ESPERANDO A EUROPA
30.4.2012
Julio Rodriguez López
Los últimos resultados disponibles sobre la evolución de la economía española han acentuado el perfil pesimista de dicha evolución. Por una parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE relativa al primer trimestre de 2012 ha arrojado nuevas evidencias de que persiste la destrucción de empleo y el aumento del paro. En segundo lugar, el avance del INE sobre la evolución de la actividad señala la presencia de un nuevo retroceso del PIB en el mismo periodo, el -0,3%.
La caída de la actividad refleja el hundimiento de la demanda interna. Este retroceso está siendo reforzado por el perfil deflacionario de la politica fiscal que suponen tanto el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como el “Programa de Estabilidad 2012-2015 y Programa Nacional de Reformas 2012”. Este último fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de abril.
Los resultados de la EPA del primer trimestre de 2012 resultan un tanto descorazonadores. La pérdida de empleos en un año ha sido de 718.500, de los que todavía el sector de la construcción ha expulsado 307.300, el 42% del descenso total del empleo. Al retroceso inicial de la construcción residencial ha sucedido la caída de la construcción no residencial, explicada por el abrupto descenso de la inversión pública iniciado en 2010.
Cuando van transcurridos cuatro años y medio de crisis, la destrucción de empleo ha superado los tres millones de puestos de trabajo, la mitad de los cuales procede de la construcción. El retroceso de dicho sector también ha influido sobre el descenso de la ocupación en las actividades industriales y de servicios estrechamente ligadas a la construcción.
De forma paralela a la destrucción de empleos, la actividad productiva ha retrocedido en un -4,4% en los cuatro años transcurridos entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2012. La construcción ha descendido en un 35%, mientras que el resto de la actividad productiva, la no construcción, ha crecido ligeramente. A pesar de tal evidencia, el “Programa de Estabilidad 2012-2015” no vacila en atribuir la caída del empleo a “una excesiva rigidez y a un mercado (de trabajo) ineficiente”.
El gobierno rechaza tozudamente que haya desempleo keynesiano, esto es, desempleo derivado de la debilidad de la demanda. Hacía tiempo que no se sufrían en España las consecuencias de una politica económica tan ideologizada como la que ahora se está llevando a cabo, en este caso de carácter a todas luces conservador y neoliberal. La reforma del mercado de trabajo y la deflación presupuestaria son las piezas claves de dicha politica. Según el Programa citado, en España se van a perder empleos en 2012 y 2013, mientras que allá por 2014 habrá una recuperación de la ocupación, y ello gracias al fuerte tirón de las exportaciones.
La política económica española se desenvuelve dentro del marco de austeridad previsto para la Eurozona, que implica una reducción abrupta del déficit público hasta 2013. Dicha política responde a lo que Paul Krugman denomina “el gran engaño europeo”, esto es, a “la creencia de que la crisis europea se debe ante todo a la irresponsabilidad fiscal”, La deuda, excluida Grecia, solo se disparó tras la llegada de la crisis (El País de los Negocios, 29.4.2012). Fue la crisis la que trajo el déficit y no al revés.
Resulta difícil en el marco europeo presente establecer en España una politica de perfil expansivo. Se trataría de establecer una politica macroeconómica mas expansiva no solo para España, sino para Europa, concretamente para la Eurozona.”Difícilmente pasa un mes sin que tenga lugar una nueva crisis del euro, con la consiguiente imposición de mayor austeridad. Es como si Keynes nunca hubiese existido. Los países mas endeudados necesitan ciertamente reestructurar sus sectores públicos a largo plazo, pero no pueden hacer frente al pago de la deuda, a corto y a largo, cuando están en recesión. El creciente desempleo y la deprimida demanda frenan el crecimiento y no son de utilidad para nadie” (Simon Jenkins, “”Europe’s terrible blunder can be rectified. Remember 1931”, The Guardian, 26.4.2012).
Un viento de duda recorre el ámbito de los estados miembros de la Eurozona. Hasta el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se apunta a un “pacto por el crecimiento”. Antes de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en Francia, el mensaje reformista del candidato Hollande ha surtido efectos positivos. En España no cabe esperar cambios en el actual gobierno, que responde a las protestas con amenazas de mas reformas del mismo signo un viernes tras otro. A fines de la etapa franquista, los Consejos de Ministros se clasificaron en deliberantes y decisorios. En la revista “Hermano Lobo”, Chumy Chumez clamaba “Arrepentíos, se acerca un decisorio”. Un tiempo desabrido arrastra recuerdos de otros tiempos aun mas desabridos. Una vez más, Europa puede ser la solución.
Este blog está destinado a poner de manifiesto las disfunciones y colectivos perjudicados por la forma en que el problema de la vivienda se está afrontando en España, mostrándolo como un problema singular en Europa. y las posibles soluciones al mismo.
30 abril 2012
20 abril 2012
¿PORQUE ES TAN REDUCIDO ELPARQUE DE
VIVIENDAS DE ALQUILER EN ESPAÑA?
21 Abril 2012
Julio Rodriguez López
El retroceso de la vivienda de alquiler en la segunda mitad del siglo
veinte fue más acusado en España que en
el resto de los países occidentales. Entre los factores explicativos de dicho
descenso destaca la más estricta regulación de los alquileres, flexibilizada a
partir de los años ochenta del pasado siglo.
El mal funcionamiento del sistema judicial ha perjudicado al alquiler dentro del mercado de vivienda.
La proporción de las viviendas de alquiler en España, dentro de las
viviendas principales, pasó desde el 50,4% en 1950 al 11,4% en 2001, según los
resultados de los Censos de Viviendas decenales realizados por el INE. A 1º de
noviembre de 2001 el total de viviendas de alquiler en España ascendía a 1,6 millones. Ello implica que alrededor de 3,3 millones de
personas residían en España bajo dicha forma de tenencia de la vivienda.
La presencia del alquiler era mayor en 2001 en
las provincias y autonomías con mayor peso del turismo y también en las grandes
áreas metropolitanas. Las encuestas del INE, concretamente la Encuesta de
Condiciones de Vida, anual, parecen señalar que después de 2006 se está produciendo una recuperación del alquiler. En
2010 la proporción de hogares que vive en dicho tipo de viviendas ascendió al
11,8%, frente al 10,4% de 2004. España
tiene la menor proporción de viviendas de alquiler dentro de la Eurozona, lejos
del 50% correspondiente a Alemania.
En general el alquiler ha reducido su
presencia en los países del mundo occidental
como consecuencia de la sustancial mejora de las condiciones de
financiación que se produjo a partir de los años ochenta. Dicha circunstancia
tuvo su origen en la integración plena
de los mercados hipotecarios dentro de los sistemas bancarios, lo que permitió un crecimiento
mayor de dicho tipo de préstamos.
El auge de los
créditos hipotecarios fue posible por la mejoría experimentada en las
condiciones de los mismos. Así, descendieron los tipos de interés de forma espectacular hasta la mitad de la
primera década del siglo veintiuno. Crecieron los plazos de los préstamos y se elevó la relación prestamo/valor, que con
frecuencia se aproximó al 100%. Todo lo
anterior facilitó un abaratamiento relativo de la vivienda en propiedad.
Dicha tendencia ha resultado ser más
acusada en España. Tras la guerra civil
se estableció una regulación restrictiva de los alquileres, a través de las
leyes de arrendamientos urbanos de 1945, 1956 y 1964. De lo anterior se derivó
un autentico control de los alquileres que favoreció a los inquilinos ya
situados, pero que deprimió de forma radical la nueva oferta de viviendas destinadas
al alquiler.
Cuando se modificó dicha normativa, primero
con el “Decreto Boyer” de 1985 y después con la nueva LAU de 1994, ya habia
descendido de forma espectacular el número de viviendas de alquiler. Una
segunda circunstancia que afecta al alquiler es el deficiente funcionamiento del sistema
judicial. Esto se advierte cuando
el propietario arrendador tiene que
ejercer sus derechos en casos tales como la recuperación del piso pasado el plazo
fijado en el contrato, o cuando el arrendatario
no paga la renta o si la vivienda sufre de amplios desperfectos.
El formalismo judicial del sistema español,
visible en el lento funcionamiento de los juzgados, supera al de los países occidentales, con lo
que el arrendador no puede ejercer los derechos recogidos en el contrato de alquiler.
Ello desalienta el número de arrendadores potenciales, puesto que son amplias
las incertidumbres acerca de la posibilidad de obtener una rentabilidad normal
mediante el alquiler de la vivienda (Juan S.
Mora-Sanguinetti, “Algunas
consideraciones sobre el mercado del alquiler en España”, Boletín Económico del Banco de España, noviembre 2011).
En España destaca el trato fiscal mas favorable que ha disfrutado la
vivienda en propiedad desde que con la
democracia se estableció un autentico Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Dicha norma introdujo una desgravación
potente para la vivienda en propiedad en los inicios de la democracia.
Posteriormente se suavizó hasta el 15% de una base imponible de 9020
euros cada año y contribuyente, en el caso de la vivienda adquirida con un prestamo.
La desgravación al alquiler es menos
potente y generalizada que en el caso de la vivienda en propiedad.
Por último, la política activa de fomento de la oferta de viviendas en
España, la vivienda de protección oficial, no introdujo hasta 2002 las ayudas a
la promoción de viviendas protegidas de alquiler. La vivienda protegida de
alquiler no resulta atractiva para las entidades de crédito, que advierten la
menor posibilidad de realizar ventas cruzadas con dicho producto. El menor peso del alquiler en España es todo menos
una casualidad, viniendo a ser, pues, un reflejo de las políticas de vivienda desarrolladas
hasta el momento.
09 abril 2012
LOS ACTIVOS “TOXICOS” FOMENTAN LA CONCENTRACION BANCARIA
EL Pais, 2 de abril de 2012
Julio Rodríguez López
El Real Decreto Ley 2/2012, de saneamiento del sistema financiero, es el paso más reciente en el camino hacia la consolidación del sistema bancario español. Se pretende reforzar dicho sistema con la nueva normativa, saneando los balances y clarificando así la situación de las entidades integrantes. Dicho Real Decreto Ley clasifica a los activos inmobiliarios que afectan a los balances bancarios en viviendas terminadas, promociones en curso y suelo. La excesiva exposición del sector bancario a tales activos es el principal lastre que afecta al mismo al inicio de 2012, más de cuatro años después del inicio de la crisis.
La reducción de los precios de venta de la vivienda, la recuperación del crédito bancario en general y un nuevo avance en la consolidación del sector bancario son los principales objetivos. Las mayores provisiones sobre los créditos y los activos adjudicados y una mayor exigencia de capital, son los instrumentos empleados para lograr los objetivos citados. Frente al afloramiento inmediato en los balances del impacto sufrido en el mercado de vivienda seguido en los casos de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, en España se ha seguido una vía más lenta en lo que a actualización de los balances se refiere. Dicha vía se acelera con la nueva norma.
Una parte sustancial de la financiación canalizada hacia el subsector inmobiliario en España se ha originado a partir de créditos concedidos inicialmente a los promotores inmobiliarios. Los compradores de las viviendas construidas se subrogan en tales créditos en el momento de la compra. La financiación al mercado de vivienda, el crédito inmobiliario, está compuesta, pues, por el crédito a hogares para adquisición y compra de vivienda, por el crédito a constructores de edificios y por el crédito destinado a los promotores inmobiliarios. Entre 1997 y 2007 el conjunto del crédito inmobiliario aumentó en España a un ritmo medio anual (22,3%) ampliamente superior al del sector privado.
Como consecuencia de lo anterior, la cuota del crédito inmobiliario dentro
del conjunto del crédito al sector privado aumentó desde el 39,7% del total
de dicha magnitud en 1997 hasta el 60% de 2007. La relación entre el crédito inmobiliario y el PIB pasó desde el 27,9% de 1997 hasta el 100% de 2007.
El fuerte aumento entre 1997 y 2007 del crédito inmobiliario fue la contrapartida financiera de la expansión de la construcción residencial y de su relevante presencia en la actividad productiva y en el empleo de la economía española. El que el crédito a promotor creciese más que el crédito a comprador anticipaba en su momento la realidad de un ritmo de construcción de nuevas viviendas superior al de las ventas.
Las variables no financieras del mercado de vivienda registraron aumentos importantes paralelos a la expansión crediticia mencionada. La fuerte demanda dio lugar a que las ventas de viviendas ascendiesen a 955.200 en 2006, casi un 50% mas que en 1997. Los precios de las viviendas aumentaron en la década 1998-2007 en un 200%, una media anual del 11,4%. Se reforzó asi la entrada en el mercado del comprador inversor, atraído por las continuas elevaciones de precios de la vivienda.
La nueva oferta de vivienda reaccionó iniciándose unos seis millones de viviendas en los diez años del periodo citado, mientras que el aumento neto del número de hogares en dicha etapa no llegó a los cuatro millones. La inversión en vivienda, que mide el volumen de construcción residencial en España, creció desde el 4,7% del PIB en 1997 hasta el 12,2% en 2007. El parque de viviendas de España, tras alcanzar los 21 millones según los datos del Censo de 2001, rozaba los 26 millones a fines de 2011. En España hay 1,5 viviendas por hogar, muy por encima de los 1,1 de la Eurozona. El total de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas oscilaba entre 700.000 y 1.100.000 a fines de 2011.
La realidad del euro evitó las políticas restrictivas de demanda ante el creciente déficit exterior, que llegó alcanzar el 10% del PIB en 2007. La etapa de expansión 1997-2007 fue bastante más prolongada en España que las fases similares de los precedentes ciclos del mercado de vivienda (1971-74, 1986-90). Un aumento tan intenso del crédito fue posible porque el sector bancario realizó una apelación intensa al ahorro externo, y ello bajo la forma de colocaciones de deuda bancaria en los mercados de capitales.
Cuando llegó la crisis financiera en 2007 el mercado de vivienda en España ya iniciaba un “aterrizaje suave” que en breve se hizo abrupto. El racionamiento del crédito frenó en seco la demanda de vivienda en 2007-08. Las ventas de viviendas descendieron hasta las 347.300 de 2011. El ajuste derivado de las menores ventas se concentró en la nueva oferta, donde las viviendas iniciadas retrocedieron hasta las 78.300 de 2011, el nivel mas reducido desde que se dispone de series de visados de arquitectos y de aparejadores. La inversión en vivienda, segun la Contabilidad Nacional de España, vio bajar su cuota del PIB hasta el 6,9% en 2011. Dicho descenso de la construcción residencial explicó por si solo el 60% de la pérdida de empleo sufrida en España entre 2007 y 2011.
El descenso de los precios de vivienda en España, el 21,7% en cuatro años, según la estadística del INE, ha sido inferior al de países en los que apareció un exceso de oferta de vivienda equivalente al registrado en España. Un descenso más acusado de los precios de la vivienda hubiese impedido un ajuste tan intenso de la actividad y del empleo en el subsector inmobiliario. Los créditos morosos y los activos adjudicados procedentes del mercado inmobiliario se han convertido en una palanca para la consolidación y el adelgazamiento del sistema bancario español, en el que las cajas de ahorros han desaparecido prácticamente como entidades de crédito.
El saldo vivo de crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) equivalía en España a fines de 2011 al 95,5% del PIB y al 57% de la cartera de créditos al sector privado del sistema bancario español. Dentro del mismo, los riesgos asociados al crédito a promotor y a constructor (unos 400.000 millones de euros, a 30.9.2011) son sustancialmente superiores a los correspondientes al crédito a hogares para compra de vivienda (unos 630.000 millones). Lo que el presidente del gobierno denominó como “activos tóxicos” llevan pesando demasiado tiempo de forma relevante en los balances de las entidades de crédito. La situación de dichos activos, en especial su antigüedad en el balance, varía entre banco y banco. No es seguro que el mayor aprovisionamiento fuerce a los bancos a vender tales activos, sobre todo si tienen calidad y existen expectativas de revalorización de los mismos.
Los cambios en el mercado de vivienda dependerán de cómo evolucione la demanda. Todo indica que el alquiler puede aumentar en tanto persistan las actuales condiciones de incertidumbre generalizada. Será trascendente la disponibilidad de financiación crediticia desde los bancos, que aun necesitan de aportaciones de liquidez adicionales para que “fluya” normalmente el crédito. Entre las aportaciones del Banco Central Europeo, la concentración bancaria que el Real Decreto Ley está favoreciendo y el paso del tiempo acabarán por ejercer alguna influencia, aunque es posible que el plazo resulte demasiado largo para la economía española.
02 abril 2012
UNA SEMANA INTENSA DE
MARZO
Julio Rodríguez López
1.4.2012
En la última
semana de marzo de 2012 se acumularon las novedades. Primero fueron las
dos elecciones autonómicas celebradas el domingo 25 de marzo, en las que
el resultado de Andalucía no confirmó
las previsiones. En segundo lugar, el
jueves 29 de marzo tuvo lugar una huelga general frente a la ley de Reforma
Laboral del gobierno del Partido Popular, con impacto significativo en cuanto a
seguimiento y presencia popular en las manifestaciones.
En la misma semana, el viernes 30 de marzo, el gobierno de Rajoy aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2012. El proyecto en cuestión recoge un fuerte recorte del gasto público y apela a una significativa amnistía fiscal para
situar el déficit en el nivel fijado por la comisión de la UE (-5,3% del PIB).
Del resultado de
las elecciones autonómicas en Andalucía se deriva que puede gobernar en Andalucía
una coalición PSOE-IU, frente a los abundantes sondeos de opinión que daban
mayoría absoluta al Partido Popular. La
distancia en que ha quedado este partido respecto de la mayoría absoluta puede indicar el recelo de la opinión pública respecto
de la política social de los primeros cien días de gobierno del PP. Las formas políticas del actual
gobierno, un tanto sobrado de arrogancia
y de dogmatismo liberal en su política económica, han frenado sin duda el trasvase de votos
desde el PSOE hacia el PP.
Una parte del voto de izquierda se ha pasado
en Andalucía desde el PSOE a
Izquierda Unida (11,3% del voto y 12 escaños). El castigo al PSOE se ha reflejado en el
fuerte descenso del voto popular a dicho partido (un 30% menos) respecto de
2008. No solo hay cansancio popular en la valoración que se hace de la gestión
de los socialistas en el ejecutivo andaluz,
sino que también se han ido hacia IU anteriores votantes del PSOE,
para los cuales los socialistas han
abandonado buena parte del reformismo socialdemócrata que debió de
impregnar mucho más su gestión pasada.
Del resultado
electoral se deriva que el próximo
gobierno de Andalucía deberá introducir reformas sustanciales en los cuatro
próximos años. Izquierda Unida, que debería entrar en el nuevo gobierno,
tendría que contribuir a reforzar el reformismo del gobierno andaluz. Este
debería de fortalecer los instrumentos de control del gasto público y tendría
que actuar para que esta autonomía refuerce
y diversifique su base productiva. Andalucía
necesita fomentar la presencia de actividades productivas con mayor posibilidad
de competir en el marco globalizado actual.
La
convocatoria de huelga general del jueves 29 de marzo fue objeto de un
seguimiento desigual, según las diferentes ramas de actividad. En contra de la
convocatoria influyó el clima de miedo
a las represalias empresariales a que ha dado lugar el contenido de la reforma
laboral del gobierno popular. Las
manifestaciones de la tarde del jueves
29 contaron con una abundante presencia de participantes. Lo anterior indica
que la opinión pública parece no estar conforme con
que la reforma laboral en cuestión sea el eje central de la lucha contra el desempleo
en España.
La
mayor parte del empleo perdido en España desde el inicio de la crisis se debe al
fuerte descenso de la actividad de la construcción y a la debilidad de la base productiva española,
que cada vez tiene más difícil el
competir. Asimismo, la reforma laboral
“significará una alteración singular de la distribución funcional de la renta,
en detrimento de las rentas del trabajo sin que ello signifique...la
incorporación de estímulos a la creación de empleo neto” (Santos Ruesga,”Una
reforma fuertemente desequilibrada”, Diario Progresista, 1 de abril de 2012).
El tercer evento de la última semana de marzo fue la aprobación del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2012. El gobierno popular ha estado atento a la imposición fijada por Unión
Europea de que en este ejercicio el déficit de las administraciones publicas no
supere en España el 5,3% del PIB (8.5% en 2011), del que el 3,5% correspondería
al Estado y a la Seguridad Social.
En 2012 deberá descender, pues, el déficit del Estado más Seguridad Social en
27.300 millones de euros. Ello exigirá realizar descensos del gasto, que serán
importantes sobre todo en la inversión
pública, que caerá en casi un 20% sobre 2011. En cuanto al necesario aumento de
ingresos, destaca la amnistía fiscal establecida para la repatriación de
capitales españoles no declarados a Hacienda, que deberán tributar entre un 8% y
un 10%, con los que se espera recaudar
unos 2500 millones de euros.
El gobierno no ha estimado la incidencia de
dichos presupuestos sobre el crecimiento y el empleo de la economía. La restricción aprobada del
gasto implica un impacto negativo de más de un cuarto de punto sobre la
variación del PIB en este ejercicio, lo que sin duda contribuirá a
deprimir aun más el crecimiento
de la economía en este ejercicio.
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