09 noviembre 2014

LA CORRUPCION AFECTA A LA ECONOMIA Julio Rodríguez López[1]


  Desde Octubre de 2014 las noticias sobre nuevos casos de corrupción política están golpeando de nuevo con fuerza a una opinión pública todavía no curada del todo de este tipo de  espantos. Junto al desempleo y  la organización territorial del estado, la corrupción es unos de los problemas más agudos de España. En materia económica, la corrupción afecta sobre todo a los procesos de contratación pública, en especial a lo relativo a la construcción de infraestructuras, así como  a los desarrollos urbanos, donde la competencia es básicamente local.

 La crisis ha dado lugar a una profunda disminución en la cuantía del gasto público  en general y, sobre todo, del gasto público inversor. Según el Banco de España (Cuentas Financieras de la Economía Española), el conjunto de la inversión pública, básicamente destinada a la construcción de infraestructuras, ascendió en 2009 a unos 47.000 millones de euros, equivalente al 4,5% del PIB. Después de ese año la cifra en cuestión ha descendido, alcanzando en 2013 solo unos 15.200 millones de euros, equivalentes al 1,48% del PIB del pasado año.

La elevada  inversión pública contribuyó, junto con la construcción residencial,  a la fuerte expansión de la economía que se prolongó hasta el primer trimestre de 2008.  En la recesión  se ha reducido con intensidad dicho componente del gasto público, al ser una partida más susceptible de recortes  que el resto del gasto. El retroceso de la inversión pública reforzó la recesión de la economía española entre 2008 y 2013.

Pues bien, la corrupción  encarece de forma significativa la inversión pública, de forma que resulta frecuente conocer a través de los medios de comunicación que alguna infraestructura ha tenido un coste muy superior al previsto por  irregularidades, véase cobro de comisiones y modificados, en la contratación pública.

 Es posible que las irregularidades mencionadas hayan contribuido a que las infraestructuras creadas en España en los últimos años resultasen inferiores a las necesidades. La corrupción ha contribuido así  a reducir la competitividad de la economía española y a disminuir los niveles de actividad y de empleo.

 Por otra parte, en la etapa de auge del mercado de vivienda 1997-2007  tuvo lugar una fuerte expansión del crédito inmobiliario a promotor y constructor, a la vez que crecieron  de forma espectacular la construcción residencial, las ventas y los precios de las viviendas.  Los indicadores del mercado de vivienda revelan que durante varios años se construyó muy por encima de lo que se vendía. 
Se generó así un elevado stock de viviendas no vendidas, disparando la morosidad bancaria. Se prestó en exceso y se construyó también por encima de las necesidades. La fuerte morosidad bancaria resultante se  llevó por delante a las cajas de ahorros y ocasionó una fuerte reestructuración del sistema bancario, que exigió para resolverse un apoyo público superior a los 100.000 millones de euros.

 Suele atribuirse  al exceso de crédito abundante y barato el origen de la “burbuja” inmobiliaria, pero detrás de un  volumen de construcción tan acusado estaban las   licencias de obras previas concedidas por los ayuntamientos. Estos últimos han priorizado la calificación de suelo residencial, al margen de las necesidades reales del mercado de vivienda.

Los ingresos que un ayuntamiento obtiene “de golpe” cuando concede una licencia de obras son importantes, a lo que hay que unir que una vez construidas las viviendas estas deben de abonar cada año  el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las irregularidades administrativas en torno al proceso descrito, véase recalificaciones de suelo,  resultan más que abundantes. La  frecuente corrupción  tiene que ver con la  sobreinversión en vivienda, con el excesivo endeudamiento  y con los desequilibrios que han sufrido los ayuntamientos con el cambio de ciclo. El sobredimensionamiento de las plantillas de ayuntamientos, empresas y organismos municipales viene a ser otra forma de corrupción política.

La corrupción afecta, pues,  de forma negativa a la asignación racional de los recursos públicos y privados de la economía. Algunas de las consecuencias más directas de la misma han sido la existencia de un nivel de infraestructuras  por debajo de las necesidades, un mayor endeudamiento público, un exceso de viviendas no vendidas que afectan negativamente a los bancos,  a los que ha habido que sanear con deuda pública.

La corrupción  genera un enriquecimiento irritante de los beneficiados por la misma, cuyos efectos sobre la moralidad pública resultan negativos y, además,  incontrolables, sobre todo cuando se retrasan las sentencias de los procesos judiciales en curso  o cuando  las propias sentencias  implican una fuerte carga de impunidad. La modificación de la ley de contratos del Estado, la mejora del nivel de lis políticos  mediante procesos menos caciquiles y más democráticos de  selección de candidatos y el cambio en el sistema  electoral son algunos de los  pasos necesarios para superar la situación.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el 10 de noviembre de 2014





[1] JRL es doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística.