01 julio 2018

Se aplicarán las propuestas socialistas en materia de vivienda? Julio Rodríguez López


  En el primer semestre de 2018 ha persistido una coyuntura entonada y alcista en el mercado de vivienda. El aumento de precios generado  está acompañado de serios problemas de accesibilidad para amplios estratos de población, en especial para los jóvenes que pretenden disfrutar por primera vez de  una vivienda.

 Con motivo del cambio de gobierno, controlado ahora por el Partido Socialista, ha adquirido un interés mayor el contenido de una  “Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda” que dicho partido presentó en marzo de 2018,  cuando estaba en la oposición. Dicha Proposición no salió adelante por la negativa del Partido Popular. Sin embargo, en la presente circunstancia política, con un gobierno socialista en el poder ejecutivo,  algunos de los elementos recogidos en la proposición citada podrían ser objeto de nueva propuesta.

No existe una estadística oficial de precios de los alquileres, cosa que podría remediarse con  voluntad política. La evolución de los alquileres no ha debido diferir en exceso de la de los precios de las viviendas. En el primer trimestre de 2018 los precios de las viviendas crecieron en un 6,2% sobre el año precedente, mientras que el aumento salarial fue del 0,8% en el mismo periodo de tiempo. Desde que se inició en 2014 la recuperación del mercado de vivienda hasta el primer trimestre de 2018 los precios de las viviendas han  aumentado  en un 20,4%, mientras que los niveles salariales se han reducido en un 7,6%.

Se ha creado un serio problema de accesibilidad a la vivienda, más visible en el mercado de alquileres. A este último acuden numerosos  hogares de nueva creación, a falta de un parque social de viviendas de alquiler  para hogares con ingresos medios y bajos.

De entre las medidas incluidas en la Proposición de Ley citada, algunas son  de rápida posibilidad de implantación. Destacan en primer lugar, las propuestas de modificación de la normativa vigente en materia de alquileres (Ley 4/2013, de 4 de junio, BOE de 5.6.2013).Dichas propuestas incluyen la elevación de la prórroga forzosa de  los contratos de arrendamiento desde  tres a  cinco años, la actualización de los contratos de alquiler con el Índice de Precios de Consumo,  la limitación de las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda.

Si la vivienda cambia de propietario, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda al menos los cinco primeros años de alquiler. Se promueve un sistema público de precios de referencia por zonas, para que los propietarios que no  alquilen a precios superiores puedan beneficiarse de ventajas fiscales.

Abundan las medidas de carácter fiscal. Ello obliga a  esperar a los presupuestos de 2019 para su implantación. No se pueden establecer precios del alquiler por barrios si no hay un índice general de precios del alquiler, como es la situación española actual en este terreno.
La  Proposición de Ley pretendía  recuperar la desgravación fiscal a los arrendatarios con base imponible inferior a 20.000 euros anuales, rompiendo el equilibrio fiscal actual entre la propiedad y el alquiler. La Disposición Adicional Primera de la Proposición  preveía realizar en seis meses un Plan de financiación crediticia del parque de vivienda dotacional y social, priorizando la financiación proveniente de entidades financieras  controladas por el Estado.  La duración prevista del Plan sería de unos 4 años, con una financiación anual de 650 millones de euros.

El Plan 2018-21, diseñado por el gobierno del PP y puesto en marcha por el gobierno del PSOE, no alude para nada a las viviendas protegidas. Importa aclarar si el nuevo   gobierno  va a extender  a las viviendas sociales de alquiler previstas en el Plan citado   las ventajas hasta ahora existentes para las viviendas protegidas. En última instancia, se trata, pues, de que el nuevo gobierno  ponga en práctica, aunque solo sea en parte, las medidas de política de vivienda que propuso cuando estaba en la oposición.

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital “El Siglo de Europa” de 29 de junio de 2018.



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE   y miembro de Economistas frente a la Crisis

23 junio 2018

NUEVO GOBEIRNO, ¿NUEVA POLITICA ECONOMICA?. Julio Rodriguez López


 Desde la primera semana de  junio de 2018 hay en España un nuevo gobierno, con apoyos parlamentarios fragmentados. Dicho gobierno deberá desenvolverse en 2018 con un presupuesto aprobado por el anterior gobierno, y habrá de destinar buena parte de sus energías a la preparación de un presupuesto de diseño propio  para 2019. La economía española adolece de numerosas vulnerabilidades, que subsisten a pesar del considerable ritmo de crecimiento alcanzado.

  Los problemas más crónicos de la economía española son, en primer lugar, los relativos  al elevado desempleo, el 16,7% de la población activa en el primer trimestre de 2018. En el mercado de trabajo destaca asimismo la elevada temporalidad y la importante presencia del empleo a tiempo parcial, el 35% del total de ocupados. En segundo lugar se sitúa el alto endeudamiento frente al resto del mundo y el fuerte endeudamiento público, próximo este último  al 100% del PIB. En tercer lugar, la política económica de devaluación interna practicada ha acrecentado los problemas de desigualdad.

  Entre las reformas necesarias, destaca en primer lugar la conveniencia de introducir modificaciones significativas en la reforma laboral introducida en los últimos años, donde se debe de fortalecer el papel de la  negociación colectiva. El aumento salarial debe de superar al de los últimos años, que apenas ha existido. En segundo lugar destaca la crónica insuficiencia fiscal, que no la corrige  el mayor crecimiento nominal de la economía. Se impone una racionalización del sistema fiscal, que reduzca los elevados grados de desigualdad existente y que contribuya a encontrar una solución definitiva al problema de las pensiones.

 A pesar del importante aumento de las exportaciones,  se debe de avanzar más en cuanto a diversificación de la oferta productiva. Turismo y construcción residencial siguen siendo las piezas claves de la economía española. Es  necesario lograr un mayor nivel de industrialización. La intención del gobierno de Estados Unidos de introducir aranceles  a numerosas importaciones, sin una idea muy clara de lo que se persigue, puede suponer un nuevo obstáculo a la necesaria diversificación  de la economía española.

En otro orden de cosas, la nueva Ley Hipotecaria debe de recoger las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial: unificar el cálculo de la TAE, atender a la solvencia de los prestatarios, fijar un tope  máximo al esfuerzo de acceso. Se debe de introducir una autentica posibilidad de  segunda oportunidad en los créditos morosos, donde el sistema introducido por el anterior gobierno resulta a todas luces insatisfactorio.
 No parece conveniente una mayor concentración bancaria, donde más del 80% de los activos bancarios están en manos de cinco entidades. Las cajas rurales deben de subsistir. La privatización de Bankia, en caso de realizarse, debe de hacerse sin ningún tipo de apremio. El ICO debe de ser objeto de una mayor dinamización, puesto que su nivel de actividad es limitado y existen áreas de la economía que requieren de  financiación especializada.

Las nuevas reformas se pueden introducir sin esperar a los nuevos presupuestos. El contexto económico mundial parece complicarse gradualmente, y el final de la política monetaria seguida por el BCE puede plantear mayores problemas de financiación de la deuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

11 junio 2018

EL CAMBIO DE GOBIERNO SUCEDE EN UN CONTEXTO MUNDIAL PROBLEMÁTICO Julio Rodríguez Lopez


  El cambio de gobierno acaecido en España tras el éxito de la moción de censura presentada por el   nuevo presidente del gobierno español,  Pedro Sánchez, sucede en un momento en el que todavía se mantiene firme el crecimiento de la economía española. Esta última creció en un 3%  en el primer trimestre de 2018 en tasa interanual, por encima del 2,4% de la Unión Europea. Sin embargo, a nivel mundial y de la eurozona han aparecido indicios de que el significativo crecimiento registrado en 2017 podría desacelerarse en 2018. La presencia de tales circunstancias negativas y la falta de  nuevos estímulos podrían acentuar la desaceleración del crecimiento de la economía española, en especial en 2019-20.

 Tras una prolongada recesión comprendida entre 2008 y 2013, en la que la economía española registró un retroceso medio anual del -1,3%, se pasó a  una etapa de recuperación entre 2014 y 2017, con un crecimiento medio anual del 2,7%. Desde el segundo trimestre de 2017 el PIB de la economía española supera el nivel máximo alcanzado inmediatamente antes de la crisis. El nivel de empleo  actual todavía es inferior al máximo de 2008. Hay 1,8 millones de empleos menos que en la etapa citada.

  De acuerdo con el Informe anual 2017 del Banco de España, la recuperación se apoyó en algunas reformas y en la corrección de desequilibrios (saneamiento del sistema financiero, reforma del sistema laboral y de pensiones, ganancias de competitividad). Hubo, además,  factores externos que impulsaron el crecimiento (caída del precio del petróleo, mercados exteriores más dinámicos) así como también ha resultado relevante la política monetaria expansiva. Pero algunas de las reformas implantadas por el gobierno del Partido Popular han acrecentado  los niveles de desigualdad en la sociedad española, por lo que requieren de correcciones significativas.

  En la desaceleración de la Eurozona ha influido, en primer lugar, el agotamiento de los efectos positivos de la política monetaria  expansiva iniciada en 2015 por el Banco Central Europeo. En segundo lugar, el fuerte crecimiento conseguido en 2017 ha podido provocar situaciones de restricciones de oferta (G. Davies, “The mystery of the eurozone slowdown”, FT, 16.4.2018). “La nuestra es una era de fragilidad política y económica. Pero igual de real es esa fragilidad” (M. Wolf, “The global economy recovery is real but fragile”, FT, 18.4.2018).

“El mayor riesgo para la economía mundial descansa en la posibilidad de una guerra comercial. Cerrar el déficit estadounidense es difícil de lograr con un dólar fuerte que estimula las importaciones. El peligro radica en que un crecimiento global más lento, combinado con los estímulos en marcha en Estados Unidos, exacerba la cuestión del déficit y el proteccionismo del presidente Trump. Ello llevaría a una desaceleración  que exige se le preste atención “(The Economist, 25.5.2018).

En el momento actual de la economía española destacan, pues,  problemas a corto y largo plazo. Entre los primeros está  la importante subida del precio del petróleo, que ha alcanzado los 80 dólares/barril tras una etapa de restricción voluntaria de la oferta. Esto supondrá una importante detracción de renta de los hogares y empresas españolas. La postrada situación de los tipos de interés puede cambiar, no de forma abrupta pero si significativa, lo que tendrá una clara influencia negativa sobre una economía profundamente endeudada.

A largo plazo, faltan reformas en aspectos problemáticos de la economía española, como es el caso de  la reducción de los todavía altos niveles de déficit presupuestario y la necesidad de efectuar importantes inversiones en sectores de futuro, como la educación, la integración de los jóvenes, y la transición ecológica (Raymond Torres, “Nubes en el horizonte económico”, El País de los Negocios, 20.5.2018). Una solución  a medio y largo plazo del problema de las pensiones requiere de una actualización fiscal al alza.

  El considerable ritmo de crecimiento alcanzado por la economía española no basta, pues, para eliminar numerosos problemas pendientes. El  nuevo gobierno deberá asumir reformas que el anterior gobierno del Partido Popular no parecía inclinado a acometer. 

 El buen ritmo de crecimiento de la economía española en  2018 está llamado a atenuar su intensidad, como ya se advierte en algunos componentes, caso del consumo privado. Las reformas pendientes y los  posibles “baches” en el crecimiento mundial y europeo  requieren de un clima político en España  que induzca nuevos apoyos y  estímulos que ayuden al crecimiento. El nuevo gobierno  formado el 7 de mayo deberá introducir cambios relevantes en el marco presente de la política económica, aun salvando la anunciada estabilidad presupuestaria.

Una versión de este artículo se publicó en la revista semanal digital El Siglo de Europa el 9 de junio de 2018


[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

29 mayo 2018

ESPAÑA. CICLO ECONOMICO Y POBLACION. RETORNAN LOS INMIGRANTES Julio Rodríguez López


 A fines de  abril el INE publicó un avance del Padrón Continuo de Población a 1º de enero de 2018. El aumento de población  registrado sobre la misma fecha del año precedente descansó  por completo en el crecimiento de los extranjeros empadronados. El comportamiento alcista  de la población en 2017 confirmó  la presencia de la etapa de expansión en la economía española. En dicha evolución destacó el descenso del número de españoles residentes  y el incremento de la población extranjera.

  El Padrón Continuo de Población del INE  sintetiza el conjunto de padrones realizados en los 8.124 municipios existentes en España, desarrollados por los ayuntamientos  con la metodología y apoyo del INE. La población empadronada equivale a la población residente. En los padrones no se incluyen los españoles no residentes en España, mientras sí que entran los  extranjeros empadronados.

 Población y ciclo económico van de la mano, desempeñando un importante papel de ajuste la población extranjera. Tras la etapa de recesión comprendida entre 2008 y 2013, el PIB de la economía española ha registrado un significativo crecimiento en el periodo 2014-2017. En la expansión de la economía española  en  2016 y, sobre todo, en 2017, se ha reforzado el papel de la construcción residencial. Esto es importante porque la construcción, junto con la agricultura intensiva y la hostelería, es uno de los principales destinos de los inmigrantes que vienen a España en búsqueda de empleo.

 En 2017 la población empadronada creció en un 0,3% (126.437 personas), alcanzando  los 46,7 millones de habitantes a 1º de enero de 2018. Esta variación sucedió al estancamiento sufrido en 2016 y a los descensos registrados en 2014-15 por dicha magnitud. En 2017 disminuyó el número neto de españoles residentes  en 20.174 personas (-0,05%) y creció el número de  extranjeros residentes en 146.611 (3,2%). Fue muy superior el crecimiento de los extranjeros no comunitarios (5,1%)  que el de los comunitarios (0,2%).  

  La pasada recesión provocó que el número de extranjeros residentes  disminuyese entre 2011 y 2016. La cifra más elevada se había  registrado en 2010, cuando se alcanzó una  población extranjera de 5,8 millones, equivalente al 12,2% del conjunto de la población española .

  Tras la  recesión y la recuperación posterior, a 1º de enero de 2018 dicha población extranjera ascendió a 4,7 millones, el 10,1% de la población española. Baleares, con el 17,1%, Cataluña, con el 14,2% y Murcia, con el 13,7%, fueron las autonomías con mayor presencia de la población extranjera, mientras que Extremadura registró la proporción más reducida, con el 2,9%.

  En la Encuesta de Población Activa del INE  destaca también el mayor dinamismo del empleo de extranjeros. En el primer trimestre de 2018 había en España 2,1 millones de empleos ocupados por extranjeros, el 11,1% del empleo total. La tasa de actividad de los extranjeros residentes (71,8%) es más elevada que la de la población española  (57%). De forma paralela, en 2016-17 ha crecido a fuerte ritmo el número de viviendas iniciadas, que superaron las 80.000 en 2017 (35.000 en 2014) y se aproximarán a las 100.0000 en 2018.

 La tendencia al descenso de la población extranjera residente en España ha  cambiado, pues,  de signo en 2017. Dicha evolución ha coincidido con una recuperación en la nueva construcción residencial. La construcción de nuevas viviendas “tira” de inmigrantes, lo que también supone un aumento de la demanda de alojamiento. De forma simultánea, se ha producido una significativa emigración neta de españoles al resto del mundo. Los movimientos migratorios citados confirman que  se intensifica de nuevo el viejo modelo productivo de “sol y playa”, evolución que se advierte  en el débil aumento de la productividad en los últimos años.

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa de 18 de mayo de 2018.


[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística del INE  y miembro de Economistas Frente a la Crisis

04 mayo 2018

LOS PRESUPUESTOS DE 2018 Y LA POLITICA DE VIVIENDA Julio Rodríguez López


   El contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE 2018) relativo a vivienda confirma algunas de las críticas realizadas con motivo de la presentación  del Plan Estatal de Vivienda 2018-21. En principio llama la atención la escasa relevancia del  gasto público destinado a vivienda en el citado proyecto de Presupuestos. En una coyuntura de incremento rápido en los precios de los alquileres,  la reacción del gobierno recogida en tales presupuestos resulta muy débil. Además,  se  retrasa en exceso el momento de  puesta en marcha de las medidas  que de alguna forma podrían ayudar a los hogares a acceder con menos esfuerzo a la vivienda en alquiler.

  El conjunto de partidas destinadas al gasto público en vivienda en los PGE 2018 asciende a 473,8 millones de euros. De dicho total, unos 350 millones de euros se destinan a  apoyar la aplicación del Plan 2018-21 (subvenciones a alquileres y a la construcción de viviendas destinadas al alquiler). Junto a lo anterior, 76,3 millones se destinan a  ayudas directas a las familias. Una parte de esta última partida corresponde a subsidios de intereses asociados con planes de viviendas precedentes.

  Dentro de los PGE 2018 destaca el alcance de las partidas destinadas a desgravar fiscalmente el acceso a la vivienda. Entre los componentes de dichas ayudas fiscales, destacan las destinadas a  subsidiar  la compra de vivienda habitual (suprimido para nuevos adquirentes desde 2013) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas-IRPF (1.035 millones de euros).

 También son importantes las desgravaciones a los  particulares que destinan viviendas al alquiler. El alcance de tales desgravaciones asciende a 341 millones  de euros, que se deducen en la base imponible del IRPF.  Por último, es relevante    la práctica de tipos fiscales reducidos en  el IVA que grava las compras de vivienda, lo que supone  unas ayudas aproximadas  de 508 millones de euros.

  El conjunto de las ayudas a la vivienda, en forma de gasto (473,8 millones de euros) y de ayudas fiscales  (2.171,8 millones de euros) equivalen al 0,22% del PIB. Las ayudas al gasto equivalen solo al 0,04% del PIB. Dicha proporción queda muy por debajo del promedio que en 2014 suponía el gasto público en vivienda en los países de la Unión Europea (0,6% del PIB) y es de las más reducidas dentro de la UE.

  Por otra parte, la participación de las viviendas sociales de alquiler  dentro del parque de viviendas supone solo el 1,5%. Esta proporción es  una de las más bajas de toda Europa (Holanda es el país donde dicho  tipo de viviendas tiene el mayor peso, el 30%)
La escasez de viviendas de alquiler es otro rasgo  del mercado de vivienda en España. Según Eurostat, en 2015 España era el segundo país de Europa en lo relativo al porcentaje del coste del alquiler  sobre el total de ingresos disponibles del hogar. En la actual coyuntura de España, dicha escasez se traduce en unas elevaciones más que significativas  de los alquileres. Esto acentúa aún más  el esfuerzo de acceso a la vivienda.

 La promoción y venta de viviendas de protección oficial ha sido el instrumento tradicional de política de vivienda en España. Los niveles  de nueva vivienda protegida y de gasto público en vivienda  han alcanzado en estos años los niveles mínimos históricos. Los PGE 2018  no contribuyen, pues, a eliminar las dudas que plantea la desaparición de lo que fue el pilar de la política de vivienda desde los años cincuenta del siglo pasado (Carme Trilla y Jordi Bosch, “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo”, Fundación Alternativas, 2018).   


Este artículo se publicó en el semanario digital El Siglo


[1] JRL es Vocal del  Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis

22 abril 2018

ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES, 2017. AUMENTAN LOS HOGARES SOLITARIOS, CRECE EL ALQUILER Julio Rodríguez López


  En la segunda semana de abril de 2018  el INE ha publicado los resultados de la Encuesta Continua de Hogares relativos a 2017. La estadística en cuestión viene realizándose desde 2013 y  es la  principal fuente de referencia del INE  en lo que se refiere a los hogares. En 2017 el número de hogares creció en un 0,4% sobre el año precedente y  aumentó la proporción de hogares solitarios. El alquiler como forma de tenencia de las viviendas se incrementó con claridad. Los resultados de la Encuesta, entre otros aspectos, aportan información significativa para el mercado y la política de vivienda. 

  La Encuesta Continua de Hogares de 2017  se ha realizado mediante muestreo bietápico, seleccionando primero  entre secciones censales y después entre direcciones postales. Resulta así un tamaño muestral de 52.881  hogares para la encuesta de 2017.  Los resultados, referidos al conjunto del año 2017, estiman en  18.472.800 el número de hogares existentes en España en  dicho año, un 0,4% más que en 2016, correspondiente a una variación de 66.700 nuevos hogares.

 El tamaño medio es de 2,49 personas por hogar. El hogar con dos personas es  la forma más frecuente, con el 30,4% del total de hogares. Los hogares unipersonales  crecieron en un 1,1%. Ello  implica que 4,7 millones de personas, el 8,9% del total de hogares, vivían solas en el pasado año. De dicho total,  un 41,8% tenía más de 65 años, de las que el 71,9% eran mujeres.

  La Encuesta de 2017 confirma la tardía emancipación de los jóvenes del hogar familiar. El 33% de los jóvenes de 25 a 34 años vivía con los padres en dicho año  y si se toma el intervalo de 25 a 29 años  la proporción sube al 52,7%. La escasez de empleos y la carestía de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, explican la tardanza citada en la emancipación  juvenil. El 88,7% de los hogares están integrados exclusivamente por españoles, de los que solo el12,7% vive de alquiler. Un 6,1% de los hogares está integrado en exclusiva por extranjeros. En este segundo grupo el 59,7% vive de alquiler.

 Como se ha indicado, el total de hogares creció en un 0,4% en 2017. Los mayores  incrementos fueron los de  Cataluña (1,1%), Madrid (0,9%), Canarias (0,8%) y Baleares (0,6%). El peor comportamiento correspondió a Castilla y León, con una caída del -0,4%. La variación en 66.700  del número de hogares en 2017  queda muy por debajo de las cifras de variación anual del número de hogares habitualmente manejadas por los promotores inmobiliarios. El componente de la demanda de vivienda ligado a la creación de hogares tiene menos fuerza que la que presentaba en los para algunos tiempos dorados de la burbuja.

  En 2017 los hogares que viven de alquiler aumentaron en un 4,4%, muy por encima del total, por lo que la proporción se elevó al 18% (17,3% en 2016). Lo anterior implica que unos 3.330,9 hogares viven  bajo dicha forma de tenencia. Baleares, con una proporción del 29,1%, presentó la mayor proporción entre las autonomías de hogares arrendatarios, seguida de Cataluña (25,5%)  y Madrid (24,2%). La proporción más reducida fue la de Extremadura (10,9%).

  Los resultados de la Encuesta Continua de Hogares de 2017 confirman la presión de la demanda de viviendas de alquiler, frente a una oferta de alquileres razonables a todas luces reducida por varios factores. Entre estos destacan la mayor intensidad de las ventas de viviendas subidas de precio, la creación de alquileres turísticos y las compras de viviendas  por parte de fondos de inversión, que elevan sistemáticamente el precio del alquiler de las viviendas adquiridas. La Encuesta Continua de Hogares podría valer para montar una estadística pública de precios de alquiler, ahora muy necesaria. En todo caso, los resultados de la Encuesta  resultan útiles para diseñar políticas de vivienda alternativas al vacío actual.

Una versión  de este artículo se publicó el viernes 20 de abril de 2018 en la revista digital El Siglo de Europa




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis

26 marzo 2018

MERCADO DE VIVIENDA. NUEVA POLITICA ESTATAL Julio Rodríguez López


    Los indicadores del mercado de vivienda disponibles en España confirman la fuerza de la  recuperación del mercado de vivienda en los dos últimos ejercicios y al inicio de 2018. Los  aumentos de precios de la vivienda en España superaron ampliamente la media de la eurozona en el tercer trimestre de 2017. La construcción está creciendo por encima del PIB, impulsada sobre todo por el componente de la edificación residencial. El gobierno ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, 2018-21, cuyo alcance dependerá de la asignación presupuestaria definitiva.

 Los impulsos de la demanda de vivienda  son diversos. La creación de empleos, las excepcionales condiciones de financiación crediticia (en 2016-17 los tipos de interés a comprador de vivienda fueron inferiores al 2%), la importante compra de viviendas por extranjeros, la presencia de abundantes inversores, personas  físicas y jurídicas, son algunas de las variables explicativas de la mayor demanda,.

 Las duras condiciones de los nuevos empleos (bajos niveles salariales, importante presencia de empleos a tiempo parcial e inestabilidad derivada de la elevada cuota de empleos temporales) obligan a  amplios segmentos de población a buscar  alojamiento en el  mercado del alquiler privado. La mayor demanda de alquileres se enfrenta a una oferta  reducida de viviendas de alquiler, tanto por el mayor ritmo de venta de viviendas ante los más elevados precios (numerosos propietarios se pasaron al alquiler  en la fase de recesión, ante la paralización del mercado),  como por la llegada de los “alquileres turísticos”. Estos últimos  reducen  la oferta de viviendas hasta ahora destinadas al alquiler estable.  Las ventas  de viviendas protegidas supusieron solo el 4% de las ventas en 2017.

 En el presente contexto de un mercado de vivienda donde lo más notable es la subida de los alquileres, el gobierno ha aprobado un nuevo  Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (RD 106/2018, BOE de 10 de marzo). Este último tiene como elementos más relevantes las subvenciones en un 40% de los alquileres (50% a los hogares de menos de 35 años)  durante tres años, a hogares de  ingresos no superiores  a los 3 IPREM (22.559 euros anuales),  las subvenciones a las promociones  de nuevas viviendas que se destinen al alquiler  durante 25 años, para  alquilarlas  a hogares de ingresos  bajos y medios. Las ayudas estatales  serán cofinanciadas por  las autonomías, a las que corresponde la ejecución de las actuaciones previstas en el citado Plan.

 La dotación presupuestaria prevista es de 1.442 millones de euros para  los  cuatro años del Plan, que requerirá para su implantación  la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El nuevo Plan carece de objetivos cuantitativos precisos, no tiene previsto publicitar  periódicamente  los resultados. Llevará tiempo la  puesta en marcha del mismo, pues primero habrán de firmarse convenios entre el Ministerio de Fomento  con cada una de las autonomías. Después, estas desarrollaran normativas específicas para la aplicación del Plan en su territorio.

 Las ayudas directas al alquiler a los inquilinos pueden aumentar la demanda de viviendas de alquiler. Esto  provocaría  mayores subidas de los alquileres y beneficiaría  a los propietarios de las viviendas. El programa de fomento de las viviendas de alquiler es el más trascendente, al pretender aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Dicho programa requerirá colaboración por parte de los ayuntamientos, que deberían favorecer la calificación de suelo  destinado a la  construcción de las viviendas para el alquiler.

Este artículo se publicó en la revista digital “El siglo de Europa” de 23 de marzo de 2018



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística, ex presidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada. Es miembro de Economistas frente a la Crisis



15 marzo 2018

SOBRE LA CONVERGENCIA ENTRE LAS AUTONOMIAS DE ESPAÑA Julio Rodríguez López


 En 2016  la autonomía de Madrid alcanzo un nivel de PIB por habitante (concepto aproximado al de renta per cápita) del 136,5% (España=100), el primer puesto entre las comunidades autónomas. La autonomía situada en último lugar fue Extremadura, con un nivel del 68,3%, esto es, 31,7 puntos porcentuales por debajo de la media.

 En un trabajo publicado por el Banco de España en el pasado mes de septiembre de 2017, “Convergencia regional en España, 1980-2015”, cuyo autor es Sergio Puente,  se analizó la evolución seguida por la convergencia entre las diferentes autonomías en el periodo citado. La principal conclusión de dicho trabajo es que la concentración de capital público y privado en las autonomías más  pobres es un factor destacado en el logro de una mayor convergencia interregional.

  Entre 1997 y 2007 tuvo lugar un fuerte aumento del nivel de PIB por habitante en España, proceso al que siguió una profunda recesión. A pesar de la recuperación experimentada después de 2013, en 2016 no se había alcanzado todavía el nivel de PIB por habitante de 2007. Dicha evolución revela  la profundidad alcanzada por la recesión posterior a la “burbuja” inmobiliaria, tanto  en España como entre las autonomías.

  En comparación con el resto de países de la Unión Europea (UE), las divergencias de nivel de desarrollo de las diferentes regiones españolas no resultan especialmente acusadas. En materia de PIB por habitante la dispersión media en España en  2014 era del 21%  del nivel medio de PIB, mientras que en la UE dicha dispersión  era del 38%.

 En los 25 años del periodo analizado en el trabajo mencionado, ha existido en España una convergencia muy moderada. Dicha  evolución se  correlaciona con tres factores: la productividad del trabajo, el nivel de ocupación (la inversa del desempleo) y la tasa de actividad de la población (la proporción  de población que trabaja o que busca activamente empleo). La productividad del empleo ha crecido en las autonomías menos desarrolladas. El desempleo ha ejercido una influencia débil sobre el nivel de paro, esto es, más parados han provocado más paro, aunque la relación haya resultado débil.

La productividad del factor trabajo viene a ser la variable más relevante a la hora de explicar la moderada convergencia observada entre las regiones españolas en el periodo objeto de análisis. En el trabajo mencionado se ha  analizado la incidencia de los componentes de dicha variable, esto es, la productividad total de los factores y la relación capital /trabajo.
La acumulación de capital, privado y público, en las autonomías menos desarrolladas, ha desempeñado un papel destacado en la convergencia producida entre las comunidades autónomas, resultando más relevante la incidencia del capital privado. La situación relativa del mercado de trabajo no ha ayudado a mejorar la convergencia.

 Las diferencia salariales no han contribuido al logro de una mayor convergencia, a pesar de las significativas diferencias existentes En el tercer trimestre de 2017 la autonomía  del País Vasco tenía el nivel salarial más alto, 2.200 euros por persona y mes, frente a los 1.488 euros de Extremadura, que tenía el nivel salarial más reducido.

En resumen, las disparidades de niveles de desarrollo entre las regiones españolas no son las más acusadas dentro de la Unión Europea. Pero el proceso de convergencia resulta lento en España.  Pasan los años y persisten diferencias  de niveles de PIB por habitante y de salarios como las antes mencionadas. Y para reducir tales divergencias el estudio  del Banco de España viene a decir que es la acumulación de capital, sobre todo privado, la variable que puede atenuar las crónicas diferencias.

Este articulo se publicó en la revista digital "El  Siglo de Europa" el 9 de marzo de 2018


[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

26 febrero 2018

BANKIA: ¿DEBE DE DESAPARECER EL ULTIMO SEGMENTO DE BANCA PUBLICA?



Julio Rodríguez López[1]
 Una vez materializada la absorción del Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia en diciembre de 2017, solo queda este último como residuo accidental de lo que fue un importante segmento de banca  pública en España. De forma paralela, se ha acrecentado la concentración bancaria en España, de forma que unos cinco bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), reúnen  más del 80% de los activos bancarios en el sistema crediticio español. Se trata de analizar,  si tiene interés para el propio sistema financiero y para la economía española el que Bankia siga siendo un banco controlado por el gobierno del Estado.

La banca pública propiamente dicha, esto es,  las cuatro entidades oficiales de crédito -BC Agrícola, BC Industrial, BC Local y Banco Hipotecario-más el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros  fueron privatizados en un proceso que se  inició en mayo de 1991. Todo ese segmento del sistema crediticio se integró en Argentaría, que después fue absorbida por el Banco Bilbao Vizcaya, para desembocar en el actual BBVA.

 La privatización, decidida por el gobierno socialista  a propuesta del entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afectó incluso a las estafetas existentes en las oficinas de Correos. Las pymes, los ayuntamientos y los promotores de viviendas protegidas echaron de menos una buena temporada a los bancos públicos absorbidos por el segundo banco privado español.

 Las cajas de ahorros se crearon en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria. Estas entidades eran fundaciones de carácter privado, con una fuerte presencia pública  y sindical en sus  órganos de gobierno. Con la creación del estado autonómico, apoyado en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía, la tutela de las cajas pasó a las comunidades autónomas. Estas administraciones  actuaron con las cajas como si fuesen  bancos al servicio de sus objetivos políticos, lo que afectó de forma negativa a los resultados de dichas entidades.

El empujón de actividad aportado a las cajas desde las autonomías fue evidente. Sin embargo,  la desprofesionalización de los gestores y la concentración crediticia excesiva en el segmento inmobiliario llevó a numerosas cajas a situaciones de insolvencia. La salida de la situación fueron las fusiones frías, los SIP, que terminaron convirtiéndose en bancos, no encajas de ahorros de mayor dimensión.  

 En el proceso de saneamiento bancario, ha subsistido Bankia, banco resultante de integrar a unas once cajas de ahorros, con mayoría estatal en su accionariado. El tope formal  para su privatización acaba en diciembre de 2019. Bankia  podría permanecer bajo control público de decidirlo así el gobierno de España. La cuestión radica en cómo  Bankia (balance de 214.000 millones de euros a 31.12.2017 y cartera de crédito de 128.800 millones) puede aportar más a la economía, bien como banco público o bien privatizarlo buscando recuperar  una parte de lo aportado.

La contribución real a una mayor competencia en el sistema crediticio, la actuación  clara en contra de la exclusión financiera, el freno a un más acusado oligopolio bancario, la financiación de  la creación de un parque público de viviendas de alquiler social, la actuación como banca de proximidad, podrían ser  objetivos de Bankia como banco público, atento a su cuenta de resultados y a su solvencia.

 La gerencia de Bankia debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno. El  modelo de gestión debería estar  bastante más próximo  a lo que fueron las extintas entidades oficiales de crédito que a lo que fueron las también desaparecidas cajas de ahorros.

Este artículo se publicó en la revista digital El Siglo el viernes 23 de febrero de 2018



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

17 febrero 2018

LOS ALQUILERES SE HACEN INACCESIBLES Julio Rodríguez López[


 El mercado de vivienda ha presentado una recuperación  paralela al mayor crecimiento de la economía  en el periodo 2014-2017. Las ventas de viviendas han crecido a un ritmo medio anual del 15,7%, pasando de unas ventas de 300.600 viviendas en 2013 a unas  535.000 en 2017. El 91% de las ventas realizadas en el periodo analizado han correspondido a viviendas usadas. Las viviendas protegidas suponen solo el 4% de las viviendas vendidas.

  El que más del 30% de las ventas de viviendas se hayan efectuado sin necesidad de un préstamo hipotecario revela la presencia de una amplia proporción de inversores entre los adquirentes. La mayor demanda de vivienda se ha visto favorecida, pues, por el aumento del empleo y por  los bajos tipos de interés, que han estimulado las compras de vivienda como inversión. 

Las mayores ventas de viviendas han provocado un aumento de los precios de las viviendas y de los alquileres y una recuperación de la nueva construcción residencial. El aumento acumulado de los precios de las viviendas entre 2013 y 2017 ha superado el 18%, proporción equivalente al crecimiento de los alquileres. La nueva construcción se ha recuperado, pasando las viviendas iniciadas desde las 34.300 en 2013 a las 82.000 de 2017.  

 El salario medio por persona ocupada creció a un ritmo medio anual del 0,4%, muy lejos de los aumentos de los precios de las viviendas y de los alquileres. En los salarios más reducidos, frecuentes en los nuevos empleos, la dificultad de acceso es mayor. Así, para los asalariados del decil 3 (los que ganan entre el 20 y el 30% del salario medio, 1.118 euros/mes), el esfuerzo de acceso ha crecido desde el 56,3% de los ingresos en 2013 hasta el  65,6% en 2017. Alrededor del 40% de los asalariados no pueden acceder a una vivienda en propiedad, por su escasa solvencia, pero tampoco pueden acceder a una vivienda de alquiler privado.

 Las dificultades de acceso las confirma el que los lanzamientos judiciales derivados de impagos de alquileres han alcanzado en los tres primeros trimestres de 2017 el 58% del  total de lanzamientos,unos 35.000 anuales. Los niveles de los alquileres en 2017 implican que son muy numerosas las familias  que no pueden hacer frente a las nuevas rentas (Carme Trilla, “...llegará un momento, no muy lejano, en el que las familias no podrán hacer frente a estas rentas”. La Vanguardia, 28.1.2018).
La demanda de viviendas de alquiler se ha visto impulsada, pues, por los nuevos empleos con salarios reducidos, que no tienen solvencia para adquirir una vivienda con un préstamo hipotecario También han influido las subvenciones a los inquilinos administradas por las autonomías y las desgravaciones fiscales al alquiler introducidas en estas administraciones públicas. 

La oferta de viviendas de alquiler se ha visto disminuida por la importante proporción de viviendas destinadas a alquileres turísticos y por las mayores ventas derivadas de precios más atractivos. Demanda creciente de alquileres y oferta reducida explican los aumentos sufridos por los niveles de los alquileres conforme mejora el ritmo de crecimiento de la economía. Es frecuente el que se alquilen habitaciones a precios notables o a que varios hogares compartan una vivienda.

  Resulta necesario, pues, aumentar la oferta de viviendas de alquiler. Ello exige programar un amplio conjunto de medidas y, sobre todo, que exista política de vivienda a nivel estatal, aunque la ejecución de la misma corresponda a autonomías y ayuntamientos. También resulta imprescindible mejorar las estadísticas de las que se dispone acerca del mercado de alquiler, puesto que en la situación presente la única información semirregular disponible es la procedente de portales privados, que son parte interesada en el funcionamiento de dicho mercado.

Este artículo se publicó el 9 de febrero de 2018 en la revista digital El Siglo de Europa.




JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

23 enero 2018

LA ECONOMIA MEJORA, AUNQUE LA POLITICA NO AYUDA Julio Rodríguez López

  La economía mundial mejoró sensiblemente su evolución en 2017. En dicho año destacó la recuperación registrada en la Eurozona, donde el crecimiento superó el 2%. El mayor crecimiento correspondió a las economías emergentes, que crecieron por encima del 4%. Existe un evidente contraste entre una  política crecientemente mercantilista,  que no facilita el crecimiento,  y la continuidad de la mejoría experimentada por la economía.

 Es posible que el crecimiento previsto para 2018 supere a la tendencia a largo plazo, lo que podría suponer un freno potencial  al crecimiento. “Durante algún tiempo, la economía y la política pueden seguir por cauces separados, Pero a largo plazo la cuestión radica en que si  la economía cayese por sí misma, la política podría llegar a  arruinar a  la economía” (Martin Wolf, “La economía mundial se alegra mientras que la política se agria”, FT, 9.1.2018).

 En cuanto a la economía española, las diferentes estimaciones señalan la presencia de un crecimiento del 3,1% en 2017 (3,2% en 2016).  En el tercer trimestre de 2017 el PIB superaba al nivel alcanzado en el segundo trimestre de 2008 en un 1,5%, mientras que el empleo (19 millones de ocupados EPA) era inferior al de 2008 en  un 7,7%, correspondiente a un descenso de  1.597.700 empleos. Se ha alcanzado, pues, un nivel de producción superior al máximo de la crisis con millón y medio de empleos por debajo.

  En 2017 volvió a destacar la potencia de la demanda interna, con evoluciones dispares entre sus componentes. Frente a la aceleración de la inversión en bienes de equipo, construcción y exportaciones, en 2017 ha destacado la desaceleración sufrida por el consumo privado, cuyo crecimiento  descendió desde el 3,2% de 2016 hasta el 2,5% en 2017. Es  posible que el retroceso de la tasa de ahorro de los hogares (7,7% en 2016, 7% en 2017) explique una actitud más prudente en los hogares, sobre todo en las compras  de bienes duraderos.
 En cuanto al empleo, la variación interanual de los ocupados EPA fue del 2,8% (2,3% en 2016) en el tercer trimestre. Se aceleró la afiliación a la seguridad social, que a fin de año aumentó un 3,6% sobre  el mismo mes del año precedente.

  En el tercer trimestre de 2017 la tasa de desempleo EPA fue del 16,4%. Dentro del empleo asalariado, el 27,3% fueron temporales, mientras que los ocupados a tiempo parcial ascendieron  hasta el 14,4% del total de ocupados  El empleo en la construcción  aumentó en 2017 por encima de la media, tanto en la EPA como en la afiliación a la Seguridad Social. A fines de 2017 la construcción suponía  el 6% del total de afiliados a la Seguridad Social.

 El índice de precios de consumo creció en un 1,2% en 2017 (1,7% en 2016), consecuencia del menor aumento de los precios de los carburantes. El superávit de la balanza por cuenta corriente  se situó en torno al 1,7% del PIB, inferior al 2% de 2016. Destaca la continuidad de dicho superávit en un contexto de crecimiento significativo del PIB y de la demanda interna.

 El déficit de las administraciones públicas  retrocedió desde el 3,4% de 2016 hasta el 3,1% en 2017. El peso de la deuda pública en el PIB se situó a fin de año en torno al 98%. La previsión de crecimiento de la economía española para 2018 es de un aumento del 2,6%, medio punto inferior al de 2017. La menor aportación al crecimiento de la demanda exterior y la menor pulsación de la demanda interna serían los factores explicativos del más  bajo crecimiento de la economía.

 En la desaceleración de la demanda interna desempeña un papel relevante la evolución del contencioso catalán, problema que podría presentar una importancia superior a la antes indicada. De este modo, de agravarse el problema citado,  el crecimiento de la economía española podría resultar inferior al 2,6% antes indicado.


Este artículo se publicó en la revista El Siglo de Europa de 9.1.2018






[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la crisis