08 noviembre 2012

LOS CAMBIOS PRECISOS EN LA POLITICA ECONOMICA Julio Rodriguez López



  Si se excluye el fuerte descenso del déficit exterior,  no ha mejorado la situación económica en España durante 2012. La actividad productiva y el empleo han seguido retrocediendo.  Las reformas puestas en marcha, en especial la relativa al mercado de trabajo, no han ayudado a impulsar la creación de empleos, en ausencia de una demanda  que “tirase” de la actividad.  A principios de noviembre no ha  entrado en funcionamiento el denominado  “banco malo”,  destinado a sanear los balances de los bancos mas cargados de activos “tóxicos”. 

Las ventajas de no pedir un rescate adicional a la “troika” (Union Europea, Fondo Monetario Internacional y BCE) y las dudas alemanas convierten en imprevisible el momento de solicitar el tan citado”rescate”.  Los casi 40.000 millones de euros de factura de los intereses de la deuda pública  incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 suponen una espectacular sangría de recursos. Dicha magnitud subraya la relevancia de  que se reduzca la prima de riesgo sobre la deuda alemana  desde los más de  400 puntos básicos actuales  hasta los 200.

Un estudio incluido en las Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2012  ha puesto en entredicho la política de austeridad desarrollada en la mayoría de los países de la eurozona, en especial en los mas endeudados, caso de España.  Según dicho  trabajo, las reducciones del  gasto encaminadas a frenar  el déficit  público provocan una caída de la actividad varias veces superior al impacto negativo inicial que genera la reducción del gasto.

  Los retrocesos de  la actividad  y del empleo  reducen los ingresos fiscales  y contribuyen  a que el déficit público aumente en lugar de retroceder.  La citada  investigación del FMI cuestiona, pues, el diseño de las políticas de austeridad que tanto daño social estan provocando en los países más endeudados. Además, dicha política frena el crecimiento de los países acreedores, que ahora venden menos mercancías a los países periféricos de la Eurozona. 

 La política económica seguida en España en los últimos años tiene como objetivo primordial la reducción del déficit publico. Dicha política se  apoya en los recortes del gasto público, en los aumentos de impuestos, en la reducción de los salarios de los funcionarios y en la  devaluación interna de la economía para mejorar la competitividad. Se pretende reducir los salarios para ayudar a competir  a las empresas.  Sin embargo, dicha reducción salarial  disminuye el poder de compra de los asalariados y provoca nuevos retrocesos de la demanda de consumo, lo que afecta negativamente a la actividad productiva.

 Como se ha indicado, el efecto total derivado de los recortes  de gasto publico y de salarios citados resulta, pues, muy    superior al efecto directo inicial. El descenso de la actividad es un múltiplo de los recortes del gasto. Tales multiplicadores tienen un alcance mayor que lo inicialmente previsto por el FMI. Tampoco  ayuda  a la recuperación en España  un sistema financiero situado en plena reforma, en el que los ajustes puestos   en marcha en 2012 han limitado la capacidad de aportar financiación crediticia.  La política económica seguida,   que consagra como irreversible el objetivo de  reducción  abrupta del déficit,  no sirve para estimular el crecimiento.  

 Todo apunta a la conveniencia de alargar el plazo de disminución de los niveles de  déficit y de  deuda pública, y de incorporar elementos de dinamización en el diseño global de la política económica.  Los únicos aspectos de dicha política que ahora apuntan a favorecer la actividad  se refieren, como no, al ladrillo (Eurovegas y la reforma de la ley de Costas). 

 La dura politica de ajuste impuesta a España no solo ha llevado a una tasa de desempleo superior al 25%, sino que ha generado  abundantes  problemas políticos.  La petición abrupta de secesión de Cataluña  procedente del gobierno de dicha autonomía no ayuda precisamente a resolver los pesados problemas que la crisis de deuda   y el mal diseño de la Eurozona han provocado. Dicha política oportunista recuerda la de Marruecos con España en relación con la anexión del Sahara en 1975, cuando la presión politica  se efectuó en plena agonía de Franco.

La política económica deberá aportar nuevas soluciones a las abundantes ejecuciones hipotecarias a empresas y a hogares  que ha provocado la crisis. Entre 2008 y 2012 se han presentado en España en los juzgados más de 412.000 ejecuciones hipotecarias, de hogares y de empresas y se han realizado unos 239.000 lanzamientos. El sistema vigente en España permite que el prestatario insolvente permanezca fuertemente endeudado con el banco que le financió la compra de la vivienda. Esto  resulta sustancialmente más riguroso que la practica mas frecuente en Europa Occidental. Resulta más difícil soportar la presión diaria de los afectados en un momento tan delicado como el actual, que exige un diseño de política económica mas comprometido con el crecimiento.