25 abril 2015

CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. ENTRE MADRID Y EXTREMADURA Julio Rodríguez López

  En marzo de 2015 el INE publicó la primera edición de la Contabilidad Regional de España de 2014. Dicha publicación recoge la distribución autonómica y provincial   de los principales agregados macroeconómicos. Las disparidades de nivel de desarrollo económico continúan siendo relevantes en España. No se advierte apenas que el estado de las autonomías  haya contribuido a reducir tales diferencias. La crisis  ha dejado huella en todos los territorios, advirtiéndose asimismo la trascendencia de la composición de la oferta productiva a la hora de  hacer frente a situaciones complicadas.

  Según el INE, la primera autonomía de España en cuanto a participación en el PIB en 2014 fue  Cataluña, que  obtuvo el 18,9% del PIB en 2014, seguida de cerca  por Madrid con el 18,7%. Cataluña fue también la primera en empleo, con 3,3 millones de puestos de trabajo, seguida por Madrid con 3,1 millones, siempre en 2014. En cuanto a la población, Andalucía fue la primera autonomía, con 8,4 millones de habitantes, el 18,1% del total, seguida por Cataluña, que tenía  en dicho año 7,4 millones de habitantes, el 16,9% del total de España.

  El nivel de desarrollo territorial se aproxima, con bastante inexactitud por cierto, por medio del PIB por habitante. En este sentido destacó la Comunidad de Madrid, en la que el nivel de dicha magnitud en 2014 fue de 31.000 euros por habitantes, un 36,1% por encima de la media de España. Le siguió  el País Vasco, con el 30,3%  sobre la media nacional. Los niveles más reducidos de grado de desarrollo fueron los de Extremadura, con 15.757 euros por habitante, un 30,9% por debajo de la media nacional, seguida en dicha “cola” por Andalucía, autonomía esta última en la que el PIB por habitante estuvo  situado un 25,9% por debajo de la media nacional en 2014.

 La renta  disponible por habitante refleja las consecuencias de la acción redistributiva  estatal, a través sobre todo de la fiscalidad, prestaciones sociales y otras transferencias. Los efectos benéficos del cupo vasco se advierten en el primer puesto que el País Vasco alcanza en el nivel de dicha magnitud. De la comparación entre  el PIB por habitante y la Renta Disponible de los hogares por habitante se deriva  que son las autonomías de Asturias y Extremadura las más favorecidas relativamente por dicha acción estatal, mientras que Madrid  y Rioja son las más perjudicadas por el juego de transferencias y fiscalidad. 

 La serie a precios constantes del PIB a precios de mercado permite analizar el diferente impacto que la crisis económica ha tenido en las diferentes autonomías. En 2014 las autonomías que habían sufrido la mayor caída de la actividad productiva respecto de 2007, año de inicio de  la crisis,  fueron las de Asturias (-9,2% fue el retroceso real del PIB de 2014 sobre el de 2007), junto a  Valencia y Cantabria  (-8,1%). La menor  incidencia de la crisis correspondió a Madrid (-0,9%) y Baleares (-1,8%).

La información estadística disponible revela que el impacto de la crisis ha sido mayor en los territorios especializados en actividades muy cíclicas y de baja productividad, como la construcción, servicios auxiliares y servicios al consumo, junto con un modelo de urbanización dispersa intensivo en uso de suelo y recursos naturales (Ricardo Méndez, “Geografía de la crisis”, Alternativas Económicas, abril 2015).

El nivel de PIB por habitante resulta de los niveles de dos magnitudes, la productividad sectorial por persona ocupada y el número de empleos respecto de la población. En el caso de la primera autonomía en PIB por habitante, Madrid, la productividad sectorial media  superó en 2014 a la de España en un 10,2%, mientras que Extremadura, la última autonomía, estuvo  un 13,5% por debajo de la media española.

 La disparidad es mayor en cuanto a densidad  de empleo. Así, en número de empleos por habitante, Madrid supera a la media en un 23,5%, mientras que Extremadura está un 20% por  debajo. De esta comparación se deduce que el nivel de empleo, en gran medida derivado de la existencia de empresas, es la variable básica a la hora de explicar las diferencias existentes en cuanto a nivel de desarrollo.

 La composición de la oferta también importa. El peso de la industria en el PIB mide el grado de sofisticación de la base productiva, por la incidencia que dicho sector tiene sobre otras actividades y por el impacto tecnológico del mismo. En tres autonomías del norte de España, Navarra, Rioja y País Vasco, destacó la significativa presencia de la industria en el conjunto del valor añadido, que en el caso navarro se aproximó al 29% del PIB, muy por  encima de la media española del 16%. La menor presencia industrial correspondió  a las islas, Canarias (7,9%) y Baleares (6,8%), precedidas por Madrid (9,9%) y  Andalucía (11,7%), donde la especulación y el ladrillo  son los  mayores enemigos de dicha actividad..

   La Contabilidad Regional de España aporta información para estimar los valores de las productividades por persona ocupada de las diferentes ramas de actividad. Según dicha estimación, las ramas con niveles más elevados de dicha magnitud son las de  “servicios inmobiliarios”, “información y comunicaciones” e “industria”. Por debajo de la media sectorial aparecen las ramas de actividad de  “construcción”,  “servicios de no mercado” (básicamente administraciones públicas), y la heterogénea rama de actividad de “Comercio, Transportes y Hostelería”. Los  dos últimos bloques de actividad son abundantes en las autonomías que ocupan los puestos más bajos en cuanto a nivel de desarrollo.

La aproximación territorial a la realidad económica española es poco abundante en España, posiblemente por tratarse de un marco en el que inciden más  las administraciones autonómicas y locales, que gozan de escaso “glamour” entre los estudiosos de la economía. Dicho análisis permite explicar mejor las razones de la persistencia en el subdesarrollo de algunos territorios de España.

Una versión de este artículo se publicó en la revista “El Siglo de Europa” de 27 de abril de 2015





[1] JRL es miembro de Economistas frente a la Crisis y  Vocal del Consejo Superior de Estadística