09 junio 2013

PENSIONES: SE ACERCA EL RECORTE Julio Rodríguez López


  El continuo descenso del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social ha provocado un déficit creciente en las cuentas de la Seguridad Social. Ante el avance del desequilibrio en cuestión, una Comisión de expertos ha preparado un informe del que emanan propuestas de reformas profundas en materia de pensiones. Estas últimas son el mayor componente de las prestaciones sociales en España, desempeñan un evidente papel equilibrador en lo social y su evolución incide sobre el comportamiento del consumo privado.

  En 2012 el número medio de pensionistas en España ascendió a  8,9 millones, de los que el 60% (5,3 millones) correspondió a  jubilados. El importe de la pensión media fue de 830 euros/mes, cuantía que en el caso de las pensiones por jubilación se elevó a 946 euros. En este último caso el importe equivale al 50,2% del salario medio nominal recibido en España en 2012 por los trabajadores asalariados  (1.884 euros/mes), según la encuesta trimestral de coste laboral del INE.

 El gasto público en pensiones en 2012 ascendió en  España a unos 104.000 millones de euros, equivalentes al 10% del PIB del pasado año. Las pensiones suponen el 27,5% de todas las prestaciones sociales y transferencias corrientes a los hogares en 2012.  El consumo privado, principal componente de la demanda,  depende sobre todo de la evolución de la renta disponible de los hogares. Esta  última  ha descendido en más de un 6% en los últimos tres años por la pérdida de empleos y por el retroceso salarial. Los menores salarios se han dejado sentir sobre todo en el último ejercicio anual.

  El sistema español de financiación de las pensiones, denominado como “de reparto”, descansa en las cotizaciones anuales aportadas en función de los trabajadores afiliados  en alta en la Seguridad Social. La evolución de las cotizaciones depende, a corto plazo y si se mantienen las cotizaciones  de los afiliados, del número de estos últimos, que no ha dejado de descender en España desde que se inició la crisis allá por el ya lejano verano de 2007. 

  El total de afiliados a 31 de diciembre de  2007 se elevaba a 19,2 millones, incluidos los del régimen general y  los autónomos. En la misma fecha de 2012 dicho número había caído hasta 16,3 millones, casi un  15%, equivalente a cerca de tres millones de afiliados.  Se comprueba así el carácter “sistémico” que presenta en España el proceso de destrucción de empleos y la necesidad de que dicho proceso se frene o deje de actuar.  Antes de crearse la comisión de expertos citada sonaban ya las voces que denunciaban que las pensiones habían mantenido el poder de compra a lo largo de la crisis.Tras la sangría producida en el mercado de trabajo a través de una reforma que ha acentuado de momento  la caída del empleo, ahora le toca el turno a las pensiones, la partida más fuerte del denominado “estado bienestar”.

 A la hora de reformar el vigente sistema de pensiones, la estrategia  política del gobierno se ha canalizado hacia el gasto, prescindiéndose del lado de los ingresos. Los más de 105.000 millones de euros que supone el gasto en pensiones  equivalen al 13% de la renta disponible de los hogares. Esta última, como ya se ha indicado, s ha resultado afectada   a la baja por la caída del empleo y, más recientemente, por el descenso salarial, que es una pieza clave de la estrategia actual de política económica del gobierno. Dicha política pretende efectuar una especie de devaluación interna que supuestamente permitiría a la economía ganar  en competitividad aplanando los costes salariales, principal variable instrumental de la política económica  del  actual gobierno de España.

La situación la complica el que las nuevas entradas  en el sistema suponen pensiones superiores a las de las  bajas. El estancamiento practicado en las pensiones máximas en los últimos años ha implicado una reforma del sistema. Este último viene realizando una reducción fuerte del abanico salarial, puesto que los salarios más altos se transforman con la jubilación en un nivel máximo de pensión al que acceden  cada vez más los nuevas altas en el sistema. Diferencias salariales importantes se convierten en diferencias reducidas entre  los niveles de pensión, y ello por el estancamiento de las pensiones máximas. 


Las reformas que se anuncian tras la publicación del informe de la comisión de Expertos supondrán el fin de la actualización de las pensiones con el índice de precios de consumo. Se reducirán las pensiones futuras al alargarse el tiempo de cotización empleado para calcular la nueva pensión. Y hasta podrían disminuirse las pensiones nominales actuales, según se filtra “desde arriba”.  Un nuevo factor de retroceso en la renta disponible de los hogares afectaría sin duda a la baja al consumo privado, profundizando mas la recesión que se sufre. Los ajustes del gasto público tendrían que considerar su  impacto sobre la demanda efectiva, a la que rara vez se refieren los responsables de la política económica.  Y esta última deberá hacer más por frenar la constante sangría del empleo, cuya marcha negativa amenaza con arrasarlo todo a su paso, incluidas las pensiones.