Se han
puesto en marcha en el primer semestre de 2013
los primeros cambios introducidos por el actual gobierno del Partido
Popular en el marco estatal de la
política de vivienda. Destaca la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016
(RD 233/2013, BOE de 10.4.2013), y de un conjunto de correcciones sustanciales a la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos (Ley 4/2013, BOE de
5.6.2013)
Junto a lo anterior, todo
indica que en el Senado apenas se
corregirá el texto del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana aprobado en el Congreso de los Diputados.
Dicho proyecto de ley es la tercera pieza legal rectificada entre
las que integran las la política de vivienda. Se modifica en el mismo la
normativa correspondiente a la rehabilitación, se sustituye al actual ITE
(inspección técnica de edificios) por el Informe de
Evaluación de Edificios (IEE). Además, se cambian las leyes vigentes de suelo y de
propiedad horizontal, reforzando de nuevo los derechos del propietario. Se abren
las puertas a la figura del agente urbanizador, en este caso aplicado a la
rehabilitación y a la regeneración
urbana.
Una enmienda a última hora del Grupo Popular
del Congreso ha incorporado a dicho proyecto de ley una vieja aspiración de los promotores inmobiliarios, la suspensión
de la reserva de suelo (30% de la edificabilidad) para la construcción de vivienda protegida o
equivalente en los nuevos desarrollos urbanos. Dicha suspensión duraría cuatro años y deberán aceptarla las comunidades autónomas.
El argumento que justifica tal enmienda es que no hay demanda para dicho tipo de vivienda,
como viene a decir la alcaldesa de Madrid para cerrar la empresa municipal de
vivienda. En la presente situación de
España la gente necesita viviendas caras según los diputados populares, a pesar
de la destrucción de empleos, del descenso confirmado del número de hogares, de
la emigración y del descenso de los salarios. Ello recuerda el dicho que se atribuyó a la reina María Antonieta
poco antes de la revolución francesa, de que a falta de pan que la gente coma pasteles.
Los
diputados populares deben de ignorar que la restricción crediticia está
afectando más a las ventas de viviendas
protegidas que a las viviendas libres en las nuevas promociones de viviendas.
En el último trimestre de 2012, según el
Banco de España, la tasa interanual del
saldo de crédito para la compra de
vivienda protegida descendió en un 4,5%, descenso más acusado que el del 3,5%
correspondiente al crédito total para compra de vivienda. En tiempos de
restricción crediticia los bancos
desconfían mas de los hogares con menores niveles de ingresos, a los que están destinadas tales viviendas
protegidas.
Sorprende la defensa del alquiler en boca de
la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Se dice ahora que en Europa hay una proporción bastante mayor
que en España de dicho tipo de viviendas y que en España hay un 17% de hogares
viviendo de alquiler. En la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE
relativa a 2011 solo un 12,1% de los hogares viven bajo dicha forma de tenencia,
dato que también recoge en sus indicadores el Banco de España.
En el Ministerio
de Fomento suman a los hogares de alquiler los que residen en viviendas cedidas
en uso gratuito (5,1%) para llegar a dicha proporción. No es lo mismo vivir de
alquiler bajo un contrato a cumplir que hacerlo en una vivienda cedida gratis a
un familiar, por ejemplo.
Las
reformas de la vigente ley de arrendamientos
urbanos (Ley 25/1994) tienen un sesgo favorable al propietario: se rebaja de
cinco a tres años el plazo máximo del alquiler, se puede despachar al inquilino
con solo un año de contrato aduciendo la necesidad de la vivienda, retornando al “Decreto Boyer” de 1985 que admiran los populares.
Se deja libertad entre arrendador y
arrendatario para elegir el indicador con el que se va actualizar el alquiler, y
no el IPC como hasta ahora. Los inquilinos
deberán pasar previamente por un curso
de estadística descriptiva para ejercer la libertad de elección entre índices
de precios.
El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el
décimo plan plurianual de vivienda de la
democracia (el primero fue el de 1981-83, imperantes Suarez y Calvo-Sotelo)
busca reactivar el deprimido sector de
la construcción. Recupera las ayudas directas, de hasta 200 euros al mes, a los inquilinos que no paguen más de 600 euros al mes de
alquiler. Establece las ayudas directas
a la construcción de viviendas de alquiler, que solo podrán edificarse sobre
suelo o edificaciones de titularidad
pública. Desaparece por el momento cualquier ayuda a la vivienda protegida en propiedad.
La nueva política de vivienda impulsa algo el
alquiler y la rehabilitación, modifica la ley del suelo para hacer rentable la
rehabilitación a los agentes privados,
echa una mano a los arrendadores y despide sin más ceremonias a la
vivienda protegida en propiedad.
Publicado en El siglo, 17.6.2013
