28 julio 2013

EL FINAL PREVISIBLE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN 2013 Julio Rodríguez López


  El 17 de septiembre de 2012 dimitió  la presidenta de la Comunidad de Madrid. El nuevo presidente, Ignacio González, anunció en su discurso de investidura su propósito de eliminar el Consejo Económico y Social (CES) de esta autonomía. La ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2013 (ley de Medidas Fiscales y Administrativas) materializó dicha extinción.   Desde el 1º de  enero de 2013 dejó, pues, de existir el CES, presidido en el momento de la disolución por  el profesor Pedro Schwarz.

 El organismo en cuestión tenía carácter consultivo y debía de emitir informes preceptivos y no vinculantes sobre los proyectos de leyes y decretos de carácter socioeconómico emanados del Consejo de Gobierno de esta autonomía. Además, el CES elaboraba y publicaba un informe anual sobre la situación socioeconómica de la Comunidad de Madrid. Entre la representación empresarial y los “expertos”, estaba  garantizado  que los informes del CES  fuesen favorables  a los proyectos normativos citados.
   La oposición  al perfil “oficialista” de los dictámenes emanados de la mayoría del CES  correspondió a la minoría sindical de consejeros, en este caso procedentes todos ellos de los sindicatos CC. OO y UGT.  Los  votos “particulares” de estos últimos  alcanzaban el “quórum” preciso como para que  las opiniones emitidas por dicho grupo sindical   acompañasen a los  proyectos de ley que llegaban a la Asamblea de Madrid. Los sindicatos aprovecharon, además,   el conocimiento previo de la normativa en cuestión que les permitía su presencia en el CES  para  organizar campañas de opinión opuestas  a los cambios normativos de mayor perfil  ultraliberal y antisocial del gobierno de la Comunidad citada.

El mayor éxito en dicha línea de actuación correspondió a la oposición sindical al  proyecto de ley del suelo del gobierno de Esperanza Aguirre. Dicho proyecto, que reforzaba los derechos de los propietarios del suelo en los nuevos desarrollos urbanos y limitaba de hecho la construcción de nuevas viviendas protegidas,  pretendía  modificar la ley del suelo vigente desde los tiempos de la presidencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

 El Grupo Sindical consiguió inquietar a la opinión pública y a los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid sobre el contenido de dicho proyecto de ley,  que resultó finalmente retirado. Sin embargo,  numerosos cambios pretendidos con el mismo  de hecho se  introdujeron con posterioridad dentro de normas de amplio contenido, como las leyes  de acompañamiento anuales de los presupuestos.

  La Comunidad de Madrid, a pesar de su reducida superficie, equivalente a la de la provincia de Málaga (1,6% de la superficie de España), aporta el 17,9% del PIB de España, solo superada por Cataluña. Su población, 6,5 millones de habitantes,  supone el 13,7% del total nacional. Los casi tres millones de viviendas suponen el 11,5% del total de viviendas familiares de España.

 El PIB por habitante de Madrid ascendió en 2012  a 29.400 euros, el 129% de la media nacional de España. La Comunidad de Madrid efectúa la mayor aportación relativa al equilibrio de rentas entre las diferentes autonomías de España.  Es  notable la diferencia  negativa entre el PIB por habitante (129,9% en 2010) y la Renta Familiar Disponible por hogar (el 119,5% de la media nacional en el caso de Madrid en este último año).

  En Madrid tienen el mayor peso en el PIB   actividades de servicios como “Información y Comunicaciones” y “Actividades Profesionales y Administrativas”. Es menor la presencia de “Industria y Energía” en Madrid que en España, puesto que dicha actividad se ha visto expulsada por unos planes de urbanismo locales  en los que el ladrillo ha echado empleos desde Madrid a las autonomías vecinas. Dichos planes de urbanismo han sido también alentados por el urbanismo autonómico, a todas luces más  proclive a la especulación inmobiliaria que a los empleos industriales.  

El descenso sufrido por  el PIB de la Comunidad de Madrid   entre 2008 y 2012ha sido menor que el del conjunto de la economía española, el -0,9% frente al -1,3%.  Pero el ejecutivo autonómico, además de no favorecer el desarrollo de un tejido productivo menos primario que el actual,  viene desarrollando una política social  ampliamente regresiva. De ahí que  los ciudadanos de la Comunidad de Madrid  con menos recursos están sufriendo más  las consecuencias de la crisis que los de autonomías en las que el impacto económico de la crisis  es mayor que en Madrid. 

  La renuncia a la recaudación  de tributos que afectan a los hogares de rentas más elevadas (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), las ayudas fiscales a los hogares que lleven a los hijos a colegios privados cuando se recortan de forma drástica los recursos de la enseñanza primaria pública, el intento obstinado de privatizar la gestión de  los hospitales públicos de Madrid, la renuncia  a disponer de mecanismos de apoyo a las empresas madrileñas (eliminación del Imade) son ejemplos de dicha política.

A pesar de sus limitaciones, el CES de Madrid  valía para  anticipar acontecimientos y poder  sacar los colores ala política socioeconómica aquí descrita. No ha sido, pues, de extrañar la  eliminación de este organismo, que fue el más claro anticipo de la fuertemente  ideologizada (hacia la derecha) política económica del nuevo presidente.