Julio
Rodríguez López[1]
Una vez materializada la
absorción del Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia en diciembre de
2017, solo queda este último como residuo accidental de lo que fue un
importante segmento de banca pública en
España. De forma paralela, se ha acrecentado la concentración bancaria en
España, de forma que unos cinco bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y
Sabadell), reúnen más del 80% de los activos bancarios en el sistema
crediticio español. Se trata de analizar, si tiene interés para el propio sistema financiero y para la
economía española el que Bankia siga siendo un banco controlado por el gobierno
del Estado.
La banca pública propiamente dicha, esto es, las cuatro entidades oficiales de crédito -BC
Agrícola, BC Industrial, BC Local y Banco Hipotecario-más el Banco Exterior de
España y la Caja Postal de Ahorros fueron privatizados en un proceso que se inició en mayo de 1991. Todo ese segmento del
sistema crediticio se integró en Argentaría, que después fue absorbida por el
Banco Bilbao Vizcaya, para desembocar en el actual BBVA.
La privatización,
decidida por el gobierno socialista a
propuesta del entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afectó
incluso a las estafetas existentes en las oficinas de Correos. Las pymes, los
ayuntamientos y los promotores de viviendas protegidas echaron de menos una
buena temporada a los bancos públicos absorbidos por el segundo banco privado
español.
Las cajas de ahorros
se crearon en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria. Estas
entidades eran fundaciones de carácter privado, con una fuerte presencia
pública y sindical en sus órganos de gobierno. Con la creación del
estado autonómico, apoyado en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía,
la tutela de las cajas pasó a las comunidades autónomas. Estas administraciones
actuaron con las cajas como si fuesen bancos al servicio de sus objetivos políticos, lo que afectó de forma negativa a los resultados de dichas entidades.
El empujón de actividad aportado a las cajas desde las
autonomías fue evidente. Sin embargo, la
desprofesionalización de los gestores y la concentración crediticia excesiva en
el segmento inmobiliario llevó a numerosas cajas a situaciones de insolvencia.
La salida de la situación fueron las fusiones frías, los SIP, que terminaron
convirtiéndose en bancos, no encajas de ahorros de mayor dimensión.
En el proceso de
saneamiento bancario, ha subsistido Bankia, banco resultante de integrar a unas
once cajas de ahorros, con mayoría estatal en su accionariado. El tope formal para su privatización acaba en diciembre de
2019. Bankia podría permanecer bajo
control público de decidirlo así el gobierno de España. La cuestión radica en cómo Bankia (balance de 214.000 millones de euros
a 31.12.2017 y cartera de crédito de 128.800 millones) puede aportar más a la
economía, bien como banco público o bien privatizarlo buscando recuperar una parte de lo aportado.
La contribución real a una mayor competencia en el sistema
crediticio, la actuación clara en contra
de la exclusión financiera, el freno a un más acusado oligopolio bancario, la
financiación de la creación de un parque
público de viviendas de alquiler social, la actuación como banca de proximidad,
podrían ser objetivos de Bankia como banco
público, atento a su cuenta de resultados y a su solvencia.
La gerencia de
Bankia debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del
gobierno. El modelo de gestión debería
estar bastante más próximo a lo que fueron las extintas entidades
oficiales de crédito que a lo que fueron las también desaparecidas cajas de
ahorros.
Este
artículo se publicó en la revista digital El Siglo el viernes 23 de febrero de
2018
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