidos  a partir de 2007.

En 2009 se produjo la primera de las intervenciones de entidades derivadas de la crisis, concretamente la correspondiente a la Caja de Castilla-La Mancha. Se puso de manifiesto entonces la fuerte concentración crediticia producida en la fase previa de “burbuja” en el segmento inmobiliario (promotor, constructor y comprador), que superó en 2007 el 60% del conjunto del crédito al sector privado y se aproximó al 100% del PIB.

Las entidades de crédito, en especial las cajas, apelaron masivamente a la captación de recursos en los mercados de capitales, véase préstamos de bancos europeos, sobre todo alemanes, ante la imposibilidad de atender dicha demanda por medio de los depósitos bancarios. Esta circunstancia complicó el ajuste provocado por el pinchazo de la burbuja en el mercado inmobiliario.

 Después de 2007 se produjo  asimismo  un crecimiento importante de la morosidad bancaria, en especial en los créditos a promotor inmobiliario,  y resultaban evidentes los problemas de solvencia y de liquidez en amplios segmentos del sistema bancario español.  Tales problemas se habían acentuado más en las cajas, pero no se habían limitado en exclusiva a dichas entidades. Las cajas también acusaron  su presencia en la financiación de  proyectos  nunca justificables de impulsar mediante préstamos bancarios, circunstancia derivada de la presión de las comunidades autónomas, que había asumido  su tutela  tras la aprobación de la Constitución de 1978 y de los respectivos Estatutos de Autonomía.

  Desde 2009, los primeros intentos de reforma  atendieron sobre todo al cambio de los estatutos de las cajas, reduciendo el nivel de politización de los órganos de gobierno de las mismas. Desde el inicio, en especial desde el Banco de España,  se trató de impulsar la fusión de las cajas de ahorros, lo que  evitó profundizar más en los problemas reales y en buscar salidas a los mismos. La necesidad de mayores niveles de capital resultó evidente a partir de 2009

 Además de las fusiones, se realizó desde el Banco de España, de acuerdo con el Frob (órgano creado en 2009 para facilitar la concentración o resolución de las entidades bancarias), un proceso de bancarización, a través de la figura de los SIP (sistema institucional de protección) y de las mayores exigencias de capital a las cajas de ahorros,  todo lo cual condujo a la transformación  en bancos de dichas entidades.

En el verano de 2012 se solicitó ayuda a la Unión Europea, a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad),  para capitalizar el conjunto del sistema financiero español. Dicha ayuda, obtenida tras la firma de un “Memorándum de Entendimiento”  con las autoridades europeas, consistió en la apertura de una línea de crédito de 100.000 millones de euros, de los que se emplearon unos 42.000.

La concesión de la ayuda en cuestión  estuvo acompañada de un programa de asistencia financiera y  por una modificación importante en la normativa bancaria española. El Memorándum no se aprobó ni pasó por las Cortes españolas, mientras que si lo hizo por los parlamentos de los países de la Eurozona.

 Se forzó por las autoridades europeas la creación de un “banco malo”, Sareb, que adquirió activos inmobiliarios  deteriorados, por un importe superior a los 50.000 millones de euros,  a los bancos que habían recibido algún tipo de ayuda pública para subsistir. El Frob suscribió el 45% de los recursos propios de Sareb, y el resto del capital se distribuyó entre  otras entidades bancarias y no bancarias, correspondiendo la mayor participación, tras el Frob, al Banco de Santander. La creación  y la actuación inicial de Sareb se  efectuaron al final de 2012 y primeros meses de 2013.Sareb está desempeñando un papel importante en la reactivación del mercado de vivienda, aunque no está lejos de la necesidad de  ampliar sus recursos propios.

Como consecuencia del proceso de saneamiento  y de las inyecciones de capital público el gobierno español llegó a controlar una parte significativa del sistema bancario, en torno al 18% del conjunto de la cartera bancaria de préstamos. Diez instituciones habían sido “resueltas” y el número de cajas de ahorros se redujo a ocho, cuando eran 45 al inicio de la crisis.

Tras la intensa consolidación de las cajas de ahorros, al inicio de 2017  quedaban en España 14 instituciones significativas, dentro de un total de 123 entidades de depósito, que  incluye bancos y cajas rurales. Dentro de dicho total se incluían dos grupos bancarios de carácter internacional, Santander y BBVA; tres grupos  de ámbito nacional de tamaño intermedio (Sabadell, Popular y Bankinter); siete grupos resultantes de la consolidación de cajas de ahorros (Caixabank, Bankia-controlada por el Frob-, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Banco Mare Nostrum (BMN) –también controlado por el Frob-; Abanca, resultante de la compra de la entidad derivada de la  fusión de las dos cajas gallegas por parte de un grupo bancario venezolano, Banesco,  y Cajamar, un grupo cooperativo.

En junio de 2017 el Banco Popular ha sido adquirido a un precio simbólico  por el Banco de Santander, tras el acuerdo de la Junta Única de Resolución de la Union Bancaria. El Santander deberá hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para satisfacer los requisitos de solvencia derivados de la absorción del Popular. También está prevista (se ha aprobado en junio de 2017 la fusión por parte de los respectivos consejos de administración) la absorción de la entidad BMN por parte de Bankia a fines del año 2017. Las antes citadas 14 instituciones significativas quedarán así  reducidas  a doce a fines de 2017. 

Como puede observarse, la principal consecuencia del proceso citado ha sido la intensa reducción del número de bancos. Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran en España  cerca del 80% de los activos  (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Destaca  la cuota del 27% correspondiente al Santander. Está por ver si dicha concentración  puede afectar al grado de competencia interna existente dentro del sistema bancario español.

Además de la reducción citada del número de bancos, ha sido significativa la disminución del número de oficinas y de las plantillas bancarias, descenso situado en torno al 30%, y que ha dado lugar a que zonas importantes del territorio español se hayan quedado sin ninguna sucursal bancaria en su entorno.  El adelgazamiento  se ha advertido asimismo en la evolución del crédito bancario.  En 2007 el crédito al sector privado suponía el 162,9% del PIB, relación que en 2017 puede situarse por debajo del 108%.  El crédito hipotecario ascendía en 2007 al 94,3% del PIB, participación que en la primera mitad de 2017  ha retrocedido hasta el 54,5%.  
El saldo vivo del crédito al sector privado  ha descendido en cada uno de los años del periodo comprendido entre 2008 y 2017. El retroceso del saldo vivo de crédito ha sido compatible con la reactivación de las nuevas concesiones de crédito. Ello implica que las nuevas formalizaciones de crédito han sido inferiores a las amortizaciones  realizadas de la cartera de préstamos.

Según ha informado  el Banco de España, el coste del ajuste bancario, hasta diciembre de 2015, ha sido de 60.612 millones de euros, correspondiendo 39.542 millones al Frob y 21.071 millones al Fondo de Garantía de Depósitos. Dicho concepto de coste no incorpora las perdidas soportadas por los antiguos accionistas, ni por los tenedores de preferentes y deuda subordinada. Tales pérdidas fueron consecuencia del acuerdo de asistencia financiera firmado por el gobierno español con el MEDE.

 En noviembre de 2012,  gobierno, comisión y entidades de crédito pactaron el ajuste a aplicar a los tenedores de deuda subordinada.  Las perdidas asignadas a las participaciones preferentes y a las obligaciones subordinadas  redujeron el coste del ajuste para el contribuyente. Esta actuación afectó a los inversores minoristas y provocó un amplio malestar social, puesto que dichos valores se habían vendido con engaño  como sustitutos de depósitos a plazo. Se ha estimado que los poseedores de preferentes y otros títulos equivalentes capitalizaron la banca por una cuantía aproximada de 15.000 millones de euros.
Desde noviembre de 2014 se ha puesto en marcha la Unión Bancaria Europea. Ello  ha supuesto el traspaso de una parte sustancial de las competencias del Banco de España al Banco Central Europeo, dentro del cual  existen los  mecanismos únicos de Supervisión, Regulación y Resolución. 

El negocio bancario se ha desarrollado en los últimos años en un contexto sumamente endurecido, destacando la competencia de otras entidades no bancarias en todos los segmentos de dicho  negocio. Además, el contexto de bajos tipos de interés ha reducido el margen de intereses, que es el  principal componente de la cuenta de resultados. Existen, por otra parte, segmentos de actividad que requieren la presencia de un banco  o agencia pública que favorezca el desarrollo de dichos segmentos de actividad (Pymes, viviendas sociales de  alquiler).

Se ha apreciado una evidente disparidad entre la resolución del Banco Popular y su adquisición por el Santander y la práctica seguida en el caso de los bancos  italianos Veneto Banca y Banca Populare de Vicenza. La resolución del Popular y su venta se decidieron a nivel europeo. Sin embargo, en el caso italiano no se aplicaron las mismas reglas. El gobierno italiano inyectará unos 17.000 millones de euros para impedir que los bonistas senior, una especie de preferentistas, lo pierdan todo, además de ceder al mayor banco italiano, Intesa San Paolo, solo los activos “buenos” de ambos bancos.

En este caso no ha habido una aplicación efectiva del mecanismo único de resolución del BCE. A dicho mecanismo le esperan retos mayores. Intesa San Paolo tiene una dimensión inferior al Santander.  A falta de bancos potentes que asuman los riesgos, se podría decir que no existe todavía un mecanismo único de resolución consolidado en la Unión Bancaria.

La transición posterior a la crisis no ha terminado en el sistema bancario español. Desde el gobierno debe de impedirse una concentración bancaria superior a la existente, en especial en los  cinco grupos bancarios de mayor dimensión. También resulta conveniente  la presencia de un segmento público del sistema bancario para apoyar  actuaciones precisas para la economía española. Debe de impedirse la desaparición de las Cajas Rurales. En las reclamaciones de los clientes bancarios, las resoluciones del Banco de España deben de tener carácter obligatorio para los bancos. La política, desde el gobierno y el Congreso de los Diputados, tiene que mejorar numerosos aspectos del sistema bancario, necesitados de una mayor  transparencia e información  en general, como se ha puesto de manifiesto en la crisis del Banco Popular.

Una versión de este artículo se publicó en la revista mensual “Temas para el debate”, número 273-274, agosto-septiembre de 2017




04 julio 2017

POR UN INDICE DE PRECIOS DE ALQUILER Julio Rodríguez López

  En 2017 el mercado de vivienda está experimentando en España  una reactivación reforzada respecto de los dos años precedentes. Para analizar lo que sucede en dicho mercado hacen falta datos. En materia de precios de venta y de viviendas vendidas y construidas se dispone de información. En materia de alquileres, la información resulta bastante más escasa, situación que debe de superarse.

El problema  del acceso se acentúa en las grandes áreas metropolitanas: “Una parte significativa de la población de Barcelona siente que está perdiendo el acceso a una vivienda digna y teme verse desplazada lejos de su barrio o de su centro de trabajo” (Manel Pérez, “Tempestad sobre Barcelona”, La Vanguardia, 25.6.2017.

Tampoco es optimista el panorama en otros países europeos, caso del Reino Unido: “Mas de un millón de hogares que residen en viviendas privadas de alquiler corren el riesgo de quedarse sin vivienda (“homeless”) a causa de los crecientes alquileres, la reducción de las ayudas públicas y la falta de viviendas sociales”· (Toby Helm, “Housing crisis threatens a million families with eviction by 2020”, The Guardian, 24.6.2017).

En España, en cuanto a alquileres, solo se dispone de información reciente sobre el número de hogares que viven de alquiler, unos 3.200.000 (713.200 en Cataluña y 588.200 en la Comunidad de Madrid), según la Encuesta Continua de Hogares del INE. Se dispone además de una estadística trimestral  del Poder Judicial relativa al número de lanzamientos judiciales efectuados por los Tribunales Superiores de Justicia, dentro de los cuales se incluyen los derivados del impago de alquileres (incumplimiento LAU).

En el primer trimestre de 2017 el 56,4% de todos los lanzamientos judiciales  se produjo por este último motivo, destacando asimismo el carácter creciente de dicha magnitud (36.200 es la previsión para 2017 de mantenerse el ritmo del primer trimestre).

El “Observatorio  de Vivienda y Suelo, Boletín Anual 2016”, del Ministerio de Fomento, dice en la página 50: “Al no existir estadísticas oficiales sobre los precios de alquiler…se incluyen los precios por metro cuadrado de venta y alquiler…del portal inmobiliario FOTOCASA”.  Pero ¿porqué no existen fuentes estadísticas oficiales sobre los precios del alquiler? 

Además, los precios de los portales inmobiliarios no  corresponden a los precios transaccionados, esto es, a los alquileres efectivamente pagados, sino a  los precios de oferta incluidos en los anuncios por los arrendadores. Estos  precios, con frecuencia, superan a los efectivamente acordados en los contratos de alquiler.

  El Instituto Nacional de Estadística (INE)  publica cada mes, junto al Índice de Precios de Consumo y sus principales componentes, una “rubrica” denominada “Viviendas en Alquiler”. En la etapa de descenso de los alquileres  comprendida entre 2007 y 2014, los precios de alquiler de Fotocasa cayeron en un 30%,  mientras que la rúbrica citada del IPC registró una subida del 7,4%. Entre 2014 y 2017  el aumento acumulado de los alquileres según Fotocasa, se aproxima al 20%, mientras que la rúbrica en cuestión  tan solo ha crecido un 0,83%.Se trata, pues, de una estadística de nula utilidad.

Un mínimo conocimiento del mercado de alquiler exigiría disponer de información estadística adicional a la de los precios (superficie, carácter amueblado o no del inmueble objeto de alquiler, ubicación). El dato de  los alquileres efectivamente pagados, esto es, el precio de los alquileres,  es el más relevante dentro del mercado en cuestión.

Las tensiones provocadas por los alquileres turísticos, la casi total ausencia de ayudas estatales al alquiler, la evidencia de un malestar derivado del problema del acceso justifican que deba conocerse mejor la realidad del mercado de alquiler. Debe de superarse la carencia de “fuentes estadísticas oficiales” señalada por el propio Ministerio de Fomento.

Una versión de este artículo se publicó el 30 de junio de 2017 en la revista “El Siglo de Europa”






[1] JRL es  Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis

19 junio 2017

ADIOS AL BANCO POPULAR. UNA DECISION DE MADRUGADA Julio Rodríguez López

El  sistema bancario español sufrió una importante sacudida en la segunda semana de junio de 2017. Una vez confirmado que el Banco Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio, los acontecimientos se precipitaron en la noche del martes   al miércoles. El Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) actuó de forma  contundente tras  haber sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) de que el Banco Popular corría riesgo de quiebra. Se amortizaron  las acciones, así como toda la  deuda subordinada y los  bonos convertibles del Banco Popular. La intervención del BCE fue breve, duró el tiempo necesario para traspasar el saldo restante del Popular  al Banco de Santander, único oferente en firme,  a cambio de un euro.

 El Banco de Santander informó  que durante el mes de julio de 2017  efectuaría una ampliación de capital por importe de 7.000 millones de euros para hacer frente a la absorción del Popular. También  avisó a los clientes  del Popular que podían seguir operando con dicho banco desde el mismo día 7 de junio.

 El último presidente del Popular, Emilio Saracho, había comentado en público  que había que volver a estimar el alcance de las provisiones necesarias respecto de los activos problemáticos de dicha entidad (créditos morosos y activos reales del balance). Esta declaración  no supuso precisamente  un estímulo a posibles compradores bancarios de la entidad. En una semana el valor de las acciones del Popular se redujo en un 50%. Los días pasaban y el proceso de descapitalización parecía no tener fin. Se intensificó  a la vez la retirada de dinero de las cuentas corrientes, operación ahora facilitada por la banca informática. .

 En todo caso,  sorprendió la velocidad a la que sucedieron los pasos que llevaron a la extinción del Banco Popular  y de su simbólica compra  por el Santander. La operación descrita ha reforzado  la concentración existente en el sistema bancario español. Tras los ajustes de 2012-13, quedaban en España unos 13 grupos bancarios: dos de carácter internacional (Santander y  BBVA), tres de tamaño intermedio (Popular, Bankinter y Sabadell) y otros siete resultantes del proceso de consolidación de las  anteriores cajas de ahorros (Caixabank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN y Liberbank).

 Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran el 76% de los activos  (Santander, BVBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell), destacando la cuota del 27% correspondiente al Santander. La operación del Popular  se ha presentado como una actuación perfecta, por aquello de no haber supuesto gasto público. Pero la realización de la misma implica la realidad de fuertes pérdidas de capital para un número importante de accionistas y  de propietarios de deuda “junior”, por no hablar del destino incierto de los 15.000 empleados del Popular.

En junio de 2016 el Banco Popular había realizado una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Al realizar  dicha operación el Popular debió aportar información a los nuevos suscriptores, contenida en el correspondiente folleto, que no debió ser muy exacta.  El auditor había enviado señales de que  algo no iba bien,  con motivo de las cuentas de 2016. Por otra parte llama la atención el aviso del Popular de que no disponía de  liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio (¿Para qué están los supervisores?). 

Además, el Popular había superado los últimos  “stress-tests”” realizados por  la Autoridad Bancaria Europea, lo que pone en cuestión la calidad de tales pruebas. Sorprende que la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, hubiese advertido públicamente en fechas recientes  de la probable resolución del Popular en el caso de no encontrar comprador. Dicho  aviso no era  una invitación a compradores.

No fueron, pues, solo las cajas de ahorros las entidades que cometieron excesos en la etapa de la burbuja. También  hubo excesos en la banca, donde el Popular entró en el negocio inmobiliario cuando los restantes bancos huían del mismo. La relativa tranquilidad por la que ha atravesado el sistema bancario español después de 2013  ha sufrido un cierto “shock” con la reciente quiebra del Popular.

 Es posible que a partir de ahora los accionistas bancarios serán más cautos.  De momento se  ha complicado la vida a Liberbank, cuyas acciones han descendido abruptamente de precio en la última semana.  Está por ver si el citado Mecanismo de Resolución emplea una dureza equivalente con alguna que otra entidad bancaria  problemática de las que todavía quedan en Italia y Portugal.

Artículo publicado en la revista El Siglo de Europa el 16.6.2017




[1] JRL es vocal del consejo superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

08 junio 2017

LA ECONOMIA EN EL PROGRAMA DEL GANADOR DE LAS PRIMARIAS DEL PSOE Julio Rodríguez López

 Pedro Sánchez,  claro ganador de las elecciones  primarias del PSOE a la secretaria general  recientemente celebradas, se presentó a las mismas con  un documento denominado  “Por una nueva socialdemocracia”, en el que la economía tiene un peso destacado. La atención prestada al mercado de trabajo, la defensa de una política presupuestaria expansiva, la necesaria realización de una amplia reforma fiscal,  son  aspectos relevantes del apartado económico de dicho documento.

  El capítulo dedicado de forma más específica a la economía  es el denominado “Los grandes retos estratégicos sociales y económicos”. Dentro del mismo la cuestión del empleo resulta ampliamente tratada. Junto a la apuesta por el pleno empleo y  por la necesidad de crear empleos de calidad, con remuneración apropiada, el documento propone  derogar la reforma laboral del Partido Popular, reforma que tiene una clara incidencia  en la situación económica española actual.

  Se pretende preservar la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Se propone  elevar el salario mínimo interprofesional desde los 707,6 euros/mes (14 mensualidades) a 1.000 euros en  el año 2020. El documento defiende  la realización de políticas  activas de empleo, llevándolas hasta el nivel local. Se  defiende la aproximación a una “Renta Básica Universal”, arrancando del Ingreso Mínimo Vital. Por medio de un Impuesto Negativo sobre la Renta se pretende aproximar de forma gradual  a un mínimo  garantizado para cada persona,  dirigiéndolo  hacia  un plan efectivo de choque contra la pobreza.


.La enérgica defensa del Estado Bienestar por el documento exige el desarrollo de políticas económicas generales que impulsen el progreso económico. Se subraya el fracaso de las políticas de austeridad promovidas desde la Union Europea, donde subsiste una  cierta tensión entre países acreedores y deudores. Se  destaca la conveniencia de realizar en dicha área económica un impulso fiscal que complemente la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo,  a la que le queda un recorrido de poco más de un  año. Por cierto, no parece que  el descenso que en su día se hará del fuertemente aumentado balance de dicho banco central  vaya a tener lugar de una forma abrupta.

El documento critica la defensa que se hace de “rebajas fiscales extensivas” si se quiere efectuar una mejora sustancial de las prestaciones sociales comprendidas en el Estado Bienestar. De ahí que se defienda una fuerte reorientación de la política fiscal, impulsando la realización de reformas sustanciales en algunos impuestos.

 En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se trata de lograr un tratamiento más homogéneo de las rentas del trabajo y del capital. Se habla de redefinir el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la riqueza, que está siendo objeto de controversias  crecientes por las profundas disparidades de los tipos impositivos empleados en este tributo, así como en el de Sucesiones, entre las Comunidades Autónomas. También se defiende la reforma del Impuesto sobre Sociedades, eliminando  los distintos tratamientos especiales de que es objeto este tributo. Se pretende acabar  asimismo con las amnistías fiscales.

 La política expansiva que se configura en el documento se pretende situarla  dentro de la esfera comunitaria, defendiéndose niveles de inversión más elevados que los ahora comprendidos en el “Plan Juncker”. La mejoría que está teniendo lugar en las tasas de crecimiento de la Unión  favorecería la realización de una política economica más ambiciosa. El Banco Europeo de Inversiones sería una pieza básica de dicha estrategia inversora.

El documento mantiene una estrategia expansiva respecto de la inversión y  apuesta por los cambios precisos en el modelo  productivo favorables a la industrialización. Sin embargo subraya  su preocupación por  el nivel elevado de la deuda, tanto pública como de empresa y  de los hogares. Se muestra hostil ante una tendencia de continuo crecimiento de la deuda, puesto que ello “afecta a la economía global en general y a España en particular”.

 Se alude, sin precisión, a la creación de un sector de Banca Pública y otro de Banca Cooperativa y Social. Aquí se echa en falta algo más de conexión del texto  con la situación española presente en el tema bancario, situación que se ha hecho más complicada con la crisis del Banco Popular.

La defensa de una política fiscal expansiva, la ubicación de la política económica dentro de un proyecto europeísta, la atención al equilibrio presupuestario, la realización de una amplia reforma fiscal, la abolición de la reforma laboral del gobierno Popular, y el deseo de frenar el aumento continuado de la deuda son algunos de los rasgos más destacados del documento. Este se sitúa, sin duda, en un  terreno de socialdemocracia avanzada, muy oportuno tras el duro quinquenio de gobierno Popular.

Una versión de este trabajo se publicó en la revista digital ·El Siglo de Europa” el 2 de junio de 2017.






[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

22 mayo 2017

EL NUEVO PLAN ESTATAL 2018-2021, UN AMAGO DE POLITICA DE VIVIENDA Julio Rodríguez López

  En los primeros días de mayo de 2017 el gobierno, a través de la Web del  Ministerio de Fomento, ha divulgado el “Borrador Real Decreto Plan Estatal de Vivienda 2018-2021”. Dicho texto está abierto a sugerencias por parte de las autonomías y agentes sociales,  y está  previsto  que entre en vigor el 1º de enero de 2018.El Plan citado  sustituiría al Plan 2013-2016, que todavía se está aplicando en 2017.

  El vigente plan 2013-2016, prorrogado a 2017,  está transcurriendo con escasa o nula incidencia en los serios problemas de  acceso a la vivienda que la recuperación del mercado está ocasionando. Respecto del anterior, el nuevo plan anunciado  refuerza las ayudas al alquiler y a la construcción de nuevas viviendas con destino a dicha forma de tenencia. Se introduce como principal novedad una ayuda directa a la compra de vivienda para los jóvenes de menos de 35 años.  Era inevitable, conocida la afinidad hacia  la propiedad en materia de vivienda por parte  del presente gobierno, que retornasen, bajo una u otra fórmula,  las ayudas a dicha forma de  acceso.

Se puede anticipar que dentro del futuro plan se  incluyen  tres piezas relevantes, La primera son las ayudas al inquilino,  que exigirán que en el hogar del  beneficiario  los ingresos no superen  el tope de 3 IPREMs (1.880 euros/mes). Las ayudas  cubrirán el 40% del alquiler (50% para jóvenes de menos de 35 años), que  no deberá pasar de 600 euros/mes (ampliable) y tendrán un tope temporal  de tres años.

 El segundo componente es el de fomento del parque de viviendas de alquiler. Esta pieza del programa,  que es la que mejor responde en teoría  a los problemas del momento  incluye ayudas al promotor, de hasta 36.750 euros, y establece un tope de siete euros/m2-mes  en el alquiler a pagar por los arrendatarios. Los adquirentes pueden tener ingresos de hasta 4,5 IPREMs (2.819 euros/mes) y la vivienda se mantendrá en alquiler hasta 25 años. No se especifican detalles acerca de la dimensión  ni características de las viviendas a construir.

El borrador de programa pone tope al tiempo en el que una vivienda subvencionada para el alquiler se tiene que mantener  bajo dicha forma de tenencia. De nuevo se advierte que, para el gobierno, el alquiler es una situación transitoria y que, antes o después,  el camino lleva a la propiedad.  España tenía en 2016 (Encuesta Continua de Hogares) un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que solo un 2% eran viviendas sociales de alquiler. No hay en España  un parque social de viviendas de alquiler. Si se quiere  fomentar la creación de un parque de viviendas de alquiler sobra el ponerle  un tope temporal a las viviendas que vayan a integrar el mismo. El alquiler aparece, pues, como una situación de paso para este gobierno, con lo que difícilmente se podrá generar un parque de viviendas sociales en alquiler.

   El tercer componente relevante es el de las ayudas al acceso a la propiedad, para el caso de jóvenes de menos de 35 años que adquieran una vivienda en propiedad. La ayuda en cuestión asciende a 10.800 euros. Esta cifra  equivale a menos de la mitad del pago de entrada de la vivienda con un precio medio de venta frecuente en este momento. El joven adquirente no deberá de ingresar más de los 1.880 euros/mes y deberá mantener la vivienda al menos cinco años.

 No se sabe bien si el programa pretende  ayudar a la compra de vivienda  o si se  quiere ayudar a los bancos a que se quiten de encima  el elevado stock de viviendas que afecta a sus balances  con nula rentabilidad, como se ha advertido entre los problemas que acosan al Banco Popular. España pasa por un momento de importantes aumentos en los precios de los alquileres y en los precios de venta de las viviendas.  Las ayudas directas  al alquiler y a la propiedad, si no hay un aumento de la oferta de viviendas de alquiler,  pueden contribuir a que suban más los precios y los alquileres que a estabilizar el mercado.

   El nuevo programa debe de dotarse de objetivos cuantitativos, desglosados por autonomías. Se echa en falta la introducción de la obligación de los ayuntamientos de tener un registro de demandas de vivienda por parte de los hogares sin posibilidad de acceso a los precios del mercado. 

Es de desear que el nuevo plan tenga una mayor dotación de recursos que la del vigente Plan 2013-16, y que se defina y concrete  mejor el programa de fomento del parque de viviendas de alquiler. Este último puede contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de alquiler en España. A primera vista, sin objetivos cuantitativos precisados,  el nuevo plan no pasa de ser un paliativo de los serios problemas de acceso a la vivienda que ahora se plantean en España, que van a revestirse de mayor gravedad conforme se produzcan nuevas subidas de precios y de alquileres.

  Resultaría conveniente, asimismo, que se establezca un sistema de información regular y periódica  sobre la ejecución del nuevo instrumento. El Plan debe de ser  noticia no solo en el momento de su aprobación, sino que tiene que poder seguirse mes a mes el grado de ejecución del mismo.   No  es deseable que  del Plan solo se conozcan los informes o respuestas rutinarias del ministro de turno en el Congreso, donde se suelen presentar   supuestas miles de actuaciones impulsadas por la política del gobierno,  de las que no se dispone de datos suficientemente contrastables.    

Una versión de este artículo se publicó en el semanario digital “El Siglo de Europa” del 19 de mayo de 2017  






[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

06 mayo 2017

UN NUEVO PLAN DE VIVIENDA. REAPARECE LA AYUDA A LA PROPIEDAD Julio Rodríguez López


 El Ministro de Fomento  presentó el pasado jueves 4 de marzo de 2017  las líneas generales de lo que será un nuevo Plan de Vivienda Estatal, 2018-2021, que entraría en vigor el próximo 1º de enero.. La incidencia del  último Plan Estatal de Vivienda  2013-2016 ha sido  reducida. Se puede decir que dicho plan ha transcurrido sin pena ni gloria, en parte por su escaso alcance y en parte por la escasa difusión que se ha dado de los resultados de la aplicación del mismo.

Dos rasgos destacan en el contenido de lo que va a ser  el nuevo Plan de Vivienda.  El primero es que se mantienen las ayudas al alquiler, véase ayudas al inquilino, elevando los topes  máximos. El segundo, es que se vuelven a reintroducir las ayudas directas a la compra de vivienda, sin que esta deba ser de nueva construcción.

 En las ayudas  al alquiler se eleva hasta 900 euros el tope máximo del alquiler a subsidiar (hasta ahora estaba en 600 euros), pudiendo llegar la subvención hasta el 50% de la cuantía del alquiler. Los ingresos de los hogares no deberán superar  una cuantía equivalente a tres veces el IPREM (22.500 euros al año). Las ayudas podrán extenderse hasta tres años. Se introduce la ayuda a hogares con más de 65 años por parte del jefe de hogar. En este caso, el alquiler máximo no deberá superar los 600 euros y los ingresos del hogar tendrán el mismo tope  antes citado para los hogares jóvenes.

 En cuanto a las ayudas a la propiedad, podrán ascender hasta  10.800 euros por hogar  y no sobrepasarán  el 20% del precio de venta de la vivienda. A la vista de los precios más recientes de venta de las viviendas en España, se advierte que con dicha ayuda se cubriría cerca de la mitad del precio de venta no cubierto por el préstamo (pago de entrada). Este último en teoría asciende al 80% de dicho  precio de venta de la vivienda, quedando un 20% a cargo del comprador. El cabeza de hogar no deberá tener más de 35 años y  el ingreso máximo familiar seria de tres IPREM. La vivienda adquirida con dicha ayuda  debería de ocuparse un mínimo de 5 años tras su adquisición.

  La situación actual de la vivienda en España se caracteriza por el importante ascenso de los precios de venta (desde el primer trimestre de 2014 dichos precios han crecido en un 11,3%). El aumento de la demanda de viviendas de alquiler se ha traducido en unos crecimientos más intensos de los alquileres que de los precios de venta. Dicho  aumento se ha visto favorecido por la reducción de la oferta de pisos de alquiler derivada de la compras de viviendas para transformarlas en “pisos turísticos”.

 En la presente situación de aumento de la demanda de viviendas de alquiler y de importantes elevaciones en los precios de venta, las medidas anunciadas por el Ministro de Fomento para su integración en el nuevo Plan 2018-21 suponen más bien un estímulo a la demanda que un reforzamiento de la oferta. Las ayudas citadas no implicarán un descenso significativo del esfuerzo de acceso, especialmente en el caso de las viviendas en propiedad. El plazo mínimo de ocupación, 5 años, resulta reducido en exceso, pareciendo buscarse  la realización rápida de una plusvalía por parte del comprador más que ayudar al acceso a la vivienda a un  hogar.

  España tiene el más bajo parque de viviendas sociales de alquiler de todo el mundo occidental. Debería de procurarse  aumentar de forma permanente y significativa dicha oferta. Las ayudas contempladas deberían servir para reforzar el parque de viviendas sociales, a través de la compra de viviendas vacías  a Sareb y  a las entidades bancarias. Se debe de  fomentar  la construcción de nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler  con carácter permanente, y ello por parte de promotores privados y públicos, empleándose con dicho objetivo el suelo municipal disponible.

El esquema de nuevo Plan de Vivienda Estatal 2018-21 resulta, pues, profundamente mejorable y no está parece responder a las necesidades del momento

24 abril 2017

LA ENCUESTA DE HOGARES DEL INE. UN COMENTARIO A LOS ULTIMOS RESULTADOS. Julio Rodríguez López

 En los primeros días de abril de 2017 el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los resultados de la Encuesta Continua de Hogares relativa al año 2016. Dicha encuesta viene a ser un punto de referencia para el INE, por su amplia cobertura y por la información que aporta sobre la población, sobre  los hogares integrantes de la misma y sobre las viviendas que habitan. La información publicada se obtiene a lo largo del periodo anual.
 Los hogares de los que se obtuvo información en  2016 ascendieron a 49.217, resultantes  de una muestra de 1.572 secciones censales y de 65 direcciones postales por sección. El muestreo es bietápico y proporcional. El tamaño  de la muestra permite asignar una fuerte dosis de confianza a la información obtenida en la encuesta.
En 2016 había en España 18,4 millones de hogares. Un 33,8% de los mismos correspondía  a parejas con hijos que conviven en el hogar.  Destaca sobre todo  el alcance de  los hogares unipersonales,  4,6 millones, el 25,2% del total, que registraron un importante aumento en 2016, el 1,2%. Dicha  evolución  contrastó con la caída experimentada por los hogares  con cinco  o más personas. Del total citado de hogares de una persona  es también destacable el que el 41,7% del total son personas de más de 65 años, de los que el 70,7% son mujeres.
 La baja tasa de emancipación de las personas con edades comprendidas entre 25 y 34 años es otro rasgo destacable. Un tercio de las personas de dichas edades no se han emancipado y residen en el hogar con los padres. La tasa de no emancipados es especialmente elevada en el caso de personas con edades  comprendidas entre 25 y 29 años, el 54,1%.
El hecho de que una proporción tan elevada de jóvenes resida  en el hogar de los padres es un reflejo de las dificultades de los mismos para encontrar empleo y también de la carestía de la vivienda, tanto de alquiler privado como en propiedad.
 El total de hogares  de España creció en 2016 en un 0,3%, lo que supuso una variación absoluta de 59.900 hogares.   Esta última cifra es trascendente, en tiempos en los que se vuelve a hablar de burbuja inmobiliaria. Dicho ritmo anual de creación neta de hogares queda  lejos de los ritmos requeridos para  situar  la demanda de vivienda  a nivel de burbuja (250.000 a 300.000 son las cifras anuales tópicas de  que suelen emplear los agentes del subsector inmobiliario). 
Andalucía tiene el mayor número de hogares por autonomías, 3,2 millones, seguida por Cataluña, con casi 3 millones. Canarias (1,2%), Baleares (0,8%) y Madrid (0,8%) registraron los mayores aumentos relativos  del  total de hogares en 2016, evolución que refleja el papel del turismo y de las grandes capitales en la coyuntura económica española actual.
  La Encuesta de Hogares  informa asimismo sobre la forma de tenencia de la vivienda. En 2016 dejó de crecer el número de hogares que residen en viviendas de alquiler, tras los importantes aumentos registrados en 2014-15. El número de hogares que viven de alquiler en España se aproximó a los 3,2 millones en 2016, el 17,3% del total (lejos de las proporciones superiores al 20% que se citan). En cuanto a presencia del alquiler, destacaron las autonomías de Baleares, con el 28,5%, y Cataluña, con el 24,1%, con los niveles relativos más elevados.
En 2016 destacó el importante aumento de los hogares  con vivienda en propiedad y con pagos pendientes, reflejo de un comportamiento más dinámico de los préstamos a comprador de vivienda. La Encuesta Continua de Hogares viene a confirmar, pues, que el alquiler ha ganado peso en España, pero que la propiedad sigue siendo la forma hegemónica de tenencia de la vivienda, especialmente en los hogares en los que todos son españoles, pues en los hogares que viven de alquiler destaca la presencia de extranjeros.  
Este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 24.04.2017




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

07 abril 2017

A PARTIR DE 2017, RECUPERACION CON LADRILLO Julio Rodríguez López


 En 2016 la economía española registró el tercer año de recuperación, tras la recesión desarrollada entre 2008 y 2013. La reactivación podría acelerarse en 2017  por el mayor impulso procedente de la construcción residencial. El significativo inicio de nuevas promociones inmobiliarias puede suponer un retorno al modelo de crecimiento tradicional. La mayor construcción residencial desplazará inversiones  que garantizan empleos más estables y  que aportan un perfil más competitivo y diversificado  a dicha economía.

 Tras retroceder a un ritmo medio anual del 1,3% entre 2008 y 2013, la economía española creció a un ritmo del 2,6% entre 2014 y 2016. Durante este periodo el papel desempeñado por el mercado de vivienda fue moderado y  han aparecido algunos rasgos positivos en el modelo productivo español. Así la industria y las exportaciones han ganado peso en el PIB de forma moderada, y destaca  la presencia de un superávit de la balanza corriente, ayudado por los menores precios del petróleo. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el descenso de participación de los mismos en la renta nacional fue el rasgo más negativo de la recuperación iniciada en 2014.

 En 2016 los indicadores del mercado de vivienda alcanzaron niveles significativos. Los primeros indicadores disponibles de 2017 parecen reforzar de forma sustancial los niveles del pasado ejercicio. Así, las compraventas registradas  de viviendas registraron un aumento interanual  en enero del 18,1%, y las iniciaciones de viviendas lo hicieron en un 26,1%, lo que apunta, pues, a que las viviendas iniciadas pueden superar las 80.000 en el presente ejercicio. 

El recuperado talante expansivo de los bancos hacia la promoción inmobiliaria lo confirman declaraciones como las del presidente de Bankia, Goirigolzarri, que apuntan a que, una vez pasado el plazo en el que dicha entidad ha actuado bajo los “corsés” impuestos en el Memorándum de 2012 firmado con la Unión Europea, “lo que más oportunidades abre  es la posibilidad de dar crédito  a promotor”.

El presidente de Sareb, con motivo de la presentación de los resultados de 2016, señaló que piensa seguir con la estrategia de dar prioridad a la cartera inmobiliaria, estableciendo el objetivo de promocionar cada  año 1.500 viviendas nuevas hasta 2027. Sareb se creó para dar salida a los activos tóxicos adquiridos a los bancos con problemas en el pasado ajuste de 2012. Es evidente que los buenos suelos adquiridos abren el apetito promotor a Sareb, que contribuirá a   reforzar aún más la oferta inmobiliaria. Sería deseable que Sareb redujese sus pérdidas  vendiendo bien  la nueva oferta inmobiliaria que va a promocionar.

Resulta evidente que nada ha cambiado en el modelo de desarrollo de las ciudades españolas, que se aplica de forma transversal entre las diferentes ideologías teóricas de los partidos gobernantes de las ciudades.  “En el proceso de construcción y en el destino que se le da al parque residencial todo está condicionado por el propósito de maximizar las plusvalías. Desde finales de los años ochenta el desarrollo urbanístico se ha ido convirtiendo en la principal fuente de financiación municipal. Muchos promotores y constructores han tenido esa misma percepción de infinitud de la demanda de vivienda

. El modelo de urbanización lo propician  las estrategias de los agentes económicos, las ansias recaudatorias de las administraciones locales  y los objetivos de las políticas económicas.” (Vinuesa Angulo, J.; Porras Alfaro, D. (2017) “La dimensión territorial de la crisis de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 35(1), 101-126.

La mayor presencia de la construcción residencial  frenará las disponibilidades de ahorro para inversiones alternativas y desviará recursos hacia el ladrillo. Reaparecerá, antes o después, el déficit exterior. Los años de crisis inmobiliaria favorecen la diversificación de la actividad productiva. Los periodos de expansión inmobiliaria, además  de las posibles  burbujas que conllevan, llevan a la economía española al modelo tradicional de ladrillo, sol y playa

Este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 6 de abril de 2017



21 marzo 2017

EL EMPLEO EN MOTRIL EN 2017 Julio Rodríguez López


  La estadística mensual  de afiliados a la Seguridad Social viene  a ser un indicador  que aproxima la composición y la marcha del empleo en España. En las ciudades, dicho indicador presenta un mayor interés por la escasez de información estadística disponible  a  nivel local. En 2016-17  dicha estadística ha reflejado  la mejoría del nivel de empleo en España, Andalucía y Granada y Motril. 
En 2016 la variación  de la afiliación en Motril (2%) resultó inferior a la de España (3,3%), al contrario de lo sucedido en los tres años precedentes.

 En febrero  de 2017 persistió  el diferencial negativo  de crecimiento de Motril con España. A 28.2.2017 había en Motril, según la estadística de afiliación a la Seguridad Social, 18.638 afiliados, un 0,5% sobre el nivel correspondiente al mismo mes del pasado año. Dicha evolución interanual  contrastó con el crecimiento del 3,5%  registrado a nivel nacional. La explicación de dicha evolución se encuentra en la marcha de los afiliados en el Régimen General de la Seguridad Social, que solo aumentaron en Motril en la fecha citada en un 0,4% sobre 2016, mientras que en España dicho componente de la afiliación creció en un  4,3%. 

  En Motril destacó en 2016 el aumento en los afiliados en el régimen general agrario, que aumentaron en un 6,4%, alcanzando un total de 4.271 afiliados, aumento muy superior al de España. No es este un indicador que refleje precisamente pujanza en el mercado de trabajo, puesto que representa más bien una actuación asistencial desde la Seguridad Social.  El número de afiliados al Régimen Especial de Autónomos  alcanzó  un total de 3.918 a fines de febrero de 2017. La proporción de autónomos sobre el total de la afiliación es más de tres puntos superior en Motril (21,1%) a la  de España (18%). La abundancia de autónomos refleja asimismo  escasez de empleos asalariados y que los activos se deben de buscar la vida como sea.

La debilidad del mercado de trabajo en Motril la señala la baja proporción que supone   el número de afiliados sobre del conjunto de la población. En febrero de 2017 había en España  38,1% afiliados sobre el conjunto de la población, mientras que en Motril dicha proporción ascendió  solo al 30,4% en la misma fecha, lejos de la proporción existente a nivel nacional.
Se echa en falta en Motril una mayor presencia de afiliados al Régimen General (53,8% frente a 74,9% en España, en febrero de 2017), situación común en los trabajadores por cuenta ajena. 
Dicha situación refleja la necesidad de que en Motril se instalen más empresas que generen empleos asalariados, preferiblemente estables. Si en un momento de recuperación clara de la economía española en Motril  apenas se generan nuevos empleos, es que hay serias dificultades estructurales para la creación de nuevos puestos de trabajo.

 Es posible que haya más empleos por los que no se cotiza a la Seguridad Social, pero ese problema puede también producirse en el resto de España y no tiene que sufrirse más dicha anomalía en Motril que en el resto del país.  Demasiada ansia de ladrillo, de pelotazo rápido, de “aproximar a Motril al mar”, y escasa iniciativa para atraer a empresas a la ciudad, con toda la ventaja que supone disponer de un puerto de la dimensión del de Motril.


Julrodlop.blogspot.com      21.3.2017

13 marzo 2017

EL DESPEGUE DE LOS ALQUILERES EN ESPAÑA Julio Rodríguez López[

 Los escasos datos disponibles sobre el mercado de alquiler en España revelan que en 2016 y primeros meses de 2017 se han acelerado los aumentos de precios de los alquileres de viviendas. Los incrementos anuales de tales precios se sitúan en torno al 9%. La  mayor demanda de vivienda procede sobre todo de hogares que no  pueden acceder a una vivienda en alquiler y de las compras de vivienda para inversión. La creciente presencia de  los pisos turísticos disminuye la oferta, lo que refuerza la elevación de tales precios. 2017 ha empezado como los cinco  ejercicios precedentes, esto es, sin política estatal  de vivienda y con un escaso interés político en el problema.

Según la Encuesta Continua de Hogares del INE,  en España había en 2015 unos  3,2 millones de hogares viviendo de alquiler, equivalentes al 17,5% del conjunto de hogares de España. La autonomía de Baleares tenía la proporción más elevada, el 26,2%, seguida de Madrid (23,4%), y el último lugar correspondió a Galicia (11,2%). La información adicional sobre el mercado de alquiler es mínima.  Esto contrasta con  el detalle con el que en Cataluña se está obteniendo información  acerca de  su mercado de alquiler, con vistas a luchar contra el crecimiento de los precios del alquiler de vivienda.

Según el portal Fotocasa, en febrero de 2017 el alquiler medio de la vivienda en España ascendió a 7,77 euros por m2 y mes, lo que implicó un aumento interanual del 9%, muy por encima del crecimiento observado en los precios de venta de las viviendas. Los datos de los portales se refieren a  precios de oferta y tienden a sobrevalorar las subidas, pero no deja de ser una realidad  que los alquileres están creciendo en los centros urbanos.

Esta evolución  complica el acceso a la vivienda a numerosos hogares,  cuya situación laboral les hace imposible el acceso a la vivienda en propiedad mediante un préstamo hipotecario. La situación aplaza la emancipación, como lo confirma el  que un tercio de personas con edades de 25 a  34 años vive en España con sus padres, según el INE:

 Según el portal citado, en la recuperación del mercado de vivienda iniciada en 2014 el precio de los alquileres en España ha crecido en un 15,1%. El aumento de los precios de la vivienda fue del 11,3% hasta el último trimestre  de 2016. La situación del mercado de trabajo, con más empleos pero inestables y  mal retribuidos, la mayor disponibilidad hacia el alquiler de los jóvenes, junto a la compra de viviendas para colocación de un ahorro poco o nada retribuido, explican la mayor tensión de la demanda.

  La oferta de pisos de alquiler está sufriendo una fuerte reducción por parte de los pisos turísticos y por  la creciente “gentrificación” de los centros de las ciudades. Dicho proceso se califica más bien  de “turistificación” de los centros urbanos, llenos de franquicias y  de servicios pensados solo para quienes están de paso. La invasión turística se ha analizado bien en Barcelona, donde ayuntamiento y autonomía han reaccionado ante el problema. La reacción política en Madrid es más débil que en el caso anterior, aunque el problema alcanza una intensidad similar.

Una demanda creciente de alquileres, una reducción paralela de la oferta y una ausencia histórica de vivienda social en toda España, explican la aceleración de los precios del alquiler y  la alta dificultad general de emancipación de los jóvenes.  Dicha carestía general del alquiler viene  a ser  todo un  problema social.

Fuera de Cataluña, la reacción al problema está ausente. El Ministerio de Fomento tiene otros temas en que pensar, el problema se le traspasa a las autonomías. Estas  esperan retornen los fondos estatales  del pasado para hacer vivienda protegida. Se trata de dinamizar el fomento de la creación de un parque público de alquiler social. Esto último  no es solo cuestión de construir nuevas viviendas, pues se debe de emplear  con más intensidad el elevado parque de viviendas  vacías en poder de bancos y de Sareb. La ausencia de voluntad política para luchar contra el problema resulta clamorosa.

Una versión de este artículo se publicó en la revista  semanal El Siglo de Europa el 13.3.2017






[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

12 febrero 2017

LAS PREVISIONES Y LAS RECOMENDACIONES DEL FMI PARA 2017 Julio Rodríguez López

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a fines de enero las previsiones para  la economía española en 2017, junto a un conjunto de recomendaciones de política económica. Entre las previsiones destaca  la  desaceleración del crecimiento desde el 3,2% de 2016 hasta el 2,3% en 2017, evolución explicada por el menor aumento de la demanda interna. Los desequilibrios básicos de la economía española no aumentarán en 2017 y  el desempleo medio retrocederá en punto y medio porcentual. Para el FMI el elevado desempleo, la alta  deuda pública  y el débil aumento de la productividad son las principales debilidades estructurales de la economía española.

Como se ha indicado, la desaceleración del crecimiento del PIB  en 2017 la explica la  menor expansión de la demanda interna, en la que el consumo privado es el principal componente, al suponer el 57% del PIB. El mayor  precio de la energía y una ligera elevación de la tasa de ahorro familiar explican  la desaceleración en 0,6 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento del consumo de los hogares.

  El aumento medio del empleo  caerá desde el 2,9% al 2,3% en 2017. Se prevé  un descenso de punto y medio de la tasa de desempleo, en parte  por la persistencia en el descenso de la población activa. La productividad del empleo  crecerá solo en un 0,3%, lo que implica que continuará situada en niveles poco brillantes, a todas luces mejorables. 

 La fuerza de la demanda interna no impedirá que la balanza de pagos vuelva a registrar un superávit próximo al 2% del PIB. Será interesante comprobar si cuando vuelva de nuevo a “tirar” con fuerza la construcción residencial se puede mantener el superávit exterior. El déficit de las administraciones públicas de 2017  lo sitúa el FMI en el 3,2%, por encima del compromiso del gobierno español frente a la Comisión Europea. El nivel relativo de la deuda pública  volverá a situarse en el 99,2% del PIB. La inversión pública se mantendrá en niveles reducidos.

Para atacar los problemas crónicos de la economía española, el FMI recomienda varias líneas de actuación. Destaca la necesidad de una política activa de empleo más efectiva, política que se realiza en colaboración con las comunidades autónomas, que adolece de coordinación y debe de atacar al paro de larga duración y al desempleo juvenil.

  Urge reformar la financiación autonómica. Las autonomías, además de prestar servicios públicos básicos como educación y sanidad, mantienen diferencias  crónicas entre sí en cuanto a niveles de desarrollo. Además, se deben de reforzar las políticas educativas y de innovación, para mejorar la productividad general de la economía. El necesario avance en la consolidación fiscal no debe de afectar a la creación de empleo y al necesario aumento de la productividad.

El sistema bancario ha fortalecido su solvencia, pero sigue adoleciendo de una baja rentabilidad. La  mejoría de esta última, en el contexto presente de bajos tipos de interés, exige mantener un fuerte control de los gastos. Además, los bancos deben de eliminar a  mayor ritmo los activos no rentables que  todavía ensombrecen los balances de las entidades de crédito, y también requieren  de ritmos mayores  de aumento del crédito, pues en 2016 la variación ha sido negativa.

Al inicio de 2017 ha destacado  la aceleración del aumento de los afiliados a la seguridad social (3,3% fue la variación interanual de enero) y el incremento de los precios de consumo, que en enero han crecido a un ritmo interanual del 3%, por encima del 1,8% de la Eurozona en el mismo mes. El panorama es moderadamente optimista, siempre que en el contexto internacional no se produzcan elevaciones significativas de los tipos de interés  y que  el señor Trump no desestabilice el contexto económico general.  

Articulo publicado en la revista semanal El Siglo de Europa el 13.2.2017 






[1] JRL es vocal del Consejo Superior  de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

28 enero 2017

UNA DICICIL SEMANA DE ENERO PARA EL GOBIERNO Julio Rodríguez López

  La tercera semana de enero de 2017 fue complicada para el gobierno, al que se le acumuló el trabajo. Para empezar, el clima enrareció el panorama, con unos descensos acusados de temperaturas y su  secuela de  carreteras cortadas, Ave retenido, ciudades aisladas en el sureste peninsular. En la misma semana el gobierno negoció con los partidos PSOE y Ciudadanos el texto de un Real Decreto-Ley para evitar acumulaciones de demandas judiciales por las cuantías cobradas en exceso en los préstamos hipotecarios por las denominadas “clausulas suelo”. Por otra parte,  los precios de la electricidad, que son solo una parte de los recibos del consumo eléctrico, subieron a ritmos alarmantes conforme crecía la demanda.

  La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2017 es opuesta a la limitación temporal de los efectos restitutorios vinculados a una cláusula abusiva, la correspondiente a la cláusula suelo. Hasta dicha sentencia, la retroactividad solo legaba a mayo de 2013, fecha de una sentencia del  Tribunal Supremo de España  que solo afectaba a cuatro bancos. Según la Sentencia del TJUE, los bancos españoles que practicaron dicha cláusula no solo deben de devolver lo cobrado en exceso tras la sentencia del Supremo español, sino que deben de pagar todo el exceso producido desde el primer vencimiento del préstamo.

Al inicio de la crisis de 2007-2008  los tipos de interés subieron, pero pronto se advirtió que se iban a suavizar los efectos de la recesión bajando los tipos de interés. Esto llevó a los bancos a cubrirse desde 2009 estableciendo “suelos” al descenso de los tipos. Los créditos a interés variable se convirtieron de hecho  en créditos a tipo fijo, cuyo nivel seria el establecido por cada  banco en la cláusula suelo.

El RDL 1/2017 (BOE de 21.1.2017), es un paso intermedio entre la reclamación de los consumidores y la posible demanda judicial  a plantear si no hay acuerdo entre la entidad de crédito y el prestatario-consumidor. Las entidades deberán  de establecer un sistema de reclamación previo  a la interposición de demandas judiciales, que será  voluntario para el consumidor. Recibida la reclamación  la entidad calculará la cuantía a devolver y la comunicará al consumidor, que podrá o no aceptarla. De no aceptarla se abre la vía a la demanda judicial.

El propio RDL 1/2017 establece la posibilidad de que  el banco rechace la solicitud  del consumidor  y  de que en tres meses no abone al consumidor la cantidad ofrecida. En cuanto a la información, el banco solo está obligado a poner un cartel en las oficinas o un aviso en su página Web. No es uniforme la actitud de los bancos ante las futuras reclamaciones, pues algunos amenazan con no devolver nada a los clientes por considerar como  no abusivas sus cláusulas suelo correspondientes. El cumplimiento de la nulidad de la cláusula suelo queda en manos del banco. El procedimiento previsto en el Real Decreto, no muy transparente, puede suponer un cierto “mareo de perdiz” previo a la demanda judicial.

  Durante la semana citada de enero de 2017 los precios de la electricidad crecieron  en España con intensidad. El  gobierno apeló a las condiciones climatológicas, a la menor oferta de energía de origen nuclear en Francia. Puede haber influido más  en la escalada de precios la reducción de la oferta, en especial la procedente de centrales que utilizan el gas natural. Tales centrales  han reducido su participación en la oferta, sea por indisponibilidad o por  falta de gas., a pesar de percibir una retribución fija que garantiza su disponibilidad.

Según la “Declaración de Economistas frente a la Crisis sobre los precios de la electricidad” (www.economistasfrentealacrisis.com)  de 20 de enero, el precio de la electricidad supera en España al de países europeos comparables. La regulación  del sistema eléctrico español es la responsable de tan altos precios. Las tarifas deben de reflejar el coste real del “mix” energético. Los precios actuales de la electricidad no resultan, pues asumibles.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 30.1.2017




JRL es  vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de “Economistas frente a la Crisis”. 

15 enero 2017

2017, EL AÑO DE TODAS LAS INCERTIDUMBRES Julio Rodríguez López

 [1]
 Las previsiones del pasado octubre de 2016 del Fondo Monetario Internacional para 2017 apuntaban hacia un crecimiento del 3,4% en la economía mundial (3,1% en 2016). Dicha evolución se apoyaría en la mayor expansión de las economías emergentes, que explicaría las tres cuartas partes del crecimiento global previsto. Toda previsión tiene abundantes riesgos de no cumplirse, como podrían serlo en 2017 la presencia de crisis profundas en China o unas consecuencias más que negativas del “Brexit” para la Eurozona. Sin embargo, el riesgo mayor se deriva de las consecuencias sobre la economía mundial de las acciones del nuevo presidente de Estados Unidos.

Según Martin Wolf (“The risks that threaten global growth” FT, 4.1.2017) existen tres tipos de  shocks desestabilizantes, como son los que se derivan de guerras significativas, los shocks inflacionarios y las crisis financieras. El empujón fiscal anunciado por el belicoso próximo presidente de Estados Unidos (reducción de impuestos a empresas y hogares poderosos y aumento de algunas inversiones públicas) puede ocasionar un enfrentamiento con la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos. Dicha tensión puede terminar con una elevación significativa de los tipos de interés o con  un resurgimiento importante de la inflación, lo que no deja de ser un shock desestabilizante.

En 1977 John K. Galbraith publicó un libro que tuvo por entonces buena acogida, “La era de la incertidumbre”. El periodo comprendido entre 1950 y 1975, de crecimiento prolongado y de evolución predecible,  terminó de forma abrupta con las primeras subidas espectaculares  del precio del petróleo. A ello se unió la evidente imposibilidad de restablecer el marco  establecido a nivel internacional en los acuerdos de Bretton Woods.

 En 1977 Jimmy Carter  no fue un modelo de presidente de Estados Unidos, pero ni de lejos se le ocurrieron iniciativas como amenazar con acciones que pusieran en riesgo el sistema económico mundial,  volver la espalda a los compromisos internacionales de Estados Unidos con la OTAN  y con la Organización Mundial del Comercio,  enredarse en conflictos con la Reserva Federal o provocar un fuerte agujero fiscal. Comparado con Trump, Carter fue un modelo de predictibilidad (Barry Eichengreen, “The age of Hyper-Uncertainty”, Social Europe, 9.1.2017).

 Aunque fuese a cosa de las economías emergentes, las previsiones del FMI para 2017 eran moderadamente optimistas. Ahora, todo se ha puesto en cuestión. Sobre la evolución de 2017 influirá, además,  lo que suceda en países como China, Turquía y Brasil, así como las consecuencias del Brexit, respecto del cual  es general el comentario de que el gobierno británico no  tiene muy claro el camino a seguir.

La previsión para la economía española es de una desaceleración del crecimiento desde el 3,2% de 2016 hasta algo menos del 2,5% en 2017. La previsible subida de los precios de las materias primas, el menor impacto de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y el ajuste fiscal a que obligan las exigencias de la Comisión Europea serán factores que frenarán el crecimiento de dicha economía. Esta última todavía tiene bastantes problemas pendientes, como la elevada deuda, la salida al problema de las pensiones, la todavía más que elevada tasa de desempleo, problemas que tardaran más en solucionarse en caso de frenarse el crecimiento.

 El oleaje derivado de las acciones y de las palabras  del nuevo inquilino de la Casa Blanca no dejará de sentirse en esta parte de Europa. Las opiniones sobre las consecuencias de sus decisiones distan de ser unánimes, pero todo apunta a que en 2017 “viviremos peligrosamente” (M. Wolf, op.cit.) 

 Artículo publicado en la revista semanal “El Siglo de Europa” el 16 de enero de 2017




[1] JRL es  Vocal del  Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis