Desde 2007 ha destacado el aumento de la morosidad de los préstamos y de las ejecuciones hipotecarias
consiguientes a los impagos. La tasa de morosidad de los créditos a
hogares para compra y rehabilitación de vivienda ha experimentado aumentos
significativos, pasando desde el 0,43% de diciembre de 2006 hasta el 6,0% de
diciembre de 2013, frente al 13,6% para todos los créditos al sector
privado en la misma fecha.
Dicha morosidad es muy inferior a la de los préstamos a la promoción y construcción de las mismas, próxima al 40%. El elevado
saldo vivo de los créditos para compra
de vivienda, 604.935 millones a 31.12.2013,
hace que el saldo de los créditos morosos de hogares por dicho concepto alcance una
cifra absoluta elevada, 36.182 millones de euros. Los conflictos derivados de
los posibles desahucios derivados de la mayor morosidad son potencialmente
importantes.
Hasta abril de 2013 solo se dispuso en España estadísticas
sobre ejecuciones hipotecarias procedentes del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con periodicidad trimestral. Se dispone, entre otros aspectos, de datos
sobre el número de procedimientos de ejecución hipotecaria y sobre el número de
lanzamientos practicados por los Tribunales Superiores de Justicia.
Entre 2008 y 2013 los totales acumulados han
sido de casi 500.000 procedimientos de ejecución presentados y 309.560 lanzamientos, con una tendencia
creciente hasta 2010, que se estabilizó después, a niveles elevados, entre 2011
y 2013. Las cifras de 2013 fueron de 82.680 procedimientos y de 65.182 lanzamientos.
Las
magnitudes recogidas en la estadística
judicial se refieren a todo tipo de activos inmobiliarios. En la fecha citada
de 2013 el Colegio de Registradores de
la Propiedad de España[1]
publicó una estimación para 2012 a
partir de una encuesta directa y voluntaria a los registros de la propiedad.
Según esta fuente, en vivienda
habitual, en 2012 hubo en España 49.300 procedimientos de ejecución iniciados,
30.050 adjudicaciones y 11.400 daciones
en pago. Los procedimientos estimados por los registradores supusieron el 53,7% de la cifra total de
procedimientos de ejecución iniciados
publicada por el CGPJ. Murcia,
Valencia y Cataluña fueron las autonomías con la mayor proporción de hogares
afectados por tales procedimientos en la estadística registral.
Las viviendas habituales adjudicadas se
elevaron a 30.050 en 2012, según dicha
fuente. Las 11.400 daciones en pago de viviendas habituales de
2012 implican que dicha fórmula no es
infrecuente en España . Los datos del Poder Judicial revelan la presencia de un aumento del 218,7% de las ejecuciones hipotecarias entre 2007 y
2013, donde Cataluña (304,2%) presentó el crecimiento mayor y el País Vasco registró el aumento más moderado (39,9%).
En mayo de
2013 el Banco de España[1]
publicó los resultados de una encuesta
entre entidades de crédito con más del 85% del crédito hipotecario vivo para
compra de viviendas. Dichos datos se han
reestimado posteriormente, pues el Banco obligó después a las entidades de crédito a remitir dicha información mediante la CBE 1/2013, de
24 de mayo[2]
.
En 2012 hubo
39.051 entregas de vivienda habitual a
las entidades de crédito, de las que 19.716 fueron voluntarias
(incluidas 15.174 daciones de pago), y 19.335 lo fueron por medio de la vía
judicial, en el 85% de los casos con la
vivienda vacía y en el resto con la vivienda ocupada.
Los datos de 2013 publicados por el Banco de España en “Nota” de 19.5.2014[3] confirman la persistente intensidad del problema en dicho año, a la vista del elevado número de entregas de viviendas en dicho periodo a las entidades de crédito, 38.961. De dicho total 17.907 fueron entregas voluntarias, incluidas las daciones en pago, y 21.054 correspondieron a entregas judiciales.
Los datos de
2012-13 del Banco de España pueden implicar que
casi un 30% de los lanzamientos
hipotecarios publicados por el CGPJ para dichos años correspondieron a
viviendas habituales, y que el 70% de los lanzamientos correspondió a
viviendas. Si la
proporción citada de entregas de
viviendas habituales derivadas de
procedimientos judiciales correspondientes a 2012-13 se aplica a los lanzamientos hipotecarios
producidos en el periodo 2008-13, resultaría un total de más de 90.000 viviendas
habituales entregadas a los bancos como
consecuencia de los procedimientos de ejecución iniciados en dicho
periodo.
Un sistema
de ejecución tan severo como el vigente
en España se está aplicando a unos préstamos contraídos en una etapa de dinero
fácil y de escaso rigor en la asunción
de nuevos riesgos por parte de las entidades de crédito. Durante esta década (1997-2007) “el
ahorro familiar se incentivó fiscalmente para la compra de vivienda habitual y
las entidades financieras otorgaron para
ello préstamos hipotecarios a discreción a empresa y particulares” (C. Jiménez Segado, Claves 2013).
Según el
Ministerio de Economía y Competitividad, en la “Guía práctica del Fondo social
de Vivienda”, en el primer año de aplicación del Fondo (1913) se recibieron
1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas. Esta cifra resulta a todas
luces reducida respecto de la dimensión alcanzada por los desahucios producidos entre 2008 y 2013, lo que señala la debilidad de dicho instrumento.
[1] Banco de España, 2012, “Nota Informativa sobre la presentación de una nueva estadística de procesos de
ejecución hipotecaria sobre viviendas”, 10 de mayo.
[2] Banco de España, “Nota Informativa sobre los procesos de ejecución
hipotecaria sobre viviendas. Datos revisados de 2012 y primer semestre de
2013”, 28.enero.
[3] Banco de España, 2014, “Nota
Informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas. Total
entidades de depósito”, 19 de mayo.