05 octubre 2010

Un otoño de ajustes

Julio Rodríguez López

Desde el inicio de la crisis en 2007 la política económica del gobierno de España mantuvo un claro perfil anticiclico, que se prolongó hasta mayo de 2010. Desde este mes la política económica ha presentado un carácter a todas luces estabilizador, orientado sobre todo a la reducción del déficit de las administraciones públicas. El cambio citado en la política económica ha permitido un cierto alivio en la financiación exterior de las administraciones públicas y de las empresas financieras y no financieras.

El déficit público agregado de España superó el 11% en 2009. En un breve periodo de tiempo dicho déficit alcanzó un nivel especialmente elevado dentro de la eurozona. A pesar de su menor nivel relativo de deuda pública (sin embargo, la deuda exterior de España, pública y privada, se aproxima al 170 % del PIB), el Ecofin de la primera semana de mayo de 2010 forzó a España a acelerar el proceso de reducción del déficit previsto en el documento remitido a la Comisión de la UE en febrero de 2010.

La compleja situación exterior de España se manifestó en el diferencial de tipos de la deuda española con la deuda alemana. Dicho diferencial se acentuó en la primavera de 2010, pasando desde el 0,84% de abril de 2010 al 1,35% en mayo y al 1,93% en junio, en el caso de la deuda a diez años. Ello indica la presencia de una fuerte desconfianza respecto del rigor de la política económica desarrollada hasta dicho momento, lo que dificultó la colocación de todo tipo de deuda española en los mercados de capitales.

La situación de la deuda española cambió después de junio, tras la publicación de los resultados de los denominados “tests de stress bancario”, de los que se ha derivado la realidad de una posición relativamente sólida de las entidades de crédito de España en el contexto comunitario. A pesar del alivio registrado en los mercados de deuda, la situación de los mismos para la eurozona es de acusada inestabilidad, como se ha comprobado en septiembre con motivo del empeoramiento de la situación de Irlanda.

La mejoría de la posición de España se ha derivado, pues, de las medidas adoptadas de carácter acusadamente estabilizador desde mayo de 2010. Destacan las de reducción del déficit publico mediante la disminución de los salarios de los funcionarios (-5% desde julio de 2010) y de las inversiones públicas en unos 6.500 millones de euros, junto a la congelación de las pensiones en 2011, además de una elevación significativa de la imposición indirecta (IVA y Rentas del Capital) ( RDLey 8/2010 de 20 de mayo).

También destaca la reforma de la normativa de cajas de ahorros, con la que se pretende reforzar los recursos propios de dichas entidades y facilitar su transformación en bancos, disminuyendo la presencia de representantes políticos en sus órganos de gobierno (RDLey 11/2010, de 9 de julio). La medida de mayor impacto social ha sido la de reforma del mercado de trabajo (Ley 36/2010, de 17 de septiembre). Esta norma reduce el coste del despido de los trabajadores por parte de las empresas y facilita la reducción de plantilla con unas meras expectativas de reducción de los ingresos empresariales.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 28.5.2010 aceleró la reducción del déficit de las administraciones Públicas, que en 2010-11 se quedaría en el 9,3% en 2010 y en el 6% del PIB en 2011. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 ha recogido los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria citados y ha materializado las medidas anticipadas en mayo, caso de la reducción de las inversiones públicas y de los salarios de los funcionarios, junto a la congelación de la mayor parte de las pensiones en 2011. El proyecto incluye la elevación del tipo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los tramos de renta superiores a 125.000 euros anuales y la modificación del tratamiento fiscal de las Sicav.

La previsión de los Presupuestos Generales del Estado es de un crecimiento del PIB del 1,3% en 2011.Ello contrasta con la realizada por la Fundación Funcas, según la cual dicho crecimiento seria solo del 0,4%. Para dichos Presupuestos, en 2011 el consumo de los hogares crecería a un ritmo del 1,6% y el empleo aumentaría en un 0,3%, mientras que, según Funcas, ambas magnitudes registrarían nuevos descensos en dicho año. La previsión del gobierno para 2011 parece un tanto optimista, circunstancia que puede no favorecer la imagen externa de España a efectos de los temidos mercados internacionales de deuda. Un ritmo de crecimiento significativo parece todavía distante en España para 2011, aunque sin el mismo se reforzarán las tensiones políticas y financieras.

(El Siglo, 4 de octubre de 2010)